Declaró la madre de Johana Ramallo

Declaró la madre de Johana Ramallo

A ocho años de la desaparición y asesinato de su hija, Marta Ramallo exigió saber por qué su cuerpo se encontró desmembrado en las costas del Río de la Plata.

El viernes 30 de mayo de 2025, los Tribunales Federales de La Plata fueron escenario de una jornada profundamente emotiva y significativa, con la declaración de Marta Ramallo, la mamá de Johana Ramallo, querellante en el juicio por trata de personas y comercio de estupefacientes en la «zona roja» de la capital provincial. La joven es una de las once víctimas de trata individualizadas en la investigación, cuyo cuerpo apareció parcialmente tiempo después.

A diferencia de la primera jornada, esta vez la palabra central fue la de Marta Ramallo. Y todo lo que sucedió a su alrededor –los abrazos, las presencias, las ausencias, los silencios y los gestos de complicidad entre quienes también llevan su duelo en el cuerpo– construyeron un clima que fue tan doloroso como reparador.

Desde temprano, la sala de audiencias del primer piso de los Tribunales comenzó a llenarse de personas que venían a acompañar. Afuera, organizaciones sociales, la radio de la Universidad de La Plata, referentes de Derechos Humanos, programas del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes de la UNLP y militantes feministas ocuparon la vereda con carteles, banderas, mate y micrófonos. Adentro, el clima era otro: más contenido, más formal, pero no por eso menos comprometido.

La sala estaba llena, entre todas esas personas, se encontraban familiares de otras víctimas de femicidio, como el papá de Natalia Melmann, que viajó especialmente para abrazar a Marta y acompañarla este momento. También estuvieron presentes integrantes del Programa Mariposas del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja desde la memoria activa para acompañar a familiares y construir espacios de reparación en la comunidad y que sigue de cerca el caso de Johana.

El silencio en el ambiente no era fácil de describir; se asemejaba a ese tipo de silencio que pesa, que no se rompe, que se sostiene. Marta caminó hasta el centro de la sala, se sentó, tomó el micrófono y, apenas la autorizaron, comenzó a contar su historia con una calma que no era calma, sino determinación.

Su mirada se mantuvo fija en los jueces. Respiró hondo. Su psicóloga, que la acompañaba, apoyó una mano en su hombro. Detrás de Marta, un puñado de personas la contenía con la mirada, con los puños cerrados, con lágrimas.

En la sala también se encontraban los imputados.“Esta es mi verdad, una que hace ocho años quiero escupir”, dijo apenas arrancó. No hubo dudas: lo que iba a decir no era solo para el expediente judicial. Era una declaración para la historia, ante los jueces Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo. Y sostuvo su reclamo por justicia: “Busco limpiar la memoria de Johana. Quiero saber qué le hicieron y que me digan qué pasó con su cuerpo”.

Marta Ramallo reconstruyó los últimos días de su hija, Johana, una piba de 23 años, madre joven, laburante, cariñosa, que desapareció en la esquina de 1 y 63, una zona de La Plata que el Estado abandonó hace décadas y que, como en tantas otras ciudades, fue copada por redes de explotación sexual y narcomenudeo.

Contó cómo Johana cayó en ese entramado. Cómo fue captada por un hombre mayor, Javier Novarini, quien la llevó a consumir y la introdujo en el circuito de la zona roja.“Él ya tenía la costumbre de captar pibas en estado de necesidad”, explicó ante los magistrados, tras remarcar que “estos ocho imputados no son los únicos”, que estarían implicados en la desaparición y muerte de Johana. No lo dijo como una denuncia aislada, sino como parte de una estructura que sigue operando. Ramallo nombró esa red con todas las letras: trata, explotación, narco, impunidad:“Pido que sean condenados como corresponde y les pido que hagan justicia por Johana”.

También habló de los silencios institucionales. Del peregrinaje por comisarías, por oficinas judiciales, por fiscales que no escuchaban. Del expediente que dormía mientras ella buscaba a su hija en la calle. Del tiempo que pasaba y de las pistas que se perdían. Porque mientras Marta Ramallo gritaba, el Estado callaba. Y la justicia también.

Marta no fue sola. Aunque su silla estuviera aislada, aunque su voz se proyectara al frente y no al costado, no habló solo por ella. Lo hizo por Johana y por otras víctimas. Habló desde el lugar incómodo en el que el sistema judicial obliga a las madres: dar testimonio como si fueran peritas de sus propias pérdidas. Como si tener que revivir cada detalle no fuera ya una forma de tortura.

La madre de Johana declaró sabiendo que estaba mirando a los ojos a una justicia que, durante años, le dio la espalda. Una justicia que recién ahora, ocho años después, se sienta a escuchar. Marta no se quebró. Fue precisa, contundente, valiente. Nombró con nombre y apellido a cada persona que considera responsable. Denunció cómo operaban, cómo se amparaban en la complicidad policial, cómo se borraban las pruebas. Pero también habló del amor. Porque en medio de ese relato tan crudo, Marta sostuvo una imagen viva de Johana: la de una piba alegre, llena de sueños, que amaba a su hija, que luchaba por salir adelante. No dejó que la narrativa judicial la reduzca a “una víctima más”. Johana no era solo un cuerpo descartado. Era una vida.

No bien terminó de declarar, Marta se levantó y salió acompañada por su psicóloga, no hubo preguntas de parte de los acusados, solo algunas puntuales por parte del tribunal: fechas, nombres, detalles. Marta respondió todo con claridad. En esta instancia, los acusados que llegaron a juicio son cinco hombres y tres mujeres: Carlos “Cabezón” Rodríguez, Hernán D’ Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia “La Negra” Benítez; Paola Erika Barraza, alias “Tormenta”; y Celia Giménez.

Al salir del tribunal, Marta no se fue en silencio. Volvió a decir lo que dice desde el primer día: pidió justicia. Justicia por Johana, pero también por todas. Porque sabe que su historia no es una excepción. Es un espejo.

El juicio por Johana Ramallo es una trinchera. No porque haya guerra, sino porque hay una defensa activa de la memoria, de la verdad, de la dignidad. Lo que está en juego es más que una condena. Es el derecho de Marta a no tener que explicar una y otra vez por qué su hija desapareció. Es el derecho a señalar a los responsables y decir: acá están. Es el derecho de Johana a ser recordada como lo que fue: una piba con sueños, con una hija, con ganas de vivir.

Y es también el derecho colectivo a no callar nunca más. Afuera, estaba el grito de las compañeras que la abrazaban y acompañaban la lucha con la voz de las mujeres “Johana presente, ahora y siempre”.

El juicio comenzó el 16 de mayo y las audiencias se desarrollan cada 15 días. La próxima será el 13 de junio y se transmitirá por el YouTubedel Poder Judicial bonaerense.

Absolvieron al novio de Micaela Rascovsky

Absolvieron al novio de Micaela Rascovsky

En un fallo muy cuestionado por los presentes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 absolvió a Guido Pascuccio, quien había sido acusado de femicidio. El fallo provocó reacción entre los familiares de la joven.

Los familiares de Micaela en la puerta de Tribunales luego de la sentencia. 

“Voy a dar la lectura del veredicto”, anunció el juez Alejandro Noceti Achával, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 porteño frente a una sala repleta de personas. A su izquierda estaba la jueza Inés Cantisani y a su derecha el juez Jorge Romeo. “El tribunal resuelve absolver a Guido Pascuccio”, sentenció Noceti Achával, que enseguida siguió leyendo un par de puntos legales más que ninguno de los presentes tuvo ánimo de procesar. Es que sus primeras palabras retumbaron demasiado fuerte en los oídos de quienes habían ido a acompañar a los papás de Micaela Rascovsky, que murió el 13 de abril de 2021 en el departamento de Villa Ortúzar que compartía con Pascuccio, quien era su novio y estaba acusado de asesinato. 

Noceti Achával leyó el veredicto a la velocidad de la luz, con la cabeza enfocada pura y exclusivamente en el papel, como queriendo evitar las miradas de reproche de los familiares de Rascovsky, que esperaban prisión perpetua para el acusado por la figura de femicidio. Lo cierto es que Pascuccio llegó al juicio imputado por los delitos de “abandono de persona seguida de muerte y lesiones doblemente agravadas en contexto de violencia de género”, motivo por el cual la fiscalía había sugerido 11 años de prisión para él. No obstante, los jueces Noceti Achával, Cantisani y Romeo decidieron, finalmente, su absolución. El juez que anunció el veredicto aclaró que el 18 de marzo dará a conocer los fundamentos de su decisión. 

“No voy a parar hasta que pagues por lo que le hiciste a mi hija”, clamó con desesperación Patricia Ortiz, mamá de la joven fallecida, una vez que el juez terminó de leer la sentencia. Se dirigía directamente a Pascuccio, mirándolo a los ojos, mientras el dolor le atravesaba el cuerpo entero. Sebastián Rascovsky, por su parte, sostenía un cuadro con el rostro de su hija en el momento en que el juez dijo que Pascuccio quedaba absuelto, como queriendo abrazar a Micaela de alguna manera, aunque ella ya no esté en este mundo. 

Pascuccio es abogado como su papá y su hermano. Estuvo preso durante un año y cinco meses, pero al juicio llegó en libertad por haber pagado una fianza de tres millones de pesos. En la primera audiencia, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2024 en el 6° piso del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acusado había dicho que “jamás lastimó a Micaela”. Este 11 de marzo, en ese mismo tribunal y en la última audiencia del juicio, volvió a decir lo mismo.

«Los hijos del poder, como Guido Pascuccio, hacen lo que quieren, total con contactos y plata tapan todo. Nos van a tener que matar para callarnos porque vamos a abrir la tierra para sacar todos los trapos sucios», manifestó la tía de Micaela Rascovsky.

Rascovsky tenía 25 años y estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Estaba conviviendo con Pascuccio hasta que en 2021 apareció sin vida en la casa que ambos compartían. El día del fallecimiento de Rascovsky, Pascuccio llamó a Emergencias y dijo: “Me levanté y escuché unos ruidos en el living y estaba mi mujer convulsionando. No sé si tomó algo, estoy muy asustado. No la puedo hacer reaccionar. Tengo miedo de que haya tomado algo, alguna pastilla o algo”. De ahí en más planteó la hipótesis de que su novia se había suicidado con una sobredosis de cocaína. ¿El motivo, según él? Que no soportó el dolor causado por no haber podido llevar a término su embarazo, que era ectópico. 

No obstante, el día del fallecimiento de Rascovsky fue a reconocer el cuerpo María Ortiz —tía de la joven—, quien encontró a su sobrina con moretones. Enseguida la autopsia determinó que Rascovsky tenía ADN de dos personas masculinas debajo de las uñas y líquido seminal de su novio en la ropa interior. De ahí que la familia de la víctima consultó la opinión profesional de Borja Moreno Víchez, médico que integra el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España. Él dijo que el cuerpo de Rascovsky presentaba señales de defensa, por lo que descartó completamente la hipótesis del suicidio que Pascuccio había planteado desde el principio. El testimonio de Moreno Víchez se puede escuchar en el documental sobre la muerte de Rascovsky realizado por la productora española “Triun Arts”, que consta de tres partes. “Fabricando una mentira” es el título de la primera. 

Una vez finalizada la lectura del veredicto, el fiscal Guillermo Moroni trató de contener a la familia de la víctima pero ninguna de las palabras que salieron de su boca pudo impedir la manifestación de la bronca colectiva. “Si usted hubiera visto a mi nieta toda golpeada…”, masculló la abuela de Rascovsky, entre lágrimas. Otros familiares sugirieron a viva voz que Pascuccio contaba con el apoyo de un juez federal que, en carácter de amigo de su papá, estuvo presente en la sala. 

Ya afuera del tribunal, en la Plaza Lavalle, los papás de Rascovsky permanecían inmóviles, perplejos por la decisión de los jueces, que ni siquiera le adjudicaron la responsabilidad por “abandono de persona”. No estaban solos, estaban acompañados por sus familiares y sus abogados. Estos últimos comentaron a esta agencia que todavía se puede presentar un recurso de casación, que permitiría que los jueces revisaran su decisión. 

Sin embargo, Paula Ortiz —tía de la joven fallecida— se mostró poco esperanzada. En una conversación con ANCCOM dijo que “la justicia argentina es una de las más corruptas que existen. Las mujeres víctimas de violencia que aún siguen vivas porque lograron escapar son sobrevivientes de esta justicia patriarcal. Se nos ríen en la cara. Los hijos del poder, como Guido Pascuccio, hacen lo que quieren, total con contactos y plata tapan todo. Nos van a tener que matar para callarnos porque vamos a abrir la tierra para sacar todos los trapos sucios. Le pido a la sociedad que se levante y haga ruido porque un día puede ser su hija. No quiero más carteles y tumbas con el nombre de alguna chica víctima de femicidio”.

“Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género”

“Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género”

Cada 27 horas se registró un crimen de género en el país, según el informe de La Casa del Encuentro. Las especialistas Claudia Pekar y Raquel Vivanco alertan sobre la desidia del gobierno, que redujo programas, eliminó el Ministerio de las Mujeres e impulsa la derogación de la figura legal del femicidio.

En los dos primeros meses del año se registraron 55 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 1 de un varón adulto, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. De las víctimas, 51 hijas e hijos quedaron sin madre, el 55% de ellos menores de edad. Además, el 59% de los agresores eran pareja o expareja, y el 68% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (24), seguida por Santa Fe (9), Mendoza y Chaco (4).
“Lamentablemente esta cifra ­–que con mínimas diferencias se repite años tras año–, no sorprende a quienes trabajamos en violencia de género, porque sabemos que esta problemática está muy enraizada en nuestra sociedad. El femicidio es la expresión más violenta de la violencia física, pero es sólo una de los tipos en que se despliega la violencia machista, además de la violencia sexual, psicológica, económica patrimonial, simbólica y política”, señala Claudia Pekar, abogada especializada en género, voluntaria en la Casa del Encuentro y cofundadora de Generando Consultora.
Ante la falta de cifras oficiales, los datos recopilados mensualmente por distintos observatorios evidencian que los femicidios son una realidad innegable, a pesar de la postura del gobierno de Javier Milei. Raquel Vivanco, directora general y fundadora del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, que también publicó su informe sobre femicidios, menciona que en lo que va del año se registró un femicidio cada 27 horas. Al respecto, afirma: “Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género. Por eso, el término femicidio tiene una dimensión política, utilizada para denunciar y visibilizar la gravedad de la violencia machista'».
Dicha tipificación, impulsada por la Casa del Encuentro, fue incorporada como agravante del homicidio en 2012 gracias a la lucha del movimiento feminista, que logró instalar un cambio de paradigma. “’El inciso 12 del artículo 80 del Código Penal incorpora el femicidio vinculado, que ocurre cuando se mata a alguien cercano a la mujer –hijos, madre, nueva pareja– con el objetivo de hacerla sufrir, o cuando alguien es asesinado al interponerse para defenderla'», explica Pekar.

«Ser mujeres o personas LGBTIQNB+ no implica ningún privilegio; por el contrario, somos asesinades por nuestra identidad. La tipificación del femicidio, la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti Trans no son un ‘curro’, sino herramientas fundamentales para proteger a colectivos históricamente vulnerados, cuya implementación es responsabilidad del Estado», afirma Vivanco.
Sobre esto, Pekar apunta que si bien vivimos en una sociedad violenta, la violencia de género es un fenómeno específico y sistemático, cuya tipificación en el Código Penal responde a su frecuencia y a su arraigo en un patrón cultural. «La reforma del artículo 80 amplió el alcance de la pena más grave, la prisión perpetua, para incluir a exparejas y relaciones sin convivencia, antes excluidas. No se trata de negar otras violencias, sino de reconocer que el femicidio es un problema mundial, con cifras alarmantes en países como México, que registra diez casos diarios”.
Y agrega: “Argentina asumió compromisos internacionales al firmar la Convención CEDAW en 1979 y la de Belém do Pará en 1994, que exigen erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres. La tipificación del feminicidio y la Ley 26.485 responden a esos acuerdos, traducidos en políticas nacionales para combatir esta problemática».
Si bien desde el Observatorio informan que las estadísticas de femicidios se han mantenido a lo largo de los años, lo que vemos es que la violencia hacia mujeres y diversidades se profundiza en contextos adversos como el actual. “La negación de su existencia, sumada al desmantelamiento y desfinanciamiento de los espacios estatales destinados a la protección, asistencia y prevención, pone en peligro constante a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades, exponiéndolos a las distintas violencias tipificadas en la ley 26.485”, advierten desde La Casa del Encuentro. En esa línea, Vivanco subraya: “El desempleo creciente y el ajuste económico llevado adelante por Milei impactan especialmente en mujeres y diversidades, que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para salir de situaciones de violencia. La falta de autonomía económica es determinante para pensarnos libres de todo tipo de violencia”.

Una de las políticas que intentaba abordar esta necesidad, aunque de manera limitada, era el plan Acompañar. Este programa otorgaba un subsidio equivalente a un salario mínimo durante seis meses a mujeres y disidencias en situación de violencia, permitiéndoles encontrar un camino hacia la autonomía. “Muchas mujeres no pueden irse de sus casas porque no tienen recursos, ya que una de las formas de violencia es la económica-patrimonial. El Estado, al menos, reconocía esa necesidad. Ahora, las solicitudes aprobadas han caído drásticamente en comparación con gestiones anteriores”, sostiene Pekar.

Además, advierte que la consecuencia inmediata del desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas de género es la falta de recursos y espacios de asistencia. “La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad refleja la poca importancia que este gobierno le da a la violencia de género. Se han reducido dispositivos clave como la línea 144, que funciona las 24 horas brindando contención y asesoramiento, pero con menos operadores tras los despidos”.

Más allá del recorte de políticas, Claudia también alerta sobre el impacto de los discursos negacionistas y de odio que se han fortalecido con este gobierno. “No solo se desfinancian programas, sino que se instalan discursos que minimizan la violencia de género y refuerzan la homofobia y la lesbofobia. Ya hubo varias víctimas de crímenes de odio en lo que va de 2024 y comienzos de 2025, y esto es parte de ese contexto”.

En contraste, la abogada destaca la labor crucial de organizaciones como la Casa del Encuentro, que lleva más de 20 años brindando asistencia integral y gratuita a mujeres en situación de violencia, sin importar su ubicación. “Además de la atención presencial en la Ciudad de Buenos Aires, la Casa del Encuentro ofrece apoyo a través de llamadas y encuentros virtuales, brindando recursos a mujeres que no saben qué hacer, por dónde empezar ni qué derechos tienen».

Vivanco subraya que frente al odio y la crueldad del gobierno de Milei, la respuesta debe ser colectiva, y que la solidaridad es nuestra principal herramienta. «Le oponemos a este proyecto deshumanizante, un proyecto de vida y de felicidad. Este 8M paramos y volvemos a las calles para defender nuestras conquistas y afirmar que nuestras vidas tienen valor.», concluye.

Después de 18 años, comenzó el juicio por el asesinato de Otoño Uriarte

Después de 18 años, comenzó el juicio por el asesinato de Otoño Uriarte

La adolescente de 16 años había desaparecido en Río Negro en el trayecto que se paraba su escuela de su casa. Seis meses después se encontró su cuerpo. Ahora hay cuatro imputados.

En el fuero penal de Cipolletti dio comienzo el juicio por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, ocurrido hace 18 años en la localidad rionegrina de Fernández Oro. La joven de 16 años fue vista por última vez con vida en el Puente de la Viña el 23 de octubre de 2006, cuando iba camino a su hogar, luego de finalizar su día escolar en el Centro Educación Media 14 donde practicaba voley. Otoño estuvo desaparecida hasta que se encontró su cuerpo sin vida el 24 de abril de 2007 en la usina de la zona conocida como El Treinta. Cuatro imputados están en el banquillo por este caso, que no está caratulado como femicidio porque esa figura fue incorporada a posteriori en el Código Penal, pero que fue un caso muy resonante en la provincia.

Con cuatro audiencias hasta la fecha, se prevé un juicio con 90 testigos hasta el 9 de diciembre, con cuatro imputados como autores materiales del crimen: Ángel Germán Antilaf, José Hiram Jafri, Ricardo Néstor Cau y Maximiliano Manuel Lago. Forman parte del tribunal que los juzgará  María Florencia Caruso Martín, Juan Pedro Puntel y Amorina Liliana Sánchez Merlo. La Fiscalía se encuentra representada por Teresa Giuffrida y la querella por la abogada Gabriela Prokopiw, en nombre de la familia Uriarte.

La bicicleta de Otoño había sido robada el día de su desaparición, lo que la obligó a volver a pie a su casa. El trayecto de dos kilómetros a su hogar tenía en su recorrido la vivienda de Néstor Cau, uno de los acusados. Según el círculo íntimo de Otoño, ella les había comentado que Cau, cuya hermana estudiaba en el mismo colegio, le gritaba obscenidades cada vez que pasaba, situación que la agobiaba. 

“Se fue con un noviecito” y “no se llevó ni el documento” eran algunos de los comentarios que el entonces subjefe de la Policía, Víctor Cufré, hacía cuando le preguntaban por el paradero de la joven desaparecida. Por aquel momento, Cufré lideraba la búsqueda junto con policías de la Brigada de Cipolletti y miembros de la Comisaría 26. Sin embargo, con el pasar de los días, la falta de noticias sobre Otoño continuaba. Además, los perros policías no lograban encontrar rastros de la adolescente más allá de la calle Kennedy, lo cual podría indicar que alguien se la llevó en un auto y la secuestró.

La investigación estuvo en un primer momento en manos de la exjueza María del Carmen García García y, debido a la gran cantidad de causas que tramitaba y a que estaba de turno permanente, cometió graves errores durante el proceso. Debido al retraso en las causas, García García fue luego destruida. También se supo que a la par de estos sucesos, Cufré y Víctor Hugo Sodero Nievas, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro en ese momento, se reunían con el padre de Otoño, Roberto Uriarte, sin dejarlo asentado en los expedientes. Luego de 18 años, aún se desconocen aspectos centrales tales como en qué auto fue secuestrada Otoño, dónde estuvo retenida o si fue abusada, aunque el hallazgo de vellos púbicos sobre el cadáver indicaría que sí. El proceso de investigación parece haber sido entorpecido por el poder político, con la ayuda del Poder Judicial, que cometió todo tipo de irregularidades en un intento de sofocar las repercusiones públicas. 

“El rol de la justicia fue estar ausente durante 18 años”, dice la abogada Gabriela Prokopiw.

“El rol de la justicia fue estar ausente durante 18 años”, comenta a ANCCOM la abogada Gabriela Prokopiw. “Cuando sean sentenciados los acusados por su responsabilidad material pediremos que se exhorte al Ministerio Publico Fiscal a reabrir una causa nueva para investigar las complicidades que llevaron a 18 años de impunidad y desolación”, agrega Prokopiw al referirse a una eventual causa Otoño II.

Si bien el expediente que ahora llegó a juicio se intentó archivar numerosas veces, finalmente se activó cuando pasó a manos de la fiscal roquense Teresa Giuffrida y la familia de Otoño cambió de representantes, con la incorporación de la abogada Prokopiw. Un día antes de la prescripción del caso, se logró su elevación a juicio, aunque no se acusa a los cuatro imputados de femicidio, ni tampoco, en un principio, de abuso sexual, sino de «privación ilegítima de la libertad agravado por duración prolongada, participación de más de tres personas, la minoría de edad de la víctima y el resultado de muerte».

“No se puede entablar una carátula de femicidio, porque el crimen de Otoño ocurrió antes de que existiera esta figura”, explica Prokopiw. Y continúa: “Aunque no se pueden aplicar leyes que hayan salido con posterioridad al hecho por el que se juzga al acusado, nosotros pedimos perpetua porque participaron más de tres personas y porque la víctima era menor de edad”.

 

Durante la segunda audiencia del juicio, una de las testigos, Inés Calmels, fue hostigada por el acusado Cau, con lo que la fiscalía y la querella reclamaron la prohibición de acercamiento por parte de los acusados hacia los testigos, a lo que el tribunal accedió. La defensa argumentó que Cau tenía un problema de adicción a la bebida, razón por la que agredió a Calmels. Tanto para Cau, Jafri y Lagos, el tribunal además advirtió que en caso de incumplir con la prohibición de acercamiento, podrían imponerles prisión preventiva. También declaró Federico Saavedra, quien era la pareja de Otoño en el momento y fue la última persona en verla con vida. Además, varios testigos resaltaron la desaparición de la bicicleta de Otoño el día de su secuestro, lo que la obligó a ir a pie hasta su casa, trayecto en el que se cree fue interceptada. 

En el tercer encuentro, la audiencia debió pasar a un cuarto intermedio ya que el acusado Lagos tenía un turno médico impostergable. El acusado, además, se había dormido dos veces durante la audiencia del día anterior. El primero en declarar fue Alfredo Ricardo Tejo, un comerciante que dice haber visto un vehículo blanco en un lugar inusual la noche de la desaparición. También afirmó que nunca antes había visto un auto en ese sitio y que inicialmente pensó que podría tratarse de una camioneta o combi. También declararon peritos policiales, y la defensa obligó al tribunal a pasar más de una vez a cuarto intermedio. Finalmente, la ausencia de uno de los testigos policiales, el comisario Ives Vallejos, clave en los primeros pasos de la investigación, se dio por motivos médicos. Si bien su declaración fue reprogramada para la semana siguiente, la querella acusó a la justicia de encubrimiento policial e ineficiencia judicial.

Para la cuarta audiencia, este viernes 29, se citó al médico forense Ismael Handam, quien realizó el primer examen al cuerpo y dijo no haber detectado lesiones visibles. Sin embargo, tras observar cortes en las prendas de la víctima, identificó una herida punzocortante en el hemitórax izquierdo que penetraba 7 cm en la cavidad torácica y probablemente había sido causada en vida. El cuerpo de Otoño había sido encontrado en avanzado estado de deterioro en un canal de riego, atrapado por una rama y rejas, sin masa muscular ni vísceras, lo que complicó el análisis forense. 

La fiscal y la querella sostienen que el cuerpo de Otoño fue enterrado inicialmente en otro lugar antes de ser trasladado al canal de riego donde se halló, por lo que los acusados planificaron y ejecutaron el secuestro, abuso y asesinato de la joven. “Estamos con la esperanza que ha mantenido la memoria de Otoño todos estos años, y buscamos por ella la verdad y la memoria, y para el pueblo la justicia, porque para Otoño no la hay: Justicia sería que Otoño estuviera viva”, agrega Prokopiw.

“Asistimos a la crueldad hecha política de Estado”

“Asistimos a la crueldad hecha política de Estado”

Contra el hambre y la violencia de género, contra la Ley de Base y los lesbicidios, contra las políticas de Javier Milei, pero también por un sentido homenaje a Nora Cortiña, una multitud de feministas coronó la concentración frente al Congreso, en el primer Ni Una Menos durante un gobierno libertario.

Un grupo de mujeres ahuyentaba el frío con el golpe de sus tambores. Vestidas con camperas violetas, verdes y negras, contagiaban una vibración energizante. Desde la multitud se hizo paso un hombre que caminaba con un ritmo distinto. De su cuello colgaba una foto con el rostro de una joven, como las que bailaban, Iluminada por el sol y rodeada por flores. Más tarde le contará a una de ellas que es el papá de Natalia Melmann, asesinada en 2001, a sus 14 años, por policías de Miramar. A sus espaldas, se desplegaba la bandera con la exigencia que hace 9 años se transformó en movimiento: “Ni Una Menos”.

Aunque la convocatoria era a las 16:30, ya desde las 15 algunos grupos se instalaron en la Plaza del Congreso. Sobre las rejas y colgados de los gazebos podían leerse los nombres de las víctimas de femicidios que en menos de una década ya superan los 2.500. El registro oficial sólo existe desde 2015, antes el Estado no se hacía responsable ni siquiera de identificar los casos. Su creación fue resultado del reclamo llevado adelante por el primer Ni Una Menos, hasta ese momento “no se hablaba de la violencia de género como algo estructural, más allá de lo privado. Con tres semanas de organización, logramos instalarlo en la opinión pública, en la calle y que el Estado lo reconozca”, recordó Soledad Vallejos, una de las organizadoras de aquel primer Ni Una Menos, consultada por ANCCOM.

Luci Cavallero es socióloga y parte de la organización del encuentro de este año. Desde temprano, caminaba la plaza hablando con los medios y compañeres, luego sería una de las encargadas de leer el documento. Sobre el contexto de la convocatoria subrayó que  “estamos en un momento de retroceso, y tenemos  núcleos de desigualdad estructural que no se han podido modificar como la brecha salarial, o la crisis habitacional que es un gran problema para las mujeres que necesitan salir de situaciones de violencia”.

tCavallero también formó parte de las asambleas previas al encuentro, sobre las que contó que “estuvieron atravesadas por el triple lesbicidio de Barracas, fueron al principio muy dolorosas. Los espacios colectivos son necesarios para contenernos, darnos fuerzas para sostener la lucha. Este Gobierno apunta también a quebrarnos emocionalmente”. 

A su alrededor, las caras de los funcionarios de Milei podían verse retratadas en las pancartas de los manifestantes. Debajo de una caricatura de la agrupación Las Rojas” se leía: “Sandra Pettovello ministra del odio y el hambre”. A ella también le dedicaban su canto las trabajadoras comunitarias de la UTEP. Agrupadas sobre la plaza, del lado de Hipólito Yirigoyen, sostenían las ollas vacías mientras gritaban “Pettovello Pettovello / no te lo decimos más / entregá los alimentos / o los vamos a buscar”. 

“Con hambre y violencia no hay Ni Una Menos” era la consigna que se leía en una bandera violeta. Para Verónica Gago, otra de las organizadoras, “asistimos a la crueldad hecha política de Estado” en relación a la “crisis económica y el corte total de políticas contra las violencias de género”. Entre ellas se encuentra la paralización del plan “Acompañar”, el único que brindaba apoyo económico a las víctimas de violencia de género. Además, otra consigna de la marcha planteó el rechazo a la Ley Bases que dejaría sin jubilación a 9 de cada 10 mujeres por la eliminación de la moratoria.

La organizaciones sociales, sindicatos docentes, estatales, de la salud, aeronáuticas,  jóvenes de colegios secundarios, grupos pequeños de mujeres independientes, grupos travesti-trans, fueron sumándose de a poco y colmando la plaza. Cada vez más personas se acercaban al escenario para esperar la lectura del documento mientras el atardecer prometía una noche helada. 

Debajo de grandes parlantes, se ubicaba firme la foto de Norita Cortiñas con su inconfundible pañuelo blanco. A su lado, resguardadas por un gazcebo, aguardaban  Nina Brugo y Nelly “Pila” Minyersky, históricas referentes que participaron en la Campaña por el Derecho al  Aborto Legal Seguro y Gratuito. Cuando le preguntaron por las razones de su asistencia Nelly dijo que “no podemos quedarnos en casa en este momento. Poder estar y decir es lo que nos ayuda a seguir viviendo. No tengo frío, me abrigan todas ustedes”.

 El silencio en el escenario se rompió con el grito desgarrador de una integrante de la Asamblea de Lesbianas Autoconvocadas: ”Las mataron con dos bombas molotov mientras dormían”. A su lado,  sus compañeras se aferraban a los carteles mientras interpelaban con su mirada a las presentes. Luego continuó: “Exigimos que no nos maten por elegir amarnos entre nosotras, este no es un caso aislado, es un hecho que ocurrió en democracia, en un año en el que el gobierno de Javier Milei  reproduce discursos de odio como plan macabro”.

Hacia el final recordó que “el jueves se cumple un mes de la masacre lesbicida, vamos a movilizar, queremos que estén ahí y nos demuestren que nos acompañan. Justicia por Pamela, Roxana, Andrea y Sofía”.

“Eso no es libertad, eso es odio” cantaba la multitud cuando subieron al escenario las organizadoras para leer el documento consensuado. Cavallero fue quien tomó la palabra primero y sintetizó las demandas: “La violencia del gobierno de Milei es social, es económica y es política,  ante eso respondemos, seguimos en las calles y movilizadas. Vivas, libres  y desendeudades nos queremos”. 

Para cerrar el acto pasó al frente Sabrina, integrante de Hijos: “Esta plaza de lucha feminista despide a Norita la madre que enfrentó a los genocidas, obrera, piquetera, madre de las grandes luchas y de las pequeñas, las que el poder oculta y las de repercusión mediática. La madre que nos enalteció con su presencia, su  palabra, su pañuelo blanco, verde y multicolor. Continuamos el reclamo por la apertura de los archivos del 74 al 83.”