Angustia, ansiedad y desesperanza de los inquilinos

Angustia, ansiedad y desesperanza de los inquilinos

Una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados describe qué sienten quienes alquilan. Con la desregulación, más del 80 por ciento de los contratos se realiza por menos de un año y el gasto de alquilar ya representa más de un 30 por ciento de los ingresos.

Una de las primeras medidas que tomó la administración del presidente Javier Milei apenas asumió fue el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia que consiste en una serie de desregulaciones económicas. En el paquete de leyes que se derogan está incluida la Ley de Alquileres 27.551 considerada por el gobierno, tal como se lee en el Boletín Oficial, como “una herencia nefasta”. Ahora los plazos de los contratos pueden acordarse entre las partes sin límites legales, en cualquier moneda, pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados, determinar cada cuánto se actualizará el contrato y eliminando la necesidad de inscribir el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Publicos.

Diego Frangella, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires comentó a ANCCOM: “Desde la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente. Es justamente el sector más favorecido en cuanto a resultados”. Quien conduce el CUCICBA agrega que la desregulación hizo que muchos propietarios vuelvan a volcar sus viviendas al mercado y eso “también favorece a los inquilinos al tener más opciones”. Desde algunas inmobiliarias hablaban de un aumento del 9% en departamentos ofrecidos en alquiler respecto del año anterior.

La Federación de Inquilinos no parece muy de acuerdo con que la desregulación los beneficie y como respuesta realizó un extenso informe titulado “Alquilar en la era de Milei”, una encuesta con el objetivo de conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran quienes alquilan a partir del marco de desregulación vigente. Algunos de los puntos más relevantes indican que más del 51 por ciento de los contratos firmados ahora tiene menos de un año de duración y el 81,3 por ciento tiene actualización cada menos de seis meses: solo estas dos variables dejan al inquilino con gran dificultad para planificar el futuro.

Según el informe hasta enero 2024 más del 30 por ciento de los ingresos de quienes fueron consultados se destinan a pagar alquiler más expensas, sin contar impuestos o tarifa de servicios públicos. Este porcentaje que, todo indica, empeorará en los próximos meses debido a que la mayoría se ajusta por inflación y todo indica que la política del gobierno es licuar los salarios. Además, esa proporción ya está al límite de lo recomendado para tener cierta seguridad financiera. También hablan de sentimientos generados por las condiciones entre los inquilinos: angustia, ansiedad, desesperanza. Por último, resaltan que el 94 por ciento cree que este año será peor que el anterior y que el 53 por ciento tiene deudas de algún tipo.

¿A cuánto alquilo?

La plataforma ¿A cuanto alquilo? es una iniciativa de Ignacio Alvarez, arquitecto en economía urbana y programador, para consultar precios reales de alquileres en Argentina. “La plataforma emula tocarle el timbre a un vecino y preguntarle: “¿Cuánto estás pagando de alquiler?́” Es algo que estábamos viendo que sucedía mucho en este último tiempo entre grupos de amigos, familiares, etc.”. Tiene como objetivo proporcionar precios de referencia por zona a inquilinos y propietarios. Estos precios son por los que la gente está alquilando. Es simple de utilizar: se indica una dirección y altura para que la app busque precios y promedios en un radio de dos kilómetros.

Según datos informados de esta plataforma en promedio general un dos ambientes en Ciudad de Buenos Aires se está pagando 182.229 pesos y un monoambiente 151.495 pesos. Además haciendo la comparación por lo que paga un porteño por un departamento de dos ambientes, en el interior del país puede alquilar una casa.

Asimetría de poder

El hecho concreto es que los nuevos contratos rigen bajo los parámetros del Código Civil y Comercial de la Nación que en su Artículo 1187 establece que «hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero».

Si bien es cierto que puede darse un aumento de la oferta de viviendas producto de las mayores “libertades” para establecer acuerdos, son los propietarios quienes tienen las de ganar a la hora de imponer condiciones a los futuros inquilinos, por el simple motivo de ser ellos los dueños de los objetos de deseo. De esta manera, quienes no tienen otra opción que recurrir al alquiler de una vivienda se ven sometidos a negociar sin legislación que les brinde protección y exclusivamente bajo los parámetros del mercado.

Hay una idea imperante de que el Estado no debe inmiscuirse en un mercado que se maneja libre “entre privados” como si estos tuvieran “igual poder de negociación”. La derogación de la Ley 27.551 genera una asimetría de poder entre quienes tienen un bien y quienes necesitan imperiosamente acceder al uso de ese bien. Todo esto va en sintonía con una visión económica excluyente de los más débiles y en favor de los grupos concentrados como la contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El ómnibus también atropella a las semillas

El ómnibus también atropella a las semillas

El proyecto de ley enviado por Javier Milei al Congreso también avanza sobre las normas que regulan los usos de las semillas. Perjudica a quienes cultivan para uso propio y a quienes realizan investigaciones genéticas.

En nuestro país el mercado hegemónico de semillas se encuentra concentrado en empresas como Don Mario, Syngenta, Bayer, Monsanto, Bioceres entre otras. Estas firmas, a su vez, controlan la innovación y reproducción de la semilla. En paralelo, de forma regional y más dispersa, existen los sistemas agroecológicos que se manejan con cultivos más diversos e intercambios de semillas.

Dentro de la Ley Ómnibus está contemplado aplicar a UPOV 91, una disposición internacional que viene resistiéndose desde el Mercosur y que impactaría en el desarrollo de semillas para los productores agrícolas, sobre todo en lo conocido como “uso propio”: es decir, que estos, luego de la cosecha, pueden utilizar la descendencia de semillas compradas que tienen protección y propiedad para utilizar en su campo sin que esto implique el pago de regalías extendidas al ente vendedor. Sería el derecho de los productores a controlar su propia semilla. El tema tiene su complejidad y vale la pena hacer un repaso histórico de cómo se manejan las semillas que están en la base de la economía argentina.

Un poco de historia

Desde 1930, Argentina regulaba por medio de créditos, precios mínimos o subsidios la relación entre grandes y medianos productores con campesinos ligados a los complejos agroindustriales, aquellos que encadenan la producción primaria con industrialización para mercado interno y externo. En paralelo, desde 1973 rige en el país la Ley Nacional de Semillas con el objeto de “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas”.

En 1991, con el decreto 2284/91, esta defensa general a la pequeña producción se quebró por la eliminación de organismos reguladores. Diego Domínguez, investigador del CONICET y profesor en Estudios Rurales y Ecología Política (UBA), denuncia que esto significó la “desaparición de casi 100.000 productores”. Para el especialista: “Bajo mediación estatal, el control de la semilla registraba cierta democratización y los productores compartían conocimiento e innovaciones genéticas. En los años 90 se quiebran industrias regionales y se desarticula la participación de los pequeños campesinos y familiares en las cadenas de valor”.

“Hoy el Estado lo que hace es coaccionar la circulación de ese material genético”, en el que tienen permiso “las semillas con trazabilidad corporativa mientras aquella con trazabilidad local y certificaciones de tipo social, no”. Esto, en paralelo al control monopólico del mercado y del desarrollo tecnológico, termina empujando a los productores que, “para garantizar ciertos rindes y costos, deben caer en el paquete tecnológico y semillas digitadas por este andamiaje empresarial” ya que se les exige determinados comprobantes y requisitos. Así los productores abandonan “la reproducción propia de semilla e incorporan semillas producidas por otros”.

Desde 2003, hay debates en torno a la reforma de estas leyes y para el 2012, en el marco de la CONASE (Comisión Nacional de Semillas) se realizaron negociaciones con participación de organismos públicos como el INTA, el Ministerio de Agricultura, y el INASE, entre otros, pero sin considerar otros actores de las semillas como las organizaciones campesinas indígenas o grupos de la agricultura familiar.

Juan O’Farrell, coordinador del área de Recursos Naturales de la organización Fundar, afirma que es necesaria una modificación, pero que su debate se encuentra frenado “a nivel político y entre los actores privados” y que “incluir la adhesión a UPOV 91 es una forma que proponen algunos de resolver esa falta de acuerdos. Es un atajo”. El especialista también advirtió sobre las consecuencias sobre la gestión de la semillas previstas en la Ley Ómnibus.

Marcos legales y UPOV 91

Desde la década del 60 existe la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), un organismo con sede en Ginebra en donde, mediante diferentes convenciones, se establecieron distintos tipos de protección a la producción de semillas. El país tiene adhesión internacional a la UPOV de 1978, cuya disposición protege a los obtentores pero también al uso propio y al fitomejoramiento, en el cual una semilla protegida por derechos de propiedad puede ser usada para fines de experimentación e investigación.

A la vez, en la Argentina, los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetalesse ejercen mediante los derechos del obtentor, contemplados en la Ley de Semillas del 73, que le otorga dicha propiedad sobre una semilla a la persona que la registra a su nombre y es de quien se requiere autorización para utilizarla con fines comerciales. Sobre esta ley pesa una discusión que lleva años y en caso de que se adhiera a la UPOV 91 se ampliaría el derecho de obtentores, pero se perderían dos derechos que ella asegura. Uno es el mencionado fitomejoramiento, que con UPOV 91 se crea la figura de “variedades esencialmente derivadas”, que requiere que el fitomejorador solicite autorización al que la registró.

O’Farrell explica: “Esa autorización es problemática porque no está claro y es muy difícil definir, qué es una variedad esencialmente derivada”. Y complementa que esta no-definición puede generar miedo en los fitomejoradores al punto de “no impulsar ciertas agenda con el desarrollo por temor a ser perseguidos legalmente por otras empresas”. El otro es la excepción del uso propio de los agricultores que cuya limitación los obligaría a comprar más insumos de semillas, dolarizadas, encareciendo los costos de producción e impactando en el precio de los alimentos.

La Federación Rural para la Producción y el Arraigo es una organización que nuclea más de 30.000 productores agropecuarios de “sectores históricamente postergados de la ruralidad argentina” como arrendatarios o pequeños y pequeñas productores agrícolas y ganaderos, trabajadores sin tierra, cooperativistas, pueblos originarios, entre otros. Según hicieron saber desde allí, los debates instalados desde hace 21 años para la modificación de la  ley “se tradujeron en tentativas de adherir a la UPOV 91” para que esta sea “adaptada al nuevo marco internacional”. Los anteproyectos que circularon impactaban “en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas”.

Una especialista en semillas de la Federación explica: “Siempre que hablamos de leyes, políticas, acuerdos que implican avanzar en el control sobre las semillas, estamos hablando de un control sobre los alimentos. La discusión de las semillas es una discusión de soberanía alimentaria” y continúa con que “hace mucho tiempo se vienen intentando distintas estrategias para acotar el uso propio”.

Según O’Farrell, muchos analistas consideran a la UPOV 91 como un régimen similar al de patentes y que estos promueven la innovación, pero es un debate aún sin saldar y sin “evidencia clara” de que esa innovación suceda. “Lo que es necesario es tener un debate integral. No estamos hablando solamente de propiedad intelectual y de innovación, sino de cómo estas normas afectan el modelo de producción agrícola en los países donde se aplican.

Este debate hoy está ausente porque se está tratando a las apuradas”, completa. En cuanto a diferencias de protección, cualquier persona que desarrolle una semilla, ya sea un investigador, científico, entidades públicas o privadas, al registrarla a su nombre en el Registro Nacional de Cultivares (RNC), pasa a ser un obtentor. Tanto el derecho de éste, como con una patente, son propiedades intelectuales; la diferencia radica en que mientras el primero se creó para regular la propiedad de las semillas, la segunda tiene un carácter más genérico y aplicable a desarrollos industriales. Esto implicaría que se avale la posibilidad de patentar genes y así que se patente el «evento (semilla) transgénico».

Ambiente, comunidades y desarrollo

El Artículo 241 se inscribe en una larga trayectoria de derechos de propiedad sobre distintas formas de vida: desde la tierra hasta la información genética, pasando por las semillas, ecosistemas, microorganismos. Domínguez asevera: “La semilla, desde la invención de la agricultura hace más de 10.000 años, viene siendo conservada y cuidada por comunidades. Es parte del acervo cultural de los pueblos. Nadie cobró por innovaciones tecnológicas y se vienen haciendo modificaciones en estos diez mil años. ¿Con qué derecho un puñado de empresas, por haber hecho en el último tramo una serie de ‘innovaciones’ se consideran con derecho a patentarlas?”.

“Hay un déficit en la protección que ofrece el marco normativo argentino. Hay cosas que se pueden hacer para darle a los obtentores y a las empresas de semillas más garantías, incentivos a que innoven e inviertan, sin ir hacia un régimen tan restrictivo como el UPOV 91. Sobre todo fiscalizar y evitar lo que se conoce como la bolsa blanca, que es un mercado ilegal de semillas sobre todo en soja y trigo”, explica O’Farrell.

Según el especialista, ese mercado ilegal es “una de las razones por las cuales muchas de las empresas de semillas, que participan de esos mercados, tengan problemas de financiamiento para invertir en I+D”. O’Farrell cree que la producción de semillas en Argentina debería ser considerada como un sector estratégico, por un lado “para aumentar la productividad de la agricultura” y por otro porque “es un sector que demanda cada vez más biotecnología, que genera todo otro tipo de efectos dinámicos sobre la estructura productiva”.

Desde una mirada puesta en el desarrollo, es fundamental promover una estructura diversificada que proteja y consolide al sector de las semillas, que son, al fin y al cabo, el origen de toda soberanía sobre los alimentos, elemento básico para la vida.

Los peces de Chascomús toman anticonceptivos femeninos

Los peces de Chascomús toman anticonceptivos femeninos

Investigadores argentinos detectaron en esa laguna altos niveles de hormonas naturales y sintéticas que impactan en cambios de género de algunas especies de peces.

«Peces transgénero por culpa de los químicos que tiramos por el inodoro”, «Los peces se ‘beben’ los anticonceptivos humanos», “Peces transgénero: el increíble efecto colateral de los anticonceptivos”. Así, con titulares catástrofe, ilustraron distintos artículos periodísticos el hallazgo de altos niveles de hormonas naturales y sintéticas en cuerpos de agua, los cuales impactan, potencialmente, en la sexualidad de los peces que las habitan. Este fenómeno cobró importancia mediática como consecuencia del tratamiento que medios nacionales hicieron respecto de distintos estudios científicos llevados adelante en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en ¨Las encadenadas¨, el sistema de lagunas conexas, entre las cuales se destaca por su extensión la Laguna de Chascomús. El trabajo de especialistas registró casos de esterilización e inversión del sexo de especies nativas como el pejerrey y la madrecita de agua.

Según Leandro Miranda, director del Laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura del Instituto Tecnológico, son numerosas las coberturas mediáticas sobre la  temática que predisponen a una lectura apocalíptica y simplista. «La palabra contaminación es muy dramática, y el hecho de que haya un contaminante no significa que la laguna esté contaminada. Hay que conocer cuál es la problemática, qué es una laguna, qué peces la habitan, y también cuáles son los ciclos que atraviesa un ecosistema”, afirma el especialista en estresores ambientales y antropogénicos. De acuerdo al biólogo, en la divulgación mediática de estos fenómenos suele quedar ignorado, además, el sustrato biológico específico que hace que, entre los peces, desde su origen, la plasticidad sexual sea la regla y no la excepción: “Naturalmente un pez se puede feminizar o masculinizar. No es una aberración de la naturaleza”. 

El estudio y el impacto

 Un estudio publicado en la revista Science of The Total Environment en 2020 detectó siete hormonas eyectadas por humanos en distintos puntos del Arroyo Girado, que desemboca en la Laguna de Chascomús, donde se  ubica la salida del desagüe de los líquidos cloacales provenientes de la ciudad bonaerense. En el trabajo científico trabajaron la doctora en Biotecnología Anelisa González, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), y Gustavo Somoza, director del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), junto con expertos del Centro de Investigaciones del Medioambiente y la estadounidense Universidad de Florida. Según el informe, una de las hormonas encontrada en el agua es la sintética etinilestradiol o EE2, estrógeno utilizado en la elaboración de las pastillas anticonceptivas, que se hallaba más concentrada en las inmediaciones del desagüe cloacal. Las moléculas residuales del consumo de este químico se liberan por la orina y se mantienen metabólicamente activas luego de haber dejado el cuerpo de la mujer.

 Los investigadores advierten que, dependiendo de las fases hidrológicas, que afectan sobre el volumen de agua en la cuenca, y del grado de eficiencia del tratamiento de los efluentes, la presencia de este componente puede producir desequilibrios en la endocrinología de distintas especies de peces, afectando sus caracteres sexuales y, en consecuencia, su reproducción. Miranda contextualiza el escenario: “Un estudio es una foto, y no una película. Con una laguna seca, las concentraciones de muchas sustancias sufren un desbalance y todo el ecosistema siente el impacto. Cuando la laguna está alta, en cambio, es mucho más difícil saturarla de contaminantes”. En resumen, el potencial que un ecosistema tiene para procesar y neutralizar distintas sustancias es relativo, y esto debe ser considerado a la hora de evaluar su impacto sobre un determinado hábitat.

Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de evaluar el estado del ecosistema es la calidad del tratamiento de los efluentes provenientes de los distintos poblados. Miranda afirma que el crecimiento poblacional y turístico de Chascomús desbordó la capacidad de procesamiento de la planta cloacal, de manera que se vuelve necesario reformarla. Si bien hay proyectos que apuntan en esta dirección, no hay novedades en ese frente. Por otra parte, un monitoreo mensual de las aguas permitiría obtener un panorama más completo de los distintos momentos que atraviesa el ecosistema, y registrar posibles desequilibrios en el mismo, para actuar en consecuencia. En la actualidad, los municipios implicados no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacer frente a estas políticas. 

El estudio publicado en Science advierte también sobre otra consecuencia que puede implicar el desbalance en el ecosistema: la madrecita de agua, una de las tantas especies nativas afectadas por el contacto con las hormonas, cumple un rol fundamental en el control de la reproducción de mosquitos. Un cambio significativo en esta población de peces podría llevar a un mayor auge en la propagación de enfermedades como el dengue, que ha que han generado crisis sanitarias en la Argentina. 

 

¿Qué pasa en el mundo?

“Los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos fueron los primeros sitios del planeta en los que se detectó el químico etinilestradiol a partir de estudios realizados entre 1980 y 1990”, sostiene Miranda. “En la actualidad, esta problemática está extendida alrededor del globo. Los ríos Támesis y Rin son dos de los puntos en los que se encontró mayor carga de desechos de pastillas anticonceptivas”.

Según la Asociación Toxicológica Argentina, se han encontrado peces masculinos feminizados en todos los continentes, excepto en la Antártida. Charles Tyler, fisiólogo y ecotoxicólogo inglés, realizó junto a su equipo de la Universidad de Exeter un estudio de distintas especies de agua dulce en el Reino Unido que constató más efectos: las hormonas no sólo afectan su sexualidad, también pueden incidir en la forma en que se comportan, su sistema inmunológico y desarrollo óseo. Además de los ingredientes de la pastilla anticonceptiva, identificaron otros desencadenantes de los desequilibrios, como son distintos químicos presentes en productos de limpieza, plásticos y cosméticos.

En algunos países se han tomado medidas para paliar el asunto, como en los casos de la descontaminación de ríos como el Támesis (Inglaterra) y el Sena (Francia) mediante la inversión en tratamientos con radiación ultravioleta (UV) y ozono, entre otros. Por otro lado, en enero de 2023, la Comisión Europea ratificó su intención de continuar regulando la problemática de la elevada presencia de estrógenos en efluentes bajo la Directiva Marco del Agua, ya vigente desde el 2006, norma que tiene como objetivo la protección de las aguas continentales europeas. Según la revista científica Nature, el costo de la instalación de un sistema de filtros de carbono para la absorción de estrógeno residual de una población de 250.000 habitantes se cotiza en 8 millones de euros, mientras que el servicio y la manutención anual se situaría en los 800 mil euros. La publicación británica plantea que la puesta en marcha de un proyecto así está ligada a un dilema sin resolver: ¿La población mundial está dispuesta a absorber los costos que estos procesos conllevan, en pos de cuidar el medio ambiente?

¿Hacia un futuro sostenible?

De acuerdo con los especialistas consultados, hay una serie de medidas y políticas públicas que, de implementarse, llevarían a una mejora de la situación actual de los ecosistemas, así como a una mayor concientización ambiental, con el objetivo de evitar la persistencia de este tipo de problemáticas en el futuro. Hacen hincapié especialmente en la puesta en marcha de planes de educación para el cuidado del medioambiente, para que la población tenga más herramientas y conocimiento sobre la temática. Esto permitiría que haya un cambio a nivel social, en cuanto a las prácticas y conductas que conciernen a la protección de la biósfera. “Si la cabeza de la población cambia, después ella misma les exige a las autoridades lo que hace falta para sostener las mejoras y los cambios”, enfatizó Miranda.

Ricardo Miccino, director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Chascomús, indica: “Se ha industrializado todo tanto y los consumos están tan individualizados que terminamos con estos impactos en los sistemas de depuración de aguas residuales”. Frente a esto, insiste en la capacidad transformadora de la conciencia ambiental, a través de buenas prácticas como el compostaje y el reciclado. Sin embargo, plantea que hay cuestiones que incumben directamente al Estado: “Esto no se revierte hasta que no haya un cambio en el modelo productivo que tenga en cuenta a la naturaleza y a las personas. O sea, ampliar el espectro para decir que es una cuestión ambiental, pero también económica y social”.

Los especialistas coinciden en que, a nivel infraestructural, es preciso aumentar la capacidad depuradora de las plantas potabilizadoras, para que éstas guarden relación con el crecimiento poblacional de las distintas localidades, a la vez que son necesarias modificaciones en el proceso mediante el cual los residuos son desechados en los cuerpos de agua. Para esto, podrían implementarse humedales artificiales compuestos de plantas acuáticas que filtren de manera natural los metales pesados, purificando el agua antes de que esta sea vertida, finalmente, en grandes masas de agua, en un proceso alternativo a los que utilizan carbón activado, ozono y rayos UV, y con menores costos.

A su vez, los científicos destacan que, si bien las consecuencias actuales de esta problemática no ameritan una reacción de pánico ni de emergencia, los efectos a largo plazo son indeterminados, por lo que es importante pensar en el futuro, tanto de las especies acuáticas como de los ecosistemas en conjunto, involucrando también a las personas.

Un negocio circular

Un negocio circular

Crece en la Argentina el negocio de la ropa usada o de la creación de prendas nuevas a partir de otras descartadas. Algunos lo hacen para enfrentar la crisis, otros por conciencia ambiental.

Son las diez y cuarto del sábado. Tocan el portero. ¿Quién es?

-¿Tiene algo para dar? Contesta alguien del otro lado.

– Ya bajo

Llevo ese pullover azul estuvo dando vuelta desde el fin de la secundaria, interfiriendo toda apertura del ropero. Quizá por nostalgia nunca me deshice de él. Resistió lluvias, mudanzas y lavados. Pero había llegado la hora de jubilarlo. La misma suerte que un jean que me queda chico y una camisa a cuadros.

Raquel Chany tiene 47 años, mamá de tres hijos con los que vive en Lanús Oeste. No tiene empleo formal. Trabaja dos veces por semana limpiando casas en San Telmo y relata: “Casi todos los sábados a la mañana salgo a timbrear. Pido ropa o lo que la gente quiera darme, lo que esté a su alcance”.

Cinco o seis horas después de patear Constitución y San Telmo, vuelve en el tren Roca a su casa. La ropa que consigue y no le queda o no le sirve a ningún integrante de su familia, la hace circular. En la feria de la Plaza San Martín, en Lanús Oeste, comienza uno de los caminos que puede seguir una prenda en desuso: ser expuesta en una feria para venderla o cambiarla por otra cosa.

Para poder venderla, Raquel acondiciona, lava y plancha con oficio de sastre la ropa que consigue. “Los que tenemos un lugarcito en la feria o venimos seguido a vender, varias veces necesitamos de lo que tiene algún puesto y terminamos cambiando ropa por cosas para la casa, comida o por zapatillas “.

La circularidad en la moda, la sostenibilidad textil o la moda reciclada son términos comunes que comenzaron a tomar protagonismo en la pandemia, logrando que se empiece a gestar un paradigma del que hoy, la industria de la moda (la segunda más contaminante del planeta) no puede desoír. Conocemos como empieza este proceso cada vez que nos desprendemos de alguna prenda que no usamos, pero, ¿sabemos donde termina?

Aparato circulatorio

“Me parece muy interesante que estemos pensando en lo que producimos en exceso, cuál es la finalidad y el origen de nuestros apetitos”, señala Ana Torrejón, editora de la revista L’Officiel. La cantidad de indumentaria que se produce a toda escala, desde la aspiracional -como las marcas de lujo- hasta la producción masiva de grandes cadenas es hija de un proceso que se inició en 1947 con el advenimiento del prèt a porter. La Segunda Guerra Mundial generó la necesidad de un desarrollo, donde el baby boom, la promesa de un mundo feliz y la rápida circulación de bienes hacían motorizar una economía languideciente. El consumo entró así en ascenso con algunas objeciones. El flower power y el movimiento punk hicieron objeciones a la sociedad de consumo, junto con la posmodernidad que se plantó filosóficamente en torno de las catedrales de consumo constituyéndose en grupos objetores que han dejado huellas importantes en cuestionar el consumo.

La idea de construir un sistema de circulación de prendas dejó de ser una propuesta para convertirse en una necesidad. Comprar, usar y  tirar es la trilogía que viene a cambiarse por, comprar menos, usar más, reutilizar, reciclar, reparar. Una primera aproximación a este cambio, podría sintetizarse en las ya conocidas ferias americanas, donde se vende indumentaria usada. Pero éste es solo el primer eslabón. Esta tendencia en alza va de la mano de las energías renovables, la sustentabilidad y otras prácticas como, los oficios de la modista del barrio, las grandes mercerías y los cursos de corte y confección que vuelven a tomar importancia.

Claudia Barbera es profesora en la Tecnicatura Superior de Producción de Indumentaria del Normal Superior N° 6. Hace diez años trabaja en la investigación, desarrollo de productos y formación de profesionales. “Mis argumentos no cambiaron, la diferencia es que hace años la gente no entendía de lo que hablaba o hacía y tenía que dar muchas más explicaciones que las que doy ahora. La fundamentación es que el exceso de materiales considerados como basura, en realidad no lo son, es materia prima para seguir utilizando, lo que también permite desarrollar productos más exclusivos, al no planificar una producción en modo masivo: trabajamos con lo que hay, activando la creatividad y los productos de edición limitada”.

The Global Fashion Agenda (globalfashionagenda.org) afirma que el 73% de la ropa del mundo termina convertida en basura, utilizando solo el 15% de esta cantidad con fines de reciclaje. ¿Para qué seguir fabricando y desechando, cuando se puede reutilizar, reciclar? Al respecto, Claudia cuenta: » Ya como profesional y asesora de emprendedores empecé a investigar cómo las empresas plantean sus misiones y visiones de marca y descubrí el impacto negativo que la mayoría de las grandes marcas internacionales generaban. En la actualidad hay marcas que trabajan en esta modalidad y otras son sustentables aparentando tener una conciencia verde, pero en realidad aún no han hecho el cambio necesario”.

La producción de indumentaria a gran escala construye espirales a través del tiempo, renueva su interés hacia sí misma, propone fantasía, lujo, belleza y al mismo tiempo genera contaminación, un consumo alarmante de agua y emisiones de carbono; motivos suficientes para orientar su naturaleza cíclica hacia una ética circular en pos de un futuro sostenible. Desde el sitio globalfashionagenda.org argumentan que “la industria de la confección y el calzado representó unos 2.100 millones de toneladas de emisiones de CO2 en 2018, alrededor del 4% del total mundial. Se trata de la misma cantidad de CO2 al año que las economías de Francia, Alemania y el Reino Unido juntas. El valor del mercado mundial de prendas de vestir crecerá de 1,5 billones de dólares en 2020 a aproximadamente 2,25 billones de dólares en 2025, y emplea a más de 60 millones de personas a lo largo de su cadena de valor; de los cuales el 80% son mujeres”. Las implicaciones sociales negativas de la industria de la moda, así como los desafíos en materia de derechos humanos y ambientales, el aumento de los estándares sociales y la eliminación del trabajo forzoso, son temas que en los últimos años lograron imponerse en las agendas públicas.

Comprar, usar, tirar es un ciclo que se repite temporada tras temporada porque la moda propone un eterno retorno, un nacimiento dos veces al año, dos temporadas que mueven una gran industria. “El consumo de moda hoy resulta interesante porque queda claro que estamos en una crisis económica muy fuerte. Sin embargo los niveles de compra de indumentaria no han sido tan bajos, ni muchos menos los niveles de ganancia. Si nos basamos en datos duros, los precios de indumentaria superaron en muchísimas ocasiones los montos máximos de inflación. Por eso sus ganancias han sido muy interesantes. Si a esto le superponemos que el Estado Nacional subsidió durante la pandemia luz, gas sueldos de trabajadores, las tasas de rentabilidad han sido exitosas, a costa de la especulación y el aprovechamiento de un Estado y una población vulnerables”, asegura Gustavo Lento, profesor de la Carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo.

En 2002 el diseñador argentino Martín Churba inauguró su capacidad para la experimentación en el campo del diseño textil y su posterior sistematización en la producción de técnicas utilizadas experimentalmente, estudiando qué se podía hacer luego con los descartes y los restos de una producción seriada. “Empecé a enseñar termoestampación en los barrios y el impacto fue enorme. Trabajé diez años también en la Puna con tejedoras, aportando conocimientos, y alimentándome de sus experiencias. Cuando enseñás a la gente que no tiene nada fácil y le decís que haciendo esto puede tener un atajo para que su producto parezca mucho mejor, no lo pueden creer, se sienten felices. Ahí me di cuenta que, al final, mi trabajo entra por la puerta de atrás. Me dediqué al emprendedurismo social. En el camino hice una marca de jeans con descartes industriales textiles, aunque esos proyectos, aún no tienen un lugar comercial en el mercado, al país le cuestan las cosas nuevas e innovadoras”.

Si bien aún es prematuro saber qué va a pasar con la industria textil frente a esta tendencia, emprendedores en Europa y en América Latina comenzaron a incursionar en este terreno. Como toda tendencia que aparece, irrumpen oportunidades y emprendimientos, pero el interrogante es saber si hoy existen suficientes consumidores para que sean rentables.

“La moda circular refiere a una responsabilidad con toda la cadena de producción por parte del fabricante y su uso, por parte del consumidor. Desde la cantidad de prendas que se fabrican, la elección de los textiles, formatos de producción de las fibras, hilados, tejidos, teñidos, acabados, etiquetados, envoltorios y entregas. Todo en talleres de costura grandes o pequeños equipados dignamente, en regla, y con personal remunerado como corresponde y los usuarios tendrían la responsabilidad en cuidar de que la vida útil de ese producto sea la mayor posible o tomar la iniciativa de reciclar, reparar prendas o intercambiarlas”, manifiesta Vicky Otero, diseñadora de indumentaria y titular de una cátedra en FADU.

La rueda de la moda o la moda de la rueda

En un corto lapso, los negocios de la moda circular adquirieron diferentes formatos y volúmenes. Aquí alguno de ellos:

Buy Back: Compra con reventa asegurada Se trata de comercializar indumentaria pero asegurarle al dueño de la prenda que si al año se quiere desprender de ella, la marca se la recompra al 25% de su valor.
Compra con Garantía de transformación: Uniqlo ha lanzado hace poco Re-Uniqlo permitiendo a los clientes alargar la vida de la ropa usada transformándola en nuevas prendas para la marca. La acción se materializará en la chaqueta Recycled Down, confeccionada en su totalidad a partir de plumas recicladas. En vez de comprar una nueva prenda, el cliente entrega la que tiene y le devuelven una nueva utilizando la materia prima original de su campera.
Alquiler de ropa usada: Si bien no se trata de un negocio disruptivo, muchas empresas se dedican al alquiler de ropa para casamientos, eventos sociales de relevancia o disfraces y emprendedores comenzaron incursionar en el alquiler de diseños exclusivos. Vestidos o carteras cuyos valores superan los 5.000 dólares se pueden rentar por 5000 a 15.000 pesos en Argentina.
Intervención de ropa usada: ya sea por artistas o diseñadores, el objetivo es darle una segunda vida a las prendas pero resignificándolas y otorgándoles un valor especial.
En  Somos Dacal recuperan géneros y prendas de sastrerías de Buenos Aires, las eligen por ser textiles nobles, de fibras naturales. Rediseñan y las transforman en nuevas prendas para todos los cuerpos y géneros. ”Empezamos a buscar buenos géneros para hacer un trabajo artesanal, pero por sobre todo que sea durable. Nos animamos a deconstruir la formalidad del traje, las corbatas o las camisas, esa formalidad asociada a espacios de poder, de jerarquía” expone Florencia Dacal, mentora de la firma que a fecha ha logrado reciclar más de 1800 prendas, 300 kilos de tela y miles de litros de agua, gracias a su proyecto circular no se han usado.

El 62 por ciento de los isleños de Tigre está sin luz

El 62 por ciento de los isleños de Tigre está sin luz

Desde la tormenta del 15 de diciembre reclaman respuesta a Edenor y al ENRE, sin resultados. La luz vuelve de manera intermitente y el problema de los cortes de suministro se ha vuelto crónico.

Habitantes de las islas del Delta marcharon el martes a la sede de la empresa Edenor en San Fernando. 

El sonido de los generadores se entrevera por las noches con el de los insectos, animales y el chapoteo del agua provocado por la marea y las pocas lanchas que circulan, este ecosistema sonoro es el que impera en las islas del Delta de Tigre, desde aquella tormenta del 15 de diciembre que tiró cientos de árboles, provocó daños materiales y dejó sin luz a gran mayoría de los vecinos y vecinas de las islas.

Ya son más de 30 días sin servicio que aún sigue afectando a casi diez mil personas aproximadamente. Sin alimentos, ni bebidas frescas, sin agua en el tanque, sin poder usar electrodomésticos o herramientas para trabajar, sin wifi y en algunos casos hasta sin señal de celular por la cantidad de antenas caídas.

La solución inmediata es trasladarse si o si al “continente” por un rato de vida “normal”, o tener un generador, transporte y dinero para ir hasta el puerto del Tigre a buscar el combustible necesario. 

“El 62 por ciento de la isla sigue sin luz y en los pocos lugares donde se restableció el servicio funciona de manera intermitente”, dice Iara Camila Paules, una isleña de 30 años que vive en el lugar desde el 2018, además explica: “Es muy complejo el tema ya que hay lugares en los que vuelve la luz por dos o tres horas en un arroyo y mientras tanto se va en otro. Esto pasa porque la infraestructura y materiales utilizados son viejos y no dan abasto, hay muchos palos de luz que se cayeron y luego fueron atados con alambre. Hoy en día no solo exigimos que pongan la luz, sino también que renueven los materiales, porque el problema va a seguir de esa manera”. Iara, en estos momentos, se siente afortunada por tener un generador, pero dice prenderlo solo en ocasiones especiales: “No podemos utilizar todo el día el generador por el gasto que implica, sólo lo utilizamos de noche y para situaciones puntuales como prender la bomba de agua, cargar el celular, conectarnos a Wifi o reunirnos para mirar el estreno de la última entrevista del Indio Solari”.

Ludmila Satulovsky tiene 37 años, es residente de la isla desde el año 2020, y plantea algunas de las inquietudes que le surgieron a partir del temporal: “Aún hay arroyos bloqueados por árboles caídos que impiden el paso. También ramas de gran porte sobre el tendido y flotando en los ríos causando un gran peligro para vecinos/as, navegantes y operarios”, describe. La empresa Edenor no sólo no dio plazos para los arreglos, ni expuso un plan concreto por zonas, sino que tampoco garantiza la seguridad para los y las habitantes de la zona, sigue habiendo cables caídos y transformadores en el piso; lo mismo sucede con sus trabajadores ya que la semana pasada lamentamos el fallecimiento de Rubén Haita, mientras que su compañero Natanael Manke sigue internado con graves heridas”.

Las respuestas que recibieron -según Ludmila- fueron: “Armaron un comité de emergencias entre autoridades de Edenor, el municipio de Tigre y miembros de la comunidad isleña para conformar un plan de acción y obtener mayor información de avances y plazos”. Pero los avances no parecen llegar: “Lamentablemente la información sigue siendo escasa, desactualizada y los avances están plagados de precariedad y retrocesos. También se realizaron reuniones para detallar las problemáticas y exponer las necesidades que está pasando la comunidad isleña en esta situación de emergencia”, agrega y enumera las últimas novedades: “Se exime del pago de boleto a los residentes de la isla en la lancha colectiva por el plazo de un mes y se intimó a Edenor a prestar información fehaciente de las reparaciones en curso y las realizadas”.

Los vecinos se han organizado para realizar protestas en las oficinas de Edenor, reclamos en el municipio y cortes en el río con sus embarcaciones, sin embargo no todos tienen la posibilidad de llegar a las distintas actividades con facilidad. Un ejemplo de lo mencionado es lo que le sucede a Liliana Graciela Leiva, una mujer de 68 años tiene terrenos en el Delta, ubicados en la segunda sección desde el año 2000. “El viaje desde nuestra zona dura más de dos horas y media para llegar a la Estación Fluvial de Tigre. Es muy difícil participar de asambleas o cortes de río, ya que para volver desde Tigre tenemos una única lancha colectivo a las dos de la tarde. Cuando tenemos señal en los celulares reclamamos a Edenor y al ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) reiteradamente, pero los primeros días no teníamos señal, ya que la única antena que hay cerca es de Personal y tampoco tenía luz así que no funcionaba. El Municipio de San Fernando intimó con carta documento a Personal y al ENACOM para que pongan generador o batería en la antena, para poder comunicarnos”, describe.

El aumento de las tarifas es constante al igual que en la ciudad, sin embargo el servicio que reciben no es el deseado según Liliana: “En relación a las tarifas pagamos igual que en la ciudad. Quiero aclarar que es el único servicio que tenemos, acá no hay agua corriente, ni gas. Cocinamos con gas envasado (que es carísimo); nuestros termotanques son eléctricos, para sacar agua del río la bomba es eléctrica; o sea, que somos electro intensivos. En invierno calentamos nuestras viviendas con salamandras a leña”.

Liliana reafirma lo mismo que ha comentado Lara en cuanto a la infraestructura y un problema que se vuelve crónico por este motivo: “Existen antecedentes similares, no recuerdo alguno que haya durado tantos días, pero es de lo más frecuente que se corte el suministro eléctrico. Una tormenta, viento, lluvia, marea, siempre alguna rama que se cae sobre los cables y nos quedamos sin luz”.

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció el desarrollo de energía verde en la Argentina. La provincia de Río Negro preparó su terreno y legislación para la producción, en asociación con una empresa australiana. Qué demora el desarrollo de lo que algunos denominan energías limpias.

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció la mayor inversión de la historia Argentina en energías limpias. El ex jugador de rugby Agustín Pichot, representante de la firma australiana Fortescue Future Industries, aseguró por entonces que la idea era empezar a producir hidrógeno verde a finales del 2024. Las expectativas fueron enormes, pero ¿qué pasó con el hidrógeno verde?

“El hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica. En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente la emisión de carbono en el mundo”, celebró el ex presidente Alberto Fernández en su discurso durante la cumbre contra el cambio climático realizada en Escocia en 2021. El desarrollo implicaba una inversión de 8.400 millones de dólares de la firma Fortescue Future Industries originaria de Australia, fuertemente fogoneada en los medios por el ex-capitán de los Pumas, Agustín Pichot, como una oportunidad histórica para el país. Las expectativas generadas en ese momento fueron enormes: ¿pero qué se hizo en estos años?

La “energía del futuro”

El hidrógeno verde (H2v) es conocido popularmente como “la energía del futuro”, algo que paradójicamente, se repite desde hace décadas. Para extraer el hidrógeno se usa agua dulce limpia y energía proveniente de molinos de viento o solar: de allí que se lo considere “verde”. La energía se utiliza para producir la electrólisis, un método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno (H) del oxígeno (O) que hay en las moléculas de agua (H2O). Para utilizarlo, el hidrógeno se combina nuevamente con oxígeno para que libere la energía que puede ser utilizada, por ejemplo, para un motor.

El resultado de ese proceso es, claro, agua. La ventaja de esta energía es que no emite gases contaminantes durante la combustión y el proceso de producción, pero como indica Alejandro Machado, Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires “uno de los desafíos que se impone es su almacenaje y transporte dado que, es altamente explosivo”.

Otra cuestión preocupa a Machado: ¿qué tan verde es el hidrógeno verde? El Miembro del Consejo Asesor de la carrera de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA se refiere a que, en un primer análisis, puede ser considerado “verde” por la fuente de energía utilizada, pero yendo unos pasos más atrás vale preguntarse con qué fueron construidas las aspas del generador eólico, su parte mecánica, el generador, su torre de acero, su base. Lo mismo puede decirse sobre los paneles solares, sus componentes, su superficie de vidrio o policarbonato, como se obtuvo el cobre o aluminio de cables y componentes eléctricos.

Se suele escuchar que el mundo está comenzando a demandar un nuevo modo de portar energía para reemplazar el petróleo y el gas, por lo que el hidrógeno, como el elemento con la mayor densidad de energía, es un “motor natural” para esto. Si bien las tecnologías para aprovechar el hidrógeno son una promesa de larga data, en estos últimos años comenzaron a verse señales desde el mercado sobre que el hidrógeno tiene futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Una oportunidad para Río Negro

La ex gobernadora de Río Negro Arabela Carreras comenta en el libro sobre hidrógeno verde publicado por la provincia que desde el año 2020 junto con Nación comenzaron un proceso proactivo de búsqueda de inversiones. Para ello recurrieron a científicos, tecnólogos y luego contrataron al instituto alemán Fraunhofer para un estudio de perfectibilidad que brindó una mirada externa de las ventajas del territorio patagónico y fue así que el ex ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas puso en contacto a las partes interesadas. Luego desde la legislatura provincial se sancionaron dos leyes fundamentales: la que establece las condiciones para llevar adelante el proceso de licitación pública de alrededor de 625.000 hectáreas para el estudio y el emplazamiento de un parque eólico y construcciones necesarias para la producción y, por otro lado, se aprobó la creación de un Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, que se denominó “Corporación Punta Colorada”.

Desde la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro explicaron a ANCCOM que el plan estratégico de hidrógeno verde es el primero en el país y que se está aguardando para su desarrollo la aprobación de un marco regulatorio federal. Además, dentro de sus posibilidades, recientemente, se han impulsado algunos cambios normativos para alentar la concreción del proyecto, como la celebración de un contrato entre Eólic Rionegrina SA (sociedad estatal) y Fortescue Future Industries con el objetivo de avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, que recibió sanción en la legislatura provincial: Ley 5672. El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti manifestó en diversas entrevistas que “esto generará mano de obra y trabajo genuino. Este tipo de inversiones van a traer mucho trabajo en la instalación y la consolidación del parque eólico, siendo una excelente noticia para las y los rionegrinos”.

En Argentina, específicamente en Río Negro, se dan condiciones naturales únicas para convertir la provincia en un actor clave del hidrógeno verde. Para esto se creó la “Mesa de Hidrógeno Verde Rionegrina” mediante Decreto Provincial 342/21. Se trata de un órgano transversal e interdisciplinario, cuya función es “acordar y definir políticas públicas activas y sostenidas en materia de ciencia, innovación, investigación y desarrollo de hidrógeno verde, como así también proyectos de inversión productiva”.

La mayor parte de lo producido se espera que sea exportado a los países en procesos de descarbonización (como el caso de Alemania). Esta forma de producción de combustible sin emisión de dióxido de carbono implica un nuevo nicho de negocios y nuestro país tiene un commodity aparentemente muy valorado por el resto del mundo.

La versión Fortescue

ANCCOM logró comunicarse con la firma australiana Fortescue Future Industries, desde donde alegan que el inicio de la construcción del parque eólico está estimado para el segundo semestre de 2025, cuando hayan finalizado los trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes necesarios de ingeniería y permisos. Según aclaran, las obras demandarán al menos dos años. Por otro lado, consideran necesaria la creación de un marco normativo regulatorio nacional para la industria del hidrógeno verde. Según aclaran, “si bien ya se envió un proyecto de ley al Congreso, es esencial llevar adelante un debate constructivo para la inclusión de puntos claves que aún no están expresados en ese proyecto como son el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional y un régimen impositivo adecuado a las necesidades propias de la industria. Todo ello con el fin de que efectivamente la Argentina sea un país que atraiga inversiones para así poder posicionarse en la región como un país líder en materia de energías renovables”.

Desde Fortescue Future Industries esperan producir 350.000 toneladas anuales de hidrógeno verde en la primera fase del proyecto destinado tanto al mercado interno como externo, generando divisas para la Argentina. De hecho, para 2030 Europa estima que va a consumir 30 millones de toneladas de hidrógeno verde, de las cuáles espera importar 10 millones: una oportunidad para Sudamérica.

Para Fortescue “El país tiene potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, no sólo por su extensión territorial sino también porque en regiones como la Patagonia, abundan condiciones geográficas y climáticas adecuadas para generar energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, fundamentales para la producción de este tipo de hidrógeno verde”.

Sigue verde

Lo cierto es que la inversión en hidrógeno verde fue anunciada con bombos y platillos ante el mundo, se esperaba generar muchos puestos de trabajo y generar divisas de plena estepa patagónica. Hasta el día de hoy esto no se cumplió. El proyecto está a la expectativa de que se apruebe la legislación que permita iniciar el trabajo, pero ya no hay la misma algarabía que hubo durante la presentación en la cumbre contra el cambio climático de Glasgow.

Es cierto que el mercado está en expansión aunque sus números aún no son tan impactantes. Por ejemplo, en el mundo del transporte, en el que genera las mayores expectativas, en 2023 se pusieron en marcha los primeros micros escolares a base de hidrógeno verde en EE.UU. Sin embargo, esa tecnología no llega aún a la Argentina y hoy un auto a base de hidrógeno verde en Europa resulta caro. También el combustible se puede utilizar en la industria pesada o en el campo aeroespacial.

De momento, resulta incierto si la Argentina será pionera en esta tecnología, si generará los volúmenes anunciados y si la clase política podrá evaluar el impacto de este proyecto para el país, para realizar en tiempo y forma una legislación que proteja los intereses nacionales y esté a la altura de los cambios necesario para la preservación del medioambiente en el mundo, como se prometió. De ser así, estamos ante una oportunidad única de estar a la vanguardia de una industria que en el futuro puede ser fundamental en la mejora del ecosistema.