«Los diputados que visitaron a los represores ya perdieron todo tipo de honorabilidad»

«Los diputados que visitaron a los represores ya perdieron todo tipo de honorabilidad»

Legisladores reunidos en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento fracasaron una vez más en el intento de crear una comisión que investigue la visita de los legisladores de La Libertad Avanza a los represores condenados en la cárcel de Ezeiza.

Los legisladores que conforman la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento volvieron a suspender la conformación de una comisión especial para investigar a los diputados del bloque La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en el penal de Ezeiza.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato del PRO, fue presenciada por distintos representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, quien además fue la primera en tener el uso de la palabra: “Venimos a exigir que realmente este deplorable episodio que ocurrió con los diputados que fueron a visitar a los genocidas, o sea a sus amigos, que directamente se los expulse”, pidió Almeida ante la comisión.

Margarita Cruz de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, se sumó a la petición de Taty Almeida y denunció que no todos los represores fueron juzgados: “Se comprobó que hubo 800 centros clandestinos de detención y hay un promedio de dos represores por centro clandestino de detención, y no dan las cuentas porque para que funcione un centro clandestino de detención hay toda una articulación sistemática desde el que abre a la puerta hasta el que enchufa la picana”.

“Desde lo ético, desde lo moral, desde ahí es que nosotros cuestionamos que no tienen que seguir formando parte de esta Cámara, que el nombre completo es Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ellos ya perdieron todo tipo de honorabilidad”, declaró Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido, en diálogo con ANCCOM.

Mientras adentro del establecimiento los diputados debatían, a las afueras del Congreso, sobre Avenida Rivadavia, un grupo de jubilados, que se encontraban protestando en contra del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria que anunció el presidente Javier Milei, fue reprimido con gas pimienta y golpeados por la Policía Federal. Si bien algunos diputados decidieron retirarse de sus sillas para observar qué sucedía, la comisión continuó con normalidad.

Después un largo debate, los legisladores aprobaron la propuesta de Juan Brugge, de Encuentro Federal, quien solicitó convocar una nueva reunión de las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales para debatir si se conforma una comisión especial.

Sin embargo, antes de que esta petición sea aprobada, la diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, rechazó que el libertario Nicolás Mayoraz presida la comisión de Asuntos Constitucionales porque tuvo participación en los chats donde se organizó la visita a los represores. Finalmente, Mayoraz Aceptó que la diputada Maria Eugenia Vidal, del PRO, sea quien ocupe su lugar. Además, rechazó que exista “un plan de impunidad”, tal como lo acusó Moreau.

“Indudablemente hubo un retroceso, pero creemos que tienen que reflotar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la lucha de los distintos organismos, de los distintos actores y del pueblo. Lamentablemente siempre ha sido así; nosotros no hubiéramos llegado a tener la democracia que tenemos si no hubiéramos estado todo el tiempo levantando estas banderas y reclamando por un poco más de justicia. Si el pueblo no sale a la calle, no salea pelear como las Madres y las Abuelas, no podemos llegar a ningún lado”, finalizó Guillermo Pérez Roisinblit.

“Si nadie pudo reivindicar la visita a los genocidas es un logro de todas y todos los que marchamos cada 24 de marzo”

“Si nadie pudo reivindicar la visita a los genocidas es un logro de todas y todos los que marchamos cada 24 de marzo”

Familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, participaron de la audiencia pública convocada por diputados de Unión por la Patria y el FIT para repudiar la visita de seis legisladores oficialistas que visitaron a los genocidas presos. Alerta por posibles proyectos que impulsen su liberación.

Diputados y diputadas recibieron a organismos de derechos humanos en una Audiencia Pública en la sala de conferencias de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que se propuso tratar la visita de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza a genocidas presos por delitos de lesa humanidad.

El pasado 11 de julio los diputados y diputadas oficialistas Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo visitaron a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza.

Legisladores de Unión por La Patria, el FIT, organismos de derechos humanos, abogados, sobrevivientes, familiares de desaparecidos y representantes de distintos sectores de la cultura estuvieron presentes para repudiar no solo la visita, sino que también hicieron un llamado a estar despiertos y enfrentar posibles proyectos de leyes en beneficio a los genocidas.

La apertura estuvo a cargo del diputado Hugo Yasky: “La convocatoria es para que hagamos una evaluación de la situación de los derechos humanos en nuestro país, hoy. El día viernes se envió un proyecto que habla de la participación de las Fuerzas Armadas en un contexto de situaciones de terrorismo algo que, por supuesto, genera profunda preocupación y también rechazo. Se suma a un hecho que conocemos hace pocas horas y que nos conmociona: el asesinato de la madre de uno de los integrantes de H.I.J.O.S. que se produjo en Córdoba. Hay también otros hechos que tienen que ver con la disolución de organismos que tenían como tarea justamente colaborar en la aceleración de los juicios pendientes en la determinación de identidades de hijos y nietos”.

Por su parte, Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora resaltó: «El motivo por el que estamos acá reunidos, considero el más importante en estos momentos, es esa visita a l os genocidas de esos diputados en un auto del Congreso. Realmente es insólito, no podemos permitir que quede como un ‘yo no sabía, no tenía idea con quién iba a hablar’. Como esto es un delito político, políticamente hay que resolverlo y ¿de qué manera señoras diputadas y diputados? Está en manos de ustedes que realmente decidan políticamente que estos individuos no puedan seguir representando al pueblo así que ese es el pedido que considero que hacemos las Madres”, reclamó y alentó: “Hay que seguir resistiendo, no podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en derechos humanos hasta la fecha, hay que demostrar justamente con esta resistencia que no nos han vencido».

Pablo Llonto, abogado en causas por delitos de lesa humanidad señaló que: “Hay una grave inconducta en haber concurrido a abrazar y recibir de parte de los genocidas no sólo la complacencia sino también algún proyecto de ley para conseguir algún tipo de impunidad». Y sumó: “Contra la memoria, la verdad y la justicia atentando y golpeando nuestra Constitución porque no solo son genocidas, sino que son golpistas estos internos visitados”.

La legisladora porteña de UxP y nieta restituida Victoria Montenegro declaró: «Hay una intencionalidad de los diputados de Lla Libertad Avanza de repetir la historia. Es importantísimo que este Congreso se pronuncie, que trabaje, que ponga el ojo sobre lo que está sucediendo, que pueda entender que no son hechos aislados, que todo tiene que ver con todo. Hay un deseo de instalar la impunidad en Argentina y que nosotros tenemos que ser guardianes de aquello que los organismos y los 30.000 construyeron con su dolor, con su fortaleza, con la sangre de los compañeros y compañeras y con la capacidad aún en los momentos más oscuros de generar algo distinto”.

Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido e integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, agregó: “Se han corrido todos los límites que uno podría creer que eran irreversibles, todos los consensos que hemos logrado en estos más de 40 años ininterrumpidos de democracia es importante que se marque un límite, es necesario”. También señaló el prontuario de los genocidas visitados “Astiz está condenado a prisión perpetua, tiene comprobados 647 hechos de privación ilegal de la libertad, 651 imposición de tormentos, 31 homicidios y 15 sustracciones de menores de 10 años comprobados, no estamos hablando de acusaciones: hay condena».

Por su parte, Miryam Bregman arremetió contra las excusas de una de las diputadas señaladas: “Creyeron que los iban a festejar, que les iban a decir que bien que fueron a ver a Astiz y a los demás genocidas, lo único que vemos en los últimos días es como tienen que decir cosas ridículas como ‘yo no sabía quién era Astiz porque nací en el 93`, entonces no sé cómo hizo para rendir historia porque no creo que esa chica hubiese estado viva en esa época. Entonces son argumentos que se caen por el propio peso y creo que si nadie pudo salir a reivindicar la visita es un logro de todas y todos los que estamos acá, de los que marchamos cada 24 de marzo”.

“Yo quiero saber de qué hablaron ahí adentro. Son funcionarios públicos, nos tienen que explicar de qué hablaron. No son ex genocidas, no son ex represores, todos y cada uno de los que están ahí cada mañana se levanta y renuevan su pacto de impunidad, cada mañana se levanta y dicen ´no le voy a decir a los hijos, a los familiares, dónde están sus padres, dónde están los detenidos desaparecidos´”. La exdiputada recordó: “Astiz daba vueltas con el libro Volver a matar, y se burlaba. Acá hay varias que estábamos en esa audiencia dándonos el mensaje de que lo volvería a hacer ¿Qué exgenocidas? ¡Genocidas, represores! “Todos los despidos son repudiables pero los despidos en los sitios de memoria tienen por objetivo ir desmantelando esos lugares que son pruebas judiciales”.

Continuó Cecilia de Vicenti , hija de Azucena Villaflor una de las madres desaparecidas por Astiz : “Tenemos que que cuidarnos, pero profundamente cuidar la democracia y cuidar la democracia es expulsar a estos diputados y no quedarnos en algo tibio porque si no van a seguir repitiendo la historia, van a seguir yendo contra los derechos humanos”.

El diputado Leopoldo Moreau alertó: «Hay que articular una respuesta a lo que a esta altura constituye un plan sistemático, cuyo objetivo no es solamente reivindicar en términos culturales la dictadura militar y el accionar de los genocidas sino crear las condiciones políticas, legales y de sentido común que les permita poner en marcha un proceso que es amplio y muy abarcativo en materia de represión. Quieren revertir la situación de los que están detenidos”.

También estuvo presente Augusto De Bernardi, nieto de un represor e integrante del colectivo Historias Desobedientes: “Hoy simplemente me gustaría sumar un mensaje de esperanza, el Estado está -como lo dijo en campaña- atentando contra las políticas de derechos humanos y creo que es momento de que nuestra generación se haga cargo, salgamos a las calles como nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de mayo , ellas salieron con un pañuelo en la cabeza a la plaza y con el corazón en la mano y le hicieron frente al monstruo más grande de la historia Argentina”. Y concluyó: “Es nuestro momento de hacernos cargo de esa lucha y salir con ese amor a la calle a demostrar que si bien el odio es muy poderoso y muy destructivo el amor siempre puede un poco más y a volver a demostrar que por nuestros 30.000 compañeros desaparecidos el grito de memoria, verdad y justicia va a perdurar en la eternidad de la historia de Argentina”.

Para finalizar Yasky declaró: “A pesar de las distintas edades que tenemos hace muchos años que estamos luchando para que ese legado de memoria, verdad y justicia que nos hizo distintos a otros pueblos de América Latina perdure: condenar a los genocidas nos hizo distintos a otros pueblos. El poder dominante no perdona y todo lo que hoy estuvimos viendo acá tiene relación con ese intento de volver a gestar las condiciones para que esta Argentina otra vez sufra el disciplinamiento, a través de la violencia desde la institucionalidad. Se imagina a un pueblo con la cabeza gacha, arrepentido, resignado, dolorido y callado”.

“El miércoles tenemos una primera reunión donde vamos a tratar el tema con la comisión de derechos humanos. Creemos que tenemos, con el aporte de todos ustedes, incidir sobre los diputados y diputadas sobre aquellos que hoy no estuvieron presentes, es necesario que podamos llegar a ellos,  si es necesario lo vamos a hacer a través de las organizaciones también sindicales en todas las provincias, que los gobernadores, las fuerzas políticas sientan que hay un tema que está pendiente que no hay que dar la espalda y yo creo que es el compromiso que asumimos,  seguir trabajando juntos para que la democracia de nuestro país no se convierta en una democracia carente de contenido”, concluyó Yasky.

Presentaron un proyecto de ley contra los despidos

Presentaron un proyecto de ley contra los despidos

Lo elaboraron diputados de Unión por la Patria junto a integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina y la Asociación de Trabajadores del Estado. Buscan, además, disputar el sentido común de la sociedad y revertir el clima de derrota popular.

Este miércoles 22 de mayo, se presentó el proyecto de Ley Antidespidos en el auditorio de la Cámara Baja del Congreso de la Nación con el objetivo de declarar la emergencia pública en materia ocupacional y frenar la ola de despidos injustificados, tanto del sector público como privado, hasta diciembre de 2027.

El proyecto fue impulsado por el diputado Hugo Yansky de Unión por la Patria y acompañado por las firmas de las diputadas Vanesa Siley, Blanca Osuna, Gabriela Pedrali, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik, Julia Strada, Natalia Zaracho, y diputados Pablo Carro, Carlos Cisneros, Daniel Gollán, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Daniel Castagneto y Juan Pedrini. También acompañaron el proyecto de ley y su presentación en el Congreso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Durante la conferencia, Daniel Catalano Secretario General de ATE Capital, describió la situación que atraviesan los trabajadores del Estado: “Es muy difícil planificar tu vida cuando sentís que tenés los días contados. Es muy difícil encarar la resistencia cuando lo que se vive en cada área de laburo es la desolación, la angustia y la incertidumbre”.

Para Catalano, el proyecto antidespidos es central, porque les permitiría a los trabajadores la posibilidad de construir un clima distinto al de derrota que instaló Javier Milei: “Es un escenario donde intentan que nosotros naturalicemos que es solamente una cuestión de tiempo y terminemos entendiendo que debe suceder”.

En sintonía con el Secretario Sindical, el diputado nacional de Unión por la Patria José Pablo Carro, coincidió en que el proyecto de ley tiene como objetivo visibilizar la masividad de despidos y el aumento de desempleo, y establecer una posición no solamente contraria al modelo económico y político del Gobierno de Javier Milei sino también presentar un modelo propio y alternativo que incluye al movimiento de los trabajadores en su conjunto.

Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), más de 127 mil trabajadores del sector público y privado de todo el país fueron afectados por la reducción de la producción, suspensiones y despidos desde diciembre del año pasado, hasta el 21 de mayo.

En referencia a los despidos masivos, Carro explicó que esto produce el cierre de organismos en las provincias, generando una concentración de las instituciones en la Ciudad de Buenos Aires. Se fomenta, de esta manera, un modelo porteñocentrista, lo que afecta no solo a los trabajadores sino también a los usuarios de esos servicios: “No solo se pierden puestos de trabajo sino que además es regresivo en términos federales” y concluye diciendo: “Nos hablan de una Argentina del siglo XXI pero quieren volver al siglo XIX”.

Sobre el recibimiento que puede llegar a tener en el Congreso, Strada, en diálogo con ANCCOM expresó: “Creo que en el congreso nos vamos a encontrar con mucha resistencia. Estamos en una etapa en la que Milei plantea que está ‘genial’ despedir gente. Así que lo más importante tiene que ver con lograr cambiar el sentido común. Cambiar la lógica que está ocurriendo por estos días, reivindicar el rol de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, reivindicar al Estado también y a los trabajadores que fueron despedidos, precisamente, por una situación de crisis y parálisis de la actividad económica”.

Durante la conferencia de prensa se destacaron las movilizaciones masivas que permitieron la articulación de los distintos espacios en oposición a las políticas de ajuste del Gobierno libertario. Entre ellos, se mencionó el paro de mujeres y marcha del 8 de marzo, la movilización del Día Nacional de la Memoria por Verdad y Justicia, el 24 de Marzo y la culminación del movimiento estudiantil en la marcha de la que participó toda la comunidad educativa a nivel federal el 23 de abril. Se suman a las manifestaciones populares, las derrotas en el Congreso que se produjeron hasta de hoy como es el fracaso legislativo de la Ley Ómnibus, ahora en su versión reducida Ley Bases, la ausencia del Pacto de Mayo que simbolice la unidad con los gobernadores y la falta de apoyo para aprobar el DNU 70/2023.

Se remarcó que el avance del proyecto de ley es importante, pero no reemplaza la necesidad de organizarse dentro y fuera del Congreso, para rechazar la Ley Bases y el DNU 70/2023 cuyas medidas impactan directamente a las trabajadoras y los trabajadores en su conjunto, a través de la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la privatización de las empresas públicas y la suspensión de la moratoria previsional, entre otros.

Por último, se planteó que el proyecto de ley responde a la necesidad de construir otro imaginario social que permita pensar en una comunidad donde ningún trabajador sobra y donde la amenaza por despido no sea naturalizada. En este sentido, Daniel Catalano concluyó: “Nosotros estamos peleando. Estamos ganando las calles, los ministerios, las plazas, las veredas, pero centralmente lo que hay que ganar es la cabeza de nuestras compañeras y compañeros porque la sensación de derrota de lo que nos están imponiendo es brutal”.

Un repudio limitado

Un repudio limitado

La Cámara Baja votó una resolución que condena el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hubo que negociar la declaración para que la vote el PRO, cuyos diputados abandonaron el recinto para no participar del debate.

Este sábado Diputados votó en sesión especial el repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. El bloque PRO se retiró del recinto tras la insistencia de Cristian Ritondo en tomar la palabra antes que nadie y luego del show de Javier Milei que siguió sus pasos al grito de “casta”, tras polemizar con Cecilia Moreau por el uso del lenguaje inclusivo al dirigirse a ella como “presidente”. Terminadas las actuaciones para la televisión, los legisladores argumentaron los motivos por los cuales se debe defender la paz social y la democracia.

La sesión convocada por el titular del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, reunió a diputados oficialistas y opositores con el objetivo común de repudiar el atentado producido el pasado jueves por la noche, cuando André Sábag Montiel se abrió paso entre la multitud, apuntó un arma y gatilló dos veces a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin que, milagrosamente, se disparara la bala.

Hacia las 10:30, Martínez entregó a la prensa el orden del día que sería discutido por los integrantes del cuerpo: “La Cámara de Diputados resuelve expresar su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual señora vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, expresamos la solidaridad con la vicepresidenta y su familia. A la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables. Instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país.”

En ese momento, el diputado negó un posible cambio en la redacción del documento, ya que no tenía un direccionamiento político, como había acusado el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, unos minutos antes.

 

Conforme pasaba la mañana, los funcionarios que llegaron al recinto se tomaron unos minutos para dar sus testimonios. Entre ellos, Myriam Bergman y Nicolás Del Caño (PTS – FIT Unidad ), quienes calificaron al hecho como un “atentado fascista y de derecha” y declararon tener un texto alternativo propio al proyecto de Resolución. Por otro lado, figuras cómo Javier Milei, de La Libertad Avanza, entraron rápidamente sin dar declaraciones. También se hizo presente el ministro de Justicia, Martin Soria, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, la titular del INADI Victoria Donda, y organizaciones como El Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos, creado en febrero de 1976, de forma anticipatoria a la última dictadura militar. La más atroz de nuestra historia.

A las 12:50, el tenor Juan Carlos Vasallo entonó el Himno Nacional con moño protocolar y Cecilia Moreau dio inicio a su primera sesión cómo presidenta de la Cámara, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ejercer ese cargo, y muy cerca de su padre, Leopoldo Moreau, quien ocupa una banca también por esas curiosidades del destino político.  

Como primera orden se leyó la Resolución, la cual sufrió alteraciones en comparación al texto original, compartido unas horas antes. Los términos “violencia política” y “discursos de odio» fueron eliminados y reemplazados con la frase “exhortamos a la dirigencia toda y la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”. Seguidamente, el bloque Frente de Izquierda solicitó el permiso de abstención: “El texto leído no contiene todo nuestro pensamiento», declaró Del Caño.

 

Luego de la aprobación de la Resolución, el bloque del PRO abandonó sus sillas ubicadas a la derecha del recinto. Fuera de agenda, Ritondo justificó la salida: “No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito, [sino] es el Poder Judicial, el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar”.

A su vez, José Luis Espert (Avanza Libertad) tomó la palabra para repudiar la violencia pero también se apartó del tema en cuestión para reclamar que se discutan otros proyectos.»No entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un sábado para tratar un hecho de índole policial que debe ser dilucidado por la justicia”, insistió.

Una vez fuera del recinto y frente a la voluntad de posicionar al atentado como un acto violento aislado, Diego Santilli (PRO) afirmó a ANCCOM que «no podemos seguir teniendo discursos como el que tiene el oficialismo respecto a que lo que sucedió el jueves fue consecuencia de lo que dice una investigación judicial, los medios de comunicación o la oposición. Me parece que eso es todo lo contrario, en vez de ayudar agrava un discurso agrietado, polarizado, de bronca y odio”.

El diputado republicano aseguró que para mejorar el clima social de tensión y violencia, el gobierno debe focalizarse en los problemas del país tales como la pobreza y el desempleo, y culpó al presidente Alberto Fernández en no propiciar consensos, al afirmar que “me hubiera gustado que el presidente hubiera convocado a la oposición, pero no lo hizo”, en referencia a la reunión que Fernández mantuvo el día de ayer con otros dirigentes políticos.

La decisión de la segunda minoría no fue tomada de buena manera por parte de los legisladores. Romina Del Pla (Frente de Izquierda), también declaró a esta agencia que  “El PRO había condicionado desde el primer momento el debate pretendiendo no escuchar ningún comentario o conclusión y no sorprende porque su presidenta, Patricia Bullrich, no ha condenado el ataque, con lo cual de algún modo hay que llamar la atención de que no deja de ser una viabilización del ataque”.

Del Pla comparte la idea de que el atentado es resultado de una campaña de larga data replicada con un objetivo determinado. “Claramente es un hecho extraordinario, por eso la conmoción. Pero no es del todo sorpresivo, en un cuadro de campaña fascistizante, la cual genera un ataque a ciertos sectores que luchan como el movimiento piquetero o hacia sectores del gobierno”, afirmó.

Luego de los comentarios de los presidentes de los distintos bloques e interbloques, el discurso final estuvo a cargo del diputado Germán Martinez, quien rememoró los discursos de odio a lo largo de los años en Argentina y sus consecuencias, y recordó también que  “el amor siempre vence al odio”.

A las 14:30, la sesión especial llegó a su fin, con el pedido de Cecilia Moreau de que “Nunca Más tengamos que sesionar por este tipo de hechos”.

“Hipotecaron la salud de los bomberos”

“Hipotecaron la salud de los bomberos”

El proyecto de ley para que los bomberos voluntarios cuenten con la cobertura de una ART quedó trabado en la comisión de Presupuesto de Diputados y no llegó a ser tratado.

Tras un largo derrotero parlamentario, el proyecto de ley para que los bomberos voluntarios cuenten con la cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) –una garantía de asistencia en caso de accidentes- perdió finalmente estado parlamentario. Tras la aprobación unánime en la Cámara de Senadores, la iniciativa permaneció trabada en la comisión de Presupuesto de Diputados y no llegó a ser tratada en el recinto.

La senadora Magdalena Odarda (FpV), impulsora del proyecto, cuestionó la posición del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios (CNBV) -la federación nacional que nuclea a los más de 40 mil bomberos de todo el país- que, según la legisladora, evitó movilizar en apoyo a la iniciativa. Y aseguró que volverá a insistir con el debate de la iniciativa en 2019.

 El Consejo de Bomberos se limitó a fijar posición a través de un comunicado en el que aseguró que “ha trabajado denodadamente para llegar a una propuesta conjunta que beneficie a los bomberos voluntarios y sea factible de llevar a la práctica”.

 En la actualidad, ante un accidente, los bomberos cuentan únicamente con un seguro de vida y de siniestros  temporales. Es decir que el seguro toma conocimiento del hecho consumado, le da valor al daño, paga y se desvincula. La única prestación que da es dineraria y depende de cada cuartel.

 En la actualidad, ante un accidente, los bomberos cuentan únicamente con un seguro de vida y de siniestros  temporales.

En diálogo con ANCCOM, Víctor Yanssen -bombero voluntario de Quilmes y especialista en aseguradoras de riesgos del trabajo– advirtió que “el apoyo del CNBV fue bastante tibio porque está priorizando una buena relación con los organismos públicos para negociar el correcto financiamiento”. Y juzgó: “Hipotecaron la salud de los bomberos”.

 “Hoy tenemos autoridades que nunca se subieron a un autobomba, que no saben lo que significa salir a apagar un incendio a las 3 de la mañana, mojarte, pegarte una ducha y salir a laburar. No saben lo que es sonarse la nariz dos días después y sentir el moco lleno de hollín. Entonces, si no conocen el paño, las cosas que van negociar son superficiales”, argumentó.

El proyecto de ley consiste en incluir a los bomberos voluntarios de todo el país en el sistema de riesgos de trabajo a través de un “contrato”. Si bien la iniciativa no especifica la figura del empleador, Yanssen propuso que sea el Estado.

 El empleador declara los agentes de riesgo a los cuales está expuesto el bombero y, en función de esos datos, la ART hace recomendaciones, define medidas preventivas y un plan de capacitación. Si el cuartel no está en condiciones de actuar, la ART limita capacidad operativa y habilita a una respuesta integral.   

 “En verdad -dijo Yanssen- el sistema le molesta a los jefes de los cuarteles porque la ART pide un equipamiento por capas que privilegia los recursos humanos, la salud, la capacitación, los elementos y, después, los vehículos, el cuartel y los demás elementos. Hoy, muchos jefes administran los recursos a su propio criterio y no tienen en claro un orden de prioridades.

El proyecto de ley consiste en incluir a los bomberos voluntarios de todo el país en el sistema de riesgos de trabajo a través de un “contrato”.

 De acuerdo al sistema de riesgos del trabajo, la ART prevé exámenes de salud periódicosYanssen advirtió que el Consejo de Bomberos se limita a desarrollar el programa Bombero Sano que recomienda “comer una fruta al día”. “El bombero sano se logra con los elementos acordes a los agentes de riesgo a los que se expone”, declaró.

 “Hay quienes le hacen culto a la muerte -continuó el especialista- y dicen que el bombero es un ángel. Y el bombero no es un ángel. Mis respetos, pero el mejor bombero es el que vive y llega a jubilarse.

 Y completó: “La Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 dice que se pueden incluir a los bomberos y a las amas de casa dentro del sistema de riesgo, dependiendo del Poder Ejecutivo. Yo creo que el consejo y las federaciones provinciales le deben exigir al Ejecutivo que incluyan a los bomberos en el sistema de riesgo mediante un decreto”.

 Desde su aprobación en el Senado, el proyecto quedó trabado en la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, a cargo del diputado santafesino Luciano Laspina (Cambiemos): ni siquiera fue incluido en la agenda para ser debatido en ese cuerpo parlamentario.  

«El mejor bombero es el que vive y llega a jubilarse» expresó Víctor Yanssen, bombero voluntario de Quilmes.

 El proyecto de ley de una ART para bomberos voluntarios surgió a partir de una iniciativa de Damián Lucero, bombero de Bariloche que quedó cuadripléjico luego de sofocar un incendio en un supermercado de esa ciudad. Poco después se comprobó que las máscaras que había usado tenían filtraciones y eran obsoletas. La indumentaria, según fuentes de los Bomberos de Bariloche consultadas por esta agencia, formaba parte de una donación de productos desechados provenientes de Australia.  

 Sin cobertura por riesgos de trabajo, Lucero pudo ser trasladado a Buenos Aires gracias a una colecta para pagar un avión sanitario. Recién después de dos años del accidente pudo recibir una pensión por invalidez.

 Este tipo de legislaciones ya se implementa en algunos países de América Latina. En Chile existe la Ley de Protección de Bomberos Accidentados en actos de servicios (D.L 1757), del año 1977. En nuestro país, sólo tres provincias amparan a los bomberos voluntarios en caso de accidentes: en Mendoza, Chaco y Río Negro. En Chaco, la norma 7164 encomienda al Estado transferir “fondos necesarios para la contratación de un seguro de riesgo de trabajo y de asistencia médica”.