Un oscuro panorama para los usuarios de Edesur

Un oscuro panorama para los usuarios de Edesur

Otra vez llovió sobre Buenos Aires y otra vez se cortó la luz. A las periódicas interrupciones de suministro y a la desidia de la empresa, hoy se agrega la ausencia total del ente regulador y, en breve, una suba de tarifas que hundirá a más familias en la pobreza.

Otro temporal con fuertes lluvias y viento y otras vez miles de hogares sin luz. Familias, comercios y fábricas de la zona sur del AMBA padecen desde hace años el pésimo servicio de Edesur. A los reiterados apagones masivos y focalizados producto de la falta de inversión, se suma el descontrolado crecimiento inmobiliario, sin el debido desarrollo de la infraestructura eléctrica, que empeora la situación.

En la ciudad de Buenos Aires, en barrios como Caballito, Boedo y Almagro, a la par que se multiplican las torres, también lo hacen los cortes de luz, que afectan negativamente a la calidad de vida de sus residentes. “Casa que se tira abajo y que vivían cuatro o cinco personas, casa que se construye un edificio de diez pisos. De cuatro personas que vivían antes, hoy son cuarenta –afirma Martín Hernán Gorreta, comunero del Frente de Todos en Comuna 5, que abarca Almagro y Boedo–. Y todo esto sin ampliación de la red cloacal, ni de Edesur, ni de gas”.

“El crecimiento desmedido y la falta de planificación urbana pone en peligro la vida de los ciudadanos”, agrega Gorreta, y pone de ejemplo el reciente derrumbe en Caballito, donde dos personas perdieron la vida. El jefe de Gobierno Jorge Macri “debe hacerse cargo de la situación”, enfatiza.

Respecto al tema de la luz, Gorreta subraya la falta de diálogo con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), así como la ausencia de mesas de trabajo para abordar los constantes cortes de suministro que afectan a las comunas. «Antes teníamos líneas directas de comunicación con el ENRE y con AySA”, señala.

En la parte sur de Boedo, los vecinos se enfrentan, además, a otra problemática en auge: el aumento de los robos de fusibles, que dejan zonas enteras sin luz durante días. «El mes pasado hubo cinco robos de fusibles. Edesur tarda entre tres días y una semana en reponerlos», cuenta Yamila Iphais Fuxman, integrante de la Junta Comunal 5 por Unión por la Patria.

Aparte de ser privada frecuentemente de un servicio básico, la gente sufre complicaciones adicionales. “Sin electricidad, no pueden preservar sus alimentos, y no sólo eso, no pueden contar con servicios esenciales, como poder cargar un respirador”, remarca Fuxman, quien hace hincapié en que los cortes afectan más a las familias que cuidan de personas mayores o niños con necesidades especiales que dependen de equipos eléctricos.

«No puede ser que empresas que llevan más de treinta años en la ciudad no hayan podido resolver estos problemas, pero siempre tengan prioridad a la hora de recibir aumentos», se queja Fuxman. Y empresas como Edesur, aclara, no operan con pérdidas, al contrario, tienen ganancias, y son entidades cuyas acciones cotizan en bolsa y pueden ser vendidas.

Mientras tanto, Edesur, que tiene su concesión hasta el año 2087, sigue reportando dividendos. Propiedad del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, la empresa informó en su último balance que durante 2023 obtuvo una ganancia de 79.732 millones de pesos

Para Fuxman, la ganancia obtenida tendría que estar relacionada con una prestación adecuada: «Las empresas deberían empezar por brindar un buen servicio y luego reevaluar el tema de las tarifas. Pero está invertido el orden, el criterio que tienen para poner los precios».

En función de este criterio invertido, el Gobierno anunció hace unas semanas un nuevo esquema tarifario, por el cual los usuarios de electricidad deberán pagar hasta un 300% más. La exponencial suba está compuesta en buena medida por la eliminación del subsidio estatal a la tarifa para casi todos los sectores. Por ejemplo, para quienes hayan comprado dólares en los últimos meses, o hayan viajado al exterior a un país no limítrofe, o para quienes tienen una prepaga.

“Hay un gran problema cuando se realizan segmentaciones muy abstractas –plantea Jonatan Emanuel Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad–. Un ejemplo de ello es la consideración de que quienes poseen servicios de prepaga no merecen subsidios”. La realidad siempre es más compleja.

“Miles de personas mayores –prosigue–, que han pagado sus servicios de prepaga durante décadas, no son necesariamente pudientes. De hecho, muchas mantienen estos servicios con el respaldo de sus hijos, valorando la salud como un recurso fundamental y realizando sacrificios financieros para asegurar su continuidad”.

Según Baldiviezo, “el incremento de los servicios para aquellos usuarios considerados con capacidad económica, va a suponer un esfuerzo financiero adicional”. Teniendo en cuenta la presión inflacionaria que ya existe sobre las familias –aumentos en alimentos, transporte, alquileres, colegios, prepagas– el tarifazo a luz vendrá a dificultar todavía más la vida la población.

“Este contexto económico está contribuyendo al incremento de la pobreza. La eliminación de subsidios de manera indiscriminada sólo agrava esta situación, dejando a un mayor número de familias por debajo de la línea de pobreza”, sostiene Baldiviezo.

Mientras tanto, Edesur, que tiene su concesión hasta el año 2087, sigue reportando dividendos. Propiedad del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, la empresa informó en su último balance que durante 2023 obtuvo una ganancia de 79.732 millones de pesos

Alquilar resulta cada vez más dramático

Alquilar resulta cada vez más dramático

Tras la derogación de la ley que desregulaba los alquileres, los precios se dispararon y lse imponen condiciones cada vez más abusivas.

Carolina es mamá soltera de un nene de 5 años y tiene que renovar el contrato de alquiler de la vivienda que habita; el dueño pretende cobrarle más del doble de lo que paga actualmente y por un periodo de duración menor: “Yo no puedo pagar eso: es alquilar o comer”, cuenta también con resignación. No sabe dónde irá a parar si el propietario no afloja en sus pretensiones que incluye actualizarle el precio en base al índice de inflación. Carolina lo vive con una “angustia terrible”, a punto tal que tuvo que empezar una terapia.

La situación de Carolina es una más entre muchas que se repiten con creciente frecuencia. Según el último censo, dos de cada diez hogares del país son alquilados. Allí viven cerca de 8 millones de personas, aproximadamente un 17,5 por ciento de la población. Desde que entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 hubo cambios en las condiciones para alquilar: ahora es un acuerdo libre entre pares y sin participación del  Estado, donde los plazos de los contratos pueden acordarse entre locador y locatario sin límite legal alguno, se puede pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados y  determinar cada cuánto se actualizará el contrato. También se eliminó la necesidad de inscribir el contrato ante la AFIP y se habilitó la posibilidad de que el valor del alquiler se fije y se cobre en dólares.

¿Cómo se está dando y viviendo esa construcción de “acuerdos”?

 “Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”, dice Aldana.

Si bien desde las entidades de corredores inmobiliarios aseguran a ANCCOM que “con la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente y eso también favorece a los inquilinos al tener más opciones”, hay una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados que demuestra que los inquilinos sienten angustia, ansiedad y desesperanza.

La situación en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos atractivos para el turismo se agrava aún más con el boom de los Airbnb que permite al propietario percibir mayores ingresos en dólares a través de alquileres temporarios a turistas. Al respecto, solo existe la Ley 6255 que fue sancionada en 2019 que establece la obligación de registrar los alquileres temporarios aunque nadie controla que esto efectivamente suceda. El ex legislador porteño Facundo Di Filippo, al frente del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI)  realizó en 2022 un pedido de información pública del cual surge la cifra que el número de alquileres bajo ésta modalidad alcanzaría las 70 mil viviendas y que la suma de dinero que puede obtenerse superaba en valor los 700 mil pesos limpios por mes

Pablo, de 31 años, está sufriendo en carne propia la dificultad para encontrar un alquiler acorde a su presupuesto. Este trabajador de diversos medios de comunicación lleva seis meses buscando donde vivir desde que volvió a Buenos Aires. Cuenta que, por ahora, está parando en la casa de su mamá en Ramos Mejía pero ya visitó varios departamentos por la zona oeste del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

“Mi idea es estar cerca de los transportes al laburo pero se complica con lo que piden por un dos ambientes”, explica con resignación. A Pablo le parece que son disparatados los índices de actualización que le imponen por contrato y que su salario “no aumenta al mismo ritmo”. De esta manera le será imposible sostener el pago dentro de un tiempo no muy lejano.

De esa dificultad habla Aldana: “Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”. Ella tiene 29 años y hace poco logró independizarse de forma definitiva. Sacando cuentas rápido, muestra que más del sesenta por ciento de lo que percibió en su último recibo de sueldo se destinó solo al pago del monoambiente donde vive, en el barrio porteño de San Cristóbal. Aldana está preocupada porque, además, con el ajuste peligra su puesto laboral.

Un paso atrás

Para Di Filippo la derogación de la ley de alquileres “es un enorme retroceso” y considera que ahora se venció el discurso público de los medios hegemónicos que habían adoptado muchos inquilinos, por lo que se evidenció que “era de una gran función la ley”. La situación ahora es “totalmente regresiva para los inquilinos”, concluye quien trabajó, durante un año, en el Ministerio de hábitat de la nación para intentar aplicar el capítulo tres de la ex ley sobre alquileres sociales.

La sensación de quienes deben negociar un alquiler en el nuevo contexto es que el esfuerzo no alcanza y eso genera frustración. Bautista se las rebusca como puede, tiene mucha bronca acumulada cuando habla: “Me rompo el culo en el taller y no me sobra ni para tomarme un café”, dice este mecánico automotor y padre de familia que alquila en la provincia de Buenos Aires y todos los días se moviliza hasta su local en Barracas.

Juan Juri, de la asociación Hábitat Para la Humanidad Argentina, asegura que hay una parte de la población que “nunca fue alcanzada por ningún marco regulatorio, que cuando quiere acceder a la vivienda se encuentra con muchísimas trabas y termina alquilando en pensiones o conventillos con condiciones injustas o abusivas”. El especialista asegura que esta situación crece en época de crisis de vivienda y alquileres del mercado formal como en la actualidad.

Según explica Juri, dentro de la ley derogada estaba el programa nacional de alquiler social, que básicamente consistía en una batería de acciones para el acceso a un hogar adecuado. La asociación viene abogando por el alquiler social como política habitacional necesaria para la Argentina y a partir de la sanción de la ley en 2020 empezaron una campaña de “alquiler social ya” que observan que en otros países se aplica y tiene un potencial enorme. Incluso durante la campaña electoral se reunieron en una mesa con referentes de los tres principales partidos políticos nacionales: Unión por la patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Lo cierto es que el acceso a la vivienda digna es un derecho establecido por nuestra Constitución Nacional, y como tal, no puede dejarse a las libres manos del mercado. No hay ningún indicio de “igualdad” entre quienes poseen propiedades y quienes deben alquilar. El Estado debe nivelar la negociación y disponer de los medios necesarios para que las personas tengan acceso, más aún en una situación económica delicada como la actual. Todo esto ocurre mientras quienes gobiernan niegan que “donde existe una necesidad nace un derecho”. 

 

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Donda Tigel

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Donda Tigel

El Ministerio Público Fiscal acusó al militar de haber sido partícipe y coautor de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda. Durante cuatro audiencias desplegó las pruebas que dan cuenta del conocimiento, participación y ocultamiento del delito.

El Ministerio Público Fiscal pidió, ante el Tribunal Oral Federal N° 6, quince años de prisión para Adolfo Donda Tigel, la pena máxima prevista por el delito de sustracción y ocultamiento de una menor. En este caso, de su sobrina Victoria Donda, restituida en 2004.

“Por todo lo expuesto Adolfo Donda deberá responder como partícipe necesario en la sustracción de una menor del poder de sus padres y como coautor en su retención y ocultación de una menor. Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos hasta este momento y por la gravedad de los hechos solicitamos que se lo condene a quince años de prisión”, fueron las palabras del Fiscal General Pablo Parenti; quien junto al doctor Iván Polaco, finalizaron de exponer su alegato el miércoles último, luego de cuatro audiencias destinadas a tal fin. Semanas antes, la querella de Abuelas había pedido la misma pena luego de un alegato de tres audiencias.

“Solicitamos al Tribunal que se declare expresamente, que los hechos constituyen por un lado un crimen de lesa humanidad, y por otro, que implicaron una forma específica de violencia contra la mujer por su condición de tal, es decir, que se trató de una conducta constitutiva de violencia de género”, agregó Pablo Parenti.

Durante las cuatro audiencias que duró el alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron un recorrido con testimonios de sobrevivientes y pruebas que sostienen que Donda Tigel prestaba servicios en la ESMA en agosto de 1977, fecha en la que se presume el nacimiento de Victoria. “Vamos a formular nuestra acusación contra Adolfo Donda, dado que a la luz de la prueba producida en este juicio quedó demostrado que fue partícipe necesario de la sustracción de Victoria y coautor de su posterior retención y ocultación”, comenzó en su alegato el doctor Pablo Parenti. 

“Vamos a referirnos a lo que dijo Donda en las indagatorias. Donda se coloca prácticamente en situación de víctima de la Armada. Según él acusado, y así lo dijo textualmente, todos sabían menos él”, subrayó el fiscal. “El sería una víctima de la Armada porque le ocultaron que su cuñada estuvo meses secuestrada en la ESMA, que tuvo a su hija en el lugar y que la beba fue entregada a un integrante del grupo de tareas de la ESMA. Donda, según su versión, sería una de las víctimas de la ocultación y prácticamente podría ser querellante y no acusado en este juicio. La verdadera historia es que no se le ocultó nada, la Armada decidió hacerlo parte de los hechos y él dio claras muestras de fidelidad y compromiso”, sentenció Parenti.

“Las familias estaban desesperadas. Presentaban habeas corpus y hacían mención de que María Hilda “Cori” tenía un embarazo avanzado, obviamente no podían denunciar que estaba secuestrada porque no lo sabían. Sí lo sabía Donda, pero su compromiso era con la Armada y con el plan represivo antes que con su propia familia. Su silencio garantizó que efectivamente el parto, la sustracción y la desaparición de Victoria se produjeran en condiciones de clandestinidad”, explicó en otros pasajes del alegato el Fiscal General. “Donda callaba, pero Leontina, la madre de María Hilda Pérez, se ponía en riesgo y salía a la calle mientras fundaba “Abuelas de Plaza de Mayo” en 1977 en plena dictadura. Muchas de estas mujeres eran vigiladas y desaparecidas nada menos que por integrantes del grupo de tareas de la ESMA”, señaló Parenti.

El fiscal Iván Polaco se refirió a cuando el imputado declaró anteriormente no haber visto a María Hilda en la ESMA y negó cualquier conocimiento acerca de lo que sucedió luego: “Cuando esta fiscalía le preguntó si durante 1976 había desempeñado alguna función en la llamada lucha contra la subversión, dijo que en esa época no podía haber ningún miembro de la Armada que no estuviera afectado a la lucha contra el terrorismo. Frente al tono evasivo de sus respuestas, el presidente del tribunal le preguntó concretamente si cumplió funciones en la ESMA en 1976 y Donda lo negó”. 

El imputado también sostuvo que sus padres tampoco supieron sobre el embarazo de su cuñada. Al respecto, explicó que su hermano había enviado dos cartas a su madre, y que en ninguna de las dos había dicho que María Hilda estuviera embarazada y tampoco lo manifestó en ninguna otra oportunidad. Por lo demás, Donda negó haber visto mujeres embarazadas en la ESMA, así como la existencia de un sector especial para los partos.  

La fiscalía recordó a la testigo María Iris Pérez, tía de Victoria, cuando en este juicio declaró que desde el primer momento se buscó recurrir a Adolfo Donda para que los ayudara. La testigo contó, en este sentido, que “Cuqui”, madre del imputado, recibió un llamado de su hijo José María, avisándole que habían secuestrado a “Cori”, y le dijo específicamente que hablen con el “Doctor Donda”. el pedido de ayuda no podría ser más explícito. Por lo tanto, la versión presentada por el imputado acerca del desconocimiento de sus padres sobre el embarazo se encuentra claramente refutada.

“Cada una de estas afirmaciones dirigidas a evadir su responsabilidad son refutadas por toda la prueba documental y testimonial producida durante este juicio. Además, existe una prueba documental de Donda en la ESMA en 1976, cumpliendo tareas represivas por las que fue calificado elogiosamente y a estas pruebas se le suman testimonios”, concluyó el fiscal Polaco. 

El doctor Pablo Parenti se refirió a la relación entre el acusado y dos protagonistas claves de la apropiación, Héctor Febres (miembro de los grupos de tareas de la ESMA) y Antonio Azic (apropiador de Victoria): “Es claro que Adolfo Donda durante años cumplió funciones en la ESMA. Secuestraba, torturaba y también sustraía a los bebés de otras detenidas que, como su cuñada, tuvieron que pasar por la pieza de las embarazadas, parir allí a sus bebés y después ver cómo se las sacaban de sus brazos para no volver a verlos nunca más. Compartía sus días con Febres, el encargado de las embarazadas. Febres era el que, como el propio Donda hizo con “Cori”, le prometía a las detenidas que sus bebés iban a estar bien y que los iban a llevar con sus familias”.

“Febres era uno de sus compañeros, mejor dicho, uno de sus subordinados durante años, el padrino de su sobrina. Otro de sus compañeros de la ESMA por años, con el que secuestraba, torturaba y también se apropiaba de los bienes de los secuestrados, era Azic, el apropiador de su sobrina Victoria. En este juicio quedó acreditada la relación y vínculo personal que unía a Donda con Azic”, describió Parenti. 

El fiscal general mencionó la declaración del testigo Carlos Muñoz, secuestrado en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta febrero de 1980: “La alta valoración que hacían el resto de los oficiales sobre Donda, reafirmaba que evidentemente, algo había, como un plus en el reconocimiento de Donda. Evidentemente estaba asociado al caso de “Cori” que constituye una excepción a la regla en dos sentidos”.

El caso de Victoria presentó dos elementos distintivos. Su madre María Hilda “Cori” Pérez fue trasladada a la ESMA desde otro centro clandestino a cargo de la Fuerza Aérea, varios meses antes de la fecha del parto. La segunda circunstancia distintiva es que se rompió una especie de “regla general” según la cual los bebés nacidos en la ESMA provenientes de secuestros realizados por otras fuerzas regresaban al dominio de esas fuerzas, una regla que parecía inquebrantable, pero aparentemente no fue así, y el caso de Victoria lo demuestra. El incumplimiento de esta regla puede explicarse por el parentesco de Adolfo Donda con la niña y su intervención directa en el caso. “Debe valorarse especialmente el parentesco del acusado con las víctimas ya dijimos que se trata de un caso atroz dentro de lo atroz en el que el acusado mantuvo una lealtad absoluta a los planes criminales de la Armada a pesar de que afectaban gravísimamente a su familia. Estamos hablando de una conducta que implicó callar, ocultar a su familia que su cuñada iba a ser obligada a parir en la ESMA y de que su cuñada iba a parir allí en esas condiciones, mientras su hermano desaparecido enviaba mensajes a su familia implorando su ayuda. Le dijo a su cuñada que se quedara tranquila, que su bebe iba a ser llevado con sus abuelos. Pero luego de que se la arrancaron de sus brazos, se la entregaron a un integrante del grupo de tareas, a quien (Donda) veía cotidianamente por años. Él siguió ocultando los hechos frente a su papá, su mamá y frente a Eva Daniela, esto también debe reflejarse en la pena a aplicar”, finalizó Pablo Parenti.

Con toda la prueba desplegada, el Ministerio Público Fiscal pidió quince años de prisión para el acusado, la misma pena que solicitó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. El juicio continuará el miércoles 20 de diciembre con el alegato de la defensa del acusado. 

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

En el alegato, acusaron al militar de haber sido partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria Donda, nacida en la ESMA.

«Solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina, Victoria Analía Donda Pérez», cerró su alegato Emanuel Lovelli, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Carolina Villella, en el juicio por la apropiación de la hija de los militantes aún desaparecidos, María Hilda “Cori” Pérez y José Laureano Donda.

El alegato de Abuelas de Plaza de Mayo se había iniciado el 30 de octubre, con un relato del contexto y puesta en valor del testimonio como prueba fundamental de los juicios de lesa humanidad. Continuaron el lunes siguiente, 6 de noviembre, con el relato de la prueba desplegada durante el debate oral y, como no alcanzó el tiempo, la pena fue solicitada el miércoles en una audiencia adicional.

En la audiencia del miércoles, Lovelli se centró en el año 1978 donde testigos sobrevivientes aseguraron haber visto a Adolfo Donda en la Esma en su rol de jefe de operaciones del lugar. Es importante mencionar que los testigos asumieron que anteriormente no sabían quién era, solo lo tenían identificado visualmente y que en 1978 lograron unir un nombre con una persona. “Habiéndose demostrado su presencia en la ESMA como jefe de operaciones, y su presencia permanente, consideramos que Donda Tigel debió conocer la presencia de su cuñada María Hilda “Cori” Pérez en ese lugar y, obviamente, su estado de embarazo”, señaló Lovelli. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo recordó los dichos del testigo Lisandro Cubas, uno de los sobrevivientes que declaró: “En un segundo encuentro con Cori, que la había visitado su cuñado, yo le pregunto quién era, pensando que era otro detenido, y me dice que no, que era el hermano de “Pato”, que era marino, y estaba ahí, y que había ido a hablar con ella. Entonces me dijo que él le comentó que se quedara tranquila que a la niña la iban a entregar a la familia. Para ese entonces, Victoria ya había nacido. Yo cuando entré, la vi al costado de la cama, estaba en una cunita, en una canastita”.

El abogado de la querella trajo a la audiencia el momento en que la familia Donda recibió una carta en 1977 que al día de hoy se encuentra perdida. María Iris, “la tía Mary”, de Eva Daniela y de Victoria, en su declaración planteó: “Cuqui recibió una carta, se la tiraron por una ventanita. La carta decía: ´Estoy muy triste, estoy durmiendo hasta en baldíos, tirado para que no me encuentren y sumamente angustiado, porque no sé qué vejámenes estará sufriendo mi señora, y si habrá nacido mi hijito o mi hijita. Si irá a nacer, si la dejarán llegar a tenerlo´. Él estaba muy triste y pedía a las familias que no se peleen, que cuiden bien a Daniela, por favor”, en referencia a la primera hija del matrimonio, que finalmente crio el tío represor.

Leontina, la madre de María Hilda Pérez, en 1977, estando su hija secuestrada, presentó un habeas corpus y fue a Aeronáutica a buscar a su hija, con un pañuelo blanco. “Obviamente que nadie puede creer que la familia Donda no sabía y que Adolfo Donda no supiera, más estando Donda en funciones. Y sabiendo ya la familia que estaba en Aeronáutica. Nadie le va a decir Adolfo, ¿no conoces a alguien de Aeronáutica que nos dé una pista?”, señaló Lovelli y agregó: “Mire si Donda no tenía razones para ir en el 77 a la ESMA. Estaba su cuñada embarazada secuestrada”.

La querella no dejó de mencionar el “inconveniente” que Donda tuvo con su hermano, refiriéndose a que tuvo que comunicar a su superior que tenía un hermano militante de la organización Montoneros. En la primera indagatoria a Donda se le preguntó por qué le trasmitió sus inquietudes a su superior, respecto de José María. La respuesta del imputado fue que debía denunciarlo para que lo investigaran y que no tenía intención de encontrarse con su hermano, porque de encontrarlo en actividad “seguramente iba a tener que actuar en consecuencia”. En las palabras del propio Donda Tiger “no había excepciones, ni siquiera de sangre”, con estos dichos toman nuevamente veracidad las aseveraciones de los sobrevivientes.

El alegato de la querella resaltó que resulta poco creíble que Adolfo Donda diga que dos personas le dijeron -cuando ya había pasado un año de la desaparición de su hermano y su cuñada- que las víctimas estaban bajo la órbita de Fuerza Aérea y que, seguramente, su hermano y su cuñada ya estaban muertos. “Le pudo haber preguntado a todo el mundo en la ESMA dónde estaba su cuñada, qué había pasado con su hermano. Reitero, pudo haber ido a Aeronáutica, como han ido todos los familiares de los desaparecidos que siguen buscando respuesta del Estado y que no saben dónde están, y que no sabemos dónde están muchos de los 30000”, resaltó la querella de Abuelas.

“Acá hay una dualidad muy extraña, estamos hablando de un familiar porque en definitiva es el tío Victoria, pero también es un miembro de la represión que elige el pacto de silencio, y Victoria hoy sigue sin saber qué día nació”, reforzó Lovelli y se preguntó ante el Tribunal Oral Federal 6 –integrado por Ricardo Basílico, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez-: “¿Cómo podría justificar no saber dónde estaba Cori y dónde estaba su propio hermano? Eso determinó el accionar de Donda y su participación en la retención y el ocultamiento de Victoria. También determinó asegurarse la crianza de su sobrina en un grupo familiar ajeno al de su pertenencia. Y más aún, no solo eligió otro grupo, sino que eligió el suyo propio, entregándosela a un camarada. Porque la relación con Juan Antonio Azic (el apropiador de Victoria) evidentemente era estrecha. Le entregó la bebe a un subordinado, alguien que podía dominar, a alguien con quien había robado bienes a las personas secuestradas y desaparecidas. Esto fue así porque fue un acuerdo”.

Entonces, Lovelli concluyó: “Creemos que está altamente demostrada la participación y la responsabilidad de Adolfo Donda Tigel en los hechos que perjudicaron y tienen como víctima a Victoria Donda Pérez. Vamos a efectuar nuestra acusación como partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria”.

Antes de culminar, la abogada de Abuelas, Carolina Villella, eligió recordar dos pasajes del testimonio de Victoria que contiene un pedido concreto a su tío y represor Donda Tigel y leyó la declaración de la víctima: “Le voy a decir que lo único que yo quiero saber es que nos digan dónde están. Que rompan el pacto de silencio que lo único que muestra es que eran varias bandas que se sirvieron del Estado para delinquir con los peores crímenes que la humanidad conoció y que por esta sociedad que pelea y que va a seguir peleando por la democracia es que hoy están siendo juzgados. Espero que la condena sea rápida y que en tus últimas palabras tengas el valor de afrontar lo que hiciste y dejar de esconderte detrás de una supuesta tarea de chofer de lujo que desconocía donde iba cada uno de los detenidos desaparecidos”. Villella concluyó: “Es por todo ello que entendemos que corresponde aplicar a Donda Tigel el máximo de la pena prevista para estos delitos, por lo que solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina Victoria Analía Donda Pérez”.

A diferencia de otras audiencias, en esta, la querella pudo terminar su alegato sin interrupciones y provocaciones del abogado defensor Guillermo Franco, famoso por las dilaciones y exabruptos. El lunes 30, la querella de Abuelas debió soportar un planteo por la lectura del alegato sobre delitos ocurridos hace cuatro décadas.

Mientras Vilella recordaba los cargos de los que se imputaba a Adolfo Donda Tigel, mencionó la utilización de seudónimos entre los agresores para encubrirse y la destrucción de documentos que pudieran perjudicarlos. “Se escuchó al mismo Donda Tigel decir que operaba con el seudónimo de ´Palito´”, señaló la abogada de Abuelas en aquella audiencia, mientras acomodaba sus papeles. Entonces, Fanego aprovechó que la abogada se detuvo cuando daba vuelta la página del documento, para quejarse ante el Tribunal por la lectura de los alegatos: “No es aceptable ni admisible que se lea un alegato. Doctor le pido que llame la atención a la querella, para no tergiversar el proceso”, interrumpió con su habitual actitud provocadora. El presidente del Tribunal de inmediato respondió:

-De acuerdo a la extensión del juicio, como se hicieron en los demás juicios de lesa humanidad y delitos complejos, el Tribunal no tiene inconveniente en que se pueda tener memoriales o leer parte de ellos.

-En la audiencia anterior yo no me opuse a que el letrado leyera indicaciones precisas, pero transformar el alegato en un discurso político leído me parece que no cumple con la forma en la que debe formularse un alegato- insistió Fanego.

-Doctor, me parece impertinente interrumpir el alegato. La presidencia resuelve que la querella pueda continuar con la lectura de acuerdo a la complejidad, a la extensión, a los detalles que debe referenciar y a lo que sea necesario dar lectura. Estamos en un juicio oral que tiene particularidades, tal vez la extensión, la complejidad, sin que ninguna de las partes tenga restricción en la utilización de los medios que crea conveniente para poder llevar adelante su ministerio, así lo resuelvo – cerró ofuscado el presidente del Tribunal.

Pero Fanego continuó: “Entonces considero que debe correr el traslado a las partes sobre todo para que el Ministerio Público Fiscal se expida en cuanto a la legalidad de los actos”. El fiscal Pablo Parente, también acordó con el Tribunal. Luego de la puesta en escena virtual -porque el abogado ni siquiera se tomó y trabajo de acercarse al Tribunal- el presidente hizo un cuarto intermedio y pasó a deliberar, rechazando una vez más el absurdo planteo de la Defensa.

Entonces Vilella pudo continuar: “En este proceso se juzgan gravísimas violaciones a los derechos humanos y estas circunstancias son relevantes porque es por eso que las declaraciones testimoniales tienen un valor de inmensa trascendencia, y en particular nos referimos a las declaraciones que han hecho las víctimas en el proceso”. Y señaló: “Queremos dejar en claro que cuando nos referimos a víctimas, nos referimos a las personas damnificadas en forma directa, a sus familiares, a quienes sufren o sufrieron lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera y esto es siguiendo las definiciones de Naciones Unidas, también consistente con la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

EL miércoles último, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pudo dar cuenta de la responsabilidad de Donda Tigel en la apropiación de su sobrina y, en consecuencia, pidió la máxima pena. El miércoles 22 de noviembre, a las 13 horas, será el turno de los alegatos de la Fiscalía, para posteriormente escuchar a la Defensa.

¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

A tres años de la toma de tierras el Gobierno provincial está construyendo 160 viviendas en el predio para aquellos que fueron desalojados . Los beneficiarios reclaman que sus abogados y arquitectos participen del proyecto.

Archivo 2022. 

Corrían los últimos días de julio del 2020 en la localidad de Presidente Perón cuando un grupo de familias ocupó 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica en plena pandemia del covid-19. Tres meses después se produjo el desalojo con una feroz represión de Policía Bonaerense. ANCCOM quiso saber qué pasó con aquellas demandas por viviendas.

El 29 de octubre del 2020 se produjo el operativo del que participaron cuatro mil policías. Las casillas de los ocupantes fueron derribadas y algunas incendiadas por efectivos de la Guardia de Infantería. También reprimieron con disparos de balas de goma a las 300 personas que se resistían a abandonar los terrenos con pedradas e insultos. Hubo decenas de detenidos acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y usurpación.

A finales de mayo de 2022 el gobernador Axel Kicillof anunció que el gobierno provincial destinaría 1.098 millones de pesos para edificar 160 viviendas de las cuales ocho serían para personas con discapacidades, en un proyecto que incluía veredas, forestación y equipamiento para el barrio, en el mismo predio donde dos años atrás unas dos mil familias sin vivienda habían sido desalojadas. 

los vecinos concurren al predio con frecuencia para ver si hay avances en la obra de construcción. «Ya había un proyecto, estaba aprobado, hubo licitaciones, se empezaron a construir las casas, son dos partes, una de 160 viviendas y la otra de 600 y pico, pero aún así no llegaría a resolver la totalidad de esos vecinos que se organizaron y estuvieron ahí en la recuperación», precisó Torrado.

Los beneficiarios proponen armar una comisión de seguimiento de avance de obra, «un proyecto de barrio comunitario, el cual claramente nos rechazaron y es todo bastante como ilógico, porque ellos nos rechazan este proyecto, nos desalojan y después nos dan las propuestas de estas viviendas en el mismo territorio de donde nos sacaron», dijo la mujer. La idea es obtener un nuevo compromiso del gobierno provincial y municipal para que los profesionales, como arquitectos y abogados de derechos humanos, puedan ser parte de esta comisión y así seguir acompañando a las familias.

Ana Torrado es de las mujeres que aguardan una solución habitacional. 

Nicole Salvatierra, de la Asamblea Permanente de Guernica, precisó que en el mismo predio donde los desalojaron se están construyendo viviendas que serían entregadas para las familias de Guernica en un plazo que está atado a dos licitaciones. Una finalizará en noviembre de este año, y la otra en abril del año 2024. Agregó que habrá una entrega parcial a los vecinos que firmaron el acta, por sorteo, y destacó que «la siguiente pelea que estamos dando en este momento es por todos los demás».

Ante esta problemática y a partir de Ley de Acceso Justo al Hábitat, el Estado Nacional comenzó con la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas, el cual está en proceso con las primeras 160 de las 853 licitadas, por lo que en la actualidad las familias continúan sin un techo para dormir, comer o bañarse. Ya fueron realizadas las tareas de desmalezamiento, cercado, tendido eléctrico e instalación de luminaria en la zona. El pasado viernes 27 de octubre, en coincidencia con los tres años del desalojo, algunas de las familias de Guernica fueron al municipio de Presidente Perón para exigir la concreción de las promesas de urbanización y entrega de viviendas con servicios.

Paula Delfino y Yamila Rodriguez Alagastino. 

Paula Delfino es autora del libro Recuperación de tierras de Guernica. Experiencia y perspectivas desde el trabajo social, junto a Yamila Rodríguez Alagastino. En diálogo con ANCCOM señaló que en la actualidad en Guernica siguen las familias organizadas, y están reclamando para que se pueda efectivizar la entrega de las viviendas. En distintos momentos hubo promesas de los lotes de adjudicación de viviendas, pero todavía no fue concretado. “La lucha sigue y están en ese proceso de seguir demandando al Estado que cumpla con lo prometido», apuntó Delfino. Las escritoras explicaron que su libro pretende ser un aporte que permita entender cómo fue el proceso de organización comunitaria para que miles de familias recuperen tierras en Guernica, así como para «abrir el debate en torno a la responsabilidad del Estado y la intervención de profesionales en conflictos por la tierra y la vivienda».

Por su parte, Neka Jara, militante autonomista, popular y feminista, señaló que en ese momento «fue muy difícil, porque no hubo una política que accediera a una posibilidad de negociación que tenga que ver con el acceso a la tierra, a una casa para vivir». Jara participó desde el área de salud en la asistencia de las personas accidentadas y heridas. «Sentí mucha desolación, la represión marcaba un camino de mucho abandono, de una exposición de una fragilidad enorme a toda esa población», dijo. A su criterio, “con la lucha hay que seguir exigiendo el derecho a la tierra, al hábitat y el derecho a construir nuevas relaciones”