Se viene la Ley de Educación Ambiental Integral

Se viene la Ley de Educación Ambiental Integral

 

Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal.  “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.

Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.

«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.

También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.

“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.

La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.

La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.

Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.

El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.

Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.

A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.

En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.

La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.

El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.

“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.

La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.

Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.

Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.

De granero a chiquero del mundo

De granero a chiquero del mundo

China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas. 

Un año antes, también en China, se produjo un rebrote de la peste porcina africana entre los cerdos criados para la fabricación de alimentos. Para detenerlo, debieron sacrificarse entre 180 y 250 millones de chanchos y esto determinó una disminución del 30% de la producción del sector en el gigante asiático, el país con más consumo de carne porcina del mundo.

La rápida propagación del virus entre los animales y la preocupación por una eventual escasez, provocaron que el gobierno de Xi Jinping comenzara una búsqueda de nuevos mercados. La Argentina apareció como una de las primeras opciones debido a sus bajos costos de operación: la producción de un kilo de carne de cerdo en el país cuesta 0,80 dólares, frente a los dos dólares en China.

 

Detalles del acuerdo 

El 6 de julio pasado, la Cancillería argentina reconoció la posibilidad de realizar un memorándum de entendimiento con China, pero a partir de ese momento los detalles del acuerdo estuvieron signados por la confusión y el hermetismo. La información que se conoce habla de la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, donde se estima que se producirán unas 900 mil toneladas de carne destinadas exclusivamente al país asiático durante los próximos cuatro años. También se anuncia que cada granja tendrá una planta integrada que incluirá el procesamiento de granos para la alimentación de los animales, la cría de los cerdos, el matadero y el envasado.

El memorándum se presenta en paralelo al marcado crecimiento de la producción porcina en la Argentina. Según la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), se quintuplicó en los últimos 18 años, pasando de 136 mil toneladas a 774 mil. Al mismo tiempo, el consumo interno de carne de cerdo fue récord en 2019: unos 15 kilos por habitante al año, más del doble per cápita que en 2007. 

La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”. 

Sin embargo, la firma del tratado intranquiliza a los pequeños y medianos productores –que constituyen el 96 por ciento del sector–, por el peligro de una hiperconcentración del rubro. “Sería muy doloroso que las decisiones queden en manos de unos pocos y nuestro destino sea hipotecado”,  remarcó la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA) en un comunicado.

Durante las últimas semanas, el acuerdo bilateral dio varios pasos hacia adelante y su concreción parece inminente. El 29 de octubre, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó un convenio de cooperación con empresas chinas que permitirán la puesta en marcha en la provincia de tres megafactorías. El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá ratificó una misión empresaria a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE2020) que tendrá lugar entre el 5 y el 10 de este mes en Shanghai. Al respecto, Solá declaró: «Desde que el presidente Alberto Fernández tomó el gobierno hay una determinación muy clara de estrechar la colaboración con el Gobierno de la República Popular China con quien mantenemos una misma visión sobre el mundo y que esperamos se dé en todos los planos”. 

El principal impulsor privado del memorándum es Biogénesis Bagó, una de las empresas de biotecnología más poderosas de América latina. En diálogo con ANCCOM, la periodista especialista en industria alimentaria Soledad Barruti advierte que la intervención de compañías como Biogénesis son “un paso más hacia la entrega absoluta al agronegocio”. Y los antecedentes de Solá demuestran una actitud favorable a este tipo de acuerdos: en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, autorizó la siembra de semillas transgénicas en nuestro país, lo que derivó en una vertiginosa concentración de la propiedad y el uso de la tierra. 

 

¿Cómo es una granja industrial?

En las megafactorías, el maltrato a los cerdos es parte del proceso de producción. A cada uno se le asigna el menor espacio posible con el fin de que engorde rápidamente la mayor cantidad de kilos. Con frecuencia, el estrés causado por el hacinamiento desemboca en el canibalismo entre los animales. “Debido a que estas conductas dañan la carne que se espera vender, les sacan los colmillos y les cortan la cola. Todo sin anestesia”, explica Barruti y opina: “No hay forma de hacer granjas industriales de otra manera, la única es esta”.

La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.

Las megafactorías son las responsables del 15 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y de caldos de cultivo que contaminan miles de litros de agua y propician enfermedades en humanos. “Lo que está en juego también es la salud de las comunidades vecinas. No hay que pensar que no hay nada a cambio”, afirma el biólogo, filósofo e investigador del CONICET Guillermo Folguera

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Neme, confirmó que al menos dos de las granjas industriales se ubicarán en Santiago del Estero. Ante este anuncio, Greenpeace advirtió que “la situación generará un crecimiento exponencial de la demanda de maíz y soja para alimentar los cerdos, provocando deforestación y desalojos de campesinos”. 

De firmarse el tratado, los especialistas en medio ambiente argumentan que las consecuencias negativas se harían sentir en múltiples dimensiones. Folguera sintetiza la situación: “Hay tres ejes principales: el primero es estar discutiendo algo con riesgo de zoonosis durante una zoonosis; en segundo lugar, avalar un proyecto que consume agua en lugares de sequía; y, por último, instalar un modelo productivo que genera mayor desigualdad social en el actual contexto de degradación social”.

 

Repudio masivo y prórroga 

En julio, tras el conocimiento público de algunas cláusulas del acuerdo, se abrió una fuerte discusión que contrapuso la necesidad económica del país con la sustentabilidad ambiental del proyecto. “Cancillería impulsó la propuesta en plena pandemia y a partir de ahí empezamos a movilizarnos”, explica Folguera desde las agrupaciones ecologistas.

Organizaciones como Jóvenes por el Clima y Voicot difundieron detalles del pacto y el tema se viralizó, lo que motivó la creación de un documento para juntar firmas. “Se nos fue de las manos. Nos desbordó. No pudimos contabilizarlas todas”. El contexto en el que se dio el debate fue clave para potenciar el repudio. “Me suena a burla que mientras yo me tengo que quedar en casa para cuidar a la comunidad, traigan chanchos que generan enfermedades”, subraya Folguera. El abogado ambientalista Enrique Viale coincide con él: “No damos más y ellos quieren instalar una fábrica de pandemias como si nada. La gente iba a reaccionar, hasta quien no es ecologista”.

Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.

El mismo Felipe Solá expresó su sorpresa ante la reacción popular: “El tema ha sensibilizado sobre todo a la juventud urbana interesada en las cuestiones ambientales y con una mirada muy urbana sobre cómo se produce en el sector agropecuario”, declaró. Viale opina: “Me sorprendió la sorpresa de los funcionarios ante la oposición a un acuerdo que propone instalar megafactorías de cerdos en medio de una pandemia que tiene origen en un virus zoonótico”. 

El reclamo tuvo repercusiones inmediatas: el acuerdo, ideado para firmarse en agosto, fue prorrogado hasta noviembre. Cancillería justificó la postergación con el objetivo de incluir una cláusula ambiental, lo cual reconocía que este aspecto no estaba dentro de las prioridades. “No tengo dudas de que la postergación tuvo que ver con la reacción popular”, afirma Viale. 

Los especialistas confían en la fuerza de la presión social. Incluso hay antecedentes de manifestaciones que han hecho retroceder políticas que descuidan el medioambiente. En su nuevo libro El colapso climático ya llegó, Viale y la socióloga Maristella Svampa relatan “la mayor pueblada socioambiental de la historia argentina”, acontecida en diciembre del 2019, cuando más de 80 mil personas se movilizaron en Mendoza en defensa del agua y contra la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas. Ante el rechazo popular, el gobernador Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, debió dar marcha atrás y poner en vigencia nuevamente la Ley 7222 que había modificado para habilitar la actividad minera. Basándose en este antecedente, Viale es optimista: “Tengo fe, no es fácil. Hay una sociedad mucho más preparada para discutir el acuerdo con China”.

 

Un modelo de saqueo

Las experiencias similares en otros países han causado un impacto ambiental muy negativo: por ejemplo, los casos de Albacete en España, Chile y México, donde los informes de salud y contaminación resultados preocupantes. Según Folguera, la expansión de la fiebre porcina africana en países europeos como Alemania representa una gran advertencia: “No tengo ninguna duda de que esto significa empezar a jugar con un encendedor al lado de un tanque de nafta. Me impresiona que Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil no pusieran el grito en el cielo con el proyecto argentino. Es muy peligroso regionalmente”.

Esto se explica tal vez porque el país asiático sistemáticamente ha establecido alianzas con varios países latinoamericanos para adquirir recursos alimentarios. La periodista Soledad Barruti sostiene: “En este momento, América latina es una extensión de China porque ese país no tiene tierra fértil ni aguas de donde pueda sacar todo su pescado”.  El debate, ligado a poderosos intereses geopolíticos, encuentra su eje en el histórico papel de nuestra región como productor de materias primas para las metrópolis. Enrique Viale señala: “China es una potencia mundial, que tiene miles de millones de personas y uno de los ejércitos más grandes del mundo. Firmar un acuerdo de este estilo puede generar una relación tensa con Estados Unidos. El tema es que después no se puede ir para atrás con China porque les estás garantizando su seguridad alimentaria”.

Hay que discutir de una vez los modelos productivos de América latina. “Esa historia de ser exportadores de naturaleza como si estuviese predestinada, y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar”, destaca Viale. Es inevitable pensar en la Argentina como “granero del mundo”, tal cual la representación que los grupos de poder le han atribuido desde fines del siglo XIX. Si bien la disolución del tratado sería un logro, los especialistas insisten en la necesidad de formular una crítica más profunda. “Nos queda debatir sobre los modelos de producción. Sobre nuestro rol en el mundo. Sobre lo que creemos que es la agricultura. Sobre qué modelo energético y qué relación con los distintos países del planeta tenemos”, enfatiza Viale y concluye: “Nuestra propia riqueza genera nuestra propia pobreza, que es una historia de saqueos y contaminación”.

Proyectorazo por la crisis ambiental

Proyectorazo por la crisis ambiental

El movimiento Fridays for Future comenzó a tomar fuerza en Argentina en 2019.

El próximo 25 de septiembre jóvenes activistas climáticos de todo el mundo realizarán 2.500 acciones para reclamar medidas urgentes ante la crisis ambiental que sufre el planeta. Para anunciar la campaña, el viernes último seis jóvenes de distintas partes del mundo participaron de una conferencia virtual en la que expusieron sobre la situación de sus países y regiones y adelantaron algunas de las actividades que realizarán pasado mañana, cuando millones de personas se manifiesten de manera virtual y presencial para demandar acciones ecológicas urgentes. 

Los participantes fueron ciudadanos de países pertenecientes a poblaciones y áreas más afectadas (MAPA, por sus siglas en inglés). Estuvieron representadas Kenia, a través de Kevin Mtai; India, por intermedio de Disha A Ravi; Colombia, con la participación de Laura Verónica Muñoz; Filipinas, con la exposición de Mitzi Jonelle Tan y Argentina, en la voz de Eyal Weintraub. Fue la primera vez que los integrantes de MAPA realizaron, en conjunto, su símbolo de solidaridad, que consiste en formar un puño juntando las dos manos. 

Los cinco activistas estuvieron acompañados por Greta Thunberg, la adolescente sueca que inspiró a luchar a los jóvenes del mundo desde la organización Fridays For Future, y la moderación del evento estuvo a cargo de la argentina Nicole Beker, cofundadora de Jóvenes por el Clima. 

Los asistentes virtuales alentaban a los oradores en la sección de comentarios de Youtube con mensajes como: “Fuerza Colombia”, “Ecología popular en todo el mundo”, “A construir patria sin fronteras”, “La regeneración ambiental empieza con justicia”, o “El 25 salimos a las calles”.

Inundaciones en África

El activista Kevin Mtai comenzó su discurso manifestando que la crisis climática está teniendo un gran impacto en su comunidad. “Todos los años nos enfrentamos a inundaciones. El continente que menos contamina es el que más sufre el impacto del cambio climático”.

Comentó que la semana pasada, en Sudán, las inundaciones causaron la muerte de más de cien personas obligando al gobierno a declarar el estado de emergencia. También comunicó que en una pequeña isla de Mauritania hubo un derrame de petróleo muy destructivo para los animales y la población. Dijo que un investigador de Greenpeace difundió que su país está siendo potencialmente sometido a más plástico a través de un acuerdo con Estados Unidos: “La empresa estadounidense American Chemistry Council quiere deshacerse del plástico en nuestro continente, especialmente en Kenia”.

Represión en India

Disha A. Ravi, cofundadora de Fridays for Future India,comenzó denunciado que mientras en muchas partes del mundo se celebra el activismo climático de los jóvenes, en su país sus voces están siendo reprimidas. Acto seguido, comentó que el gobierno indio modificó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del 2016 por un nuevo borrador que quita el derecho democrático de las personas a oponerse a proyectos destructivos para el medio ambiente.  “Esto les otorga el derecho a construir una infraestructura ambientalmente destructiva sin consulta ni objeciones públicas. Le quita el poder a la gente y empodera a las corporaciones”. 

Desde Fridays for Future India lanzaron una campaña digital para enviar objeciones por correo electrónico y el sitio web fue retirado y se los calificó a través de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA) como terroristas y antinacionales. “La pandemia ya había limitado nuestra capacidad de protesta, pero el ataque del gobierno a nuestra plataforma digital nos quitó la poca voz que nos quedaba”, expresó. Finalmente, contó que trabajaron con los mejores abogados del país y lograron que les den la razón.  “Nuestro sitio web fue restaurado y los cargos fueron retirados, pero ¿qué significa esto para los activistas en la India? La notificación afirmaba que el envío de objeciones por correo electrónico iba en contra de la paz y la soberanía de la India. ¿Es la paz de la India tan frágil que un montón de niños que piden aire y agua limpios la amenazarían?”, se preguntó.

Ravi expresó que en su país más de veinte ciudades han sufrido inundaciones en lo que va del año, afectando a más de siete millones de personas. “No estábamos preparados para lidiar con las inundaciones y la pandemia al mismo tiempo”, manifestó. Finalizó advirtiendo que están luchando por su supervivencia.

 

Masacres en Colombia

La activista Laura Verónica Muñoz comenzó su oratoria diciendo que la violencia en su país es noticia todos los días. “El pasado mes de julio la organización Global Weakness reportó que Colombia es el peor país en el mundo para defender la tierra y los recursos naturales”, describió. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que las masacres aumentaron desde hace dos años. Ocurrieron 29 en 2018, 36 en 2019 y 57 en lo que va del año. Muñoz confesó que lo más desesperanzador es que el gobierno no tiene voluntad política para frenar esta nueva ola de violencia. 

La joven colombiana insistió en la importancia del acuerdo de Escazú, un convenio regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. “Si lo que nos imaginamos es un mundo sustentable en donde no haya lugar para la desigualdad, el primer paso en Latinoamérica y el Caribe es que todos los países adopten el acuerdo de Escazú. La sustentabilidad resulta de la armonía entre la economía, la sociedad y la naturaleza”. 

Con respecto a la pandemia, señaló que lejos de que el gobierno colombiano le diera más atención a aquellas comunidades que han sufrido las consecuencias por falta de garantías sanitarias, alimentarias y económicas, exacerbó la violación de sus derechos. 

Riesgo climático en Filipinas

Mitzi Jonelle Tan inició su discurso apuntando a Estados Unidos, China y específicamente a empresas como Exxon, Chevron y Shell. “Los estamos llamando. Ya es hora de que paguen reparaciones al pueblo filipino y a otros países afectados por las injusticias históricas”. 

Comentó que su país ocupa el segundo lugar en el último índice de riesgo climático global a pesar de que su contribución a las emisiones de dióxido de carbono es muy escasa. “Los menos afectados son los que más han contribuido a la crisis climática y al negacionismo climático, y ¿qué están haciendo? nada. Solo palabras vacías y promesas”.

Contó que recientemente, el movimiento climático filipino obtuvo una pequeña victoria luego de que la Comisión Filipina de Derechos Humanos confirmara que los contaminadores climáticos pueden ser considerados legalmente responsables de las atrocidades a los derechos humanos que han causado. Pero al mismo tiempo, expresó que los activistas aún están siendo silenciados por la represión gubernamental.  “Ahora tenemos la Ley Antiterrorista que amenaza con equiparar el activismo con el terrorismo. Cualquiera que se atreva a nombrar al gobierno por su inacción y opresión es llamado terrorista, incluso en la red social Facebook”, advirtió. 

La joven activista dijo que necesitan acciones climáticas centradas en las personas y no en las ganancias. “Cualquier político que no pueda priorizar estas necesidades, que renuncie ahora”. 

Extractivismo en Argentina

Eyal Weintraub, cofundador de Jóvenes por el Clima, abrió su discurso con una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano. “El subdesarrollo de nuestra región no es una fase de desarrollo, sino su consecuencia”. Dijo que desde la conquista de América “nuestro rol” en la división internacional del trabajo ha sido siempre el mismo. Proveemos al resto del mundo de recursos naturales y luego compramos sus productos.  “Exportamos litio y compramos baterías”.  

El joven argentino denunció que este ha sido unos de los peores años y que Latinoamérica está en llamas porque constantemente se están profundizando y reforzando medidas de extractivismo para incrementar las exportaciones y obtener más dólares. “La razón principal por la que siempre necesitamos dólares es que estamos constantemente endeudados”, explicó.

En Argentina se quemaron 175.000 hectáreas en lo que va del año. En el Amazonas se detectaron más de 65.000 focos de incendios y en México los incendios forestales afectaron a una superficie mayor a 300.000 hectáreas. 

Las palabras de Greta Thunberg 

La joven sueca sostuvo que en su país dicen que deben actuar ahora por los niños y el futuro de las generaciones, pero olvidan que hay personas que están muriendo ahora mismo por el impacto de la crisis climática. “Algunas jóvenes y yo tenemos el privilegio de ser escuchados y de hablar, mientras que en otras partes del mundo es ilegal”, denunció. 

Thunberg anunció que este viernes se van a manifestar por el clima de diferentes maneras, dependiendo de las restricciones de cada lugar. “Debemos mandar la señal de que esta crisis debe ser tratada como tal porque es una emergencia global y que hay que recordar que aquellos que son menos responsables de ella, son los que más la sufren”.

Termino señalando que hacer lo mejor que puedan en este momento no alcanza. “Tenemos que hacer lo imposible. Continuaremos luchando porque no hay otra opción. Es un problema de vida o muerte”. 

Dos olas verdes que se fundieron en un mar de protestas

Dos olas verdes que se fundieron en un mar de protestas

Pañuelos verdes de la Campaña por el Aborto Legal se mezclaron con los barbijos que resisten el cambio climático.

Dos movilizaciones se unieron el viernes último en tiempo y espacio con un mismo deseo: justicia social. Las agrupaciones Fridays for Future, Jóvenes por el Clima y Alianza por el clima, convocaron a la Tercera Movilización Mundial por la Crisis Climática. Le pidieron al Estado nacional medidas concretas y exigieron cambios estructurales: “Los discursos vacíos ya no alcanzan, hay que llevar a cabo acciones”, subrayaron. Al unísono, en la misma plaza, la Campaña Aborto Legal organizó un grito global en el marco del “Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe”. Hubo talleres, charlas y actividades como fútbol, boxeo y tango.

Los asistentes se reunieron a las 15 en Plaza de Mayo y, a alrededor de las 16, marcharon hacia el Congreso Nacional por Avenida de Mayo. La mayoría eran adolescentes, jóvenes y organizaciones ambientalistas. Pero también había niños y adultos. Mientras caminaban, cantaban consignas tales como  “Justicia Climática, YA”, “El pueblo, consciente, defienda el medio ambiente”, “Fuera el opresismo, fuera la opresión, queremos un sistema de conciencia e inclusión”. Muchos de los carteles que sostenían, tenían mensajes que hacían referencia a los perjuicios de la ganadería para el medio ambiente: “Go vegan”, “El futuro es vegano”, “Ganadería es cambio climático”, “Cambiá tu dieta”, “¿Si comés carne que hacés acá?”, entre otras. De hecho, cuando llegaron al Congreso, se toparon con puestos de venta de choripán y cantaron: “Carne es muerte”.  

Pasadas las 17, comenzó el acto con la presentación del periodista ambiental Cruz Ruax: “Sabemos que la crisis climática y ecológica nos atraviesa a todos, pero no a todos por igual. Como toda crisis social los sectores históricamente marginados y discriminados son los más perjudicados. Sabemos que no es lo mismo hablar de ecologismo en Europa o en Norteamérica que en América Latina”.

“Hace 30 años les investigadores comenzamos a alertar sobre el calentamiento global», denunció Bera, del Conicet.

Luego, procedió a leer las reivindicaciones de la movilización:  elevar aún más la ambición de  los tratados internacionales firmados como la Convención Marco y el Acuerdo de París; realizar un cambio profundo en el sistema de producción de alimentos; el cumplimiento de la Ley 26160 para evitar los desalojos de los territorios indígenas y la tala indiscriminada.

También, se pidió que comunicadores y gobernadores reconozcan que Vaca Muerta no es el futuro. Se rechazó el decreto 591/2019 que elimina el requisito de certificación de inocuidad, flexibilizando el ingreso de residuos tóxicos al país. Los oradores pidieron penalizar a las industrias contaminantes, promover la educación ambiental integral en todos los espacios educativos y  garantizar la protección de zonas estratégicas de agua y otros recursos naturales, entre otros reclamos.

La primera en subir al escenario fue Carolina Bera, investigadora de cambio climático de El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA): “Hace más de 30 años les investigadores comenzamos a alertar y a proporcionar evidencias de que el calentamiento global y sus impactos iban a ocurrir y que había que hacer algo.  Fue en el 1988 cuando la ONU nos escuchó y estableció el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del cual formo parte”.

A su vez, contó que durante los años 2017 y 2018 elaboraron un reporte especial en el que dieron mensajes contundentes a los gobiernos para enfrentar el cambio climático. Pero no recibieron ni la atención ni la respuesta esperada por parte de los jefes de Estados. “Sin embargo, hoy en un mundo de un grado de calentamiento global llegan ustedes, les jóvenes de todo el mundo, reclamando la solución. Es algo que la sociedad y los gobiernos no pueden dejar de prestar atención”, sostuvo Bera.

Además, explicó que el  problema del cambio climático no es ni  físico ni tecnológico, sino que es social, se vincula a “cómo en nuestras sociedades se desarrolla el consumo”.

Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, encabezó la columna ambientalista.

Luego, en representación de los pueblos indígenas de la región NOA, subió al escenario Walter Barraza, del Consejo de la Nación Tonocoté Yutki de Santiago del Estero. y Néstor Jerez, cacique del pueblo jujeño Ocloya de Tilquiza. “La Madre Tierra no se negocia, los recursos naturales no son un negocio. Nos van a sacar con los pies para adelante de los territorios”, gritó el santiagueño. 

Jerez explicó que con políticas en nombre del desarrollo y del progreso, el poder político y económico está destruyendo el planeta y está poniendo en riesgo la vida de las futuras generaciones. “Por eso decimos basta de violencia, basta de genocidios a los pueblos originarios, basta a los poderes y a los gobernantes de turno”, reclamó. Agregó que considera importante tomar conciencia y escuchar a los pueblos originarios que hace décadas vienen transmitiendo este mensaje. “Hoy, los científicos están reconociendo que teníamos razón cuando decíamos que se estaba dañando nuestra Madre Tierra”, concluyó.

Los representantes de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) contaron, a su vez, que hace tres años vienen batallando por una Ley de Envases, importante no solo para su sector, sino para que no existan más basurales a cielo abierto, de los cuales nadie se hace cargo. “En esta patria debe haber un servicio de reciclado con inclusión social que pertenezca absolutamente a todos, estamos rotundamente en contra del decreto para importar residuos que firmó el presidente Mauricio Macri y no vamos a permitir ser el basurero del mundo”.

Jackie Flores, referente de la CTEP y Promotora Ambiental.

Casi al mismo tiempo y cuando ya caía el sol, frente al Congreso, sonaba la batucada de mujeres Talleres Batuka y varias chicas jugaban al fútbol, boxeaban y  bailaban tango en la calle. Mientras tanto, en dos gazebos se daban talleres  llamados “Legalización y formación: educación y pedagogía feministas en torno al derecho al aborto”, o “Legalización, periodismo y comunicación feminista: abortando la neutralidad”. Sobre el escenario, ubicado en la calle Entre Ríos varias organizaciones hablaron sobre sus proyectos.

 Josefina, estudiante de obstetricia, habló en representación de la Cátedra del Aborto como problema público de las Facultades de Ciencias Médicas y Farmacia y Bioquímica de la UBA. “En la Facultad no se habla de estos temas, y cuando se habla se hace desde una perspectiva espantosa, así que tomamos la batuta de lo que la academia no nos enseña y nos organizamos nosotres para aprender”, contó.

 Las integrantes de Socorristas en Red, subieron al escenario luciendo pelucas rosas y enunciaron: “Somos activistas feministas que armamos socorros rosas. Nos articulamos para pasar información y acompañar a mujeres y otras personas con capacidad de gestar que deciden abortar, para que lo hagan de manera segura, para que atraviesen esa decisión acompañadas y cuidadas”.

Comunicaron que entre 2014 y 2018 acompañaron a 19.361 personas en su decisión de abortar. Dijeron que el aborto insiste y está en la vida cotidiana: “En 2018 irrumpió en las calles, se instaló, llegó a la mesa familiar, transitó por todos los medios de comunicación y vino para quedarse”. Por último, dijeron que es muy cruel lo ocurrido en agosto de 2018 porque el Senado está al tanto de lo que sucede. “Lo escuchó innumerables veces de sectores que aportamos estadísticas, experiencias y relatos. Pero no les importó, votó con su pasión conservadora, fundamentalista, y criminilizadora.

A las 19.30, todos los asistentes se reunieron frente al escenario y se hizo un pañuelazo al grito de Que sea Legal, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir