Una marcha contra la crueldad

Una marcha contra la crueldad

A 10 años de la primera movilización Niunmenos, las organizaciones feministas confluyeron en la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles para exigir aumento de haberes y la restitución de los medicamentos gratuitos y de la moratoria. También se acercaron al Congreso los científicos del Conitet, el personal del Garrahan y familiares y colectivos de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que aumenta del 7,2 por ciento las jubilaciones, lleva bono a 100.000 pesos mensuales y prorroga el acceso a la moratoria. Ahora lo tiene que ratificar el Senado. No obstante, el gobierno adelantó que lo vetará.

Junio es el mes de la marcha histórica del Ni Una Menos y, ante la situación de los jubilados, desde el colectivo convocaron a movilizarse el miércoles 4, en lugar del tradicional 3J, fecha en que se viene llevando adelante desde hace exactamente 10 años, a partir del femicidio de Chiara Páez en la ciudad de Rufino, Santa Fe.

A los miércoles de protestas de los jubilados que reclaman por un aumento de haberes y el retorno de los medicamentos gratuitos y la moratoria, en esta oportunidad también se sumaron científicos, trabajadores del Hospital Garrahan, diferentes sectores del área de discapacidad y algunos sindicatos.

La jornada arrancó antes del mediodía cuando comenzaron a llegar jubilados, personas con discapacidad, familiares, trabajadores, desempleados y asambleas barriales. La cantidad de personas que se acercaba a las inmediaciones del Congreso fue aumentando durante la jornada alcanzando el momento más masivo a la media tarde. En un contexto de niveles de represión y quita de derechos sistemática, el avance del gobierno no cesa, el apoyo a los jubilados tampoco.

La jubilación para el mes de junio subió sólo 8 mil pesos, es decir que quienes cobren la mínima –la mayoría de los adultos mayores- recibirá 304.000 pesos. Mientras tanto, la canasta básica de bienes y servicios de un jubilado asciende a 1.200.000 pesos mensuales.. 

La convocatoria buscó visibilizar las políticas de ajuste generalizado de la actual administración nacional. Alberto Shocrón, de 78 años, contó a ANCCOM: “Yo soy jubilado y estoy por la unidad de todas las luchas, que es fundamental porque sufrimos de lo mismo. Este es un gobierno criminal, pedimos que no nos maten ni a palos ni de hambre y lo están haciendo. Tenemos que estar nosotros porque no hay nadie que pueda hacer una rebelión. Cuando nosotros les decimos que son nazis, para nosotros es terrible pero para ellos es un elogio. Quieren que tengamos miedo, sino para qué van a mandar mil policías para custodiar ochenta mil personas en un Boca-River y para custodiar a cien jubilados mandan dos mil”.

Esta vez, la suma de colectivos y reivindicaciones hizo que fueran varios miles los que llenaron la plaza del Congreso. No alcanzó para que que los diputados realizaran la audiencia especial para declarar en emergencia al Gárrahan. Por eso, minutos después la Asociación de trabajadores del Estado lanzaba un comunicado anunciando un paro a partir de las 0:00 del jueves 5 de junio. 

Los trabajadores del CONICET también se hicieron presentes para denunciar la política de vaciamiento en ciencia y tecnología del gobierno, desarmando los equipos de investigación y rompiendo todo el sistema científico.

Lidia Cantón, jubilada, instó a “que vengan todos, con bastones, sillas de rueda. Cada miércoles tiene que estar así, la gente tiene que reconocer que votó mal, el presidente no tiene empatía”.

Por su parte, Lorenzo de 73 años aseguró que “este gobierno es intolerable, lo que están haciendo es terrible”. Además, el jubilado consideró que “si el pueblo se equivocó tiene que rectificar el error, el pueblo tiene que venir acá, tiene que despertar. “Yo quiero vivir, lo que nos pagan es una condena a muerte”, concluyó.

A la noche, con la plaza ya vacía, en la Cámara de Diputados terminaba la discusión sobre un posible aumento a los jubilados, una moratoria y muy modesta mejora en el bono. Finalmente, los legisladores aprobaron un aumento de un 7,2%, la actualización del bono a 140.000 pesos y la prórrogo de la moratoria jubilatoria por dos años. Desde el gobierno nacional ya advirtieron que vetarán la ley aprobada .

Discapacitados en emergencia

Discapacitados en emergencia

Esta madrugada, la Cámara de Diputados votó la media sanción de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad. Durante el día, una movilización estuvo expectante de lo que sucediera en el Congreso. Ahora viene el Senado. De todas formas, Milei anticipó su veto.

Cerca del mediodía del miércoles, familias e instituciones reclamaron frente al Congreso la sanció de la Ley.

La situación de emergencia en discapacidad es un hecho cada vez más difícil de tapar. El sector, que no es ajeno a los ajustes de la administración nacional, viene siendo uno los más golpeados y las acciones del gobierno van desde la baja de pensiones y el despido de trabajadores estatales con discapacidad hasta el desmantelamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Muchas organizaciones se congregaron desde temprano en las inmediaciones del Congreso Nacional a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia para el sector y los resultados. Dentro del recinto, hubo quórum, los diputados comenzaron con otros temas que incluían el incremento excepcional a jubilados y pensionados y al cierre de esta edición la Ley de Emergencia seguía en espera.

El proyecto fue redactado por Daniel Arroyo e incluye la voz de diferentes sectores. Uno de los fuertes de la norma es que cambia el concepto de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a Pensiones No Contributivas para Personas con Discapacidad y por Contexto Social. La carátula anterior marca que las personas no están preparadas para trabajar, que están fuera del sector productivo y está en sintonía con el sistema capacitista que viene denunciando las personas con discapacidad. Además, establece el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil para las personas que se emplean en los Talleres Protegidos, que actualmente reciben por su trabajo apenas 28 mil pesos por mes. 

Prestadores en discapacidad realizaron un paro y concentración el pasado jueves. 

En cuanto a las pensiones, el texto aprobado establece que seguirán siendo el 70 por ciento de una jubilación mínima, actualmente en 304 mil pesos.

Liliana, mamá de Ignacio que tiene el trastorno del espectro autista, contó: “Estamos desde temprano por el proyecto de emergencia en discapacidad, por nuestros hijos, sus terapias y los prestadores. No conseguimos acompañantes, terapistas ni psicólogos por la miseria que les pagan.” A su vez, denunció que “en la Ciudad de Buenos Aires están desmantelando la educación especial. Comenzó con Larreta cerrando escuelas bajo el falso paradigma de la inclusión plena, cuando hay pibes que no pueden estar incluidos”. Agregó que “le cerraron las escuelas a los jóvenes mayores con discapacidad, los expulsaron sin acreditación de saberes cuando estuvieron 10 años en la escuela. No hay ningún espacio de formación permanente para el adulto con discapacidad, les están sacando las prestaciones que necesitan, no les pagan a los centros terapeúticos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?”, concluyó la madre. 

Al ser consultada sobre la Ley, Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha, manifestó que “nosotres apoyamos la Ley pero es algo paliativo”. Además destacó que “la unión de las luchas de jubilados, transfeminismos, el sector de ciencia, el Garrahan, implica una lectura política global de coyuntura sobre lo que está sucediendo, vamos a levantar nuestras banderas al lado del resto”.

Desde el colectivo de discapacidad, la abogada Lorena Aguirre instó a seguir luchando: “Tenemos que unir fuerzas, poner nuestras corporalidades en las calles, hay que ocupar el territorio, alzar la voz y seguir dando batalla. La Ley es un punto de partida, podemos ir por más”.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Un sistema no capacitista

El jueves 29 de mayo se unieron en el Congreso diferentes áreas del sector de discapacidad. La Jornada Federal de Lucha reunió a más de cinco mil personas y se realizaron movilizaciones en todo el país en el marco del paro de 5 días de los prestadores de servicios. “Fue un paro histórico surgido desde las bases, que unió a todo el sector, es algo que sólo este gobierno logró”, resumió Alcaide.

Sin embargo, también denunció: “Cuando se une el sector prevalece la voz de otres. Les prestadores luchan por su sueldo, lo cual está perfecto, yo lucho por el sueldo de les trabajadores, las familias luchan por lo que implica cuidar a una persona con discapacidad, pero ninguno habla sobre la verdadera autonomía de las personas con discapacidad, sobre el derecho al trabajo y a la participación política”. Además agregó que “las personas con discapacidad no se sienten convocadas a luchar”, que están “vulnerabilizadas por un gobierno en el encierro y doblegadas a una condición de inferioridad”, sentenció la referente del colectivo disca.

 Alcaide concluyó: “En este sistema capacitista somos ciudadanos de segunda porque la gente que dice defender nuestros derechos también nos invisibiliza”.

 

Cuentas pendientes

Si bien los sectores implicados destacan que el proyecto de ley reconoce la emergencia del área de discapacidad, aún queda mucho por hacer. El acceso al trabajo y a la participación política son las dos grandes deudas que tiene el estado con las personas de este colectivo. Al respecto, Laura Alcaide afirmó: “Sin participación política de las personas con discapacidad no se pueden elaborar políticas públicas que sean acordes con la necesidades de las personas usuarias”.

La discapacidad no es sólo pensiones y terapias. Alcaide enfatizó: “Les discas exigimos mucho más que eso, y lo primero es la autonomía. Para eso necesitamos tener acceso al trabajo”. La integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó que “el 90 por ciento de discas está desempleado, si lo comparamos con el 40 por ciento de desocupación general, ¿cuál es la brecha?”. El 10 por ciento restante está bajo el empleo protegido y cobran 28 mil pesos por mes, otros están empleados en el Estado que no cumple el 4 por ciento del cupo que debería ser garantizado.

En el abordaje global también son las prestaciones las que garantizan la autonomía. “Tener un sistema de apoyo con profesionales que aborden nuestras corporalidades de manera interseccional e interdisciplinaria es lo que estamos necesitando para tener una vida digna. Que quede claro, no estamos exigiendo una Ley de Emergencia lo que exigimos es una vida digna”, sentenció Alcaide. 

Sin ley y sin prestadores

Sin ley y sin prestadores

Los prestadores de servicios a personas con discapacidad pararon durante cinco días. Una marcha de los trabajadores y los familiares exigió la aprobación de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad.

Los prestadores de servicios en discapacidad resolvieron marchar y llevar adelante un paro de cinco días desde el lunes pasado para visibilizar la situación que están atravesando. Denuncian el congelamiento del salario porque no actualizan el nomenclador, una baja en las prestaciones, el atraso en los pagos que va desde los 60 a 90 días, incluso hasta un año de deuda y la desregulación que implica que las obras sociales paguen lo que quieran.

Para visibilizar la emergencia del sector este jueves se realizó una jornada federal donde se movilizaron prestadores, personas con discapacidad y familias en todo el territorio nacional. El epicentro fue el Congreso nacional, a dónde llegaron más de cinco mil personas que luego marcharon al Ministerio de Salud, pasando por la sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el Ministerio, confluyeron con los trabajadores y usuarios de Hospitales Nacionales y de CABA. La jornada contó con una alta adhesión de personas con discapacidad, prestadores, centros y familias a nivel nacional.

Ailín Kupferberg es estudiante de psicología de la UBA, trabaja como acompañante terapéutica y como maestra de apoyo a la inclusión. Contó a ANCCOM que son dos trabajos que se cobran distinto porque el acompañamiento terapéutico no está nomenclado y el trabajo en colegio sí, aunque ambos son bajo monotributo: “Estar nomenclado significa cobrar a través de un tarifario que está congelado desde el año pasado. Los aumentos del 2024 fueron insignificantes, del 0,5% o 0,1%”. Actualmente, el nomenclador está en casi 310.000 pesos por trabajar de lunes a viernes un módulo, que son 4 horas. A su vez, Elizabeth Foschi, presidenta de C.A.S.A.I.E (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa) e integrante del centro Andalican, manifestó que “la situación es muy compleja, venimos cobrando un 73 por ciento abajo de la inflación que se viene acumulando”.

Kupferberg consideró que tienen “muchísimo trabajo invisibilizado”, en referencia a reuniones finalizado el horario laboral, preparación de materiales, adecuaciones curriculares, reuniones con familias e informes. Además “pretenden sacar el monotributo y que pasemos a ser responsables inscriptos, lo que implica pagar muchísimo más de impuesto”, enfatizó la profesional y sentenció: “Si trabajamos ocho horas diarias no llegamos a una canasta básica”.

Por su parte, Foschi contó que “los centros no pueden sostener los alquileres, impuestos, materiales y lo necesario para funcionar”. Además, destacó que nunca hicieron paro: “Es la primera vez en tantos años que hacemos un cese de actividades. El cuello de botella es tan fino que no damos más”.

Sin reunión

Los prestadores denuncian que es una mesa de directorio la que marca el nomenclador nacional donde se encuentran la Superintendencia de Salud, PAMI, ANDIS y representantes de los prestadores. Hace nueve meses que no se actualiza el nomenclador y como no van a dar aumento, no hay reunión.

Otra de las variables de la situación es que el acompañamiento terapéutico no está regulado, durante la gestión anterior la ley obtuvo media sanción pero ya perdió estado parlamentario por lo que cada centro y obra social paga lo que quiere, entonces cada acompañante va a trabajar a donde mejor pagan.

La figura del acompañante cobró relevancia y visibilidad a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental 26.657, promulgada en el año 2010. Ésta prohíbe la creación de nuevos manicomios y resalta el derecho de las personas que estuvieron encerradas muchos años en ellos a vivir en comunidad. Al respecto, Kupferberg remarcó que “la función del acompañante tiene que ver con restituir la ciudadanía”.

“No hay una contención en los tratamientos en ningún sentido –lamentó Kupferberg-. Quizás estás trabajando con alguna niñez para fortalecer el vínculo y si no te pagan tenés que dejar de trabajar”. La terapueta también habló sobre la importancia de ese vínculo: “No es fácil conseguir acompañante, para algunos es su único lazo social porque hay gente que no tiene familia ni comunidad”, destacó.

La Ley de Emergencia de Discapacidad avanzó un casillero

La Ley de Emergencia de Discapacidad avanzó un casillero

El proyecto de Ley de Emergencia de Discapacidad logró dictamen favorables en comisiones y ahora pasará al recinto para que lo voten los diputados. Una importante marcha de personas con discapacidad, sus familiares y los trabajadores que lo asisten marcharon al Congreso para exigir su aprobación. Si se sanciona la norma, ¿Milei la vetará?

 

 

Agrupaciones sociales, personas con discapacidad, sus familiares y trabajadores que los asisten, se concentraron frente a la puerta del Congreso para exigir por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo dictamen en comisiones se debatía en el Palacio Legislativo. De aprobarse finalmente la norma,  podría significar un hito para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y es por ello, que desde las 11 de la mañana del martes, la Avenida Rivadavia se colmó de personas, carteles y un fuerte deseo en conjunto: «¡Que sea ley!”

Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, quien es el autor del proyecto de Ley de Emergencia en discapacidad, subrayó la importancia de su aprobación: “La ley actualiza el nomenclador que está totalmente desfasado, las personas con discapacidad no están accediendo a los servicios básicos, ni a las pensiones y están siendo maltratadas por el gobierno. Lo que estamos buscando con esta ley es que se actualice el nomenclador, se resuelva el tema del maltrato y organice las pensiones como hoy no están organizadas. Si logramos que las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Salud lo dictaminen, nos quedará un cuarto paso: que sea ley cuando vayamos al recinto a votar”, indicó.

No obstante, las personas con discapacidad no son los únicos perjudicados con esta problemática, ya que quienes trabajan con el objetivo de ayudarlas reciben salarios demasiado bajos. Florencia Poletto es testigo de esta situación y así lo comunica: “Soy una de las directoras del equipo Khlpu. hacemos inclusión escolar, lo que implica que haya un profesional de apoyo que acompañe a un niño en el aula, para que lo ayude con lo conductual, social y comunicacional. Estamos acá para apoyar La ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que pone en emergencia al sector donde es necesario que revean y que se active el presupuesto para los talleres protegidos. Las prestaciones quedaron desfasadas con respecto a la inflación”.

“El último aumento -agrega- fue en diciembre, del 1%. Así, una profesional que va a una escuela está ganando 307.000 pesos y por eso es muy difícil conseguir que asistan profesionales todos los días. Cada vez está más difícil, la normativa exige que las especialistas vayan un mínimo de 2 veces por semana. Eso se traduce en que las familias deben poner un plus, pero lo que se pierde es la universalidad de la ley”.

De esta forma, se puede observar cómo todas las personas que participan directa o indirectamente en la discapacidad, están siendo afectados al no disponer de una ley que ponga de manifiesto estas situaciones. Además, el sector está viviendo uno de los peores momentos de su historia en la Argentina.

Gabriela Troiano, exdiputada nacional e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla sobre este asunto. “El sector atraviesa una etapa más difícil que en el gobierno de Macri, la situación es tan angustiante que se necesita un tipo de ley así. Necesitamos poder acceder a los tratamientos, a la educación, estamos hablando de prestaciones que tienen fijo su monto desde el año 2023, y de una auditoría de pensiones no contributivas, donde se giran las cartas de notificación a domicilios que no son los de las personas con discapacidad. Se cambian los domicilios donde se va a realizar la auditoría, se ponen profesionales que no son expertos en discapacidad y el tiempo que se les da para llevar sus estudios no existe”.

Por otro lado, agregó: “Piden estudios a personas que tienen patologías genéticas que no van a cambiar, le piden estudios actualizados. Se está involucionando en el sistema, te diría que a prácticas de la época de la dictadura militar”.

Incluso, la posibilidad de una vida digna se encuentra en juego para las personas con discapacidad. Claudia D´Ippolito, presidenta de la Asociación Angelito Déficit de L-Carnitina, relata lo que atraviesan las personas con discapacidad y los trabajadores. “El tema es muy grave, porque más allá de la situación económica que ha llevado al caos en el sector, nos encontramos con una asignación muy baja y una pensión paupérrima. Y mucho peor los honorarios que cobran los trabajadores en los talleres protegidos (establecimientos asistenciales que brindan tratamiento a través de un abordaje interdisciplinario que busca la integración social y autonomía personal del paciente) a quienes les están pagando 28.000, pero están sin cobrar desde enero.  Y hay obras sociales que no autorizan tratamientos, no se sabe cuándo lo autorizarán”, sostuvo.

Por otra parte, las auditorías representan un problema muy grande para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. D´Ippolito lo detalla: “Hay un desastre en las auditorías; están convocando a muchísimas personas en el mismo horario. Se habló con la directora de pensiones, nos ofrecimos para ayudar y organizar, pero realmente es todo un caos. Es el auditor el que debe ir a la persona, no la persona a la auditoría, donde han pasado días de 47 grados o días de lluvia, y no hay soluciones.”

Ella concluyó: “Se podría auditar por un lado y dar el aumento del nomenclador por otro, desde diciembre no tenemos aumento. La inflación continúa y todos tenemos que pagar monotributo o pagar autónomo, acá es una cuestión de pagar, pero nunca de cobrar, nunca de que estemos bien el sector de discapacidad. Las personas con discapacidad somos las mayores perjudicadas del sistema”.

Por lo pronto, después de varias horas del plenario de comisiones se logró emitir el dictamen positivo para dictar la emergencia en discapacidad. Ahora lo tendrá que tratar la Cámara baja, y, de aprobarse, pasaría al Senado.

Tres victorias de la oposición

Tres victorias de la oposición

La Cámara de Diputados aprobó, en una sesión especial, la comisión investigadora y las indagatorias a los funcionarios involucrados en el caso de la cripto estafa $LIBRA que promovió y difundió el presidente Javier Milei el pasado 14 de febrero. Además, aprobaron el emplazamiento de la emergencia por discapacidad y de la prórroga de la moratoria que pasarán a ser tratadas en comisiones.

Hay quórum

“En principio celebrar que se reunió el quórum necesario. Hoy a la mañana estuvo en duda la composición del quórum, producto de que había varias presiones por parte del gobierno para que naufrague la sesión en virtud de no querer generar las condiciones para que vengan a rendir cuentas y dar explicaciones” expresó la diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato, en comunicación con ANCCOM. Con 130 diputados en el recinto se dio comienzo a la sesión.

Entre las intervenciones, destacó el discurso del diputado de Unión por la Patria por Buenos Aires, Juan Marino, quien manifestó que el involucramiento de la secretaria de la presidencia Karina Milei, no sólo da cuenta de un hecho de corrupción sino de un “modus operandi sistemático” y concluyó diciendo: “Si la Justicia avanza como debe avanzar y determina las responsabilidades penales personales de los acusados podríamos estar hablando de una asociación ilícita”. Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad Vanina Biasi, denunció la complicidad entre el poder ejecutivo y judicial, reafirmando la necesidad de realizar la comisión investigadora: “Este es el Poder Judicial que tenemos, que va a terminar decidiendo quiénes pueden ser candidatos o no en este país. Es el Poder Judicial que no puede pedir un celular para abrirlo, como corresponde, a Karina Milei, a Novelli, a Milei o a usted señor Presidente, que también está implicado en la cripto estafa”.

Finalmente, con 128 votos afirmativos se aprobó la comisión investigadora y se terminó consensuando quiénes serán los funcionarios involucrados en el caso de la cripto estafa $LIBRA que deberán dar explicaciones frente al Congreso: el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el ministro de economía, Luis Caputo; el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la comisión nacional de valores Roberto Silva. Quedan fuera del llamado a indagatoria, el vocero presidencial Manuel Adorni, la secretaria de presidencia Karina Milei y el presidente Javier Milei, pese a su relación directa y comprobada con los creadores de la criptomoneda. La diputada Propato expresó al respecto: “Parece que hubo cierto acuerdo para salvarle el pellejo a quien es la debilidad del presidente que es su hermana” y continuó expresando que el gobierno “evidentemente generó las suficientes presiones para haber sido bajada hoy del listado, de la nómina de las personas que van a ser interpeladas en este congreso. Pero confío que más temprano que tarde va a tener que rendir cuentas frente a todos los argentinos”.

Emergencia en discapacidad

El diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, autor del proyecto de ley que decreta la emergencia en discapacidad, presentó el emplazamiento para establecer su tratamiento en comisiones. En diálogo con ANCCOM expresó las razones del proyecto: “Es desesperante la situación de las personas con discapacidad. Una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar cuatro horas cobra $28.000 por mes. Una persona que transporta personas con discapacidad, que tiene una combi para transportar, le pagaban $591 el litro de nafta cuando sale $1500. ¿Entonces qué hace? en vez de que vayan cinco días van dos días. Han desacomodado las pensiones. Han enviado 300.000 cartas documentos absurdamente. Ha mostrado el vocero presidencial una radiografía con un perrito diciendo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad y eso nunca sucedió, es mentira”. En coincidencia con lo expresado por el diputado, el coordinador Pablo Molero del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, amplía el panorama explicando que el gobierno busca reducir las pensiones por discapacidad a únicamente la “incapacidad laboral”: “La revisión con esta mirada puede llevar a que muchas personas pierdan su pensión. Esto está generando mucha incertidumbre en la gente porque no solamente es recibir un aporte de dinero sino también a través de Incluir Salud, que es el Programa Federal de Salud, perder el acceso a medicamentos, apoyos, cobertura de prestaciones”.

El diputado Arroyo confirmó que el objetivo del proyecto es “que se ajusten los valores de la atención y de la prestación de los servicios de discapacidad, a la realidad”.

El emplazamiento fue aprobado por 126 votos a favor y contó con el rechazo de los bloques del PRO y La Libertad Avanza.

Siempre con los jubilados

La sesión especial terminó con la votación por el emplazamiento de la moratoria jubilatoria que venció el 23 de marzo de este año y no fue renovada por el gobierno, dejando a 9 de cada diez mujeres y 7 de cada diez varones sin la posibilidad de acceder a una jubilación.

Al respecto, la diputada Vanina Biasi en diálogo con ANCCOM aclara: “No es que hoy se va a votar la prórroga de la moratoria jubilatoria, sino que se va a votar que la Comisión se reúna. Entonces este es un tema para que la gente tenga en cuenta, que este Congreso sigue teniendo una actuación lentísima con relación a una realidad que es absolutamente indignante”.

La diputada Biasi junto a sus pares del mismo bloque, participaron de las intervenciones con carteles en letras rojas que manifestaban: “Con los jubilados siempre” e invitaban marchar con los jubilados el miércoles 9 de Abril a las 12 hs, en conjunto con la CGT, CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y distintos movimientos sociales.

Con 125 votos a favor se aprobó el emplazamiento para tratar en comisiones la posibilidad de prolongar la moratoria durante dos años y el dictamen se realizará el 6 de mayo.