En el segundo juicio por la desaparición, en 2011, de Daniel Solano en Río Negro, dos policías imputados recibieron el beneficio de la duda y un tercero fue declarado culpable por vejámenes. En el primer juicio siete miembros de la fuerza habían sido condenados a perpetua.

El Tribunal de Juicio de General Roca dictó el veredicto en el segundo juicio por la desaparición seguida de muerte de Daniel Solano, el joven salteño visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, Río Negro.

En su fallo, los jueces Alejandro Pellizzon, Maximiliano Camarda y Natalia González absolvieron a los policías Ceferino Muñoz y Cristian Toledo de los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. El tribunal señaló que las acusaciones fiscales se basaron en “suposiciones carentes de sustrato probatorio”, por lo que aplicó el principio de beneficio de la duda. Mientras que Walter Etchegaray, quien enfrentaba cargos como partícipe necesario de homicidio agravado, fue absuelto de esa grave acusación, aunque resultó condenado por el delito de vejaciones.

Esta sentencia cierra un nuevo capítulo de una historia marcada por la violencia institucional y la explotación laboral, pero mantiene abierta la herida principal: el cuerpo de Daniel Solano sigue sin aparecer.

La noche en que se llevaron a un trabajador

Daniel Solano era un joven guaraní de Tartagal, Salta, que en octubre de 2011 viajó al Valle Medio de Río Negro como tantos otros trabajadores “golondrinas” para trabajar en la temporada de raleo y cosecha de manzana a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha que prestaba servicios para la multinacional Expofrut. 

La madrugada del 5 de noviembre de 2011, Solano se encontraba en el local bailable Macuba, en Choele Choel. Tras un disturbio menor y en visible estado de ebriedad, fue expulsado del lugar por la fuerza. Los tres policías juzgados en esta segunda instancia se encontraban haciendo horas “adicionales” en el lugar.

Según la reconstrucción de los hechos, el oficial Walter Etchegaray lo sacó del lugar por la fuerza, empujándolo por unas escaleras y golpeándolo. Afuera, Ceferino Muñoz y Cristian Toledo colaboraron en su traslado hasta un patrullero. En ese vehículo lo esperaban los agentes Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello. Los tres fueron condenados en el primer juicio en 2018 a prisión e inhabilitación perpetua por el delito de desaparición forzada de persona. Esa noche, Solano nunca llegó a la comisaría. Fue la última vez que se lo vio con vida.

La causa investigó la detención ilegal, desaparición forzada y homicidio, involucrando a policías provinciales y apuntando además a una trama de explotación laboral y encubrimiento.

Un juicio en dos actos

La complejidad de la investigación llevó a que el proceso judicial se dividiera. En un primer juicio, finalizado en 2018, fueron juzgados y condenados a prisión perpetua siete policías por el homicidio agravado del joven tartagalense. Entre los cuales estaban los tres anteriormente mencionados –Albarrán Cárcamo, Quidel y Cuello–, Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera y Héctor César Martínez, que además fue absuelto por el beneficio de la duda de cargos adicionales de “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”.

La Corte Suprema confirmó las siete condenas en marzo de 2023. Aún así, la búsqueda del cuerpo nunca arrojó resultados y la causa volvió a llevar a juicios por la participación de otros agentes en una nueva instancia.

En diálogo con ANCCOM, Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, contó que “en junio de 2012, cuando son detenidos los siete policías, no puedo probar de qué manera se gesta un pacto de encubrimiento, impunidad y silencio que subsiste hasta ahora, en el que nadie dijo dónde está el cuerpo de Daniel Solano”. A criterio del abogado, el Estado provincial rionegrino, a través de su fiscal y distintos funcionarios “trató de encorsetar el caso en siete policías que estaban aburridos y no sabían si jugar al truco, hacer un asado o si hacer desaparecer un trabajador salteño”.

Sin embargo, Muñoz, Toledo y Etchegaray no fueron juzgados en ese debate. Por “razones técnicas y procesales”, su situación se desdobló del expediente principal. Desde un inicio, la querella y la familia de Solano, reclamaron que se los juzgara en el mismo juicio porque los testimonios y pruebas ya los involucraban, y consideraron que separarlos fue un modo de dilatar responsabilidades y garantizarles ventajas procesales. El argumento formal fue que no estaban en condiciones de ser llevados a juicio en ese momento, una decisión que en la práctica les evitó la condena de 2018.

Finalmente, la cantidad de pruebas directas y testimoniales que señalaban a estos tres policías como parte del operativo de retiro de Solano del boliche Macuba y su posterior entrega a los otros policías condenados en 2018, forzaron la apertura de un nuevo debate oral, caratulado como Daniel Solano II, para juzgar su responsabilidad específica.

“Hay 22 causas conexas con la de Daniel Solano”, comentó Aparicio y agregó que “para nosotros estos tres policías tendrían que estar presos desde un principio por desaparición forzada”. La causa termina siendo desdoblada en esta instancia porque, a pedido de la defensora oficial, se pidió esperar a que esté firme el fallo del primer juicio. “Una vez que está ese fallo, entendemos que las causas están relacionadas y no puede ser que lo que pasó en el primer juicio, no pase para este”, dijo y comentó que “ese es el error que advertimos en esta sentencia, que va a ser impugnada por nuestra parte”. 

La raíz del crimen

Este caso está íntimamente ligado al circuito de contratación de mano de obra “golondrina”, jornaleros estacionales que migran de una región a otra para trabajar en la cosecha de frutas, verduras u otros productos agrícolas. La empresa tercerizadora que reclutó a Solano, le retenía parte de los salarios a los trabajadores y ejercía control sobre ellos de esa forma. La querella sostuvo que la labor activa de Solano en la protesta por esos pagos fue el móvil de la desaparición forzada y posterior homicidio del salteño.

Esto fue investigado por los abogados que han aportado peritos contables y varios testimonios de obreros norteños. Inclusive, algunos de ellos tuvieron que recurrir a su ayuda para poder huir de la situación de peligro que implicó su testimonio contra la policía y el poder económico de esas empresas. Algunos compañeros de Solano afirmaron que él detectó un faltante entre el recibo de sueldo y lo que realmente le pagaron, por lo que propuso a sus compañeros el día de cobro –el 4 de noviembre, un día antes de su desaparición– realizar una manifestación para reclamar el pago de la totalidad que le correspondía. Esto sustenta la hipótesis central de la querella: que no fue a raíz de una situación en el boliche que lo sacan y entregan a un grupo de policías, sino que habría sido un plan previamente organizado por las empresas como una medida de presión que, eventualmente, pudo haber escapado de su control.

“En este juicio eso no se trató porque el objeto procesal es otro”, declaró Aparicio y aclaró que “está denunciado en la justicia provincial, ante el fiscal Daniel Zornitta, que fue famoso porque en el Día de la Mujer posteó que ahora podían lavar, cocinar y planchar y que por esa causa lo sancionaron, pero no le dijeron nada por la causa de la estafa que está acreditada en la Secretaría de Trabajo de Río Negro”. Además comentó que también está denunciada la trata de personas en la Justicia Federal de General Roca “que no tiene ningún tipo de movimiento” y las desapariciones de otros trabajadores golondrinas.

“Nosotros entendemos que están dadas todas las circunstancias para que se tramiten en la provincia de Salta, porque entendemos que la trata comienza ahí, que es donde captan a los chicos y les prometen sueldos que no cumplen y condiciones dignas que no se dan”, comentó.

El encubrimiento posterior fue inmediato y profundo. Durante el primer mes y medio, la investigación estuvo a cargo del comisario Héctor Martínez —hoy condenado a prisión perpetua—, lo que significó que las primeras pericias quedaron en manos de uno de los propios policías involucrados en el homicidio y la desaparición.

En paralelo, la familia de Solano fue representada inicialmente por una abogada designada por la empresa Agrocosecha, la misma letrada que también asesoraba a la Secretaría de Trabajo. Ese organismo tenía la responsabilidad de relevar y denunciar las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban los obreros, situación que, según denuncian, aún persiste.

Las investigaciones y denuncias públicas también mencionaron connivencia, encubrimientos y fallas institucionales alrededor de este contexto social; incluyendo recusaciones de magistrados y sospechas sobre maniobras para dilatar la causa, que dificultaron y demoraron la resolución.

La lucha de la familia y de organizaciones de derechos humanos y sindicatos fue central para mantener el caso en la agenda pública y conseguir avances judiciales. Se hicieron campañas, documentales y pedidos de comisiones para revisar la investigación.

El padre del desaparecido, Gualberto Solano, fue una de las principales figuras en el activismo en pos de la verdad y la justicia por su hijo. Era un hombre humilde, de origen guaraní. Apenas supo de la desaparición de su hijo, viajó a Río Negro y se instaló allí durante años. Sostuvo durante más de cinco años un acampe frente a los tribunales de Choele Choel, donde visibilizó el caso de su hijo y de otros muchos obreros víctimas de la trata y explotación laboral en la zona.

En abril de 2018, mientras seguía esperando justicia, falleció en un hospital de Neuquén por problemas de salud. Murió antes de ver la sentencia contra los siete policías, que se dictó en agosto de ese mismo año. Su figura quedó en la memoria colectiva como la de un padre que entregó su vida buscando justicia para su hijo.

 Esta causa se convirtió en un caso paradigmático en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Allí quedó expuesto un modus operandi sistemático de encubrimiento, en el que intervienen la Policía, el Poder Judicial y el poder político. A diferencia de otros procesos, la investigación avanzó por fuera de esa corporación de intereses. Así se logró acceder a la verdad y obtener condenas firmes. 

“Vamos a plantear la desaparición forzada en Salta porque ahí es donde empezó la trata”, declaró Aparicio. “Soy un agradecido en nombre de la familia de Daniel Solano y quiero que sepan que no vamos a claudicar hasta que aparezca su cuerpo ni vamos a dejar de pedir justicia”.

Lo paradójico es que, aun con siete condenas firmes y una verdad judicial establecida, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. Catorce años después, el cuerpo de Daniel Solano continúa desaparecido.