ATE contra el ajuste

ATE contra el ajuste

Este jueves 27 militantes de ATE Capital se reunieron en el Obelisco y marcharon hacia el Ministerio de Desregulación en protesta por los contratos que están por vencerse, reclamando aumento salarial y repudiando la represión estatal.

El jueves 27 de febrero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) marchó por el centro de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la situación de los despidos y el ajuste salarial. Este viernes se vencen cerca de 3.000 contratos y se espera que, para fines de marzo, la cifra supere los 50.000. El otro foco de la protesta fue en contra de la represión y el desguace del Estado.

Cerca de las 13 horas, el Obelisco se tiñó de verde y los colores de las remeras, banderas y pecheras de ATE que poblaron varias cuadras. Una vez puesto a disposición el escenario al que subieron varios dirigentes de ATE, desde el primer minuto la consigna fue reclamar pacíficamente. En el panel principal estuvieron presentes el diputado Hugo Yasky, el Secretario General, Daniel Catalano; Ingrid Manfred, delegada general en el exministerio de Desarrollo Social; Adolfo Dardik de la SENNAF;  Jorge Godoy , Secretario de educación especial de UTE-CTERA Más tarde se dirigieron al Ministerio de Desregulación.

El pasado 20 de febrero, las fuerzas de seguridad reprimieron a representantes y trabajadores que se manifestaban frente al Ministerio de Capital Humano. El clima, pese al panorama gris por la situación actual de los trabajadores estatales, los despidos, se terminó por teñir de esperanza por una mejora, aplausos, lágrimas y gritos para resistir y no darse por vencidos, el espíritu de lucha permanece intacto.

Tras ser consultado sobre la situación actual de los trabajadores estatales, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano aseguró: “Los municipales son los más afectados porque están con los salarios más bajos históricamente. El Estado nacional está perdiendo un 40% de masa salarial y 37.000 puestos de trabajo, es una agonía, una situación muy compleja, por eso tantas movilizaciones para garantizar que nuestros compañeros puedan volver a trabajar”.

“El gobierno sigue avanzando en reprimirnos cuando queremos protestar, en despedirnos cuando levantamos la cabeza, en bajarnos los salarios cuando estamos protestando. Vamos a ser parte de la gran pueblada, hay que organizarse y avanzar, resistir”, añadió Catalano sobre la importancia de salir a las calles, en no dejarse amedrentar por las políticas represivas y en luchar a favor de los derechos constitucionales de trabajo, vivienda, educación, que para él, están siendo vulnerados sistemáticamente. “Ellos están delineando un país en donde el Estado no tiene ninguna función más que poder garantizarles seguir siendo ricos. Hay que cambiar ese paradigma”, concluyó.

“La situación es muy mala, están despidiendo a muchos compañeros y no es justo, porque esa gente es necesaria para esos puestos. El gobierno se equivoca, no es el momento para estos cambios, pero bueno, es lo que votó la mayoría”, comentó Juan Francisco Vaz de Borja, empleado municipal ATE General Rodríguez.

Norberto Señor, secretario adjunto de ATE GBA Sur, señaló: “Se está sufriendo una política para derrotar a la clase trabajadora, destruir sus organizaciones, poner el salario en lo más bajo y en despojarnos hasta del derecho a protestar, atacando los derechos más básicos como vivienda, salud, educación”.

Una opinión popular también fue la sorpresa de que la Confederación General del Trabajo (CGT) no haya  tomado medidas más severas contra el gobierno. “Esperábamos más apoyo por parte de ellos”, aseguró Vaz de Borja: “La próxima movilización debería ser en la sede de la CGT”. Los reclamos se extendieron hasta la oposición, acusándolos de cierta pasividad ante la situación y hasta de ser cómplices.

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Organizaciones gremiales, trabajadores y ciudadanos de a pie se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo en defensa del sistema público de salud. Denunciaron al gobierno nacional por el vaciamiento, la falta de medicamentos y de  insumos en hospitales y los despidos en el sector.

Si algún distraído que pase caminando por la avenida 9 de Julio ve el despliegue de fuerzas de seguridad montado frente al Ministerio de Salud, tranquilamente podría imaginar que esas decenas de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y de Gendarmería, que se forman expectantes sobre la vereda, casi relamiéndose, se están preparando para enfrentar a una organización criminal de las más peligrosas del país. Sin embargo, el objetivo a confrontar son los profesionales de salud que desde las 15 se congregaron con sus ambos y guardapolvos, carteles, redoblantes y banderas para reclamar en contra del “desmantelamiento de la salud pública” que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei, para luego marchar hacia Casa Rosada. Los mismos que hace apenas algunos años eran vitoreados por su inmensa labor en la lucha contra el Covid-19, hoy son arreados por la policía y abandonados por el Poder Ejecutivo.

Mientras encabeza la columna de manifestantes que marchan por la avenida Belgrano hacia Plaza de Mayo, Maria Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advierte sobre el carácter crítico que atraviesa la salud pública:Está en riesgo en todo el país, está siendo desmantelada. Las garantías que tiene que dar el Estado Nacional están siendo retiradas y toda la ciudadanía está en riesgo porque las enfermedades no conocen de fronteras, traspasan muros. Las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional atentan contra la vida de los ciudadanos argentinos”, advierte.

Boriotti ahonda en las características del desmantelamiento: “No solo afecta a los trabajadores con los más de 1.400 despidos que se están haciendo efectivos desde el año pasado, sino que se profundiza con la falta de entrega de medicamentos de alto costo, la eliminación de programas como el de prevención de embarazo adolescente, como el de cuidados paliativos, la reducción de más del 76% del presupuesto para VIH, tuberculosis, hepatitis virales. Y eso se traduce en que los pacientes no tengan acceso a lo que necesitan para poder seguir viviendo”.

«El problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional», dice Mariani.

La movilización, que estuvo impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer, contó con más de 135 organizaciones de la salud en todo el país, unificando distintos reclamos y solidarizándose con colegas y pacientes de todas las disciplinas de la salud: “Nosotros somos una organización que pelea desde hace mucho tiempo por el reconocimiento profesional y nos unimos con sindicatos, organizaciones de pacientes y distintos sectores de la salud, para enfrentar esta política criminal que está ejerciendo el Gobierno nacional, principalmente, con el cierre de algunos hospitales, la amenaza de retirarnos de la OMS, el despido de miles de trabajadores de salud, el fin de los programas que vienen sosteniendo la salud de los pacientes con VIH, con sífilis, con tuberculosis, además de negarle la medicación a los pacientes oncológicos”, expresó Andrea Ramirez, integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería . Además, destacó la situación que atraviesan los empleados de enfermería que logran conservar su puesto de trabajo: “Hoy los enfermeros tenemos que sobrevivir con salarios de miseria que se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza”. Mientras que en diciembre de 2024, una familia de cuatro integrantes necesitaba $1.024.435 para no ser pobre (INDEC), los salarios en el área de enfermería rondan entre los $800.000 y $900.000 mensuales.

Dentro de los distintos colectivos que conformaron la manifestación, el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis se destacó por su alegría y ocurrencia a la hora de marchar, revoleando pastillas de cotillon, bailando al ritmo de la música y con carteles que rezaban “Milei=SIDA” y “Con VIH vivo, con Milei muero”. Uno de sus referentes, Claudio Mariani, quien también pertenece a la agrupación Igualar, explica la razón de las frases: “Ahora mismo estamos trabajando con el presupuesto del 2023, lo que significa que actualmente hay un recorte en temas de VIH de aproximadamente un 80%. Esto se traduce en que 170 mil personas se van a quedar sin medicación, por lo que muchos y muchas compañeros y compañeras corren peligro de muerte. Hablamos de 50 mil personas sin medicamento para este 2025”. Sin embargo, esta no es la única consecuencia del desfinanciamiento de los programas para combatir las enfermedades de transmisión sexual. Para Mariani “el problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional. Por eso esta marcha es federal por la salud y por la vida”.

En la previa de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había apuntado en su cuenta de X contra las organizaciones gremiales acusándolos de “mentirosos” y que la movilización se debe a que “impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política”, además de sostener que las acusaciones por la suspensión de entrega de medicamentos a los hospitales públicos y la desfinanciación de áreas y organismos son falsas. Ante estos dichos, María Fernanda Boriotti enfrentó a Lugones: “Si se deja de entregar morfina a las provincias, se está dejando de entregar medicación a los pacientes; si se deja de entregar en tiempo y forma medicación a los pacientes oncológicos y hematológicos, estamos hablando de la vida de estos pacientes. El año pasado ya tuvimos más de 60 fallecidos por el progreso de la enfermedad o recaída por falta de medicación. Así que Lugones miente descaradamente y es uno de los artífices de estas políticas genocidas”.

 

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

Una asamblea de trabajadores del estado se convocó de manera urgente este jueves en el predio de la Ex-ESMA ante el anuncio del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. ATE denunció la militarización del predio y despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos. También hubo cesantías en Parques Nacionales. Mirá las fotos de ANCCOM.

Un abrazo de amor y otro de protesta en la Ex-ESMA

Un abrazo de amor y otro de protesta en la Ex-ESMA

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la aparición del nieto 138 en la Casa de la identidad. A continuación miles de personas se manifestaron en contra del Gobierno por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y del despido de su personal.

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La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y organizaciones de derechos humanos convocaron a un abrazo en la exEsma contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y sus políticas públicas. Horas antes del encuentro, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo le daba la bienvenida al nieto N° 138 en el mismo predio. La jornada de las dos caras que conforman al país.

El gigantesco predio de la exEsma de repente parecía chico para la cantidad de personas que se acercaron el viernes por la tarde. Banderas, murgas, familias y pañuelos blancos se encontraban allí por el abrazo convocado contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei y su tajante política de achique estatal. Pero un anuncio inesperado alegró el tinte del encuentro.

—¿Es nieto o nieta? —pregunta una voz curiosa. 

—Es nieto. Se iba a llamar Manuel, como yo.

Quien habla es Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido número 57, sobre las novedades de su nuevo compañero anunciado por Abuelas de Plaza de Mayo tan solo tres horas antes del abrazo convocado. La aparición del 138 agregó una épica inesperada a la jornada: mientras la Secretaría y los Espacios de Memoria sufren un vaciamiento masivo y cientos de trabajadores son despedidos por el topo que confesó que vino a destruir el Estado desde adentro, el hijo de los desaparecidos Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villlamayor recuperaba a su familia, su historia, su verdadera identidad, gracias a los organismos que mantienen encendida una causa sin concluir. “A pesar de los bastones y sillas de ruedas, seguimos de pie”, dijo Tati Almeida. 

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Flavia Fernández Brozzi, delegada de ATE de la Secretaría, afirma que hubo despidos a lo largo de todo el año: «De las mil personas que estamos ahora, 600 nos quedaríamos sin trabajo la semana que viene». También subraya que hay reducción de salario y pérdida de antigüedad para los trabajadores de planta permanente, despidos en cuotas extorsivos y cartas documento a quienes rechazan el «retiro voluntario», sin su indemnización correspondiente. Por otra parte, Georgi Andino, militante y trabajadora en los Espacios de Memoria, detalla la situación de estos centros: «Hay un ensañamiento contra el sector. Entre los otros cuatro sitios de Capital, Automotores Orletti, Olimpo, Club Atlético y Virrey Ceballos, somos 60 laburantes. O sea, no es número para el achicamiento del gasto público. No son tontos, no cierran de repente sitios que todavía son pruebas judiciales en causas de lesa humanidad, pero es la lógica del vaciamiento de un gobierno negacionista y reivindicador de la dictadura que ataca las políticas de derechos humanos que supimos conseguir». 

El desmantelamiento de estos organismos pone en juego la memoria de un país que, desde el Estado, sufrió la tortura y desaparición de personas y la apropiación de bebés recién nacidos. Pero, del otro lado del negacionismo, como dos caras de una misma moneda, también se trata de un país ejemplo de resiliencia y resistencia que sostiene una lucha imprescindible para el cese de delitos tan aberrantes como los anteriores; y que su inconsciente colectivo no se borra tan fácil porque, como corearon todos al final de la asamblea, “El pueblo unido jamás será vencido”.

 

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Comenzaron la protesta por el despido de 130 trabajadores y una cantidad igual de suspendidos. El reemplazo de la producción por la importación arrastra también a Fabricaciones Militares.

Hace poco más de un mes Petroquímica Río Tercero (PR3) notificó a sus trabajadores sus intenciones de cerrar la planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI), principal área productiva de la empresa. Al momento ya lleva 130 trabajadores despedidos y 130 suspendidos. El 14 de octubre pasado comenzaron a llegar las notificaciones e inmediatamente se pusieron en marcha las medidas de fuerza que continúan hasta hoy. El cierre de la Petroquímica afecta directamente a Fabricaciones Militares Río Tercero, que además está sufriendo las consecuencias de la política oficial de vaciamiento de las empresas del Estado a través del retiro voluntario del 20% de los trabajadores y una fuerte reducción productiva. Entre ambas industrias, hay más de 500 puestos de trabajo en peligro. 

 

Enterarse por la radio

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero llevan 36 días en lucha. Cesar Ávila, Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) de Córdoba, dice que el conflicto inició “de un día para el otro” y explica: “La fábrica pidió un recurso preventivo de crisis diciendo que tenía que cambiar un transformador general. Cambiarlo iba a llevar quince días, entonces en ese tiempo los trabajadores se quedaban en su casa con el 100% del sueldo, y después retomábamos las tareas tranquilos”. Pero pasados los quince días los trabajadores se enteraron a través de la radio que la fábrica iba a cerrar: “Cuando íbamos a volver en un medio local, una radio amarillista donde la empresa tiene pauta, hablaron de los despidos”. Al acudir a la planta en busca de respuestas, los empleados se encontraron con todas las puertas cerradas con candado: “En el mismo portón se hizo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y se decidió ir al paro total de actividades y un acampe en el ingreso al polo industrial de la ciudad. Ese acampe sigue hasta hoy, lleva 36 días”, relata Ávila. 

En un primer momento, la empresa alegó estado de crisis y se amparó en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo establece que en los casos en que el despido se deba a “causas de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, el empleador está habilitado a pagar el 50% del monto indemnizatorio que marca la ley. El 15 de octubre la delegación del Ministerio de Trabajo de Córdoba en Río Tercero llevó adelante una audiencia que contó con la presencia de ambas partes en conflicto. En la reunión, el Ministerio exhortó a la empresa a presentar los balances que justifiquen el estado de crisis y a disponer el cese inmediato de los despidos “debiendo en el plazo máximo de 48 horas restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales y habituales”. Sin embargo, la Petroquímica no acató ninguna de las dos disposiciones. No presentó ningún balance y optó por atenerse al Artículo 245 según el cuál el pago indemnizatorio se debe realizar al 100%, además de no dar marcha atrás con ninguno de los despidos. “Desde la fábrica siguen desestimando las acciones del mismo Ministerio así que decidimos llevar adelante actividades gremiales y de visibilización del conflicto. Desde marchas en la ciudad, hasta ollas populares y en cada audiencia que hay en Ciudad de Córdoba marchamos también hacia el Ministerio de Trabajo”, enumera Ávila. 

Lo que dicen los CEOs

Fundada en 1981, la Petroquímica de Río Tercero es la única productora de TDI de Latinoamérica y pertenece a la compañía de colchones Grupo Piero. El TDI es un componente fundamental para la fabricación de gomaespuma, que la PR3 utiliza para su propia producción de artículos de descanso y vende a empresas automotrices. La decisión de dejar de producir el componente para comenzar a importar la gomaespuma le quita autonomía a la industria nacional frente a las posibles contingencias de este mercado. Juan Pablo Ceballos, CEO de PR3 ratificó que la decisión ya está tomada y es irreversible. Desde la compañía esperan el cese del conflicto para retomar con el resto de las actividades de la planta. 

Los directores de la empresa sostienen que, debido a la apertura de importaciones propiciada por el Gobierno, a la crisis en el mercado global del sector y a la multiplicación de empresas de origen chino que producen a menor precio, la fábrica ha perdido competitividad y por ello buscan detener la producción para importar el producto. “Primero adujeron una crisis que nunca existió, porque nunca presentaron los papeles, y finalmente dijeron que habían decidido cerrar porque les convenía mucho más importar desde una oficina”, repasa Ávila. Además de los 130 despedidos y 130 suspendidos de la PR3, preocupan los efectos que el cierre tiene en otros cientos de puestos de trabajo. “Aparte de los químicos, hay 80 familias de trabajadores de la UOCRA que quedan en la calle, a lo que se suman los empleados de empresas tercerizadas que trabajan por fuera pero le producen a la fábrica. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo menos”, explica Ávila. 

Vaciamiento, mentiras y silencio 

En ese sentido, la fábrica más afectada por el cierre de PR3 es Fabricaciones Militares Río Tercero, que produce el ácido nítrico utilizado para hacer el TDI. Con el paro en la producción de este compuesto por parte de la Petroquímica, la fábrica pierde a su principal comprador y con ello se reduce en un 70% su facturación.  Pero además, la fábrica militar está sufriendo políticas de vaciamiento, se redujó un 20% su personal y esta semana renunciaron el presidente y el vice. Hugo Pascarelli, quien era el presidente de la fábrica hasta el pasado miércoles y Carlos Pérez Aquino, vicepresidente, habían asumido sus cargos hace once meses, con el cambio de gestión de la administración estatal. 

“Desde que asumió la nueva gestión Fabricaciones Militares se está manejando con un alto nivel de hermetismo”, dice David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero. “Nos cambiaron la figura jurídica por el decreto de Milei, de ser Sociedad del Estado nos pasaron a ser una Sociedad Anónima Unipersonal. Pero extraoficialmente nos comunican que la llegada de inversores está complicada,  porque entienden que va a haber más crisis en el país y no están las condiciones para producir por la liberación de importaciones”. Salto explica que además de la falta de inversores, la fábrica sufre las consecuencias de las política de vaciamiento: “No solo se da un achicamiento del personal a través de retiros voluntarios, también en términos productivos. Hubo una licitación de reparación de vagones y no se presentaron, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Llegamos tarde a la licitación. Una mentira más grande que una casa. Está clarito que no quieren agarrar trabajos”. 

El miércoles 13 de noviembre,  camiones militares se llevaron todo el material de trabajo que el Ejército brinda a la fábrica. Para Salto hubo “una falta de voluntad política” ya que nunca se generó una orden de trabajo,  por lo que el tiempo se venció.”. Lo que sucede, entonces, es que desde la misma Dirección de Fabricaciones Militares se está atacando su productividad. “Achicaron el 20% del personal a través de los retiros voluntarios, achicaron  un montón de gastos en las herramientas para que la fábrica funcione y además no nos permiten producir. Lo que están haciendo es una reducción productiva”. Para Salto, el accionar de los directores de la fábrica está en línea con la gestión nacional: “ Esto es parte del plan de Sturzenegger de achicar las empresas del Estado a la mínima expresión. Se generan las condiciones de achicamiento del personal para que sea seductor para los compradores, o se generan las condiciones para el cierre, como lo hicieron con la Fábrica Militar de Jáchal que está cerrada.” 

Por otro lado, se refiere a los efectos que el cierre de la Petroquímica Río Tercero tiene en Fabricaciones Militares: “Cerró Petroquímica y recién ahora están viendo si consiguen clientes para vender el ácido. Teniendo en cuenta que Milei no tiene parte del presupuesto destinado a los salarios de las empresas del Estado, una fábrica que no produce y que no factura se va a ver no complicada, complicadísima”. 

Algunas cifras de la gestión Milei 

El cierre de la Petroquímica Río Tercero y el vaciamiento de Fabricaciones Militares responden principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones y a la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La desregulación de las importaciones se acompaña de una nula política de promoción y protección de la industria nacional, que deja a las empresas locales en notable desventaja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, las empresas estatales sufren una desfinanciación que genera bajas en su nivel de rendimiento. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei ganó en el ballotage hasta julio de este año, si se compara el número de empleadores que declararon trabajadores, se deduce la pérdida de 12.872 empresas y más de 260.000 trabajos registrados en unidades productivas. 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el desempleo creció 1, 4% en un año, ubicándose en 7,6%. 

 Protestas

Frente a esta situación, los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero están realizando acciones en conjunto con Fabricaciones Militares. Organizaron dos  marchas en la ciudad que contaron con un fuerte acompañamiento de la comunidad. “Creo que el acompañamiento tan grande tiene dos motivos, el cierre de Petroquímica  que le hizo dar un baño de realidad a la sociedad en general, que ya viene pagando tarifas exorbitantes y se empieza a dar cuenta que los ajustes fueron al pueblo y no a la casta”, analiza Salto. “Y después pasa que Río Tercero creció alrededor del polo químico, entonces hay una cuestión de historia y de pertenencia también”.  

Las acciones que están realizando los químicos y petroquímicos en Ciudad de Córdoba cuentan además del acompañamiento de ATE y otros sindicatos y con la adhesión del estudiantado. Por su parte, los trabajadores también participan de las asambleas y actividades que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estoy más que convencido de que la unidad es el único método que tenemos hoy de resistencia contra estas políticas de ajuste. Hace 20 años trabajo en la fábrica y nunca vi algo así. Entonces si no nos unimos ahora a pelear en todos los campos, tanto el obrero como el estudiantil, estamos fritos porque vienen por todos”, sostiene Ávila. 

Sin respuestas por parte del gobierno ni de la empresa, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero continúan el acampe tras 36 días de lucha. El próximo martes 19 tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, a la cual asistirán marchando por el centro de la ciudad, concentrado en Avenida Colón y General Paz donde realizarán una olla popular a la espera de la decisión que tomen las autoridades. Por su parte, los trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán la ruta 9, con el acompañamiento del SPIQyP. En estado de alerta y movilización, a la expectativa de cómo se desarrolla el conflicto, no descartan una toma de la fábrica.