La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Sindicatos y funcionarios de la oposición advierten que la norma va en contra del derecho a huelga y la legislación internacional. También reclaman al oficialismo inversión en la educación. El impulsor del proyecto insiste.

El sistema educativo se encuentra en estado de alerta tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reglamenta a la educación como un servicio estratégico esencial. La norma, entre otras cuestiones, tiene como objetivo garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos todos los días que establecidos en el calendario lectivo y una asistencia del 30% de docentes los días de paro, proporción que se incrementa a medida que aumenten los días de medidas de fuerza.

“Nosotros entendemos que la educación no es un servicio, es un derecho y que en realidad a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En esta misma línea se mostró, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y actual director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que detalló: “El objetivo de esta norma es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales, es regular un derecho constitucional. La educación es un derecho universal para ciudadanos y ciudadanas y no un servicio para clientes, para pocos”.

La medida fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y obtuvo 131 votos positivos, mayoría constituida por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, ante 95 negativos, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Además, hubo dos abstenciones. El proyecto declara que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo y pone el foco en los días de clases perdidos por las distintas medidas de fuerza directas o indirectas del personal docente y no docente que afecten al calendario y desarrollo curricular establecido.

En diálogo con ANCCOM el legislador del PRO explicó el motivo de su proyecto: “Declarar a la educación como servicio estratégico esencial para garantizar el derecho a educarse fue el punto de equilibrio que encontramos ante el conflicto de derechos: el derecho a huelga y el derecho a la educación de los niños y adolescentes”. En contraparte, Sileoni crítico de la media sanción aprobada sostiene que “las medidas no pueden ser zócalos de TV o medidas efectistas, tienen que ser de verdad, tienen que tener profundidad, por tanto, tampoco creemos que la educación sea esencial para este gobierno. Si no, no la estarían desfinanciado”. Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, profundizó: “Tenemos 1.000 obras paradas por Nación de las cuales 80 son escuelas, no hay distribución de libros, no hay distribución de tecnología, no hay una política de formación docente, entonces: ¿dónde se ve el aprecio que este gobierno tiene por la educación?”

Para la Organización Internacional del trabajo (OIT), de la que Argentina es miembro, un servicio esencial es aquel cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, y por lo tanto prohíbe o regula el derecho a huelga. Alesso sostiene que en base a este reglamento hay dos fallos judiciales que dicen que la educación no se encuentra dentro de los servicios esenciales, además detalla: “Este proyecto tiene varios aspectos cuestionables: en primer lugar no puede ir contra la Constitución Nacional y la OIT. Además, en el trámite parlamentario el tratamiento de la ley no pasó por la Comisión del Trabajo o la de presupuesto y solo lo hizo por la Comisión de Educación y, por último, no se dio un debate a fondo, no se tuvo en cuenta la participación de los docentes pese a que pedimos que nos dejaran hablar y algunos legisladores estuvieron de acuerdo. Nos quitaron la palabra y eso que nos estaban declarando como servicio esencial”.

«a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso. FOTO: ARCHIVO

En cambio, Finocchiaro explica que la ley no habla de servicio esencial en los términos de la OIT, ya que la norma se refiere a servicio estratégico-esencial y pone énfasis en la palabra estratégico para diferenciar los conceptos. Además, justificó la ausencia de docentes al debate debido al tiempo acotado y a las difíciles negociaciones en las cámaras legislativas para lograr aprobar leyes. “No hay sector más democrático que el Congreso, ahí estamos todos representados y las discusiones las tenemos que dar los representantes en las cámaras, porque para eso fuimos elegidos. Muchas veces las presentaciones lo único que hacen es dilatar las resoluciones”, sostuvo el presidente de la Comisión de Educación en Diputados, quien también se refirió a la necesidad de ampliar el debate ya que “tenemos una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, algo está fallando”. 

Alesso, por su parte, descree de la preocupación del gobierno por la educación y sostiene que “pensar que los problemas de la educación se resuelven sin financiamiento educativo, sin resolver los problemas salariales, sin discutir los temas de fondo y prohibiendo el derecho a huelga, nos parece que es empezar al revés o poner el carro adelante del caballo”; y detalló la difícil situación que atraviesan los docentes: “Venimos desde diciembre sin paritarias que aumenten el piso nacional. Además, el gobierno eliminó de forma unilateral el fondo de incentivo docente, no se están enviando los fondos para infraestructura escolar, no se amplían los fondos para la copa de leche, ninguna de las políticas que tengan que ver con mejorar la educación este gobierno las ha tomado”.

Con todo este panorama, el conflicto entre el Gobierno y el sector educativo está lejos de apaciguarse, a este frente debe sumarse el que mantienen las universidades nacionales que siguen reclamando la emergencia presupuestaria y salarial. “Si el presupuesto sigue subejecutándose y si, además, no aumentan los salarios y la conflictividad lejos de bajar va a subir”, sostiene Alesso, que aunque suene como advertencia es lo que marca la experiencia. El proyecto deberá tratarse en el Senado y para ese momento desde CTERA buscarán informar, convocar y movilizar para evitar su aprobación.

Comenzó el juicio por el transhomicidio de Tehuel de la Torre

Comenzó el juicio por el transhomicidio de Tehuel de la Torre

Declararon su madre, la expareja del acusado Luis Ramos y varios de sus vecinos. En total, una centena de testigos intentarán dilusidar ¿dónde está Tehuel?

Este 15 de julio, en el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata, tuvo lugar la primera de las audiencias del juicio oral y público contra Luis Alberto Ramos, acusado por la desaparición y el asesinato del joven trans Tehuel de la Torre, ocurrido en 2021. La expareja de Ramos declaró que “acosaba a las mujeres y era violento con los hombres”.

El proceso judicial –que tiene a otro imputado, Oscar Montes, quién se someterá a otro juicio pero por jurados– estaba previsto para 2027, pero la presión de la familia, sus abogados y diversas organizaciones, asociaciones y organismos de derechos LGBTINB+ lograron adelantar la fecha. Al mismo tiempo, vienen bregando por la importancia de visibilizar el proceso y exigir a la justicia que adopte una perspectiva de género. 

A los pies del estrado donde se sentarían luego los jueces Claudio Joaquín Bernard, Silvia Edit Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo se apilaban numerosas carpetas de expedientes. Si bien el juicio se encontraba programado para las diez de la mañana, no fue hasta las diez y media que llegó Luis Ramos, esposado y escoltado por cuatro oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, para tomar su lugar en el banco de los acusados. Veinte minutos después, hizo su aparición Norma Nahuelcura, la madre del joven desaparecido, vistiendo una pechera de la asociación civil Amigos y Familiares de Tehuel, con la pregunta que desde hace tres años se escucha en las calles y hoy es un grito de lucha: “¿Dónde está Tehuel?”. Recién a las once de la mañana, luego de que se acomodaron los allegados de la víctima en la sala, los jueces dieron inicio a la primera jornada. 

Este proceso de diez audiencias y cuyo último encuentro se prevé para el viernes 26, en plena feria judicial, consta inicialmente de dos jornadas de apertura, para luego dar lugar a un juicio técnico por el cual pasarán casi un centenar de testigos, donde se expresarán los alegatos y, finalmente, será dictada la sentencia. Por otro lado, el juicio por jurados al que se someterá Montes aún no posee una fecha confirmada.

A lo largo de estos diez encuentros, el equipo de abogados de Norma Nahuelcura, la mamá de Tehuel, conformado por Flavia Centurión, Cristian Ariel González, María Dolores Amaya y Pilar Rodríguez Genin, intentará probar que no solo se trata de un homicidio, sino que este fue motivado por odio hacia la identidad de género de la víctima. Esto, además de ser un agravante, establecería un precedente en la historia de la justicia penal argentina al ser la primera sentencia por trans-homicidio del país. Por otro lado, la defensa buscará negar la participación de Luis Ramos en la desaparición de Tehuel, y utilizará la negación del padre del joven, Andrés de la Torre, de la necesidad de un juicio como argumento para la inocencia de Ramos.

Los testigos

En una primera jornada, que se extendió hasta las tres y veinte de la tarde, se presentaron seis testigos: Norma Nahuelcurá, la madre de Tehuel, Michelle Leyes, la novia del joven, Catalina Solás, expareja de Ramos, Julio Aguero y Romina Soledad Loboso, vecinos del barrio, y Ricardo García, quien vivió unos meses junto a Ramos y su madre. Excepto el último de los testigos, todos coincidieron en pedir a los jueces dar testimonio sin Ramos presente, con un motivo unánime: miedo a sufrir represalias por parte del acusado, en venganza por sus declaraciones.

La primera en hablar fue Nahuelcurá, dando cuenta de la infancia de Tehuel y cómo este, desde pequeño, había expresado su identidad de género: “Desde chico se vestía como varón; no le gustaba usar pollera y jugaba al fútbol con varones. Con Michelle llevaban dos años juntos, y Tehuel siempre fue el varón. Michelle tiene un nenito que lo llamaba [a Tehuel] papá”. 

A continuación, Nahuelcurá realizó una cronología desde el jueves 10 de marzo de 2021, la última vez que vio a su hijo con vida. “Las siguientes novedades que tuve fueron el sábado, porque vi que desde el jueves no le llegaban los mensajes a Tehuel ni se había vuelto a comunicar conmigo, así que hablé con Michelle y le pedí que haga la denuncia a la comisaría”, comenta Norma, y agrega: “Michelle me dijo que se había ido a hacer una changa como mesero con un tal “Luigi”. Después me enteré que era Luis Ramos”.

Tanto Norma como Michelle hicieron hincapié en la situación de desocupación que vivía Tehuel, y cómo la falta de un ingreso fijo lo preocupaba. “Su situación económica era nada. No podía conseguir trabajo y eso lo tenía incómodo al sentirse cabeza de un hogar”, comentó la mamá, y continuó relatando que “se ofrecía a hacer changas para sobrevivir”. En consonancia con esto, Leyes habló de las complicaciones económicas del joven: “Tehuel no conseguía trabajo por su orientación, por ser transexual. No lo quisieron tomar en un comercio porque según ellos capaz un día se arrepentía y quedaba embarazado”. 

Por otro lado, y en referencia al acusado, Julio Aguero habló sobre el carácter violento de Ramos. “Nosotros estábamos en la canchita jugando a la pelota. Ramos pasó caminando mientras nos gritaba para buscar problemas, con un cuchillo en la mano”, compartió Aguero. “Nos persiguió como dos cuadras y después se fue con una chica de pelo corto”, agregó. En referencia a esto último, se barajó la posibilidad de que el acompañante de Ramos en ese momento hubiera sido Tehuel, ya que la descripción de su vestimenta coincide con la del testimonio de Leyes, la última vez que vió a su pareja.

El retrato de “el odio”

Entre los testigos que pidieron la ausencia de Ramos en la sala, se encontraba Catalina Salas, ex pareja del acusado. “Acosaba a las mujeres y era violento con los hombres, no le gustaba que los hombres estuvieran con hombres ni las mujeres con otras mujeres”, dijo sobre su homofobia.

Los abogados de la familia de Tehuel pidieron a los jueces la obligatoriedad de juzgar con una perspectiva de género, sosteniendo que se trata de un trans-homicidio. El asesinato de Tehuel se encontró motivado por el odio, lo que sirve de agravante al homicidio. Según compartió Cristian González, el desafío más grande de este proceso es probar ante la justicia este odio. En consonancia con esto, Flavia Centurión afirmó: “Tenemos pruebas suficiente para demostrar un homicidio cuyo motivo fue el odio y la falta de tolerancia hacia una persona que tiene un género no binario”.

Salas compartió a los jueces que Ramos, durante su noviazgo la había golpeado reiteradas veces, incluso habiendo llegado a causarle un aborto espontáneo. Además, acusó a su ex pareja de haber abusado sexualmente de su hijo y afirmó que si bien realizó la denuncia en su momento, aún se encuentra sin respuestas por parte de la justicia. “Se lo conoce en el barrio como el loco del cuchillo”, compartió Michelle Leyes.

En línea con lo expuesto por Salas, Leyes declaró que “Tehuel me contó sobre la denuncia por abuso a un menor que tenía Ramos, y que tenía comentarios babosos sobre las chicas con las que militaba“. Leyes confió a la justicia que esto la hacía sentir desconfianza hacia el acusado. Por otro lado, la pareja de Tehuel sostuvo que Ramos se refería a Tehuel en femenino: “Averigüé a través de los vecinos dónde vivía Ramos y le di el dato a la policía. Fuimos a su casa y nos dijo que Tehuel no estaba ahí, que pasemos a buscarla, en términos femeninos”. 

Más adelante, Leyes recordó que en un llamado telefónico con Ramos, el acusado le dijo “cómo me vas a decir eso si yo la quiero mucho”, a pesar de que Michelle sostiene que solo le había preguntado si conocía el paradero de Tehuel, ya que había sido el último en tener contacto con él. 

Además, sobre la situación económica de Tehuel, tanto su madre como su pareja coincidieron sobre las dificultades que sufría. Leyes declaró que Ramos le daba plata semanalmente a Tehuel, afirmando que no hacía falta que la devuelva. Además, habló sobre un préstamo de 2000 pesos que le había hecho el acusado a Tehuel.

“Michelle pareja de Tehuel describió la angustia que este sentía por no conseguir trabajo y ser sostén de hogar”, afirmó González en diálogo con ANCCOM. “Esta situación era aprovechada por Ramos para generar una dependencia económica, dándole dinero cada dos semanas, ofreciéndole changas, situándolo en una posición de proveedor a quien se le debía solicitar el sustento para la familia de Tehuel”, apuntó.

El equipo de abogados de la familia de Tehuel hizo hincapié en la violencia, manipulación psicológica y sujeción económica que ejercía Ramos sobre Tehuel, todo como prueba de que se trató de un homicidio agravado por odio.

“Los testimonios de hoy han marcado el perfil violento, agresivo, machista y patriarcal de Ramos”, reconoce González. “La defensa trató de mostrar que Ramos lo consideraba un par, que lo trataba de “Bro”, pero todas las personas que testificaron dijeron que Ramos al momento de hablar de Tehuel, hablaba de la “chica-chico”, o se refería a Tehuel en femenino, algo que también ha quedado comprobado por los chats que fueron enviados desde el teléfono de Ramos a la pareja de Tehuel.

En las calles

Afuera, en las calle donde se ubica el Tribunal, se encontraron acompañando el minuto a minuto del juicio diversas organizaciones sociales y representantes de organismos, entre ellos, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el frente de Orgullo y Lucha, Pan y Rosas, Rosario Castelli en representación del exministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, entre otros. 

En medio de carteles con el interrogante “¿Dónde está Tehuel?” o frases como “No hay justicia si lxs trans están vivxs de pedo”, la convocatoria contó con dos intervenciones de los abogados de la familia de Tehuel y Norma, una durante el almuerzo y la otra hacia el final de la jornada, para compartir la situación de la audiencia y para agradecer el apoyo. 

Rosario Castelli dijo a ANCCOM que “este juicio va a sentar un precedente para todos. Si no hubiéramos hecho presión, no se estaría dando el juicio ahora. Es fundamental ocupar la calle”. Por otro lado, agregó que espera que “la justicia contemple el odio hacia la identidad de género en el fallo. Esto sentaría un precedente, sobre todo en este momento en que los crímenes de odio son promovidos incluso desde el gobierno nacional que cerró todas las áreas de género”.

Finalmente, Nahuelcurá cerró la jornada dando las gracias por el apoyo. “Me siento muy contenida”, afirmó. “Agradezco el acompañamiento que me están dando. Me siento muy entera”. 

 

¿Escuelas mordazas?

¿Escuelas mordazas?

El mismo día del paro nacional docente, el vocero Manuel Adorni informó que el Gobierno planea penalizar el “adoctrinamiento” en las escuelas. ANCCOM habló con el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Alberto Silioni y con distintos educadores para conocer su opinión

El vocero presidencial Manuel Adorni expuso la intención gubernamental de modificar la Ley de Educación Nacional con el fin de penar a los docentes que lleven a cabo un “adoctrinamiento” a los alumnos, el jueves último durante una conferencia de prensa, el mismo día del paro nacional de maestros. También informó la futura apertura de un canal de comunicación donde las familias puedan denunciar a los docentes.

“Penalizar el adoctrinamiento es una cortina de humo, el Gobierno lo dice un día de paro docente por la quita de los recursos no sólo a la educación obligatoria, sino también a la universitaria. No sabemos a qué se refieren con adoctrinamiento, ellos son los que no saben diferenciar entre adoctrinar y educar”, opinó en diálogo con ANCCOM Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El vocero del Gobierno justificó esta medida por lo sucedido en Punta Indio durante el acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en la Escuela Secundaria N°4. Allí, algunos veteranos se retiraron por el discurso que efectúo una docente de Historia al cuestionar el rol de los medios de comunicación en la última dictadura militar. Según Adorni, este es un claro ejemplo de “contenidos en aulas y actos teñidos de militancia”. Sileoni reflexionó: “Lo que no entienden es que las aulas no son un sitio neutral sino que son sitios donde transcurre la vida. Y tampoco entienden que los alumnos no son sujetos vacíos sino que son muchachos y muchachas pensantes”. Además, el responsable de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires agregó: “Si de la escuela no todos salen pensando lo mismo es porque la escuela ha tenido un éxito, permitió que se libere el pensamiento, priorizando la pluralidad de ideas y voces”.

El discurso del mal llamado “adoctrinamiento” está instalado en la sociedad hace muchos años con la excusa de que los chicos y chicas tienen una “bajada de línea política”. María Eugenia Silvera Basallo, profesora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, opinó sobre los dichos de Adorni: “Instalar la idea de adoctrinamiento es poner en discusión el rol de las y los educadores. Funciona como un gancho para determinados sectores, desacredita y desprestigia la autoridad docente, que no es precisamente una figura autoritaria”.

El prejuicio que se le tiene al rol docente proviene del oficialismo que hace tiempo busca ir en contra de la pedagogía de la  memoria. Julián Fernández, profesor del Instituto Superior de Actividades Deportivas expresó: “El adoctrinamiento para el oficialismo es la enseñanza de todo lo que se le opone. Necesitan una escuela que justifique sus políticas, no que vaya en contra de ellos”. Asimismo, el Director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires describió: “Un nuevo intento de instalar un canal delator va a fracasar como ya fracasó cuando el macrismo lo implementó en la Ciudad y a nivel nacional. No creemos que haya que incentivar a delatar, sino que creemos en una escuela que enseñe, que abrace, que cuide y que sobre todo aliente el pensamiento crítico”.

El Gobierno tiene el objetivo de modificar los Artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional teniendo como finalidad la total despolitización de un área de crecimiento y aprendizaje como es la escuela. Si bien el proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras, la intencionalidad no solo es desfinanciar la educación pública y ahogarla con el ajuste, sino también ir en contra de los mismos docentes. Florencia Mancini, docente de bachilleratos populares indicó: “Como no pueden disputar ideológicamente porque sus ideas no contactan con la sociedad quieren reproducir el miedo. Pero el proceso de adoctrinamiento lo están haciendo ellos, al fin y al cabo, porque si hablás de más o te movilizas te echan”. Los docentes son un eslabón elemental para formar a la ciudadanía en valores democráticos. “No al adoctrinamiento, si a la enseñanza, sí a la libertad de opiniones y sí a los docentes que opinan libremente con sus alumnos”, finalizó Sileoni.

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

Ciento siete casos de violencia policial en un año, un sistema de encierro sobrepoblado y aumento de prácticas represivas, tal es el balance del nuevo informe del Mapa de la Policía, plataforma que visibiliza el accionar de la fuerza de seguridad porteña.

“La diferencia fundamental de la Policía de la Ciudad con el resto de las fuerzas es que desde su origen hasta hoy ha sido conducida por la misma alianza política”, afirmó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.

Lo hizo durante la presentación del Tercer Reporte del Mapa de la Policía, la plataforma que tiene como objetivo visibilizar casos de abuso policial. Verdú explicó la decisión de empezar por localizar la herramienta en territorio porteño: “No es casual que sea la fuerza de seguridad con el porcentaje más alto de muertes por gatillo fácil con el funcionario fuera de servicio pero con su arma reglamentaria”.

A un año de su lanzamiento, el último informe del Mapa –que abarca el primer semestre de 2023–, registró un total de 236 denuncias, de las cuales se decidió visibilizar 107. De estos casos, eligieron destacar e investigar la muerte del manifestante Facundo Molares como consecuencia de la represión policial.

“Queríamos desmentir con claridad la hipótesis que levantaban los medios de que había muerto por cuestiones que no tienen que ver con el accionar de la policía”, subraya Stephanie Darling, integrante del Equipo de Investigación Política (EdIPO), en diálogo con ANCCOM.

Con la herramienta colaborativa del Mapa buscan darle luz a prácticas reiteradas en materia de seguridad porteña. “No se trata de un policía particular, sino de una decisión política de perseguir, amenazar o violentar a ciertos sectores de la sociedad”, remarcó Ofelia Fernandez, la impulsora del proyecto, durante la presentación, realizada el pasado 26 de septiembre en FM La Tribu.

Además del caso de Facundo Molares, el Tercer Reporte considera que la elección de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, días después de la represión al pueblo jujeño, fue el otro punto clave que evidenció una “sobreactuación” represiva del actual jefe de Gobierno porteño, que lo llevó a perder la interna con Patricia Bullrich, la principal representante del punitivismo en Juntos por el Cambio. Esta “carrera” electoral, según Ofelia Fernández, tuvo “un costo excesivamente alto”: el asesinato de Molares y 170 heridos en las movilizaciones de la provincia norteña.

Con un aumento del 900 por ciento en relación a 2020, hoy 1.400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Están en condiciones indignas, las alcaidías no son espacios preparados para que las personas puedan alojarse. Que una persona esté privada de su libertad, no quiere decir que daba ser privada de todos sus derechos”, denuncia Stephanie Darling.

Frente a estos datos, el informe del Mapa de la Policía se pregunta el porqué del fenómeno. La respuesta es por la suba de presos durante el período 2015-2019, debido a la aplicación de leyes de endurecimiento penal, que se trasladan al Sistema Penitenciario Federal (SPF) porque CABA no cuenta con cárceles propias. “Y cuando el SPF cierra el ingreso, como hizo en 2020 para bajar su superpoblación, se empiezan a acumular en las comisarías y alcaidías”, consignan en el reporte.

Este tipo de medidas punitivas y los casos de violencia policial, para Ofelia Fernández, se relacionan con la inseguridad: “A veces la negligencia y el abuso policial explica la ausencia de seguridad en situaciones en donde hay demanda. Hay una conexión entre lo que se hace de más y lo que se hace de menos”.

La legisladora porteña opina que se debe abordar esta discusión de manera más profunda para no permitir que la dicotomía sea “seguridad o delincuentes”, y define al Mapa como un mecanismo para aportar datos y análisis concretos.

“Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo», dice Ofelia Fernández.

El Mapa de la Policía funciona como una red de cuidados entre ciudadanos. “No queremos hacer una herramienta en contra de la Policía, pero es muy importante que todos tengamos la información necesaria sobre quién es la policía, qué debería cumplir y cuándo se trata de violencia policial”, precisa Stephanie Darling.

Tal como dijo Fernández, la creación de esta herramienta es una declaración política: “Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo, o una persona que se está movilizando, o una mujer trans caminando por la calle”.

«Quiero saber en qué fosa tiraron a mi papá»

«Quiero saber en qué fosa tiraron a mi papá»

Victoria Donda declaró en el juicio contra su tío Adolfo, involucrado en su apropiación y sustracción de identidad. El represor no quiso verla cara a cara y la extitular del Inadi le pidió conocer su fecha real de nacimiento.

El lunes pasado se realizó la décima audiencia en los tribunales de Comodoro Py por la causa en la que se investiga la responsabilidad del militar Adolfo Donda Tigel, que formó parte del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, en la sustracción de identidad y entrega de su sobrina Victoria al prefecto Juan Antonio Azic. Los padres de Victoria fueron detenidos en 1977 y al día de hoy continúan desparecidos.

En una jornada cargada de expectativa por lo que podría suceder, Victoria Donda Pérez, hoy subsecretaria de Análisis y Seguimiento de Políticas Estratégicas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declaró por más de una hora frente a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Ricardo Basilico, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez.

En el banquillo de acusados, desde la Unidad Federal 31, se presentó de forma virtual el tío de la dirigente del Frente de Todos, el militar Adolfo Donda Tigel, de 76 años, que es imputado por su participación en la apropiación de Victoria y por la desaparición de su hermano José María Laureano Donda­ (padre de Victoria), arrojado en los denominados “vuelos de la muerte” al Rio de la Plata.

El exmarino ya había sido condenado junto a Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 5 tras ser declarado culpable por privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público durante la última dictadura.

En este caso, se busca probar si Donda Tigel tenía vinculación con el apropiador de Victoria, el prefecto Juan Antonio Azic, con quien fue compañero de tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Azic fue condenado por el delito de apropiación, en 2012, a catorce años y medio de prisión, y la cumple de manera domiciliaria por una cuestión de salud.

La extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y querellante de la causa nació en la maternidad clandestina de la ESMA durante el cautiverio de su mamá, María Hilda Pérez de Donda, quien al igual que su papá, continúa desaparecida desde 1977.

En 2004, Victoria conoció los resultados de la prueba a la que se había sometido en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, por los que se determinó que su familia biológica no era la que la había criado, sino que su apropiador había formado parte de los agentes de represión de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Los pingos se ven en el tribunal

La declarante fue contundente con su presentación y el vínculo inoxidable con su madre: “Victoria Analía Donda Pérez es el nombre que elegí después del 8 de octubre de 2004, cuando me enteré que mi mamá me parió en la ESMA y me llamó Victoria. En honor a ella me puse Victoria como primer nombre”.

Las semblanzas de sus padres, en base a lo aportado por testigos, familiares y vecinos de ellos, fueron sintéticas pero muy ilustrativas de quienes eran y cuáles eran sus personalidades: “Mi mamá se llamaba María Hilde Pérez, tenía 23 años, y le decían Cori. Era militante de la JP en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. Ingresó a la organización Montoneros. Tenía otra hija que es mi hermana Eva Daniela. Y era una mujer muy solidaria que las vecinas la recuerdan como la chica que les enseñaba a coser a máquina, como forma de ganarse la vida”. Sobre su padre contó: “Se llamaba José María Donda, tenía 21 años, era alto y flaco. Le decían Pato, en la organización, o Cabo, en el Liceo Naval donde hizo el secundario. Fumaba, no sabía andar en bicicleta. Era hábil y sabía escuchar. Así lo recuerdan todos. Un hombre muy callado”, detalló.

Victoria se explayó sobre lo que lo que sucedió con sus padres a finales de marzo de 1977: “Los dos fueron secuestrados. Primero mi mamá… cuando estaba embarazada de mí. La secuestran en la plaza Castelar, primero la subieron a la camioneta con un compañero. A mi mamá enseguida se le notaba la panza… Para la época que la secuestran ya tenía cinco meses de embarazo. Una panza prominente pero igual no se bajaba de los tacos”, resaltó.

Fueron esos tacos los que se le rompieron cuando intentó salir de la camioneta luego de que su compañero buscara escaparse de la brigada castrense. La mujer se cayó, cuando llegaba a la estación de Castelar, se le rompió el calzado, y fue recapturada en la plaza municipal.  

Con respecto a su padre, hizo hincapié en la desesperación por encontrar a su pareja y a su hija raptadas y los últimos momentos en los que fue visto aún con vida. “Cuando llega (a la plaza) mi papá unas horas más tarde, encuentra el zapato”, narró Victoria. Por una nota que el compañero de José María le narró en una carta a Adela Segarra, quien militaba por entonces en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Victoria supo que su papá mantuvo “alguna comunicación” con sus dos abuelas: Cuqui (de parte de su padre) y Leontina (de parte de su madre). “Mi abuela iba a donde mi papá la citara”, aseguró la declarante, que destacó que pedía que esos encuentros sean sin la presencia de su hermano Adolfo Donda Tigel, ni la de nadie.

“Mientras (mi papá) buscaba a mi mamá, escribió una carta y se la dejó por debajo de la puerta a Leontina, que vivía con Daniela y con sus propios hijos en Morón (mi mamá le había dejado a Danielita). Cuando mi abuela vio que entró un sobre por la puerta, abrió la puerta y vio la sombra de mi papá yéndose del lugar. En esa carta, habla de mi mamá, de su embarazo, o sea de mí. Pide que nos busquen, que nos críen juntes con mi hermana y también le dice que vayan a buscar a Adolfo Donda, su hermano. Que creía que tenía la humanidad para poder buscarme”, planteó Victoria con un gesto de cierto asombro considerando lo que finalmente sucedió.

«Mi abuela fue a buscar a Adolfo Donda para que ayude a mis padres y él le contestó que ellos sabían lo que les podía pasar», declaró Victoria.

La nieta restituida aseguró que, en base a lo que le contaron distintas personas, como Lidia Vieyra, cuando su madre comenzó con el trabajo de parto pidió que una de sus compañeras la ayudase. La llevaron, contó, a la salita de la Sardá (pieza de embarazadas de la ESMA, conocida en el ámbito castrense como “Maternidad Sardá”) y que ella nació en una mesa de madera por parto natural.

“Le habían puesto un suero a mi mamá y le habían dejado a Lidia un hilo de coser azul con una aguja. Apenas nací entró Magnacco (Jorge Luis, médico de la Armada que firmó numerosos certificados de nacimientos de hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio en la ESMA). Se enteró que yo había nacido con vida. Cuando se fue, mi mamá se arrancó el suero, salto de la cama y me abrazó. Y ahí me puso Victoria”, contó, visiblemente emocionada. “Tenía bastante fuerza”, aseguró orgullosa para luego agregar que estuvo “unos días más” con su mama “en una canastita”.

En uno de los momentos más potentes de su alocución, Donda Pérez afirmó que su abuela Leontina “fue a ver a Adolfo Donda para decirle que la ayude a buscarnos”. La respuesta del militar, según el relato de Victoria, fue seca: “Él le contestó que mi mamá y mi papá sabían lo que les podía pasar, que él se había ofrecido para ayudarlos para que se vayan pero que su decisión fue quedarse sabiendo lo que les podía pasar”.

Además, señaló que su abuela materna Leontina y su tía (hermana de su madre María Hilda) se fueron a vivir a Canadá cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida porque “le tenían miedo a Adolfo”, que había salido de la cárcel y sabían de su rol como jefe de unos de los grupos de tareas de la ESMA. “Yo en lugar de mi abuela, también tendría miedo”, se sinceró. Según Victoria, quienes continuaron su búsqueda a lo largo de los años cuando Cuqui falleció y Leontina se exilió fueron las Abuelas de Plaza de Mayo, “como siguen buscando a todos los nietos que faltan”, junto con otras agrupaciones.

Victoria señaló que hoy puede tener una vinculación con Azic. “Independientemente de los vínculos personales creo que hay una responsabilidad social y política que quiero asumir. Y si hoy puedo hablar con él y mi hija puede conocerlo en parte es también porque pude ser parte de quienes lo llevaron a estar hoy detenido”, resaltó Donda Pérez, que fue querellante en las causas en las que fue condenado.

La militante fue directa en su pedido a su tío de sangre: «A mí me interesa saber dos cosas: quiero saber mi fecha de nacimiento porque estoy segura que él—Donda Tigel—la sabe, y saber en qué fosa lo tiraron a mi papá para poder llevar sus huesos, sus cenizas, a algún lugar y poder dejarle una flor».

Con respecto al conocimiento de Donda Tigel sobre las torturas a su cuñada durante su paso por la ESMA, Victoria subrayó, en base a los testimonios de Sara Osatinsky, Raúl Cubas y Enrique “Cachito” Fukman, que su mamá “estaba esperanzada” de que el represor cumpliera con su palabra y le diera a la bebé Victoria a su abuela materna para que se criara junto con su hermana. Sin embargo, eso no sucedió y Adolfo Donda Tigel estuvo presente al menos en una oportunidad en la sala de interrogatorios durante los castigos aberrantes a las prisioneras. 

En una de sus últimas intervenciones, Victoria leyó una carta que su padre José Laureano escribió “de puño y letra”, dirigida a su abuela paterna. En un fragmento de la misiva resaltó el «sacrificio, humildad y rectitud de principios, que ha sido siempre el desarrollo del marco familiar que me ha permitido ver cuál es el único modo de asumir la vida”.

 “Ese modo es la lucha, esa lucha es por la familia, porque en definitiva, la patria y el pueblo son la suma de las familias de nuestra tierra. La construcción de una familia nueva, de un hombre nuevo, de una sociedad nueva es nuestro objetivo», cerró la funcionaria.