Oct 7, 2022 | Comunidad, Destacado 3
Una concentración de la UTEP frente al Congreso logró que en Diputados pusieran fecha para tratar el proyecto que prorroga la Ley de Barrios Populares, que pierde vigencia el 15 de octubre. La cita es sobre el límite, el miércoles 12.
El miércoles 5 de octubre, las organizaciones sociales que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron al Congreso, reclamando el tratamiento de la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares que ya había obtenido dictamen favorable. La respuesta llegó esa misma tarde, como resultado de la reunión entre la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y la Mesa Nacional de los Barrios Populares, en la que se acordó que la votación tendría lugar el 12 de octubre, tres días antes de que pierda vigencia la ley.
La Ley Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana o “Ley de Barrios Populares” fue sancionada en 2018. A cuatro años de su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que establece como media más urgente que se prolonguen por diez años las prohibiciones de desalojo.
“Salimos con una alegría inmensa de una promesa de sesión, se supone que ya la Cámara de Diputados va a estar votando, espero que se cumpla ya que más de cinco mil barrios están esperando para no ser desalojados”, dijo a ANCCOM Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.
Militantes del Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Movimiento Somos Barrios de Pie, comenzaron a concentrarse a las 12 frente al Congreso. En apoyo a la reforma de la Ley Nacional Barrios Populares, que permite la incorporación de 5687 barrios al registro RENAP (Registro Nacional de Barrios Populares), frenar los desalojos por 10 años y asegurar que las obras de integración urbana sigan llegando a los barrios por medio de las cooperativas.
“Es una ley que nos representa, nos reconoce, reconoce nuestros barrios, nuestra existencia, nuestra historia y trayectoria de vida. También reconoce la deuda histórica del Estado y la política con los vecinos y vecinas de los barrios populares que tiene que ver con la calidad de vida”, explicó Matias Bora, del Movimiento Evita del Barrio Soledad.
Sobre la avenida Entre Ríos y Solís, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, nutridas columnas se agrupaban, con pancartas que se alzaban hacia el escenario, ubicado en las puertas del Congreso. “Necesitamos que exista esta ley y esta reforma, por la historia de lucha de los movimientos sociales”, dijo desde el escenario el secretario General de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.
“Queremos dejar de ser los últimos del tarro, queremos decirle a los diputados que ellos tienen la responsabilidad de que más de cinco mil familias no queden en la calle”, manifestó con emoción Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.
Abajo, levantaban palas y azadones en cerrado festejo, al ritmo de los bombos, al grito de “ unidad de los trabajadores, al que no le guste que se joda”.
Sep 7, 2021 | Comunidad, Novedades
Luego de 14 días de ocupación, los vecinos y vecinas de la villa 21-24 levantaron la toma de los terrenos ferroviarios, en el barrio de Barracas, luego de un acuerdo, tras participar de una mesa de negociación con representantes de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación.
“Tras una hostil oferta que proponía solamente el desalojo y algunos pocos materiales de construcción, pudimos negociar y plantear las necesidades que tenemos en el barrio. Conseguimos 135 subsidios habitacionales de parte de Ciudad y 135 subsidios de ayuda urgente de parte de Nación, ambos de $50.000 y por única vez”, detalló Nahuel Arrieta uno de los vecinos autoconvocados que participó de la mesa de diálogo convocada por el juez que interviene en la causa por la ocupación de los terrenos, Daniel Rafecas, que terminó con la toma.
De la mesa participaron además de Rafecas, representantes del Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires; y por de los vecinos autoconvocados, tres delegados de la toma, Héctor y Nahuel Arrieta y Eliana Gramajo, acompañados por el cura Lorenzo “Toto” de Vedia, de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé.
Luego de recibida la propuesta, los referentes debatieron en asamblea con todas las familias autoconvocadas y resolvieron aceptar el ofrecimiento, a cambio de desalojar el predio de forma pacífica. “Esto no resuelve el verdadero problema, ni siquiera resuelve los problemas de alquiler, porque terminás gastando todo muy rápido -agregó Arrieta-. Lo que mejor pudimos conseguir, que para mí es lo verdaderamente importante, es una segunda mesa de diálogo, pero con los verdaderos actores que pueden llegar a solucionar el problema de fondo que tenemos: el déficit habitacional”.
El martes 14 de septiembre, los delegados mantendrán una reunión con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a plantear nuestras necesidades, pero también vamos a ampliar el reclamo para poder llegar a pelear la urgente urbanización e integración urbana de la villa 21-24 y Zabaleta”, sentenció el referente.
Jun 11, 2021 | Géneros, Novedades
El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.
Los grupos que se oponen a la efectiva implementación del derecho que garantiza esta ley siguen haciendo mella en el debate público con una línea de acción basada en mecanismos judiciales que buscan retrasar o anular el acceso al aborto en el territorio nacional.
Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.
En San Luis, representantes del Partido NOS promovieron una acción declarativa apelando a la inconstitucionalidad de la ley. Lo mismo sucedió en Santa Fe: la Municipalidad de Roldán también apeló a este recurso. En Chaco, el 28 de enero la jueza Marta Aucar de Trotti logró suspender la vigencia de la ley de IVE hasta que el 18 de marzo las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez revocaron la sentencia. En Salta, María Cristina Fiore Viñuales, una ex senadora del Partido Renovador de Salta y en Córdoba la asociación Portal de Belen en Río Cuarto, también presentaron medidas cautelares. En Corrientes, el recurso fue presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar. El último caso fue el de San Juan, en donde un hombre presentó una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia para impedir que su ex pareja realizara una interrupción de su embarazo. El 24 de abril, la titular de este juzgado se declaró incompetente. Sin embargo, la cautelar consiguió su lugar en la Sala III de la Cámara Civil. Como consecuencia, el sábado 1º de mayo, dos jueces ordenaron que la mujer se abstenga de realizarse un aborto. De todas formas, la medida quedó sin efecto y la mujer pudo acceder al aborto. Todas las cautelares presentadas son intentos para volver atrás sobre un derecho ya conquistado.
“El caso de San Juan me parece que es fundamental porque incluso quedó en abstracto el fallo. Es decir, esta mujer se había aplicado la IVE, hizo uso de su derecho y cualquier judicialización o intento de frenar u obstaculizar de la justicia quedó totalmente por fuera. Abstracto, sin un fondo de la cuestión, sin un motor”, sostuvo Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. “Entonces, se pone de manifiesto en el Poder Judicial, a través de sus diferentes resoluciones, un tinte muy adoctrinador y disciplinador sobre estas mujeres o personas gestantes que deciden hacer uso de un derecho adquirido: la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó García.
Uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso al aborto es la falta de difusión de la ley por parte de los gobiernos provinciales.” En San Juan, las autoridades se niegan a hablar del tema, mientras que sus funcionarios se pasean por las marchas y convocatorias anti- aborto y financian la publicidad de estos grupos”, detalló Luciana Manzuelos, de la mesa provincial de la Campaña por el Aborto Legal en San Juan, en diálogo con ANCCOM. “Nuestro trabajo desde la Mesa de la Campaña es la promoción de derechos, en las redes y en los medios. El acompañamiento que hacemos es muy de cerca, cuerpo a cuerpo, con la persona que va a interrumpir su embarazo. El debate para nosotres está agotado porque ya tenemos una ley”, enfatizó Manzuelos.
El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.
A pesar del esfuerzo de estos grupos conservadores y su modus operandi a través del Poder Judicial, la ley se mantiene vigente y operativa. Sin embargo, todavía hay un desafío. “Necesitamos que el derecho a decidir abortar, por fuera de las causales y sin dar explicaciones, hasta la semana catorce, sea conocido por todas las mujeres y personas gestantes del país. Y no solamente por aquellas que tenemos acceso directo. Me parece que hay una deuda en términos de comunicación y de llegada de la ley a todas las personas”, evaluó Deza y concluyó: “Hay que hacer campañas fuertes de forma transversal, a nivel nacional y a nivel provincial”.
Oct 30, 2020 | Novedades, Vidas políticas
El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.
Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, cuenta que la relación entre el plebiscito y los eventos del 18 de octubre tienen una relación directa: “La movilización no respondía solamente a demandas exclusivas y únicas que podían ser resueltas a través de alguna política pública o algún instrumento de política salarial o la baja de los precios del transporte público. Estas eran situaciones bastantes más acotadas que a la gente no le interesaba, sino que lo que querían era cambiar la Constitución en términos de sus derechos y valores. Porque todo lo que se trataba de transformar o reformar de la Constitución anterior, siempre terminaba en el Tribunal Constitucional siendo echado para atrás. Entonces, la gente toma conciencia de esto, y lucha por una nueva Carta Magna”.
Con un parlamento presionado por la contundencia de las movilizaciones sociales, el 15 de noviembre del año pasado se votó en el Congreso el acuerdo para esta Convención que al día de hoy tiene algunos asuntos pendientes: “No fue un acuerdo completo porque fue en una noche, entre pasillos del Congreso con una élite muy asustada. Se inician debates sobre la propuesta donde hubiese mayor democracia, entonces se acordó que la Convención Constitucional tenía que tener paridad de género, el mecanismo sobre cómo tenía que ser elegida y a través de qué representación territorial. Todavía queda pendiente al día de hoy la integración de los pueblos originarios”.
Esta Convención Constitucional estará formada por 155 representantes elegidos en su totalidad por voto popular, y será la primera en la historia del país en tener condiciones igualitarias de género: habrá igual cantidad de hombres que de mujeres que la conformen. La ratificación final del pueblo, el llamado “plebiscito de salida”, será con la redacción de la Carta Magna por parte de estos colegiados, para lo cual la ciudadanía será llamada nuevamente a votación en 2022.
El cambio de esta Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), no sólo es histórico por ser el primero en el que participa la ciudadanía, sino también por los amplios márgenes de participación electoral: “Este es el mayor nivel de tasa de participación que hemos tenido en Chile desde el voto voluntario. Cuando uno ve que es el 52% del padrón se podría pensar que es poco, pero es el 52% sobre la voluntariedad de las personas. Es distinto cuando tú tienes voto obligatorio donde estos plebiscitos terminan sobre el 80% de tasa de participación. La última elección había tenido una participación del 49%, hoy tenemos casi 52%. Casi 2 puntos de participación más, es decir 558.000 electores nuevos, de los cuales la mayoría son jóvenes”, sigue Reyes. Además, es una participación casi exclusivamente popular: “Toda la tasa de crecimiento fue en la periferia. La mayor votación estuvo en la zona más proletarizada de Santiago. Es decir, la periferia más pobre. Ahí hubo, por ejemplo, una comuna muy popular que se llama La Pintana, donde aumentó en un 40% la participación. En todas las elecciones anteriores había sido del 20%. Entonces, este triunfo no es tampoco un triunfo si lo podríamos interpretar exclusivamente de los partidos políticos como agentes de movilización, sino que aquí hay mucho más de fondo que es un proceso de participación y de movilización que tiene que ver con la manifestación del 18 de octubre, más que con la respuesta de los partidos políticos”.
Las bases estructurales de la sociedad chilena están dadas por una desigualdad económica, política y social sustentada por más de 40 años en la Carta Magna: “Es una Constitución que le da basamento al modelo neoliberal, es en dictadura, sin participación política, y después reformada consecutivamente en términos de perfeccionamiento del modelo neoliberal. La Constitución ya en los gobiernos democráticos de la década de los 90 es reformada para proceder a hacer todavía profundizaciones del modelo. Por ejemplo, se permite la privatización de las sanitarias o las distribuidoras de agua. Y eso no se hace en tiempos de la dictadura, se hace en tiempos de la democracia. Entonces la base institucional y legal del modelo neoliberal estaba claramente en la Constitución. La gente se da cuenta de este fenómeno político, que empieza a madurar 30 años después. Porque evidentemente el modelo neolibral asignó recursos y pudo efectivamente generar salidas de la pobreza y aumentar las tasas de consumo, pero a costa del endeudamiento de las personas. La gente los últimos años no resistía la tasa de endeudamiento que tenía y el modelo seguía exigiendo que se retribuyera vía mecanismos financieros que eran cada vez más agotadores”.
Chile cuenta con un sistema de salud y un sistema educativo muy caros, como así también con un esquema previsional que se constituyó siempre como excesivamente inequitativo. Debido a la escasez en las jubilaciones, muchas personas terminaron cayendo en la pobreza durante sus últimos años, generando un peso para las familias y para la juventud: “Se construye un escenario – declara Reyes- “donde los viejos son una carga para los jóvenes que tienen, en su mayoría, bajos ingresos. Todo esto está ratificado en el sistema constitucional chileno. La gente empieza a entender que el problema no es el sistema económico, ni cuánto tú trabajas, sino que son las bases institucionales del modelo que están en el marco de la presión de las personas”.
Las movilizaciones estudiantiles, sindicales y de la sociedad en general que precedieron y siguieron al 18 de octubre, continúan vigentes al día de hoy con una fuerza que logró sentar las nuevas bases de institucionalización democrática: “Lo que está pidiendo la nueva Constitución son los derechos sociales. Y la base institucional de lo que se está buscando, es que se ratifique el pacto social por sobre el pacto económico. Cuando tú quieres ratificar el pacto social por sobre el pacto económico, lo que tú estás colocando en el centro son a las personas. En el pacto económico, tú lo que colocas en el centro es el capital. Y la gente logró hacer esa diferencia”. Como consecuencia, además, la derecha dentro del Parlamento se encuentra hoy muy fragmentada entre una ultraderecha que busca mantener el status-quo y una derecha más moderada que, según Reyes, “busca girar hacia reformas de un cambio constitucional, sin perder todo en ese cambio”. La élite dirigente y el espacio político partidario tradicional se vio, con este impulso dado desde las bases populares, bajo una presión que tiene que resolver. El presidente Sebastián Piñera, ante los eventos del domingo pasado, declaró que este plebiscito era un triunfo de la democracia y que “esta nueva Constitución debe ser el gran marco de estabilidad”, un año después de que bajo su mandato el estallido social diera inicio a un desequilibrio social que ya no tendría vuelta atrás.
“Yo creo que Piñera es el rey desnudo -dice Pablo Reyes- y está tratando de sustentarse sobre la base de lo que hay en el palacio. Pero el palacio está vacío, no tiene pueblo, no tiene democracia, no está inmerso en el proceso. Y él sustenta una tesis política que en definitiva es la tesis de la violencia desde el Estado hacia la movilización social. Y eso ha logrado que hoy esté muy desprestigiado, que las instituciones del sistema represivo del Estado estén muy desprestigiadas y en una crisis total. De hecho, se dice que hay que reformar en profundidad la fuerza de Carabineros. Él no sabe lo que está pasando, todos le dicen que está sumamente bien vestido como presidente, pero no. Todo el sistema de construcción política de su gobierno ha sido derrotado por este plebiscito. Ellos tienen que responder a la soberanía popular, y como son un gobierno de derecha no quieren responder a esa soberanía popular. De cierta manera siempre buscándole argumentos como para apropiarse de los procesos democráticos, pero que al final del día no puede apropiarse porque el proceso democrático va en un sentido contrario a lo que ellos pretenden como sector político”.
Este histórico triunfo de la democracia popular chilena, es sólo un primer paso para la restauración del caos social y político que dejó un marco de incertidumbre dentro de un campo electoral fragmentado. “Si nosotros no cerramos y no conectamos esta movilización social con una alternativa de institucionalización de una nueva Constitución en función de los derechos sociales, del pacto social, sólo quienes tengan la agudeza de darse cuenta y de leer bien ese mensaje de la ciudadanía – de la ciudadanía popular, no la élite informada-, si eso no se conecta bien nadie va a poder capitalizar este proceso y la crisis va a continuar”, reflexiona Reyes. “Ahora, si alguien se conecta bien con ese fenómeno, con ese cambio, esa nueva base de construcción popular, va a permitir que en alguna medida se pueda canalizar toda esa fuerza democrática movilizadora. Este paso es el paso de democratización que tuvo un fuerte componente de movilización social. No es un paso de democratización del propio sistema político, es un paso de democratización por un factor de movilización social. Entonces aquí el sistema político está respondiendo a las presiones de la movilización, y no a su autocapacidad de poder ir profundizando la democracia. Yo creo que esas son las disyuntivas que vamos a ver cómo se van decantando a futuro”, finaliza Reyes.
Sep 24, 2020 | DDHH, Novedades
Este jueves en la sesión de Diputados será tratado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo ya obtuvo media sanción en el Senado de forma unánime y, en la Cámara de Diputados, un dictamen de comisión también por unanimidad. Resta que el Tratado sea aprobado para que Argentina se convierta en el décimo país en ratificarlo, siendo necesarios once países para que entre en vigencia. Hasta el momento, de los veintidós países firmantes sólo nueve lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar afirma que si Argentina ratifica el Acuerdo “se convertirá en líder en temas ambientales, resonando con la reconocida referencia en materia de derechos humanos. El Tratado brinda herramientas concretas para transformar la gobernanza ambiental en Latinoamérica y el Caribe, haciéndola más abierta y participativa. Además, es reivindicativo de la militancia ambiental porque impulsa de manera activa la incorporación de la diversidad de voces, demandas históricas y saberes construidos colectivamente en la elaboración de políticas públicas ambientales”.
El Acuerdo de Escazú nació a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y uno de los representantes electos ante el comité de negociación, el Acuerdo “brinda herramientas vinculadas con el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que hace referencia al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia, habida cuenta de que muchos países de la América Latina y el Caribe no tenían legislación vinculada con esos temas o aquellos que la tenían contaban con problemas de implementación, como es el caso de Argentina”. Por esta razón se elaboró un artículo destinado al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar al financiamiento de la implementación en cada país.
Protesta en la ciudad de Rosario por los incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná.
El Acuerdo se distingue por ser el primer tratado en el mundo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nápoli explica que “la incorporación de estas disposiciones vino de la mano del pedido del público y de la situación crítica que está viviendo la región. Por ejemplo, uno de los casos más fuertes que nos tocó enfrentar en este tiempo fue el asesinato de Berta Cáceres, una militante de Honduras que murió por defender su territorio en contra de una construcción de represas”. Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2019 fueron asesinadas 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, por lo que es la región más afectada siendo Honduras el país per cápita más peligroso de 2019.
Para Luisa Tang, integrante de Alianza por el Clima, una coalición de jóvenes, movimientos y organizaciones socioambientales que luchan por la crisis climática, el reconocimiento de los derechos ambientales da cuenta de una revisión institucional histórica en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. “Tenemos una deuda por no haber visto antes la vinculación entre los derechos humanos y ambientales. Hay mucho por construir y en el empoderamiento de la juventud surge la necesidad de dar debate y ganar derechos. Por eso este Acuerdo es tan importante. Ya no hay futuro posible en el que no pongamos en debate los impactos ambientales”, asegura Tang.
A la espera de la ratificación en Diputados, Tang afirma que promover el Acuerdo en nuestro país implica también un gran desafío a nivel regional: “La ratificación en Argentina podría impulsar a que otros países aprueben el Acuerdo para que entre en vigencia”. A la fecha se encuentran a la espera México y Costa Rica, mientras que Chile, a pesar de haber sido el principal impulsor del Acuerdo, comunicó que no lo firmará alegando posibles “controversias internacionales” que pondrían en riesgo la soberanía del país.
Resta por verse qué posición adoptará Argentina en este momento histórico marcado por la pandemia en donde se han expuesto las consecuencias de la crisis social y ecológica.
