Sin trabajadores no hay ganancia

Sin trabajadores no hay ganancia

Bridgestone pagará un bono de 990.000 pesos a cada uno de sus empleados en concepto de participación de las ganancias. ¿Por qué no lo aplican otras firmas si es un derecho constitucional?

La empresa de neumáticos Bridgestone anunció la semana pasada que pagará a sus trabajadores la cuota pendiente del bono de participación de las ganancias. El monto alcanza los 990 mil pesos para cada empleado y trae nuevamente una vieja discusión sobre el derecho de los trabajadores a ser reconocidos y formar parte de los beneficios de las empresas de las que forman parte.

            “Esto nace en el 2001, cuando la empresa acusa una falsa situación económica de desventaja y se obliga a los trabajadores, con la amenaza de despido y demás, a aceptar una rebaja salarial del cuarenta por ciento, colocando este item (el de participación de los trabajadores en las ganancias) como algún tipo de paliativo a la situación que iban a vivir los trabajadores”, cuenta Alejandro Crespo, secretario general del gremio del neumático (SUTNA).

            Para que este bono se entregue, explica Crespo, la empresa debe superar una ganancia neta del 6% de la facturación total de las fábricas en forma anual. De existir un excedente, este se reparte en tres partes, una de las cuales corresponde para los cerca de 1450 trabajadores que estuvieron involucrados en el año de producción, excepto los directivos. Los 990.000 pesos adicionales son significativos en una empresa en la que el salario promedio es de $250.000, pero puede verse como una compensación por la caída en los salarios de los últimos años. “Todo esto es con los balances aprobados hechos por la misma patronal”, aclara.

            A pesar del tamaño de la suma, Crespo afirma que no es suficiente para compensar por las pérdidas que han sufrido los salarios de los trabajadores del neumático a lo largo de los años. Para el secretario general, “los trabajadores no pueden cobrar algo dependiendo de la situación de las fábricas” y el nivel de vida de las familias que marcan los salarios tiene que estar garantizado mes a mes y no esperar que en algún momento surja uno de estos pagos. Es importante recordar que esta es la sexta oportunidad en la que se entrega este bono desde 2004, cuando se pagó por primera vez, por lo que no es un ingreso que los trabajadores reciben regularmente.

            Si bien este bono no alcanza para solucionar los atrasos salariales y la flexibilización del sector que denuncia el secretario general de SUTNA, sí logra poner el foco de atención en un derecho de los trabajadores que continuamente ha sido olvidado en el país.

Constitución y reglamentación

            Claudio Gaboada, abogado laboralista y profesor de derecho del trabajo y seguridad social en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), explica que el derecho de participación de las ganancias de las empresas está explicitado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entre muchos de los derechos fundamentales básicos que defiende, el artículo proclama la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Sin embargo, este fragmento constitucional nunca fue reglamentado.

            “Es una norma programática que no ha sido reglamentada porque obviamente se pone en juego el enfrentamiento de intereses que existe entre el empresario y el mundo de los trabajadores”, dice Gaboada. La falta de una reglamentación clara explica por qué los casos donde este derecho se logra aplicar en el país son muy pocos y, en general, producto de convenios colectivos de los sindicatos con algunas empresas particulares como es el caso de Bridgestone en el rubro del neumático.

            En otros lugares del mundo, este debate también está presente. Gaboada menciona la cumbre de Lisboa de 2002, donde los países de Europa occidental discutieron los potenciales beneficios de aplicar el derecho a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. También recuerda países como Inglaterra, Japón o Estados Unidos, donde existen empresas que ofrecen voluntariamente participación de las ganancias a sus trabajadores, muchas veces a cambio de estímulos fiscales o debido al aumento de productividad que puede ocasionar esta medida. Entre los casos más determinantes, en México y Francia la participación de las ganancias es obligatoria por ley.

            Mientras tanto, en Argentina, la discusión está pendiente. El mes pasado se realizó en Mar del Plata el primer congreso bonaerense de derecho del trabajo y la participación de las ganancias de los trabajadores fue uno de los primeros temas presentados. Uno de los exponentes de ese congreso fue el senador porteño del Frente de Todos, Mariano Recalde, quién busca discutir un proyecto de ley en el Senado que garantice este derecho. Tres meses antes, el diputado nacional del Frente de Todos por San Luis, Carlos Ponce, presentó un proyecto similar.

La discusión está presente y la pregunta permanece: ¿Cuánto tiempo más se puede postergar un derecho fundamental amparado en la misma Constitución? ¿Cuánto tiempo más se puede seguir ignorando que sin los trabajadores no hay ganancia posible?

 

 

 

«Cooperativa es que no dependas de una persona»

«Cooperativa es que no dependas de una persona»

La cooperativa Kaiken Cultivo Natural en Moreno, integrada por productores de hongos que agregan valor a sus cosechas, investiga y se proyecta en el mercado de alimentos con el plan de lograr una simbiosis entre la producción de hongos y de cannabis.

Una calle de tierra da entrada a Kaiken Cultivo Natural, ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires. Ignacio “Nacho” Tirelli socio gerente de la cooperativa abre los portones dando la bienvenida a este emprendimiento de cultivo de gírgolas.

Su comienzo data en 2013, cuando Nacho, ingeniero en alimentos junto con su padre empiezan a cultivar hongos en un cuarto del fondo.  A través de un estudio de mercado “bancado” por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) se pudo llevar a cabo el proyecto. “Estaba trabajando con los productores, le propuse a mi viejo hacer una sala de cultivos de hongos modelo, en el galpón del fondo. Cultivar e invertir en hongos en ese momento era un suicidio, pero había una proyección de que esto podría surgir”, cuenta Nacho sobre el comienzo del cultivo.

Kaiken Cultivo Natural ofrece al mercado productos de alta calidad, saludables e innovadores. Integra la cooperativa ALDEA conformada en 2012 por pequeños y medianos productores de hongos comestibles y medicinales. Elegido “entre gallos y medianoche” el nombre Kaiken en la lengua quechua significa natural y pradera, haciendo eco a dos grandes pilares que recorren la idea detrás de la marca. 

Lo que comenzó como TEKOA, la marca propuesta por la cooperativa ALDEA para que varios socios produjeran con el mismo sello e ingresar así al mercado, se disolvió debido a que la mayoría de los socios ya contaba con su propia marca. “Esa misma noche, cree Kaiken Cultivo Natural porque no tenía otra forma de salir al mercado”, cuenta Tirelli sobre su propia producción de gírgolas en el jardín que las cultiva. 

En el galpón del fondo de su casa se comenzó con el cultivo de gírgolas. Al momento de decidir si el hogar que compartía con su expareja se lo dedicaría para su vivienda o para el cultivo, la respuesta fue clara. Su casa desapareció para convertirse en lo que hoy es el establecimiento de Kaiken Cultivo Natural. 

Puertas adentro, en la habitación contigua a lo que solía ser su dormitorio, se encuentra la sala de incubación, primer paso para la producción de gírgolas, donde los bloques con el micelio de paja de trigo son inoculados a 24°C durante 20 días, luego las bolsas viajan hacia la sala de fructificación. 

Una oleada de humedad recibe a los bloques inoculados en la sala de fructificación ubicada al fondo de su casa. El galpón de 70m2 que marcó el inicio de Kaiken Cultivo Natural está totalmente equipado para el desarrollo de gírgolas, compuesto por estanterías de bloques de trigo y caños de agua que sobrevuelan la sala para asegurar que el hongo permanezca a más de 80% humedad, constante riego, con 12 horas de luz y 12 de oscuridad, manteniendo un equilibrio entre ambos. La sala se mantiene entre 18°c y 20°C para que las gírgolas salgan de sus semillas, proceso que demora de 10 a 20 días.

“Yo tengo hongos todo el año por el sistema de enfriamiento en el que invertí, pero muchos pequeños productores no llegan a tener y no pueden controlar la temperatura y el hongo depende de eso. Es una inversión muy grande que a no ser que seas un capitalista o un enamorado de esto, es una inversión que difícilmente la recuperes pronto. Es una forma de vida que una vez que vos hiciste la inversión, el recupero pasa por otro canal”, cuenta el productor mientras cierra la puerta de la sala de fructificación. 

Los hongos pertenecen al reino Fungi y, por lo tanto, su tratamiento es diferente al tratamiento de una planta o vegetal. El proceso de cultivo y de cosecha se realiza enteramente de manera manual y delicada. Por semana el cultivo cosecha alrededor de 100 kilos de gírgolas. Cada bolsa que contiene el hongo dura alrededor de 2 meses teniendo entre 2 o 3 oleadas de hongos.

Una parte de la producción es destinada a su venta en fresco y se la conserva en cámara de frío donde permanecen a 2°. Otra parte, es llevada a la secadora “made in Kaiken” como la describe Nacho. La secadora “made in casa” tarda tres días en secar las gírgolas. Con la futura adquisición de una nueva secadora, más eficiente ,se lograría un aumento en la producción y reducción en los tiempos, lo que antes tardaba tres días en secar, podría ocurrir en 24 horas.  

Una parte de las gírgolas secas se envasan y las que no, se muelen, no hay desperdicio. El polvo luego puede ser utilizado para consumir en el hogar como condimentos o es comercializado para hacer suplementos dietarios. 

“En Argentina no existen máquinas para los pequeños y medianos productores, se pasa de una máquina pequeña a una industrial.  Afuera hicieron equipos chiquitos, medianos, grandes y los industriales. Industrias grandes tenemos muchas pero medianas o pequeñas no hay”, señala el productor como una de las grandes falencias que tiene argentina en su entramado económico. 

La cocina se convirtió en la sala de etiquetado y envasado de los productos secos. Allí se encuentra Roxy, con su cofia blanca, delantal azul, sellando las bolsas al ritmo de la música que transportan sus auriculares blancos. Yo lo que hago es venir a aliviarlos, vengo durante la semana y les dejo todo empaquetado y etiquetado para que preparen pedidos y se los lleven”, indica Roxy, oriunda de San Juan y madre de Cecilia quien trabaja en administración. 

Las tareas que hoy realiza un equipo de trabajo estaban a cargo de dos personas que se repartían las tareas de mantenimiento, cosecha, fructificación, envasado y entrega de productos. En la actualidad no existe un convenio laboral reglamentado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) destinado a los pequeños y medianos productores de hongos: “El compromiso que tiene Kaiken es que persona que ingresa a esta familia, forma parte de la familia. Somos un grupo de laburo que trabaja juntos. Las estructuras jurídicas que hoy existen en el marco laboral acá no existen. No somos una empresa”, comenta el productor. 

A través de INAGRO pudieron participar de la Mesa de hongos realizada durante la pandemia, en la que se pidió que las pequeñas producciones de menos 200 m2 fueran contempladas en el convenio laboral, ya que en comparación a la grandes champiñoneras que tiene una mayor producción y tecnología, los pequeños y medianos productores no podían hacer frente a los costos. El convenio realizado es especializado, divide las tareas y no contempla a los pequeños productores cuyas tareas son comunitarias. El sector se encuentra en constante disputa para poder lograr un convenio capaz de disputar los sueldos, mejoras salariales, pero desde la economía popular. 

El depósito de productos solía ser el dormitorio de Nacho. La cama, escritorio y decoraciones fueron reemplazados por estantes y cajas etiquetadas con productos que comercializan. También se leen cajas que pertenece a otras marcas, “Saros” es una de ellas: es un emprendimiento cuyo envase y etiquetamiento queda a cargo de Kaiken, que realiza trabajos para terceros para que puedan consolidar su lugar en el mercado y ampliar aún más la cadena de valores entre los productores. 

El cultivo estuvo siete años sin prosperar ya que la semilla no crecía “Tuvimos que sí o sí ir al gran productor de semilla de la argentina Gertisem.”, señala Nacho como otra de las problemáticas con las que se encuentran los pequeños y medianos emprendedores, vinculada al mantenimiento de la cepa, sin una modificación genética, con las cepas preservadas y que no haya ningún tipo de contaminación plausible. Para febrero del 2020 Kaiken Cultivo Natural estaba casi fundido.

Durante la pandemia, se realizó un cambio rotundo en la venta de sus productos, pasó de vender a restaurantes a granel a vender al consumidor final. En ese momento se consolidó el proyecto al tener un retorno suficiente.

Los hongos comestibles son los únicos que se pueden comercializar en el país y en ese grupo entran los champiñones, las gírgolas y los shiitakes, todos poseen sustancias betaglucano, utilizadas en terapias para prevención del cáncer y para favorecer el sistema inmunológico ante afecciones inmunodepresivas o autoinmunes. El reino Fungi en el Código Alimentario Argentino casi no es contemplado. El hongo no es considerado como un suplemento dietario como sí lo son la lavanda o la manzanilla. 

Kaiken Cultivo Natural y todos sus productos se basan en hongos. El futuro de la marca consiste en ampliar el cultivo con otro tipo de hongos como la melena de león o el shiitake y lograr ingresar a su producción algunas verduras orgánicas disecadas. 

Uno de sus productos de Kaiken es el kit de autocultivo de gírgolas, pensado para vivir la experiencia de producir, cosechar y consumir hongos en casa. El bloque rectangular de aproximadamente 1.250 kg de sustrato ya inoculado con el micelio da entre dos o tres oleadas. Se debe rociar con agua de tres a seis veces por día y el proceso demora aproximadamente 45 días.

Investigación, producción y expansión

El ruido de los taladros, sierras, martillazos, más el ir y venir de los obreros marcan la expansión del establecimiento: construir una planta productiva de alimentos y una planta dedicada a un laboratorio de medicina y fitoterapia. 

Nacho junto a un equipo integrado por bioquímicos y agrónomos conformaron la cooperativa de trabajo FUNGICAN.  El proyecto pretende generar una economía circular y la integración de la cadena productiva utilizando la misma generación de componentes para el desarrollo de alimentos. En el tratamiento del hongo se concentran sus propiedades. Uno de los objetivos de la cooperativa es extraer esas propiedades y colocarlas en la producción de alimentos.

En ese marco se encuentra el proyecto de producir aceite de cannabis y usarlo para producir alimentos. Este es un trabajo en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ya que se debe incluir a los biocompuestos en la lista 2 de suplementos dietarios para poder empezar a trabajar. “¿Qué problema habría si yo un aceite de canabidol (CBD- parte medicinal del cannabis) lo mezclo con chocolate? ¿Cuál es el problema de que el CBD esté en un alimento? 

Queremos democratizar el cannabis y que todos los pequeños productores hagan cannabis, pero ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que trabajar en la normativa, para bajo”, cuenta Nacho sobre el proyecto presentado al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y a los ministerios de Agricultura y de Ciencia y Tecnología de la Nación. Se quiere lograr una simbiosis entre la producción de hongos y la producción de cannabis, una vez que se cuente con la normativa legal para realizarlo. 

FUNGICAN se basa en traccionar pequeños productores tanto de plantas de cannabis como de hongos y poder agregarle valor. La cadena de valor es conformada por pequeños y medianos productores que velan por sus intereses como también por los de sus compañeros y compañeras. Los proyectos propuestos por Kaiken Cultivo Natural y por FUNGICAN buscan generar y ampliar una cadena de valor regional, ya que son proyectos regionales con expansión a la exportación y al mercado interno.

Tras un periodo de épocas malas, Kaiken Cultivo Natural pudo resurgir y establecer su lugar en el mercado. El proceso productivo, creativo y de distribución conlleva inversión, tiempo, conocimiento y dedicación, que son impresos en sus productos y en cada uno de ellos se puede encontrar la huella que deja el equipo de Kaiken Cultivo Natural. “El concepto de cooperativa es que no dependas de una persona. Creo en eso. Si el día de mañana no estoy quiero que esto siga. Es un concepto hermoso, en donde si no querés dedicarte más a esto, te retirás de la cooperativa, pero otros que quieran dedicarse podrán seguir. Es algo en lo que uno cree y quiere que trascienda”, concluye Nacho. 

Una ley que protege al medioambiente y a las relaciones laborales

Una ley que protege al medioambiente y a las relaciones laborales

La Ley de Envases con Inclusión Social, impulsada por las cooperativas de reciclado, permitiría reducir la cantidad de plástico que se produce en nuestro país y, al mismo tiempo, fortalecer a las organizaciones de cartoneros y cartoneras. Espera su tratamiento en el Congreso.

En el Centro de Reciclaje de Avellaneda se reciclan toneladas de residuos sólidos urbanos.

En Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Alrededor del 20 por ciento de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo y se consumen 1,8 millones de toneladas de productos plásticos por año, con un promedio de 42 kg por habitante.

Frente a esta realidad cobra gran relevancia el proyecto de la Ley de Envases con Inclusión Social que fue presentado en el Congreso el pasado 3 de junio. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los envases -antes y después del consumo- en todo el país con el objetivo de prevenir y reducir su impacto sobre el medio ambiente. Del mismo modo, introduce el principio de responsabilidad extendida del productor e integra de forma prioritaria en la cadena de gestión a las trabajadoras y trabajadores recicladores.

La industria del reciclado y de cooperativas encargadas del reciclado de residuos sólidos urbanos son una pata fundamental de esta iniciativa, en pos de disminuir la contaminación ambiental. En la actualidad, se estima que se recupera como máximo un 10% de los residuos generados.

 

 

Agustina Legasa, es economista, concientizadora y activista ambiental, creadora de @blondaverde. En su cuenta busca concientizar y difundir información sobre residuos, reciclaje, compostaje y diversas temáticas que abarcan la contaminación y problemáticas ambientales. “La Ley de Envases es necesaria para que las empresas incorporen el costo ambiental de los productos que insertan en el mercado, de tal manera que se reconfigure hacia nuevas estrategias con envases y empaquetado más circulares”, afirma y agrega: “Actualmente, existe un sistema informal de recolección y comercialización impulsado por los recuperadores, por lo que esta ley serviría para formalizar, potenciar un sistema de reciclaje inclusivo, financiado por quienes introducen los productos en el mercado”.

La implementación de esta ley tendría grandes beneficios como lo son potenciar la industria recicladora nacional y centrar el foco en el reciclaje de materiales, lo que llevaría a que se disminuya la cantidad de desechos y materiales, evitando así el costo ambiental y económico asociado. “Este proyecto de ley tiene objetivos ambientales, sociales y económicos con beneficios tanto para el sector privado, el público y para la economía popular. Esta ley es el camino, un paso necesario y urgente, para empezar a hablar de reciclado en serio en el país”, asegura Legasa. Adicionalmente, la norma que se debate se enfoca en formalizar el trabajo de los recuperadores que se dedican a esta actividad, desarrollando fuentes laborales en condiciones adecuadas, para que ninguno deba trabajar en un basural a cielo abierto o en otras zonas de la ciudad.

Reciclar para vivir

Recuperadores Urbanos del Oeste es una cooperativa de reciclado formada por recuperadores y recuperadoras ambientales, dedicada al procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. Sus propios protagonistas manifiestan que la tarea que realizan día tras día no es únicamente una forma de supervivencia, sino un servicio público para la Ciudad. Esta organización obtuvo como fruto del esfuerzo y el trabajo dos sedes, una en Caballito y otra en Villa Soldati. En esta última se halla el Centro Verde Varela, en el que se separa y procesa todo el material que se recicla, para que luego vuelvan a ser reinsertados dentro del circuito productivo como materia prima. El Centro Verde de Recuperadores Urbanos del Oeste recupera aproximadamente más de 60 toneladas de material reciclable de ocho barrios de la Ciudad por día.

El objetivo de los Recuperadores Urbanos del Oeste consiste en coordinar en conjunto con distintos actores de la ciudad para de esta manera colaborar en el manejo de los RSU de forma más racional y responsable. Desde la cooperativa no solo resignifican con su trabajo diario la tarea de “reciclar para vivir”, según reza su slogan, sino que también promueven el compromiso comunitario, la conciencia ambiental y la protección del ambiente. La tarea que llevan a cabo resulta muy importante en la lucha contra la contaminación, ya que si no dichos residuos terminarían en rellenos sanitarios. Las tareas están repartidas y organizadas en grupos, cada reciclador tiene asignado un recorrido fijo; y en promedio cada uno recicla por mes una tonelada de residuos sólidos. Se estima que recogen 70 kilos por bolsón.

“Es necesario que se ponga en valor la tarea que realizan millones de recicladores para que se los reconozca como el primer eslabón de la cadena medioambiental. Creemos que la acción asumida por la Cooperativa debe ser reconocida y valorizada, puesto que además de encargarse de la separación y reciclado, desarrollamos una intensa actividad ambiental, que construye conciencia y también plantamos especies autóctonas, favoreciendo el espacio que habitamos”, señala la cooperativa.

Las cooperativas, cómo la de Avellaneda, son una pata fundamental de la Ley de Envases con inclusión social. 

El compromiso de la organización no solo es en pos del reciclaje, sino que también le da una gran importancia a la formación de los recuperadores a través del plan de capacitación y profesionalización ambiental, destinado a contribuir con la formación de los recuperadores. La cooperativa tiene un rol activo en las calles, es por eso se movilizan y concurren a diversas marchas para defender su labor y exigir al Estado la protección de la industria del reciclado. Entre los reclamos se halla la protección a la industria del reciclado, ya que de ella dependen alrededor de 150 mil familias.

Es por esta razón que la ley de Envases con Inclusión Social sería un elemento necesario y de gran ayuda para las cooperativas, recicladores, y para la sociedad argentina en su conjunto. El proyecto de ley ya fue presentado en Diputados en el 2021, por lo que debe pasar por diversas Comisiones donde pueden llegar a incluirse modificaciones y luego sí se debe debatir en el recinto. Aunque, según Agustina, uno de los grandes obstáculos para que esto suceda es el lobby de las principales marcas “empaquetadoras” para evitar que el proyecto llegue a debatirse: “el año pasado vimos una gran jugada en medios, donde buscan asustar a la población con un “impuestazo”, con un impacto en precios que si leen el proyecto queda claro que no es posible que ocurra. “Hay que traer este tema a la mesa, que todas las personas sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la Ley de Envases, cuáles son sus beneficios y sus posibles impactos reales. Y hay que exigirle a nuestros legisladores que se sienten a debatirla, que queremos escuchar qué opinan también, más allá de su aprobación”.

Hay ruido en el doblaje

Hay ruido en el doblaje

El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto que llevan adelante los actores que prestan su voz a las producciones habladas en otro idioma.

Cuando uno ve una serie o una película suele pensar en el director o la dificultad de una toma, pero pocas veces repara en el esfuerzo de los actores de doblaje, quienes prestan su voz y su impronta para dar vida y personalidad a los personajes de producciones que originalmente están en otro idioma.

Los trabajadores de este sector registraron que, desde 2017 hasta la actualidad, hubo una pérdida del poder adquisitivo del 30% de sus ingresos. Es por eso que en mayo, cuando comenzaron sus paritarias, solicitaron a sus empleadores, los estudios de doblaje contratados por plataformas como Netflix y HBO, una recomposición salarial. La falta de acuerdos entre ambas partes hizo que el martes 28 de junio los actores tomaran la determinación de realizar un paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla su reclamo.

Cuarenta y ocho horas después, tuvieron que dar marcha atrás porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria solicitada por la cámara que nuclea a las empresas del rubro. En diálogo con ANCCOM, Aluminé Sanchis Zabalegui, dirigente de la rama doblaje en la Asociación Argentina de Actores, señaló: “Trabajar con actores y actrices de doblaje argentinos es más barato que con los de otros lugares y eso es parte del reclamo. No puede ser que seamos uno de los países con peor salario en esos términos”.

Esta no es la primera vez que en este oficio se realizan reclamos. El antecedente más cercano fue la necesidad de tener un convenio colectivo de trabajo propio, el cual se creó finalmente en 2017. Pese a ello, hay ciertas cuestiones que están desactualizadas porque solo contempla el trabajo presencial en los estudios. Desde el inicio de la pandemia, muchos actores realizan doblajes desde sus hogares para lo que debieron invertir en las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir su labor.

Gustavo Dardés, locutor y actor de doblaje, reconocido por ser la voz institucional del canal infantil Nickelodeon entre 2007 y 2017 e interpretar a Tommy Oliver en Power Rangers Dino Trueno, indicó que nadie trabaja exclusivamente para un estudio sino que lo hacen de forma independiente para cualquiera que requiera sus servicios. Los trabajos llegan por citación, no se generan vínculos de relación de dependencia y las jornadas laborales no son fijas porque todo depende de la serie o película que se trate.

El arte de doblar

Existen diferentes caminos para prepararse e ingresar a esta profesión. Se puede estudiar actuación, locución o ambas opciones. Esto último es lo que está haciendo Tobías Gómez, de 21 años, quien desde los 7 años es actor de comedias musicales y el año pasado empezó a estudiar locución, momento en el que se interesó por el mundo del doblaje. Así es que llegó a participar en series infantiles como Mira, la detective del reino y Puppy Dog Pals. El joven afirma que una de las características del oficio es aprender a hablar en español neutro, una práctica constante y compleja en tanto uno tiene que desarraigarse de expresiones cotidianas de su país. Y remarcó: “No es solo leer un guión, es conectar con el texto que uno está leyendo. Es interpretar y llegar al espectador”.

Para Dardés, esta industria es importante porque los niños que todavía no saben leer necesitan sí o sí el material doblado no solo de las animaciones y la música, sino además para que el contenido de los diálogos los atrape. Y también es necesario para que las personas con dificultades visuales puedan mirar sin depender de los subtítulos. Por su parte, Sanchis Zabalegui agrega: «Es un trabajo y una rama más de nuestra carrera como actores y actrices y también es importante tener la posibilidad de elegir cómo queremos escuchar nuestras películas, series o documentales».

Actualmente, la conciliación obligatoria sigue vigente, por lo que los trabajadores seguirán negociando con sus empleadores en audiencias. Esperan que la lucha se resuelva en lo inmediato para valorizar el esfuerzo y la dedicación que le ponen a la interpretación de los personajes que consumimos día a día.

Aprender a trabajar gratis

Aprender a trabajar gratis

En un marco de desinformación, improvisación y denuncias de ilegalidad, las prácticas preprofesionales obligatorias para estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires reflejan la falta de perspectiva educativa de la gestión de la ministra Acuña. Opinan un referente sindical, un abogado laboralista y quienes ya atravesaron la experiencia.

Antonella cursa quinto año en la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”. A ella y a sus compañeros, como parte del programa de prácticas laborales que dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, las asignaron al Centro Cultural Recoleta. “Nos dividieron en diferentes áreas. A nosotras nos tocó Atención al Público. Teníamos que estar en las salas cuidando las muestras, guiando a la gente, informando que no se podían tocar ni pisar las obras. Todos los días íbamos a distintos sectores, pero casi siempre para estar con los visitantes. Así estuvimos un mes y después volvimos a clase”, cuenta. “Hay áreas que se relacionan con lo que estudiamos, pero otras que no tienen nada que ver -considera-. Por ejemplo, pasamos por Infraestructura, que se encarga del mantenimiento del edificio”. Sofía, que cursa con Marianella la orientación en Comunicación del Normal 9, agrega: “Más allá de que la responsabilidad que teníamos no era muy exigente, prácticamente te mandan a laburar”.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó en abril las “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, obligatorias en el quinto año de todas secundarias de gestión estatal y privada de la ciudad, según la Resolución 3958 del 7 de diciembre del 2021, firmada por la ministra de Educación Soledad Acuña. En dos meses de vigencia, pone de manifiesto, una vez más, la enorme asimetría de poder entre, por un lado, el Ejecutivo porteño, y por otro, la comunidad educativa y los sindicatos docentes, sistemáticamente desoídos y despreciados por aquel.

Sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2010, la Ley N° 3541 define como Práctica Educativa Preprofesional al “conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes de los dos últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar (…) y cuyos contenidos y acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes cursan en sus respectivas escuelas”.

El eufemismo que le permite a la ministra Acuña eludir la ley y establecer la obligatoriedad de las prácticas es precisamente el de “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, las cuales forman parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”. Se trata de un proyecto del gobierno porteño cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia el mercado laboral y los estudios de Nivel Superior. Ahora bien, estas “Actividades de aproximación” se desarrollan en contextos reales fuera del edificio escolar y con variados formatos durante “como mínimo 120 horas cátedra anuales que estarán distribuidas entre los diversos espacios”, a saber: el sector productivo (privado o público), el de gestión de políticas públicas, el cultural/comunitario, y el de educación superior/científico-académico.

Las actividades se desarrollan en horario de clase, con diferencias según el colegio: algunos van de lunes a viernes, otros menos, pero el denominador común es que “corre la falta”. En muchos establecimientos las prácticas arrancaron súbitamente, sin información preparatoria del Ministerio. Ante la consulta sobre si ha sido enriquecedora, Marianella opina que “no es nada del otro mundo” y, al igual que Sofía, no cree haber adquirido una experiencia valiosa.

Para conocer una voz oficial acerca de las prácticas y de la resolución firmada en diciembre por la ministra Acuña -que viola la regulación-, ANCCOM trató de entrevistar al responsable de la Coordinación del Sistema Integral de Prácticas, Gonzalo Martín Straface, pero no respondió ninguna llamada. Docentes, alumnos, gremios y abogados han expresado su desacuerdo respecto a la legalidad, los modos de implementación y la improvisación que se desprende de los testimonios. “Estas prácticas no están reguladas por un marco legal-laboral que las ampare. Los estudiantes, al realizar tareas que hacen los trabajadores de esas empresas y organismos, podrían estar en una situación de flexibilización pues no reciben remuneración, no cuentan con cobertura para accidentes de trabajo y tampoco se tienen en cuenta las horas trabajadas para los aportes jubilatorios”, sostiene un abogado laboralista que prefiere no dar su nombre.

Ana, que asiste al Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón en el barrio de San Telmo, dice que las prácticas le parecen bien. Ella genera contenidos para las redes sociales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. “Son cosas interesantes, aprendemos un montón sobre otros temas, pero hay gente que está en contra, a los docentes no les gusta porque perdemos horas de clase. A muchos les están llenando la cabeza, pero yo lo tomo como una oportunidad y el año que viene me dijeron que podía dejar un currículum ahí”, señala. “En realidad nadie puede estar en contra de la vinculación de los alumnos con el mundo del trabajo y de los estudios superiores”, subraya Marcelo Parra, secretario de Educación del Nivel Medio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), pero aclara: “Hay que hacerlo bien desde dentro de la actividad escolar y no por fuera, pero así es como funciona el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, a los empujones, sin atender las necesidades que una comunidad educativa quiere expresar”.

Las quejas de los estudiantes también apuntan a que se pierden 120 horas de clase, o a que parte de un curso debe hacer la práctica laboral mientras sus compañeros avanzan en los contenidos, cuando algunos deberían abocarse a preparar las materias previas que tienen, y todo esto con posibles repercusiones en las notas. Ana brinda su balance del mes y medio que trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Es relajado. No están todo el tiempo mirando que hagas algo. Tenemos horario de descanso y el trato es bueno”, afirma. “Eso sí, tendríamos que poder elegir dónde queremos ir dependiendo de lo que queramos estudiar -remarca-, más allá de que esté más o menos relacionado con la orientación que hacemos. Y al momento de ir, tampoco nos dieron mucha información”.

Según Marcelo Parra, de UTE, la implementación de estas prácticas por parte de la ministra Acuña “está pensada en perspectiva electoral, como siempre lo hacen ellos, y no desde una perspectiva de interacción con el sistema educativo y sus verdaderas necesidades”. “No es que tomamos una posición de rechazo porque somos oposición al Gobierno de la Ciudad: ellos actúan para que nos tengamos que oponer, no nos dejan participar y hacen cosas muy distintas de cómo pensamos la escuela y el país”, concluye.

Hecha ley, falta el financiamiento

Hecha ley, falta el financiamiento

Sancionada en 2014, la Ley de Agricultura Familiar carece aún de presupuesto, entre otras cosas imprescindible para crear el banco de tierras que establece la normativa.

La Ley de Agricultura Familiar fue sancionada en diciembre del 2014 y aún no tiene presupuesto. Si bien marcó un triunfo para las organizaciones sociales y se han reglamentado muchos puntos, como el Registro Nacional de Agricultura Familiar, la falta de financiación no permite atender los ejes centrales: la creación de un banco de tierras para el sector, a través del cual el Estado organice y entregue terrenos fiscales a los productores, y los fondos para proyectos que impliquen un cambio hacia un modelo productivo sustentable. Si bien su aplicación no va a resolver los problemas de fondo, sería un paso que implica la reparación estatal frente al reclamo histórico sobre los territorios sustraídos a los pueblos originarios y campesinos.

Matías Bohl, integrante de la Federación Nacional Campesina, considera que hay una falta de decisión política para asignar el presupuesto, más allá del avance en algunos artículos. “Una Ley sin el presupuesto necesario para atender todos los puntos de la norma, es palabra muerta”, dice. Además, subraya que “nos miran pero no ven al sector de la agricultura familiar porque hay intereses muy poderosos en pugna en Argentina; hay miles que molestamos en el campo. Necesitan sacarnos de los territorios para seguir desmontando y plantando los cultivos extensivos que, si bien generan divisas, también generan hambre en millones, desarraigo y éxodo rural. Hay muchas presiones de los poderes reales para que la ley no se reglamente”.

En ese sentido, las organizaciones señalan que hay una lucha por la identidad del campo y por cómo se visibiliza al sector en los medios de comunicación. Se entiende que el único campo que existe es el que integran quienes hicieron la movilización en Capital, “El Tractorazo”, pero existe otro que es el del trabajador que produce en condiciones muy complejas y tiene otra relación con la tierra.

Marcos García, militante del Movimiento Evita e integrante del frente agrario de la UTEP, menciona que “hoy el eje central está en el acceso a la tierra. Además, necesitás recursos para pagarle a técnicos, comprar maquinaria, construir escuelas y repoblar lugares. Para nosotros, la clave es el Ministerio de la Economía Popular, para que la ley tenga sustento territorial y se preocupe de los pequeños productores”.

García agrega: “La Ley va a estar financiada mañana y, todavía, va a faltar”. Sin embargo, resulta fundamental “incluir a la ciudad en esta discusión porque es el alimento que después llega a las góndolas”, dice. La construcción de los precios de los alimentos que se consumen en las urbes tiene un incremento desde que sale de la quinta al mercado que no es percibido por el productor.

En comunicación con ANCCOM, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Gómez, señala: “Estamos avanzando hasta que se reglamente la ley. El trabajo ya está terminado y fue construido con las organizaciones a través del Consejo de Agricultura Nacional, falta que se define un monto para poder desarrollar la ley”. En dos años de gestión, la Secretaría se reconstruyó técnicamente y ahora espera el presupuesto ante la urgencia de incidir en los precios. Según Gómez, “la reglamentación también implica repensar nuestra territorialidad y la responsabilidad del Estado en desconcentrar la producción de alimentos”. En ese sentido, menciona que “esta ley presenta la posibilidad de un banco de tierras que tiene el Estado nacional bajo su órbita, promoviendo el acceso a la tierra y, después, los mercados de cercanía”.

Por otra parte, señala: “Estamos trabajando con varios ministerios para poder abordar integralmente las problemáticas del sector a partir de diferentes ejes. Tenemos que pensar nuevos paradigmas productivos que tengan proyección a largo plazo y esto implica reconocer la potencialidad tanto de la agricultura familiar como la pesca artesanal, para garantizar una vida digna a las futuras generaciones”. Y por último consideró que “el proceso productivo tiene que recuperar los saberes ancestrales de los modos de producción en confluencia con los saberes de la ciencia. El nuevo paradigma productivo tenemos que construirlo con lo que tenemos”.

Martín Simón, Coordinador General de Fundapaz, considera que la ley fue abordada de manera integral, pero al tratar sólo el acceso a tierras fiscales, se ignoran los problemas que hay con los poseedores. En este sentido, indica que “en caso de llegar el caso a juicio, el juez toma una decisión y podría darle toda la tierra al poseedor, darle todo al titular dominial o cualquier situación intermedia. Ocurre que los jueces desconocen bastante esta materia y el peso del título como prueba es muy potente. Frente al título, los poseedores entregan documentos que demuestren que están en la tierra desde hace 20 años de forma pacífica. Es decir que el juez tiene de un lado el título y del otro los documentos probatorios de posesión. Y debe dictaminar. No es raro que lo haga a favor del titular dominial, dejando a los campesinos sin nada”.

El seguimiento de las organizaciones sobre la ley es constante porque, una vez que cuente con los fondos, se tendrá que aplicar como corresponde. Simón remarcó que nadie pide que se regale plata, sino que a través de los proyectos presentados por aquellas puedan desarrollarse iniciativas de acceso a la tierra, el agua y la producción sustentable. “Queremos llegar a la reglamentación y que el 70% de la plata vaya para las organizaciones campesinas e indígenas”, señala, y agrega: “Mientras que el 30% pueda quedar dentro de la estructura técnica de la Secretaría. Si esto ocurriera, las organizaciones se beneficiarían”.