A tres años de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en medio del ASPO, su mamá brindó una conferencia de prensa donde también denunció la inacción del Poder Judicial.

«La causa está llena de pruebas, los fiscales hace meses evalúan las indagatorias a los policías; al Estado no le pedimos nada, exigimos justicia para poder seguir con nuestras vidas y que mi hijo descanse en paz». Con estas palabras habló ayer Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, a tres años de la aparición de su cuerpo sin vida en un cangrejal cercano a Bahía Blanca, tras haber sido detenido por agentes de la Policía Bonaerense y haber estado 107 días desaparecido. Fue durante un desayuno con la prensa organizado por Amnistía Internacional Argentina, del que participaron sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, y la querellante por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Margarita Jarque. Dieron a conocer la situación actual de la causa que, a pesar de contar con sobradas pruebas –como peritajes de teléfonos, ubicaciones de los patrulleros en GPS, numerosos testimonios, y peritajes sobre ropa y elementos de la víctima–, se encuentra virtualmente paralizada. Los querellantes aseguraron que piensan avanzar en las imputaciones si los fiscales no lo hacen, pero dejaron expuesta la necesidad de que el Estado avance al denunciar un “abandono persistente» de su parte.

El nombre de Facundo Castro fue noticia allá por el 2020 cuando, por la pandemia de Covid y por decisión del gobierno, el país se encontraba inmerso en una cuarentena estricta que limitaba la movilidad ―y la vida― de las personas. Su madre, Cristina Castro, daba a conocer la desaparición de “Kufa” de entonces 22 años y pedía ante periodistas su “aparición con vida ya”. El 30 de abril Facundo salió de su casa en Pedro de Luro y nunca regresó.

Era el momento del llamado ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) donde los controles eran intensos para los ciudadanos (pero no tanto para ciertos sectores privilegiados). Facundo había decidió dirigirse a dedo a Bahía Blanca, a 125 kilómetros de su localidad, con la intención de encontrarse con su expareja. En la Ruta 3 fue detenido por la policía, a la altura de Mayor Buratovich, cuando le faltaban solo 30 kilómetros para su destino. Allí comenzó el calvario: una llamada le anunció a Cristina que se le había labrado un acta a su hijo. Más tarde una nueva llamada, esta vez de Facundo, quien le decía “no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver”. 

Tres años más tarde de estos sucesos, marcados por irregularidades en la investigación judicial, contradicciones en los relatos de los agentes y la falta de justicia para Facundo y su familia, la causa iniciada en 2020 sigue en pie pero sin procesados. En ese tiempo, la jueza María Gabriela Marrón fue apartada del expediente por la Cámara Federal de Casación Penal, acusada de favorecer a la Policía Bonaerense queriendo instalar la versión de que el joven se había ahogado.

La versión oficial, es decir la de los uniformados, era que el joven había continuado su camino. Ciento siete días más tarde el cuerpo de Facundo fue encontrado en un cangrejal en el Canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo. No fue el Estado quien lo encontró sino un pescador de la zona que vio un cadáver semienterrado y dio aviso a la policía.  La descabellada hipótesis por parte de la anterior jueza de que el joven se había ahogado no tiene sustento dado que el nivel del agua nunca supera los pocos centímetros: “Tenés que avanzar 30 o 40 metros hacia adentro para empantanarse y, aún así, podés salir porque no te va a llegar más arriba de las rodillas. Es ilógico enterrarte y quedarte atrapado”, dijo ante los fiscales Iara Silvestre y Horacio Azzolín, uno de los pescadores que encontró el cuerpo y que conoce la zona desde hace treinta años. 

Cristina asegura que el juez Walter López Da Silva, encargado de reemplazar a Marrón, ha sido amable con ella y que le ha asegurado que está a su disposición. Mientras tanto el pedido de los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, para realizar el entrecruzamiento del contenido de más de 60 teléfonos policiales (medida rechazada por Marrón por considerarla “invasiva de la intimidad de los policías”) fue ordenado pero aún no están los resultados, y esto invocan los fiscales antes de avanzar en imputaciones. Con la idea de que ya hay elementos suficientes, la querella de la Comisión Provincial de la Memoria con la abogada Jarque, señaló que su rol es el de “visibilizar, condenar y tratar de cambiar estas conductas de violencia institucional”.  

El peritaje está a cargo de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), quienes ya han realizado el peritaje de los teléfonos de los policías bonaerenses Jana Curuhinca, Mario Sosa, Alberto González y Siomara Flores, y que arrojó evidencias para que, al menos, se encuentren detenidos. Sin embargo, como señaló Cristina, “continúan gozando de su sueldo y de su libertad”. 

Por su parte, tras denunciar «sucesivas maniobras mediáticas con el objetivo de encubrir la responsabilidad policial», el abogado Leandro Aparicio anticipó: “Ahora van a decir que los testigos clave se equivocaron de día, no es cierto, sus dichos coinciden con peritajes de la DATIP, hay pruebas en calidad y cantidad que demuestran que Facundo fue desaparecido por la Policía Bonaerense”. Y su socio, Peretto, aseguró que “la causa está paralizada, en pausa para desgastarnos. Facundo estuvo desaparecido 107 días y no sufrió un accidente, el análisis de su ropa que apareció en la mochila demostró que las roturas y quemaduras que había en las prendas fueron hechas cuando las tenía en su cuerpo, es decir que fue torturado».

El 23 de agosto Facundo hubiese cumplido 26 años. Cristina atravesó nuevamente esta fecha no sólo sintiendo la ausencia de su hijo, sino también con el dolor y la necesidad de justicia. Como si no fuera suficiente, la madre señala la falta de protección y lo insegura que se siente constantemente: “A nosotros no nos cuida nadie, nos cuidamos entre nosotros. Sé que estoy vigilada por la policía. Es terrible lo que se vive en los pueblos. Los policías están mal educados, mal preparados. Continúan con las prácticas de la dictadura”. El episodio más grave fue hace algunos meses, cuando en un baño de la estación de servicio donde ella trabaja, le dejaron un dedo, similar al que le faltaba al cuerpo de su hijo cuando fue encontrado sin vida.

Hacia el final del encuentro se sumó Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado en la Masacre de Avellaneda en el 2002 también por la Policía Bonaerense. Luego de darle un abrazo a Cristina se sentó a su lado: “Nosotros que hemos perdido hijos, familiares, compañeros, siempre estamos delante de la ley. Pero cuándo los funcionarios responsables nunca lo estuvieron. Mi otro hijo se tuvo que ir del pueblo, todo lo que nos pasa se debe a la inacción de los fiscales”, sentenció Cristina. Al grito de “Facundo, presente. Darío, presente. Hoy y siempre”, terminó la reunión con periodistas de diferentes medios, con lágrimas en los ojos de una madre que continúa la lucha para que su hijo pueda descansar en paz.