Familiares de otras víctimas de femicidio acompañaron a los padres de Cecilia Strzyzowski frente a la Casa de la Provincia de Chaco para exigir justicia. «Hoy es mi hija pero mañana podría ser la de otra», dijo Gloria Romero, la mamá. Mirá las fotos de ANCCOM.
El asesinato de Cecilia Strzyzowski puso en agenda nacional el problema de la violencia de género en la provincia norteña. Según el Observatorio de Mumalá este año ya mataron a 1,7 mujeres cada cien mil, la proporción más alta del país.
Desde 2020 que Chaco ocupa los primeros lugares en las estadísticas de femicidios en la Argentina. El caso de Cecilia Strzyzowski , -presuntamente asesinada por su pareja César Sena con complicidad con sus padres -Emerenciano Sena y Marcela Acuña-, originó el levantamiento masivo de la sociedad civil junto con el acompañamiento de los medios de comunicación y organizaciones feministas, evidenciando la problemática de la violencia de género en la provincia. Según el último informe del Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), denominado “Mujeres, Disidencias, Derechos”, desde el 1 de enero al 29 de junio del 2023 se registraron trece femicidios, ocho directos, cinco vinculados y un suicidio femicida. “Somos la provincia con la tasa de femicidios más altas del país, con 1,7 cada 100.000 mujeres”, expresa a ANCCOM Paula Ojeda, la Coordinadora de MuMaLá Chaco.
MuMaLá nacional es una organización feminista, autoproclamada popular, porque surgió “al calor de la lucha y resistencia a las violencias de las políticas neoliberales con las compañeras piqueteras de Barrios de Pie”. Se define como “federal” porque tiene sedes con presencia en veinte provincias del país, y “disidente”, porque defiende los derechos LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexual, Trans, Travestis, Intersexual, Queer). Además, cuenta con un Observatorio Nacional llamado “MuMaLá Mujeres, Disidencias, Derechos” que ya cuenta con más de cinco años de producción de datos y estadísticas sobre femicidios, suicidios femicidios vinculados y trans-travesticidios. Por lo tanto, las altas tasas actuales no parece sorprenderle a Ojeda, coordinadora de la sede chaqueña MuMaLá . “Es lamentable decirlo pero no nos sorprende. Lo que sí, la altura del año en la que estamos y que ya tenemos este índice tan alto. Generalmente, es más cerca de fin de año cuando ingresamos a este ranking nefasto. Sucede hace un buen tiempo ya, es triste pero lo estamos esperando”, afirma.
Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, en una marcha realizada en Resistencia para exigir justicia.
Todos los meses, el Observatorio lanza un informe con datos recabados principalmente desde el seguimiento de casos que brindan los medios de comunicación. “Es un trabajo federal muy a pulmón con nuestras compañeras, revisando las noticias que salen de nuestros país”, afirma Ojeda
En este sentido, ya para 2022 el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) había registrado a Chaco, después de Tierra del Fuego, como la segunda provincia con la tasa de femicidios más altas en el país, situación que se viene repitiendo desde 2020 según los informes disponibles. Para Ojeda, estos números en las estadísticas están ligados al abordaje de la temática y su aplicación por parte del sistema judicial y policial. “Constantemente estamos diciendo que sin políticas públicas los femicidios no van a mermar. Acá tenemos mucha política pública para erradicar y sancionar la violencia de género pero a la hora de que se apliquen en el territorio es donde está la falla. Todo tiene que ver con que el accionar de la Justicia y la policía es muy lento”, afirma.
La desaparición y el presunto femicidio de Cecilia que “está conmoviendo a la sociedad y al país entero”, causó una reacción “más rápida de la Justicia, pero está totalmente relacionado con la visibilidad que se les dio desde los medios de comunicación de la provincia en primer lugar y a nivel nacional en segundo lugar”, aclara Ojeda y agrega: “También al acompañamiento de movimientos feministas y a la indignación que generó en la sociedad que hizo que salgan a las calles a pedir esclarecimiento. Eso también hizo que la justicia actuó un poco más rápido”, agrega.
La última vez que se registró con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio pasado, cuando estaba a punto de irse a un supuesto viaje a Tierra del Fuego junto con su pareja César Sena, con quien se había casado y posteriormente anulado el matrimonio. El sueño de empezar de cero con trabajo y casa en Ushuaia se truncó: los fiscales a cargo de la causa consideran que la familia Sena, que ocupaba lugares dentro de la dirigencia política de la provincia, hizo creer esa idea del viaje como parte de un “plan” para cometer el crimen y desaparecer los restos de Cecilia. Al día de hoy, sin identificación aún del cuerpo, hay siete imputados además de la pareja: Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena como coautores del presunto crimen; el chofer de ellos, José Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, el casero del campo que tenía la familia, Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reinoso, estos últimos acusados de .encubrimiento agravado.
A más de un mes ya sin Cecilia, la coordinadora de MuMaLá Chaco tiene la esperanza de que signifique “un caso bisagra” para que la gente salga a reclamar “por políticas públicas efectivas y reales en su aplicación en el territorio. Así como se involucró con este caso, que salga a pedir justicia por los otros femicidios que tenemos en la provincia. Es muy importante que como sociedad nos involucremos. L os femicidios son un flagelo social”, recalca.
Asimismo, la organización exige por tercera vez la declaración de la Emergencia en Violencia de Género al Estado Nacional. “Esperamos que tenga un apoyo de la ciudadanía, porque entendemos que la sociedad está indignada por la violencia de género en nuestro país, que realmente veamos cambios y cómo realmente se puede resolver con el accionar de espacios feministas como el nuestro y con el accionar de proyectos de ley que buscan cambiar el rumbo del tratamiento de la violencia y de los femicidios”, enfatiza.
Comenzaron las audiencias del juicio por la verdad que investiga la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en abril de 1924. Se trató de un crimen de lesa humanidad en el que las fuerzas del Estado fusilaron a 400 miembros de las comunidades qom y moqoit.
En Resistencia, Chaco, el martes 19 de abril se inició el juicio oral y público por la Masacre de Napalpí, la matanza de cuatrocientas personas de los pueblos qom y moqoit en el Gran Chaco durante una represión estatal desatada hace casi un siglo. Napalpí fue el epicentro del horror que aportó mano de obra esclava para las explotaciones algodoneras y la tala del quebracho. Allí fueron asesinados al menos 400 indígenas y peones rurales correntinos que trabajaban en la zona. Todos bajo el mando de fuerzas estatales y colonos armados, guiados por un avión que sobrevoló el lugar para identificar el sitio de reunión de las comunidades.
La audiencia comenzó con la exposición por parte de la Fiscalía Federal, a cargo de Federico Carniel y su colega Diego Vigay, quien describió el hecho histórico como “una represión dantesca”. Continuó la querella conformada por el representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, Diulio Ramírez, y Emiliano Núñez, por el Instituto del Aborigen chaqueño. Por último, se escucharon los tres primeros testimonios: Pedro Valquinta y Rosa Grilo sobrevivientes del ataque, y el Qom Juan Chico, quien investigó y en sus libros dio voz a los acalladas de Napalpí.
En el Día de la Reafirmación de los Derechos de los Pueblos Originarios, y a 97 años de la Masacre de Napalpí, la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº1, explicó que “el juicio por la verdad no busca responsabilidades penales. Es una judicialización de hechos sin responsables directos o imputados”. Esto es así, debido a que, en primera instancia, quienes cometieron los delitos hace más de noventa años han fallecido. Pero, a pesar de ello, lo que se busca es “activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones de derechos humanos no deben repetirse”, destacó.
Aquel 19 de julio de 1924 mataron niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, y los enterraron en fosas comunes, los que sobrevivieron al hecho violento fueron mutilados, violentados y hasta exhibidos. Aquellos que lograron escapar del tiroteo, debieron huir hacia los montes y sobrevivir allí con los alimentos que les brindaba la naturaleza.
Este juicio es el primero de su tipo en el país. El fiscal Carniel mencionó que, a través del análisis de los hechos de la causa, “se puede encuadrar al delito como de lesa humanidad”, y a través de este acto de justicia “se lleva adelante este proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia, a fin de juzgar las circunstancias en que se produjeron los hechos y quienes formaron parte de los mismos”, agregó.
El fiscal detalló que la Masacre de Napalpí podría tener una sentencia por delito agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, el concurso premeditado de dos o más personas, según el Código Penal, de conductas catalogadas como delitos de Lesa Humanidad.
En sintonía el fiscal, Diulio Ramírez, querellante de la causa por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, señaló: “Procuramos que la sociedad pueda nutrirse de la verdad ante tanta negación y décadas de ocultamiento. Situación que comenzó a revertirse en enero del 2008, cuando el Gobernador de la Provincia de Chaco, pidió públicamente perdón a las víctimas sobrevivientes. Lo pidió en el lugar donde se cometió la masacre a sus familiares, a las etnias qom y moqoit”.
El secretaraio de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presenciaron la primera audiencia.
En 1924, en el territorio nacional del Chaco, las etnias qom y moqoit no estaban de acuerdo con las situaciones que les había planteado el gobierno provincial bajo tutela de Fernando Centeno. Este último, les prohibió la circulación libre, les cobraba un impuesto de 15% por sobre lo que producían en las parcelas y les impuso un flete confiscatorio. Las comunidades le pedían al Gobernador el reconocimiento para poder moverse con libertad y comida que estuviera en buen estado, ya que se encontraban encerrados en la “Reducción”.
Frente a los pedidos, el Gobernador Centeno decidió resolver el conflicto a través de la conformación de una fuerza policial con el único objetivo de destruir al oponente. Estaba compuesta por un centenar de efectivos. Por primera vez, se utilizó un avión alquilado para espiar la ubicación de los pueblos originarios.
En la mañana de aquel sábado, la policía rodeó a más de 800 indígenas que se encontraban en la zona, con una distancia de 300 metros entre ellos para comenzar a disparar. Fueron dos ráfagas de balas, una que duró unos minutos, y la siguiente que duró alrededor de una hora, que fue la que hirió entre 300 y 500 personas. “Hubo un modus operandi por parte de las fuerzas represoras. Un plan exhaustivo y coordinado. Una organización logística que movió a los efectivos policiales por tren, se determinó el papel que iba a cumplir cada uno, se utilizó y perpetró a las fuerzas represivas con armamentos y municiones de guerra”, subrayó el abogado querellante.
Asimismo, manifestó que este crimen es considerado de lesa humanidad debido a que “son actos atroces’. Son hechos por medio de un ataque sistemáticos por la organización que se acaba de relatar, generalizado por el número de víctimas, es hecho contra una población civil y sobre todo es hecho como política de Estado. Esto fue parte de una política que tenía casi 50 años en nuestro país de exterminio”.
Como sostiene el querellante por el Instituto del Aborigen Chaqueño, Núñez, “es necesario llevar adelante este juicio por la verdad, a los fines de lograr concretar de forma objetiva la recuperación de la memoria histórica, su difusión pública y completa la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas teniendo como primordial fin que este hecho de violencia no se repita nunca más”, enfatizó.
En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía presentó los testimonios audiovisuales de dos sobrevivientes a la Masacre de Napalpí en formato de entrevistas, realizadas por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Pedro Valquinta, apenas era un niño cuando fue testigo de cómo mataban a sus familiares y amigos de su misma comunidad. El hombre, que tiene más de 100 años, recordó: “En la Reducción mataron gente. Cuando reventaron las armas los mataron a todos. No hay sobrevivientes”. Valquinta, a su vez, es sobreviviente de otra masacre más, conocida como Zapallar (hoy General San Martín), que ocurrió el 6 de septiembre de 1933. Ambos ataques violentos hacia la comunidad a la cual pertenecía.
La siguiente testigo fue Rosa Grilo, sobreviviente de la Masacre de Napalpí. La anciana expresó que este acontecimiento ha generado “mucho dolor”, porque recuerda que a su padre lo mataron, y que se salvó gracias a que sus abuelos y su madre la arrastraron hacia el monte donde se escondieron de la policía. A pesar de ello, y luego de casi cien años de silencio, la sobreviviente, dijo que “recién ahora” se comenzó a hablar de lo sucedido.
El último testimonio de la jornada fue un video de Juan Chico, historiador perteneciente a la comunidad qom, que investigó la masacre de Napalpí. Chico sostuvo que “en este caso trabajamos memoria y por lo general cuando uno busca datos información y documentación se encuentra que hay poca. El dato o el archivo está pensado con una gran subjetividad, pero sin duda ayuda a nosotros que trabajamos con la memoria oral”. Dado que, en los documentos que se encontraron, y que forman parte de la causa, ocultan información en cuanto al número de fallecidos o hasta dejaron asentado que hubo un enfrentamiento entre comunidades en la que intentan desentender a la Policía del hecho. “La memoria en el caso de Napalpí jugó y sigue jugando un rol clave en esto. Hay que trabajar con las dos miradas”, opinó, y agregó que los abuelos mayores “son otro archivo. Hay que darles la relevancia que tienen, que son nuestra biblioteca viviente”. El investigador iba a formar parte del juicio, pero el 13 de junio del 2021 falleció a los 45 años en su provincia natal como consecuencia del covid-19. Por lo que su declaración grabada en formato audiovisual y sus libros forman parte de la investigación.
Este juicio por la verdad durará alrededor de un mes, y las audiencias se llevarán adelante en las ciudades chaqueñas de Resistencia y Machagaic; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio por la Memoria de la ExEsma. El próximo 26 de abril se continuará con la declaración de seis testigos, y la reproducción de las entrevistas a otros dos: Melitona Enrique y Rosa Chará.
Inundación en Luján, Provincia de Buenos Aires. Sábado 15 de agosto 2015.
A partir del 8 de enero en el Chaco llovió en un par de semanas lo que debería llover en un año. El fenómeno climático provocó inundaciones no sólo en localidades del interior provincial sino también en el conurbano de Resistencia. Una vez producido el desastre, organizaciones vecinales y religiosas trataron de proveer asistencia a los afectados, pero además distintas ONG denunciaron el desmonte en la región como uno de los principales factores del desborde de las aguas que afectaron a más de 7500 personas. ANCCOM recorrió las zonas afectadas y dialogó con vecinos, especialistas y con el escritor chaqueño Mempo Giardinelli.
Liliana Rosa Pared, del Barrio Los Pinos, cuenta: “Nosotros tuvimos 30 centímetros de agua en la casa. Es una amargura ver todo revuelto y que tu sacrificio sea llevado a la destrucción, hasta las paredes se comenzaron a caer”.
Las experiencias se repiten en miles de hogares con agua hasta las rodillas en el interior de las casas, con agua hasta la cintura en las calles. Así lo describe Sonia Fernández, del Barrio San Pablo: “Nunca hicieron el zanjeo, entre tres y cuatro días sin que el agua salga de casa porque no bajaba en la calle; mi marido es albañil y estuvo dos semanas sin trabajar.”
Teresa Lucía Gómez, del Barrio Carpincho Macho sostiene: “No se podía salir si te pasaba algo porque el agua llegaba a la mitad de la puerta del auto. Los políticos dejaban la mercadería en la ruta porque no querían mojarse y hasta ahí tenías diez cuadras. Esa asistencia no resuelve nada, pero era necesaria porque la gente que vive al día no tenía para comer y no podía salir a trabajar, por eso fuimos a cortar la ruta y a pedir a los políticos que entren”.
Las capillas y parroquias repartieron donaciones y cocinaron guisos, panes, tortas fritas y mate cocido y los acercaron a los vecinos. Hubo mucho trabajo durante la tormenta pero también después, como explica Sofía Vispo Meloni coordinadora de la sede Resistencia de la “Fundación Sí”: “Una vez que la lluvia cesa la asistencia continúa sobre todo con repelentes y artículos de limpieza”. Porque otras consecuencias de las inundaciones, una vez terminadas, son la falta de recolección de residuos y la multiplicación de mosquitos, sanguijuelas y víboras, que convierten los barrios en focos de infección y otras enfermedades.
Muchas voces se levantaron adjudicando la responsabilidad de las inundaciones a los desmontes indiscriminados que se llevan a cabo, no solo en el Chaco sino también en otras provincias vecinas. Esas talas fomentan el cambio climático, produciendo ciclos con fenómenos tan extremos como sequías e inundaciones que asedian alternativamente la zona.
El escritor y periodista chaqueño Mempo Giardinelli, dice vía mail a ANCCOM: “Las responsabilidades son de dos tipos, y ambas confluentes: por un lado el gran responsable fáctico, en su irracional manejo de la tierra, es el latifundio, que sigue siendo negado; y que desde hace décadas tala bosques brutalmente con tal de expandir las fronteras productivas en forma irracional, descontrolada e irresponsable.” Por otra parte, el escritor agrega: “La desidia e incompetencia caracterizó a la mayoría de los gobiernos de los últimos 50 años, y todos –algunos más y algunos menos– y posiblemente por ignorancia pero seguramente por corrupción en los organismos de bosques y por la voracidad de los lobbies empresariales agropecuarios, han dejado y muchos siguen dejando hacer a las oligarquías terratenientes, sean familias o como ahora grandes empresas. Y ese descontrol gubernamental generalizado es ahora peor que nunca antes, gracias a que el gobierno nacional ahora es lisa y llanamente cómplice y actor de los desmontes. Nunca hemos visto algo igual.”
En tanto, el abogado Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela explica: “La provincia del Chaco nació con una matriz forestal desde comienzos del siglo veinte y a lo largo de la historia esto se ha acentuado. No se respetan los tiempos que conlleva la recuperación de los bosques nativos por eso está cada vez más diezmado. Los suelos del Chaco son muy heterogéneos, y pocos son aptos para la agricultura. Los suelos de clase 4 por ejemplo, se tienen que explotar con mucha rotación y mucho descanso, no son aptos para la agricultura intensiva o industrial ya que son muy frágiles pero aun así son utilizados con este fin.” A través de permisos que no respetan la Ley de Bosques, los sucesivos gobiernos han otorgado miles de hectáreas a grandes empresarios y han dado permisos ilegales cambiando el uso de suelo.
El gobernador Domingo Peppo publicó en sus redes la firma del Decreto 298/19 el lunes 28 de enero, que derogó disposiciones que permitían el uso de suelos en categoría amarilla y suspendió el reordenamiento territorial. Al respecto dice Núñez: “El decreto no tiene estado jurídico aún, fue presentado como una buena noticia pero en realidad respondió a presiones que hacíamos desde acá y al escrache realizado por Greenpeace. También dice que van a poner en categoría amarilla a campos y chacras pero en realidad ya existían resoluciones que obligaban a lo mismo. Por otro lado, el decreto suspende el otorgamiento de permisos pero no dice que van a suspender los desmontes”. Finalmente el abogado señala: “Las máquinas están paradas porque el piso está blando pero en cuanto se seque, van a volver.”
Según los datos publicados por Greenpeace, Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años. Más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques: 54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas. Así es destruida la esponja natural y el mecanismo regulatorio que tiene la naturaleza para absorber el agua, lo que provoca los desbordes vividos recientemente y que se seguirán repitiendo si no se detiene el avance del desmonte y si no se repara el daño realizado a través de la reforestación de los bosques nativos. ¿El futuro? Una incógnita.
Hace un año y tres meses, la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí, crimen donde murieron al menos 400 personas de las comunidades Qom y Mocoví, con el objetivo de llegar a juicio para que se la juzgue como crimen de lesa humanidad.
El hecho
En 1924, la Reducción Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud. Les pagaban con alimentos vencidos y ropas usadas, además de los maltratos que sufrían todos los días. Como si esto fuese poco, el gobierno de entonces quiso instalar un impuesto del 15% de lo percibido, lo cual llevaría la situación de pobreza a una extrema hambruna. Ante esto, las comunidades decidieron partir hacia las provincias de Salta y Jujuy para trabajar en los ingenios azucareros. El entonces gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar el territorio y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El 19 de julio de 1924, alrededor de 130 policías llegaron a la Reducción Napalpí y dispararon con rifles. Alrededor de 400 personas murieron, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Los que habían sobrevivido a las balas, luego fueron degollados.
A la ferocidad del ataque se le sumó la conspiración de los diferentes poderes del Estado para encubrir el hecho a través de una versión oficial asentada en el expediente. Se dejó establecido que el suceso se había tratado de un enfrentamiento entre Tobas y Mocovíes con un saldo de cuatro muertos. Al mismo tiempo, los medios de la época se hicieron eco de la versión oficial, con la excepción de El Heraldo, único diario que llevó adelante una investigación y denunció la matanza. Hubo también un fiscal que planteó que en el expediente faltaba la versión de los sobrevivientes y solicitó formalmente la exhumación de los cadáveres para profundizar la investigación. Su compromiso le valió un traslado a la provincia de Entre Ríos, con lo cual fue separado de la causa. Desde entonces, la masacre de Napalpí permanece impune.
En diálogo con ANCCOM, Diego Vigay, actual fiscal de la causa, explica que el hecho se enmarca en un “contexto de genocidio de los pueblos originarios en todo el país” y que existió un “trasfondo económico, étnico, ideológico y cultural” que avaló la masacre. Sin embargo, el hecho no tuvo la trascendencia ni la cobertura mediática de otras matanzas. Para Vigay, esto se debe a los prejuicios que circulan socialmente en torno a las comunidades de los pueblos originarios: “Tiene que ver con una cuestión cultural, con una mirada blanca de lo que han sido los genocidios”.
La masacre de Napalpí se inserta en un contexto histórico donde ese tipo de acciones contra los pueblos originarios eran moneda corriente. No era una práctica aislada sino sistemática llevada a cabo en conjunto por el poder político y los terratenientes. Al respecto, Vigay explica que la Reducción Napalpí “había sido creada con el objetivo de concentrar a las comunidades de los pueblos originarios del Chaco para adueñarse de esas tierras” y que esto se relaciona con que “el territorio del Chaco pasó a ser proclive a la plantación de algodón”, lo cual “se vincula a nivel mundial con la necesidad de la vestimenta de buena parte de los obreros que se iban incorporando a las fábricas en la época de la revolución industrial”.
Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud.
El silencio
Una de las consecuencias que dejó la matanza de Napalpí es un profundo silencio en la comunidad alrededor del hecho. Silencio que responde tanto a una necesidad de olvidar para poder seguir adelante como a una fuerte presión social. Juan Chico es miembro de la comunidad Qom y, llevado por la necesidad de entender aquel hecho atroz, inició una investigación y escribió el libro “Napalpí. La voz de la sangre”. Para él, las matanzas de Napalpí y de El Zapallar, ocurrida en 1933, “marcaron profundamente la identidad, la historia y la memoria de la vida” de la comunidad. Por eso, resulta difícil hablar. A esto se le suman los estereotipos y prejuicios que circulan socialmente acerca de los pueblos originarios: “En la sociedad hay instalada una mirada y un estigma sobre los pueblos indígenas que identifica al indígena con el vago, el haragán, el que no quiere trabajar”, explica Chico y continúa: “La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”.
Una de las cosas que más le impactó a Chico al comenzar su investigación fue el silencio que había alrededor del tema. Los viejos “nos decían que había que tener cuidado con lo que se habla. Fue tan fuerte ese miedo que quedó instalado. Lo que me impactó era el temor de hablar de Napalpí. Estaba prohibido, era un tema tabú. La comunidad, para sobrevivir, no hablaba”. Sin embargo, Juan Chico pudo más que ese silencio y logró llevar a cabo su investigación. Cuenta que había muchas otras investigaciones pero que se caracterizaban por tener una “mirada foránea y lastimera sobre el indígena”. Por su parte, Chico quería reivindicar la lucha de los pueblos y remarcar la importancia de los testimonios de los viejos.
La investigación
Diego Vigay es el fiscal a cargo de la investigación y cuenta con el apoyo de los fiscales federales Carlos Amad, Federico Carniel y Patricio Sabadini. Vigay cuenta que han recabado mucho material durante el proceso de investigación: “Una serie de investigaciones y de publicaciones alrededor de Napalpí que se complementan unas a otras, documentos históricos, expediente judicial y administrativo, diarios de la época, sesión de la Cámara de Diputados donde hubo una interpelación al ministro de esa época y, a la vez, existe una serie de investigaciones científicas que tienen que ver con una prueba de contexto. Hay mucho trabajo de investigación hecho alrededor de Napalpí, lo cual a nosotros nos facilitó mucho la tarea”.
El único sobreviviente es Pedro Balquinta, quien tiene 107 años y ya ha prestado declaración ante la fiscalía. Además, han incorporado los testimonios de Melitona Enrique y Rosa Chará, “a través de la voz de sus hijos”. Debido a la cultura del relato oral, esos testimonios “eran la voz de su madre contando lo que había padecido en la masacre”, explica Vigay.
En este momento, Vigay y sus colaboradores han incorporado los testimonios y la documentación relevada en la investigación y sólo les falta alguna prueba más: “Una cuestión es la posibilidad de exhumar las fosas comunes, eso se puede realizar”. Después queda presentar la causa ante un juzgado federal “solicitando que se lleve adelante un juicio por la verdad”, enfatiza Vigay.
Un juicio simbólico
La matanza de Napalpí no tuvo el tratamiento judicial necesario pero ya no quedan culpables vivos. Por eso es que la fiscalía plantea llevar adelante un juicio por la verdad, que “es la herramienta válida para juzgar un crimen de lesa humanidad donde no tenemos imputados vivos”, sostiene Vigay y explica: “El juicio por la verdad es un juicio sui generis. La idea es que el juicio pueda ser oral y público y que se puedan traducir los testimonios, que puedan hablar los investigadores, que se pueda leer la documentación, que exista una sentencia de la justicia federal que pueda reconstruir los hechos y el contexto económico y cultural, que la comunidad pueda conocer la verdad de lo sucedido”. En definitiva, “trasuntar en una reparación simbólica a los pueblos originarios”.
Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial ven con buenos ojos la realización de este tipo de juicios, ya que argumentan que ha pasado mucho tiempo y que implica volver a abrir una herida. “Pero a la par uno encuentra funcionarios con sensibilidad, que entienden que estamos ante crímenes de lesa humanidad y que hay una obligación del Estado de juzgarlos”, cuenta Vigay. Además, plantea que si existe un proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, debería también haber uno de los crímenes contra los pueblos originarios. “Tenemos mucha expectativa en que funcionarios con una sensibilidad especial puedan llevar adelante este juicio por la verdad”, dice.
Para Juan Chico, esa posibilidad “es un anhelo” porque “tiene que ver con un cambio cultural”. Agrega que existe una gran resistencia a que se juzgue como crimen de lesa humanidad porque hay “sectores que todavía no ven a los indígenas como personas sujetas de derechos”. Para Chico se trata de “una justicia muy conservadora, que siempre estuvo al servicio de determinados intereses y que fue cómplice de lo que pasó en la dictadura”. Por lo tanto, el juicio por la verdad “va a marcar un antecedente para seguir pensando el futuro y que las nuevas generaciones realmente nos vean como personas con nuestra diversidad cultural”. Para los miembros de la comunidad es esperanzador. “El tiempo histórico y político que vive el país hace que podamos hablar de estas cosas”, concluye Chico.
“La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”, dice el fiscal Diego Vigay.
El cambio cultural
Para Juan Chico, “el exterminio de los pueblos indígenas fue una cuestión de Estado”. Así, “la única forma de reparar el daño también tiene que ser una política de Estado”. Esto va a llevar tiempo pero lo fundamental es el cambio cultural, es decir, “ver al indígena como sujeto de derechos, porque durante mucho tiempo fue objeto de estudio. A lo que apostamos es a un cambio cultural, que todos tengamos igualdad de oportunidades y de derechos”. En tanto, para Diego Vigay, las dos palabras que resumen la masacre de Napalpí son “sangre y dinero”.
Textuales
En el marco de la investigación, prestaron declaración los hijos de Rosa Chará y Melitona Enrique, sobrevivientes de la masacre. Como parte de la tradición oral que forma parte importante de la cultura de los pueblos originarios, la fiscalía entendió que ellos pueden dar testimonio en función de lo que han escuchado de sus padres.
Sabino Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, contó: “Una mañana muy temprano era sábado, casi al salir el sol, vinieron los policías (…) y empezaron a tirar y a matar. Tiraban todos juntos. No le dieron tiempo a salir. Muchos murieron con la primera descarga. Tiraban sin ninguna contemplación. Había ancianos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Los heridos trataban de correr. La policía avanzaba y seguía tirando, para aniquilar, para fundirle a todos los que estaban haciendo el reclamo…”
Mario Irigoyen, hermano de Sabino, narró: “Los que se escaparon se iban al monte. Mataron como 400 o 500 según lo que contaban mis padres. (…) Mi madre y sus padres estuvieron escondidos en el monte y no podían salir por los policías que los estaban siguiendo, no se podían acercar a la toldería. Le jugaron a mi pueblo, no les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos, bajaban los pájaros que comen los cadáveres. Es algo muy triste esta historia por eso no quiero casi hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas, le hicieron trofeos. Todo esto me contaron mis padres…”
Carmen Delgado, hija de Rosa Chará, relató: “ Los hombres de la familia (…) fueron tomados como rehenes y le hicieron hacer los pozos para enterrar los cadáveres. En las fosas enterraban a niños, mujeres, hombres asesinados de las etnias toba, mocovíes y también algunos los criollos. (…). Asesinaron como a 450 aborígenes y algunos criollos pedían compasión pero que los mataban igual…”.