¿Escuelas mordazas?

¿Escuelas mordazas?

Abr 7, 2024 | Comunidad, Destacado 3

El mismo día del paro nacional docente, el vocero Manuel Adorni informó que el Gobierno planea penalizar el “adoctrinamiento” en las escuelas. ANCCOM habló con el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Alberto Silioni y con distintos educadores para conocer su opinión

El vocero presidencial Manuel Adorni expuso la intención gubernamental de modificar la Ley de Educación Nacional con el fin de penar a los docentes que lleven a cabo un “adoctrinamiento” a los alumnos, el jueves último durante una conferencia de prensa, el mismo día del paro nacional de maestros. También informó la futura apertura de un canal de comunicación donde las familias puedan denunciar a los docentes.

“Penalizar el adoctrinamiento es una cortina de humo, el Gobierno lo dice un día de paro docente por la quita de los recursos no sólo a la educación obligatoria, sino también a la universitaria. No sabemos a qué se refieren con adoctrinamiento, ellos son los que no saben diferenciar entre adoctrinar y educar”, opinó en diálogo con ANCCOM Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El vocero del Gobierno justificó esta medida por lo sucedido en Punta Indio durante el acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en la Escuela Secundaria N°4. Allí, algunos veteranos se retiraron por el discurso que efectúo una docente de Historia al cuestionar el rol de los medios de comunicación en la última dictadura militar. Según Adorni, este es un claro ejemplo de “contenidos en aulas y actos teñidos de militancia”. Sileoni reflexionó: “Lo que no entienden es que las aulas no son un sitio neutral sino que son sitios donde transcurre la vida. Y tampoco entienden que los alumnos no son sujetos vacíos sino que son muchachos y muchachas pensantes”. Además, el responsable de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires agregó: “Si de la escuela no todos salen pensando lo mismo es porque la escuela ha tenido un éxito, permitió que se libere el pensamiento, priorizando la pluralidad de ideas y voces”.

El discurso del mal llamado “adoctrinamiento” está instalado en la sociedad hace muchos años con la excusa de que los chicos y chicas tienen una “bajada de línea política”. María Eugenia Silvera Basallo, profesora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, opinó sobre los dichos de Adorni: “Instalar la idea de adoctrinamiento es poner en discusión el rol de las y los educadores. Funciona como un gancho para determinados sectores, desacredita y desprestigia la autoridad docente, que no es precisamente una figura autoritaria”.

El prejuicio que se le tiene al rol docente proviene del oficialismo que hace tiempo busca ir en contra de la pedagogía de la  memoria. Julián Fernández, profesor del Instituto Superior de Actividades Deportivas expresó: “El adoctrinamiento para el oficialismo es la enseñanza de todo lo que se le opone. Necesitan una escuela que justifique sus políticas, no que vaya en contra de ellos”. Asimismo, el Director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires describió: “Un nuevo intento de instalar un canal delator va a fracasar como ya fracasó cuando el macrismo lo implementó en la Ciudad y a nivel nacional. No creemos que haya que incentivar a delatar, sino que creemos en una escuela que enseñe, que abrace, que cuide y que sobre todo aliente el pensamiento crítico”.

El Gobierno tiene el objetivo de modificar los Artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional teniendo como finalidad la total despolitización de un área de crecimiento y aprendizaje como es la escuela. Si bien el proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras, la intencionalidad no solo es desfinanciar la educación pública y ahogarla con el ajuste, sino también ir en contra de los mismos docentes. Florencia Mancini, docente de bachilleratos populares indicó: “Como no pueden disputar ideológicamente porque sus ideas no contactan con la sociedad quieren reproducir el miedo. Pero el proceso de adoctrinamiento lo están haciendo ellos, al fin y al cabo, porque si hablás de más o te movilizas te echan”. Los docentes son un eslabón elemental para formar a la ciudadanía en valores democráticos. “No al adoctrinamiento, si a la enseñanza, sí a la libertad de opiniones y sí a los docentes que opinan libremente con sus alumnos”, finalizó Sileoni.

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

Oct 4, 2023 | DDHH, Destacado 1

Ciento siete casos de violencia policial en un año, un sistema de encierro sobrepoblado y aumento de prácticas represivas, tal es el balance del nuevo informe del Mapa de la Policía, plataforma que visibiliza el accionar de la fuerza de seguridad porteña.

“La diferencia fundamental de la Policía de la Ciudad con el resto de las fuerzas es que desde su origen hasta hoy ha sido conducida por la misma alianza política”, afirmó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.

Lo hizo durante la presentación del Tercer Reporte del Mapa de la Policía, la plataforma que tiene como objetivo visibilizar casos de abuso policial. Verdú explicó la decisión de empezar por localizar la herramienta en territorio porteño: “No es casual que sea la fuerza de seguridad con el porcentaje más alto de muertes por gatillo fácil con el funcionario fuera de servicio pero con su arma reglamentaria”.

A un año de su lanzamiento, el último informe del Mapa –que abarca el primer semestre de 2023–, registró un total de 236 denuncias, de las cuales se decidió visibilizar 107. De estos casos, eligieron destacar e investigar la muerte del manifestante Facundo Molares como consecuencia de la represión policial.

“Queríamos desmentir con claridad la hipótesis que levantaban los medios de que había muerto por cuestiones que no tienen que ver con el accionar de la policía”, subraya Stephanie Darling, integrante del Equipo de Investigación Política (EdIPO), en diálogo con ANCCOM.

Con la herramienta colaborativa del Mapa buscan darle luz a prácticas reiteradas en materia de seguridad porteña. “No se trata de un policía particular, sino de una decisión política de perseguir, amenazar o violentar a ciertos sectores de la sociedad”, remarcó Ofelia Fernandez, la impulsora del proyecto, durante la presentación, realizada el pasado 26 de septiembre en FM La Tribu.

Además del caso de Facundo Molares, el Tercer Reporte considera que la elección de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, días después de la represión al pueblo jujeño, fue el otro punto clave que evidenció una “sobreactuación” represiva del actual jefe de Gobierno porteño, que lo llevó a perder la interna con Patricia Bullrich, la principal representante del punitivismo en Juntos por el Cambio. Esta “carrera” electoral, según Ofelia Fernández, tuvo “un costo excesivamente alto”: el asesinato de Molares y 170 heridos en las movilizaciones de la provincia norteña.

Con un aumento del 900 por ciento en relación a 2020, hoy 1.400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Están en condiciones indignas, las alcaidías no son espacios preparados para que las personas puedan alojarse. Que una persona esté privada de su libertad, no quiere decir que daba ser privada de todos sus derechos”, denuncia Stephanie Darling.

Frente a estos datos, el informe del Mapa de la Policía se pregunta el porqué del fenómeno. La respuesta es por la suba de presos durante el período 2015-2019, debido a la aplicación de leyes de endurecimiento penal, que se trasladan al Sistema Penitenciario Federal (SPF) porque CABA no cuenta con cárceles propias. “Y cuando el SPF cierra el ingreso, como hizo en 2020 para bajar su superpoblación, se empiezan a acumular en las comisarías y alcaidías”, consignan en el reporte.

Este tipo de medidas punitivas y los casos de violencia policial, para Ofelia Fernández, se relacionan con la inseguridad: “A veces la negligencia y el abuso policial explica la ausencia de seguridad en situaciones en donde hay demanda. Hay una conexión entre lo que se hace de más y lo que se hace de menos”.

La legisladora porteña opina que se debe abordar esta discusión de manera más profunda para no permitir que la dicotomía sea “seguridad o delincuentes”, y define al Mapa como un mecanismo para aportar datos y análisis concretos.

“Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo», dice Ofelia Fernández.

El Mapa de la Policía funciona como una red de cuidados entre ciudadanos. “No queremos hacer una herramienta en contra de la Policía, pero es muy importante que todos tengamos la información necesaria sobre quién es la policía, qué debería cumplir y cuándo se trata de violencia policial”, precisa Stephanie Darling.

Tal como dijo Fernández, la creación de esta herramienta es una declaración política: “Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo, o una persona que se está movilizando, o una mujer trans caminando por la calle”.

«Quiero saber en qué fosa tiraron a mi papá»

«Quiero saber en qué fosa tiraron a mi papá»

Mar 16, 2023 | DDHH, Destacado 5

Victoria Donda declaró en el juicio contra su tío Adolfo, involucrado en su apropiación y sustracción de identidad. El represor no quiso verla cara a cara y la extitular del Inadi le pidió conocer su fecha real de nacimiento.

El lunes pasado se realizó la décima audiencia en los tribunales de Comodoro Py por la causa en la que se investiga la responsabilidad del militar Adolfo Donda Tigel, que formó parte del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, en la sustracción de identidad y entrega de su sobrina Victoria al prefecto Juan Antonio Azic. Los padres de Victoria fueron detenidos en 1977 y al día de hoy continúan desparecidos.

En una jornada cargada de expectativa por lo que podría suceder, Victoria Donda Pérez, hoy subsecretaria de Análisis y Seguimiento de Políticas Estratégicas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declaró por más de una hora frente a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Ricardo Basilico, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez.

En el banquillo de acusados, desde la Unidad Federal 31, se presentó de forma virtual el tío de la dirigente del Frente de Todos, el militar Adolfo Donda Tigel, de 76 años, que es imputado por su participación en la apropiación de Victoria y por la desaparición de su hermano José María Laureano Donda­ (padre de Victoria), arrojado en los denominados “vuelos de la muerte” al Rio de la Plata.

El exmarino ya había sido condenado junto a Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 5 tras ser declarado culpable por privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público durante la última dictadura.

En este caso, se busca probar si Donda Tigel tenía vinculación con el apropiador de Victoria, el prefecto Juan Antonio Azic, con quien fue compañero de tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Azic fue condenado por el delito de apropiación, en 2012, a catorce años y medio de prisión, y la cumple de manera domiciliaria por una cuestión de salud.

La extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y querellante de la causa nació en la maternidad clandestina de la ESMA durante el cautiverio de su mamá, María Hilda Pérez de Donda, quien al igual que su papá, continúa desaparecida desde 1977.

En 2004, Victoria conoció los resultados de la prueba a la que se había sometido en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, por los que se determinó que su familia biológica no era la que la había criado, sino que su apropiador había formado parte de los agentes de represión de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Los pingos se ven en el tribunal

La declarante fue contundente con su presentación y el vínculo inoxidable con su madre: “Victoria Analía Donda Pérez es el nombre que elegí después del 8 de octubre de 2004, cuando me enteré que mi mamá me parió en la ESMA y me llamó Victoria. En honor a ella me puse Victoria como primer nombre”.

Las semblanzas de sus padres, en base a lo aportado por testigos, familiares y vecinos de ellos, fueron sintéticas pero muy ilustrativas de quienes eran y cuáles eran sus personalidades: “Mi mamá se llamaba María Hilde Pérez, tenía 23 años, y le decían Cori. Era militante de la JP en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. Ingresó a la organización Montoneros. Tenía otra hija que es mi hermana Eva Daniela. Y era una mujer muy solidaria que las vecinas la recuerdan como la chica que les enseñaba a coser a máquina, como forma de ganarse la vida”. Sobre su padre contó: “Se llamaba José María Donda, tenía 21 años, era alto y flaco. Le decían Pato, en la organización, o Cabo, en el Liceo Naval donde hizo el secundario. Fumaba, no sabía andar en bicicleta. Era hábil y sabía escuchar. Así lo recuerdan todos. Un hombre muy callado”, detalló.

Victoria se explayó sobre lo que lo que sucedió con sus padres a finales de marzo de 1977: “Los dos fueron secuestrados. Primero mi mamá… cuando estaba embarazada de mí. La secuestran en la plaza Castelar, primero la subieron a la camioneta con un compañero. A mi mamá enseguida se le notaba la panza… Para la época que la secuestran ya tenía cinco meses de embarazo. Una panza prominente pero igual no se bajaba de los tacos”, resaltó.

Fueron esos tacos los que se le rompieron cuando intentó salir de la camioneta luego de que su compañero buscara escaparse de la brigada castrense. La mujer se cayó, cuando llegaba a la estación de Castelar, se le rompió el calzado, y fue recapturada en la plaza municipal.  

Con respecto a su padre, hizo hincapié en la desesperación por encontrar a su pareja y a su hija raptadas y los últimos momentos en los que fue visto aún con vida. “Cuando llega (a la plaza) mi papá unas horas más tarde, encuentra el zapato”, narró Victoria. Por una nota que el compañero de José María le narró en una carta a Adela Segarra, quien militaba por entonces en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Victoria supo que su papá mantuvo “alguna comunicación” con sus dos abuelas: Cuqui (de parte de su padre) y Leontina (de parte de su madre). “Mi abuela iba a donde mi papá la citara”, aseguró la declarante, que destacó que pedía que esos encuentros sean sin la presencia de su hermano Adolfo Donda Tigel, ni la de nadie.

“Mientras (mi papá) buscaba a mi mamá, escribió una carta y se la dejó por debajo de la puerta a Leontina, que vivía con Daniela y con sus propios hijos en Morón (mi mamá le había dejado a Danielita). Cuando mi abuela vio que entró un sobre por la puerta, abrió la puerta y vio la sombra de mi papá yéndose del lugar. En esa carta, habla de mi mamá, de su embarazo, o sea de mí. Pide que nos busquen, que nos críen juntes con mi hermana y también le dice que vayan a buscar a Adolfo Donda, su hermano. Que creía que tenía la humanidad para poder buscarme”, planteó Victoria con un gesto de cierto asombro considerando lo que finalmente sucedió.

«Mi abuela fue a buscar a Adolfo Donda para que ayude a mis padres y él le contestó que ellos sabían lo que les podía pasar», declaró Victoria.

La nieta restituida aseguró que, en base a lo que le contaron distintas personas, como Lidia Vieyra, cuando su madre comenzó con el trabajo de parto pidió que una de sus compañeras la ayudase. La llevaron, contó, a la salita de la Sardá (pieza de embarazadas de la ESMA, conocida en el ámbito castrense como “Maternidad Sardá”) y que ella nació en una mesa de madera por parto natural.

“Le habían puesto un suero a mi mamá y le habían dejado a Lidia un hilo de coser azul con una aguja. Apenas nací entró Magnacco (Jorge Luis, médico de la Armada que firmó numerosos certificados de nacimientos de hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio en la ESMA). Se enteró que yo había nacido con vida. Cuando se fue, mi mamá se arrancó el suero, salto de la cama y me abrazó. Y ahí me puso Victoria”, contó, visiblemente emocionada. “Tenía bastante fuerza”, aseguró orgullosa para luego agregar que estuvo “unos días más” con su mama “en una canastita”.

En uno de los momentos más potentes de su alocución, Donda Pérez afirmó que su abuela Leontina “fue a ver a Adolfo Donda para decirle que la ayude a buscarnos”. La respuesta del militar, según el relato de Victoria, fue seca: “Él le contestó que mi mamá y mi papá sabían lo que les podía pasar, que él se había ofrecido para ayudarlos para que se vayan pero que su decisión fue quedarse sabiendo lo que les podía pasar”.

Además, señaló que su abuela materna Leontina y su tía (hermana de su madre María Hilda) se fueron a vivir a Canadá cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida porque “le tenían miedo a Adolfo”, que había salido de la cárcel y sabían de su rol como jefe de unos de los grupos de tareas de la ESMA. “Yo en lugar de mi abuela, también tendría miedo”, se sinceró. Según Victoria, quienes continuaron su búsqueda a lo largo de los años cuando Cuqui falleció y Leontina se exilió fueron las Abuelas de Plaza de Mayo, “como siguen buscando a todos los nietos que faltan”, junto con otras agrupaciones.

Victoria señaló que hoy puede tener una vinculación con Azic. “Independientemente de los vínculos personales creo que hay una responsabilidad social y política que quiero asumir. Y si hoy puedo hablar con él y mi hija puede conocerlo en parte es también porque pude ser parte de quienes lo llevaron a estar hoy detenido”, resaltó Donda Pérez, que fue querellante en las causas en las que fue condenado.

La militante fue directa en su pedido a su tío de sangre: «A mí me interesa saber dos cosas: quiero saber mi fecha de nacimiento porque estoy segura que él—Donda Tigel—la sabe, y saber en qué fosa lo tiraron a mi papá para poder llevar sus huesos, sus cenizas, a algún lugar y poder dejarle una flor».

Con respecto al conocimiento de Donda Tigel sobre las torturas a su cuñada durante su paso por la ESMA, Victoria subrayó, en base a los testimonios de Sara Osatinsky, Raúl Cubas y Enrique “Cachito” Fukman, que su mamá “estaba esperanzada” de que el represor cumpliera con su palabra y le diera a la bebé Victoria a su abuela materna para que se criara junto con su hermana. Sin embargo, eso no sucedió y Adolfo Donda Tigel estuvo presente al menos en una oportunidad en la sala de interrogatorios durante los castigos aberrantes a las prisioneras. 

En una de sus últimas intervenciones, Victoria leyó una carta que su padre José Laureano escribió “de puño y letra”, dirigida a su abuela paterna. En un fragmento de la misiva resaltó el «sacrificio, humildad y rectitud de principios, que ha sido siempre el desarrollo del marco familiar que me ha permitido ver cuál es el único modo de asumir la vida”.

 “Ese modo es la lucha, esa lucha es por la familia, porque en definitiva, la patria y el pueblo son la suma de las familias de nuestra tierra. La construcción de una familia nueva, de un hombre nuevo, de una sociedad nueva es nuestro objetivo», cerró la funcionaria.

Comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Oct 7, 2022 | Destacado 2, Géneros

Después de la pandemia, a tres años de la votación en La Plata, cuando se decidió reconocer las diferentes identidades y naciones y unirlas en la misma lucha, tendrá lugar en San Luis el primer Encuentro explícitamente inclusivo.. También será la primera vez que habrá otro encuentro, el tradicional y ahora minoritario, que se realizará también en San Luis, dos semanas después.


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El 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de San Luis desembarcará el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. 

Este largo nombre es el producto de una disputa cultural y discursiva de hace años. No se trata solo de un cambio de título, sino que refleja, con la mención de cada identidad y la ampliación de lo nacional, una reparación histórica y política que busca la unión de las diversas cosmovisiones, culturas e identidades feministas y transfeministas en una lucha “anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal”. 

Además de una reivindicación socio-cultural e histórico-política, el encuentro hace circular la economía de cada ciudad que es elegida como sede. Para octubre se esperan más de 100 mil personas -las que se sienten representadas en aquel largo título- de todos los rincones del país. La titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Ayelén Mazzina, afirmó durante una conferencia de prensa que a partir del Encuentro se estima “una inyección económica superior a los 2.000 millones de pesos”, en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte, entre otros.

Sin embargo, no toda la ciudad abraza a les encuentreres con el mismo gusto. Las iglesias, parroquias y catedrales puntanas están tomando medidas de seguridad, cerraron sus puertas y montaron guardias desconfiando de posibles ataques. En un documento dirigido al Ministerio de Seguridad y al de Gobierno, Justicia y Culto, la Asociación Pastoral de San Luis rogó que garanticen “la paz y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”, asignándoles “la responsabilidad de civil y penal de realizar el resguardo de los templos de la Iglesia Evangélica y sobre todo integridad física de los pastores y de los miembros de la comunidad cristiana”.

La historia de los encuentros comienza en 1986 con las primeras mil mujeres que se reunieron en Buenos Aires bajo el nombre de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Con la nueva ola de feminismo que estalló en Argentina a partir de 2015 todo comenzó a replantearse y con ello la cuestión de las identidades. La premisa clave de esos años fue “lo que no se nombra no existe” y con esta bandera muchos grupos del feminismo y transfeminismo comenzaron a debatir sobre los límites excluyentes del nombre del encuentro como algo “nacional” y de “mujeres”. 

En 2019 las aguas ya se estaban dividiendo. Ese año, en el 34º Encuentro realizado en La Plata, el más masivo de su historia, el debate sobre la identidad -ya planteado anteriormente en los encuentros anteriores de Chaco en 2017 y en Trelew en 2018- proliferaba en todos los talleres. Tras la lectura de sus conclusiones en el acto de cierre, se definió que a partir de ese momento el encuentro sería plurinacional y haría mención de cada una de las identidades disidentes sexuales que lo integran. 

Había solo un sector minoritario que se oponía a esta reforma e insistía con volver al viejo título -desterrado por su exclusión- de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Este está encabezado por la campana del feminismo conservador y del PCR (Partido Comunista Revolucionario) que conciben al movimiento sin la integración de personas trans y otras disidencia por no considerarlas como mujeres. En las sucesivas asambleas este grupo insistió con su reclamo, pero no logró el número suficiente para tomar posición como minoría.

Es así que, por primera vez en su historia, se organizarán dos encuentros. En octubre el inclusivo y plurinacional, realizado de forma autónoma, independiente y autogestionado, y en noviembre el nacional únicamente de mujeres, encabezado por el PCR y el feminismo conservador, los días 19, 20 y 21, también en la ciudad de San Luis. 

El encuentro inclusivo de este año abrirá con una ceremonia ancestral y contará con 105 talleres organizados en 15 ejes de trabajo como “Identidades y sexualidades”, “Territorios”, “Activismos y organización”, “Derechos Humanos y acceso a la justicia”, “Coyuntura geopolítica y económica”, entre otros. Durante el fin de semana se realizarán dos marchas. Una el sábado contra los travesticidios y transfemicidios y la otra el domingo, la marcha 35° del encuentro. La noche del domingo culminará con el clásico festejo de la peña pluridisidente y el lunes por la mañana se celebrará el acto de cierre donde será elegida la próxima sede y se hará lectura de las conclusiones de los talleres.

«Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio del aborto»

«Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio del aborto»

Ago 10, 2022 | Destacado 2, Géneros

Proyecto Mirar es una propuesta online interdisciplinaria que se propone realizar un monitoreo y un seguimiento de la implementación de la Ley IVE.

Hace apenas unos días, el Tribunal Oral Penal de Goya (Corrientes) absolvió a Ana Clara Velázquez, quien había sido acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo, tras haber sufrido un aborto espontáneo. Ana estuvo ocho meses injustamente presa. La provincia de Corrientes no tiene reglamentada la Ley de Educación Sexual Integral ni adhirió al protocolo para la implementación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoria en todo el territorio nacional.

En un contexto en el que a nivel global se registra un avance de las derechas sobre las conquistas históricas de las mujeres y personas gestantes, Proyecto Mirar lanzó su plataforma virtual Mirando el Aborto en Argentina, un sistema de monitoreo y una herramienta de información ciudadana para hacer un seguimiento de lo que sucede con la implementación del acceso a la IVE en Argentina.

Sociólogas, profesionales de la salud, de la comunicación y del derecho conforman Proyecto Mirar una iniciativa conjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, una organización que trabaja a nivel global a favor de la autonomía y por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

Para conocer más acerca del lanzamiento de esta plataforma virtual, ANCCOM dialogó con la socióloga Mercedes Krause, docente e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante del CEDES.

 

¿Para qué “mirar” el aborto en Argentina?

Si bien sabemos que la ley se logró como producto de una movilización muy grande, también sabemos que muchas leyes están muy bien promulgadas pero de ahí a que sean efectivas suceden cosas. Entonces, parte del monitoreo es para mantener la importancia de la agenda, es decir, que no se pierda la relevancia de esta conquista ganada en las calles, con una legalización social que llegó incluso antes que la ley en 2018. Por otro lado, el monitoreo pretende identificar barreras en la implementación del aborto como, por ejemplo, problemas en el acceso, brechas a nivel regional o provincial o con poblaciones específicas, entre otras. Aunque es un proceso muy reciente la idea es monitorear de cerca para tener documentado cada avance o retroceso y poder actuar sobre eso. En este sentido, el objetivo es compilar datos para poder pensar mejores políticas en torno a  la implementación. Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio para que la legalización del aborto se haga efectiva en la realidad de las personas gestantes.

¿Cuál es el sentido de que haya una plataforma en línea?

Además de poner a disposición este enorme caudal de datos y nuestro conocimiento más profesional y estadístico también queremos que la información se divulgue, que sea accesible para diferentes audiencias, tanto académica, como de la sociedad civil, periodistas, tomadores de decisión, organizaciones que puedan usarlas para hacer acciones más locales. En diciembre pasado, en el aniversario de la ley, publicamos el Reporte Anual 2021: el primero de los reportes anuales del proyecto. Ahí explayamos nuestra interpretación acerca de la relación de todos esos datos, es decir, una hipótesis alrededor de la implementación.

¿De dónde obtienen los datos que están disponibles en la plataforma?

Muchos de los datos que utilizamos son de origen público, algunos están publicados y otros no pero, amparándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública, accedemos a más detalle de lo que está publicado. También nos apoyamos en información que aportan distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo que hacemos es compilar con algún sentido todos esos datos que están sueltos. Y también producir los propios. Entre ellos, el Estudio MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) que apunta a diseñar una encuesta para medir la calidad del aborto desde la perspectiva de las usuarias, y el de seguimiento de medios. Estas investigaciones están en proceso y todavía no se han publicado resultados. También tenemos investigaciones previas, por ejemplo, sobre el debate de la ley y el seguimiento en redes sociales durante el debate.

¿Existen otros proyectos con estas características? ¿Articulan con ellos?

Sabemos que hay otras organizaciones e instituciones que están siguiendo el tema desde diferentes perspectivas. Cada actor que interviene en el proceso de aborto también tiene su propio punto de vista. Entonces, a futuro se puede ir ampliando la mirada sobre qué indicadores y resultados son relevantes para cada uno de esos actores. El desafío es la articulación de los monitoreos locales con lo que está pasando a nivel nacional. En ese sentido, las estadísticas proporcionan una idea más abarcativa de todo lo que estamos viendo en las provincias y se pueden complementar con esos monitoreos para darles más visibilidad. En este punto, otra pata importante es la del Diálogo con actores clave. Justamente con ellos queremos discutir esta información para que pueda ser usada para la incidencia de políticas, en los territorios, en las organizaciones, en los medios, etc.

¿Cómo es la dinámica para estos diálogos?

Ahora comenzamos a hacer reuniones provinciales para discutir los datos en profundidad para poder tener una mirada más cualitativa, más desde el territorio, las experiencias y las organizaciones. Respecto a la agenda, recientemente estuvimos en Neuquén, en agosto estaremos en Jujuy y en octubre en Entre Ríos. Estos diálogos son un trabajo muy enriquecedor y sumamente necesario.

¿Cómo definieron las variables e indicadores para medir el acceso y la calidad de la IVE y de la ILE en el Estudio MACA?

Lo que hicimos fue generar una cantidad de indicadores que nos gustaría incluir en una encuesta y consultar estos indicadores con organizaciones de mujeres, proveedores de aborto, tomadores de decisión a nivel gubernamental. Entonces, desde estas diferentes perspectivas nos fueron diciendo qué relevancia le daban o no a los indicadores y a partir de eso fuimos validándolos.

¿Y cuáles son los indicadores de su sistema de información ciudadana?

Algunos son más directos. Por ejemplo, los que pone a disposición la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Después, a partir de eso, nosotras calculamos otros como la tasa de efectores o la tasa de IVE e ILE de mujeres en edad fértil en cada provincia para comprender qué sucede con los diferentes entornos y escenarios de implementación. Los indicadores refieren a las dimensiones de calidad, entorno, oferta y resultado. Los indicadores de resultado son los que deberían variar a medida que la ley se vaya implementando. Todavía no contamos con esos datos, pero estamos siguiendo su evolución desde antes de la Ley 27.610 y la vamos a ir actualizando. Por ejemplo, los que podríamos interpretar como demandas potenciales de servicios de aborto: porcentaje de embarazos no intencionales o el número de muertes maternas por aborto.

Cuándo comenzaron a sistematizar la información, ¿cuáles fueron los datos más relevantes y los más alarmantes?

Justamente como tenemos una cantidad enorme de indicadores elegimos los que muestran datos muy relevantes alrededor del tema, para incluir en los mapas y gráficos.  Por ejemplo, la proporción de embarazos no intencionales es del 60,2%, con un mínimo de 45,2% en Santa Fe y un máximo de 88% en La Rioja, porcentajes que ascienden, en todo el territorio, en niñas y adolescentes. Entonces creemos que identificar estas poblaciones más vulnerables puede ayudar a diseñar acciones específicas de intervención y seguimiento. En este aspecto, en los departamentos donde está implementado el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia) la fecundidad adolescente bajó más que a nivel provincial y que a nivel nacional.

 

Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras.

¿Cuáles son las principales barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias que garantizan un aborto legal y seguro?

Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras. Esto depende tanto de la demanda de la población como de la disponibilidad de servicios y profesionales capacitados y el gasto per cápita en salud de cada provincia. Históricamente, el NOA y el NEA son las regiones con menor disponibilidad de recursos materiales y humanos, con peores indicadores objetivos y subjetivos de salud, mayores necesidades sanitarias y mayor proporción de la población que depende del sistema público. A este escenario de inequidad a nivel nacional se suma en el caso del aborto el tema de los “objetores de conciencia”. De todas maneras deberíamos ver qué pasa en los próximos años ya que la ley es muy reciente. Sabemos que muchos servicios se están poniendo a tono y que este proceso puede llevar tiempo.

¿Podría comentar algunas conclusiones del Reporte Anual 2021?

La información analizada en el Reporte Anual 2021 debería ser entendida como una línea de base para monitorear la implementación más que como una evaluación del impacto de la ley, ya que gran parte de los datos refieren a la etapa previa a su promulgación. De todas formas, un dato contundente es, por ejemplo, la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) desde 2015. La TEFA tardía (15 a 19 años) bajó 20 puntos entre 2015 y 2019 y 10 puntos más entre 2019 y 2020. Otro dato que nos proporciona el Reporte Anual es la desigualdad entre las provincias, por ejemplo, en el riesgo de muerte materna, con los niveles más altos en Chaco, Formosa y Corrientes en 2019 y Chaco, Jujuy y Corrientes en 2020. Habría que ver qué sucede con estos indicadores tras la implementación de la ley.

Según los datos recabados, ¿existen iniciativas o proyectos que buscan restringir a través de alguna ley o deposición la implantación del aborto?

Hasta el momento se iniciaron 37 demandas judiciales en contra de la implementación de la ley. La mayoría alegaban su inconstitucionalidad y fueron desestimadas.

¿Qué percepción tiene acerca de la anulación del fallo Roe vs. Wade y sus repercusiones?

Una parte de nuestro equipo tiene su residencia en EEUU así que estamos bastante al tanto del clima allá. La situación es muy difícil porque hay una clima de “denuncia ciudadana” muy activo. A la vez, los sectores más progresistas dicen «miremos cómo fue la legalización en Argentina, tenemos que lograr eso en EEUU». Entonces, hay diferentes estrategias que se están poniendo en marcha en este escenario, todo es muy reciente también, y justamente estamos encarando diálogos a nivel regional y global para poder evaluarlo mejor. Asimismo, teniendo en cuenta este contexto nos enfocamos en las lecciones aprendidas. Una de ellas es que no hay un camino único para alcanzar la legalización y que las estrategias varían de acuerdo a los contextos y las relaciones de fuerza de cada momento.

Las manifestaciones de sectores antiderechos en Madrid, las declaraciones de Danny Kruger, parlamentario inglés, quien dijo no estar de acuerdo con que “las mujeres tengan un derecho absoluto a la autonomía corporal”, y las expresiones del ultranacionalista partido español Vox que celebró la sentencia de la corte de EEUU porque es “un rayo de esperanza”, amenazan el derecho al aborto y constituyen una triste postal de la cola de viento que trajo la anulación del histórico fallo “Roe vs Wade”, en EEUU, a fines de junio.

La historia da cuenta una y otra vez de que no hay victorias definitivas ni derechos garantizados ad infinitum, y que la defensa de estos constituye siempre la mejor de sus garantías. La disponibilidad de información actualizada en materia de implementación es clave no solo para el diseño de políticas acordes a la normativa legal vigente sino, además, una poderosa herramienta de poder para la movilización ciudadana.