El odio a los periodistas que profesa el gobierno se transforma en balas, gases y detenciones

El odio a los periodistas que profesa el gobierno se transforma en balas, gases y detenciones

Ago 20, 2025 | Destacado 4, Trabajo

En cada protesta de los jubilados ante el Congreso las fuerzas de seguridad estatales se ensañan con su blanco favorito: los trabajadores de prensa. Las detenciones arbitrarias, balas de goma, gases y golpes contra fotógrafos y periodistas persiguen el doble objetivo de amedrentar y de ocultar los reclamos sociales. Sipreba, Argra y el Cels denunciaron la escalada represiva ante la justicia y la CIDH.

Cada miércoles cronistas, reporteros gráficos o movileros son atacados violentamente por las fuerzas de seguridad durante las coberturas de las marchas de jubilados ante el Congreso de la Nación. La saña y el ataque de los efectivos de seguridad es dirigido contra los trabajadores de prensa que informan y fotografían el abuso de poder que los armados perpetran contra aquellos que ejercen su derecho constitucional a la protesta.

El miércoles pasado fueron violentamente detenidas y demoradas durante al menos cinco horas las fotoperiodistas Camila Rey y Yazmín Orellana, finalmente liberadas sin mayores explicaciones de las causas de su detención. La semana anterior, la descarga de agua de un camión hidrante golpeó y derribó al dos veces ganador del premio Pulitzer, Rodrigo Abd. En manifestaciones previas fueron atacados a balazos de goma el movilero de C5N Nicolás Munafó y su camarógrafo, y fue detenido Tomás Cuesta, fotorreportero colaborador de La Nación y de varias agencias internacionales de noticias. Antes, aún, al fotoperiodista Pablo Grillo le partió el cráneo el disparo de un gas lacrimógeno. Los nombres cambian pero cada semana la escena es la misma: trabajadores de prensa, sin distinción del medio de procedencia, de la trayectoria o del género, son agredidos, lastimados y detenidos por las fuerzas de seguridad que también tienen su cuota de palo y gas pimienta para el resto de asistentes.

Florencia de la Vega, fotoperiodista free lance y colaboradora de La Garganta Poderosa, en entrevista con ANCCOM se refirió a la situación que afecta a la profesión: “Trabajadores de prensa, en este momento, es una mala palabra para cierto sector de la sociedad que cree en el ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’, que propone Milei. Hay una violencia que se ejerce desde las altas esferas del gobierno y recae en todos los sectores de la sociedad. Se ha naturalizado odiar al que está al lado, y esa ruptura del entramado social, que es lo más peligroso, se expresa en un acto sumamente violento como es la represión. Se instauró la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, que en principio y de manera rutinaria sucede cada miércoles, pero que ejercen cada vez que tienen oportunidad. Desde el gobierno corrieron la vara de la violencia y el mensaje que transmiten es dual: no vengas a manifestarte porque te vamos a reprimir, y tampoco muestres lo que sucede. Hay ciertas cosas, como el abuso de poder, que no quieren que fotografiemos porque nuestras imágenes pueden servir como pruebas ante una denuncia. Soy trabajadora de prensa y tengo la convicción de que hay que mostrar y documentar lo que pasa, en este caso, el abuso de poder y la violencia institucional”.

 

¿Siempre existió tanta violencia contra la prensa en las coberturas de manifestaciones?

Hace muchos años que cubro movilizaciones y la diferencia que he notado y me llama mucho la atención, es la saña y el odio, casi personal, de los efectivos policiales. Sienten goce por el maltrato, por tirarnos gas pimienta a la cara. Se les nota en el accionar que nos quieren lastimar, cada vez que pueden nos empujan y nos pegan con los escudos. Cuando rompen su barrera y comienzan a reprimir a los primeros que atacan es a la prensa: te insultan, te pegan y te gasean. En otros gobiernos, al cubrir manifestaciones siempre estaba la posibilidad que ligaras algo medio de rebote, pero podrías hacer tu trabajo. En la actualidad el ataque es directo y dirigido a nosotros, la vara de la violencia la corren los efectivos policiales que reprimen cuando la cantidad de asistentes es menor a la de efectivos, que es lo que sucede los miércoles. Además, el ataque es doblemente violento en tanto nosotros estamos laburando y se meten con nuestro trabajo, con lo que nos da de comer y a nuestros hijos. Me estas lastimando a mí y a mi equipo, y yo si mañana no trabajo no cobro. Es duro pensar ¿por qué mi trabajo se transformó en un riesgo?

 

¿Cuándo comenzó la escalada de violencia?

Hubo una fecha específica en la que se dio un quiebre. En la manifestación del 31 de enero de 2024 –y los subsiguientes 1 y 2 de febrero, mientras la Cámara de Diputados discutía la Ley Ómnibus– inauguraron el uso del gas pimienta que produce quemaduras químicas. Recuerdo que sentíamos fuego donde nos había pegado el gas, no entendíamos lo que nos pasaba porque no lo conocíamos. Recuerdo que le dieron a Rodrigo Abd que estaba al lado mío, le tiraron directo a la cara. Al día siguiente fue que nos acorralaron con las motos arriba de la Plaza del Congreso y nos dispararon con balas de goma. Creo que a partir de ahí comenzó a cambiar todo. Ellos podían reprimir sin consecuencias y nosotros tuvimos que comenzar a preocuparnos por cómo protegernos. Luego, el 12 de abril de 2025 cuando fue herido Pablo Grillo por un proyectil disparado directamente hacia él por el Cabo Héctor Guerrero, fue un quiebre aún mayor. Ese hecho nos enseñó que de ninguna manera podíamos ir sin equipo de protección.

La fotógrafa destacó que la profesión fue siempre muy solitaria e individual, pero que “se está volviendo cada vez más colectiva a partir de que el monstruo de la violencia nos atacó de manera directa. Lo que están logrando es que nos unamos. En la medida en que uno se arriesga todos vamos a saltar a ayudarlo, entonces es importante no arriesgarse en vano. Estando en el terreno, cuidar al compañero es cuidarse a uno mismo y viceversa. Quien me va a salvar es el que tengo al lado. A Pablo Grillo lo salvó un compañero”. Ante la consulta por la eficacia del amedrentamiento policial, agregó: “Miedo tenemos, pero es un miedo que me cuida aunque no me paraliza, porque son nuestros derechos, nuestros trabajos y vamos a seguir mostrando lo que sucede”.

Florencia de la Vega, fotoperiodista.

Por su parte, Sebastian Vricella, fotoperiodista presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), describió la rutina de cada miércoles como “un mensaje de adoctrinamiento a la sociedad que tiene que ver exclusivamente con la represión a los jubilados, que están en pleno derecho a manifestarse, y los ataques deliberados a la prensa por mostrar lo que perpetran contra quienes marchan a la plaza. En definitiva, a quienes reprimen es a los trabajadores, a la prensa y a quienes trabajaron toda su vida y ahora están jubilados”.

ARGRA junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron, en la justicia argentina, la ilegalidad e inconstitucionalidad del “protocolo antipiquetes” del Ministerio de Seguridad, luego de la represión brutal en las manifestaciones de diciembre de 2023 y enero de 2024 durante la votación de la Ley Ómnibus –aunque la primera denuncia data del 16 de diciembre–. Los mismos hechos fueron denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Han venido veedores y se llevaron un panorama que no se esperaban, ahora comienza toda una etapa de interpelar al gobierno en instancias internacionales”, explica Vricella. La búsqueda de justicia se extiende también al caso de Pablo Grillo. “Pablo sufrió un intento de asesinato por un arma, utilizada de manera letal, que le arruinó la vida. Lo que queremos es justicia, que las autoridades reaccionen finalmente ante esta situación de ilegalidad”.

 

Sebastián Vricella, presidente de ARGRA.

“El fotoperiodismo es un trabajo que requiere de tener el cuerpo en la calle cumpliendo el rol de informar lo que sucede –dice Vricella–. Junto al movilero, el camarógrafo, somos trabajadores objeto de la represión, de las detenciones arbitrarias, cuando lo único que queremos hacer es informar. Nunca vamos a abandonar este rol, pero hoy en día lamentablemente tenemos que extremar los cuidados y salir a cubrir con elementos de seguridad que los medios de comunicación no brindan. Uno tiene pasión por lo que hace, pero no hay que olvidar que primero está la vida. Creo que es necesario seguir yendo a la plaza, mostrar los delitos que se cometen porque es la única forma de que quede registro, aunque estamos en una situación de riesgo inédita desde el retorno de la democracia”.

Todo el poder a la policía

Todo el poder a la policía

Jun 19, 2025 | DDHH, Destacado 3

Un decreto del Poder Ejecutivo modificó el estatuto de la Policía Federal. Bajo el pretexto de modernizarla y convertirla en un cuerpo de investigación, se le permiten detenciones arbitrarias, ciberpatrullaje y mayor laxitud en la represión.

El Gobierno redefinió el rol de la Policía Federal Argentina (PFA) con nuevas atribuciones que amplían, aún más, el margen de discrecionalidad policial e incrementa gravemente los niveles represivos.

El martes 17 de junio mediante el Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se dio a conocer la nueva medida del gobierno de Javier Milei que impacta en las garantías ciudadanas, los derechos humanos y los principios democráticos. 

La nueva normativa fue firmada por Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina. Se trata de un estatuto que casi todo el arco político coincidía en que debía ser cambiado ya que nació del Decreto 333 de 1958. Pero muy lejos de buscar un nuevo marco policial en favor de los ciudadanos, en su afán de crear un “FBI argentino”, el gobierno de Javier Milei otorga atribuciones a los policías federales que tienden a sostener un tinte represivo. 

Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), coincidió en que la PFA necesita una transformación, aunque claramente en sentido opuesto a la iniciativa oficial. “Identificamos que la Policía Federal necesita una reestructuración hace muchos años. El decreto ley que regía es del 58. En el medio, la policía participó tanto en gobiernos constitucionales como en dictaduras. Es una policía que sostiene una estructura de inteligencia que, incluso en democracia, generó infiltraciones en organizaciones políticas, como el caso reconocido del agente infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh”, dijo Pomares refiriéndose al espía Américo Balbuena.

Antes de este decreto, la Policía Federal tenía funciones mixtas tales como las judiciales, las preventivas, y las de seguridad ciudadana. A partir del nuevo Artículo 3, su misión principal pasa a ser la investigación de delitos federales y complejos, y la protección del Estado nacional. “El objetivo principal ya no es cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires, ahora es una Policía Federal de investigación” dijo Bullrich, ministra de Seguridad, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. La funcionaria aseguró que buscan estructurar una Policía «moderna y orientada a la investigación».

Este cambio de perspectiva es fundamental: deja de priorizarse el vínculo con la ciudadanía para asumir una lógica de inteligencia y control estatal. La supuesta modernización hacia una fuerza orientada a la investigación no cuenta con un plan claro, “en el texto del decreto no hay claras nociones sobre cómo se va a establecer esa reforma”, advirtió Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“No estaría mal crear una policía de investigación en función judicial, que investigue cuando lo necesite y habilite la justicia —señaló Pomares—, pero le dieron facultades que no tienen nada que ver con una policía de investigación”. Por eso el Estatuto está lleno de contradicciones. 

Sin orden judicial

Uno de los artículos más controversiales del decreto es el Artículo 6, que amplía de forma significativa el poder de acción de la Policía Federal. Autoriza detenciones sin orden judicial por simple sospecha o falta de documentación, cacheos sin autorización previa, vigilancia de redes sociales abiertas y confección de registros sobre personas vinculadas a actividades “reprimibles”. También habilita el acceso a bases de datos públicas para investigar a los ciudadanos. 

“Con estas facultades extraordinarias nos referimos a inteligencia sin orden judicial y sin salvaguardas. Nos referimos también al espionaje en el ciberespacio, esto es, páginas de internet, redes sociales, con la sola mención de la prevención de un delito, que es una expresión muy poco clara, que le da amplios márgenes de discrecionalidad a la intervención policial. Por otra parte, en el decreto se establece que la policía puede hacer detenciones sin orden judicial cuando no hay una situación de flagrancia”, explicó Darraidou a ANCCOM. Organismos y especialistas coinciden en que este artículo no solo abre la puerta al espionaje sin control, sino que establece condiciones legales para prácticas violatorias de derechos que ya se encuentran en curso.

Por otra parte, esta reforma no está sola: forma parte de un entramado más amplio de políticas regresivas que afectan derechos civiles básicos. “Se agrega a una sumatoria de leyes que se vienen debatiendo y aprobando, como la reforma del Código Penal, el Artículo 34, que legaliza los protocolos para que la policía pueda disparar en cualquier momento, es decir, la legalización del gatillo fácil. Además están intentando bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Hay un cuerpo de legislación muy nocivo para las libertades democráticas”, advirtió Valeria Mustoni, integrante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional),

¿Contenido o forma?

La preocupación no se limita al contenido del decreto, sino también a su forma. El nuevo estatuto fue aprobado mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) sin debate parlamentario. “El Poder Ejecutivo modifica una ley mediante un decreto. Además de arbitrariedad, hay violación al principio constitucional de división de poderes”, denunció Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Darraidou coincide en este punto: “Vemos como problemático la forma en la que se toma esta decisión, mediante un decreto”, lo que obstaculiza la construcción de una fuerza policial democrática. 

El anexo del decreto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, se basa en un enfoque de “seguridad del Estado” que habilita la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, y el ciberpatrullaje masivo sin control judicial. En la misma línea, Pomares alertó que “esto puede derivar en represión directa a los sectores opositores”.

Torremare advirtió que “todas esas son situaciones que pueden llevar al avasallamiento de los derechos y garantías que hoy contamos los ciudadanos por imperio de la Constitución Nacional”. A su vez hizo hincapié en que varias de estas acciones ya están siendo ejercidas por el gobierno, pero ahora podrá hacerlo libremente en un marco de presunta legalidad. “No se trata de que habrá más casos de abuso policial; esos ya existen -aclaró Pomares desde la CPM-. Lo preocupante es que ahora esas prácticas se legalicen y se consoliden sin criterios objetivos, habilitando detenciones por motivos políticos, sociales o ideológicos”.

Mustoni agregó que “hay un apuro con este decreto y ampliar las facultades para intervenir en todo el territorio nacional que tiene que ver con que se vencen las facultades extraordinarias delegadas que se le habían otorgado al presidente. Intentar hacer todo lo más rápido posible para tener en control las calles”.

Estas prácticas no surgen de manera aislada, sino que encuentran antecedentes claros en la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad al igual que ahora. Durante ese período se consolidó la llamada «doctrina Chocobar», que legitimó el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad incluso en situaciones sin riesgo inminente. Se aprobaron protocolos que ampliaban el uso de armas de fuego, reduciendo los controles institucionales sobre la actuación policial. A su vez, se profundizó la criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales, tratándolas como amenazas a la seguridad pública más que como actores políticos y sociales. 

Costo político internacional 

Argentina ha asumido compromisos a través de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la obligan a respetar límites claros ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta situación implica un incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado argentino”, explicó Darraidou, citando fallos clave de la Corte como Bulacio y Fernández Tumbeiro, que establecen límites estrictos a las detenciones arbitrarias y la necesidad de proteger a grupos vulnerables. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno anterior modificó la legislación interna para evitar las detenciones arbitrarias, tal como planteó la Corte Interamericana en el caso Bulacio.

Los organismos desde la asunción del nuevo gobierno conformaron la Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia. A su vez están a la espera de respuestas por parte de la CIDH mientras reclaman visibilidad e intentan advertir a los ciudadanos sobre las nuevas leyes que rigen en nuestro país. “Ya desde varias organizaciones venimos haciendo presentaciones en organismos internacionales, sobre las situaciones de represión, en las movilizaciones y el uso de todo este armamento nuevo como los  gases químicos que se están utilizando mediante el protocolo de Patricia Bullrich” comentó Mustoni. 

El decreto en la práctica

Las consecuencias del nuevo marco legal para la Policía Federal –que se llamará DFI (Departamento Federal de Investigaciones)– ya comenzaron a quedar expuestas. “El martes, en Rosario, varias personas fueron detenidas por colgar un pasacalle con críticas hacia el Gobierno nacional”, contó Mustoni. En la ciudad de Buenos Aires, durante la masiva movilización a favor de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner, un transeúnte fue demorado por expresar en voz alta su opinión sobre el presidente. Además, diversos colectivos que se dirigían a la manifestación fueron detenidos en la ruta y requisados sin orden judicial, en operativos donde las fuerzas de seguridad registraron mochilas, celulares y documentación de los pasajeros, únicamente por su intención de participar de la protesta. 

 

“En definitiva, el decreto no es serio ni está encaminado a resolver lo que hoy está operativamente pendiente, que es la necesaria inversión pública en investigación criminal y la mejora de los recursos para auxiliar eficientemente a la justicia”, concluyó Torremare. Así, lo que se presenta como un avance hacia una policía moderna puede terminar siendo, en los hechos, un retroceso institucional que normaliza la excepción, amplía la discrecionalidad policial y limita las libertades en nombre del orden, en abierta violación a las leyes que desde el inicio de la democracia prohibieron la participación de uniformados en tareas de vigilancia y persecución de la población.

 

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

May 29, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Como todos los miércoles, el gobierno reprimió con gas pimienta y palazos a los jubilados que reclaman frente al Congreso por mayores haberes, la restitución de la gratuidad en los medicamentos y la reposición de la moratoria.

La tarde caía helada sobre la Plaza del Congreso, pero los pasos de los jubilados no titubeaban. Llegaban de a poco, en grupos, con carteles bajo el brazo y la rutina bien aprendida: cada miércoles, el mismo reclamo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a manifestarse, el operativo de seguridad ya estaba en marcha. Gendarmes, prefectos y policías rodearon la zona con una velocidad que dejó poco margen para la sorpresa. En cuestión de minutos, los manifestantes quedaron arrinconados, incluso en las veredas. Hubo empujones, gases y tensión. Pero también hubo voces que, una vez más, eligieron no callarse.

Cerca de las 16, cuando los grupos de jubilados autoconvocados, acompañados de miembros de la UTEP, ATE y diferentes organizaciones sociales se disponían a marchar alrededor de la Plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad activaron el “protocolo antipiquete” desde la calle Montevideo para empujar a los manifestantes hacia el cordón de la plaza, e impedir que se acerquen por Avenida Rivadavia hacia el Palacio del Poder Legislativo. El ya habitual operativo, que estuvo compuesto por la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se centró en dispersar y aislar a los manifestante en pequeños grupos, lo que logró que algunas organizaciones como ATE desistieran y abandonen el lugar pasadas las 17.

En diciembre del 2023, cuando se anunció la oficialización del “protocolo antipiquetes”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich declaró: «El que quiera marchar, que marche por la vereda». En la actualidad, la Policía Prefectura Naval Argentina (PNA) le lanzó gas lacrimógeno a Jaime Valdez, un jubilado que se encontraba sobre la vereda de la Plaza Mariano Moreno junto a sus compañeros de todos los miércoles: “Estábamos en la vereda y de repente vinieron a empujarnos sin mediar palabra y nos gasearon. Les agradezco a todos los chicos de la posta de salud que me vinieron a auxiliar en seguida”, cuenta Jaime en diálogo con ANCCOM, aún con los ojos llorosos mientras se termina de recuperar recostado sobre un banco. Además, asegura que “a Bullrich le diría que nosotros los jubilados ya no le tenemos miedo, lo perdimos de tantos miércoles de venir y que nos repriman”.

Sin embargo, a pesar del frío y la represión, no fueron pocos los jubilados que se quedaron hasta entrado el atardecer con carteles y cánticos dedicados a Javier Milei, Patricia Bullrich y los propios efectivos. “Estamos acá, porque más allá de que es real que las jubilaciones son indignas y que están usando el dinero que es para los jubilados para reprimir y para vaya a saber cuántas otras cosas más, estamos acá porque están entregando la patria. Es más que los jubilados, es la patria lo que está en peligro. Mientras nosotros estamos pidiendo jubilaciones, ellos venden el país, es lamentable”, expresó María Emilia que, al igual que lo hace todas las semanas, se expresaba frente al cordón policial, protegida del frío con bufanda y campera en el cordón de la esquina de Rivadavia y Callao.

La misma vereda que hacía minutos había sido ocupada por los efectivos de seguridad que, con sonrisas en sus rostros, arrinconaron a los manifestantes impidiendo que circulen libremente, generando la indignación de los participantes de la marcha y produciendo muchísima tensión al no poder escapar para ningún lado. Finalmente, el cordón policial se trasladó nuevamente a la calle y posibilitó la libre circulación. “A mí me inquieta mucho ver el goce en esta gente cuando reprime. Es lamentable, pero cuando llegan a la casa le deben decir a los hijos ´hoy bajé a 10, tiré 5 granadas´, es muy triste”. Mientras que, a junio de 2025, la jubilación mínima seguirá en $374.723,94 (con bono incluido), el costo de aplicación de los protocolos de seguridad destinados a estas manifestaciones variaron entre los 60 y 600 millones de pesos cada uno.

Este miércoles, la posta de salud atendió a 18 heridos, entre ellos el fotógrafo de Tiempo Argentino, Nicolás Becerra, el mismo que había retratado en el debate de candidatos a legisladores porteño al asesor presidencial Santiago Caputo y que éste lo había intimidado tomándole la credencia para conocer su identidad. Poco después, con el cinismo que la caracteriza, la diputada libertaria Lilia Leomoine posteó en X que el reportero gráfico se había «interceptado con su cara al gas pimienta». 

Como en todas las movilizaciones de los miércoles, los jubilados contaron con la ayuda de decenas de voluntarios de diferentes organizaciones que los auxilian y protegen. Desde la Posta de Salud, pasando por la Defensoría del Pueblo hasta la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo Pomares, coordinador del Programa de Monitoreo Territorial de Violencia Policial, de esa comisión, describió: “Lo que observamos hoy tiene puntos en común con otras manifestaciones recientes. Lo más notable es el enorme despliegue de fuerzas policiales. También vemos que las restricciones son cada vez más intensas, ya no se trata solo de impedir el corte de calles, sino que incluso se acorrala a los manifestantes en las veredas. Se usa gas pimienta casi de forma automática, no como respuesta a situaciones violentas, sino como método de dispersión”.

Esta vez gasearon a los curas

Esta vez gasearon a los curas

May 15, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Una procesión de religiosos de distintos credos acompañaron este miércoles a los jubilados que reclaman aumento de haberes y la gratuidad de los medicamentos. Las fuerzas de seguridad no le tuvieron piedad y también los reprimieron. El padre Paco Olveira termino en el piso, apaleado y con gas pimienta.

Otro miércoles con un nuevo hito en la represión a las marchas de jubilados: Francisco Olveira, el Padre Paco, fue golpeado y rociado con gas pimienta por segunda vez en el lapso de una semana. El hecho se dio en el marco de una convocatoria a organizaciones religiosas y culturales que, siguiendo el comunicado de la Mesa Ecuménica, acudieron con vestimentas y símbolos religiosos a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los jubilados se concentran periódicamente desde fines del 2024. En agitado diálogo con ANCCOM, todavía afectado por los gases, el sacerdote declaró: “Pasó lo que pasa todas las semanas: una represión absolutamente indiscriminada a los jubilados. Este miércoles era el campito de la fe: musulmanes, judíos, católicos, evangélicos y cristianos en general, acompañando el reclamo de los jubilados. Tienen miedo a los curas: vallaron todo el Congreso; la Bullrich violando su propio protocolo. Eso es lo que pasó, ni más ni menos”.

La marcha se fue gestando a la sombra de un fuerte operativo de seguridad, que implicó el cierre total de las avenidas Rivadavia y Callao por efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Los jubilados fueron los primeros en enfrentarse al Congreso vallado, todos con lienzos de la organización respectiva. La comitiva de los curas entró por la calle lateral: con estolas sacerdotales, un hábito franciscano e imaginería de la Virgen de Luján. De ahí en más se desencadenó la represión, chorros de gas pimienta desde la fila de escudos, hasta que el Padre Paco, tras verse rodeado por la policía, terminó recibiendo asistencia contra la cortina metálica de un kiosco, golpeado y rociado tres veces en la cara. Al levantarse, sin embargo, se lo veía sereno: “Acá estamos, por eso nos tienen miedo —afirmaba—. Tienen miedo al Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.

Y es que la marcha mezclaba un tono a la vez combativo y eclesiástico: en una vereda, un anciano que recibía primeros auxilios no se quería acostar, “tirado como un muerto”; en la vereda contraria, el Padre Rodolfo de Merlo, gaseado en sus hábitos franciscanos, daba un sermón ante los escudos de la PNA: “¡Éste trabajo los bestializa a ustedes! ¡Se están portando como bestias, gracias a la bestia que los está mandando!” Se mezclaban sotanas con camisetas de Chacarita, cacerolas y cantos gregorianos, mientras Gendarmería barría la calle hacia un lado, la Federal iba al trote hacia el otro, y los voluntarios de primeros auxilios atendían a ancianos que se descompensaban. Siguió el padre Paco: “Tenemos que decir que todos deberíamos tener dignidad para vivir, y sobre todo los jubilados y las jubiladas. El Papa Francisco repetía: ‘En ellos está la sabiduría de nuestro pueblo. Piden justicia y les dan gas pimienta’. Hoy nos volvieron a dar gas pimienta”.

Ya cerrando la tarde, tras una foto grupal, los sacerdotes, feligreses y manifestantes corearon el Himno Nacional, al que siguió un Padre Nuestro. El policía encargado del rifle se estaba fumando un cigarrillo, y el padre Paco, vistiendo una remera de El Eternauta, saludaba y atendía a los medios en el camino de vuelta al Instituto Patria, que sirvió como centro de asistencia a los afectados. La misma Cristina Fernández de Kirchner bajó a comprobar el estado de Nicolás Capresi, dirigente del Frente de Trabajadores Excluidos que fue herido en la cabeza al defender a Paco de la policía. El Padre que apenas de recuperarse arengara: “¡Francisco está feliz: jubilados haciendo lío!”

Esta marcha se suma a las de todos los miércoles para demandar, entre otras cosas, un aumento en los haberes jubilatorios, la cobertura del PAMI a medicamentos esenciales y la prórroga de la moratoria previsional. Las concentraciones se repiten todas las semanas desde septiembre del 2024 a partir del veto a la reforma jubilatoria por el presidente Javier Milei, y tuvieron como hito repudiable el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo que, tras pasar por terapia intensiva, aún se recupera del impacto de un cartucho de gas en la cabeza. Francisco Olveira ya había sido golpeado en la marcha del pasado miércoles 7 de mayo, resultando herido en la ceja, y encabezaba la convocatoria a organizaciones religiosas que emprendiera la Mesa Episcopal.

Otro miércoles de gases y palos

Otro miércoles de gases y palos

Abr 24, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Parece naturalizado que cada marcha de los jubilados que reclaman aumento de haberes y el retorno de los medicamentos gratuitos termine con represión de las fuerzas de seguridad y detenidos. Esta vez, arrestaron a dos personas.

El 11 de septiembre de 2024, los jubilados se concentraron por primera vez frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei a la ley de movilidad, que vinculaba los haberes al índice de inflación o al RIPTE, el que resultara más alto. A partir de ese día las “rondas de los miércoles” se convirtieron en un ritual de resistencia contra el ajuste. Cada semana, ese puñado inicial de manifestantes fue creciendo. El punto de inflexión fue el 12 de marzo de este año, cuando simpatizantes de distintos clubes convocaron a una masiva marcha que, desafortunadamente, concluyó en una represión de las fuerzas de seguridad que hirió gravemente a Pablo Grillo, foto-periodista, con una granada de gas lacrimógeno.

Este miércoles no fue distinto: los jubilados, respaldados por organizaciones de todo tipo, clubes sociales, partidos políticos, gremios, docentes universitarios y un importante grupo de autoconvocados volvieron a marchar. Esta vez, el trayecto partió de Plaza de Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo. La jornada empezó tranquila, sin enfrentamientos mayores. Hasta el final resultó  imposible prever que, más tarde, se desataría otra vez un operativo policial que, como cada miércoles, fue desmedido.

Un comienzo en paz

De camino a Plaza de Mayo, como parte de las organizaciones que asisten a los manifestantes ante cualquier hecho de represión, ANCCOM habló con Marcelo, presidente de la filial La Plata del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, quien declaró que pese a que la movilización parecía tranquila, igualmente él y su equipo estaban siempre alerta a cualquier tentativa de represión: “Vemos que nuestros chicos estén con la cobertura necesaria de elementos de protección personal: un overol, que tengan un traje que los pueda cubrir, un casco. Ahora estamos utilizando las máscaras No porque sepamos que vayan a reprimir pero tenemos que estar preparados: poder cubrir a nuestra gente que es la única forma de poder asistir a un tercero”.

ANCCOM también intercambió unas palabras con Marita, representante de la rama de jubilados de ATE e  integrante de la “verde y blanca”: “Notamos que a medida que pasan las semanas, se suman jubilados autoconvocados…. La cantidad de efectivos en la calle es hasta ridícula. A esta altura hay más policías que jubilados”.

En el medio de la Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, se encontraba un pequeño escenario rudimentario de madera que se alzaba como el corazón de la concentración. A sus lados, dos parlantes amplificaban las voces de distintos dirigentes sociales y partidarios que reclamaban por la recomposición salarial de los jubilados y el restablecimiento de los medicamentos gratuitos, entre otras consignas. Frente a ellos, una multitud se desplegaba de cara al escenario, ocupando la mitad de la Plaza: banderas de algunos clubes, carteles escritos a mano, y “trapos” partidarios, de la izquierda sobre todo.

 

A unos pasos del grupo más nutrido estaba Luis Zamora, histórico dirigente de la izquierda argentina que se encontraba como todos los miércoles en la movilización: “Las marchas de fines del año pasado eran con un grupo de 100 jubilados; ellos empezaron a construir esa agenda. Después empezó, cada vez más en el verano, a acercarse más gente. Y el punto más alto fue cuando los hinchas de fútbol hicieron un puente al pueblo, a sectores populares. No es fácil esperar que todos los miércoles pase lo que pasó el Día de los Hinchas. No se sabe muy bien cómo sigue esto. Pero esa es la gran tarea. Puede ser la lucha de jubilados u otras luchas. Pero lo importante es que acá están empezando a confluir sectores que se están movilizando. Y vienen sectores despedidos de una fábrica o trabajadores que están en lucha por salario. De alguna manera los reclamos se retroalimentan y encuentran en la plaza los miércoles una referencia. Mucha gente lo sigue por los medios con atención”.

Al ser consultado sobre cómo este tipo de movilizaciones podría influir electoralmente, Zamora amplió: “Están todos los dirigentes ahora pensando en las elecciones, en los votos. De alguna forma están diciendo: ‘Está bien, marchen, pero ¿a quién votan?’ La clave es esto. Porque a Milei no se lo va a derrotar votando más o votando menos.”

Aunque sin el volumen de la marcha del 12 de marzo, sigue habiendo actividad de distintos clubes. Luis, que es parte del Club Social “La Cultura del Barrio”, a medida que aumentaba la presencia policial, contaba: “Nosotros venimos siempre que podemos, a bancar a los jubilados… A veces la marcha tiene más adhesión, a veces menos como hoy; la constante es que siempre hay una desmedida presencia policial. Totalmente injustificado. Están subiendo la apuesta y eso, tarde o temprano, creo que sale caro”.

Por el contrario, Celeste Fierro, exdiputada por el MST, cree que esta marcha fue importante: “Estuvimos trabajando con distintas organizaciones sociales para que adhieran a la movilización. La mayoría acompañamos las rondas desde el principio”. La candidata a legisladora por CABA aprovechó para acusar al sindicalismo de ser concesivo con el Gobierno: “Como la burocracia sindical no convoca, son las organizaciones combativas las que aparecemos en defensa de los jubilados”.

«Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”, dice Solano.

Final de palos

Cerca del final de la marcha, a las 18, la situación que todos temían y que parecía que no iba a suceder se terminó dando: mientras los jubilados y las distintas organizaciones desconcentraban, la policía reprimió con gas lacrimógeno y detuvo a manifestantes. Al menos dos fueron arrestados.

Si la movilización no fue masiva ni intensa como en otras ocasiones y los manifestantes, que son en su mayoría jubilados, marchan de manera pacífica, ¿cómo se justifica el nivel de exagerada presencia y represión policial? Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, comentó a ANCCOM: “Cuando vos ves el operativo policial, nunca hay relación con la cantidad de manifestantes. Yo creo que cumple una función intimidatoria, que la gente que está viendo por televisión que quiere venir a la marcha y está a favor de los jubilados no venga porque quizá los muelen a palos. Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”.

Pasan las semanas y las marchas sin represión son la excepción. Los jubilados y las organizaciones sociales no parecen dispuestos a abandonar la plaza ¿Cederá el Gobierno o seguiremos viendo las mismas imágenes miércoles a miércoles? Mientras tanto los jubilados siguen marchando.