Pluriempleados y agotados
Un informe de la Fundación Germán Abdala revela que dos tercios de los trabajadores públicos tienen más de un empleo. Cómo impacta esa realidad en la vida cotidiana, la salud mental y las capacidades del Estado.
El 64% de quienes trabajan en el Estado tiene al menos otro empleo para subsistir. La cifra, que surge del documento titulado “¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado”, elaborado por la Fundación Germán Abdala, expone un fenómeno estructural: el pluriempleo se consolida como estrategia de supervivencia frente a la caída del poder adquisitivo y la pérdida de derechos laborales.
“Una característica distintiva del pluriempleo estatal, a diferencia del privado, es la fuerte presencia de trabajadores y trabajadoras con alta calificación profesional”, explicó en diálogo con ANCCOM Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación de ATE y coautora del estudio junto a Emiliano Bisaro. Además, agregó: “Lo vemos reflejado en que el 35% de las personas encuestadas declara desempeñarse en prestaciones educativas, como el dictado de clases, talleres, investigación o consultoría, y otro 35 % en emprendimientos propios o familiares”.
“Esto podría explicarse por el perfil de recursos humanos del Estado, en áreas vinculadas a políticas sociales, donde históricamente se concentra personal con formación universitaria, pero con salarios más bajos y menor desarrollo de carrera”, sostuvo la investigadora. Para ella, en este grupo se encuentran “trabajadores calificados que no sólo no son reconocidos salarialmente, sino que tampoco encuentran en el Estado un horizonte claro de proyección profesional”.
El 35% de los empleados públicos encuestados declara desempeñarse en prestaciones educativas, como el dictado de clases, talleres, investigación o consultoría, y otro 35% en emprendimientos propios o familiares.
Otra de las aristas que resulta del estudio es que el pluriempleo tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida, el descanso y la salud de los trabajadores estatales. Piccirillo considera los datos que salieron de la encuesta como “preocupantes”: solo el 22% dice poder conciliar trabajo y vida personal; un 50% lo logra a veces y un 28% directamente no puede. “Este cuadro permite suponer un fuerte nivel de sobrecarga que afecta no solo el tiempo disponible para el descanso o el ocio, sino también el bienestar general y los vínculos sociales. Todo esto repercute, a su vez, en la calidad del servicio público que se presta y, por ende, en las capacidades del Estado para cumplir sus funciones”, advirtió.
Esta sobrecarga también limita la posibilidad de participar de espacios colectivos, tales como la vida sindical o la organización política. Para Piccirillo “hay una pérdida de tiempo disponible para la acción, lo cual debilita las posibilidades de disputar mejoras laborales y de construir fuerza organizada”. Por otro lado, los problemas de salud mental también entran en juego, y en el caso del sector público “se ven agravados por la precarización, los bajos ingresos y la necesidad de tener más de un empleo para sostener lo básico”.
Entre los hallazgos del estudio, uno llama la atención: el salario aparece recién en tercer lugar entre los atributos positivos del empleo estatal, detrás de la estabilidad y los aportes. Piccirillo aclaró que “si bien el salario estatal está lejos de cubrir las necesidades básicas y es una de las razones principales por las que muchos trabajadores deben recurrir al pluriempleo, podemos entender que siga siendo valorado positivamente en relación con otros sectores del mercado laboral en los que se insertan esos trabajos complementarios”. “No se trata tanto de cuánto se cobra, sino de la previsibilidad del ingreso frente a un contexto de alta inestabilidad e informalidad”, sentenció.
La investigadora consideró que el fenómeno exige una respuesta política y sindical. “Es necesario repensar las políticas de empleo público en relación directa con las políticas públicas que el Estado pretende ofrecer. No se puede garantizar salud, educación, buenas prácticas de atención, eficacia, ni derechos sociales con trabajadores mal pagos, agotados o precarizados”.
Para ella, entre las prioridades está recuperar la pertenencia de los trabajadores con el proyecto de Estado: “Que el empleo público vuelva a ser un espacio de pertenencia, de entusiasmo, de transformación real de las condiciones de vida de otros. Además, es necesario “fortalecer el compromiso con las políticas públicas, ofreciendo condiciones dignas de trabajo”, lo que implica “discutir la modernización de las carreras, los sistemas de ascenso, la movilidad interna, el reconocimiento de la formación continua, con el salario como un eje central”.






















