Más de 500 policías federales y de la Ciudad participaron de la represión con gases y palos de cada miércoles a los 150 jubilados que reclamaban mayores haberes y el retorno de los medicamentos gratuitos y la moratoria previsional. Hubo 9 heridos. Mirá las fotos de ANCCOM.
Cincuenta y nueve de las 124 víctimas confirmadas del fentanilo adulterado eran de esa provincia, muchas de ellas de Rosario, donde sus familias y las del resto del país se reunieron para reclamar verdad y justicia. Mientras la causa avanza, van quedando expuestas las complicidades y ocultamientos de los centros médicos.
La investigación de la tragedia del fentanilo adulterado sigue su curso en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, pero también vive con fuerza en las historias de los familiares de las víctimas. Con la confirmación judicial del número de casos en Santa Fe y el impulso de sus diputados se anunció que el 3 de noviembre se conformará una comisión investigadora en la provincia.
En Rosario, nadie supo cuándo empezó la tragedia. No hubo un estallido ni una sirena a tiempo. Solo un murmullo, en las guardias, en los pasillos, entre las enfermeras que se miraban sin saber qué decir. Los pacientes morían, uno tras otro, sin explicación. Los partes médicos hablaban de “fallas multiorgánicas”, “neumonías resistentes”, “cuadros sépticos”. Palabras sin rostro, que no decían nada y sembraban dudas. Las familias de Mónica Bracalente, Luis Cortopassi y Roberto Cuaglia se movían por los pasillos de los hospitales. Cada una vivía su propio infierno, pero todas oían la misma música de fondo: los pitidos del monitor, la respiración artificial, el silencio de los médicos que bajaban la mirada cuando pedían explicaciones.
El 17 de febrero, Mónica Vilma Bracalente, de 68 años, llegó al Hospital Italiano de Rosario porque tenía el dedo del pie inflamado. Mónica era una paciente diabética. Ella y su familia vivían en Arroyo Seco, a media hora de Rosario. Su hija, Claribel Pigini, cuenta que llegaron por recomendación de un médico de Villa Constitución, debido al equipo de diálisis con el que cuenta la institución. El especialista señaló que, en pacientes como ella, este tipo de situaciones no eran inusuales.
A las 22.30, después de tres horas en la guardia, pudieron comenzar con los análisis. El resultado de la muestra de sangre dio mal y Mónica pasó a internación. Ningún familiar se pudo quedar esa noche y por la mañana recibieron la noticia de que la habían mandado a terapia intensiva. Nadie entendía por qué todo pasaba tan rápido.
Al segundo día de terapia intensiva la operaron y le realizaron el raspado de la infección del dedo. “Mi mamá del pie ya estaba bien”, recuerda Claribel.
Pero al tercer día de internación empezó a desmejorar por falta de aire. Y al cuarto día la pusieron en un coma inducido con respirador. La familia recibía placas de pulmones y partes médicos que generaban cada vez más preguntas. Se había complicado todo por algo tan chico.
—En ese momento no se hablaba del fentanilo. Estábamos en la nada misma. Ni ellos sabían.
Se hacía mención de una bacteria que no tenía nombre ni forma de combatirla. Ni una palabra sobre el fentanilo. Después supo que el quirófano donde operaron a su madre usaba ampolla del lote 31202, el mismo que después el Instituto Malbrán confirmó como contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica. Pero en ese momento nada tenía explicación y el 3 de marzo Mónica falleció.
— Yo veía que mi mamá estaba hinchada, llena de cables y con el respirador.
En los pasillos del hospital retrata Claribel que todos los casos de terapia intensiva presentaban complicaciones abruptas, desmejoramientos que nadie entendía y nadie podía explicar. La ausencia de respuestas empezó a hacer ruido. Las dudas se acumulaban en las camillas y en cada silencio médico.
Un día, Claribel vio en la televisión el comunicado de la ANMAT y los testimonios de los familiares de las víctimas, entre ellas la historia de Renato Nicolini, un chico de 18 años que había muerto en Buenos Aires. En ese momento entendió que su mamá no había muerto por una inflamación del dedo, ni era un caso aislado. En el informe aparecía Sol Franchesse, la mamá de Renato, y mencionaban el fentanilo.
Después, Claribel se contactó con Sol y con la ayuda de Adriana Franchesse —tía de Renato y abogada de varias de las familias víctimas en la causa— empezaron a desarmar el laberinto. Juntas, fueron encontrando las piezas que faltaban y, de a poco, la verdad empezó a aparecer. Fueron a pedir la historia clínica. A la hermana de Claribel la atendió una secretaria, pero solo le dio una hoja con dos líneas escritas a mano, nada más. Insistieron. Querían el historial completo.
Quince días después, y tras pagar quince mil pesos, les entregaron un manojo de papeles sueltos. Análisis borrosos, tachaduras, espacios en blanco donde deberían estar los informes. Un rompecabezas sin piezas.
La historia clínica, por ley, es el documento que reúne cada práctica, cada diagnóstico, cada decisión médica sobre un paciente. Debe entregarse —sin excusas— dentro de las 48 horas desde que se solicita. Firmada y autenticada por la autoridad del hospital. También lo dice la ley: no pueden cobrarte por acceder al historial de un familiar fallecido. El derecho no debería tener precio.
—Desde el hospital no tuvimos respuesta de nada, ni un comunicado. Nosotros empezamos a investigar sin saber nada de leyes ni de medicina y hacernos expertos de la mano del grupo de mujeres que se formó en Rosario. Estábamos todos en la misma.
El 31 de marzo de 2025, Luis Cortopassi llegó al Sanatorio Parque acompañado por su esposa, Claudia, por un dolor en el abdomen. Luis tenía 57 años e ingresó en sillas de ruedas al Centro de Emergencias Regional a las seis de la mañana. “Lo de emergencia lo pondría en duda”, cuestiona Claudia.
Entre estudios y esperas, estuvieron dos horas en la guardia, bajo la luz fría, para que le den una camilla. Él se encontraba en una descompostura que le costaba mantener los ojos abiertos. Cuando al fin lo subieron al quirófano por una hernia, ya habían pasado casi doce horas. Salió en un estado delicado con perforación de intestino y paso directo a terapia entubado.
—Viendo los estudios posteriores al desenlace, la infección era muy importante— explicaba Claudia.
Estuvo siete días internado en la terapia del Sanatorio Parque, perteneciente al Grupo Oroño. Un detalle que resalta su esposa como algo que no se quiere nombrar en Rosario.
Durante los primeros días, Luis parecía mejorar. Los médicos notificaron que la sepsis estaba bajando como las dosis de suplementos que necesitaba el cuerpo y la sedación. Su esposa pudo entrar a verlo, se tomaron de la mano, se miraron, él le contestaba con la cabeza y con los ojos. Solo quedaban pocos pasos y cerrar la herida.
—Ya se había encaminado por el esfuerzo del propio paciente y de todo el cuerpo médico. Pero entró a la segunda cirugía y ahí comenzó todo.
Hasta que el cuarto día tuvo fiebre. Luis estaba lleno de cables, de bolsas, ganchos y aparatos por todos lados. Los días siguientes consistieron en recaídas. Fiebre. Ritmo cardíaco acelerado. Le cambiaban de antibióticos, de sondas. Revisaban qué bacteria podría ser la causante. Pero no tenía nombre. Sólo las hipótesis y sospechas inundaron el cuarto.
—A los médicos los veía desorientados.
Hasta que al sexto día le diagnosticaron una neumonía y Claudia recuerda que las manos de su marido estaban hinchadas. Al séptimo día falleció, según los médicos por una falla multiorgánica. Un infarto.
A los pocos días, Claudia volvió a reunirse con los médicos buscando explicaciones. La razón, entre muchas excusas, dieron a entender era el estado débil de su esposo. Pero nada concreto. Había superado la sepsis. No entendía. Las sospechas surgían en los pasillos de terapia. Pacientes que desmejoraron abruptamente. Se escuchaban muchos casos que se repetían en cadena. Pero a nadie le sorprendió.
En su intento de que alguien escuchara su caso, Claudia empezó a mandar mensajes a medios y radios de Rosario. Nadie respondía. Semanas después, vio en las noticias el caso de Carla, hija de una de las víctimas del fentanilo adulterado. En la pantalla apareció el nombre del laboratorio: HLB Pharma Group. Hablaban de ampollas de fentanilo contaminado con bacterias. Y había un número de teléfono.
Ese número fue el hilo inicial. A partir de ahí comenzó a tejerse una red que la llevaría hasta Adriana Franchese, tía de Renato y abogada de muchas de las familias afectadas. Adriana tenía una lista con los casos de fentanilo contaminado. En esa lista estaba el nombre de Luis. Esa información había sido enviada por el Sanatorio Parque, pero solo después de que el juez Ernesto Kreplak lo exigiera reiteradas veces.
Era el mismo sanatorio que nunca había tenido respuesta para Claudia. Ella había pedido la historia clínica y le entregaron 361 fojas. Más tarde, junto a los abogados, supo que en realidad había más de mil. Algunas páginas están repetidas. Otras pertenecían a pacientes que eran su familiar.
— Me ocultaron pruebas, solo me dieron un cuarto del historial clínico.
De la mano de Carla Maino, comenzaron a sumarse otros familiares. “Todos nos íbamos enterando prácticamente en la calle”, cuenta Claudia. Nadie les explicaba nada. Nadie en Rosario parecía querer que la verdad saliera a la luz. Entonces, lo que empezó como desconcierto se convirtió en necesidad: buscar respuestas, no estar solos.
El acompañamiento entre familias, estar en un grupo, tener asesoramiento legal y un juez comprometido al frente de la causa les dio, por primera vez, un poco de paz.
—A Luis lo atendieron bien, pero con el resto fueron inhumanos. Ellos tenían la lista, sabían lo que pasaba y no tuvieron el corazón de llamarnos para decirnos la verdad.
Santa Fe fue una de las jurisdicciones más afectadas por la distribución del medicamento adulterado: recibió 39.705 ampollas del fatídico lote 31202 de fentanilo.
Según consta en la resolución judicial del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a la que pudo acceder ANCCOM, la provincia de Santa Fe fue una de las más afectadas por la distribución del medicamento adulterado: recibió 39.705 ampollas del lote 31202 de fentanilo HLB. Este lote se produjo en Laboratorios Ramallo S.A., empresa perteneciente al HLB Pharma Group. Entre los centros de salud públicos y privados que lo recibieron y administraron se encuentran el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Rosario), el Hospital Italiano Rosario (sedes Centro y Sur), el Sanatorio Parque (Rosario) y el Hospital Municipal Dr. José María Cullen (Santa Fe capital). La distribución en la provincia estuvo a cargo de droguerías como Nueva Era, Alfarma SRL y Federal Pharma.
La investigación judicial —Causa N° 17371/2025— identificó a 59 pacientes fallecidos en Santa Fe con posible vinculación al brote. El Cuerpo Médico Forense determinó que la infección por estas bacterias multirresistentes fue un factor decisivo o agravante en los fallecimientos. La gravedad del caso llevó a que la Municipalidad de Rosario y varias entidades propietarias de sanatorios se constituyeran como querellantes. Además, parte de los imputados —como Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica y Víctor Pablo Boccaccio— ocupaban cargos clave en Laboratorios Ramallo y tenían domicilio en Rosario o en otras ciudades de la provincia.
Pero todo eso —los documentos, las cifras, los nombres en lista— no alcanza para contar lo que sucedió adentro de cada familia. Valeria Cuaglia pasó casi un mes en el Hospital Italiano Centro de Rosario acompañando a su padre, Roberto, internado después de un procedimiento en el Sanatorio Delta. Lo habían dejado pálido, con anemia, y la indicación era una transfusión. Esa noche lo despidió riendo, como siempre lo había visto, sin imaginar que, al día siguiente, ya no lo volvería a ver despierto.
El ingreso a terapia fue confuso y lento. Valeria recuerda esperar horas en un piso vacío, sin noticias, hasta que finalmente le informaron que su padre había sufrido una crisis respiratoria, que lo habían entubado y trasladado a cuidados intensivos. Desde ese momento, todo se precipitó: neumonía bilateral, infección generalizada, falla multiorgánica. Cada parte médico traía nuevas malas noticias. Las transfusiones no alcanzaban, los antibióticos se cambiaban sin respuesta, y la bacteria resistente que lo atacaba no tenía nombre ni tratamiento claro. Durante esos días, Valeria tocaba sus brazos hinchados y sentía el olor extraño que emanaba de su cuerpo; recordaba a su padre vivo y hablador, y lo veía reducido a un conjunto de cables y bolsas conectadas a la máquina que respiraba por él.
El 20 de mayo murió por un paro cardiorrespiratorio. Solo entonces comenzó a unir las piezas: el aviso del laboratorio el 8 de mayo, la alerta de ANMAT el 13. Su padre había recibido fentanilo de los lotes contaminados, y nadie del hospital se lo había dicho. Nadie le advirtió que lo estaban medicando con un producto peligroso. “Lo estaban matando mientras yo creía que lo cuidaban”, recuerda.
A partir de ahí, Valeria empezó a buscar otras familias, a contactar a quienes habían vivido historias similares. Fue así como llegó a Carla y Vanessa, que habían empezado a visibilizar los casos en los medios, y a Adriana Franchesse, abogada y familiar de otra víctima, con quienes pudo compartir información, angustias y dudas que nadie más entendía. Para ella, el grupo se convirtió en refugio y guía, un lugar donde cada pregunta, cada temor, era comprendido.
Valeria no habla de política, aunque sabe que su caso podría ser usado con fines partidarios. Su reclamo es otro: justicia para su padre y para todos los afectados, que se cumpla la ley de trazabilidad, que ningún medicamento vuelva a circular sin control y que los responsables paguen hasta el último. No es solo su lucha, dice, es la de todas las familias que perdieron a padres, hijos, abuelos, nietos, amigos. Una lucha por contención, por respuestas, porque nadie más tenga que atravesar lo que ella vivió. Porque lo que pasó no puede repetirse, y nadie debería enfrentarlo solo.
Las familias, primero, fueron nombres sueltos en un grupo de WhatsApp. Móviles vibrando de madrugada, mensajes con informes médicos, preguntas sin respuesta. De esa conversación rota nació la idea de hacer algo afuera, de poner el cuerpo donde el dolor existe. El 16 de octubre, frente al Monumento a la Bandera, se reunieron. Llevaban fotos, flores, carpetas con el nombre de sus muertos. “Una se siente más acompañada”, dijeron. Porque antes de eso, estaban solas: en los pasillos de los hospitales donde nadie explicaba nada, en las oficinas donde sólo se hablaba en términos legales. Lo que había era bronca. Impotencia. Enojo. La sensación de que algo se había quebrado para siempre. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se escapa tanto de las manos?
Hoy son 124 casos confirmados, pero todos saben que hay más. Que siguen apareciendo historias. Que todavía se está investigando. Por eso no se detienen. Lo que empezó como un grupo disperso ahora tiene forma de reclamo. En los últimos días, los legisladores anunciaron que una comisión del Congreso sesionará en Rosario para escuchar a las familias y avanzar en la investigación sobre el fentanilo adulterado. No es justicia, todavía. Pero es una puerta abierta. Una promesa de que alguien —por fin— va a escuchar.
Todos los miércoles, en paralelo a las manifestaciones en Congreso, un grupo reclama frente a la residencia presidencial para mejorar su calidad de vida. Esta semana también hubo represión frente al Palacio Legislativo.
Este miércoles se vivió una nueva jornada de protestas en la que jubilados de todo el país se manifestaron en contra de las políticas del gobierno nacional. Mientras se desarrollaba la ya tradicional marcha de los jubilados frente al Congreso de la Nación –donde una vez más fueron reprimidos y a uno de los manifestantes le fracturaron un brazo–, un grupo más reducido de jubilados se dio cita para manifestarse frente a la Quinta de Olivos. Allí, el colectivo “Jubiladxs Quinta de Olivos” volvió a reclamar, como cada miércoles, por el deterioro de su calidad de vida.
Esta agrupación forma parte de los numerosos colectivos de jubilados que, en distintos puntos del país, vienen movilizándose semana tras semana para reclamar un aumento de los haberes, la restitución de medicamentos gratuitos y una política previsional que garantice una vejez digna. Entre cánticos, tambores y las bocinas de los autos que pasaban por la avenida Maipú, los manifestantes hicieron oír una vez más su reclamo frente a la residencia presidencial.
Sobre las 17, las puertas de la plaza que, sobre la venida Maipú, anteceden a la Quinta de Olivos, fueron cerradas bajo vigilancia de la policía federal. Formaciones de oficiales armados observaban en silencio la llegada de decenas de jubilados que comenzaban a agruparse en la esquina de Villate y Maipú. «La primera vez éramos cuatro en aquella puerta que está allá, y la policía decía: “¿Cuándo van a llegar los camiones?”, y no, somos nosotros», recuerda Marcela Benegas, jubilada de 69 años, exdocente de la UBA, quien es una de las fundadoras de la agrupación. «Nosotras nos reunimos con unas vecinas en un bar y pensamos “hagamos algo acá” », afirma Benegas. Ella y un grupo de vecinas de la zona que solían viajar habitualmente hasta el Congreso para manifestarse, en donde fueron duramente reprimidas por la policía en varias ocasiones, decidieron buscar una alternativa para aquellos jubilados para los cuales movilizarse hasta el centro de la Ciudad y sufrir los abusos de la represión policial no es una opción. «Surgió entre tres o cuatro compañeras, precisamente el día que Milei dijo que él no iba a la Casa Rosada, que se quedaba “trabajando” aquí en Olivos, en mameluco, cuidando a sus hijos de cuatro patas. Ese día dijimos: “Si te vas a quedar acá, vamos acá”». Recuerda Liliana Russo, otra de las fundadoras de la iniciativa. Menciona que hay muchos jubilados que no pueden trasladarse hasta el Congreso, bien por cuestiones económicas, que hacen que el transporte hasta esa zona sea una limitante, o bien por cuestiones de salud que no les permiten desplazarse grandes distancias y mucho menos, enfrentarse a la policía.
«Estamos aquí por los reclamos de todos los jubilados de todo el país. Nos quitaron derechos, bajaron nuestros ingresos, nos sacaron la moratoria, nos sacaron los medicamentos al 100 %; un montón de logros que teníamos ganados, nos los quitaron todos», afirma Viviana, otra de las jubiladas fundadoras de la organización. «Lamentablemente los jubilados somos la variable de este gobierno cruel. Absorbemos cerca del 30% del ajuste. Los trabajadores absorben otro 40%. También estamos aquí para apoyar la lucha de los docentes universitarios, el Garrahan, y los discapacitados», afirma Marta Nara, Jubilada de 77 años, exdocente, perteneciente al SUTEBA. «Yo estoy muy orgullosa de poder aportar un granito, de hacer algo porque yo creo que ninguna persona puede ser feliz si sus congéneres, si sus conciudadanos, sus hermanos no lo son. Verdaderamente, yo soy una de esas personas. No puedo ser feliz si no veo feliz a mi prójimo», afirma Marta.
«Nosotros no cortamos la calle, no cortamos la avenida, hacemos semaforazo. Vos vas a ver que cuando pasan los autos, nos tocan la bocina en señal de apoyo, nos apoyan los vecinos. Eso lo hemos venido logrando desde mayo cuando comenzamos por qué no interrumpimos el tránsito», recalca Liliana.
Junto a ellas, Nélida Medina, jubilada de 72 años, muestra el recibo de haberes de la jubilación que acaba de recibir. Psicóloga de profesión, Nélida cobra la j mínima de 396 298 pesos. «El recibo de haberes, creo que habla por sí solo. Todos buscamos algún rebusque porque no nos queda de otra, pero el que no puede o el que paga un alquiler, o medicamentos, no sé cómo hace», se pregunta Nélida. «Yo estaba sola y temía ir al Congreso por temas de salud, ya que soy hipertensa y me puedo descompensar si me empiezan a dar palazos o esas cosas. Estoy muy feliz de poder estar acá y voy a seguir viniendo todos los miércoles», comenta.
José Piazza, músico jubilado de 77 años, quien fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y trabajó en el Teatro Colón, también fue delegado gremial de ATE. Tras acompañar las manifestaciones del Congreso por mucho tiempo, decidió trasladar su lucha a las afueras de la Quinta de Olivos por cuestiones de salud y económicas; ya que al ser vecino de la zona le resulta una alternativa más viable. «Cierran 26 empresas por día, hoy las grandes empresas se van del país, Mucha gente queda sin trabajo. Si vos le quitas a la gente lo poco que tiene, la gente no puede consumir, el mercado no se mueve. Hay un 40 o 50% menos de consumo, entonces esa gente que tiene un bar o una carnicería debe despedir gente o cerrar porque no lo puede sostener. Si recibís una jubilación que no llega a los 400 000 pesos, no podés consumir. Ahora quieren una reforma laboral para empeorar aún más la situación de los trabajadores».
No todos los presentes son jubilados. Jorge Enrique es un trabajador de Aerolíneas Argentinas. «En el 2001 a nosotros nos apoyó la sociedad, y bueno, es un poco también devolver eso». Como él, muchos vecinos de la zona se suman a la manifestación. «Nosotros defendemos un Estado presente. Nos damos cuenta que el Estado debe estar presente en todo; ya sea en la salud, en la educación o en las jubilaciones. El trabajo del Estado debe ser evitar la desigualdad para quienes más lo necesitan. Lamentablemente, nos damos cuenta que el gobierno trabaja para defender intereses extranjeros que buscan aprovecharse de los recursos del país», argumenta.
Un fracturado en el Congreso
La manifestación frente a la Quinta de Olivos se ha mantenido en calma, sin represiones por parte de las fuerzas públicas. En contraste con lo ocurrido en el Congreso de la Nación, donde las represiones han recrudecido semana a semana. Esta semana, se registró cómo cuatro efectivos empujaron contra la vereda al jubilado Egidio Contreras y le fracturaron un brazo. Ahora deberá ser operado.
En Olivos, a pesar de esa situación, Liliana recuerda entre risas la anécdota de cuando el Padre Paco, figura representativa de la lucha de los jubilados, fue a apoyar la manifestación de los miércoles frente a la Quinta. «Le pregunté al Padre Paco: “¿Cómo te sentís acá?”, y me contestó: “¿Sabes qué? Un poco aburrido me siento, porque acá no me golpean, no me persiguen?”». El Padre Paco es una de las figuras que se han hecho presentes para apoyar al colectivo. Como él, cada vez son más las personas y organizaciones que buscan una alternativa más segura y cercana para que aquellos que más lo necesitan también puedan hacer oír su voz.
Sus familiares y amigos realizaron un festival solidario en Congreso para pedir justicia por el fotorreportero herido de gravedad en la marcha del 12 de marzo.
El sábado 18 de octubre, siete meses y seis días después de que el gendarme Héctor Guerrero le disparó con un lanzagases en la cabeza, se llevó adelante el festival “Justicia por Pablo”. En una jornada que contó con música en vivo, baile, exposiciones fotográficas e intervenciones artísticas, los allegados a Grillo volvieron a exigir respuestas del Estado para que se responsabilice a los autores materiales y políticos de la represión.
La convocatoria tuvo lugar en Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, sitio donde el fotógrafo recibió el impacto de la munición de gas mientras cubría la marcha de los jubilados del 12 de marzo, hecho que casi le provoca la muerte y hoy lo mantiene en rehabilitación. Desde entonces, allegados y vecinos de Remedios de Escalada, barrio del que es oriundo Grillo, organizan este evento una vez por mes, siendo ésta su séptima edición.
Alrededor de las 14, los coordinadores del festival, que cuentan con el apoyo del SiPreBA, CELS y otras organizaciones, iniciaron con los preparativos: micrófonos, parlantes, mesas y banderas. Una de ellas tenía dos cámaras dibujadas y cruzaba la avenida: “Armas de creación masiva. Justicia por Pablo Grillo”. En medio del escenario improvisado, se levantaba una gigantografía de Pablo usando una camiseta del Napoli y sacando fotos en una manifestación. La imagen, que hoy ya es ícono, fue tomada por Diego López el 24 de marzo de 2023 y se replicó en las remeras, carteles e ilustraciones que fueron apareciendo a lo largo de la tarde.
Musicalizados por el rock de Guacho Bestia y Un Segundo es Demasiado, el tango de Tomi Lago, el folklore del grupo Amapola y otros artistas, quienes asistieron se dividieron entre las partidas de ajedrez, el estampado de pañuelos con el lema del festival, las clases de baile y los mates bajo el sol. Además, niños y niñas pintaron ilustraciones de Grillo que se exhibieron al costado de la calle, al igual que las fotografías del colectivo de comunicación alternativa Argentina Arde, la fotógrafa Romina Vermelha y el colectivo fotográfico Les Ramones, que capturaron desde los rostros de los jubilados en el Congreso hasta los “semaforazos” de cada viernes a las 19 en la plaza Mariano Moreno de Escalada. Con el paso de las horas, los asistentes empezaron a cantar sus propias canciones: “Ole-le, ola-la, justicia por Pablito, queremos la verdad”, “Se siente, se siente, Pablo está presente”.
Entre actos musicales, el pintor estadounidense y activista por los derechos humanos Brian Carlson le obsequió un retrato de Pablo a su padre, Fabián Grillo, quien dijo que lo pondría en su habitación del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. “Está muy bien la recuperación. Los avances venían muy lentos y estos últimos días se aceleraron un poco. Está mucho más animado, hoy comió, camina un poquito con los kinesiólogos. Está evolucionando bien”, comentó sobre la salud de su hijo.
La causa judicial
El pasado 7 de octubre, la jueza María Romilda Servini dictó el procesamiento del cabo Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco ocasiones, agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad. La familia Grillo celebró la decisión y ahora está a la espera del juicio oral. “Era lo que esperábamos. Lo bueno es que dejan la puerta abierta para (procesar a) la cadena de mando, porque en la acusación hablan de que, al menos en otras cinco oportunidades, Guerrero disparó indebidamente y nadie lo sancionó. Por lo tanto, es una demostración de que el tipo recibía órdenes”, expresó Fabián en diálogo con ANCCOM. “Bullrich y otras autoridades salieron a decir que había obrado bien, incentivaron esa forma de obrar. Y quedó comprobado que fue en contra de los manuales y lo que dice en la propia munición. Eso quiere decir que la cadena de mando está involucrada”, agregó.
Luego de la noticia del procesamiento del gendarme, la ministra de seguridad Patricia Bullrich habló a los medios e insistió en que el disparo fue hecho de forma reglamentaria y que las pericias hechas por la Polícia de la Ciudad así lo constataban. Sin embargo, la reconstrucción inicial hecha por el Mapa de la Policía, organización civil que busca contrarrestar la violencia policial, así como las realizadas en el marco de la causa bajo la tutela de la jueza Servini, dan cuenta de lo contrario: el tiro fue hecho de forma horizontal apuntando hacia donde estaba Pablo y no hacia arriba en un ángulo de 45°, como indica el protocolo. Los alrededores del festival estaban empapelados con la cara de la funcionaria y las frases “Bullrich responsable” y “Bullrich asesina”.
La iniciativa surgió con el fin de dar mayor visibilidad al pedido de justicia e invitar a más personas a sumarse a la lucha contra la brutal represión que caracteriza al gobierno actual. Esta vez se trasladó de Escalada a Congreso, el lugar en que la vida de Pablo y su familia cambió rotundamente. A las 17:18, hora exacta en que Grillo fue herido, se realizó una intervención en el mismo punto en que él estaba tomando fotos antes de recibir el impacto aquella tarde de marzo. Su padre y otros allegados armaron un mosaico gigante junto a la marca que dejó el incidente en el asfalto, claramente visible aún siete meses después. En él aparece nuevamente Pablo con su cámara. Debajo, la leyenda “Pablo estaría acá”. Nuevamente, se coreó su nombre y el pedido de justicia. El espacio se mantuvo por el resto del día para que las personas pudieran acercarse a sacar fotos.
Un miércoles más, los jubilados marcharon hasta el Congreso para reclamar aumento de haberes, la restitución de los medicamentos gratuiros y la reposición de la moratoria. Otra vez hubo un desmedido despliegue policial, aunque en esta oportunidad sin represión. Mirá las fotos de ANCCOM.
Mientras se preparan para una convocatoria federal que se realizará este jueves 16 de octubre a las 18 en el Monumento a la Bandera de Rosario, las familias víctimas del fentanilo adulterado continúan reclamando justicia e intentando visibilizar el tema. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema ya interviene en la causa que instruye el juez federal Ernesto Kreplak.
Lo que empezó como una sospecha de laboratorio hoy es una causa judicial federal, una comisión investigadora del Congreso y una lista de nombres de personas fallecidas probablemente incompleta. Las ampollas ya no circulan, pero el caso del fentanilo adulterado sigue vivo. En la sala del Congreso donde sesiona la Comisión Investigadora del Fentanilo Adulterado, el martes 7 de octubre, se reconstruyó la secuencia técnica que derivó en la detección del contaminante (marca HLB Pharma, lote 31.202). Familias, diputados y médicos compartían un aire denso, donde el dolor se mezclaba con la exigencia de justicia y la necesidad de respuestas. Nadie fue solo a escuchar; todos fueron a pedir explicaciones.
Los representantes del Hospital Italiano de La Plata tomaron el micrófono. No había espacio para la especulación: solo fechas, pruebas y protocolos. El doctor Roberto Martínez, director general del hospital, leyó en voz baja: “Nunca soñamos que dentro de una ampolla estéril íbamos a encontrar dos bacterias multirresistentes”. A su lado, la microbióloga Virginia González añadió, “Era impensado, pero lo encontramos… se me cayó el alma cuando vi los tubos turbios”.
El relato técnico reconstruyó el recorrido de las ampollas adulteradas de fentanilo HLB Pharma, lote 31.202:
1° de abril: ingresó al hospital.
7 de abril: Se pone en circulación.
30 de abril: uso de 1.669 ampollas contaminadas.
15 al 30 de abril: primeros cultivos positivos.
29 y 30 de abril: pruebas de ampollas sembradas.
30 de abril: retiro inmediato del stock.
2 de mayo: comunicación formal a ANMAT.
5 de mayo: envío de 15 ampollas y documentación.
8 de mayo: alerta pública nacional.
12 de mayo: Resolución 3156 de ANMAT: retiró oficialmente el lote.
El hospital informó que conservó todas las muestras bajo guarda judicial y se constituyó como querellante ante la Justicia Federal. Detrás de cada dato había un intento por demostrar que actuaron con responsabilidad, pero también la carga emocional de saberse parte de una tragedia nacional. “Nosotros somos víctimas tanto es así que nos presentamos ante la justicia como querellantes. Presentamos todas nuestras cuestiones y la justicia federal tiene como víctima al Hospital Italiano de La Plata”, exclamó el director general con la voz quebrada. Una declaración que rápidamente generó controversia y una respuesta tajante de las familias:
“Me duele escuchar que el doctor diga que el Hospital Italiano es una víctima, es una falta de respeto. Las víctimas fueron de carne y hueso. Las víctimas están todas hoy en un cementerio. Las víctimas estamos sentadas acá. Las víctimas fueron personas. Una institución no es víctima”, manifestó Ivana Esteban, hija de una de las personas muertas por el fentanilo adulterado.
Las voces de las familias sonaron como un eco que se repetía con distintas entonaciones, pero una misma herida. Contaron que nadie las llamó, que se enteraron por la televisión, por un mensaje, por otra familia que había pasado lo mismo. Hablaron de silencios: el de los hospitales, el de las autoridades, el de los correos que nunca llegaron. Luego vinieron los papeles: los pedidos de historias clínicas que demoraron semanas, los formularios, los sellos. Entre cada demora, el duelo se volvía más denso. En la sala, se percibía una desconfianza extendida, un aire de abandono.
“¿Por qué no se acercaron a decirme que Renato estaba contaminado con estas dos bacterias?”, preguntó Sol Frechese en un intento de saber la verdad del silencio.
En la sala, cuando hablaron las familias de Rosario y de Córdoba, el aire cambió. Ya no se trataba de laboratorios ni de fechas: era el sonido de una ausencia que nadie había querido escuchar. “Enterré a mi madre sin saber que había sido intoxicada; me enteré por otros familiares, no por el hospital”, dijo Ivana desde el fondo, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier dato técnico. En Rosario, contaron, no hubo alertas ni llamados, solo certificados con diagnósticos genéricos y puertas cerradas. “Nos enteramos por los medios que nuestras madres habían muerto por fentanilo contaminado”, reclamó la hija de una víctima. En un comunicado brindado a este medio, notifican un pedido formal de las familias de Rosario. “Presentamos una nota haciendo la solicitud de asistencia a la ciudad y pedimos además asistencia económica para el traslado de las personas que vengan de localidades cercanas”.
En Córdoba, el caso del bebé Giovanni conmovió a todos. Sus padres, Darío y Sol, narraron entre lágrimas una historia que ya es símbolo de abandono: “El Ministro de Salud vino solo cuando salimos en los noticieros. Nunca se presentó el director del hospital y nunca tuvimos ayuda psicológica. Estuvimos tres meses sin ayuda de las personas que le correspondía. No queremos dinero: queremos responsabilidad”, denunció Sol mientras contaba los meses que tuvieron que atravesar con el recién nacido. El bebé sigue internado con asistencia vital. Su historia traspasó los límites del expediente: mostró cómo la respuesta estatal llega, pero tarde. “Si nosotros no hablábamos en ese grupo de Whatsapp, el bebé iba a hacer un caso más y nadie iba a saber”, explicó el padre de Giovanni.
“Siempre vimos que en Buenos Aires se movió todo más rápido. Y agradezco la solidaridad y el apoyo del grupo de familias, porque gracias a ellos pudimos enterarnos y siempre nos contuvimos entre nosotros”, contaba Estefanía Ferrari en diálogo con ANCCOM. Estefanía perdió a su padre en el Hospital Italiano de Rosario, donde afirma que hubo destratos, culpabilización y falta de respuesta. “Entró caminando para una operación y murió por una ampolla infectada”.
Después de escuchar esos testimonios —las madres que se enteraron por la televisión, los padres que esperaron meses por una respuesta—, los diputados tomaron la palabra con una mezcla de indignación y pudor. Las historias de Rosario y Córdoba habían dejado la sala en vilo, y las preguntas que siguieron ya no fueron meramente técnicas. Vilma Ripoll, del FIT-U, rompió el tono institucional: “El Ministro de Salud (Mario Lugones) es un caradura. No puede dormir tranquilo mientras las familias siguen sin respuestas”. Pablo Yedlin, de UxP, habló de trazabilidad, de leyes que aún no existen. Su par de bancada Alejandro Rodríguez preguntó por qué una ampolla de HLB Pharma costaba menos de la mitad que la de otros laboratorios. Entre acusaciones y pedidos de informes, lo que se filtró fue otra cosa: la conciencia de que la tragedia no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un sistema roto.
“Los mecanismos por los cuales decidieron la compra en HLB Pharma, que dicen que es una plataforma que les cotiza y que dicen cuánto es, son obviamente insuficientes para tomar las decisiones”, comentaba Christian Castillo (FIT-U) a ANCCOM sobre la presencia del Hospital Italiano de la Plata. “No dieron precisiones sobre por qué no le comunicaron a los familiares lo que pasó, sostienen que ya no eran pacientes, perodebe haber una disposición que los obligue a eso, porque los familiares se enteraron mucho después, hay temas que quedaron por seguir indagando”.
Las denuncias parlamentarias intentaban ponerle palabras a lo que las familias ya habían dicho con el cuerpo: que a las víctimas se les dio la espalda desde todos los frentes, y que reparar esa omisión también es una forma de justicia. Las críticas se centraron en las demoras para entregar historias clínicas, los cobros indebidos y la ausencia de sistemas digitales. “No puede ser que entreguen historias clínicas a mano, que se cobren y que tarden veinte días. Hay que hacer obligatorio un sistema digital e inmodificable”, expresó Ripoll en la sala.
En paralelo, según pudo confirmar este medio en registros oficiales del Poder Judicial de la Nación, el expediente principal FLP 017371/2025, instruido por el juez federal Ernesto Kreplak en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, se encuentra actualmente desagregado en al menos 40 legajos activos. Cada uno de ellos está bajo intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se analizan las causas de muerte de las víctimas del caso del fentanilo contaminado.
Esta derivación a la órbita del máximo tribunal, que no había sido informada oficialmente, confirma que la investigación mantiene trámite forense a nivel nacional y que la Corte Suprema cumple una función técnica en la verificación de los fallecimientos.
Entre los legajos consultados figura también el Incidente N.º 193/2025, donde el imputado Diego Hernán García —vinculado a HLB PharmaGroup y Laboratorios Ramallo— solicitó prisión domiciliaria, lo que muestra que el caso continúa con medidas cautelares y apelaciones activas. Esta información complementa la apelación presentada por el abogado Gastón Marano, defensor de Ariel García Furfaro, que pidió la nulidad de la indagatoria y cuestionó las irregularidades del proceso. En su planteo, sostiene que la resolución carece de precisión —que no se explica con claridad qué hizo Furfaro, cuándo ni cómo— y que esa vaguedad vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. También cuestionó que el juez haya usado la figura de la coautoría funcional, un concepto que, según la defensa, se aplica de manera excesiva y sin pruebas directas. El movimiento busca algo más que una revisión técnica: intenta desmontar la narrativa judicial que coloca a Furfaro como parte central en la cadena de responsabilidades del fentanilo adulterado, y así abrir una grieta en el edificio de acusaciones que sostiene la causa.
El caso del fentanilo adulterado sigue su curso entre expedientes, pericias y apelaciones. Afuera del Congreso, las familias siguen esperando con los mismos papeles doblados, las mismas fotos gastadas. Nadie las prepara para el lenguaje de los tribunales, para esa forma de distancia que habla en términos que no curan. En los despachos se discute quién fue, cómo, cuándo. Y mientras los abogados buscan anular declaraciones y los jueces corrigen oficios, ellas siguen haciendo lo único que pueden: nombrar a sus muertos, una y otra vez, para que el olvido no gane también la causa.