La deuda e(x)terna | Estuve ahí

La deuda e(x)terna | Estuve ahí

La economista e investigadora Noemí Brenta recorre los ciclos de endeudamiento de la Argentina. Desde la estatización de los créditos de las empresas privadas realizada durante la dictadura hasta el endeudamiento más grande de la historia con el FMI, tomado por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tuvo que ver el Fondo Monetario Internacional con su especialización?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
El FMI también es responsable del cambio climático

El FMI también es responsable del cambio climático

Un informe realizado por el CONICET junto con la ONG ACIJ establece un vínculo directo entre las deudas públicas y los daños ambientales.

Nafta al fuego. Deuda y cambio climático en Argentina, es un informe realizado por investigadores del CONICET en coordinación con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que denuncia una relación directa entre la deuda pública y el cambio climático.

El 23 de febrero de 2023, el Valle de Punilla se llenó de jóvenes de todo el país que durante dos días se congregaron a escuchar un amplio repertorio de bandas entre medio de las sierras y el paisaje cordobés. Hoy, ocho meses más tarde, mientras una nueva tanda de jóvenes se prepara para viajar a otra edición del Cosquín rock, el valle volvió a prenderse fuego.

Ya suman casi 7.645 las hectáreas quemadas únicamente en esta provincia en lo que va del año, y aun no asomaron los días más calientes. Resuena otra vez la duda de que irá a pasar este nuevo verano con las que, dicen, serán las temperaturas más altas jamás vividas.

Francisco Cantamutto, licenciado en Economía y Juan Pablo Bohoslavsky, doctor en Derecho, realizaron un informe que propone una relación entre el cambio climático y la deuda externa, o la falta de política ambiental en pos de otras cosas “más urgentes”. La línea es directa: “El 93% de los países con crisis climática están en crisis de deuda o con altas posibilidades de entrar en ella”, declara Cantamutto en la presentación del informe junto a ACIJ. “El cambio climático genera necesidades de inversión muy concretas que en términos de adaptación y mitigación no siempre los Estados tienen la posibilidad de fondear”, dice.

como es el caso del Medio Ambiente que, en el presupuesto nacional, tiene asignado un escaso 0,4% del PBI frente al 3% que se lleva únicamente el pago al FMI. Sobre esto,  Cantamutto comenta: “El FMI cumple un rol catalítico en términos de la gestión de la deuda, porque opera expresando con total apertura las exigencias del resto de los acreedores, y a través de sus recomendaciones y su auditoría funciona como señalizador para el resto de los inversores tanto oficiales como privados”. Pero esta no es la única consecuencia del acuerdo: “El principal camino que ha adoptado el Fondo Monetario Internacional ha tenido que ver con el rol de facilitador y forzar a los Estados a que se sumen a este rumbo de inversión privada”, remarca.

Esta no es una problemática exclusiva de Argentina. En el informe se demuestra que son los países pertenecientes a la mal llamada “periferia global” los que tienen más problemas, no solo para financiar políticas ecologistas, sino que también son los que comprometen un mayor porcentaje de su PBI al pago de deuda. Esta es una problemática que se evaluó en 1994 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde las principales potencias firmaron un acuerdo en el que se comprometían a colaborar económicamente con el cuidado ambiental de países del tercer mundo.

En la COP15 de Copenhague, en 2009, se acordó una meta colectiva de financiamiento climático de unos 100.000 millones de dólares por año desde 2020. En la actualidad se calcula que se han entregado menos de un cuarto de los fondos comprometidos, y que casi tres cuartos del financiamiento han llegado en forma de crédito, aportando al incremento de los niveles de deuda con los que ya cuentan la mayoría de los países tercermundistas.

La deuda no es cosa de pobres únicamente, pero sí representa un porcentaje del PBI que resulta vital a países con mayores dificultades económicas, donde sería mejor invertido en mejorar la calidad de vida de su población, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y una correcta industrialización que genere trabajo sin rifar el futuro de su población.

“No es solamente al momento del pago que la deuda genera un impacto en términos de las posibilidades de los estados de actuar frente al cambio climático, sino que además lo hace al exigir o proponer, por parte de los acreedores, reformas estructurales. Y modular de esta manera, a través de las políticas económicas, la forma que adopta el crecimiento”, plantea Francisco. Esto no es algo azaroso, ya que “en la en la mayor parte de los casos se trata de los países de la periferia o del sur global que, como los quieran enmarcar, tienden a especializarse en modelos productivos que exportan bienes que suelen tener tendencias hacia el extractivismo y no están asociados a un proceso de cambio estructural basado en una transición socio energética justa”, finaliza Cantamutto.

Los autores finalizan el informe con una serie de recomendaciones a tener en cuenta para mitigar en alguna escala lo irreversible del desastre climático; entre sus propuestas se encuentra exigir a los países de altos ingresos que cumplan con el compromiso económico de ayudar a otros de menores ingresos y que esta ayuda sea efectiva y no por medio de una nueva deuda; incorporar al análisis de sostenibilidad de la deuda, particularmente la del FMI, la dimensión de daño y riesgo ambiental; y avanzar hacia una reforma tributaria progresiva que mejore la capacidad recaudatoria, de cara a reducir la dependencia frente a la deuda.

Pueden leer todas las propuestas en el informe “Nafta al fuego. Deuda y cambio climático en Argentina” que encontrarán en la página de ACIJ.

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

Movimiento Avaaz presentó la propuesta en el FMI. El proyecto ya fue reiterado en al menos dos ocasiones por el Estado argentino frente al G20 ¿Qué posibilidades hay de que se concrete?

Incendios en la provincia de Corrientes en el verano de 2022. 

“Sin justicia financiera global, no habrá justicia ambiental global ni, mucho menos, justicia social para todo el planeta” concluía su discurso Alberto Fernandez ante el G20 en Roma, hace dos años, cuando planteó la idea de impulsar los canjes de deuda externa por deuda ambiental. ¿Qué pasó desde entonces?

La idea de los canjes de deuda financiera por deuda ecológica no son ninguna novedad. Surgieron en la década de 1980 a partir del deterioro ambiental que fue en aumento junto con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en una Latinoamérica todavía “verde”, pero cada vez más atravesada por el extractivismo. La iniciativa de canje, sin embargo, nunca tomó vuelo por lo que en los últimos años se planteó una reformulación. Actualmente,, las fuertes olas de calor y el frío extremo, junto con las frágiles economías que dejó la pandemia, abren una oportunidad para volver a traer el tema sobre la mesa.

 

Un sur global acreedor

Movimiento Avaaz, una organización ambiental global, presentó una nueva propuesta ante el FMI en abril. En conversación con ANCCOM, Emilio Steparo quien forma parte del equipo de biodiversidad de Avaaz explica que los actores del proyecto son los países del norte y el sur global: “Blanqueamos que el sur global es acreedor en materia ambiental, es decir, que hay todavía un mantenimiento de los ecosistemas, una serie de procesos ecológicos que se han perdido en el norte global por el sobredesarrollo”.

Al industrializarse por encima de sus capacidades ambientales, explica Steparo, los países ya consolidados como potencia se denominan deudores ecológicos. Estos mantienen una responsabilidad histórica con el planeta y en este caso, con los países latinoamericanos a los que se pide que cuiden el ambiente aún a expensas de su propio desarrollo. “El recupero de este instrumento tiene que ver con esto. Hay una deuda ecológica y hay países como la Argentina, que son acreedores ambientales y deudores financieros. El planteo es canjear deuda financiera por acciones ambientales reconociendo esta situación”, sintetiza Steparo.

Argentina es un país que genera menos contaminación de la que tiene capacidad de absorber en su territorio por lo que brinda un servicio al mundo: eso lo constituye en un acreedor ambiental. Además, conserva un gran porcentaje de su biodiversidad. 

El proyecto tiene dos aristas principales: la creación de un observatorio de deuda pública y un bono sustentable. Movimiento Avaaz cree que “si queremos avanzar en nuevos instrumentos que estén basados en el bienestar social y que tengan un impacto ambiental positivo, tienen que partir de esta condición que es la participación y la transparencia para que se lleven adelante”. Avaaz propone la creación de un Observatorio de deuda que tenga sede en la Argentina y que cuente con información abierta a la ciudadanía. Sobre el funcionamiento del observatorio, se requiere la voluntad política del gobierno y también de las organizaciones multilaterales de crédito: “Creemos que es viable y que traería un gran impacto en las economías reales de los países endeudados, siempre y cuando se lleven adelante de cara a la sociedad”, sostienen en Avaaz.

Las industrias extractivas sostienen que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar. 

Principales factores

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en cambio climático y consultor de política climática, es necesario tener en consideración otros factores importantes: “Tiene que venir acompañado de muchísimos criterios, acuerdos y de una estructuración dentro del sistema financiero para que se pueda acceder a este plan de canje de deuda por ambiente”.

Los cambios implican criterios a definir. Maurtua explica que la lógica que manejan los organismos como el FMI y el mercado resultan contraproducentes para el cambio climático, pero, aclara: “No es solamente esto. Hay una concepción muy vieja que ya no va más de que, por ejemplo, el petróleo te va a hacer rico. Y la realidad es que la industria petrolera en Argentina tiene más de 100 años y sigue siendo la principal apuesta de los últimos gobiernos en el país mientras los niveles de pobreza son más altos que nunca”.

Las industrias extractivas instauraron a lo largo de los años la lógica de que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar: “Lo que no se evalúa son todos los procesos ecológicos destructivos que provocan la pérdida de todo un ecosistema y la capacidad de estos de sostener un beneficio a largo plazo”, coinciden desde Avaaz. “Además –sostienen-, el valor de la naturaleza es inconmensurable”.

Para Maurtua Konstantinidis la difícil coyuntura que atraviesa el país económicamente no permite pensar en resultados que se van a poder ver dentro de 30 años: “Las estrategias que ellos piensan son dos: sacar todo mientras se pueda y, si se puede, retrasar el agotamiento de los recursos naturales”. También la desinformación juega un rol muy importante en la discusión: “El desafío más grande es poder comunicar la mayor cantidad de información posible científicamente comprobada”.

Movimiento Avaaz agrega que la causa depende mucho del empuje social y el impacto que tenga en toda la sociedad: “Con los países de economía más grande, como el nuestro, creo que se va a avanzar solo en la medida en que haya más organizaciones y sociedad civil planteándole al gobierno que este es un camino que hay que transitar pero también marcando fuerte un límite a los proyectos extractivistas”.

Desde el Estado

El Estado argentino viene planteando el tema en distintas instancias. Durante la última reunión del G20 en India, casi dos años después que el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, presentó varios de los puntos de la propuesta del gobierno que coinciden con lo pedido por Avaaz al FMI.

ANCCOM habló con Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, quien coincide con la idea de cambiar deuda por mejora ambiental: “Indudablemente si bien somos, en muchos aspectos, deudores económicos, somos básicamente acreedores ambientales porque no tenemos la posibilidad de crecer del mismo modo en que hicieron los países desarrollados. Y hoy estamos viendo las consecuencias del deterioro ambiental producto de aquel modelo de desarrollo”. También destacó la importancia de pensar instrumentos que funcionen en base a una lógica de justicia histórica en materia ambiental que no parece ser reconocida.

Al consultarle sobre su posible implementación. Federovisky aclara que “por el momento es un planteo con diversos niveles de detalle, pero un planteo al fin, de un grupo importante de países en desarrollo. Todavía no hemos logrado que se traduzca en una mesa de negociación concreta. Los países desarrollados en todas las instancias posibles eluden la posibilidad de trasladar este discurso a un instrumento económico financiero concreto que permita restaurar el daño ambiental producido”.

Movimiento Avaaz también sostiene que hacen falta más propuestas concretas por parte del Estado, pero coincide en la falta de apertura por parte de los acreedores que no facilitan la discusión, a pesar de que los avances que están realizando muchos de los ministros en foros internacionales les resultan muy positivos.

El viceministro de Ambiente sostiene que Argentina ha planteado su posición en todos los foros posibles: “La Argentina es partidaria de que no solamente haya una ayuda económica, sino fundamentalmente un reconocimiento, que luego se traslade a instrumentos financieros concretos de la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo en materia ambiental”.

La idea requiere un reconocimiento simultáneo de desigualdades complementarias y, sobre todo, de la comprensión de que el planeta es uno solo y es para todos. Nada menos.

Más presupuesto para el pago de deuda, menos para las áreas sociales

Más presupuesto para el pago de deuda, menos para las áreas sociales

A diferencia del año pasado, el gobierno obtuvo la aprobación del Presupuesto nacional en el Parlamento. Disminuyen las partidas en áreas sensibles.

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2023 con 37 votos positivos y ninguno negativo. El proyecto contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento económico del 2%, una inflación proyectada del 60% y la reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.  ¿Pero qué análisis puede hacerse de la norma?

Luego de haber conseguido los votos necesarios en Diputados, el oficialismo logró la sanción definitiva por unanimidad en una sesión que no contó con la presencia de la oposición. Los legisladores de Juntos por el Cambio habían anticipado su decisión de no participar debido a la incorporación en el temario del decreto que establece nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura.  

De esta manera, el Gobierno vuelve a tener Presupuesto luego de que en el año 2021 la oposición  votara en contra del proyecto y dejara al Poder Ejecutivo sin repartición de partidas por segunda vez en la historia.

En diálogo con ANCCOM, el economista Martin Hourest destaca el acuerdo político que implicó la votación en la Cámara Baja y señala: “Lo que se discute no es una cuestión de política fiscal sino de equilibrio de la balanza de pagos. Todo aquello que no entorpezca su financiamiento será materia de acuerdo”. Agrega, al mismo tiempo, que la votación del proyecto juntó a una parte sustantiva del arco político que va en tándem con las votaciones de los acuerdos con el FMI.

En ese sentido, agrega que el proyecto no debe ser leído como una guía a partir de la cual se puedan prever los efectos de la política económica y que, para dar cuenta de ello, habría que mirar los acuerdos con el FMI.  Sin embargo, advierte que no lo menciona de forma peyorativa y afirma: “Esos acuerdos habilitan el acceso a financiamiento internacional y, en un país que no tiene acceso a los mercados de crédito, el ingreso de dólares es el que determina el nivel de actividad y de empleo”.

Por su parte, Julieta Izcurdia, Coordinadora del Programa Justicia Fiscal en ACIJ, menciona que desde la organización no observan una mayor inversión en comparación con otros años en áreas tales como derecho a la vivienda, a la educación, políticas de género o de ambiente. Sin embargo, advierte lo siguiente: “Existe un aumento en la participación en el total del Presupuesto de los fondos destinados a pagar la deuda pública y, al mismo tiempo, bajan considerablemente las partidas dirigidas a seguridad social”. Destaca, al mismo tiempo, lo problemático que resulta esta orientación de las partidas en un contexto en el cual no mejoran los índices socioeconómicos. 

Otro de los focos de discusión en los cuales hace foco Izcurdia reside en políticas de Ambiente. Al respecto, dice: “La asignación de recursos para el Ministerio de Ambiente en el 2023 será menor de lo que se destinará a sostener el régimen de promoción de la minería. Un régimen que no se revisó desde un enfoque socioambiental y sobre el cual no contamos con información clara para saber si es necesario seguir incrementando sus fondos».

Por último, subraya la importancia de cara al año entrante de revisar la política fiscal de nuestro país. “Uno de los problemas que tenemos es que nuestro sistema impositivo está sostenido por el IVA y el Impuesto a las Ganancias, debemos avanzar en aquellos impuestos progresivos que no tienen demasiada participación y nos permitan robustecer el sistema con el objetivo de darle prioridad al gasto social, que es la única forma de revertir la situación de desigualdad que afecta a la mitad de nuestra población”.