Hay ruido en el doblaje

Hay ruido en el doblaje

El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto que llevan adelante los actores que prestan su voz a las producciones habladas en otro idioma.

Cuando uno ve una serie o una película suele pensar en el director o la dificultad de una toma, pero pocas veces repara en el esfuerzo de los actores de doblaje, quienes prestan su voz y su impronta para dar vida y personalidad a los personajes de producciones que originalmente están en otro idioma.

Los trabajadores de este sector registraron que, desde 2017 hasta la actualidad, hubo una pérdida del poder adquisitivo del 30% de sus ingresos. Es por eso que en mayo, cuando comenzaron sus paritarias, solicitaron a sus empleadores, los estudios de doblaje contratados por plataformas como Netflix y HBO, una recomposición salarial. La falta de acuerdos entre ambas partes hizo que el martes 28 de junio los actores tomaran la determinación de realizar un paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla su reclamo.

Cuarenta y ocho horas después, tuvieron que dar marcha atrás porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria solicitada por la cámara que nuclea a las empresas del rubro. En diálogo con ANCCOM, Aluminé Sanchis Zabalegui, dirigente de la rama doblaje en la Asociación Argentina de Actores, señaló: “Trabajar con actores y actrices de doblaje argentinos es más barato que con los de otros lugares y eso es parte del reclamo. No puede ser que seamos uno de los países con peor salario en esos términos”.

Esta no es la primera vez que en este oficio se realizan reclamos. El antecedente más cercano fue la necesidad de tener un convenio colectivo de trabajo propio, el cual se creó finalmente en 2017. Pese a ello, hay ciertas cuestiones que están desactualizadas porque solo contempla el trabajo presencial en los estudios. Desde el inicio de la pandemia, muchos actores realizan doblajes desde sus hogares para lo que debieron invertir en las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir su labor.

Gustavo Dardés, locutor y actor de doblaje, reconocido por ser la voz institucional del canal infantil Nickelodeon entre 2007 y 2017 e interpretar a Tommy Oliver en Power Rangers Dino Trueno, indicó que nadie trabaja exclusivamente para un estudio sino que lo hacen de forma independiente para cualquiera que requiera sus servicios. Los trabajos llegan por citación, no se generan vínculos de relación de dependencia y las jornadas laborales no son fijas porque todo depende de la serie o película que se trate.

El arte de doblar

Existen diferentes caminos para prepararse e ingresar a esta profesión. Se puede estudiar actuación, locución o ambas opciones. Esto último es lo que está haciendo Tobías Gómez, de 21 años, quien desde los 7 años es actor de comedias musicales y el año pasado empezó a estudiar locución, momento en el que se interesó por el mundo del doblaje. Así es que llegó a participar en series infantiles como Mira, la detective del reino y Puppy Dog Pals. El joven afirma que una de las características del oficio es aprender a hablar en español neutro, una práctica constante y compleja en tanto uno tiene que desarraigarse de expresiones cotidianas de su país. Y remarcó: “No es solo leer un guión, es conectar con el texto que uno está leyendo. Es interpretar y llegar al espectador”.

Para Dardés, esta industria es importante porque los niños que todavía no saben leer necesitan sí o sí el material doblado no solo de las animaciones y la música, sino además para que el contenido de los diálogos los atrape. Y también es necesario para que las personas con dificultades visuales puedan mirar sin depender de los subtítulos. Por su parte, Sanchis Zabalegui agrega: «Es un trabajo y una rama más de nuestra carrera como actores y actrices y también es importante tener la posibilidad de elegir cómo queremos escuchar nuestras películas, series o documentales».

Actualmente, la conciliación obligatoria sigue vigente, por lo que los trabajadores seguirán negociando con sus empleadores en audiencias. Esperan que la lucha se resuelva en lo inmediato para valorizar el esfuerzo y la dedicación que le ponen a la interpretación de los personajes que consumimos día a día.

Aprender a trabajar gratis

Aprender a trabajar gratis

En un marco de desinformación, improvisación y denuncias de ilegalidad, las prácticas preprofesionales obligatorias para estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires reflejan la falta de perspectiva educativa de la gestión de la ministra Acuña. Opinan un referente sindical, un abogado laboralista y quienes ya atravesaron la experiencia.

Antonella cursa quinto año en la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”. A ella y a sus compañeros, como parte del programa de prácticas laborales que dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, las asignaron al Centro Cultural Recoleta. “Nos dividieron en diferentes áreas. A nosotras nos tocó Atención al Público. Teníamos que estar en las salas cuidando las muestras, guiando a la gente, informando que no se podían tocar ni pisar las obras. Todos los días íbamos a distintos sectores, pero casi siempre para estar con los visitantes. Así estuvimos un mes y después volvimos a clase”, cuenta. “Hay áreas que se relacionan con lo que estudiamos, pero otras que no tienen nada que ver -considera-. Por ejemplo, pasamos por Infraestructura, que se encarga del mantenimiento del edificio”. Sofía, que cursa con Marianella la orientación en Comunicación del Normal 9, agrega: “Más allá de que la responsabilidad que teníamos no era muy exigente, prácticamente te mandan a laburar”.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó en abril las “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, obligatorias en el quinto año de todas secundarias de gestión estatal y privada de la ciudad, según la Resolución 3958 del 7 de diciembre del 2021, firmada por la ministra de Educación Soledad Acuña. En dos meses de vigencia, pone de manifiesto, una vez más, la enorme asimetría de poder entre, por un lado, el Ejecutivo porteño, y por otro, la comunidad educativa y los sindicatos docentes, sistemáticamente desoídos y despreciados por aquel.

Sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2010, la Ley N° 3541 define como Práctica Educativa Preprofesional al “conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes de los dos últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar (…) y cuyos contenidos y acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes cursan en sus respectivas escuelas”.

El eufemismo que le permite a la ministra Acuña eludir la ley y establecer la obligatoriedad de las prácticas es precisamente el de “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, las cuales forman parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”. Se trata de un proyecto del gobierno porteño cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia el mercado laboral y los estudios de Nivel Superior. Ahora bien, estas “Actividades de aproximación” se desarrollan en contextos reales fuera del edificio escolar y con variados formatos durante “como mínimo 120 horas cátedra anuales que estarán distribuidas entre los diversos espacios”, a saber: el sector productivo (privado o público), el de gestión de políticas públicas, el cultural/comunitario, y el de educación superior/científico-académico.

Las actividades se desarrollan en horario de clase, con diferencias según el colegio: algunos van de lunes a viernes, otros menos, pero el denominador común es que “corre la falta”. En muchos establecimientos las prácticas arrancaron súbitamente, sin información preparatoria del Ministerio. Ante la consulta sobre si ha sido enriquecedora, Marianella opina que “no es nada del otro mundo” y, al igual que Sofía, no cree haber adquirido una experiencia valiosa.

Para conocer una voz oficial acerca de las prácticas y de la resolución firmada en diciembre por la ministra Acuña -que viola la regulación-, ANCCOM trató de entrevistar al responsable de la Coordinación del Sistema Integral de Prácticas, Gonzalo Martín Straface, pero no respondió ninguna llamada. Docentes, alumnos, gremios y abogados han expresado su desacuerdo respecto a la legalidad, los modos de implementación y la improvisación que se desprende de los testimonios. “Estas prácticas no están reguladas por un marco legal-laboral que las ampare. Los estudiantes, al realizar tareas que hacen los trabajadores de esas empresas y organismos, podrían estar en una situación de flexibilización pues no reciben remuneración, no cuentan con cobertura para accidentes de trabajo y tampoco se tienen en cuenta las horas trabajadas para los aportes jubilatorios”, sostiene un abogado laboralista que prefiere no dar su nombre.

Ana, que asiste al Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón en el barrio de San Telmo, dice que las prácticas le parecen bien. Ella genera contenidos para las redes sociales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. “Son cosas interesantes, aprendemos un montón sobre otros temas, pero hay gente que está en contra, a los docentes no les gusta porque perdemos horas de clase. A muchos les están llenando la cabeza, pero yo lo tomo como una oportunidad y el año que viene me dijeron que podía dejar un currículum ahí”, señala. “En realidad nadie puede estar en contra de la vinculación de los alumnos con el mundo del trabajo y de los estudios superiores”, subraya Marcelo Parra, secretario de Educación del Nivel Medio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), pero aclara: “Hay que hacerlo bien desde dentro de la actividad escolar y no por fuera, pero así es como funciona el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, a los empujones, sin atender las necesidades que una comunidad educativa quiere expresar”.

Las quejas de los estudiantes también apuntan a que se pierden 120 horas de clase, o a que parte de un curso debe hacer la práctica laboral mientras sus compañeros avanzan en los contenidos, cuando algunos deberían abocarse a preparar las materias previas que tienen, y todo esto con posibles repercusiones en las notas. Ana brinda su balance del mes y medio que trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Es relajado. No están todo el tiempo mirando que hagas algo. Tenemos horario de descanso y el trato es bueno”, afirma. “Eso sí, tendríamos que poder elegir dónde queremos ir dependiendo de lo que queramos estudiar -remarca-, más allá de que esté más o menos relacionado con la orientación que hacemos. Y al momento de ir, tampoco nos dieron mucha información”.

Según Marcelo Parra, de UTE, la implementación de estas prácticas por parte de la ministra Acuña “está pensada en perspectiva electoral, como siempre lo hacen ellos, y no desde una perspectiva de interacción con el sistema educativo y sus verdaderas necesidades”. “No es que tomamos una posición de rechazo porque somos oposición al Gobierno de la Ciudad: ellos actúan para que nos tengamos que oponer, no nos dejan participar y hacen cosas muy distintas de cómo pensamos la escuela y el país”, concluye.

Hecha ley, falta el financiamiento

Hecha ley, falta el financiamiento

Sancionada en 2014, la Ley de Agricultura Familiar carece aún de presupuesto, entre otras cosas imprescindible para crear el banco de tierras que establece la normativa.

La Ley de Agricultura Familiar fue sancionada en diciembre del 2014 y aún no tiene presupuesto. Si bien marcó un triunfo para las organizaciones sociales y se han reglamentado muchos puntos, como el Registro Nacional de Agricultura Familiar, la falta de financiación no permite atender los ejes centrales: la creación de un banco de tierras para el sector, a través del cual el Estado organice y entregue terrenos fiscales a los productores, y los fondos para proyectos que impliquen un cambio hacia un modelo productivo sustentable. Si bien su aplicación no va a resolver los problemas de fondo, sería un paso que implica la reparación estatal frente al reclamo histórico sobre los territorios sustraídos a los pueblos originarios y campesinos.

Matías Bohl, integrante de la Federación Nacional Campesina, considera que hay una falta de decisión política para asignar el presupuesto, más allá del avance en algunos artículos. “Una Ley sin el presupuesto necesario para atender todos los puntos de la norma, es palabra muerta”, dice. Además, subraya que “nos miran pero no ven al sector de la agricultura familiar porque hay intereses muy poderosos en pugna en Argentina; hay miles que molestamos en el campo. Necesitan sacarnos de los territorios para seguir desmontando y plantando los cultivos extensivos que, si bien generan divisas, también generan hambre en millones, desarraigo y éxodo rural. Hay muchas presiones de los poderes reales para que la ley no se reglamente”.

En ese sentido, las organizaciones señalan que hay una lucha por la identidad del campo y por cómo se visibiliza al sector en los medios de comunicación. Se entiende que el único campo que existe es el que integran quienes hicieron la movilización en Capital, “El Tractorazo”, pero existe otro que es el del trabajador que produce en condiciones muy complejas y tiene otra relación con la tierra.

Marcos García, militante del Movimiento Evita e integrante del frente agrario de la UTEP, menciona que “hoy el eje central está en el acceso a la tierra. Además, necesitás recursos para pagarle a técnicos, comprar maquinaria, construir escuelas y repoblar lugares. Para nosotros, la clave es el Ministerio de la Economía Popular, para que la ley tenga sustento territorial y se preocupe de los pequeños productores”.

García agrega: “La Ley va a estar financiada mañana y, todavía, va a faltar”. Sin embargo, resulta fundamental “incluir a la ciudad en esta discusión porque es el alimento que después llega a las góndolas”, dice. La construcción de los precios de los alimentos que se consumen en las urbes tiene un incremento desde que sale de la quinta al mercado que no es percibido por el productor.

En comunicación con ANCCOM, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Gómez, señala: “Estamos avanzando hasta que se reglamente la ley. El trabajo ya está terminado y fue construido con las organizaciones a través del Consejo de Agricultura Nacional, falta que se define un monto para poder desarrollar la ley”. En dos años de gestión, la Secretaría se reconstruyó técnicamente y ahora espera el presupuesto ante la urgencia de incidir en los precios. Según Gómez, “la reglamentación también implica repensar nuestra territorialidad y la responsabilidad del Estado en desconcentrar la producción de alimentos”. En ese sentido, menciona que “esta ley presenta la posibilidad de un banco de tierras que tiene el Estado nacional bajo su órbita, promoviendo el acceso a la tierra y, después, los mercados de cercanía”.

Por otra parte, señala: “Estamos trabajando con varios ministerios para poder abordar integralmente las problemáticas del sector a partir de diferentes ejes. Tenemos que pensar nuevos paradigmas productivos que tengan proyección a largo plazo y esto implica reconocer la potencialidad tanto de la agricultura familiar como la pesca artesanal, para garantizar una vida digna a las futuras generaciones”. Y por último consideró que “el proceso productivo tiene que recuperar los saberes ancestrales de los modos de producción en confluencia con los saberes de la ciencia. El nuevo paradigma productivo tenemos que construirlo con lo que tenemos”.

Martín Simón, Coordinador General de Fundapaz, considera que la ley fue abordada de manera integral, pero al tratar sólo el acceso a tierras fiscales, se ignoran los problemas que hay con los poseedores. En este sentido, indica que “en caso de llegar el caso a juicio, el juez toma una decisión y podría darle toda la tierra al poseedor, darle todo al titular dominial o cualquier situación intermedia. Ocurre que los jueces desconocen bastante esta materia y el peso del título como prueba es muy potente. Frente al título, los poseedores entregan documentos que demuestren que están en la tierra desde hace 20 años de forma pacífica. Es decir que el juez tiene de un lado el título y del otro los documentos probatorios de posesión. Y debe dictaminar. No es raro que lo haga a favor del titular dominial, dejando a los campesinos sin nada”.

El seguimiento de las organizaciones sobre la ley es constante porque, una vez que cuente con los fondos, se tendrá que aplicar como corresponde. Simón remarcó que nadie pide que se regale plata, sino que a través de los proyectos presentados por aquellas puedan desarrollarse iniciativas de acceso a la tierra, el agua y la producción sustentable. “Queremos llegar a la reglamentación y que el 70% de la plata vaya para las organizaciones campesinas e indígenas”, señala, y agrega: “Mientras que el 30% pueda quedar dentro de la estructura técnica de la Secretaría. Si esto ocurriera, las organizaciones se beneficiarían”.

El buquepolio

El buquepolio

Para llegar a Uruguay por vía marítima hay que pagar por lo menos 40.000 pesos. Mientras tanto, los trabajadores argentinos de la empresa son desplazados debido a que la firma tiene una sola nave de bandera nacional y no está en condiciones de viajar.

Hubo un tiempo en el que había todo tipo de opciones para cruzar el río entre la Argentina y el Uruguay. Las clases acomodadas subían sus autos al Luciano Federico de Buquebus y terminaban en Punta del Este. Los trabajadores de la isla Martín García, de Colonia del Sacramento, o los del Delta del Tigre, en cambio, iban y venían en La Cacciola. Una flota mucho más económica que derrochaba simpatía al bolsillo del consumidor. 

 ¿Qué cambió con el tiempo? ¿Cuándo fue que Buquebus se volvió un monopolio? ¿Se volvió un monopolio? A lo largo de toda esta trama fluvial hay un misterio por resolver. 

 El empresario Juan Carlos Lopez Mena, oriundo de La Pampa, fundó Buquebus en el año 1982. En 2018 este hombre manejaba el 80 por ciento del transporte fluvial entre Argentina y Uruguay y facturaba US $250 millones al año. Pero la realidad de los trabajadores de SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) es muy distinta a la de Lopez Mena.

 ANCCOM fue a buscar la palabra de Buquebus y no hallamos respuesta a todos estos interrogantes que circulaban alrededor de este gigante fluvial. El miércoles 11 de mayo de 2022, un día atípico en esta empresa, llamó la atención no ver a nadie en ningún sector. Parecía como si realmente una pandemia zombie los hubiese raptado a todos allí y se llevará a los trabajadores de la empresa. Nadie, absolutamente nadie. 

 Vacío informes, vacío el servicio de caja, y el stand del Ministerio del Interior, la misma situación. En el hall de espera había, como mucho, 10 pasajeros. Una señora sordomuda hacía señas, a la nada misma, porque nadie había allí para ayudarla.

Aire de lucha

 El pasado 17 de mayo, los trabajadores de SOMU se movilizaban en busca de respuestas. A pesar de las circunstancias que los habían llevado hasta allí, se vivía un ambiente de fiesta y alegría. Se movilizaban al ritmo de bombo y trompetas, el clima de celebración era evidente. 

 Se reunieron a las 9 de la mañana. Todas las delegaciones marítimas estaban presentes. Luego emprendieron la marcha desde la calle Perú 1667, sede del Sindicato, para trasladarse a Plaza de Mayo y llegar a Casa Rosada. La voz cantante la llevaban Hernán De Corte (Secretario Nacional de SOMU) y Raúl Durdos (Secretario General de SOMU). 

 El primer objetivo de esta movilización era ser recibidos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Para luego llevar esa firma hacia el Ministerio del Interior. Aunque sus esperanzas eran pocas, allá emprendieron camino. 

 Cada delegación llevaba su bandera, como diciendo “acá estamos, escuchénos”. 

 “Pueden venir de todos lados, seccional San Fernando, Necochea, Mar del Plata. No te sé decir cuántas personas asistieron hoy, acá”, decía Roque, trabajador de SOMU. El piso de las calles estaba colmado de folletos, que cada marinero dejaba a su paso. “Buquebus vende Patria”, es el que más resonó esa tarde. En esas tres palabras, se escondía la historia de todo este entramado.

 Bombos, platillos y trompetas cada vez más fuertes, acompañaban al orador, Alejandro Vargas (Secretario de Relaciones Laborales de SOMU), diciendo “en la actualidad hay más de 25 familias que se encuentran con deuda de sus salarios, con el total de 24 meses y que encima fueron despedidos, sin abonarles sus correspondientes liquidaciones. Pedimos urgente intervención en esta situación para que los trabajadores de esta empresa puedan cobrar lo que les corresponde en un plazo prudencial. Buquebus, la empresa emblema del turismo del Río de la Plata que posee cuatro embarcaciones, 3 de bandera uruguaya y solo una de bandera Argentina y hace años solo navega con los buques de bandera uruguaya y posee un estado de abandono el de bandera Argentina. De ella dependían 60 trabajadores y trabajadoras, en los últimos meses la situación fue empeorando. Ya hace más de dos años que los trabajadores no poseen incrementos salariales y despidió mediante un retiro extorsivo a más de 30 tripulantes. Exhortamos a quién integra la empresa a terminar con los atropellos con los trabajadores argentinos y que saquen de manera urgente el buque de pabellón nacional a navegar, manteniendo los derechos de los tripulantes, actualicen sus salarios y abonen sus respectivas deudas”.

 Como segunda voz, llegó Raúl Durdos: “Queremos que nuestra marina mercante, sea la que fue. Venimos acá para que los funcionarios que no funcionan, funcionen y aquellos que funcionan que se despierten. Así de una vez por todas empiecen a defender la soberanía nacional. Porque si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer los trabajadores y las trabajadoras”. Al finalizar el discurso, se escuchaba el claxon de los barcos, resonaba fuerte en los oídos de todos los trabajadores. Gritaban canciones de SOMU y volvía la marcha peronista al ruedo, así como también el ambiente de fiesta y alegría que se había perdido con el golpe de realidad que había dejado el petitorio. El clima había cambiado 180 grados, comida y bebida repartidas para todos los allí presentes. Más tarde, Durdos entraría a Casa Rosada y lograría el cometido: ser recibido por el Presidente Alberto Fernández. 

 “Acá se respira aire de lucha», fue la frase más escuchada a lo largo de todo el recorrido.

Dos entrevistas

Luego de unos días, Hernán De Corte (Secretario Nacional de SOMU), recibió a ANCCOM para seguir develando las maniobras del gigante fluvial. 

¿Cuál es la relación del sindicato con Buquebus? Si es que la hay. 

Muy mala, estamos en este momento en un marco conciliatorio con el Ministerio de Trabajo. Todas las propuestas a los trabajadores son despidos encubiertos y los estamos rechazando totalmente. Si bien hubo arreglos,  nosotros no estamos de acuerdo. Estamos en el marco de una reunión, no de una conciliación obligatoria pero si de una negociación en el Ministerio de Trabajo, paritarias y de condiciones de trabajo.

  ¿Este fue uno de los motivos por los que se movilizaron el 17 de mayo? ¿Era parte del reclamo?

-Sí, por supuesto. Hay también un abanico importante de otros reclamos. Buquebus tiene cuatro barcos, pero uno solo es de bandera nacional y justamente ese es el barco que no está navegando. Cuarenta y cinco familias dependen de esa nave.

¿Los otros tres barcos navegan?

Sí, pero son de bandera uruguaya, razón por la cuál todos los trabajadores afiliados al sindicato están sin trabajo. Están trabajando a la orden, porque el barco está parado, están en guardia, no salen, estos muchachos están rotando ahí y lo que quiere hacer la empresa es navegar con esos barcos y no con éste, de bandera argentina. 

¿Están contratando trabajadores de Uruguay?

Esos tres barcos están tripulados por gente uruguaya.

 ¿No hay ningún argentino?

No, todos uruguayos. Sería como Colonia Express que tiene el 100 por ciento, lo mismo. Pero acá tenemos un solo barco y está parado.

¿Buquebus y Colonia Express son lo mismo, en este momento? 

 Sí, en este momento son lo mismo. Y las leyes que rigen de una embarcación son según la bandera que enarbola. En este caso estos tres barcos son de bandera uruguaya. 

¿Considerás que Buquebus se ha convertido en un monopolio?

Sí, totalmente.

¿Hay ejemplos para probarlo?

 ¿Cómo viajás si no vas en Buquebus? Por supuesto que es un monopolio.

¿Cómo nació este monopolio?

Yo creo que la base de todo esto es económica. La empresa lo único que quería era esto. Y lo están haciendo. Y gracias a Dios hay un sindicato que le está poniendo la proa y no dejando que avance. Porque sino sería mucho más grande el monopolio, mucho más daño el que le haría a los trabajadores y a los que viajan, también. Los pasajeros que lo padecen. Lopez Mena es un tipo muy peligroso, muy cercano. Tiene una actitud pueril todo el tiempo. Es muy siniestro.

¿A quién es cercano?

Al gobierno de turno, en este caso hoy por hoy a Alberto Fernández. Fue cercano a Cristina cuando estuvo en el poder, fue cercano a Mauricio Macri en su momento. Es un tipo muy audaz. 

¿Qué pasó con La Cacciola, y qué papel tuvo Buquebus en todo esto?

Cuando vende, cuando se va Cacciola, el otro que tiene la patente o permiso para ir a Nueva Palmira, Uruguay, es la empresa de Lineas Delta, que trabajaba en el mismo edificio que Cacciola. Bueno, Líneas Delta se quedó ahora con todo el edificio de La Cacciola. Hoy el dueño de Líneas Delta es el hermanastro que antes estaba a cargo de Cacciola y que le vende Cacciola a Grupo ERSA. Buquebus, hoy tiene un convenio en esta sociedad con Líneas Delta, que son los únicos que van a Uruguay saliendo desde Tigre a Nueva Palmira. Venden ellos pasajes en nombre de Buquebus pero los viajes los hace Líneas Delta. 

Pero, ¿ya no sería con el nombre de Cacciola, ya desapareció?

Están en el edificio de Cacciola, pero el dueño de Lineas Delta es el último gerente de Cacciola. Y los trabajadores, nosotros hicimos que vayan a Líneas Delta. 

Después de conversar con Hernán De Corte, sumamos una segunda entrevista. Esta vez, con Alejandro Vargas, Secretario de Relaciones Laborales de SOMU.

¿Cómo se le paga a esas personas que no están trabajando, si en plena pandemia, el año 2020 el único que ofrecía este servicio era Buquebus, dejando de lado a Colonia Express?

Es difícil. Pensá que Buquebus tiene la concesión de una de las dársenas más importantes de la Provincia de Buenos Aires, que es la dársena norte, que tiene media dársena concesionada por 30 años, que está a cuatro cuadras de microcentro, cuando Colonia Express tiene un kiosquito en la dársena sur. Es realmente desproporcionado hasta la ayuda estatal que tiene actualmente.

¿De qué trabajás en Buquebus?

 Soy efectivo de la empresa Buquebus y hace un par de años que estoy acá en la organización. Tengo relación de dependencia con Buquebus.

Un pasaje a Colonia ida y vuelta sale $40.000. El precio parece desorbitante. Por eso, luego de las entrevistas, fuimos nuevamente a buscar la palabra de Buquebus, dándole el derecho a réplica. El monopolio otra vez se negó a dar declaraciones. 

La pluma como espada

La pluma como espada

En el Día del Periodista, editores de tres empresas de medios recuperadas del país reflexionan sobre las dificultades del oficio por fuera de lo mainstream, y celebran al periodismo como herramienta democrática.

En un antiguo edificio sobre la calle Humberto I, en el barrio de Monserrat, se reúnen alrededor de una mesa los redactores de Revista Cítrica. El semanario pertenece a una de las muchas empresas de medios recuperadas en Argentina, donde periodistas y trabajadores se organizan en cooperativas para preservar aquellos medios que son abandonados por sus dueños. Cítrica, fundado originalmente bajo el nombre de Crítica de la Argentina por el periodista Jorge Lanata, fue lanzado públicamente en el año 2008 prometiéndose como “el último diario de papel”. Dos años más tarde, el proyecto cerró sus puertas.

“Muchas personas se habían ido de redacciones donde estaban trabajando hace muchos años entusiasmadas por el nuevo proyecto, y luego quedaron en la calle”, explica Mariano Pagnucco, quien es hoy en día un miembro fundamental del semanario. En medio de más de 200 despidos, un grupo de ex trabajadores fundó la revista en agosto de 2010 con la intención de preservar la redacción. “El nombre Cítrica surgió como acrónimo de Crítica. También por el perfil informativo que iba a tener, un poco ácido y cuestionador”.

La nueva estructura del equipo les dio la libertad de apostar por una nueva agenda, menos condicionada por cuestiones políticas o económicas. “Si vos te organizásen otra forma de trabajo, eso repercute en lo que producís. Los medios comerciales se caracterizan por aquello que callan o de lo que no pueden hablar. Nosotros, por lo que decimos”. Convertirse en cooperativa significó también rotar hacia un pensamiento colectivo. Dentro de la empresa, sus miembros realizan tareas que abarcan desde redacción y corrección hasta administración de insumos y gestión del financiamiento.

Seis años después del nacimiento de Cítrica, la historia volvió a repetirse. Esta vez se trató de La Mañana de Córdoba, un diario fundado en 1997 por Julio Ramos, que había aparecido en el escenario cordobés como extensión local de Ámbito Financiero. Con el cambio de presidencia en 2015, el diario perdió parte del gran flujo de pauta que recibía por sus buenas relaciones con el gobierno. El Año Nuevo de 2016 sorprendió a los trabajadores con sueldos parciales, que se convertirían en ingresos cero para febrero y marzo. En medio de una huelga, sus dueños ofrecieron el retiro voluntario y vendieron el portal con más de 1 millón de suscriptores a una empresa norteamericana. El 9 de junio, dos días después del Día del Periodista, se dio por cerrado al diario y se prohibió el ingreso al edificio.

Ahogados en deudas personales, los ex trabajadores no pudieron pagar las muchas que tenía el periódico. Entonces organizaron una peña folklórica en el comedor universitario, y con el apoyo de algunos artistas, juntaron lo que en su momento fueron más de 3 millones de pesos. “Decidimos por votación que la mitad iba a ir para capitalizar una cooperativa que íbamos a integrar, y la otra mitad para repartir entre nosotros”, recuerda Gabriela Yalangozian, presidenta del nuevo medio, que fue bautizado como La Nueva Mañana.

Mientras el renacido periódico iniciaba su camino autogestivo, también lo hacía El Ciudadano, un diario santafesino que actualmente está tercero en Rosario por detrás de dos grandes multimedios. En 1998, la publicación original “apareció como una buena opción frente al diario La Capital. Llegó a tener una tirada similar, y cuando eso ocurrió el dueño se lo vendió a aquel diario”. Así lo vivió Silvina Tamous, actual jefa de redacción. En respuesta a la venta del medio, una vez más los trabajadores se organizaron -allá por noviembre de 2016- para no perder su voz.

Históricamente, los medios recuperados se enfrentan a dificultades simbólicas y concretas, que abarcan desde una deslegitimación por su forma de organización hasta obstáculos para acceder a información. En este sentido, el impacto del aislamiento por COVID-19 fue diverso. Por un lado, “la pandemia ha facilitado que las comunicaciones a través de los aparatos tecnológicos sean mucho más rápidas, efectivas y veraces”, dice Gabriela, y asegura que la gestión actual facilitó muchos trámites para las cooperativas.

Para Silvina, la experiencia de El Ciudadano no fue tan positiva, ya que la caída de la pauta publicitaria los puso en condiciones aún más desiguales ante los grandes polos mediáticos. “Ellos tienen el grueso de publicidad nacional, a nosotros la publicidad nos resultó sumamente dura en cuanto a pauta por parte de los tres estados. A las cooperativas les dieron un subsidio miserable. Mientras, los multimedios cobraban la mitad del sueldo, les daban la pauta… fue una situación de inequidad muy grande”.

En diálogo con ANCCOM, los entrevistados se sinceraron respecto a los cambios que hacen falta para que el rubro de cooperativas mediáticas tenga mayor competitividad. “Es necesario que nos piensen como diarios, y no como pobres cooperativas. El grueso de los grandes medios se financian con el Estado, ¿por qué los chiquitos no podemos?”, cuestiona Silvina. En la misma línea, Mariano resalta la gran deuda que tiene la democracia con una ley de Empresas Recuperadas, reforzando la falta de atención por parte del sistema estatal a la hora de asignar pauta publicitaria.“Desde ambos lados de la grieta, lo que reciben en un mes grandes grupos es quizás lo que recibe una asociación independiente en un año”, remarca. Para Gabriela, el panorama es claro. “Iniciativas hay, lo que falta es una decisión política”.

Frente a la adversidad del oficio, y en clima con el Día del Periodista, los editores concuerdan en que la decisión de hacer periodismo en cooperativas se nutre de un compromiso moral que muy lejos se encuentra de la comodidad. Hablan de una deuda social con quienes los apoyaron en sus comienzos, así como de una convicción por preservar la pluralidad de voces. “Hay mucho para contar, no siempre pasa por contar malas noticias. Pasan cosas lindas, y hay que contarlas también”, señala Gabriela.

En este día, y todos los días, redactores de cooperativas de todo el país trabajan en pos de un periodismo amplio y democrático. En la redacción de Cítrica, Mariano evalúa la motivación detrás de este trabajo: “Por fuera de lo mainstream hay un sentido amateur, en su sentido original, que es amante de. Donde hay amor por lo que se hace es donde todavía está más vivo el periodismo”. Despliega sobre la mesa ejemplares de publicaciones colaborativas con otros medios recuperados, orgulloso del recorrido colectivo. “Nosotros no competimos, en esta lucha desigual es muy difícil pelear individualmente”, explica. “Están los gigantes que tiran con cañón, y estamos nosotros que tiramos con gomera. Entonces tiramos todos juntos, para poder llegar más lejos”.

La otra mirada de Página/12

La otra mirada de Página/12

El día del 35º aniversario del diario, sus trabajadores realizaron un acto para reclamar por salarios que estén por encima de la línea de pobreza.      

 “Celebramos luchando para que decir ‘la otra mirada’ tenga sentido. Para ser consecuentes con lo que predicamos, luchamos por salarios y condiciones dignas”, bajo esta consigna, trabajadores y trabajadoras de Página/12 se congregaron hoy, a partir de las 16, en las puertas de la redacción del diario, en Venezuela 356, para exigir una inmediata recomposición salarial. La manifestación contó con un fuerte apoyo de parte de colegas  de prensa de otros medios, organizaciones gremiales, algunos movimientos sociales, la comunidad de lectores del diario y dirigentes políticos y sindicales.

La jornada de reclamos se realizó el mismo día en que el diario cumplió 35 años desde su primera publicación y se inscribe en la “Semana de lucha con paro” que impulsa el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en busca de visibilizar las múltiples formas de precarización y mejorar las condiciones laborales y salariales en la industria periodística. Por otra parte, el sindicato, nucleado en la Federación Argentina de Prensa (FATPREN) aprovechó para sumar a la lista de reclamos la necesidad de obtener la personería gremial para discutir paritarias. “Si los trabajadores y trabajadoras de prensa no estamos sentados en la paritaria, es una discusión renga”, comentó a ANCCOM Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBa.

“Si seguimos sin obtener respuesta del Grupo Octubre, la bronca va a seguir creciendo y las medidas de fuerza continuarán. El descontento ya es generalizado y se hace extensivo a las redacciones de otros medios que atraviesan situaciones igual de desastrosas. Es regla en todo el gremio que los salarios se ubiquen por debajo de la línea de pobreza. Estamos pidiendo recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos seis años”, dijo a este medio Diego Martínez, delegado gremial en Página/12.

Además, Martínez también insistió en la necesidad de suprimir la figura del “colaborador”. “Hay un ejército de compañeros precarizados que son mal llamados colaboradores. En los hechos son redactores pero para la empresa son colaboradores. ¿Qué significa eso? Que trabajan a destajo, que cobran por nota. Esto es, si les aceptan la nota que proponen y se las publican, cobran, de no ser así, no cobran. No tienen salarios. En consecuencia, decidimos crear un fondo de lucha para cubrir la necesidad de estos compañeros que quieren trabajar, dándoles la posibilidad de cobrar por trabajo realizado, y, además, porque necesitamos que adhieran a las medidas de fuerza, porque la lucha es colectiva”.

Para las 16.30, la angosta calle adoquinada del microcentro porteño fue ocupada por los manifestantes. Un grupo de ellos, al ritmo de los bombos, hacía ondear bien alto las banderas del sindicato. La larga serie de oradores y oradoras fue inaugurada por Paula “Poli” Sabatés, secretaria de Cultura y Juventud en el SiPreBa y delegada gremial en Página/12, quien sostuvo que “para que exista la otra mirada los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar en condiciones dignas, con salarios dignos, y eso hoy no está ocurriendo. Por eso estamos acá. Para celebrar luchando”.

Seguidamente, dieron su testimonio algunos integrantes de la comisión interna del diario perteneciente al Grupo Octubre. Ana Paoletti remarcó que “Pagína/12 somos sus trabajadores”. A continuación,  Martínez se hizo del micrófono y agradeció el respaldo de todas las personas presentes. Resaltó la “depreciación brutal de los salarios. El trabajo a destajo es realidad en prensa. Debemos desnaturalizar que tengamos dos o tres trabajos”. Y agregó: “Hacer nuestro trabajo bien implica acceder a nuestros derechos laborales. Además, nuestro gremio tiene una particularidad. Como trabajadores de prensa tenemos la obligación de darle voz a las demás luchas. Las empresas no dialogan puertas adentro. Lo único que conciben es la sumisión. Nosotros, como trabajadores, mal podríamos cumplir nuestra función de difundir las luchas ajenas si no nos plantamos con dignidad ante nuestros patrones. Vamos a seguir luchando hasta que no haya nadie por debajo de la línea de pobreza y a terminar con la vergonzosa precarización”.

Aplausos y el fuerte grito que clama: “Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode”. Presente en el acto, la periodista de Página/12  Adriana Meyer le afirmó a este medio que “no hay libertad de expresión posible con los trabajadores por debajo de la línea de pobreza”.

Mientras el dueto encargado de la locución hacía lectura de una extensa lista de saludos, apoyos y mensajes solidarios, la agrupación Serigrafistas Queer atravesó un hilo blanco a lo ancho de la calle para formar un tendal del que colgaron telas con el rezo “cuerpos desobedientes, producción parada”. También, el músico correntino Yacaré Manso acompañó los reclamos con su guitarra y su canto.

Otro de los oradores fue Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), quien en un efusivo discurso recalcó que “estamos acá para abrazarnos en una lucha común. Por el futuro de nuestra clase. No solo defendemos salario, defendemos la dignidad de escribir lo que vemos”. Y decretó: “El pueblo argentino necesita de una prensa libre e independiente. Somos voceros de las necesidades de nuestro pueblo”.

Por su parte, la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, dirigió un mensaje de agradecimiento a los trabajadores y las trabajadores de Página/12. “Le debemos muchísimo quienes luchamos contra la impunidad, quienes luchamos contra la represión, quienes damos esas batallas que no son mediáticas, que a los grandes medios no les interesan o que directamente los perjudica. Les debemos muchísimo a los trabajadores y trabajadoras de Página/12. Cuando desapareció Julio López ahí estuvieron para recoger nuestras denuncias, recoger esa voz.”

Ya en la etapa final del acto, Carlos Rodríguez, periodista histórico de Pagina/12 y delegado honorario, concentró sus críticas en Víctor Santa María, responsable principal del Grupo Octubre. “Desde que está Santa María en este lugar todo está peor. Hay que cambiar esta dirigencia. Hoy más que nunca tenemos que pelear”, indicó. Dondero, miembro fundador de Página/12 y líder sindical, aprovechó la ocasión para recordar y homenajear a excompañeros y excompañeras del diario: Osvaldo Soriano, Miguel Briante, Lía Levit, Rubén Levenberg, Salvador Benesdra, Marcelo Zlotogwiazda, Lilia Ferreyra, Julio Nudler e Hilda Cabrera. “Ellos nos marcaron el camino, nos dieron una responsabilidad. Dieron todo lo que pudieron en lo profesional y en lo gremial. La semilla se sembró y el único camino es estar unidos”.

Por último, Lecchi y Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, anunciaron la continuidad del plan de lucha para romper el círculo de un trabajo precarizado que desvaloriza la labor periodística. “Que se note que a los trabajadores de prensa no los callan nunca. Por lo tanto, vamos a seguir en pie de lucha en las calles defendiendo nuestras fuentes de trabajo, nuestras condiciones dignas de trabajo”, sentenció Gaudensi.