Ceramistas neuquinos sin gas

Ceramistas neuquinos sin gas

A Zanón y Cerámicas Neuquén les cortaron el suministro de gas, imprescindible para producir. Cortes de ruta y protestas de los trabajadores que denuncian al gobierno provincial.

Las fábricas ceramistas Zanon, con más de 20 años de autogestión, y Cerámica Neuquén enfrentan un nuevo obstáculo: el corte del suministro de gas. Sus operarios denuncian que se les ha quitado el derecho al trabajo y reclaman una respuesta urgente del gobierno provincial, mientras sostienen movilizaciones y organizan un fondo de lucha para resguardar 200 puestos laborales.

El lunes 26 de mayo, los trabajadores de ambas fábricas llegaron como cada día a sus puestos, pero la jornada no pudo comenzar ya que el suministro de gas había sido interrumpido. La advertencia había llegado semanas atrás, pero las gestiones que se realizaron para evitar el corte y las reuniones con representantes de Camuzzi (la empresa distribuidora), la Secretaría de Energía provincial y el Ministerio de Gobierno, no tuvieron ningún efecto.

Frente a la situación, los trabajadores se dirigieron a Casa de Gobierno provincial en busca de explicaciones. No obtuvieron respuestas. “Nos dirigimos nuevamente a Casa de Gobierno, no nos respondieron, y por eso cortamos la ruta. Fue la única herramienta que tuvimos a nuestro alcance. Sabemos que esto repercute, que presiona al gobierno. Pero que también genera malestar en la comunidad», expresó Andrés Blanco, diputado del FIT y trabajador de Zanon.

Aunque hoy comparten el mismo conflicto, las trayectorias de ambas fábricas son distintas. Zanon, una de las ceramistas más reconocidas del país, se convirtió hace más de dos décadas en un emblema de la autogestión obrera. Recuperada por sus trabajadores tras la quiebra del antiguo dueño, funciona desde entonces sin patrones ni subsidios estatales. “En 25 años nunca tuvimos ningún tipo de beneficio, ni siquiera los que se les daban a empresarios del mismo rubro”, explica Blanco.

Las cerámicas autogestionadas requieren un altísimo consumo energético para mantener en funcionamiento los hornos industriales. Con maquinaria cada vez más desgastada, esa necesidad se convierte en una desventaja estructural. Aún así, Zanon atravesó todas las crisis con una prioridad clara: garantizar los puestos de trabajo. “En su momento no nos resignamos a una indemnización. Nos pusimos a producir. Fue en defensa de la fuente de trabajo”, recordó Blanco. Desde entonces, reclaman tarifas diferenciadas y créditos energéticos que les permitan sostener la producción.

Cerámica Neuquén, en cambio, tiene otra historia. “Nosotros somos distintos a Zanon. Ellos tuvieron contrato con una proveedora hasta que llegó el gobierno de Macri; ahí dejaron de pagar el gas contratado y empezaron a acumular deudas. En nuestro caso pasó algo similar, pero fue con la antigua patronal», explicó Bernardo Retamales, obrero de la fábrica. “Perdimos materia prima por los sucesivos corte de lus, como esmalte que debería estar agitándose constantemente, también arcilla. Sin energía, todo eso se echa a perder», añadió Retamales. 

Hay una causa judicial iniciada por Camuzzi en el juzgado federal contencioso administrativo en el cual se pidió hacer el corte de suministro de gas, pero el amparo fue rechazado por el juzgado. Luego apelaron y también fue rechazado por la Cámara de Apelaciones. Actualmente presentaron un recurso que está en trámite ante la Corte Suprema. “No tienen ninguna medida judicial que respalde su accionar: el corte de suministro que llevaron adelante es totalmente ilegal”, sostuvo Mariano Pedrero, abogado de sendas plantas.

Los obreros ceramistas denuncian que hay pedidos concretos que llevan semanas sin respuesta. “Hace 40 días que estamos intentando concretar una reunión con alguna empresa petrolera para poder tener un contrato y resolver la situación del suministro de gas. Pero hay una inacción total del gobierno provincial. Buscan terminar con las gestiones obreras evitando que generen producción”, advirtió el abogado. 

A la ruta

El martes 27, tras no obtener respuestas, los trabajadores volvieron a cortar la Ruta Nacional 7. “Fue un corte duro”, relató Blanco. La medida había sido votada en asamblea para continuar el miércoles, pero ese día se encontraron con un operativo policial de gran magnitud. “En la asamblea decíamos que nunca habíamos visto un despliegue así. Esto es el gobernador Rolando Figueroa aplicando el protocolo de Bullrich”, denunció. La policía montó controles, identificó a quienes bajaban de los colectivos y registró sus documentos. “Incluso yo, siendo diputado, les preguntaba dónde estaba la orden que autorizaba esa barbaridad”, agregó. Para los ceramistas, este operativo marcó un punto de inflexión: “El gobierno de Neuquén inauguró una nueva etapa: poner el operativo represivo a disposición de mantener la ‘paz social’. Es la única forma que tienen de gobernar sin que nadie los moleste”. concluyó Blanco.

El impacto del corte de gas no es sólo una traba momentánea ya que amenaza con colapsar por completo el proceso productivo. “La imposibilidad de continuar con la producción provoca primero la rotura de maquinarias, sobre todo en los hornos, que requieren un enfriamiento de al menos una semana. Además, como en toda fábrica, se rompe la cadena de pagos: no se pueden vender productos ni comprar materias primas”, explicó Pedrero. Aseguró que la situación afecta a más de 200 familias y que “es angustiante”. Advirtió también sobre el riesgo de cierre: “La decisión de los compañeros y compañeras es seguir, y esa voluntad de pelear está. Pero el riesgo es real. Exigimos que atiendan los reclamos de los ceramistas”. Según agregó, el conflicto se enmarca en un contexto más amplio. “Las políticas de ajuste son en todo el país. En ese escenario, las gestiones obreras no pueden escapar” afirmó.

Desde las fábricas también apuntan directamente al gobierno provincial. Las críticas no se limitan al accionar puntual ante el corte de gas, sino que ponen en cuestión todo el modelo económico que impulsa la gestión de Figueroa. “Neuquén es presentada como provincia modelo, pero tenemos un 37% de pobreza. Se rompen récords de producción pero ¿y los trabajadores? Incluso en la industria petrolera, que es una elite, los laburantes la están pasando mal”, denuncia Blanco. También cuestionan la alianza del oficialismo con el proyecto económico nacional: “El gobierno de Figueroa sólo se diferencia en el discurso. Dicen que hay un Estado presente, que invierten en educación, y es mentira”. En ese mismo sentido, concluyen: “Venden el verso de la ‘neuquinidad’, que vamos a cuidar lo nuestro. Pero los únicos beneficiados siguen siendo los empresarios. El pueblo trabajador queda marginado”.

Frente al ajuste, los ceramistas no se resignan. Y siguen organizándose: “Esta semana ya definimos acciones: el lunes 3 se va realizar una volanteada, y el miércoles 5 una movilización con caravana”, anunció Bernardo Retamales. En paralelo, decidieron impulsar un fondo de lucha: “Porque el gobierno no está tomando ninguna iniciativa ni haciendo ninguna gestión concreta para resolver esta situación”.

Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.

Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.

El Garrahan pasó la noche en vela

El Garrahan pasó la noche en vela

Ante la dramática situación salarial y de desfinanciamiento que atraviesa el hospital pediátrico, un mar de llamas se encendió en el Obelisco porteño para abrazar a los médicos residentes de la institución.

Bajo el nombre de “La noche de las velas”, médicos y médicas residentes, pacientes, familias, jubilados, trabajadores y trabajadoras del Garrahan se reunieron en una nueva jornada de reclamos.

Los residentes denuncian que, hasta mayo, sus sueldos habían sufrido una caída del 53% respecto a diciembre de 2023. El salario total (incluyendo bonos no remunerativos) es de 797.000 pesos mensuales, lo que se traduce en 750 pesos por hora de trabajo.

La convocatoria fue sencilla pero simbólicamente potente: llevar un corazón violeta y prender una vela. Pero la consigna, urgente: defender al Hospital Garrahan, emblema de la salud pública pediátrica a nivel latinoamericano, que hoy está sufriendouna profunda crisis.

“Durante el fin de semana fue un mar de desinformación. Lo que se decía en redes no coincidía con lo que nos llegaba oficialmente”, confirmaron las residentes frente al Obelisco. “Esto que vieron esta semana es una mínima parte. Hace un año que pedimos diálogo, mandamos cartas y no nos responden. Pero hoy al ver a toda esta gente apoyándonos nos conmueve. Ver a nuestras familias, nuestros pacientes, la comunidad entera. Eso también es democracia”.

Durante las últimas semanas, los y las residentes no solo se movilizaron en las calles: también dieron el paso hacia los medios. Tuvieron presencia en radios y canales de streaming, donde visualizaron la magnitud de la crisis y desmintieron los falsos acuerdos que el Gobierno nacional difundió durante el fin de semana por la red social X.

Entre la multitud, Lara, una niña de 10 años, se encontraba al lado de su madre iluminada por las velas. La pequeña sostenía un cartel que contaba su historia como paciente desde su nacimiento y, a pesar del frío que acechaba la noche, ella respondía que el abrazo al Garrahan era más importante. “El Hospital le salvó la vida. Hoy estamos acá para apoyarlos. Ellos estuvieron en nuestro peor momento y ahora nosotros los vamos a defender”, expresó su mamá.

Tres agrupaciones de jubilados también se hicieron presentes: “Si el Garrahan cae, se cae un pilar de la salud pública. No puede haber salud de calidad sin salarios dignos”, explicó una de las representantes del plenario de Trabajadores Jubilados. “Así como muchas veces los estudiantes y los mismos trabajadores del Garrahan han venido los miércoles a nuestra radio abierta a darnos el apoyo, nosotros, por supuesto, venimos a darles el apoyo a ellos.”

En un semicírculo que contenía a los residentes con sus velas pegadas a ellos con fuerza, familias y vecinos escucharon atentamente las experiencias de los trabajadores. Además, hubo espacio para la voz de quienes no usan guardapolvos, pero acompañan desde otros rincones. “El hospital también es hogar, es refugio cuando en sus familias los maltratan, cuando no tienen a dónde ir a dormir, duermen en el hospital”, revelaba la artista voluntaria que fue parte de un colectivo que trabajó en hospitales como el Garrahan y el Casa Cuna. “Hay maestras voluntarias, artistas voluntarios, residentes que trabajan casi voluntariamente. Personas que limpian, que les dan de comer. Lo que estamos dejando de lado son niños que no tienen más contención que la que puedan encontrar en este hospital”.

Mientras las velas se apagaban lentamente y todos los allí reunidos cantaban el Himno Nacional, se encendía una certeza: el conflicto no terminó. Este martes, 3 de junio, se realizará una nueva asamblea para definir los próximos pasos. Los residentes evalúan profundizar el plan de lucha si no hay una respuesta concreta de parte del Gobierno.

“Me encantaría decir que mi trabajo es curar, pero estaría mintiendo. La medicina es curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre”, concluyó una residente.

La solidaridad funciona

La solidaridad funciona

El 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina en homenaje a quienes arriesgan su vida sin esperar nada a cambio. ANCCOM visitó el cuartel de Villa Ballester para conocer cómo es la rutina, los desafíos y la vocación detrás del uniforme.

El 2 de junio se celebra la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, creado en 1884 en el barrio porteño de La Boca por iniciativa de Tomás Liberti, su hijo y otros vecinos del barrio, mayormente inmigrantes italianos. La iniciativa surgió luego de un incendio en la zona portuaria. Desde entonces, el país ha desarrollado una de las redes de voluntariado más importantes del continente, con más de 58.000 bomberos y bomberas distribuidos en más de 1.100 cuarteles a lo largo del territorio nacional.

ANCCOM se acercó hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester y pudo conversar con Carlos Bonasera de 25 años, quién se sumó como bombero voluntario en 2023 y que además se desempeña como inspector de calidad en una fábrica de envases flexibles de José León Suarez.

Para Bonasera, ser bombero voluntario en la Argentina es, ante todo, un acto de vocación y de entrega. Pero con las ganas no alcanza: para ingresar al cuerpo de Villa Ballester se deben cumplir ciertos requisitos básicos: tener entre 18 y 38 años, estudios secundarios completos y superar una evaluación psicológica, física y médica. Luego comienza un proceso de formación técnica que incluye conocimientos en incendios, rescates, primeros auxilios, materiales peligrosos y más. El curso puede durar entre seis meses y un año, dependiendo de cada jurisdicción, y finaliza con un examen teórico-práctico y un juramento de servicio.

Bonasera entiende el desconcierto que algunas personas sienten con quienes se ofrecen a trabajar como voluntarios, más si eso supone ponerse en situaciones de riesgo. Él lo disfruta y es su vocación: “Nadie me cuestionó porque entienden que hago lo que me gusta y uno no puede pedirle a la gente que quiere que deje de hacer lo que los hace felices”.

Los bomberos voluntarios no solo actúan en caso de incendios, también están entrenados para asistir en accidentes de tránsito y rescates en altura, desde el romántico caso de bajar el gato de arriba del árbol hasta personas accidentadas.

Protocolo

El protocolo indica que los telefonistas del cuartel reciben la llamada, ya sea de las autoridades o de algún vecino que informa algún accidente o problema. Los bomberos que están al teléfono tienen que tratar de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de lo sucedido, luego dan la alerta y avisan a quienes están haciendo la guardia. Se ponen la ropa de protección y se paran en una línea amarilla que hay al costado del camión, a la espera de la persona que va a ser la encargada del operativo.

El de mayor jerarquía y experiencia al momento de la llamada es quién elige con quién asistir al lugar del siniestro. La cantidad de bomberos que asisten a cada emergencia depende de la magnitud de lo sucedido, de la cantidad de choferes que hay y de la cantidad de gente que queda en el cuartel. Por lo general, cada camión sale con cuatro o cinco personas, para poder cubrir todos los roles que hay, pero varía. Los bomberos solo se tienen que vestir, todo lo demás que puedan llegar a necesitar ya está cargado en el camión a la hora de salir. En Villa Ballester tratan de que el camión arranque un minuto y medio después de recibir el aviso, luego de equiparse.

Los bomberos voluntarios del cuartel de Villa Ballester se dividen en cuatro grupos y cada uno debe hacer una semana de guardia cada mes. En esa semana, tienen que estar disponibles para actuar desde las 22 horas del domingo hasta las 22 horas del domingo siguiente.

Además, y a nivel individual, cada uno de ellos debe cumplir con 30 horas de servicio al mes. Al ser voluntarios y no percibir un salario por su labor, tienen que balancear su trabajo, con su vida personal y el servicio en los cuarteles.

En 2023, se sancionó una ley largamente esperada por el sistema: la jubilación especial para los bomberos voluntarios. Este régimen permite que quienes hayan prestado servicio activo durante al menos 25 años y tengan 50 años de edad puedan acceder a un derecho previsional. Para ello, deben estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) y haber participado regularmente en entrenamientos, intervenciones y tareas comunitarias certificadas.

El cuartel de Villa Ballester cuenta además con una escuela de cadetes para chicos y chicas de 12 a 17 años que quieran sumarse a esta familia. Al igual que los adultos, deben cumplir una determinada cantidad de horas mensuales además de recibir la formación sobre el manejo de equipo y cómo deben actuar correctamente ante cada situación.

Los profesionales

En contraste a los voluntarios de Villa Ballester, los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están profesionalizados, se dedican exclusivamente a last areas socorro y perciben un salario por el cumplimiento de su trabajo. Además, los bomberos de la Ciudad, alternan entre 24 horas de guardia y 48 horas de descanso, mucho más que las 30 horas mensuales que deben cumplir los voluntarios. Por otra parte, en estos cuarteles no miran con buenos ojos que sus trabajadores quieran dedicar tiempo a otros empleos, estudios y cuestiones personales. En cambio, los voluntarios tienen en cuenta que sus miembros pierden tiempo de calidad con sus familias y amigos o que hasta por prestar servicio llegan tarde a sus trabajos remunerados, por lo tanto

A 140 años de la fundación del primer cuartel de bomberos voluntarios en La Boca, la red de voluntariado sigue creciendo gracias al compromiso de personas como Bonasera. Y también de la comunidad que colabora con donaciones en sus cuarteles cercanos. Porque detrás de cada sirena hay historias de entrega, solidaridad y trabajo en equipo que merecen ser acompañadas.

El Garrahan en terapia

El Garrahan en terapia

Residentes del hospital pediátrico, acompañados por trabajadores de su institución y de otros centros de sanitarios, marcharon hasta el Ministerio de Salud para reclamar por el aumento de sus haberes y el fin del desfinanciamiento.

La calle se transforma en un campo de lucha nuevamente, el bombo y el platillo acompasan el caminar de los presentes que llenaron las calles en pos de un pedido de reconocimiento salarial de su labor médica. “Sin residentes no hay hospital” es el canto recurrente, que evidencia el esfuerzo, las horas sin dormir, sin comer, corriendo de aquí para allá, para atender los pacientes que ingresan al hospital.

Los corazones violetas son portados por varios, en señal de apoyo y vinculación con el hospital Garrahan cuyos residentes fueron quienes encabezaron la marcha de este jueves, a la que también se sumaron residentes de otros hospitales, como los del Fernández, los de Ana Goitia, y los del Laura Bonaparte, entre otros.

Las personas que se cruzan con la procesión aplauden, tocan bocina, saludan desde sus lugares de trabajo, y desde las escuelas también, mostrando su apoyo al reclamo, no obstante, médicos y residentes, tienen otro canto que impulsa la reflexión, “con aplausos no se llena la heladera”.

La residente de clínica pediátrica, Candela Medina, comenta: “hoy en día los residentes de primer año de pediatría ganamos entre dos mil o tres mil pesos la hora, percibimos un sueldo de 797 mil pesos, y trabajamos entre sesenta y setenta horas por semana, con guardias de veinticuatro horas, sin descanso, con demanda complejísima”. El hospital Garrahan es un centro de atención pediátrica de alta complejidad; sin embargo, los profesionales que se formaron durante años para estar al nivel de tratar estas afecciones, viven con un sueldo bajo la línea de pobreza. Según Candela, esto es ya “insostenible”.

La marcha comenzó con un fragmento del himno, “Al gran pueblo Argentino, salud”, y en momentos posteriores, se señaló lo contemplado en nuestra constitución como el derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno que no estaría siendo respetado. Lola Flores, quien tiene una hija que se atiende en el Hospital comenta: “apoyar a la Garrahan es una necesidad, es mi obligación, mi nena se atiende ahí, si llega a cerrar nos perjudica a nosotras también, que nuestros hijos se atienden ahí”.

Micaela Ramos, jefa de residentes de medicina general y familiar del Hospital Álvarez, reflexiona sobre las implicancias futuras de esta precarización: “Esta lucha no es solo salarial, habla también del funcionamiento del sistema de salud, de fomentar el hecho de que se vayan profesionales de hospitales nacionales, provinciales y municipales a causa del salario, no sólo en detrimento de la salud actual, sino de la salud futura”. Agrega, que al irse estos profesionales, aquellos que vengan después a capacitarse en el sistema de residencias, no tendrán el mismo grado de formación.

Si bien el reclamo salarial fue encabezado por residentes, se extiende para toda planta y equipos de salud, ya que los sueldos están depreciados y estáticos desde hace un año y medio. El paro, afecta también el funcionamiento del hospital, ya que se está haciendo un paro sin cobertura de guardia desde la semana pasada, “y esto dificulta cubrir guardias y brindar una buena calidad de atención a los pacientes”, explica Rita Marcela Fernández, pediatra y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales.

El viernes 30 de mayo, habrá una audiencia pública en el Congreso donde se pedirá por una ley de financiamiento y blindaje presupuestario para combatir el vaciamiento de la salud pública.