Ocupar, resistir y producir

Ocupar, resistir y producir

Dic 17, 2021 | Destacado 3, Vidas políticas

Ante la quiebra y el cierre masivo de empresas que se dio en la crisis de 2001, la recuperación y autogestión de empresas por parte de los trabajadores fue una solución creativa que llega hasta hoy.

Andrés Ruggeri, antropólogo social recibido en la Universidad de Buenos Aires, docente y director de la revista Autogestión, trabaja desde el año 2002 dirigiendo el programa de extensión Facultad Abierta junto a su equipo en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente, este es el único programa nacional que recaba información acerca de la situación de las empresas autogestionadas, además de brindar apoyo y asesoramiento. El especialista detalla las dificultades que atraviesan las fábricas recuperadas en su camino recorrido desde el 2001, el futuro en un contexto de capitalismo concentrado y la falta de legislación que esté a la altura de los cambios sociales.

 

¿Cuáles son los factores determinantes entre los trabajadores para poder tomar una fábrica?

Una empresa recuperada es un proceso que a veces es largo y muy complejo, por definición podemos entender a las empresas recuperadas como procesos de autogestión, donde hay trabajadores y trabajadoras que organizan la producción, reparten los excedentes, comercializan, en fin, realizan todas las actividades de una organización económica. La característica de la empresa recuperada es que ese proceso de autogestión proviene de una empresa anterior, que era privada y quebró o cerró por causas múltiples, y se da ese proceso de pasaje a los trabajadores.

 

¿Qué implica el proceso de toma de una fábrica o empresa?

Ese proceso, que se cree muy rápido, implica muchísimas cosas. Primero hay que ver cuál es la situación que da origen a la empresa recuperada: a veces es una venta o un concurso de acreedores mal resuelto, una situación generalizada que además acelera este tipo de procesos, a veces eso no está tan claro, pero son conflictos que terminan derivando en la recuperación. Además hay que ver cuál es la situación jurídica de esa empresa y cómo es que los trabajadores logran que la cooperativa que forman se pueda asociar y quedar a cargo de esa empresa y poder trabajar, porque ya a cierto nivel de complejidad de una unidad productiva se requiere calidad. Hay que comprar, hay que vender, hay que estar inserto en el mercado. Entonces ese es el nudo del problema, el jurídico. Y después tenés todos los problemas que tienen que ver con la formación de un colectivo que pueda administrar y resolver los problemas económicos de una fábrica, así que son un montón de cosas que hay que tener en cuenta.

¿Cuál es la base de las empresas autogestionadas?

La democracia es la base de la autogestión. La democracia en el terreno económico, que es el lugar en donde menos hay democracia: la democracia está para todo lo demás, menos para lo económico y lo laboral, donde es todo vertical. Una empresa autogestionada justamente rompe con eso, es una ruptura radical y ese creo que es uno de los valores más grandes de la autogestión.

 

¿Considerás que hay una similitud entre el contexto del 2001 y el actual, teniendo en cuenta la crisis económica, como para que surjan más empresas autogestionadas?

Depende cómo pensamos eso. Yo creo que el 2001 fue una crisis general, económica, política y social, que llevó a hacer tambalear todo el entramado institucional del país, no fue solamente una crisis económica. Entonces en ese contexto fue que se hicieron visibles las empresas recuperadas. Ya existían, pero se multiplicaron y se convirtieron en un movimiento con una identidad específica. Antes sólo se hablaba de empresas recuperadas, después del 2001 empezó a hablarse de fábricas recuperadas, ocupadas, distintos nombres que reflejan este proceso. Yo creo que ahora efectivamente hay una crisis muy fuerte, que tiene que ver con un arrastre de cuatro años de macrismo y de neoliberalismo. La aparición de la pandemia provocó una crisis mundial, una caída de la economía y obviamente también afectó a la Argentina y ahora estamos pagando las consecuencias, incluso a nivel de percepción de la sociedad. Si eso puede llegar a provocar un estallido de las mismas características del 2001, habrá que ver, por ahora me parece que no, y que las condiciones son otras. El 2001 fue también una etapa terminal de un proceso, que se podría haber evitado, por supuesto. Ahora también se puede evitar eso, que fue una catástrofe. A veces se ve desde una perspectiva heroica el 2001, pero no fue mayo del 68, fue una cosa mucho más sufrida.

 

¿Considerás que ahora hay más experiencia en los trabajadores que toman las fábricas con respecto al 2001?

Por el lado de las empresas recuperadas yo creo que ahora hay un camino recorrido que en ese momento no estaba. Hay mucho más conocimiento del proceso, hay mucha más experiencia. Y hay mucha más experiencia del otro lado también, del lado de los patrones, de los jueces, del poder económico y del Estado. Y también hay más herramientas, del Estado incluso, que se pueden aprovechar.

 

¿Qué puede hacer el Estado para apoyar a este tipo de empresas?

Muchas cosas. En el 2019 se hizo en el estadio de Ferro un Foro Federal de Economía Autogestionada Popular. Ahí se hizo una especie de programa de políticas públicas, que creo que sigue estando vigente. Se han cambiado algunas cosas, por ejemplo empezar a pensar el sector cooperativo desde la política económica y no la política social. Las empresas recuperadas son básicamente económicas y cumplen un fin social, pero no son un sector vulnerable o no tendrían que serlo. Lo que hay que tratar es de acompañarlo con acciones, tiene que haber financiamiento, tiene que haber mecanismos de acceso crediticio no bancario o con la posibilidad de acceso, porque por lo general las cooperativas no acceden a las prestaciones bancarias. Entonces tiene que haber un cambio de legislación que contemple el trabajo autogestionado como una forma específica de trabajo, que no es lo mismo que trabajo independiente, ni por supuesto que trabajo formal ni autónomo. Es otra cosa, es trabajo colectivo, trabajo asociado, y eso es un enorme problema porque los trabajadores que recuperan empresas pierden años de antigüedad, pasan a tener una perspectiva de jubilarse con la mínima y no poder hacer todos sus años de aportes, tampoco hay convenio colectivo de trabajo.

 

¿La legislación es un punto central para el desarrollo actual de las empresas recuperadas?

La legislación laboral no rige para estas empresas, entonces eso hay que revisarlo. Es un punto fundamental porque si no está eso, la precariedad es permanente, por más que le pongas financiamiento, por más que los reconozcas, incluso por más que logren acceder a la propiedad. Una empresa recuperada generalmente está en conflicto con la propiedad y ese conflicto no se resuelve. Las leyes de expropiación están para el problema momentáneo del desalojo, pero en realidad el Estado no efectúa la expropiación. Eso es lo que pasó con la cooperativa Nueva Generación en Wilde: nunca lograron apropiarse jurídicamente del terreno, entonces alguien que tenía el título de propiedad accionó la justicia, la justicia le dio la razón y después, por las razones que sean, no se atinó a resolver eso y vino el desalojo. Eso es lo que le puede pasar al 80% de las empresas recuperadas en este momento. Pero incluso solucionando eso, van a seguir siendo trabajadores de segunda, porque no tienen un reconocimiento laboral como cooperativa.

 

¿Tienen registro de cuál es el número de trabajadores que actualmente operan en la autogestión?

Tenemos una base de datos del Programa Facultad Abierta y que ahora sirve de base al Registro de Empresas Recuperadas del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). También hicimos hace poco una guía de políticas públicas. El número aproximado de empresas recuperadas son 430 que ahora están funcionando como recuperadas, y los trabajadores son 15.500

 

¿Hay información acerca de cuántas empresas se mantienen hasta el día de hoy desde el estallido del 2001?

Es difícil hacer ese cálculo porque muchas veces se pierde contacto, a veces no se sabe si cerró o no. Hay cierres que tienen que ver sobre todo con la forma de desalojo violento, es bastante relativo la precisión de esos datos. Lo que sí podemos ir viendo es cuantas están activas, en los informes que fuimos haciendo hay varios cuadros sobre eso. En algunos informes trabajamos el tema de los cierres, pero hay un fenómeno con eso, que es que no se puede decretar el final de una empresa recuperada. Ya ha pasado de decir «No, ya está cerrado» y después abrieron de vuelta, porque a veces la cooperativa la mantiene, el lugar funciona legalmente, de pronto mejoraron las condiciones de trabajo y volvieron otra vez, o los desalojaron y volvieron a abrir, eso es bastante recurrente. Son muy distintas como funciona su lógica con respecto a una PYME.

 

¿Cómo ves el futuro a nivel mundial de las empresas recuperadas?

Una de las cosas que hicimos fue el encuentro internacional de economía de los trabajadores. En ese encuentro hay empresas muy grandes de muchos países, incluso de Asia, Europa y todo América. En algunos lugares como Europa está mucho más reglamentado, entonces son más workers collab antes que ocupaciones o procesos de lucha como acá. Allá terminan comprando las acciones y las convierten en cooperativas o asociaciones laborales, todo un proceso mucho menos traumático, pero en la práctica es más o menos lo mismo. En muchos países hay experiencia de este tipo. En la medida en que el capitalismo vaya siendo cada vez más concentrado y vaya precarizado mucho más el trabajo, es probable que la autogestión y las distintas formas de economías no verticalizadas vayan creciendo de formas muy diferentes. Toda la cooperativización es una forma de combatir, pero eso también debe implicar que se refleje en legislación, en políticas públicas, en derechos. Yo creo que el papel que tiene ahora las cooperativas en este momento es el de luchar por la supervivencia, porque esa es una constante, pero al mismo tiempo si logran determinadas conquista a nivel del Estado que les permitan consolidarse, es también mostrarse como un modelo diferente, que soluciona no solo el desempleo sino otras inequidades e injusticias que hay en el empleo informal y el empleo precario.

Caminata por la inclusión

Caminata por la inclusión

Dic 7, 2021 | Comunidad, Destacado 5

Familiares de niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista se reunieron este sábado en el Obelisco y exigieron el cumplimiento de lay que establece el abordaje integral e interdiscipilinario de sus hijos.

A pesar de que el pronóstico auspició lluvias durante el sábado, poco a poco el Obelisco comenzó a llenarse de personas en medio de la húmeda tarde porteña.

Cientos de familias vestidas de azul se concentraron con el propósito de iniciar una marcha que culminó en la Plaza de los Dos Congresos, en la que familiares de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) exigieron la implementación de la Ley 27043 de abordaje integral e interdisciplinario en todos los rincones del país.

El colectivo de Padres Autoconvocados está compuesto por diversos grupos de todo el país, entre ellos TGD Padres Tea y Hablemos de Autismo. A partir de un grupo de WhatsApp que surgió como forma de acompañamiento entre familiares de niños y adolescentes que padecen esta afección, se coordinó el encuentro para exigir los derechos correspondientes. ¿El propósito? Canalizar las demandas más importantes: diagnóstico precoz, inclusión real en las escuelas, terapias en tiempo y forma con obra social y sin ella, formación docente obligatoria y concientización en la sociedad fueron los tópicos principales. Si bien el mayor caudal de personas se congregó en el microcentro, la convocatoria se replicó en todo el país.

“A mi hijo hace unos días lo rechazaron en el colegio. Tengo amigas que no pueden llevar a terapia a sus hijos porque no tienen obra social. Algo tenemos que hacer, así que creé un grupo de WhatsApp donde se empezó a sumar gente, incluso de otras provincias. Convocamos el día de hoy y dijimos: ‘Vamos a juntarnos todos en el Obelisco para hacer una marcha hasta la plaza del Congreso’”, explicó a ANCCOM Gabriela, mamá de un niño de cinco años diagnosticado con TEA. Además, señaló que actualmente está buscando una escuela para su hijo y que “nos llevó muchísimo tiempo poder hacer todos los trámites y el certificado de discapacidad”.

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de diversas afecciones que, de distinta forma y en distintos niveles, afectan la interacción social y la comunicación, sobre todo verbal. Otras características implican reacciones poco habituales a las sensaciones; por ejemplo, quienes lo padecen pueden verse abrumados por los ruidos y experimentar distintas experiencias táctiles. Además, pueden presentarse patrones atípicos de comportamiento, desde la distracción a la completa atención a determinados detalles. En los casos más severos, el nivel cognitivo se ve afectado. El espectro es amplio y abarca distintas manifestaciones, lo que suele complicar el diagnóstico y, por ende, las terapias de contención.

En el 2014 fue sancionada la Ley 27043, que prevé el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan el espectro, la investigación en la materia y la correcta formación profesional para su detección y tratamiento. Sin embargo, a pesar de que Buenos Aires ya adhirió a la norma, aún falta su reglamentación en varios municipios de la provincia. Sara, mamá de Amadeo de seis años, contó que si bien su hijo fue diagnosticado a los dos años y medio con TEA, no todos tienen esa posibilidad: “Estamos acá porque hay nenes que no tienen la posibilidad que tiene el mío, que cuenta con obra social y puede acceder a un tratamiento. Florencio Varela no se adhirió a la Ley de Autismo, y hay muchos chicos que no tienen diagnóstico porque no pueden llegar a hacerse los estudios que son carísimos. No tienen el certificado de discapacidad y no tienen dónde hacer terapias”.

 

Implementar la ley

El primer paso para el abordaje del TEA es un diagnóstico correcto, lo que implica mayores niveles de capacitación profesional y campañas de concientización en la sociedad. Uno de los problemas más comunes entre las familias es la detección de la afección, ya que muchas veces la sospecha de comportamientos inusuales entre los niños es un motivo de alarma entre los padres, que no encuentran un rápido diagnóstico. “Para el diagnóstico tuvimos muchos problemas. Los pediatras (fuimos a alrededor de diez) no se daban cuenta. Decidimos ir al Hospital Argerich, nos derivaron al Hospital Garrahan porque ahí no hay neurólogos y el diagnóstico salió. Pero la lucha en zona sur es así, no hay neurólogos”, cuenta Sara.

La detección del autismo brinda una respuesta a los interrogantes de muchos padres que ven comportamientos no habituales en sus hijos, como la falta de habla o los problemas de relación con otros niños. Mónica, mamá de Sebastián de nueve años, cuenta cómo fue la reacción de su hijo al enterarse que tenía TEA: “Seba estaba feliz el día que le dijeron que era autista, fue un alivio porque el decía: ‘Ah, entonces ya saben qué es lo que tengo’, porque él sentía que era diferente. Yo sabía que había algo y le dije a mi marido”.

Con respecto al tratamiento, varía según las características del autismo presente en cada niño y los profesionales que requiera: terapeutas psicosociales, fonoaudiólogos, neurólogos, incluso maestras integradoras que acompañen la trayectoria escolar. Según señala la Organización Mundial de la Salud, las intervenciones de profesionales evidencian una mejora de las aptitudes sociales y de comunicación, generando un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con TEA y su entorno. El problema reside en el acceso a las terapias, que suelen ser costosas y obstaculizadas por muchas obras sociales: “Yo estuve un año entero y la obra social no me autorizó las terapias. Por cualquier cosa me ponían peros, me decían que mandaba mal los papeles. Mi nene tiene autismo y también Tourette”, cuenta Mónica. Además, señala que el precio del tratamiento particular parte de los 33 mil pesos por mes.

La cuestión escolar es otro de los puntos importantes del reclamo. Nairobi, de Capital Federal y mamá de un niño de once años, explica la discriminación que sufren muchas familias de niños con TEA: “En la escuela, primero se enfocan en los trastornos conductuales que tiene el nene, dependiendo el trastorno es que tiene vacante o no. Uno de mis mayores sufrimientos fue en preescolar, cuando me empezaron a decir que no debía estar ahí y les hice caso porque no sabía de esto, estaba mal informada. Hoy me lamento en el alma porque mi hijo, en una escuela común, con una maestra integradora, habría estado bien”. También subraya los niveles de “burocracia y sufrimiento” que implica el cambio de una escuela especial a una común.

El problema se repite en las escuelas de muchas partes de la provincia. Gabriela, una de las organizadoras, experimenta una situación similar: “El colegio donde él tenía un pase, pedido por el jardín en donde va, nos rechazó diciéndonos que no tenían vacante. Estamos en busca de otro, fuimos a uno donde lo aceptaron bien, pero es un colegio especial. Lo que nos cuentan es que en ese primer colegio no es la primera vez que rechazan a alguien que tiene autismo. Es un colegio público en donde mi hijo ya tenía el pase”.

Los problemas de detección, tratamiento y (falta de) inclusión escolar agudizan el padecimiento de los niños y padres. “Es demasiado, ya tenemos bastante con el sufrimiento, porque lo que pensamos es: ‘Cuando yo no esté, ¿qué va a pasar?’ y es en lo que estamos todos”, pregunta Nairobi. Por este motivo, la importancia de la implementación de la Ley 27043 en todo el país es vital para el desarrollo de los niños y su participación en sociedad. Además, los cursos de capacitación escolar y la concientización son aspectos fundamentales para evitar la discriminación: “Los chicos no se discriminan, son los grandes los que lo hacen. Y cuanto más incluidos se sienten, mejor están, porque no les dispara ataques de ansiedad”, señala Mónica. De esta forma, las familias se alzaron para hacer oír las voces de sus hijos, en pos de una sociedad con más derechos y menos exclusión.

 

La insoportable inseguridad de nuestros datos

La insoportable inseguridad de nuestros datos

Nov 10, 2021 | Comunidad, Destacado 3

Días atrás, el RENAPER confirmó que un usuario filtró Documentos de Identidad de ciudadanos argentinos en un foro web, a partir de una descarga ilegítima de datos de la plataforma estatal. ¿Qué maniobras se hacen con la información personal y por qué es importante resguardarla?

A principios de octubre, un usuario anónimo de Twitter difundió fotos de cuarenta y cuatro personas, entre ellas políticos, deportistas y figuras conocidas a través de la red social. Las fotos tenían una particularidad: publicadas en alta resolución, coincidían con la imagen adjunta en el Documento Nacional de Identidad, lo que dejó entrever que el usuario tuvo acceso real a la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que almacena los DNI. Pero el problema no terminó ahí: a través de un foro web, nuevamente un usuario anónimo ofreció en venta, por unidad, alguno de los cuarenta y cinco millones de DNI argentinos. La prueba que usó para intentar demostrar la tenencia de los documentos era un archivo de descarga que contenía, nada más y nada menos, que sesenta mil indentificaciones con fotos en alta resolución. Finalmente, el RENAPER reconoció la filtración, señalando que la descarga de datos ilegítima posiblemente provenía del Ministerio de Salud, uno de los tantos entes estatales que utiliza los servicios de identidad que provee el RENAPER.

“Fue un ataque a la seguridad de parte del Ministerio de Salud. Con las credenciales otorgadas, los trabajadores podían ingresar a la API, una interfaz para realizar consultas al RENAPER. Yo no sé si concretamente se filtraron tantos datos personales como dijo la persona que los tiene en venta, porque esos datos incluyen fotos en muy alta resolución”, explica Juan Heguiabehere, doctor en Ciencias de la Computación y miembro de la Fundación Sadosky. “Con la pandemia se agravaron algunas cosas; como está todo el mundo trabajando desde la casa tenés que dar credenciales de acceso remoto a todos y ver qué haces con eso”. A la par de la cuestión de los accesos durante la cuarentena, se suma el hecho de que cada vez es más difícil conseguir profesionales en seguridad informática para trabajar en el Estado: los sueldos nacionales no pueden equiparar a las empresas extranjeras que vienen a reclutar trabajadores. 

Cada vez es más difícil conseguir profesionales en seguridad informática para trabajar en el Estado: los sueldos no pueden equiparar a las empresas extranjeras que vienen a reclutar trabajadores.

Andrés Vázquez es desarrollador de software y miembro de Open Data Córdoba, una organización que trabaja en pos de los datos abiertos. Sostiene que desde diversas áreas se accede a la base de datos del RENAPER y supone, al igual que Heguiabehere, que difícilmente se hayan filtrado los documentos de millones de argentinos debido a que se lleva a cabo cierto control sobre los usuarios que ingresan a la interfaz. Sin embargo, no descarta otro tipo de filtraciones: “Alguna persona con contactos en el RENAPER podría eventualmente sacar los datos directamente en la base, si alguien tiene los cuarenta y cinco millones de datos lo más probable que sea una persona cercana o con acceso a esa base de datos”.

La seguridad en jaque

¿Qué puede hacerse con los datos que se consiguen ilegalmente? El abanico de estafas es grande: transferencias bancarias, robos, fraudes y engaños, hasta adquirir líneas telefónicas en tiendas oficiales. Para Rodrigo Iglesias, abogado especializado en delitos informáticos, incluso se puede abrir una cuenta bancaria: “No hay que ser muy hábil para hacer imagen en 3D de las personas, tomar su rostro y sacar una cuenta bancaria, básicamente con lo que ello implica, contratar un servicio”. En el registro de sesenta mil personas difundido por el usuario, donde también figuran direcciones, es probable que haya datos de jubilados, blanco de estafas habituales, y menores de edad, violando la garantía de privacidad de los datos.

Una de las normas generales propuestas por Bruce Scheneier, experto en seguridad informática, dice que “cuanto más contenta esté la gente con una tecnología de seguridad, menos entienden esa tecnología y que su seguridad está en riesgo”. A mediados de 2014, el entonces Ministro del Interior, Florencio Randazzo, anunció acuerdos con España para la compra de su sistema de “DNI inteligente” que contaba con un chip y prometía evitar “papeles y múltiples identificaciones”, según el ex ministro. La promesa de resolver la vida práctica de los ciudadanos incluía vincular datos de la historia clínica con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la tarjeta SUBE en un mismo número de documento. Contradictoriamente, en España este sistema ya había sido vulnerado, exponiendo las historias clínicas de muchos españoles. “El riesgo es muy superior a cualquier política positiva que puedas pensar”, señala Iglesias, y agrega: “Randazzo quería comprar la tecnología del DNI español. Le dijimos: ‘¿Cómo vas a solucionar el problema de seguridad informática que tuvieron hace un tiempo?’”. El proyecto no prosperó.

Actualmente, el RENAPER brinda un servicio llamado “Sistema de Identidad Digital” que permite verificar a distancia la identidad del usuario al escanear el DNI. Este sistema es ampliamente utilizado por bancos virtuales y empresas como MercadoPago. Para Iglesias, esto representa un problema que avasalla el consentimiento de los usuarios: “El RENAPER está lucrando con tu número de DNI, tu huella digital, tu dirección. Cualquier empresa utiliza el servicio para validar identidad, y nadie te avisó ni te pidieron que firmes conformidad para hacerlo. No debería ser la única forma. Llamado telefónico, código QR, hay varias maneras”.

 

¿Es posible resguardar nuestra información?

 La pandemia y los trámites remotos obligaron a buscar alternativas para la validación de identidad. El número de trámite representó una salida rápida para la campaña de vacunación, pero de ninguna forma puede convertirse en una práctica normalizada, sobre todo en la utilización por parte de las empresas. Para Heguiabehere, este dato “se usó porque era necesario encontrar una cosa que no fuera el número de DNI y funcionara como prueba de que la persona tenía el documento a mano y era esa persona. Pero lo están usando otras empresas, por ejemplo Mercadolibre quería la foto de mi DNI. No le voy a dar eso a un privado”. Iglesias también sostiene que el número de trámite tampoco debe ser utilizado como identificador: “No sirve como identificador de absolutamente nada, se tomó como un tercer factor de validación de personas, que no lo es”

Una de las consecuencias directas de la circulación de DNI, números de trámites e información privada es la proliferación de bases de datos con información sensible de cada persona. Ya hay bases de datos de correos electrónicos, listas para utilizarse en la modalidad de estafa virtual phishing, ¿cuánto falta para que se pongan en jaque los datos personales de cada ciudadano? En contra de esto, Heguiabehere sostiene que “hay que dejar de usar el número como clave” y enumera opciones para evitar el uso fraudulento de los datos: poner una cinta encima de los datos sensibles del DNI, sobre todo los presentes en la parte inferior de la credencial (número de documento, número de trámite, código QR). También está en contra de la utilización de la fotocopia del documento y propone alternativas en caso de que haya que brindar ese dato, como escanear el documento y blurear o anular el número de trámite. “Es un trabajo difícil pero es una forma de hacer o de tratar de que esas copias no se reutilicen”, sostiene el doctor en computación.

“De todas formas, sería muy importante que el Estado regule cómo las empresas certifican que nosotros somos nosotros a la distancia. Hoy no hay un control de eso y sería bueno que lo haya”, sostiene Heguiabehere. De lo contrario, la falta de métodos seguros de autenticación y las fallas de seguridad como la de RENAPER exponen algunas de las fragilidades del sistema y pueden provocar verdaderos desastres, muchas veces incluso sin que el damnificado esté al tanto. Sobre esto, Iglesias es tajante: “El mejor ataque es que vos no te des cuenta de que estás siendo atacado”.

China tiene casi mil quinientos millones de habitantes y ningún indigente

China tiene casi mil quinientos millones de habitantes y ningún indigente

Sep 28, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Hace cuarenta años, la República Popular China se propuso un ambicioso objetivo: erradicar la pobreza extrema del país. Y lo logró, justo a tiempo para el aniversario de los cien años del Partido Comunista Chino (PCCH). El 25 de febrero de 2021, el gobierno chino anunció la eliminación de la indigencia y la salida de la pobreza de 800.000 habitantes, hecho que contó con la certificación de organismos como el Banco Mundial. El proceso de desarrollo y crecimiento que China lleva adelante es parte de un plan iniciado en 1949. Primero se asentó sobre las bases del socialismo y luego se apoyó en la apertura hacia el mercado mundial, modeló lo que hoy se suele denominar como un “socialismo con características chinas”.

“Si China aspira a buscar un lugar como una superpotencia global para mediados de siglo, mantener altos niveles de pobreza la convertiría en una potencia endeble, débil”. explica Sergio Cesarín, docente licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en diálogo con ANCCOM. El PCCH entiende que los altos niveles de inequidad social son un problema para mantener la estabilidad y el desarrollo del país. “El hecho de mejorar la situación de los pobres, los ingresos y el bienestar es importante. La competencia económica ha generado muchos millonarios y esa diferencia social la sociedad china la ve. Entonces la moderación de la pobreza tiene un efecto de equiparación de las posibilidades sociales importante”.

Campesinos chinos, en 1969, junto a un retrato de Mao Ze Dong.

Socialismo made in Asia

 “El socialismo es un invento de occidente, Karl Marx era un alemán y su visión del mundo estaba muy sesgada a lo que él conocía a mitad del siglo XIX, o sea Alemania, Inglaterra, Flandes… la única zona industrializada del mundo”, explica Nestor Restivo, historiador, docente y co-director de la revista DangDai. Para implementar el socialismo, China tuvo que adaptar las ideas a su situación particular: “Ellos previeron una teoría que aplicaba a esa región y la adaptaron a su propia realidad. Mao Zedong lo que hizo fue adaptar el socialismo a, por ejemplo, la clase campesina, que era la más numerosa en China. No había burguesía o clase industrial, tuvieron que resignificar el ideario comunista a su realidad”. De esta forma, tomaron elementos del socialismo, el capitalismo e incluso de religiones como el budismo -importado de la India- y los resignificaron.

Restivo sostiene que si bien hay algunas cuestiones que hacen parecer a China como un país capitalista, no se puede afirmar que realmente lo sea: “Lo que pasa es que al ser un país que se incorporó al mundo, y al ser el mundo mayormente capitalista, no le queda otra que entrar en ese juego de las reglas de comercio internacional”. En su libro China: La superación de la pobreza compila, junto a Gustavo Ng, una serie de estudios sobre las políticas del PCCH para el desarrollo del país. Uno de los ejes es señalar cómo el gobierno chino regula las empresas para que no haya empresarios más poderosos que el mismo Estado, al mismo tiempo que permite el juego del mercado -hasta cierto punto- siempre y cuando también beneficie a la sociedad.

Durante el período maoísta, China creció un 6% al año, pero cuando vino la reforma y apertura de Deng Xiaoping, en 1978, el promedio de crecimiento anual pasó a cerca del 10 y 11%. ¿A dónde fue a parar ese crecimiento? Para Restivo, con la planificación estatal que hay, “ese crecimiento no se lo quedan sólo los ricos. Los ricos y los empresarios privados han ganado mucha plata en China. El Estado los regula cada vez más, pero una gran cantidad de esa migración de riquezas que se creó la maneja el Estado y las empresas estatales, y lo han distribuido de una manera mucho mejor de lo que lo hace Occidente. Mejoraron los ingresos de los ricos, pero también mejoraron los ingresos de los sectores medio y pobres”.

El Partido Comunista Chino celebró su centenario con casi 92 millones de afiliados.

La multiplicidad de actores y la colaboración entre ellos fue un eje fundamental para lograr superar la pobreza extrema. El especialista sostiene que, si bien fue una decisión del PCCH, “se involucró a todo el mundo”, entre ellos universitarios y universidades, empresarios, la Juventud Comunista, etcétera. “Les daban incentivos: si vos te ibas al campo dos años a ayudar con un plan de alfabetización, te pagaban. Fue un plan nacional que involucró a varios actores, todos tenían que ayudar en este mensaje”. El rol de empresas como Hwawei o el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) fue hacerse cargo, “apadrinar” alguna ciudad designada y cumplir con determinado calendario que cubra las necesidades básicas de esa población, como el acceso a los alimentos.

Otra cuestión importante fue la promoción estatal en los sectores rurales a la capacitación de los trabajadores, con el propósito de pasar de una economía de subsistencia a una economía vinculada al mercado. De esta forma, el Estado generaba medidas de incentivo como la construcción de trenes, autopistas y la ampliación de medios de transporte, con el fin no sólo de producir más, sino de garantizar que ese excedente vaya al mercado y genere ganancias a los productores. 

¿Es posible implementar medidas como las chinas para luchar contra la pobreza en nuestro país? Para Restivo, la respuesta inmediata sería negativa: “Primero, ahí tenes un régimen de gobierno que no es cuestionable, es un régimen de partido único en el gobierno y es el que manda. Por lo tanto, esa jerarquización estricta de gobernante a gobernado, de tanto cumplimiento, acá no pasa”. A pesar de esto, sostiene que otras cosas sí podrían implementarse, por ejemplo el apadrinamiento de empresas a las provincias más carenciadas. Sin embargo, estos horizontes siguen siendo difíciles de alcanzar: “Ellos definen una política y la mantienen años y años, acá no pasa eso, el plan económico nuestro va de un lado para el otro”.

Para los especialistas, la eliminación de la pobreza en China fue, también, una necesidad geopolítica.

El intercambio con Latinoamérica

A principios de 2005, la presencia de China en la región comenzó a ser notoria a partir de las corrientes de comercio complementario: desde América Latina se exportan materias primas y recursos naturales (principalmente soja y sus derivados, carne, cobre, minerales y salmón) a cambio de bienes industriales, insumos, equipamientos y servicios. Pero esto llevó a poner la lupa sobre el rol latinoamericano y argentino: ¿es una nueva forma de “periferización”? ¿Incluso un factor de desigualdad, al desalentar otros sectores en detrimento del agroexportador? Estas críticas llevaron a que China tome nota y, según Cesarín, a partir del año 2016 hay un mayor dinamismo en el intercambio. “Hay un compromiso en sectores de mayor contenido tecnológico y valor agregado, e incluso de transferencia de tecnología. En este nuevo modo conceptual las inversiones llegan a sectores tecnológicamente intensivos como el automotriz, el espacial, las telecomunicaciones o el energético. Es decir, sigue siendo complementario, pero al menos hay mayor compromiso para mejorar la base cualitativa de las inversiones”.

“China no es una potencia revolucionaria, no viene a cambiar gobiernos”, explica el investigador. La influencia política busca lograr una interlocución válida con los gobiernos más allá de su color político: “China reconoce que somos países con alternancia democrática, y hay perfiles de gobierno que son distintos, la alternancia genera diferencias, matices. Entonces no se muestran como un actor disruptivo, sino al contrario”. Lo que buscan en la región es establecer relaciones de construcción de confianza para tener un diálogo más allá de la alternancia de gobierno que pueda haber, con el objetivo puesto en preservar sus intereses y su punto geográfico estratégico.

Por otro lado, la deuda más importante de China es con el medio ambiente: “Ellos hicieron un desastre ecológico, en 30 años hicieron lo que un país industrializado hizo en 200” señala Restivo. La industrialización en China acarreó numerosos problemas de contaminación, derivados principalmente del uso del combustible, del carbón. Si bien los últimos años buscan revertir parte del daño causado, reducir la contaminación ambiental es una tarea muy ardua debido a la amplitud y complejidad del país. Por este motivo, el interés chino por las energías “verdes” o renovables podría ser un compromiso para reducir los niveles de contaminación, a partir del desarrollo de la energía eólica y solar.

Festejos del 1 de julio, centenario del PCCH.

Tanto para Latinoamérica como para Argentina, la cuestión de la brecha de divisas con el país asiático reside en el tipo de intercambios comerciales. Si China se encuentra en un proceso de refinamiento de la industria -como el que se observa en el plan Made in China 2025-, el rol de la Argentina será seguir exportando materia prima con escaso valor agregado o acordar instalar, por ejemplo, granjas porcinas chinas, lo que puede implicar serios riesgos socioambientales a cambio de la inyección de dólares. Hoy en día, para Restivo, Argentina “no está en posibilidad de exportar a China autos eléctricos. Somos fuertes en alimentos, aprovechemoslo, pero hagámoslo con valor agregado: comida elaborada, carne envasada, hay millones de cosas que se pueden hacer para el consumo de las clases medias de China que están aumentando con mucha mayor fineza y elaboración”.

Afganistán: el corazón de un mundo en disputa

Afganistán: el corazón de un mundo en disputa

Sep 7, 2021 | Vidas políticas

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

“El problema de este tipo de sociedades es que no están acostumbradas a vivir en democracia o en libertad, porque siempre han estado dominadas o luchando por alguien”, señala Emilio Rufail, docente especialista en Estudios Árabes e Islámicos y director del Observatorio de Medio Oriente de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Y aclara: “No es que esta gente no tenga una cultura política, sí la tiene y bastante articulada, lo que pasa es que es muy diferente a la nuestra. En Afganistán hay muchos problemas sectarios”. La multiculturalidad –la existencia de distintas etnias– sumada a la religión y las costumbres, hace difícil establecer un acuerdo social que no involucre las armas.

“Gran parte de los afganos van a seguir pidiendo la intervención de Estados Unidos”, sostiene Ezequiel Kopel, periodista experto en Medio Oriente. “La sociedad afgana cambió, como también el mundo, y los talibanes tienen que mostrar otra cara ante sus vecinos”. La pregunta del millón es qué sucederá con las mujeres, al aplicarse una ley islámica fundamentalista y una lectura del Corán que Rufail caracteriza como “antojadiza”. A pesar de la intervención, los talibanes siempre controlaron una parte del territorio en Afganistán y el dominio en esas zonas fue con mano de hierro, pero Kopel subraya que “una cosa es controlar territorios como grupo insurgente y otra es controlar un país”.

Entre 1979 y 1989, los soviéticos ocuparon Afganistán y este hecho trajo aparejado uno de los mayores problemas de refugiados del siglo XX. Kopel cree que volverá a repetirse, estallando probablemente en 2022. “Todos los países intentan que otro sea la contención de la llegada de refugiados afganos, sobre todo si el talibán muestra esa cara violenta que muchos esperan. Estados Unidos, luego de la ocupación, tiene un deber moral. Pero la responsabilidad no es sólo de los estados occidentales, sino de todos”, concluye.

Rufail coincide en el drama humanitario que se avecina, pero afirma que era algo previsible: “Hace una década, en la lista de refugiados, estaban los sirios a la cabeza, pero muy cerca de la cantidad de sirios venían los afganos, porque la mayor parte del país estaba tomada por los talibanes. Ahora le prestamos atención porque sucede de una manera brutal, pero para los que estudiamos estas cuestiones no nos sorprende”.

 

Ruta de la seda

¿Cómo logró financiarse la organización talibán durante los veinte años de intervención estadounidense? Convirtiéndose en uno de los principales productores de adormidera y exportando sus derivados, entre ellos, el opio y la heroína. Antes de la intervención de Estados Unidos, los jefes talibanes prohibieron el narcotráfico, una de las actividades más lucrativas que tenían. Sin embargo, luego de 2001, se reapropiaron de la producción de drogas: “Controlando ese tipo de actividades ilegales han logrado financiar esta guerra”, opina Rufail.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail.

“Rusia y China buscan moderar a Afganistán para que no sea un foco de conflicto en el oeste de China –con la que comparte frontera– y en Rusia, donde hay mucha población musulmana. No quieren que los talibanes alimenten el fundamentalismo musulmán”, destaca Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Tanto Rusia como China buscan mejorar el vínculo euroasiático y avanzar en una suerte de nueva ruta de la seda, integrando a Afganistán. En 2001, un par de meses antes de la ocupación estadounidense, fue creada la Organización de Cooperación de Shangai, que reúne a países de Asia y Europa. Actualmente, la organización ha crecido mucho y es vista por Occidente como una “OTAN paralela”, asegura Merino, provocando la alarma en Occidente.

 

De Kabul a Latinoamérica

Según Merino, nuestra región se encuentra en una tensión dentro del nuevo mundo multipolar, donde potencias contrahegemónicas como China ganan posiciones, mientras que Estados Unidos experimenta un proceso de declive relativo. Con énfasis en este último término, Merino explica que el cambio no es absoluto ni catastrófico, sino que se acomoda a otro mapa de poder: “Es una situación de disputa y de puja, que abre distintas perspectivas y escenarios”.

La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.

Para el investigador, la retirada de Estados Unidos y el ascenso de los talibán son un síntoma más de la crisis de hegemonía y del deterioro del neoliberalismo financiero. Su impacto en América latina choca con los esfuerzos de la región de avanzar como polos de poder emergentes y autónomos de Estados Unidos, a través del desarrollo de fuerzas productivas propias. “América Latina está en tensión entre una situación que genera más oportunidades para avanzar en este mundo multipolar con un proyecto autónomo de desarrollo, y las condiciones son cada vez más propias en ese sentido, o una subordinación y mayores presiones de Washington para mantener su hegemonía en la región”.

Según Merino, tanto la pandemia como la gran crisis a largo plazo que el mundo atraviesa, agudizó las tendencias de deterioro de Occidente y Estados Unidos. “No hay condiciones para la construcción de una hegemonía estadounidense, en todo caso lo que hay que observar es cómo Estados Unidos se va a plantar en este nuevo escenario o qué estrategia va a trazar para frenar su declive relativo y disputar contra sus adversarios”. En todo caso, faltan años para que se reconstruya una nueva hegemonía mundial. Y aún queda atravesar períodos de crisis, de disputas, de fuertes antagonismos e insubordinación de las periferias, como América latina.