Nov 25, 2020 | Comunidad, Novedades
Hace 10 años la Cámara de Senadores aprobó una norma que prometía un gran avance en la salud mental argentina. Con 47 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, la Ley Nacional de Salud Mental se sancionó luego de una insistente y larga lucha por los derechos de las personas que se encuentran internadas en hospitales neuropsiquiátricos. Aun así, celebrada por profesionales, la Ley 26.657 sigue sin cumplir algunos de sus puntos más importantes una década después de entrada en vigencia.
“Nos encontramos a mitad de camino entre lo que la ley proponía y lo que se ha logrado”, comenta Silvia Raggi, Secretaria General de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM). “Parecía que 10 años era un lapso más que suficiente para alcanzar los objetivos de la legislación pero el camino no fue ni es fácil”. Uno de los puntos conflictivos es el cierre total y prohibición de nuevas aperturas de hospitales monovalentes, aquellos utilizados con el único fin de internar a personas con padecimiento mental.
Según el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018, el 2020 debería ser el año límite para ponerle fin a estas instituciones y generar otro tipo de integración de los pacientes. Si bien es un logro que no se abrieran nuevos hospitales psiquiátricos, a un mes de la fecha tope para terminar con el sistema manicomial, su eliminación total parece no ser algo posible a corto plazo.
“Nos encontramos a mitad de camino entre lo que la ley proponía y lo que se ha logrado”, comenta Silvia Raggi.
Al respecto, Celeste Fernández, Coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostiene que “hoy la única respuesta que el Estado le da a las personas con discapacidad psicosocial es el encierro en el psiquiátrico, porque los hospitales generales rechazan las internaciones, no dan servicio, algunos no tienen ni siquiera salas de internación, y por otro lado los dispositivos comunitarios no están creados”. Si bien la ley promueve la externación, es posible tomarla como última medida cuando el paciente o terceros corren riesgo inminente. “Una vez que cesa este estado de crisis, la persona tiene que salir, y siempre esas internaciones deben ser en hospitales generales”, dice Fernández.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado en 2019 por la entonces Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, son 12.035 las personas internadas actualmente en 162 instituciones monovalentes, de las cuales 41 de ellas son públicas. Por otro lado, el censo informó que solo 34,1% de las personas internadas no recibe visitas y que solo el 41,6% puede hacer llamadas telefónicas.
Silva Maltz es psicóloga clínica y profesional de planta del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Afirma que con la exigencia de los protocolos sanitarios de la cuarentena se reforzó el doble encierro debido a la imposibilidad de que las mujeres internadas se conecten con sus allegados y reciban visitas: “Tuvimos muchos problemas para que ellas puedan comunicarse con sus familiares, no todas las mujeres tienen celular”. Para prevenir contagios por coronavirus, el equipo de profesionales del hospital es testeado cada 15 días, pero en el caso de las pacientes se les impide hacer salidas al exterior y pasar mucho tiempo en el patio de la institución.
“Hoy la única respuesta que el Estado le da a las personas con discapacidad psicosocial es el encierro», dice Fernández.
Otro de los puntos importantes que manifiesta la ley es la integración de los pacientes internados a través de casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, y emprendimientos sociales. “Radio Desate” es un ciclo de microprogramas radiales, mediante el cual las mujeres que se encuentran internadas en el Hospital Moyano pueden participar de una actividad grupal. “Es un espacio que hemos creado con un sentido que es poder, por un lado, mitigar tantos prejuicios en relación a la salud mental, y por el otro que se conozca esta problemática a partir de mujeres que piensan, que sienten, que crean, que tienen criterio, con sensibilidad social, preocupadas por las cuestiones cotidianas, la problemática de género, los derechos humanos y la salud mental”, explica Maltz, creadora del proyecto.
Pero sin duda, la falta más grave de la ley se da en relación a la vulneración de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, falta de higiene y hacinamiento, salas de aislamiento, el uso de terapias de electroshock que aún se da en algunas instituciones y el sometimiento a la medicación como castigo son algunos de los agravios que los pacientes viven en el encierro. A esto se le suma la desconexión con el mundo exterior, la falta de comunicación e integración social de un sistema que no protege completamente a la gente que asiste. “La violación de derechos está en que una persona viva aislada de la comunidad”, asegura Fernández.
Aun así, la Ley Nacional de Salud Mental ha avanzado en la implementación de algunos de sus artículos. Uno de estos progresos fue la creación de la Unidad de Letrados, un grupo de abogados que trabaja en los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene como objetivo proporcionar defensa y asistencia gratuita a mayores de edad internados sin su consentimiento. Asimismo, se formó el Órgano de Revisión, encargado de monitorear el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. Actualmente, 12 provincias cuentan con órganos similares. Pero sobre todo, hacer de la salud mental y los derechos humanos de las personas internadas un tema de agenda fue uno de los avances más importantes de la ley.
«Entre otras cosas, falta la aplicación del 10% del presupuesto de Salud en Salud Mental», subraya Raggi.
“Aún queda mucho por hacer -explica Raggi-, falta la reconversión de muchos hospitales monovalentes, la aplicación del 10% del presupuesto de Salud en Salud Mental, falta la creación de mayores dispositivos de medio camino, la creación de salas de internación de salud mental en los hospitales generales, todo lo que para este año 2020 ya tendría que haber existido”. Entre las propuestas que exigen las diferentes asociaciones civiles se encuentra la necesidad de producir información transparente sobre las personas internadas, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la garantía de tratamientos ambulatorios y el acceso a la medicación. Por ello, la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial significa generar mayor inversión en políticas de salud y de vivienda. Además, se busca permitir su participación en la política pública para terminar con las estigmatizaciones y permitir su integración a la comunidad como sujetos de derecho que opinan y necesitan ser escuchados.
Nov 11, 2020 | DDHH, Novedades
Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó que este espacio fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri “en contraposición al Consejo Federal de Derechos Humanos del neoliberalismo”, en un momento en el cual «no se podían articular políticas». El funcionario subrayó que es imperioso “recuperar los estándares de derechos humanos que tenía la Argentina. Este encuentro recupera una necesidad impostergable de poner al federalismo en primer plano», afirmó.
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Otra de las intervenciones en la apertura estuvo a cargo de Nayla Bosch, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, quien sostuvo que la generación de la que es parte, la “de las nietas”, está completamente atravesada por los feminismos. “Es algo que nos constituye: sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género”. La socióloga Dora Barrancos, retomó las palabras de Bosch para celebrar los avances en materia de políticas de género y equidad como el Plan Nacional contra las violencias con motivos de género y el programa Acompañar. Éste último otorga una prestación económica a mujeres y disidencias para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, al mismo tiempo que intenta fortalecer las redes de acompañamiento.
Dora Barrancos.
Sin embargo, Barrancos advirtió que “no se ganaría mucho con el plan sino hacemos una reconstrucción rigurosa de la justicia en este país. Uno de los problemas fundamentales está en la actual organización y administración de la justicia. No es novedad que el sistema judicial está en crisis”. En referencia a la deuda que mantiene el actual gobierno con el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –cuyo envío al parlamento se anunció el lunes pasado–, recalcó la necesidad de que sea ley: “Necesitamos que este derecho sea conquistado porque se trata de resolver la autonomía fundamental de las personas gestantes. No puede haber derechos humanos consagrados en plenitud sin esta imposibilidad de autodeterminación”, aseguró.
Otro tema preocupante, reflejado en el Encuentro, es el aumento de la violencia institucional durante la pandemia. Según un informe realizado por Amnistía Internacional se registraron alrededor de 30 casos de maltrato policial. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó al respecto: “El neoliberalismo va totalmente a contramano de los derechos humanos y por eso cualquier cosa que hagamos para contener la violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes”, expresó. “Nos encontramos ante un fenómeno de reproducción de violencia y del delito –añadió–. En una sociedad donde un 30 por ciento están incluidos y un 70 por ciento excluidos, el delito es funcional porque mientras los barrios precarios reclaman más inclusión y se pelean entre ellos, se debilita el sentimiento de comunidad: no hay organización, ni resistencia. El control de la exclusión que se hace en América latina es a través de la introducción de contradicciones”.
La situación carcelaria también fue objeto de debate debido a las voces de alarma sobre la violencia penitenciaria durante el aislamiento, de hecho la semana pasada se vivieron motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Si bien el reclamo principal estaba orientado a la reanudación de visitas, el conflicto se desató a raíz de un cúmulo de demandas sin atender. Zaffaroni se refirió a la superpoblación en las prisiones y a las condiciones en que se encuentran en toda la región, que generan un orden interno en el que comienzan a jugar lógicas criminalidad y reducción a servidumbre.
Estela de Carlotto.
Al cierre del encuentro, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó la importancia que los derechos humanos no deben ser sólo una palabra sino una expresión activa y comprometida que involucre otros derechos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir dignamente. “Debemos asegurarle esto a las personas que hoy son pobres en este país tan rico. Las Abuelas tenemos experiencia y nos ofrecemos para todo aquello que sea necesario participar colectivamente”, concluyó.
Feb 12, 2020 | Comunidad, Novedades
«También se los llama hongos psicodélicos: la revelación del alma», dice una de las instructoras.
A la mañana, llega por mensaje privado la dirección en la que por la tarde se llevará adelante el curso. El lugar de encuentro es un PH húmedo en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires que, puertas adentro, funciona como centro cultural. Pasados cinco minutos de las seis de la tarde, más de veinte personas se acomodan en el piso sobre almohadones, deseosas de aprender los secretos del psilocybe cubensis, también conocido como “Cucumelo”, uno de los pocos hongos de esta especie que crece en nuestro país.
“Los consumían los mayas y los aztecas en ritos y ceremonias para conectar con la naturaleza, con ellos mismos, con los dioses”, interviene una de las dos instructoras del curso a modo de apertura, sentada en el fondo, detrás del proyector. “De hecho, el término ‘enteógeno’ -utilizado para describir sus propiedades- significa: ‘Dios dentro de uno’ –explica-. También se los llama psicodélicos: la revelación del alma». Durante la introducción, uno de los asistentes asegura haber dejado el tabaco gracias a estos seres vivos. Otro, iniciado en el uso de ácido lisérgico -LSD-, busca incursionar en algo más orgánico. Una chica aclara que solo le interesa aprender a cultivar como experimento científico.
Las organizadoras del taller se conocieron en Capilla del Monte, Córdoba, en una ‘casa medicina’ o ‘comunidad de plantas’: así se denominan las pequeñas sociedades de la zona donde algunas personas acuden para servirse del mundo vegetal con el objetivo de sanar o expandirse. “Yo llegué de casualidad -asegura E.- o, más bien, causalidad. Me enamoré de la gente, tenían un tipo de vida totalmente diferente a lo que conocemos: del amor, del no juicio, de la no estructura, te sentís muy libre”. Allí conoció a L., nativa del lugar, con ocho años de experiencia en autocultivo y doce en una búsqueda espiritual por medio de otras especies como el San Pedro -cactus que contiene una sustancia psicoactiva llamada mezcalina- y la Ayahuasca, una bebida hecha de plantas en la que predomina el compuesto dimetiltriptamina, conocido como DMT.
A principios de 2019, E. y L. se animaron a compartir sus saberes sobre hongos mágicos en distintas ciudades mientras recorren el país. Dejaron atrás la comunidad en Córdoba porque consideraron que su estadía había cumplido un ciclo. Por ahora no tienen residencia fija.
Una síntesis a dos voces ocupa los primeros diez minutos de las dos horas de duración de la clase. El prólogo abarca una breve historia de los hongos, la polémica en torno a su origen –“no se sabe si son de este planeta: los hongos no son animales, tampoco son plantas”- y sus propiedades terapéuticas. No lo dicen públicamente ante la audiencia, pero las chicas conocen a una persona que dejó atrás 20 años de adicción a la cocaína, sin quererlo, luego de ingerirlos. Agregan que el padre de una de ellas pudo controlar su bipolaridad gracias a microdosis periódicas.
En el primer tramo del encuentro los saberes técnicos se engarzan en estructuras complejas con conceptos espirituales y filosóficos. Una descripción precisa de cómo la psilocibina actúa en el cerebro humano se va articulando con un paneo sobre cómo las personas nos protegemos detrás de nuestra personalidad, entendida como una máscara construida a partir de estímulos externos. Hacia el final de la introducción, los hongos afloran como un camino para conectar con el ser que tenemos dentro, percibir el mundo como un campo unificado, destruir el ego y perder el miedo a la muerte.
“No se sabe si son de este planeta: los hongos no son animales, tampoco son plantas”, introducen las talleristas.
Juan Acevedo Peinado, psicólogo argentino descendiente de guaraníes mbyá, es autor del libro Plantas Sagradas, que lleva publicadas dos ediciones. En los 90 fundó, junto con otros profesionales, la institución Mesa Verde, dedicada al estudio de algunas especies del reino vegetal y su potencial terapéutico en occidente. Desde su consultorio en Recoleta señala que efectivamente los hongos psilocíbicos fueron usados por los mayas en rituales y también se utilizan en nuestros tiempos. Menciona el caso de la curandera María Sabina de la etnia mazateca en México, conocida por su tratamiento ceremonial de estos organismos.
El especialista expresa algunos reparos sobre el consumo de psicotrópicos en el contexto de hoy: “El tema es la administración y cuándo. Los psilocibos tienen un correlato con la etnomedicina, cierta cuestión de búsqueda. Cuando caen en occidente estamos en medio de un despropósito porque -por las características de esta sociedad- una vez que tengas los medios para cultivar, probablemente no dejes de consumirlos. La persona tiene que estar capacitada para poder llevar adelante esa experiencia y tener un conocimiento en esas áreas, alguien que con larga data y probadamente sepa generar una situación terapéutica. La sustancia en sí -ese líquido violáceo que queda cuando le pasás la uña o exprimís un hongo- sirve para muchas cosas. Por algo le llaman ‘La Maravilla’”.
Si bien no desacredita las posibilidades terapéuticas de la psilocibina aún en el mundo actual, el psicólogo advierte acerca de su ingesta en casos de individuos con trastornos de ansiedad muy fuertes: “Existen también personas con disfunciones renales o psicóticos compensados que no saben de su condición. No somos originarios, vivimos con altos niveles de estrés, paranoia y neurosis. El tema no es para ser tratado con liviandad. Nada es un milagro, todas son herramientas”, concluye.
En la clase sobre hongos del Posgrado en Toxicología de la Universidad de Buenos Aires hablan de ‘florecillas de los dioses’. Las diapositivas que se exhiben en el aula postulan que generan dependencia psíquica, tolerancia, psicosis tóxica, midriasis (dilatación de la pupila del ojo), hiperreflexia (respuesta excesiva a los estímulos). En el peor de los casos, alteración sensorial, náuseas, vómitos, dolor abdominal. La experiencia, según el punteo, es de una hilaridad incontrolable, visiones coloreadas caleidoscópicas, demoníacas, alucinaciones auditivas, viajes a otros mundos de hasta doce horas de duración.
Uno de los libros que acompaña la cursada –Toxicología Clínica– provee un párrafo con instrucciones sobre intoxicación por hongos alucinógenos: «En general no es preciso utilizar medidas de eliminación o extracción. El tratamiento es sintomático: tranquilizar al paciente, evitar estímulos sensoriales y administrar sedantes del tipo de las benzodiacepinas». En el Manual de Emergencias Toxicológicas de Goldfrank, uno de los favoritos de los especialistas, dice que “puede promover reacciones secundarias de miedo extremo con percepción distorsionada, particularmente en usuarios inexpertos”.
“Los que llegan a las guardias son individuos que consumen sin informarse”, indica una médica que cursa un posgrado.
En la guardia, los médicos no consideran con gravedad a los casos de personas que llegan en medio de un mal viaje. “Son individuos que consumen sin informarse, pero no es muy diferente de alguien que acude porque se comió un frasco entero de aceitunas”, indica una alumna del posgrado.
Desde el punto de vista estrictamente normativo, la prohibición es absoluta, tanto de la tenencia para consumo como de la comercialización. «La ley 21.704, que aprueba el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas adoptado en Viena en 1971 por la Conferencia de las Naciones Unidas, como la ley 23.737 -de tenencia y tráfico de estupefacientes- y sus normas reglamentarias, contemplan el caso de los hongos», aporta el abogado penalista Fernando Leone (matricula T°110 F°677 CPACF). La psilocibina figura en la clasificación internacional entre las más peligrosas y con alto riesgo de abuso dentro de un listado muy cuestionado que agrupa al cannabis y sus derivados, cocaína, heroína, metadona, morfina, opio y hoja de coca.
«En nuestro país hay bastante jurisprudencia sobre el tema, tanto con especies autóctonas como extranjeras –sostiene Leone-. Hay bastantes casos, todo el tiempo. De hecho, hay una división de la Policía Federal que se encarga solo de psicotrópicos y precursores. En este momento hay gente detenida, mayoritariamente en prisión preventiva, esperando un eventual juicio oral por tenencia de plantas en su casa que contenían sustancias psicotrópicas y ni siquiera lo sabían».
Existe un caso de conocimiento público relacionado con los hongos que fue bandera del operativo antinarcótico de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich: en 2016 arrestaron a un productor luego de encontrar más de 500 gramos de hongos psilocibos en su casa de Castelar. Desde entonces se encuentra procesado, a la espera de juicio oral, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante una hora y media, el taller de hongos se centra en el autocultivo en términos técnicos: esterilización, inoculación de esporas en arroz yamaní, armado del sustrato, colonización, riesgos de contaminación, oscuridad, calor, ventilación, luz, humedad, esterilización, esterilización, esterilización, esterilización, mililitros aquí y allá. Las instructoras aclaran desde el principio que toda la información será suministrada luego del curso en manuales digitales. Atenderán todas las dudas que vayan surgiendo en un seguimiento vía grupo de WhatsApp.
Sobre el final ofrecen algunas recomendaciones para el consumo: una calculadora online para las dosis -aproximadamente 2,5 gramos cada 50 kilos de peso-, la aclaración de que la intensidad de los efectos depende, entre otras cosas, del PH de cada estómago, la recomendación de meditar, cantar, ayunar, estar en la naturaleza, tomar jugo de naranja, transitar la experiencia en buena compañía y permitirse por lo menos veinticuatro horas para procesar la vivencia.
“No quiero asustarlos, pero los viajes fuertes pueden ser muy intensos. Yo la primera vez me salí del cuerpo y no podía volver”, advierte E. mientras pasa de diapositiva en la habitación a oscuras. El comentario da pie a hablar del ‘derrumbe’, un fenómeno que suele darse durante las primeras ingestas: “Caen todas las estructuras con las que la mente define el sentido. El mal viaje es la resistencia, hay que entregarse”. No hay preguntas. Antes de finalizar, los asistentes le piden a L. que relate su primera vez con San Pedro: “La tierra me fue agarrando de la espalda, la habitación se fue haciendo raíces, dos manos grandes de abuela me mecían”, narra en un gesto de evocación.
Sobre los efectos psicológicos, el manual de Goldfrank confirma que las alucinaciones dependen del tipo de dosis, el estado mental de la persona, sus emociones y expectativas al momento de la exposición y el contexto del consumo. “Frecuentemente, los usuarios de alucinógenos relacionan un sentido de despersonalización y separación del entorno, comúnmente llamado una experiencia ‘fuera del cuerpo’. (…) Los efectos adversos psiquiátricos agudos incluyen ataques de pánico, psicosis y reacciones disfóricas de depresión mayor. Pánico agudo -el efecto adverso más común-, junto con ilusiones aterradoras, enorme ansiedad, miedo y un sentimiento terrible de pérdida de control”.
Cada tallerista se retira del lugar con una jeringa de esporas para dar inicio al cultivo en su casa. Una de las especies disponibles es la Thai Pink, que nace en las heces de un búfalo rosado de Tailandia. “Dame la más fuerte”. “Yo quiero la que sea más fácil salir”. “A mí dame la más terapéutica”, pide alguien, y E. le aclara que el efecto en ese sentido depende de uno y no de la cepa.
Esa noche, las chicas regresan a su residencia temporaria en una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde tienen agendada otra clase en pocos días. A la mañana siguiente activan el grupo de WhatsApp: “Psiconautas Palermo”. Durante días, quizás meses, los talleristas compartirán a diario en el grupo sus fotos, dudas y experiencias antes, durante y después de dar con La Maravilla.
Jun 19, 2019 | Comunidad, Novedades
En la Provincia de Buenos Aires se realizaron 173 juicios por jurados en dos años.
El sistema de jurados populares ha ganado relevancia en los medios de comunicación nacionales a partir de los debates generados en casos como el de Daniel Oyarzún, acusado de perseguir, atropellar y asesinar a Brian González, quien lo había asaltado minutos antes en su carnicería, en la localidad de Zárate. Oyarzún fue absuelto por unanimidad en un juicio por jurados. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que son pocos los casos de “gatillo fácil” o exceso de legítima defensa que no son condenados..
La investigación El Poder del Jurado, realizada por Aldana Romano en conjunto con Sidonie Porterie, politóloga y directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), revela que los jueces se ven teñidos por la numerosa cantidad de casos que han tratado, pero que el ciudadano no se comporta de la misma manera que cuando opina ante un hecho noticioso, sino que a la hora de juzgar a un tercero asume responsabilidad y compromiso “más allá de toda duda razonable”. Según este trabajo, en la Provincia de Buenos Aires hubo un total de 80% de condenas y 20% de absoluciones por parte de jueces profesionales en 2011, mientras que los juicios que se han realizado por jurados han dado como resultado un 65% de condenas y 35% de absoluciones en 2017. “En todos los (casos) que el policía acusa una situación de robo y dispara, el jurado ha condenado a los policías. En general, se suele condenar más la supuesta defensa a un policía, que a un particular. En los casos de legítima defensa, en Provincia de Buenos Aires, el jurado condena más de los que absuelve, contrariamente a lo que se cree. Si es en contextos de robo la decisión de condena o absolución están más parejos”, aclara Romano.
En el origen, populares
Uno de los tantos objetivos que persiguieron los fundadores de la Argentina en la asamblea de 1813 fue que los juicios criminales se resolvieran por jurados populares. Sin embargo, no fue hasta la reforma constitucional de 1994 que se confirmó ese legado al ordenar el juicio por jurados en los artículos 24, 75 y 118 de la nueva Carta Magna. Córdoba se adelantó en 1991 al sancionar la Ley 8123 que modificó su Código de Procesamiento Penal, norma que tardó siete años en entrar en vigencia y dio como resultado que el 29 de julio de 1998 se realizara el primer juicio por jurados en Argentina. Si bien Río Negro, San Juan, Mendoza y Chaco han sancionado su propia ley, a la que se le está sumando Santa Fe con media sanción, las únicas provincias que gozan en su legislación del juicio por jurados son Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. A nivel nacional, el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado en 2014 los prevé en el Artículo 249, pero aún es necesaria una ley específica que los regule.
En el mundo existen dos grandes modelos, denominados clásico y escabinado. Este último es el que terminó de instituir Córdoba en 2004 al establecer un tribunal mixto donde dos jueces profesionales deliberan junto a ocho ciudadanos comunes para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. En el resto de las provincias las discusiones que se llevaron a cabo fueron por jurados clásicos y un claro ejemplo es Buenos Aires, donde hace cuatro años se estableció con la Ley 14543 mediante la cual doce jurados titulares, compuestos por seis hombres y seis mujeres, estudian el caso de forma secreta. A estos se le añaden otros seis jurados suplentes que no participan de esa deliberación. Así, el rol del juez queda reservado a moderar las exposiciones de la fiscalía y la defensa, brindar asesoramiento en materia de derecho al jurado y admitir o rechazar las pruebas que este puede considerar. Al final, es el jurado el que decidirá, a puertas cerradas, sobre la culpabilidad del acusado por cada cargo que se le impute. En la provincia de Buenos Aires se requiere una mayoría de diez votos afirmativos para la culpabilidad, aunque para los casos de reclusión perpetua es necesaria la unanimidad. Una vez que el jurado emite su veredicto este es vinculante para el juez, quien se limita a aplicar la sentencia. Si el acusado es encontrado culpable es posible pedir una revisión del proceso, opción que no existe en caso de su absolución.
¿Hacia la democratización judicial?
La aplicación del juicio por jurados es obligatoria para los casos de penas mayores a 15 años en todas las provincias que funciona, aunque en Buenos Aires el acusado puede renunciar a este novedoso sistema. De esta manera, queda restringido sólo a los casos de homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, abuso sexual agravado o robo agravado por arma si hay resultado de lesiones o muerte. Córdoba es la única provincia que incluye a los delitos relacionados a la corrupción. En esta dirección, un ejemplo fue el caso de Germán Kammerath, ex intendente de Córdoba, quien resultó condenado en 2015 a tres años y medio de prisión efectiva. “Estamos en una fase inicial en la que se quiso hacer una implementación gradual eligiendo delitos muy graves. Hasta ahora está funcionando, así que va a venir una segunda fase en donde se va a ampliar a más delitos”, explica Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ).
En un contexto de crisis de legitimidad del sistema judicial, el jurado se presenta como una propuesta que aparenta otorgar democratización, control, proximidad e imparcialidad. Su fuerza democratizadora reside en que se le devuelve al ciudadano un poder que originariamente había delegado, pero también en que tiene la posibilidad de deliberar entre pares para arribar a un consenso. Así, el modelo que más respeta el espíritu del jurado para Aldana Romano, politóloga y directora del INECIP, es el mendocino porque requiere de la unanimidad, es decir, que las doce personas se pongan de acuerdo tanto para condenar o absolver al acusado. “Existen prejuicios como que los argentinos no nos podemos poner de acuerdo porque somos como Boca vs River. El reparo que le tenemos a la unanimidad es porque desconocemos la deliberación como experiencia, no tenemos otras instancias en nuestra democracia donde exista la deliberación. Nuestro sector político está acostumbrado a negociar, que no es lo mismo”, afirma Romano. Según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de 173 juicios realizados bajo esta modalidad entre 2015 y 2017 sólo tres se estancaron, es decir, el jurado no llegó a un acuerdo.
Este último punto es el que revela su fuerza de control, ya que en las pocas oportunidades en que el jurado se estanca se debe a que la prueba que le presentaron es poco clara, es decir, Fiscalía y Defensa hicieron un mal trabajo. “El sistema judicial en países como Argentina posee inflexibilidad, lentitud burocrática y un ritualismo absurdo. En el juicio por jurados todo se hace más rápido y además, eleva la calidad del debate porque obliga a las partes a traer mejores pruebas, lo que despeja el error judicial. Cuando el juicio es sin jurado el fiscal va más relajado, cuando es con jurado el fiscal labura el triple”, señala Harfuch. La duración promedio que tuvieron los 173 juicios mencionados fue de dos días y medio según la investigación por Romano y Porterie.
El beneficio de la proximidad del juicio por jurados se manifiesta en cómo se están modificando las reglas de juego para los abogados penalistas. Cualquier persona que presencie o participe de este sistema debe poder comprender todo lo que allí ocurrió y esto obliga a que los términos legales se expliquen en términos más asequibles para buscar la transparencia. “Estamos tan atados a una justicia colonial, escrita, secreta, plagada de tecnicismos y amparada en el famoso expediente judicial que el jurado rompe con esa lógica y pone en evidencia todas las falencias que el sistema tiene”, resalta Romano.
La selección del jurado
La imparcialidad puede rastrearse en el proceso de conformación del jurado. En Buenos Aires se realiza anualmente un sorteo sobre el padrón electoral para conseguir la cantidad de ciudadanos que van a participar durante un año judicial como jurados. Así se reúne uno por mil del padrón teniendo en cuenta sexo y departamento judicial, lo cual da 12.000 ciudadanos para toda la provincia. Luego, el Ministerio de Justicia depura ese padrón descartando los que no cumplen el requisito de poseer nacionalidad argentina, tener entre 21 y 75 años y entender el idioma castellano. Quedan excluidas las personas que posean cargos electivos o públicos, empleados del Poder Judicial, integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas o seguridad privada, abogados y escribanos, condenados de ciertos delitos y representantes de religiones. El siguiente paso consiste en otro sorteo para obtener 48 ciudadanos por cada juicio, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad hasta la audiencia de selección. En esta ocasión, Defensa y Fiscalía tienen la posibilidad de descartar mediante preguntas a aquellos que pueden tener prejuicios y para esto ambas partes disponen de recusaciones con causa, que son ilimitadas y deben justificarse, y las sin causa que pueden alcanzar un máximo de cuatro jurados sin esgrimir razón alguna. Al finalizar esta instancia, se efectúa otro sorteo para conseguir los 18 jurados (12 titulares y 6 suplentes) que participarán del juicio.
Este proceso en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, todavía presenta numerosos obstáculos a sortear. La investigación de Romano y Porterie ha dejado en evidencia un padrón electoral desactualizado, un proceso de depuración deficiente, falta de información de los potenciales jurados a la hora de contactarlos, fallas en la instancia de notificación de los mismos y una sobrecarga administrativa sobre los jueces. “La Constitución dice que todos los juicios criminales deben terminar con jurados y es lo deseable, pero no es posible hoy porque nuestro sistema de administración de justicia recién está empezando a atravesar la participación ciudadana. Organizar juicios por jurados conlleva un trabajo adicional administrativo que nuestra justicia no está del todo preparada para hacer, el sistema colapsaría”, finaliza Romano.
May 7, 2019 | Novedades, Trabajo
Al proceso de ajuste nacional se suma una nueva víctima: la industria farmacéutica, que ya ha aportado un nuevo centenar de despedidos a la crisis. Los laboratorios que se sumaron al contexto de desempleo son Craveri, Sanofi y Elea.
La empresa francesa Sanofi Aventis despidió el 9 de abril a 43 visitadores médicos bajo la excusa de un cambio en su estrategia comercial y se los informó a través de un comunicado. A ello se sumó el achicamiento del Departamento de Trade Marketing, con las cesantías a tres empleadas del área de consumos masivos de la empresa: Carina Farinelli y la dupla de asistentes, Florencia Hamwee y Florencia Pujol. Paradójicamente, la empresa había recibido en febrero de este año el título al mejor empleador de 2019, otorgado por el Instituto Top Employer, aunque el galardón no pareció condicionarla para la reducción masiva de puestos de trabajo, dos meses después.
Por su parte, el laboratorio argentino Craveri, a principios de año despidió a 47 trabajadores de la planta de su laboratorio y de las oficinas ubicadas en la calle Arengreen, según comunicó el 29 de marzo la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM). Por otro lado, la firma nacional informó el año pasado la venta de su medicamento más importante a la empresa Investi, propiedad del laboratorio Roemmers, líder en Argentina. El medicamento del que Craveri se desprendió por una suma cercana a los 300 millones de pesos (6,8 millones de dólares) es la marca Tetralgin (que incluye Ergotamina, Cafeína, Dipirona, Metoclopramida, Clorfeniramina) y suele ser indicado a pacientes con migraña y fuertes dolores de cabeza. Es decir, que ahora el laboratorio Investi será el encargado de desarrollar esa molécula, patentada y autorizada en ANMAT, que asociada con otras mezclas da como resultado, el Tetralgin. Se ve aquí que parte del el origen del desempleo en el sector es producto de los ajustes en la industria.
En sintonía con la crisis económica que atraviesa el país, el laboratorio Elea-Phoenix –empresas fusionadas desde el 14 de diciembre de 2017- , el 9 de abril último, comunicó al Ministerio de Producción que ingresará en un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE). Como detalla la ley 24.013, se trata de un proceso de negociación en el que participan el sindicato afectado, la empresa y el Estado. Se trata de un ciclo de reglamentación de despidos y suspensiones, en la que el empleador no es responsable de abonar el 100% de la indemnización.
El laboratorio nacional líder, por ejemplo, en el mercado en la categoría de laxantes según la auditoría IMS, sostuvo una reunión con Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación, para comunicar el momento que atraviesa la empresa. Por esta situación, la AAPM se movilizó el 15 de abril al Ministerio de Trabajo para defender todos los puestos laborales. Según comunicó el sindicato en diálogo con ANCCOM, hay una audiencia solicitada por la patronal para conversar con Sica.
Julio Caro, secretario de prensa de AAPM explicó que se reunieron con Elea-Phoenix, y la firma planteó el recorte de 120 puestos de trabajo con el pago del 50% de la indemnización en tres cuotas.
Otro caso es el de la empresa Novartis. La firma de capitales suizos fue denunciada por el gremio de visitadores médicos por un intento de despido de 50 empleados, además de estar sospechada, según el mismo sindicato, de estar haciendo gestiones para ser vendida al grupo argentino Raffo.
Por último, se destaca la desvinculación de 20 empleados de la planta terciarizada de visitadores de la firma nacional Savant. Cintia, una de las damnificadas, asegura: “Nunca un despido es bueno. No nos la esperábamos. Tuvimos un muy buen 2018. No queda otra que seguir pensando hacia delante”.
A pesar del crítico panorama a nivel nacional, los números de la industria farmacéutica se encuentran en un alza considerable. El INDEC publicó las estadísticas de la actividad del sector y detallan: A nivel anual, se han facturado 35.015,8 millones de pesos, un 34,9 por ciento más de lo que representó el mismo trimestre en 2017. Actualmente, se destaca un porcentaje de 63,7 por ciento de producción del mercado interno por sobre un 27 por ciento de reventa de importados. Además, un 9,3 por ciento se destina a la exportación de medicamentos de producción nacional.
