El precio de la salud no para de aumentar

El precio de la salud no para de aumentar

Feb 12, 2024 | Comunidad, Destacado 2

En todo 2023 los medicamentos aumentaron 319%. Desde que se dictó el DNU 70/2023 que quitó regulaciones y se discontinuaron acuerdos gubernamentales con laboratorios los valores se dispararon aún más. ¿Qué estrategias adoptan los pacientes para poder seguir un tratamiento?

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), el precio de los medicamentos más requeridos aumentó un 319,1% entre enero y diciembre del 2023, pero solo en el último bimestre del año pasado subieron otro 90%. El mismo informe también hizo notar que existen diferencias significativas entre los precios de distintas marcas que venden medicamentos muy utilizados, como son “omeprazol (antiulceroso), losartan (antihipertensivo), clopidogrel (antitrombótico), paracetamol (analgésico), ciprofloxacina (antibiótico) ibuprofeno (analgésico), salbutamol (broncodilatador) y enalapril (antihipertensivo)”.
Ceprofar recalcó que estas diferencias se explican por “el bajo cumplimiento y deficiente difusión de la Ley 25.649”, de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, sancionada en agosto de 2002. La misma indica, en su Artículo 2, que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis por unidad, con detalle del grado de concentración”. Lo que sucede en muchas ocasiones es que en las recetas se incluyen las marcas comerciales, incentivando al consumidor a comprar la marca detallada que, además, suele ser la más cara.
Para entender en términos comparativos, en enero de 2023 la variación en los precios de medicamentos había sido de un 4,86% según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, más de un punto por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 6%. Por otro lado, la variación interanual entre enero del 2022 y enero del 2023 estuvo entre el 83,9% en medicamentos de la canasta de 25 drogas más vendidas y el 96% en medicamentos de venta libre, también por debajo del IPC anual que fue del 98,8%. Con varios aumentos en el medio, entre el 18 de agosto y el 31 de octubre de 2023 rigió un acuerdo de precios entre el Gobierno nacional y los laboratorios nacionales y cooperativos que congelaba los valores de los medicamentos. Desde que terminó, los aumentos escalaron en noviembre y sobre todo en diciembre. En sólo dos meses, aumentaron más de un 90%. Quedan por conocer los datos de enero, pero lo que se evidencia en distintas farmacias del país son más aumentos exponenciales.

“Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía», señala Figueroa.

Marina, empleada de universidad pública que vive en la Ciudad de Buenos Aires, registra mes a mes los aumentos de los medicamentos especiales que su mamá necesita por padecer de una enfermedad neurológica incapacitante. Si bien PAMI lo cubre en su totalidad, el aumento desde noviembre fue tal que, por ejemplo, la misma droga, quetiapina, pasó de $27.969 en septiembre, cuando aún regía el control de precios, a $44.310 en diciembre. “Si ella tuviera que cubrir con su jubilación mínima ese medicamento junto a los otros para el corazón, el colesterol o la  presión, no solo no llega a fin de mes sino que encima tendría que conseguir más plata para poder pagarlos”.

 

Con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, algunas leyes que regulaban los valores de las cuotas de las prepagas de salud, la actividad farmacéutica y el recetado también se modificaron sustancialmente. Esto impactó directamente en el acceso a la salud de la población debido principalmente a las cuotas de las prepagas, que sin restricción pudieron aumentar los valores y ocasionaron la baja de muchos afiliados.

Otra de las complicaciones surgió a partir de la marcha atrás de un artículo del DNU, que ratificaba la Ley 25.649 de medicamentos genéricos, debido al lobby de los principales laboratorios. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, resaltó que hay obras sociales como IOMA que poseen coberturas fijas y que el aumento quintuplicado de los medicamentos más comunes las volvió inútiles.

Al respecto, el farmacéutico Mariano Figueroa Sobrero coincide en la gravedad del asunto. El también exrepresentante de Comunidad del Hospital Iturraspe de Santa Fe durante 18 años advirtió en diálogo con ANCCOM que las personas recurren a distintas alternativas para poder acceder a los medicamentos. “Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía. Un farmacéutico sabe lo grave que es tomar antibióticos sueltos y no completar un tratamiento, por lo que siempre sugerimos que vaya a un hospital o centro de salud para que no sostengan esa práctica. Y esto también repercute en el sistema de salud público, porque un diabético que discontinúa el tratamiento, por ejemplo, llega al hospital con un coma diabético. Así de sencillo”.

El tratamiento para la diabetes, por ejemplo, requiere de distintos insumos, y muchos de ellos están atados a precios internacionales, como puede ser la insulina. Según datos oficiales, “se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición”. En porcentaje, se estima que la prevalencia es de un 12,7% según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2019.
José Casais, empleado bancario en la Ciudad de Buenos Aires que padece de diabetes tipo 1 que lo hace dependiente de la insulina, cuenta en diálogo con ANCCOM cómo es el día a día de una persona con diabetes: implica medición de glucosa en sangre y al menos una aplicación de insulina diaria. Casais explica que ampliación de la Ley 23.753 de Salud Pública incorporó cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para el autocontrol al 100%: “Si no tuviera la cobertura del Estado, el precio sería prácticamente inaccesible. La insulina común, la llamada lenta, que se aplica una vez por día, sale en promedio $200.000 por mes. Y a la rápida, que acompaña las comidas, se le calcula $100.000 por mes. Como la insulina a aplicarse está en función de la medición de glucemia que tenés, que varía según las condiciones físicas de cada persona, tenés que sumarle el aparato de medición y las tiras reactivas, que sale en promedio $20.000 la caja de 50 unidades. Además, están las agujas descartables para la aplicación de la insulina. Entonces hoy, con la inflación galopante, se calculan mínimo $320.000 por mes”. De no tener la cobertura total o incluso parcial, José estima que un 50% de sus ingresos se irían en la adquisición de la insulina y los elementos necesarios: “¿Qué pasa, entonces, con una persona que percibe un salario mínimo o igual al gasto mensual que acabo de indicar?”. Su temor, como el de muchos que padecen la enfermedad, es un inminente cambio en la ley, como ya sucedió con tantas otras a partir del DNU 70/2023.
El farmacéutico Figueroa cuenta que compañeros suyos que trabajan también en hospitales públicos están viviendo experiencias inéditas: “Está pasando con diabéticos de tipo 1, insulino-dependientes, por ejemplo que hacen un trueque. Se intercambian desde la tiras reactivas sueltas hasta la insulina misma, situación que indica un doble problema: primero, es muy arriesgada porque rompe la cadena de frío que debe respetarse y segundo, que hay gente que no llega a comprar la insulina, ni en los centros de salud ni con la cobertura de las obras sociales. Nosotros como farmacéuticos lo hacemos notar porque queremos que llegue al Ministerio, al provincial, al menos, para que lo investigue y para que empiecen a pensarse políticas de cobertura”. El día anterior a que Figueroa conversara con ANCCOM, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Pablo de la Torre suspendió la ayuda que brinda la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) a pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas discapacitantes o patologías agudas urgentes que no poseen cobertura de salud. El pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer.

Cancha libre para los laboratorios

Un informe de la OXFAM presentado en Davos el pasado 15 de enero denuncia que los laboratorios tienen la misma política de aumento de precios a nivel internacional, y que solo se ven limitados en su accionar en aquellos países cuyos gobiernos ejercen políticas de control y regulación de precios. Además, agrega que existen “10 gigantes mundiales de la industria farmacéutica que son resultado de la fusión durante dos décadas de 60 empresas farmacéuticas”. De esta forma, pocos laboratorios se llevan el grueso de las ganancias y profundizan las brechas entre los multinacionales y los nacionales, aumentando los precios desmedidamente. En otras palabras, OXFAM refuerza la idea de que los laboratorios son una empresa que no está interesada en el avance de la ciencia y la medicina, sino que tiene únicamente un fin de lucro.

En Argentina, “ni las farmacias ni los farmacéuticos son formadores de precios. El costo de los medicamentos es una caja de pandora que solo conocen los propios laboratorios: son ellos los verdaderos responsables de los precios”, agrega Figueroa.

Fuego en los bosques del Nahuel Huapi

Fuego en los bosques del Nahuel Huapi

Feb 8, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Un incendio forestal arrasó ya 400 hectáreas a orillas del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi. “No había mucho equipo disponible, ya que parte está destinado a combatir el fuego en el Parque Nacional Los Alerces”, dicen los bomberos.

A pocos kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche hay un incendio forestal que continúa activo y avanzando sobre más de 400 hectáreas, destruyendo gran parte del hábitat natural del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Se trata de la costa sur del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, sobre la ladera del cerro Capitán, en donde un fogón mal apagado, en un lugar donde está prohibido hacer fuego, habría ocasionado que el domingo pasado se encendieran las alarmas y que el lunes la ciudad amaneciera tapada por el humo. El fiscal Rafael Vehils Ruiz, al frente de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó a quienes puedan aportar datos para esclarecer el origen del siniestro que se acerquen a la repartición (San Martín 425 de esa ciudad o se comuniquen por teléfono (0294 442 1474) o vía correo electrónico fisfed-bch@mpf.gov.ar .

Ya van dos semanas de incendio ininterrumpido en el Parque Nacional Los Alerces y ya son más de 6.000 hectáreas afectadas sobre la provincia de Chubut. Este otro siniestro, en las cercanías de Bariloche, implica la división de los equipos para combatir el fuego y enfrentar ambos frentes al mismo tiempo. “No había mucho equipo en disponibilidad, y parte de lo que estaba trabajando en Alerces lo destinaron para acá”, cuenta Marcelo Miocevich, que trabaja en el Departamento de Incendios Forestales del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y es el coordinador provincial y regional.

“El Estado Nacional está trabajando desde Parques Nacionales, se sumó al equipo de trabajo el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que es de la provincia de Río Negro, más los bomberos voluntarios de las ciudades cercanas; son más de 60 personas trabajando para apagar el fuego”, agrega Miocevich.

La zona del Brazo Tristeza es muy boscosa, con mucha pendiente, de difícil acceso, lo que hace que el operativo de los brigadistas sea todavía más complicado, porque solo se puede llegar con embarcaciones, resultando indispensable el trabajo aéreo. Un comunicado oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi anunció que el miércoles se sumaron a los dos helicópteros con helibalde de mil litros cada uno, y dos aviones; uno de ellos es un anfibio que carga agua directamente desde el lago, con una capacidad de tres mil litros.

“Uno de los problemas con los que se está enfrentando es que no se estaba permitiendo el uso de los helicópteros, ya que no pueden acercarse completamente a la zona del incendio porque entre las altas temperaturas más el fuego generado en la zona, se queman”, comenta Eugenio Lettieri, bombero voluntario con rango de sargento primero, del cuartel Ruca Cura.

Los helicópteros cargan combustible en el helipuerto del hotel Llao Llao, y a su vez los aviones tienen que acercarse hasta el aeropuerto que queda a varios kilómetros del foco de incendio. Mientras tanto los brigadistas embarcan en Bahía Lopez, donde ayer se instaló un puesto sanitario de emergencias para atender a heridos. El trabajo terrestre también termina siendo clave. “Los incendios forestales por lo general se apagan con herramientas de zapa, es decir, pala, hacha, motosierra, rastrillo, todo lo que sirva para evitar que el incendio se propague por cada raíz y ramita seca del suelo”, dice Lettieri.

Para no depender solo de la vía aérea en la utilización del agua, los bomberos armaron una cadena de motobombas. “Con la mangueras se extrae agua del lago, se deja en una especie de pelopincho a 150 metros, que se conecta con otra pileta y así se va ascendiendo a través de la montaña”, cuentan en el equipo de bomberos de Ruca Cura.

Los incendios generados con o sin intención por los humanos se repiten todos los años en el sur de Argentina. “Siempre tuvimos incendios –dice Miocevich–. El tema es que con las condiciones más extremas del clima que estamos teniendo, cómo la falta de humedad, la sequía, las temperaturas altas, nos enfrentamos a incendios cada vez más extremos, ya que el suelo se convierte en una especie de combustible”.

 

Con el proyecto, por ahora rechazado, de la Ley Ómnibus, se hubieran modificado dos leyes importantes que protegen el medio ambiente y territorios de patrimonio nacional como lo son los parques nacionales. Se trata de la Ley de Quema y la Ley de Manejo del Fuego, las cuales, en caso de modificarse como el gobierno quiere, permitirían la venta de tierras con fines productivos, luego de haber sufrido incendios.

El martes 6 las lluvias fueron muy fuertes y ayudaron a bajar la intensidad con la que el fuego avanzaba; así mismo, tal como afirma el comunicado oficial de Parques Nacionales, “no sobrepasó las líneas de defensa construidas en las jornadas previas”.

“El mayor problema es que el viento no cesa, y no solo te mueve el fuego, sino que también te seca el combustible, es decir quita mucha humedad”, dice Miocevich. El pronóstico para los próximos días indica que tanto jueves y viernes puede haber algunas lluvias pero con viento. Por lo cual habrá que esperar hasta el fin de semana para ver si con menos viento se pueden desactivar los focos de incendio.

Lo cierto es que aquel lugar paradisíaco del Brazo Tristeza ya no volverá a ser el mismo, por ese motivo desde Parques Nacionales, como el equipo de bomberos, y mismo la gente que vive por la Patagonia, pide que se tome conciencia de no prender fuego en lugares que no está permitido. Que un simple fogón o colilla de cigarrillo mal apagada puede ocasionar un desastre natural irreversible.

La crisis en los comedores populares

La crisis en los comedores populares

Feb 7, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Aumentó exponencialmente la cantidad de comensales que acuden a ellos. Sus referentes denuncian que esa tendencia no se ve acompañada de un incremento de los alimentos que reciben del gobierno. Tampoco colaboran los privados y se ven obligados a bajar la calidad nutricional.

La situación en los comedores comunitarios de todo el país se agrava día a día. Miles de familias del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires que ya no pueden comprar alimentos para almorzar, merendar o cenar en sus casas se suman a ellos. Ante esta situación, diversas organizaciones sociales y líderes políticos han expresado su preocupación y han exigido al Gobierno tomar medidas urgentes para resolver la crisis alimentaria.

Una fuente del Ministerio de Capital Humano, en diálogo con ANCCOM, expresa su preocupación por el impacto de los recortes: “Quienes trabajamos en estos programas por una cuestión de conciencia social, generalmente terminamos abogando por los comedores. Si se les recorta el financiamiento, no nos resulta para nada indiferente”.

Al mismo tiempo, señala que cuando visita los comedores y conversa con sus encargados, la principal preocupación es la incertidumbre. “Actualmente, el presupuesto apenas alcanza para mantener su funcionamiento”, afirma, por lo cual se le puede dar de comer a menos gente justamente cuando más personas necesitan asistencia alimentaria.

“Cuando los comedores cuentan con mayor financiamiento –agrega–, proporcionan alimentos de mejor calidad y dan mayor cantidad”. Hoy se restringen las compras de frutas y carnes y prevalecen platos como el guiso de fideos. “Anteriormente, era posible ofrecer una mayor variedad, incluyendo frutas como postres. En la actualidad, los comedores se ven limitados en su oferta, centrándose en alimentos menos nutritivos”.

La falta de alimentos en los comedores comunitarios está profundizando el hambre en áreas urbanas del gran Buenos Aires como la propia ciudad porteña. La responsable de un comedor y merendero en el barrio Barracas cuenta que ante la falta de respuestas del Gobierno también han pedido la colaboración del sector privado. “Pero lamentablemente ni las empresas nos están ayudando –dice–. Por ejemplo, para el Día de Reyes, le pedimos a Coca Cola si nos podían dar algunas gaseosas para los chicos: nos contestaron que vayamos al Banco de Alimentos, pero este te cobra”. La mujer cuenta además que cada vez se ven obligados a rechazar a más personas que se acercan al comedor.

En medio de una creciente preocupación, el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública en lo que respecta garantizar la asistencia alimentaria a quienes más la necesitan, pese a contar con los recursos presupuestarios destinados para ello.

Grabois, en su cuenta de la red social X, compartió las palabras de Pettovello en las cuales afirmaba que atendería «uno por uno» a las personas que tuvieran hambre, pero luego rechazó hacerlo. “Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación constitucional, una norma internacional y una ley nacional”, remarcó Grabois.

La Iglesia católica, a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un duro comunicado en el que advirtió que “la comida no puede ser una variable de ajuste”. Incluso la CGT salió a manifestarse: “El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina”, dijeron desde la central obrera.

Veintisiete cuadras de hambre

Veintisiete cuadras de hambre

Feb 6, 2024 | Comunidad, Destacado 5

La semana pasada la ministra Sandra Pettovello dijo a viva voz que quien tiene hambre se acerque con su DNI que le solucionaba el problema. Miles de personas hicieron fila desde Retiro hasta Constitución esperando infructuosamente que ella los atienda.

Los movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), volvieron a manifestarse en el Ministerio de Capital Humano para reclamar que se decrete la emergencia alimentaria y que se vuelva a entregar mercadería a los comedores barriales. El jueves, antes de reprimir a los manifestantes, la ministra Sandra Pettovello había convocado “a quienes de verdad tengan hambre” a presentar su documento y tener una reunión personal con ella. Una fila de personas que se extendía a lo largo de veintisiete cuadras de largo esperó infructuosamente, debajo del sol, que la titular de la cartera las atendiera.

“Pettovello vas a tardar 43 años en atender a las 4,5 millones de personas que asisten a comedores”, le contestaba un cartel que sostenía una cocinera de una olla popular. Este lunes por la mañana las veredas de Pellegrini se vieron afectadas por una fila que iba desde la calle Juncal en Retiro hasta la Av. San Juan en Constitución con la esperanza de poder llevarle los reclamos particulares y contarle la situación a la ministra.

“Los jubilados están sufriendo especialmente porque no tienen actualización y la mitad de su salario mínimo se les va en medicamentos. Los comedores les dan la única comida que tienen en el día. No se están alimentando nutritivamente porque no les alcanza. Ahora nuestros comedores corren riesgo porque Pettovello nos está negando la comida para que sigamos con la asistencia alimentaria para nuestros jubilados, los hogares monoparentales, en las mujeres jefas de hogar”, denunciaba Daniela Chacón, referenta de Marea de Almirante Brown.

“Somos trabajadores de la economía social y popular. Cada compañera que revuelve la olla día a día, se levanta y trabaja para tratar que a nadie le falta ese plato de comida tan necesario, que ahora corre riesgo. Tiene hambre también la gente que tiene un trabajo registrado y tiene que pagar alquiler, impuestos… La heladera vacía la tiene todo el país”, sentenciaba Chacón. Un cartel, un par de metros más allá, decía: “El hambre no se tolera. La dignidad no se negocia”.

China, referente de Proyecto 7, una organización que trabaja con y para personas en situación de calle desde la crisis de 2001, analizó: “Todo va tornándose más parecido a ese momento. Si bien la coyuntura es distinta y los motivos por los que se llega hasta ahí, las medidas son similares en varios aspectos”.

“Hay un montón de comedores que sostienen, no es la solución, pero es un parche muy necesario porque hace que la gente no caiga desmayada, que los chicos puedan seguir yendo al colegio, que los padres puedan alimentar a sus hijos… Familias enteras vienen al nuestro con un tupper gigante para cinco. Todo lo que juntan es para pagar una habitación en un hotel familiar”, relataba China. En diagonal al puesto donde Proyecto 7 repartía a los manifestantes pan dulce de su fábrica y fruta, está el hotel de lujo Four Seasons.

En Arenales y Pellegrini, un contingente de turistas europeos se bajaron de un taxi y con sus grandes maletas entraron a uno de los hoteles internacionales de Retiro. Algunos miraban hacia el cielo, otros hacia las baldosas, pero ninguno a los ojos de la larga fila contra el hambre o a los de dos hombres que dormían en la esquina, sin percatarse de que formaban parte de la hilera. Su colchón era una caja de cartón desarmada para compartir y una mochila vacía oficiaba de almohada. Por fuera de lo puesto, su única pertenencia eran las 10 ciruelas entregadas por Proyecto 7.

En la puerta secundaria del Ministerio de Capital Humano, tres personas que habían asistido a la jornada de protesta anterior con su documento en mano agitaban: “Pettovello, Pettovello/ ya tengo el documento/ la gente tiene hambre/ vos no estás atendiendo…”. María, jubilada de Dock Sud, sostenía un cartel en el que decía que no llegaba a fin de mes y tenía que trabajar para poder ayudar a criar a su nieto. “Cada vez hay más personas para retirar la vianda y no tenemos mercadería”, contaba.

A su lado, estaba Andrea, también con delantal y un cartel: “Soy cocinera en un comedor. La gente hace fila para poder comer”. Sumaba a lo que decía su compañera: “Lamentablemente cada vez somos más en el barrio. No llegamos. Me rompe el corazón que no todos puedan llevar un plato de comida a su casa. Hay gente que viene con criaturas”, puntualizaba. Pero la incertidumbre y la angustia también está en su vida personal: no sabe si va a poder mandar a sus dos hijos adolescentes a la escuela. “Es una lucha que venimos dando y la fe es lo único que nos queda”, suspiró Andrea.

Walter Córdoba, Secretario de Bienestar de la UTEP y coordinador de Barrios de Pie CABA, declaró: “Lo que hizo la ministra fue un acting. No quiso dar respuesta y planteó que era un caso individual de la familia, no una situación estructural del país, de pobreza, de desequilibrio económico, de inflación”. Además, agregó: “No ejecutaron las partidas que tienen del presupuesto: no hay asistencia alimentaria y están amagando con el pago del Potenciar Trabajo y están frenando todos los proyectos”. La puerta principal del Ministerio está vallada y la secundaria está llena de efectivos de la Policía Federal. “Es una política social la de reprimir a los pobres. Son duros con los humildes, pero no con las empresas y las élites”.

Máximo Viedma de Merlo se sentó en la vereda de un local de comida colombiana: “Estamos acá para reclamar que no siga el ajuste para los que menos tienen. Está ajustando a los más vulnerables”. En su comedor atienden a 67 personas mayores para la olla popular y a 138 chicos. Beti, estudiante de FINES y trabajadora en un merendero, dijo con lágrimas en los ojos: “Abastecemos a 30 chicos, pero no tenemos mercadería suficiente para toda la semana. Si los chicos tienen hambre, no pueden pensar para hacer la tarea”.

“Tengo 60 años y no tengo estabilidad laboral, lo que puedo hacer, lo hago. El tema es que no es una situación normal, para todos los que no tenemos un ingreso mensual, la situación empeoró. No podemos planificar nada y la mayoría tiene que comer algo en los comedores”, describió Viedma. “Esta es una economía informal: es gente trabajadora que no tiene estabilidad laboral. No es de ahora. Con la dictadura se ha implementado con golpe de Estado, uno de estos sistemas en los que dejan a la mayoría de la gente afuera para lograr una mano de obra barata, esclavizante o, directamente, esclava”, analizaba Viedma.

En los parlantes de los movimientos sociales, ubicados a pocos metros de la puerta secundaria, comenzó a sonar “Sos botón”. Los federales con su chalecos y con sus armas listas se reían. Dos de ellos salieron hasta la camioneta a buscar algo cantando sonrientes: “Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante/ Al que los pibes lo llamaban El Picante/ Ahora te llaman botón”.

La semana anterior, Miriam del Comedor de Pie de Retiro se había corrido a la sombra cuando desde adentro del Ministerio empezaron a arrojar gas pimienta. Tardaron en darse cuenta y en conseguir leche para detener el ardor, en especial de los ojos, por lo que algunos compañeros tuvieron que ser hospitalizados. Con un cartel que de un lado rezaba “la casta no es el pueblo”, ahora decía en el reverso: “Acá seguimos en la lucha hasta que nos atiendan y que normalicen la situación en los comedores”.

“Cuidado, compa, que ahí viene la virgen”, avisó un chico rubio liberando un espacio de la vereda. Esta vez, los movimientos sociales sí pudieron hacer un acto de cierre. Los Misioneros de Francisco llevaban en sus hombros tres vírgenes María. Frente a la puerta secundaria y sus federales, Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP, tomó la palabra: “Hemos hecho una jornada de lucha pacífica, como siempre. Nos movilizamos con masividad acá, pasando la Av. San Juan, y en muchas provincias. La semana pasada vinimos ante este Ministerio de Capital In-humano y nos recibieron con palos. El pueblo está acá no por deporte, sino porque se está cagando de hambre”.

Los manifestantes vitorean, sintiendo las palabras como suyas, y los federales y administrativos tratan de mantener un temple serio. “Si el pueblo sufre hambre, ante la ausencia del Estado, nos vamos a seguir movilizando, pero sobretodo vamos a seguir trabajando solidariamente con el conjunto del pueblo argentino. Vamos a luchar pacíficamente, pero no por eso vamos a ser menos determinantes a la hora de seguir construyendo acciones. Una vez más nos movilizamos acá y la respuesta es de espaldas al pueblo”, apuntó marcando las palabras.

Cuando terminó de hablar, de los parlantes empezó a sonar el himno nacional. En las primeras notas, la gente cantó “U-ni-dad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ ¡se jode, se jode!”. Todos los manifestantes lo vitorearon con ganas. Un hombre que sacudía con emoción una bandera gritó “Cantálo, vendepatria” a los ojos de uno de los oficiales, recordándoles que antes de ser vigilantes, también fueron pueblo.

 

El abandono del Estado mata

El abandono del Estado mata

Feb 5, 2024 | Comunidad, Destacado 2

Pacientes oncológicos y sus familias se movilizaron frente al Congreso de la Nación para denunciar el atraso en la entrega de medicamentos, la burocratización del sistema sanitario y la falta de interlocutores gubernamentales que los escuchen en sus reclamos.

En el día Mundial de la lucha contra el cáncer, pacientes oncológicos y familiares se reunieron frente al Congreso de la Nación para visibilizar la falta de tratamientos. “Hace dos semanas una paciente tomó la decisión de suicidarse por la angustia ante la falta de medicación”, cuenta Débora Bosco, titular de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina (FUSOCA), y asegura que fue este hecho el que la motivó a organizar la convocatoria, además de la falta de tratamientos que ya lleva más de tres meses de retraso: “Desde que cambió el Gobierno perdimos todo tipo de contacto con el Ministerio de Salud de la Nación”, comenta.

Bosco explica que una vez diagnosticada la persona, se le comunica si el tratamiento debe ser gestionado por el Ministerio de Salud de la Provincia o por el de la Nación, y los insumos deberían llegarle al paciente veinte días después de iniciado el trámite: “Hoy el tratamiento no está llegando”, denuncia y destaca que, entre los medicamentos faltantes, se encuentra el pembrolizumab, uno de los principales anticancerígenos cuya entrega corresponde a Nación.

Alexis trabaja con pacientes oncopediátricos y es padre de Ren, fallecido de cáncer a los ocho años. Si bien aclara que la Ley Oncopediátrica (sancionada en 2022) exige la cobertura de la medicación para niños y niñas, advierte que las drogas oncológicas, al ser habitualmente inmunosupresoras, generan una baja en las defensas y así facilitan la producción de infecciones intrahospitalarias durante la internación. La medicación que combate estas infecciones no está asegurada a pesar de que la Ley Oncopediátrica determina que todos los insumos relacionados con la internación deben ser garantizados: “Como no están dentro del cuadro oncológico, las obras sociales argumentan que no forma parte de lo que deben cubrir”.

Al mismo tiempo, cuestiona lo burocrático del procedimiento para solicitar los tratamientos: “Las familias que están con un hijo enfermo no están en condiciones de andar haciendo trámites”, advierte. En concordancia, Mónica Santi, acompañante terapéutica de pacientes con cáncer de mama y miembro del grupo Unidos por el Cáncer, declara que una persona con cáncer de mama debe realizarse cada seis meses una serie de estudios “sumamente invasivos” para renovar la medicación: “Es innecesario porque la oncóloga sabe cuál es el estadio de la enfermedad”, agrega y afirma que también hay retrasos en la asignación de turnos para esos estudios: “En una enfermedad que no puede esperar como lo es el cáncer, tendría que existir menos burocracia”, opina.

Tanto Mónica como Alexis coinciden en que la medicación que debe garantizar el Estado ronda mínimamente entre los ochenta y los noventa mil pesos si se la obtiene de forma particular. Además, en ocasiones se ofrece en dólares y solo rinde para una semana de quimioterapia.

Desesperación

“Recién ahora tengo esa sensación de riesgo total porque no sé cómo va a ser el futuro”, confiesa Julio Bullon, un docente que perdió casi la totalidad de su voz a raíz de las múltiples operaciones a las que tuvo que someterse por cáncer de colon con metástasis en hígado y pulmón. Cuenta que su obra social no cubrió los insumos necesarios para su primera sesión de quimioterapia, la que pudo solventar gracias a medicación prestada y antigua que él conservaba. Dice sentir “desesperanza” porque no sabe qué sucederá con su segunda sesión, que mientras tanto se pospone indefinidamente a la espera de tratamientos que no llegan.

“Si no obtenemos respuesta seguiremos para adelante”, concluye Débora Bosco, que confía en la movilización y en el contacto con los medios de comunicación como herramientas para llegar a una solución para esta problemática.

Un abrazo a los glaciares

Un abrazo a los glaciares

Ene 31, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Guías de Parques Nacionales organizaron una protesta junto al glaciar Perito Moreno para detener la amenaza que representa el proyecto de Ley Ómnibus a los casi 17 mil glaciares del país.

“Estamos acá para hacerles saber a quienes gobiernan, a los que tienen que velar por nuestros derechos, que el pueblo está firme en que los glaciares no se tocan. ¡No a la modificación de las leyes ambientales!”, exclamó Nazarena Paschetta, guía del Parque Nacional Los Glaciares, al finalizar el abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno. Los presentes respondieron entre aplausos al grito de “viva la patria” y con el mismo canto que unía a los reclamos en distintos lugares del país en la jornada de lucha para frenar la Ley Ómnibus: “La patria no se vende”.

“Abrazamos al Glaciar Perito Moreno, que está experimentando muchos cambios, porque lo necesitamos cuidar. En Argentina tenemos 16.900 glaciares, pero sólo este es famoso. Si lo abrazamos, abrazamos también a los que no están dentro de áreas protegidas, pero son igual de importantes”, justificó Paschetta.

El abrazo fue convocado el 24 de enero en el momento del día donde hay más gente en el glaciar. Durante la mañana, algunos compañeros convocaron en las pasarelas a la actividad, intentando concientizar a la gente que estaba en el lugar. Así, se acercaron turistas, vecinos de El Calafate, otros guías y trabajadores del Parque Nacional.

 

“No hay emergencia que justifique la destrucción ambienta”, rezaba uno de los carteles de los manifestantes. En esa línea, Paschetta declaró a ANCCOM: “No existe crisis económica que permita que se atente contra el ambiente. En todo caso, que aumenten las regalías a las mineras: dejan muy poco en el país y declaran mucho menos de lo que realmente producen. Ya sacan un montón de nuestros recursos, por lo menos que paguen lo que tienen que pagar. No tiene lógica que hablemos de aumentar la zona de explotación de nuestros patrimonios”.

El proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como Ley Ómnibus, pretende modificar la Ley N°26.639 de Glaciares sancionada en 2010 junto con otras leyes ambientales. “Tenemos que sentirnos orgullosos como argentinos, que somos el único país que tiene una legislación exclusiva para glaciares. No podemos permitir que cambie para responder a los intereses de las compañías”, agregó Paschetta.

La propuesta de ley cambia los Artículos 1 y 2: reduce la zona de protección de las zonas glaciares y periglaciares, permitiendo que se usen para actividades extractivas o contaminantes, y limita su definición a “recarga de cuenca hídrica”. Con la legislación actual, se frenaron más de 40 proyectos mineros en pos de preservar la biodiversidad y la reserva de agua dulce nacional. Según el Acuerdo de Escazú, al que nuestro país adhiere, la propuesta de reforma es una “regresión ambiental” que no estaría permitida. 

“El campo de hielo patagónico sur es el tercero más grande del planeta, de donde descienden los glaciares de nuestro Parque Nacional. Estos son reservas de agua dulce: de toda el agua que hay en el mundo, el 3% es dulce y de ese porcentaje, el 70% está en los glaciares. Siendo que nuestro cuerpo es 70% agua es preservar los glaciares, es cuidar nuestros cuerpos”, reflexionó Paschetta.

El grupo de guías autoconvocados que organizó la actividad surgió cuando se supo cuáles iban a ser las modificaciones en las leyes ambientales. “Teniendo en cuenta que nos puede afectar tanto no puede ser que pase así nomás: teníamos que hacer sentir lo que estaba sucediendo. Somos guías del Parque Nacional: no podíamos ser ajenos. Teníamos que hacer algo”, contó.

En diálogo con Señal Calafate, una de las manifestantes fundamentó la acción: “No quiero que practiquen megaminería en la zona periglaciar ni que los extranjeros puedan adquirir más tierras y sigan expandiendo su poder económico y que nosotros tengamos que desterrar a los pueblos originarios”. De fondo, volvió a resonar “La patria no se vende”.