Comenzó el juicio contra el tío de Victoria Donda por su apropiación

Comenzó el juicio contra el tío de Victoria Donda por su apropiación

Nov 9, 2022 | DDHH, Destacado 3

El exoficial de la Armada Adolfo Donda Tigel es acusado de facilitar la sustracción y ocultamiento de identidad de su sobrina, nacida en la ESMA.

La vida de Victoria Donda dio un giro radical cuando en 2004, tras conocerse los resultados de la prueba a la que se había sometido en el Banco Nacional de Datos Genéticos, determinó que su familia biológica no era la que la había criado, y que su apropiador perteneció a las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Un capítulo más de esta historia comenzó el lunes en Comodoro Py cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió el juicio contra el exmarino Adolfo Miguel Donda Tigel. 

El tío de la hoy titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es imputado por su participación en la apropiación de Victoria y por la desaparición de su hermano José María Laureano Donda, arrojándolo en los denominados “vuelos de la muerte” al Río de la Plata. Durante el juicio se buscará probar si Donda Tigel tenía vinculación militar con el prefecto Juan Antonio Azic, condenado por este hecho en 2012 a catorce años y medio de prisión (la cumple de manera domiciliaria por una cuestión de salud).

En esta primera jornada, el TOF 6 —integrado por Ricardo Basílico, como presidente, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado— leyó los hechos descriptos por parte de integrantes del Ministerio Publico Fiscal, representado por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado; y también las acusaciones de la querella que asesora a Victoria. 

El fiscal general Pablo Parenti destacó, durante el requerimiento de elevación a juicio oral, que la responsabilidad de Donda Tigel en los hechos se inscribe dentro de un plan “urdido, de manera sistemática, para el robo de bebés” durante el régimen dictatorial. 

Su alocución fue seguida con detenimiento por Victoria Donda y su equipo legal de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, mientras que Adolfo Donda Tigel presenció la sesión de forma virtual desde la Unidad Nº 31 del ServicioPenitenciario. El acusado ya ha sido condenado dos veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en las causas ESMA II y ESMA Unificada. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio de salidas transitorias. 

Victoria, visiblemente afectada durante esta primera audiencia, no brindó declaraciones en su salida de los tribunales. Unos días antes había señalado a la prensa que este juicio se trataba de una “deuda” con su padre y su madre, y calcula que en febrero o marzo del próximo año le tocará su declaración.   

 

La familia

María Hilda Pérez —embarazada de cinco meses— fue secuestrada en marzo de 1977 por un comando de tareas que respondía a la Fuerza Aérea. Lo mismo ocurrió con su marido José María Laureano Donda —hermano del acusado Donda Tigel— en mayo de ese año. Ambos eran militantes de la agrupación Montoneros y fueron vistos, de acuerdo a declaraciones de testigos, en la Comisaría Nº3 de Castelar. 

De acuerdo a lo indicado por Parenti, entre el 10 y el 15 de mayo de ese año, la mujer fue trasladada a la ESMA y en agosto dio a luz a quien sería su hija Victoria Donda Pérez. El parto fue asistido por el médico de la Armada, Jorge Luis Magnacco, quien fuera detenido en otras causas por el delito de apropiación de bebés en el año 2000 y condenado en 2005 a diez años de cárcel por prestar asistencia a un parto, con conocimiento de la sustracción de un bebe recién nacido. 

Aproximadamente quince días después del nacimiento de Victoria en la pieza de embarazadas de la ESMA, conocida en el ámbito castrense como “Maternidad Sardá” o “la Sárda por Izquierda”, María Hilda fue llevada hacia otro lugar y se desconoce su paradero desde entonces. Unas horas luego de este hecho, la beba fue inscripta con los nombres y apellido de su apropiador. En esa nueva partida —firmada por el médico Horacio Pessino— figuró como hija de Azic y de su esposa, Noemí Esther Abrego. 

Parenti expresó que hubo un vínculo de connivencia entre Azic y Donda Tigel, que en esos meses aún no formaba parte del plantel estable en la ESMA. Una vez que se sumó al Grupo de Tareas 3.32 de la Escuela de Mecánica, el exmarino actuó conjuntamente con otros miembros de la Armada en secuestros, en la aplicación de tormentos y en la sustracción de bienes de personas ilegítimamente privadas de su libertad. 

“Testigos indicaron que el imputado estuvo en el cuarto de embarazadas y le dijo a María Hilda que la niña sería entregada a la familia. Esa circunstancia junto a otros indicios obrantes en la causa, permiten afirmar que participó de la sustracción de la menor», señaló el fiscal.

El 8 de octubre de 2004, casi 37 años después de su sustracción, Victoria pudo confirmar que era hija de María Hilda y José. En los próximos meses, la justicia escribirá otra página que, sin dudas, sentará otro paso para las causas de lesa humanidad en nuestro país. 

«Este atentado es la exteriorización de un proceso largo»

«Este atentado es la exteriorización de un proceso largo»

Sep 2, 2022 | Destacado 3, Vidas políticas

Marcelo Larraquy, historiador y periodista, y Alejandro Kaufman, ensayista y crítico cultural, analizan el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y lo ponen en un contexto histórico.

Alejandro Kaufman.

Una de las pocas banderas que quedaba casi sin manchar de nuestro sistema político desde la dictadura para este lado de la historia era el no-uso la violencia para dirimir las cuestiones ideológico-partidarias.. 

El término que suena de otra época, casi como el de cuarentena, es el de magnicidio: un intento de asesinato a una figura pública relevanteimpone revisar la historia de lo que se llama violencia política. Marcelo Larraquy, historiador y periodista, y Alejandro Kaufman, ensayista y crítico cultural, analizan el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y lo ponen en un contexto histórico.

A partir del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ¿se puede pensar la violencia política en términos históricos?

AK: Hay que empezar por que “violencia política” es una expresión que no significa mucho, en general se usa de una manera negadora de los conflictos. Cuando se dice violencia política es como si se dijera “no-violencia política” y entonces se imagina una paz, que es lo que uno desearía, pero que en general funciona como una manera de negar los conflictos sociales que tienen que ver con la injusticia. Hay un monto de violencia que forma parte de la vida social y que tiene que ser siempre referido, explicado, contextualizado, y no tratado como si fuera un fenómeno independiente de la lógica social, porque eso siempre sirve a la derecha. 

¿Qué antecedentes hay de intentos de magnicidio en Argentina? Aparecen los intentos de magnicidio a Alfonsín. 

ML: Hay muy pocos antecedentes de intento de magnicidio en la Argentina. Desde la formación del estado y desde la democracia hay muy pocos. En el caso de Alfonsín, si. Cuando ya no era presidente. En el caso de Sarmiento, también. Pero este de Cristina como vicepresidenta con una centralidad en la política argentina de alguna manera marca una novedad en la última etapa.

Hay una escalada de violencia que fue conquistando lugares para materializarse en lo que pasó ayer. ¿Es un punto de inflexión en términos históricos? 

AK: En un sentido lo es, y en otro uno tendría que cuestionar que lo sea. Esta es una paradoja que ocurre en los grandes eventos: el gran evento marca y se presenta como una bisagra y es representado de esa forma, pero si uno pone el acento en el gran evento pierde de vista los procesos largos que son los verdaderamente responsables de lo que ocurre. Pero este atentado es la exteriorización de un proceso largo, es su culminación. Es como la cumbre de una montaña, abajo está la montaña y para llegar a la cumbre hay que subir. No es una llanura donde la cumbre aparece de repente, no es un rayo en un cielo despejado, es un rayo en medio de una tempestad que ya estaba y era relativamente ignorada. Hay una especie de divinización de una libertad de expresión boba, abstracta, por la cual nada se puede decir sobre este tipo de problemas de opinión o de expresión, que son de estigmatización y de odio. Entonces, el atentado se sitúa en ese marco.

Siempre hubo intentos de disputar el sentido en términos de números de desaparecidos por ejemplo, pero cada vez el negacionismo parece avanzar un paso más. ¿Qué pasa con la construcción de consenso en torno a la memoria? 

ML: El consenso en torno a la memoria entra en esta disputa política. Antes el 24 de marzo era una fecha de convocatoria histórica, de consenso como el Nunca Más, que era parte de la cultura política argentina, un acuerdo sobre lo que había significado la dictadura. Solo elementos marginales lo ponían en discusión ligados a la derecha procesista. Pero ahora entra en clave de discusión política, negacionista. Entonces ese consenso, al entrar en la disputa política, se va perdiendo.

AK: Hablar de consenso y hablar de disputa cuando se habla de la memoria, es ya una forma de devaluar la problemática de la memoria. Porque la memoria no es objeto de disputa, no puede serlo. ¿Uno qué disputa? Una pizza, un partido de fútbol. Uno no disputa su propia vida y por lo tanto no disputa la memoria. La memoria no es un objeto de disputa. 

La memoria es lo que se sostiene con el testimonio, es decir, con el cuerpo y con la vida.  En una disputa, uno puede perder o ganar, mientras que la vida si se pierde no queda nada más. Y con la memoria pasa lo mismo. Se instaló, hace ya muchos años, un sociologismo de la memoria que lo ve como un juego en que alguien gana y alguien pierde, alguien impone su versión sobre otra. En lugar de ver que como la memoria es producto del testimonio, es cierto que hay muchos testimonios divergentes y mucha memoria, pero no disputan, coexisten. El consenso es ponerse de acuerdo sobre un contrato, sobre algo que puede ser de un modo o de otro. Esto no puede ser de un modo o de otro, la memoria del horror y la condena a los genocidios no son consensuales, no son opinables. Hay un mínimo que no es opinable. Pero ahí hay una confusión que se produce, cuyo resultado es la Teoría de los Dos Demonios. Porque entonces los dos demonios son opiniones, son disputas y son consensos.

Hay un personaje que siempre estuvo vinculado a la política y a la violencia que es Patricia Bullrich. Ayer escribió que el presidente tomó un acto individual y lo convirtió en una jugada política. ¿Dónde se ubica esa declaración históricamente? 

ML: En el caso de Bullrich me parece que lo que busca es jugar por su candidatura presidencial por encima de la gravedad institucional que supuso este atentado a la vicepresidenta, un atentado a la democracia. Yo lo relaciono con la sublevación carapintada, donde estuvo en riesgo la democracia y también hubo apoyo popular y apoyo de la oposición, en ese caso el peronismo. Se sentaron al lado de Alfonsín sin objeciones, al lado de Alfonsín en el balcón de la Plaza de Mayo con un apoyo total, sin hacer cálculo político. Me parece que Bullrich hace un cálculo político electoralista dentro de su núcleo propio de votantes por encima del atentado a la democracia. 

Ezequiel Ipar escribió en Anfibia que este es el “acontecimiento de violencia política más previsible de la historia argentina”. ¿Cómo se lee este contexto en términos históricos? 

ML: Lo que se corrió es la cultura política. La cultura política hoy es el mensaje que dio Ricardo López Murphy, al menos desde ese sector: ellos o nosotros. La confrontación con el enemigo. Eso rompe toda posibilidad de convivencia política porque cada hecho menor va a ser objeto de una discusión política bipolar, tajante e implacable de enfrentar al enemigo. Se da en todos los órdenes y se pierde racionalidad política. Esa pérdida es lo que impide una discusión serena sobre la vida política de los argentinos y la sociedad de cara al futuro. Retrotrae el debate a situaciones no racionales, de psicosis política en la que entran desde políticos avezados como es el caso de López Murphy, con una historia en el radicalismo, hasta sectores de ultraderecha. Mi lectura es que este atentado fue como la sublevación de Semana Santa y requiere el apoyo de la sociedad toda en favor de la estabilidad institucional.

Parece que vivimos en un estado de excepción constante, que corre el límite siempre un poco más. 

AK: Sí, efectivamente. Ese el problema también de la institucionalidad democrática que supone un estado de cosas respecto a las cuales lo que interfiere con esa forma de vida es una excepción, pero los intereses que tienen que ver con lesionar esa forma de vida recurren siempre a la excepción y la convierten en norma. Son intereses pero también son ideologías, formas de vida, de pensamiento, de acción, que llamamos habitualmente derechas o derechas extremas y que no tienen interés en defender la convivencia democrática. La convivencia democrática no conduce a favorecerles a esas formas de ver las cosas. Necesitan una sociedad vertical, ordenada, autoritaria, unívoca y entonces luchan contra la democracia y utilizan métodos espurios, métodos de violencia, de violencia simbólica y física constante. Eso pasa con el régimen acusatorio: algo que tendría que ser una excepción que es que haya un delito, que haya un conflicto y que pueda recurrirse a una tercera parte que son los tribunales, se convierte en el discurso habitual. Entonces vos tenés medios de comunicación que es como si estuvieran en un tribunal permanente de enjuiciamiento de culpables que son siempre los sectores populares, es decir, la guerra contra el pueblo es a través de una lógica juridicista, tribunalicia, que culpa constantemente de todo y que logra que una parte de la población quede subyugada por ese tipo de discursos. Hemos llegado demasiado lejos.

«Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio del aborto»

«Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio del aborto»

Ago 10, 2022 | Destacado 2, Géneros

Proyecto Mirar es una propuesta online interdisciplinaria que se propone realizar un monitoreo y un seguimiento de la implementación de la Ley IVE.

Hace apenas unos días, el Tribunal Oral Penal de Goya (Corrientes) absolvió a Ana Clara Velázquez, quien había sido acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo, tras haber sufrido un aborto espontáneo. Ana estuvo ocho meses injustamente presa. La provincia de Corrientes no tiene reglamentada la Ley de Educación Sexual Integral ni adhirió al protocolo para la implementación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoria en todo el territorio nacional.

En un contexto en el que a nivel global se registra un avance de las derechas sobre las conquistas históricas de las mujeres y personas gestantes, Proyecto Mirar lanzó su plataforma virtual Mirando el Aborto en Argentina, un sistema de monitoreo y una herramienta de información ciudadana para hacer un seguimiento de lo que sucede con la implementación del acceso a la IVE en Argentina.

Sociólogas, profesionales de la salud, de la comunicación y del derecho conforman Proyecto Mirar una iniciativa conjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, una organización que trabaja a nivel global a favor de la autonomía y por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

Para conocer más acerca del lanzamiento de esta plataforma virtual, ANCCOM dialogó con la socióloga Mercedes Krause, docente e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante del CEDES.

 

¿Para qué “mirar” el aborto en Argentina?

Si bien sabemos que la ley se logró como producto de una movilización muy grande, también sabemos que muchas leyes están muy bien promulgadas pero de ahí a que sean efectivas suceden cosas. Entonces, parte del monitoreo es para mantener la importancia de la agenda, es decir, que no se pierda la relevancia de esta conquista ganada en las calles, con una legalización social que llegó incluso antes que la ley en 2018. Por otro lado, el monitoreo pretende identificar barreras en la implementación del aborto como, por ejemplo, problemas en el acceso, brechas a nivel regional o provincial o con poblaciones específicas, entre otras. Aunque es un proceso muy reciente la idea es monitorear de cerca para tener documentado cada avance o retroceso y poder actuar sobre eso. En este sentido, el objetivo es compilar datos para poder pensar mejores políticas en torno a  la implementación. Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio para que la legalización del aborto se haga efectiva en la realidad de las personas gestantes.

¿Cuál es el sentido de que haya una plataforma en línea?

Además de poner a disposición este enorme caudal de datos y nuestro conocimiento más profesional y estadístico también queremos que la información se divulgue, que sea accesible para diferentes audiencias, tanto académica, como de la sociedad civil, periodistas, tomadores de decisión, organizaciones que puedan usarlas para hacer acciones más locales. En diciembre pasado, en el aniversario de la ley, publicamos el Reporte Anual 2021: el primero de los reportes anuales del proyecto. Ahí explayamos nuestra interpretación acerca de la relación de todos esos datos, es decir, una hipótesis alrededor de la implementación.

¿De dónde obtienen los datos que están disponibles en la plataforma?

Muchos de los datos que utilizamos son de origen público, algunos están publicados y otros no pero, amparándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública, accedemos a más detalle de lo que está publicado. También nos apoyamos en información que aportan distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo que hacemos es compilar con algún sentido todos esos datos que están sueltos. Y también producir los propios. Entre ellos, el Estudio MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) que apunta a diseñar una encuesta para medir la calidad del aborto desde la perspectiva de las usuarias, y el de seguimiento de medios. Estas investigaciones están en proceso y todavía no se han publicado resultados. También tenemos investigaciones previas, por ejemplo, sobre el debate de la ley y el seguimiento en redes sociales durante el debate.

¿Existen otros proyectos con estas características? ¿Articulan con ellos?

Sabemos que hay otras organizaciones e instituciones que están siguiendo el tema desde diferentes perspectivas. Cada actor que interviene en el proceso de aborto también tiene su propio punto de vista. Entonces, a futuro se puede ir ampliando la mirada sobre qué indicadores y resultados son relevantes para cada uno de esos actores. El desafío es la articulación de los monitoreos locales con lo que está pasando a nivel nacional. En ese sentido, las estadísticas proporcionan una idea más abarcativa de todo lo que estamos viendo en las provincias y se pueden complementar con esos monitoreos para darles más visibilidad. En este punto, otra pata importante es la del Diálogo con actores clave. Justamente con ellos queremos discutir esta información para que pueda ser usada para la incidencia de políticas, en los territorios, en las organizaciones, en los medios, etc.

¿Cómo es la dinámica para estos diálogos?

Ahora comenzamos a hacer reuniones provinciales para discutir los datos en profundidad para poder tener una mirada más cualitativa, más desde el territorio, las experiencias y las organizaciones. Respecto a la agenda, recientemente estuvimos en Neuquén, en agosto estaremos en Jujuy y en octubre en Entre Ríos. Estos diálogos son un trabajo muy enriquecedor y sumamente necesario.

¿Cómo definieron las variables e indicadores para medir el acceso y la calidad de la IVE y de la ILE en el Estudio MACA?

Lo que hicimos fue generar una cantidad de indicadores que nos gustaría incluir en una encuesta y consultar estos indicadores con organizaciones de mujeres, proveedores de aborto, tomadores de decisión a nivel gubernamental. Entonces, desde estas diferentes perspectivas nos fueron diciendo qué relevancia le daban o no a los indicadores y a partir de eso fuimos validándolos.

¿Y cuáles son los indicadores de su sistema de información ciudadana?

Algunos son más directos. Por ejemplo, los que pone a disposición la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Después, a partir de eso, nosotras calculamos otros como la tasa de efectores o la tasa de IVE e ILE de mujeres en edad fértil en cada provincia para comprender qué sucede con los diferentes entornos y escenarios de implementación. Los indicadores refieren a las dimensiones de calidad, entorno, oferta y resultado. Los indicadores de resultado son los que deberían variar a medida que la ley se vaya implementando. Todavía no contamos con esos datos, pero estamos siguiendo su evolución desde antes de la Ley 27.610 y la vamos a ir actualizando. Por ejemplo, los que podríamos interpretar como demandas potenciales de servicios de aborto: porcentaje de embarazos no intencionales o el número de muertes maternas por aborto.

Cuándo comenzaron a sistematizar la información, ¿cuáles fueron los datos más relevantes y los más alarmantes?

Justamente como tenemos una cantidad enorme de indicadores elegimos los que muestran datos muy relevantes alrededor del tema, para incluir en los mapas y gráficos.  Por ejemplo, la proporción de embarazos no intencionales es del 60,2%, con un mínimo de 45,2% en Santa Fe y un máximo de 88% en La Rioja, porcentajes que ascienden, en todo el territorio, en niñas y adolescentes. Entonces creemos que identificar estas poblaciones más vulnerables puede ayudar a diseñar acciones específicas de intervención y seguimiento. En este aspecto, en los departamentos donde está implementado el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia) la fecundidad adolescente bajó más que a nivel provincial y que a nivel nacional.

 

Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras.

¿Cuáles son las principales barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias que garantizan un aborto legal y seguro?

Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras. Esto depende tanto de la demanda de la población como de la disponibilidad de servicios y profesionales capacitados y el gasto per cápita en salud de cada provincia. Históricamente, el NOA y el NEA son las regiones con menor disponibilidad de recursos materiales y humanos, con peores indicadores objetivos y subjetivos de salud, mayores necesidades sanitarias y mayor proporción de la población que depende del sistema público. A este escenario de inequidad a nivel nacional se suma en el caso del aborto el tema de los “objetores de conciencia”. De todas maneras deberíamos ver qué pasa en los próximos años ya que la ley es muy reciente. Sabemos que muchos servicios se están poniendo a tono y que este proceso puede llevar tiempo.

¿Podría comentar algunas conclusiones del Reporte Anual 2021?

La información analizada en el Reporte Anual 2021 debería ser entendida como una línea de base para monitorear la implementación más que como una evaluación del impacto de la ley, ya que gran parte de los datos refieren a la etapa previa a su promulgación. De todas formas, un dato contundente es, por ejemplo, la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) desde 2015. La TEFA tardía (15 a 19 años) bajó 20 puntos entre 2015 y 2019 y 10 puntos más entre 2019 y 2020. Otro dato que nos proporciona el Reporte Anual es la desigualdad entre las provincias, por ejemplo, en el riesgo de muerte materna, con los niveles más altos en Chaco, Formosa y Corrientes en 2019 y Chaco, Jujuy y Corrientes en 2020. Habría que ver qué sucede con estos indicadores tras la implementación de la ley.

Según los datos recabados, ¿existen iniciativas o proyectos que buscan restringir a través de alguna ley o deposición la implantación del aborto?

Hasta el momento se iniciaron 37 demandas judiciales en contra de la implementación de la ley. La mayoría alegaban su inconstitucionalidad y fueron desestimadas.

¿Qué percepción tiene acerca de la anulación del fallo Roe vs. Wade y sus repercusiones?

Una parte de nuestro equipo tiene su residencia en EEUU así que estamos bastante al tanto del clima allá. La situación es muy difícil porque hay una clima de “denuncia ciudadana” muy activo. A la vez, los sectores más progresistas dicen «miremos cómo fue la legalización en Argentina, tenemos que lograr eso en EEUU». Entonces, hay diferentes estrategias que se están poniendo en marcha en este escenario, todo es muy reciente también, y justamente estamos encarando diálogos a nivel regional y global para poder evaluarlo mejor. Asimismo, teniendo en cuenta este contexto nos enfocamos en las lecciones aprendidas. Una de ellas es que no hay un camino único para alcanzar la legalización y que las estrategias varían de acuerdo a los contextos y las relaciones de fuerza de cada momento.

Las manifestaciones de sectores antiderechos en Madrid, las declaraciones de Danny Kruger, parlamentario inglés, quien dijo no estar de acuerdo con que “las mujeres tengan un derecho absoluto a la autonomía corporal”, y las expresiones del ultranacionalista partido español Vox que celebró la sentencia de la corte de EEUU porque es “un rayo de esperanza”, amenazan el derecho al aborto y constituyen una triste postal de la cola de viento que trajo la anulación del histórico fallo “Roe vs Wade”, en EEUU, a fines de junio.

La historia da cuenta una y otra vez de que no hay victorias definitivas ni derechos garantizados ad infinitum, y que la defensa de estos constituye siempre la mejor de sus garantías. La disponibilidad de información actualizada en materia de implementación es clave no solo para el diseño de políticas acordes a la normativa legal vigente sino, además, una poderosa herramienta de poder para la movilización ciudadana.

¿Cuánto le cuesta al Estado los abortos clandestinos?

¿Cuánto le cuesta al Estado los abortos clandestinos?

Dic 10, 2020 | Géneros, Novedades

Las investigaciones más recientes estiman que en Argentina se producen entre 372.000 y  522.000 abortos anuales en la Argentina, números amplios que dan cuenta de la dificultad de registrar con precisión un fenómeno clandestino. Entre 2010 y 2017, en el sistema público hubo, por año, 45.604 egresos por abortos incompletos solo en hospitales públicos. El 0,5% de estas personas fallece por las complicaciones. El costo estimado de tratar estos casos es de 2.586 millones de pesos para el sistema de salud por año, suficientes para tratar prácticamente todos los abortos que se realizan en nuestro país. Estos datos, provenientes de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta del impacto de los abortos clandestinos sobre las mujeres y sobre el sistema de salud.

 

Ayer, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Modificaciones al Código Penal” obtuvo dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo establece entre otros derechos, información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores, atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.

 

El aborto en la actualidad es la causa del 13,6% de las muertes maternas pero la clandestinidad y la criminalización de la práctica producen un sub-registro de los casos. Se estima que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos, es mayor. El caso de Uruguay reveló una reducción desde el 37% al 8,1% de muertes maternas por abortos una vez implementada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el año 2012.

 

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aborda una perspectiva económica para analizar los costos fiscales que asume el sector público hoy con el aborto en la clandestinidad y los que dejaría de afrontar legalizando la práctica. Cuanto mayor es el nivel de gravedad debido a un aborto provocado en situaciones de riesgo, mayores son los costos de los tratamientos hospitalarios. En base a un estudio del año 2018, se estableció una probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación por año: el 67% de los egresos hospitalarios requerirán una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.

 

Médicas, farmacéuticas y economistas, definieron interdisciplinariamente los motivos de hospitalizaciones y una matriz de costos de atención a complicaciones por abortos incompletos, de acuerdo a los valores del sistema de salud público a diciembre del año 2020. Un aborto incompleto leve requiere de un tratamiento ambulatorio con intervención para completar la práctica, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el Legrado Instrumental y tiene un costo unitario de 42.915 pesos. Si es de gravedad media, a estas intervenciones se sumará un tratamiento para infecciones y hemorragias de baja y media gravedad que arrojan un costo de 81.788 pesos. Por último, si el aborto incompleto es de alta gravedad puede requerir tratamientos por lesiones graves intra-abdominales, o por shocks sépticos así como internaciones en terapia intensiva y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como la histerectomía. Con este nivel de complicación, el costo unitario asociado al tipo de intervención médica se eleva a 132.425 pesos.

 

El análisis de los datos relevados permite inferir que el aborto en la clandestinidad – tomando en cuenta solamente los 45.604 egresos hospitalarios–  implica un costo de 2.586 millones pesos para el sistema de salud por año. Por el contrario, una práctica segura de aborto puede llevarse a cabo con el uso de fármacos con Misoprostol o mediante procedimientos ambulatorios simples como la AMEU, e incluso el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE), dos prácticas menos recomendadas pero necesarias ante un embarazo que supere las 12 semanas. Un aborto medicamentoso puede tener un costo de $6.082 que equivale a una caja de Misoprostol de 12 comprimidos, e incluyendo alguno de los otros procedimientos los costos se elevarían a $15.620.

Julieta – Aborto Primera Persona – Fotos Lucia Barrera Oro / Daniela Moran

Si el total de los abortos clandestinos, 447 mil estimados al año, se realizaran a través de un método medicamentoso –considerando que el 10% de esos abortos no serían exitosos y requerirían una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo- el costo fiscal anual sería de $3.325 millones. El informe del CEPA concluye que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, es decir el 95% del total anual estimado. Con el aborto legal, seguro y gratuito, los egresos hospitalarios atendidos a tiempo habrían costado un 88% menos, el equivalente a $314 millones frente a los más de $2.500 millones (costo total ponderado por atención de complicaciones por abortos clandestinos).

En esta última reunión previa a la sesión especial –que se estima puede extenderse hasta el viernes- y a este día de vigilia y movilización, los integrantes de las cuatro comisiones, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, adhirieron por mayoría al dictamen del Poder Ejecutivo con 77 votos a favor, 30 por el rechazo y 4 abstenciones. Desconociendo la problemática de salud pública que implica el aborto clandestino, la Diputada Carmen Polledo (Bloque PRO – CABA) manifestó un dictamen de rechazo al tratamiento de este proyecto de ley, argumentando que resulta extremadamente inoportuno, no sólo por el contexto sanitario sino también por la situación de crisis económica. Sin embargo, reconoció que para quienes están en contra de la legalización del aborto, nunca es oportuno su tratamiento. 

«No volveremos ni al closet ni a los calabozos»

«No volveremos ni al closet ni a los calabozos»

Jun 29, 2019 | Géneros, Novedades

“Con 39 muertes de personas trans en lo que va del año, no podemos tener orgullo», señaló Emilce, de Las Rojas.

“Recordamos el 28 de Stonewall no como una fiesta de colores, sino como la necesidad de visibilidad de las violencias sistemáticas ejercidas a nuestra comunidad, disidente al sexo o género impuestos por el sistema patriarcal. Medio siglo de llantos y lágrimas”, rememoró la Comisión Organizadora en la plaza del Congreso de la IV a Marcha Plurinacional contra los Travesticidios y Transfemicidios en la plaza del Congreso. La manifestación coincidió con el 50º aniversario de aquella revuelta en Nueva York y el día en que se conoció el lamentable veredicto judicial que condena a un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez por haber besado en público a Rocío Girat. 

En junio de 1969 el comisario Seymour Pine se propuso realizar una “cacería de gays” en la ciudad de Nueva York. Noche tras noche se protagonizaron redadas en el Stonewall: decomisaban alcohol, arrestaban a empleados y detenían principalmente a transexuales y travestis. El 28 de aquel mes, policías vestidos de civil ingresaron al bar, pero esta vez, los concurrentes decidieron defenderse y resistir, y se desató una terrible represión y la rememorada revuelta.

 Desde entonces, lesbianas, gays, trans, travestis y bisexuales, se movilizaron como comunidad. El 28 de junio de 1970, en conmemoración del primer aniversario de la revuelta de Stonewall, en Nueva York, se llevó a cabo la primera marcha del orgullo, que se replicó en el resto del mundo.

A medio siglo, las calles porteñas se llenaron de tambores, banderas y carteles que pedían por las tantas vidas de las chicas trans en Argentina y en Latinoamérica que han sido asesinadas por odio a ser ellas. No fue una marcha de orgullo sino de reclamo a que se las deje vivir. 

“Señor, señora, no sea indiferente. Se matan a travestis en la cara de la gente”, fue el principal cántico.

“Nosotras reivindicamos nuestra identidad travesti y trans a través de la lucha, la resistencia y la no opresión”, añadió Ivana Gutiérrez, candidata a concejala por la municipalidad de Morón, militante del movimiento Conurbanes por la diversidad y una de las coordinadoras de la Marcha. 

Respecto de la importancia de la convocatoria plurinacional Ivana comentó a ANCCOM: “Es un reclamo colectivo porque las luchas individuales hablan de egoísmo, y la lucha colectiva habla de la unidad de los pueblos. Si bien existe la Ley de Identidad de Género (aprobada en 2012), no podemos acceder a la salud, a la educación o al trabajo formal, porque todavía hay una demonización de las identidades travestis y trans”, afirmó y sentenció: “Llamarnos plurinacional es un hecho político”.

“Con 39 muertes de personas trans en lo que llevamos del año, no podemos tener orgullo. El movimiento LGTB tiene una alianza profunda con el Movimiento de Mujeres, porque tiene que ver con que somos parte de un sistema de explotados y oprimidos”, declaró Emilce, militante de Las Rojas.

Otro de los que habló fue Say Sacayán, hermano de Diana Sacayán, asesinada el 11 de octubre de 2015, cuyo caso fue el primero calificado por el Poder Juficial con la figura de travesticidio. “No somos indiferentes a la matanza de travas y trans. Esta marcha nace hace cuatro años con la exigencia de justicia a nuestra referenta Amancay Diana Sacayán. Porque en las calles teníamos que expresar las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la población travesti y trans”.

Ivana Gutiérrez, candidata a concejala de Morón, militante del movimiento Conurbanes por la diversidad.

 Sin embargo, el asesinato de Diana no fue el único que sentó precedente. “El caso de Marcela Chocobar al principio se llamó homicidio, después fue femicidio y finalmente se llegó a la figura de transfemicidio por crimen de odio”, sostiene Ivana Gutiérrez. “Para matarnos no les importa si somos abolicionistas, reglamentaristas, administrativas, prostitutas, empleadas públicas o almaceneras. Nos matan por nuestra identidad de género, por nuestra elección de vida.”

En este día lluvioso y de luto, también se hizo alusión al vaciamiento de políticas públicas que desde el 2015 eran destinadas a las personas en situación de prostitución, como el seguro de capacitación y empleo, el abandono de los consultorios inclusivos para los tratamientos hormonales y la falta de implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans Diana Sacayán (2015). 

“No puede ser que el promedio de vida de una chica trans sea de 35 años y que aquellas que lo superen sean consideradas sobrevivientes”, dice Iván, que asiste desde la primera Marcha. “Se las mata por su identidad, porque se las lee mujeres pero no legítimas; el sistema las quiere hombres, las quiere correctas”.

Así también “Hay un genocidio social; muertes que pueden ser evitables como las de aquellas personas que puedan recibir tratamientos para la mejor calidad de vida cuando tienen VIH, porque somos un blanco perfecto para la transmisión de esta enfermedad. La prostitución a veces nos conlleva a esa situación, no es algo que deseemos”, agregó Ivana Gutiérrez. 

 En el marco del caso de Mariana Gómez, la joven lesbiana que fue agredida por un policía el 2 de octubre de 2017 mientras besaba a su esposa en la estación de Constitución y que ayer fue declarada culpable con una condena por la jueza Marta Yungano  por “resistencia a la autoridad y lesiones”. La candidata a concejala de la Municipalidad de Morón se refirió al caso: “Hoy la justicia nos demuestra que sigue siendo machista y heterosexista por condenar a una persona por besarse en la vía pública.” 

Mariana Gomez, junto a su pareja Rocío Girat, luego de la sentencia del Tribunal Oral Criminal N°26.

 En relación al fallo, Paloma e Iliana, dos participantes de la marcha, compartieron su perspectiva: “Es muy flashero ver que todavía existe gente tan transfóbica y lesbofóbica, con la mentalidad tan cerrada”.

 Mariana Gómez acompañada de su esposa, se pronunció en la Plaza del Congreso ante los presentes: “Sabemos que estamos en un estado que nos quiere adoctrinar; no lo vamos a permitir, estamos todes juntes. Ni al closet ni al calabozo volveremos».

La consigna de la marcha fue común: “Señor, señora, no sea indiferente. Se matan a travestis en la cara de la gente”. Pero la convocatoria tuvo también una contramarcha, que partió de la premisa abolicionista, que postula eliminar la prostitución como forma de trabajo.

 Flor de Conchita, un chico cisgénero que asistió al evento, les respondió. “Nuestro trabajo es autónomo, es nuestra decisión y se diferencia de las redes de trata. Nos dignifica como cualquier trabajo”.

Sin embargo, luego de tantos testimonios, los más impactantes continuaron siendo los de las protagonistas de la Marcha. “Es una revolución para derrocar al patriarcado que nos maltrata y nos mata. Nuestros corazones no deben dejar de latir porque ellos no se sienten cómodos. He vivido discriminación y violencia verbal, además de miradas y risas, mucho más hirientes que cualquier otro tipo de violencia. Todo por una cuestión de no pertenecer a lo que está establecido”, aclaró Vic Decker.