May 4, 2021 | Comunidad, Novedades
Tras ocho años de trabajo y negociaciones, el pasado 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental en la región. El documento se organiza a partir del reconocimiento de tres derechos básicos: a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afectan a la vida de una comunidad y su entorno; y el derecho a acceder a la Justicia cuando los derechos ambientales que afecten la salud de esa comunidad son vulnerados.
Pero su dimensión más novedosa, según la diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar, es que Escazú “es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones referidas al reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales”. Esto lo convierte no sólo en un tratado de derecho ambiental sino también en un instrumento para la defensa de los Derechos Humanos.
“El Acuerdo de Escazú abre una oportunidad para empezar a pensar, con todos los sectores, una agenda ambiental que esté a tono con una coyuntura en la que el cambio climático es una realidad y las consecuencias del deterioro del planeta son evidentes” explica Vilar.
En la Cámara de Diputados se sigue trabajando en línea con el Acuerdo de Escazú, a partir del lanzamiento del Foro Legislativo Ambiental. Constituye un espacio de encuentro entre legisladores y organizaciones ambientales, territoriales, militancias, expertos y diversos actores de todo el país para poner a discusión, bajo el paradigma de Gobierno Abierto, los desafíos que se tienen por delante desde el ambientalismo popular.
“Es un dispositivo de participación inédito en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la discusión pública orientada a la cocreación de proyectos de ley -declara Vilar-. Se trabajará sobre la base de las propuestas y su objetivo será producir finalmente proyectos en condiciones de ser presentados en comisión.”
La lucha por delante
La problemática ambiental toma cada vez más espacio y relevancia pública y la militancia ambiental transformadora le hace frente a los intereses concentrados que sostienen un modelo de acumulación asimétrico y desigual. El Acuerdo contribuye a la protección y preservación de los derechos básicos de quienes hoy están dando esas disputas, pero es un brazo más y no la cara de la alternativa.
Bruno Rodríguez forma parte de Jóvenes por el Clima – Argentina, una organización ambiental que milita desde 2019 a partir de las movilizaciones juveniles originalmente encolumnadas tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg.
“El acuerdo es una herramienta que nos brinda una serie de beneficios importantes en términos legales -afirma Rodríguez- pero de ninguna manera puede representar en la conciencia de los defensores ambientales una solución contundente frente a la crisis que nos azota”.
Desde Jóvenes por el Clima se trabaja la posibilidad de un plan de desarrollo económico integral que se basa en la diversificación productiva contra el avasallamiento de derechos a partir del avance extractivista que se relaciona con la profundización de las desigualdades sociales y el ensanchamiento de las brechas económicas.
“No es congruente afirmar que a mayor niveles de extractivismo, mayor va a ser el progreso o el desarrollo en el territorio -asegura Rodríguez-. Apuntamos a una economía formal que contemple los límites geofísicos de nuestro planeta, de nuestro territorio y que respete los derechos naturales de nuestros ecosistemas”.
“Cuando nos tocan Andalgalá, el pueblo se levanta”
“Mientras estamos conversando en nuestro cerro, en la cuenca alta de nuestro río están perforando los suelos.” Cuenta contundente Ana Chayle, habitante de Andalgalá y miembro activo de la Asamblea El Algarrobo.
Tal como relató ANCCOM, en los últimos días la resistencia de los pobladores en contra del proyecto megaminero sufrió amedrentamientos que tuvo como resultado el detenimiento de once asambleístas, liberados tras 14 días. La resistencia contra la megaminería en este pueblo de Catamarca tiene más de 20 años y durante los últimos 11 años la Asamblea El Algarrobo ha interpuesto numerosas presentaciones judiciales que duermen en los despachos.
“El acuerdo de Escazú, entre otras cosas, reconoce el derecho a participar activamente en la defensa del ambiente -explica Chayle-. Esperamos que se respete pero por la historia de esta lucha, yo tengo serias dudas de que lo haga”.
El yacimiento minero ubicado en este pueblo se denomina Agua Rica, y está ubicado a 17 kilómetros de la población en la cuenca alta del río Andalgalá que abastece de agua a la comunidad. Pero además está ubicado en la zona glaciar y periglaciar. Su exploración y explotación significa directamente la desaparición del pueblo.
“Necesitamos que la Justicia actúe ya, cuando se trata de defender un bien común como es el agua, como es el derecho a un ambiente sano es lenta, eterna -dice Chayle-. En cambio cuando tiene que defender bienes económicos de empresas transnacionales la Justicia actúa con una velocidad inusitada”.
Una encuesta arroja que el 85% de los habitantes de Andalgalá prefiere vivir en un ambiente sano por sobre el bien económico. Los habitantes exigen respeto y ser escuchados, el mandato popular es “No a la megaminería”.
“El día que la justicia abra el expediente para ver qué pedía el pueblo de Andalgalá -concluye Chayle- va a ser muy tarde”.
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.
Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.
«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.
También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.
“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.
La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.
La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.
Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.
El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.
Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.
A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.
En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.
La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.
“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.
La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.
Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.
Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.