Acorralados

Acorralados

El impacto económico que causaron las medidas de Domingo Cavallo en diciembre de 2001, en primera persona. Tres historias para recordar qué significó la crisis en la vida de las familias argentinas.

“Cuando acompañé a mi papá al banco estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vi gente llorando que perdía la plata de su vida”, dice Liliana Ramírez.

La crisis social, política y económica estalló con gran virulencia el 19 y 20 de diciembre, pero fue el 3 diciembre de 2001 que el estallido empezó a incubarse. Después de diez años de políticas neoliberales de los gobiernos de Carlos Menem que trajeron consigo el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo, la convertibilidad y la desestabilización del sistema financiero, esta vez, de la mano del gobierno de Fernando De La Rúa, del ministro Domingo Cavallo, anunciaba la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros tanto en pesos como en dólares, dando origen al famoso Corralito. Esta decisión llevó a que centenares de personas, comerciantes como Armando Orlando, pequeños ahorristas como Claudia Culeddu e incluso quienes simplemente habían hecho una transacción eventual por esos días, quedaran prácticamente en ruinas.

Sin dinero para trabajar

La historia de Armando Orlando y su microemprendimiento arranca con la vuelta a la democracia. Desde un local en plena estación de La Plata junto a su cuñado por años, hicieron y vendieron berlinesas, churros, pastelitos, entre otras especialidades durante muchos años. “Trabajamos muy bien por aquellos años”, recordó con nostalgia. Se habían hecho conocidos entre los trabajadores y los niños, que por la mañana pasaban por la estación a comprar algo dulce para desayunar, pero el 2001 paralizó su producción y Ricas Platenses- como se llamaba su negocio- nunca más pudo abrir sus puertas. 

Orlando no era un gran ahorrista, vivía el día a día y para él cada peso que entraba a través de la venta de sus productos, era signo de reinversión en materia prima. “Después de lo que pasó no podíamos comprar ni siquiera harina para seguir haciendo nuestro trabajo, nada, la pasamos negra”, contó. Armando contó, además, que tuvo que pedir prestado a sus familiares para poder subsistir. Por esos años, estaba casado y su esposa trabajaba en una casa de familia adinerada en el centro de la ciudad, pero no era suficiente el sueldo para ambos. “Yo tenía que trabajar, hacer algo, sino mi esposa me iba a matar”, recordó.

Armando se enteró de todo lo que sucedía por las calles a través de los canales de televisión: “Cuando veía la tele lloraba,  más de impotencia, porque estaba mal, y nosotros íbamos a reclamar, íbamos y nos decían: Vuelva tal día, y lo único que quedaba era poner un abogado, pero no teníamos plata para el abogado. Yo tenía todo el dinero en el Banco que confié toda la vida, el Banco Obrero, y no podía retirarlo”. Víctima del corralito, tTres meses, más precisamente 80 días, pudo sostener el negocio. Si bien no tenía empleados, no contaba con dinero para seguir produciendo.

“Al otro día que pasó el desastre te decían que iban a devolver la plata, pero no devolvían nada, y yo la necesitaba. No me la devolvieron, no vi más esa plata. Por esto entré en una depresión terrible en esa época y era más joven”, recordó que tenía 51 años. Armando es religioso en la Capilla de San Antonio de Papúa. Hoy trabaja como diácono en las capillas más humildes de Quilmes y cuenta que en aquel momento, la fe lo ayudó a salir de su pozo depresivo. “Salí rezando, yo ya estaba en la iglesia, era ministro y me decían, y yo me decía a mí mismo, que la plata ya iba a volver”.

Armando trabajó toda su vida como trabajador autónomo y el 2001 significó un antes y después en su vida, transitó la crisis con “changas” hasta que encontró trabajo en una empresa como pintor contratista, pero a pesar de ello, se le hizo difícil sostener la cuota de monotributista- “Ahora estoy mejor, por lo menos me va alcanzar, no para tirar manteca al techo, dice Armando – entre risas-, pero por lo menos me alcanza”, cuenta hoy, con 70 años, esperando ansioso su jubilación.

El 2001 dejó marcas, traumas -asegura Armano- que por ello resalta que nunca más me animó a hacer un emprendimiento. “Siempre pensaba que me podría volver a pasar”, expresó respecto a su miedo de perderlo todo nuevamente.

Sueños que se hicieron pesadillas

 

Cuando el corralito la sorprendió a Claudia Culeddu, trabajaba en una agencia de computación. Alquilaban junto a su marido Daniel, un monoambiente en Lanús y tenían una hija de dos años. Claudia y Danielabrieron una cuenta en el Banco Francés, donde mes a mes juntaban dinero para cumplir el añorado sueño de la casa propia. Un día antes del corralito, habían renovado el plazo fijo que compartían juntos: “Nosotros no teníamos mucha plata, pero nos había costado mucho sacrificio juntarla. Sentíamos mucha bronca y angustia”, dijo y comparó su situación con la película “La odisea de los giles” que narra la historia de un grupo de personas afectadas por el corralito del 2001 y la corrupción de un banquero y el sistema financiero. “La primera vez que vimos la película con mi marido, nos pusimos a llorar porque se nos vino todo el recuerdo a la mente. Mi hija tenía dos años y medio e hicimos muchos sacrificios para juntar la plata. Da mucha bronca que otro se la coma, fue un momento de mierda”, expresó.  

Después pudieron recuperar una parte del dinero, logramos comprar un departamento en cuotas, cinco años después. Hasta que finalmente, vendimos ese departamento y con esa plata, más un préstamo, compramos una casa. “Mucho laburo siempre para poder comprar la casa. Lo que hicieron fue un robo encubierto. Nunca más confié en un banco”.

Para Claudia y su esposo, el fin de año del 2001 fue más que difícil, ya que luego de la pérdida de sus ahorros, ambos se quedaron sin trabajo “Estuvimos unos meses sin laburo, estábamos alquilando. Fue todo un combo”, contó. La crisis los obligó a dejar de alquilar y vivir en casas de familiares. Si bien venían siguiendo por las noticias la situación política y económica del país, nunca imaginaron lo que ocurriría. 

Claudia hoy es trabajadora del turismo, uno de los sectores más golpeados durante la pandemia y si bien su situación actual es muy distinta a la que vivió hace 20 años, expresó su preocupación por quienes aún no tienen trabajo ni tampoco una vivienda digna para vivir.

Buscar deudores para recuperar la plata

«Cuando llegamos a Buenos Aires, el banco era un caos. Era terrible», recuerda Liliana Ramírez

Liliana Ramírez es docente jubilada y desde que se casó soñó con vivir al sur del país y por ello pagaba un plan de vivienda en la provincia de Chubut, pero al tiempo se les volvió insostenible el mantenimiento de la casa y como su  trabajo estable era en Buenos Aires, decidió vender la vivienda en el sur. “Fuimos pagando mientras iba pasando el tiempo. Queríamos vivir en el sur, pero la vida allá es mucho más difícil. Cuando vendimos nos dijeron que la plata iba a estar a principios o finales de diciembre 2001”.

Liliana y su marido no eran ahorristas, sino que habían hecho una transacción para girar el dinero de la venta de su casa a Buenos Aires, justo un día antes del estallido. “Cuando llegamos a Buenos Aires, el banco era un caos, era terrible. Mi marido me pasaba a buscar por el trabajo e íbamos al banco y había muchas cuadras de cola. La gente estaba muy nerviosa. Nosotros escuchábamos cosas. Ya habíamos pasado por 1989, una crisis difícil en la escuela. Esta crisis pensábamos que se iba a superar”.

Entre los afectados, también estuvo su padre quien sí tenía ahorros desde el año ‘99, y se vio afectado por el corralito, sin poder recuperar nunca la totalidad de lo depositado. Años antes, Liliana había perdido a su hermano y tanto ella como su padre se encontraban mal anímicamente. “Mi papá, ya venía con una angustia terrible y verlo en el mostrador, como tantas otras personas mayores, me salió gritar”, recordó. Como su padre, había cientos de jubilados y personas mayores que hacían largas filas en las puertas de los bancos por una respuesta. “La última vez que lo acompañé me dio mucha pena, eran los ahorros de toda su vida”. Su papá tenía dinero también por la venta de una casa en el Banco Provincia. “Cuando acompañé a mi papá al banco estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vi gente llorando que perdía la plata de su vida”.

Las soluciones “eran muy sencillas” según sugerían los empleados de los bancos. No se retiraba la plata en dólares ni tampoco en pesos. “La suma completa no se podía retirar. Nosotros decidimos buscar una persona por decisión propia, porque el banco recomendaba que buscáramos a alguien con deuda con el banco y nosotros le pagáramos la deuda y esa persona nos diera a nosotros la plata. Perdimos mucho dinero, ya que se pagaba solo un porcentaje”, recordó Ramírez, quien por entonces encontró en el diario un deudo.

“Éramos jóvenes. Sabíamos que íbamos a salir adelante. Teníamos trabajo, con altibajos, porque mi marido trabaja en la construcción y a veces le salía trabajo y otras veces no”, pero era una situación desoladora. Veíamos las imágenes que pasaban en Plaza de Mayo y nos queríamos morir. Nunca imaginamos eso. Mucho nerviosismo se sentía en general y en particular en el lugar donde vivía”. Liliana es de Claypole, uno de las tantas localidades del conurbano bonaerense donde en 2001 se desataron saqueos a causa del descontento social.

“Esas jornadas fueron la rebeldía hecha acción”

“Esas jornadas fueron la rebeldía hecha acción”

Nacido en 2001 en los barrios populares y en los piquetes de las rutas, el MTL fue una de las organizaciones que aglutinó el reclamo de desocupados y ocupados víctimas del neoliberalismo.

Carmen López, la cuarta desde la izquierda, se convirtió en referenta del Movimiento Territorial de Liberación.

La crisis económica, el aumento de la desocupación y la indigencia, la criminalización de los sectores populares, la precariedad laboral y el descontento con la esfera política se combinaron en la rebelión de diciembre de 2001, cuando diferentes actores sociales en distintas ciudades del país salieron a las calles para reclamar “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

“Las jornadas del 19 y el 20 fueron la expresión de una rebeldía popular multifacética que se venía acumulando”, sostiene Carmen López, referente de la agrupación social Carlos Chile y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), una de las múltiples organizaciones sociales que tuvieron un rol protagónico durante aquellos días.

En los barrios, se trató de un prolongado proceso de descontento que terminó reuniendo a sectores asalariados y desocupados que padecían la misma política económica desde la dictadura y que luego continuaron los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Según López, ese proceso hunde sus raíces en otras revueltas anteriores: las jornadas hiperinflacionarias a fines de los 80 y principios de los 90, las puebladas en el sur y noroeste patagónico a mitad del largo gobierno de Menem. “A mediados de los 90, el espacio público empieza a ser transitado por los movimientos de desocupados, el movimiento piquetero cuya modalidad de lucha, fundamentalmente, eran los cortes de rutas, y que fue migrando a las áreas urbanas, articulando las viejas y las nuevas formas de una territorialización, donde se vinculaban trabajadores ocupados y, sobre todo, desocupados”, reflexiona la militante social.

El MTL nació con la crisis social del 2001, aunque no tuvo un desarrollo homogéneo. La lucha por acceso a las tierras en la Provincia de Buenos Aires y la resistencia contra las políticas de extradición de inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires fueron solo dos, de las múltiples en toda la Argentina, que llevaron a su conformación. “El movimiento se sumó a las diferentes manifestaciones del campo popular que se desarrollaban alrededor del país y que se expresaban de manera autónoma”, afirma López.

«Contuvimos a los vecinos y vecinas que encontraron como expresión de rebeldía ante la crisis social el saqueo, la movilización y la ocupación de terrenos”.

La referente social destaca el rol de los movimientos sociales en los barrios populares, en donde las políticas neoliberales habían causado estragos y desencadenaron, entre otras consecuencias, los saqueos a los comercios en esas jornadas de 2001. “Organizar la resistencia fue como el hecho natural de reconocerse como clase. En cada uno de los lugares, las barriadas venían acumulando hambre y desocupación, y en aquel momento –cuenta López– contuvimos a los vecinos y vecinas que encontraron como expresión de rebeldía ante la crisis social el saqueo, la movilización y la ocupación de terrenos”.

Durante la tarde del miércoles 19 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa, en medio de una jornada de protestas, ocupaciones y saqueos en distintas zonas del país, anunció el estado de sitio por cadena nacional. La medida generó un rechazo masivo en la sociedad y una multitud incalculable salió a las calles, en distintas provincias, a protestar contra el gobierno. Para López, fue un momento sorprendente por la “espontaneidad y masividad de las protestas”.

“El estado de sitio nos trae mal recuerdo porque muchos lo padecimos en las dictaduras –afirma–. La protesta fue una respuesta al estado de sitio, fue un no volver atrás, fue sentir el dolor de lo perdido y una respuesta al accionar de las fuerzas represivas. Y también fue la contracara de un pueblo cansado de la crisis social y política a la cual lo tenían sometido”.

Las fuerzas de seguridad asesinaron a decenas de personas el 19 y 20 de diciembre. “Tengo palpable el recuerdo de la represión a las Madres de Plaza de Mayo, el gaseo y los disparos contra los manifestantes y el hombre baleado en las escalinatas del Congreso”, evoca López, que tiene claro quiénes “no se doblegaron” ante las políticas de seguridad del gobierno de De la Rúa. Asimismo, critica la decisión de la Corte Suprema de Justicia que permite a los procesados por la masacre seguir apelando los fallos y sin siquiera prisión efectiva. “Si no hay justicia para los muertos de esa jornada, no hay ley de reparación histórica que funcione”, razona López en alusión al proyecto de ley que se comprometió enviar al Congreso el presidente Alberto Fernández, para resarcir económicamente a los familiares de víctimas.

La dirigente del MTL considera que la sociedad debe “recuperar el significado histórico de la lucha popular del 19 y 20 de diciembre”. Fue “un despertar político” que rompió con el disciplinamiento de las políticas que se iniciaron durante la última dictadura, subraya. “Esas jornadas fueron la rebeldía hecha acción, en esas columnas que se juntaban en las esquinas con las organizaciones territoriales. Fue un momento único que marcó un rechazo al vaciamiento y a la instalación de un modelo neoliberal que dejaba desamparadas a millones de personas”.

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.

A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió. 

El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.

Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172. 

A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”. 

Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”. 

“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”

Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.

En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.

Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.  

«Nos mean y los medios dicen que llueve»

«Nos mean y los medios dicen que llueve»

Referentes de la comunicación alternativa y popular analizan el accionar de sus medios en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. La historia del movil que se convirtió en refugio de las Madres de Plaza de Mayo.

Walter Isaía, cubrió la represión en Plaza de Mayo del 19 y 20 de diciembre de 2001 para la radio La Tribu.

Durante el 19, y especialmente el 20 de diciembre del 2001, los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires se encargaron, cada uno a su manera y con sus herramientas, de mostrarle a sus audiencias qué era lo que estaba sucediendo en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación. 

Mientras se llevaba a cabo la violenta represión policial en el centro de la ciudad, se planteaba la disyuntiva: “¿Desde qué lado informamos?”. Pese a tener una referencia simbólica, esta vez la pregunta apuntaba a lo material. “¿De qué lado ponemos la cámara, detrás de la policía o atrás de la gente?” La respuesta configuró una forma de comunicar de ahí en adelante. 

Durante la década de los noventa, los medios alternativos, alterativos, sociales, porpulares, autogestivos, contrahegemónicos o de contrainformación -cada uno elegía su forma de autodefinición- se convirtieron poco a poco en una caja de resonancia para las voces que no tenían lugar en otros medios de comunicación. En la mayoría de los casos, su objetivo era reconstruir el tejido social y establecer diálogos entre actores que no dialogaban. Había una hegemonía muy clara que buscaban romper.

Walter Isaía, conductor de FM La Tribu entre 1997 y 2004, asegura que este es el caso de esa radio comunitaria, que se fue consolidando como un espacio de encuentro y refugio para distintas organizaciones sociales que resistían al neoliberalismo reinante. Su tarea como “colectivo de comunicación” también se ramificó hacia otras actividades: el centro de capacitación, el bar, la publicación de libros y producciones audiovisuales. 

En su momento, también medios como ANRed, La Conjura TV, Revista Campo Grupal, Indymedia, Diario Nuestra Lucha, entre otros, buscaban agrupar, cada uno con sus plataformas (gráfica, audiovisual o radial o digital), reclamos diversificados de distintos sectores de las clases populares, ante la falta de centralización de una lucha política. 

A principios del siglo, se manifestaba claramente una búsqueda de recuperación de los espacios públicos, luego de que los años noventa estuvieran atravesados, precisamente, por su privatización. Mucha gente sentía que los medios alternativos podían contener o expresar alguna de sus furias, demandas o inquietudes. 

Claudia Acuña es cofundadora de lavaca, un medio de comunicación social que nació al calor de la crisis de 2001.

Durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, confluyeron todos esos años de reclamos y organización en una unificación de demandas que llevaron a miles y miles de personas hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Los escraches, las huelgas, la carpa docente, el asesinato de José Luis Cabezas y muchas situaciones más, sirvieron de disparadores para esa movilización.

“No se puede entender el 2001 sin la dimensión del `hagamos lo que queremos´, no era solamente el que se vayan todos y ya está. No había nada, pero estaba el deseo. Y eso era algo muy fuerte”, afirma Claudia Acuña, fundadora de Lavaca, medio constituido en abril del 2001. 

Los medios de comunicación que decidieron pararse a informar desde el lado de la gente, tuvieron un rol fundamental a la hora de documentar y revelar lo que sucedía. “El que se informaba desde los medios empresariales y comerciales, no iba a la plaza. Muchos de esos medios ni siquiera comentaban lo que estaba sucediendo, y si lo hacían, te mostraban cómo los policías sufrían piedrazos por parte de los manifestantes”, asegura Walter Isaía.

Por ese y otros motivos más, surgen las famosas frases y pintadas en las calles, como “Nos mean y los medios dicen que llueve”. En ese sentido, Claudia Acuña agrega: “Ya no había confianza en los grandes medios, era sabido que no vivían de vender noticias e informar, sino de las noticias que ocultaban. Negociaban la no publicación de una noticia por la llegada a un satélite u otras extorsiones millonarias por telecomunicaciones”. Se reconfigura el sistema de medios, las empresas se convierten en corporaciones con poder político, que extorsionan y buscan favores, y ya no es necesaria la pauta para subsistir. 

Lucía Berra, fotógrafa de Contraimagen, un grupo de contrainformación volcada al registro audiovisual, describe: “El 19 y 20 aceleraron enormemente un proceso que ya venía pasando desde antes, sobre todo durante el 2001, que fue la activación por todos lados de grupos de contrainformación que pudieran ser una herramienta ante la desinformación brutal que generaban los medios masivos”. 

El caso del móvil de FM La Tribu representa en carne y hueso el nivel de involucramiento con la realidad que atravesaban. “El 19 y 20 de diciembre, el móvil de la radio estuvo en el centro del conflicto, trasladándose una y otra vez entre el Congreso de la Nación y la Plaza de Mayo, acompañando las protestas, denunciando la represión. Ese móvil fue, siguiendo los principios de La Tribu, también comunitario: actuó como espacio de protección para las Madres de Plaza de Mayo, para los manifestantes sociales e, incluso, para los periodistas de otros medios”, cuenta Ximena Tordini, ex integrante del colectivo de Radio La Tribu, que estuvo dentro del móvil en esa jornada. 

El momento en que la policía comienza a reprimir violentamente a las Madres de Plaza de Mayo durante su ronda de los jueves fue un punto cúlmine en la jornada. Al ver eso por televisión, y con el recuerdo todavía fresco de la última dictadura cívico militar, mucha gente decidió salir a la calle a dar apoyo a las Madres por la situación que estaba aconteciendo. El conductor del móvil de La Tribu, en un acto de valentía casi heroica, decidió subir la camioneta a la plaza, cruzar a los caballos de la policía, y subir a las madres a su refugio en movimiento. 

“El móvil de la radio funcionó más como ambulancia o un dispositivo para proteger a los compañeros de la represión -para que salieran del foco del conflicto y no fueran lastimados-, que como un móvil de cobertura periodística. La radio actuó también como una línea directa con los acontecimientos, pero sin los códigos naturales de la producción periodística”, agrega Walter Isaía. 

Este accionar da cuenta de la intención de no quedarse solamente con los números de los muertos y heridos en el día, sino de un periodismo comprometido, que ponía el cuerpo para contar cada historia allí presente. 

Lucía Berra tomó esta fotografía durante la represión en Plaza de Mayo.

En esa plaza confluían la experiencia de militantes que venían de espacios culturales, de la comunicación, que nunca habían tenido que enfrentar algo similar a lo que allí sucedía, con la experiencia de los compañeros del movimiento piquetero, con saberes previos de enfrentamientos con el Estado armado, que nutrían de destrezas a los inexpertos. 

Durante ese día, los medios autogestivos se resignificaron, salieron de su lugar y se convirtieron en otra cosa. Otro ejemplo de ello es el Colectivo Argentina Arde, que mientras la policía reprimía y los manifestantes resistían, llevó adelante una muestra fotográfica en las calles, con imágenes impactantes, sacando las fotos de su lugar de contemplación, como un museo, y resignificando la calle como un lugar de disputa política. 

A partir del 2001 el escenario para los medios populares, alternativos y/o comunitarios cambió. Se ganaron un lugar de legitimidad en la sociedad y dejaron de ser menospreciados para pasar a tener una voz autorizada. Las radios FM volvieron a tener servicios informativos. La información se volvió algo demandado socialmente. Muchas más personas empezaron a sentirse parte de la construcción del relato público de los acontecimientos.

Ocupar, resistir y producir

Ocupar, resistir y producir

Ante la quiebra y el cierre masivo de empresas que se dio en la crisis de 2001, la recuperación y autogestión de empresas por parte de los trabajadores fue una solución creativa que llega hasta hoy.

Andrés Ruggeri, antropólogo social recibido en la Universidad de Buenos Aires, docente y director de la revista Autogestión, trabaja desde el año 2002 dirigiendo el programa de extensión Facultad Abierta junto a su equipo en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente, este es el único programa nacional que recaba información acerca de la situación de las empresas autogestionadas, además de brindar apoyo y asesoramiento. El especialista detalla las dificultades que atraviesan las fábricas recuperadas en su camino recorrido desde el 2001, el futuro en un contexto de capitalismo concentrado y la falta de legislación que esté a la altura de los cambios sociales.

 

¿Cuáles son los factores determinantes entre los trabajadores para poder tomar una fábrica?

Una empresa recuperada es un proceso que a veces es largo y muy complejo, por definición podemos entender a las empresas recuperadas como procesos de autogestión, donde hay trabajadores y trabajadoras que organizan la producción, reparten los excedentes, comercializan, en fin, realizan todas las actividades de una organización económica. La característica de la empresa recuperada es que ese proceso de autogestión proviene de una empresa anterior, que era privada y quebró o cerró por causas múltiples, y se da ese proceso de pasaje a los trabajadores.

 

¿Qué implica el proceso de toma de una fábrica o empresa?

Ese proceso, que se cree muy rápido, implica muchísimas cosas. Primero hay que ver cuál es la situación que da origen a la empresa recuperada: a veces es una venta o un concurso de acreedores mal resuelto, una situación generalizada que además acelera este tipo de procesos, a veces eso no está tan claro, pero son conflictos que terminan derivando en la recuperación. Además hay que ver cuál es la situación jurídica de esa empresa y cómo es que los trabajadores logran que la cooperativa que forman se pueda asociar y quedar a cargo de esa empresa y poder trabajar, porque ya a cierto nivel de complejidad de una unidad productiva se requiere calidad. Hay que comprar, hay que vender, hay que estar inserto en el mercado. Entonces ese es el nudo del problema, el jurídico. Y después tenés todos los problemas que tienen que ver con la formación de un colectivo que pueda administrar y resolver los problemas económicos de una fábrica, así que son un montón de cosas que hay que tener en cuenta.

¿Cuál es la base de las empresas autogestionadas?

La democracia es la base de la autogestión. La democracia en el terreno económico, que es el lugar en donde menos hay democracia: la democracia está para todo lo demás, menos para lo económico y lo laboral, donde es todo vertical. Una empresa autogestionada justamente rompe con eso, es una ruptura radical y ese creo que es uno de los valores más grandes de la autogestión.

 

¿Considerás que hay una similitud entre el contexto del 2001 y el actual, teniendo en cuenta la crisis económica, como para que surjan más empresas autogestionadas?

Depende cómo pensamos eso. Yo creo que el 2001 fue una crisis general, económica, política y social, que llevó a hacer tambalear todo el entramado institucional del país, no fue solamente una crisis económica. Entonces en ese contexto fue que se hicieron visibles las empresas recuperadas. Ya existían, pero se multiplicaron y se convirtieron en un movimiento con una identidad específica. Antes sólo se hablaba de empresas recuperadas, después del 2001 empezó a hablarse de fábricas recuperadas, ocupadas, distintos nombres que reflejan este proceso. Yo creo que ahora efectivamente hay una crisis muy fuerte, que tiene que ver con un arrastre de cuatro años de macrismo y de neoliberalismo. La aparición de la pandemia provocó una crisis mundial, una caída de la economía y obviamente también afectó a la Argentina y ahora estamos pagando las consecuencias, incluso a nivel de percepción de la sociedad. Si eso puede llegar a provocar un estallido de las mismas características del 2001, habrá que ver, por ahora me parece que no, y que las condiciones son otras. El 2001 fue también una etapa terminal de un proceso, que se podría haber evitado, por supuesto. Ahora también se puede evitar eso, que fue una catástrofe. A veces se ve desde una perspectiva heroica el 2001, pero no fue mayo del 68, fue una cosa mucho más sufrida.

 

¿Considerás que ahora hay más experiencia en los trabajadores que toman las fábricas con respecto al 2001?

Por el lado de las empresas recuperadas yo creo que ahora hay un camino recorrido que en ese momento no estaba. Hay mucho más conocimiento del proceso, hay mucha más experiencia. Y hay mucha más experiencia del otro lado también, del lado de los patrones, de los jueces, del poder económico y del Estado. Y también hay más herramientas, del Estado incluso, que se pueden aprovechar.

 

¿Qué puede hacer el Estado para apoyar a este tipo de empresas?

Muchas cosas. En el 2019 se hizo en el estadio de Ferro un Foro Federal de Economía Autogestionada Popular. Ahí se hizo una especie de programa de políticas públicas, que creo que sigue estando vigente. Se han cambiado algunas cosas, por ejemplo empezar a pensar el sector cooperativo desde la política económica y no la política social. Las empresas recuperadas son básicamente económicas y cumplen un fin social, pero no son un sector vulnerable o no tendrían que serlo. Lo que hay que tratar es de acompañarlo con acciones, tiene que haber financiamiento, tiene que haber mecanismos de acceso crediticio no bancario o con la posibilidad de acceso, porque por lo general las cooperativas no acceden a las prestaciones bancarias. Entonces tiene que haber un cambio de legislación que contemple el trabajo autogestionado como una forma específica de trabajo, que no es lo mismo que trabajo independiente, ni por supuesto que trabajo formal ni autónomo. Es otra cosa, es trabajo colectivo, trabajo asociado, y eso es un enorme problema porque los trabajadores que recuperan empresas pierden años de antigüedad, pasan a tener una perspectiva de jubilarse con la mínima y no poder hacer todos sus años de aportes, tampoco hay convenio colectivo de trabajo.

 

¿La legislación es un punto central para el desarrollo actual de las empresas recuperadas?

La legislación laboral no rige para estas empresas, entonces eso hay que revisarlo. Es un punto fundamental porque si no está eso, la precariedad es permanente, por más que le pongas financiamiento, por más que los reconozcas, incluso por más que logren acceder a la propiedad. Una empresa recuperada generalmente está en conflicto con la propiedad y ese conflicto no se resuelve. Las leyes de expropiación están para el problema momentáneo del desalojo, pero en realidad el Estado no efectúa la expropiación. Eso es lo que pasó con la cooperativa Nueva Generación en Wilde: nunca lograron apropiarse jurídicamente del terreno, entonces alguien que tenía el título de propiedad accionó la justicia, la justicia le dio la razón y después, por las razones que sean, no se atinó a resolver eso y vino el desalojo. Eso es lo que le puede pasar al 80% de las empresas recuperadas en este momento. Pero incluso solucionando eso, van a seguir siendo trabajadores de segunda, porque no tienen un reconocimiento laboral como cooperativa.

 

¿Tienen registro de cuál es el número de trabajadores que actualmente operan en la autogestión?

Tenemos una base de datos del Programa Facultad Abierta y que ahora sirve de base al Registro de Empresas Recuperadas del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). También hicimos hace poco una guía de políticas públicas. El número aproximado de empresas recuperadas son 430 que ahora están funcionando como recuperadas, y los trabajadores son 15.500

 

¿Hay información acerca de cuántas empresas se mantienen hasta el día de hoy desde el estallido del 2001?

Es difícil hacer ese cálculo porque muchas veces se pierde contacto, a veces no se sabe si cerró o no. Hay cierres que tienen que ver sobre todo con la forma de desalojo violento, es bastante relativo la precisión de esos datos. Lo que sí podemos ir viendo es cuantas están activas, en los informes que fuimos haciendo hay varios cuadros sobre eso. En algunos informes trabajamos el tema de los cierres, pero hay un fenómeno con eso, que es que no se puede decretar el final de una empresa recuperada. Ya ha pasado de decir «No, ya está cerrado» y después abrieron de vuelta, porque a veces la cooperativa la mantiene, el lugar funciona legalmente, de pronto mejoraron las condiciones de trabajo y volvieron otra vez, o los desalojaron y volvieron a abrir, eso es bastante recurrente. Son muy distintas como funciona su lógica con respecto a una PYME.

 

¿Cómo ves el futuro a nivel mundial de las empresas recuperadas?

Una de las cosas que hicimos fue el encuentro internacional de economía de los trabajadores. En ese encuentro hay empresas muy grandes de muchos países, incluso de Asia, Europa y todo América. En algunos lugares como Europa está mucho más reglamentado, entonces son más workers collab antes que ocupaciones o procesos de lucha como acá. Allá terminan comprando las acciones y las convierten en cooperativas o asociaciones laborales, todo un proceso mucho menos traumático, pero en la práctica es más o menos lo mismo. En muchos países hay experiencia de este tipo. En la medida en que el capitalismo vaya siendo cada vez más concentrado y vaya precarizado mucho más el trabajo, es probable que la autogestión y las distintas formas de economías no verticalizadas vayan creciendo de formas muy diferentes. Toda la cooperativización es una forma de combatir, pero eso también debe implicar que se refleje en legislación, en políticas públicas, en derechos. Yo creo que el papel que tiene ahora las cooperativas en este momento es el de luchar por la supervivencia, porque esa es una constante, pero al mismo tiempo si logran determinadas conquista a nivel del Estado que les permitan consolidarse, es también mostrarse como un modelo diferente, que soluciona no solo el desempleo sino otras inequidades e injusticias que hay en el empleo informal y el empleo precario.