Ago 10, 2021 | Novedades, Trabajo
Argentina pisa fuerte en el mercado internacional de servicios informáticos: según un relevamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en 2020 se situó en el primer puesto de la región como exportador de software. Además, cuenta con cinco empresas “unicornio” -OLX, MercadoLibre, Despegar.com, Globant y Auth0- denominadas así por valer más de mil millones de dólares. Pero el cerebro colectivo detrás de estas grandes compañías y hasta de las pymes más pequeñas, son sus trabajadores: un sector que percibe salarios heterogéneos y es codiciado por las firmas extranjeras.
Se estima que, del total de trabajadores informáticos en el país, el 50% gana entre 77 mil y 151 mil pesos, un 25% gana más de 151 mil y el 25% restante puede rondar entre los 30 y 40 mil pesos. Los datos son respaldados por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI).
“El trabajador informático nunca estuvo bien pago, y si en otros países empezaba a ser mejor remunerado cuando había más demanda, acá pasa lo contrario de lo que se podría esperar del esquema de oferta y demanda”, explica Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Las empresas y pymes se multiplican, pero desde el sindicato sostienen que los salarios no son competitivos en relación al crecimiento del sector.
La brecha cambiaria agudiza la situación. “A esos mismos trabajadores que pegan el salto en las empresas locales, los tratan de contratar afuera. Eso no está regulado y el trabajador está cobrando entre 3 mil y 8 mil dólares, según quién lo contrate de afuera, y las empresas de acá les están pagando 150 mil pesos”, ejemplifica Tosco. De esta forma, se produce lo que en la jerga se conoce como trabajadores de escritorio o freelance.
Con la transformación digital de los últimos años, sumado a la pandemia y la práctica extendida del home office, el trabajo a distancia entró en auge. Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) advierten que el empleo desde el extranjero “no está atado a las mismas reglas que pueden ofrecer las empresas argentinas de software. La ‘competencia’ ocurre por fuera del marco regulatorio, con plataformas que no pagan los costos laborales y que, de hecho, subsisten con diferentes formas de remuneración, a través de criptomonedas no fiscalizadas, y sin ofrecer beneficios sociales a sus talentos”, señala María Laura Palacios, CEO de G&L Group y vicepresidenta de la entidad.
Desde la CESSI, que reúne a gigantes como Globant, hasta las pymes y micro empresas, Palacios señala que las industrias del software y fintech tienen escasez de profesionales, además de que la oferta de trabajo supera la cantidad de egresados: “Históricamente suelen quedar unos cinco mil puestos sin cubrir, un número que puede crecer a quince mil si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales en otras industrias”.
Sobre este punto, Tosco está de acuerdo. Pero además de lidiar con la fuga de trabajadores de escritorio, señala que el problema está, muchas veces, en que “el sector empresario termina organizando toda el área de formación pensando más en el negocio de las empresas y de la concentración, que en el trabajo y el desarrollo de la persona”.
A principio de este año, un curso de programación que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la CESSI -el Plan Argentina Programa- se vio sobrepasado con más de 46 mil inscriptos, cuando el cupo establecido era para unos 10 mil estudiantes. Los cursos pueden representar una salida prometedora para aquellos que no tienen tiempo de hacer una tecnicatura o carrera universitaria, pero aún falta desarrollar su alcance.
Otra demanda de la Asociación Gremial de Computación es la necesidad de incorporar paritarias que incluyan en el aumento a todo el sector industrial informático. Uno de los ejes en que se apoya el pedido de paritarias de los gremialistas se basa en la exención impositiva que tienen las empresas a través de la Ley de Economía del Conocimiento sancionada en 2020. Esta ley ofrece beneficios para las que cumplan con ciertos requisitos, entre los que se encuentran la producción de nuevas tecnologías con valor agregado y el fomento de nuevos puestos de empleo y becas para los trabajadores. A cambio, se reduce el Impuesto a las Ganancias, se rebajan un 70% las contribuciones patronales y no se pagan derechos de exportación.
¿Es posible insertarse en la llamada “sociedad del conocimiento»? Desde el gremio aseguran que hace falta mayor redistribución de las ganancias -sobre todo de las grandes empresas- para lograr una recomposición salarial en los sueldos de los trabajadores y evitar, en parte, que sean tentados con la posibilidad de trabajar para el exterior. Si bien el sector de servicios informáticos representa el tercer complejo exportador de la Argentina, aún puede potenciarse mucho más, siempre y cuando el Estado, las empresas y el gremio logren fomentar el empleo de calidad y retener a los trabajadores, para que produzcan valor agregado tecnológico en el suelo que habitan.
Ago 3, 2021 | Comunidad, Novedades
En abril de 2016, y a tan solo nueve meses después de su primera presentación, el Plan Qunita fue sacado de circulación a partir de una resolución del Ministerio de Salud del entonces gobierno de Mauricio Macri. Impulsada por una denuncia de la ex diputada Graciela Ocaña debido a supuestos sobreprecios en la licitación, la resolución detuvo la entrega de los kits destinados a mujeres embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo. Además, hubo estudios que indicaron un supuesto peligro para los bebés en algunos de los elementos del plan. Todo esto volvió un paso atrás en el acceso al derecho del sueño seguro de muchos recién nacidos.
El kit contenía una cuna armable, indumentaria, elementos de cuidado e higiene, juguetes y una guía. La importancia del plan se basó en intentar disminuir el número de muertes que ocurren en la práctica mal realizada o sin seguridad del colecho, costumbre que consiste en que la madre y/o padres de un bebé duerman juntos por la noche. En el año 2015, se registraron 250 casos de Síndrome de Muerte Súbita de Lactantes (SMSL) producido en bebés menores de un año aparentemente sanos.
Alrededor de 74.000 cunitas fueron entregadas en distintas maternidad del país antes de la anulación del programa. Según un estudio de la Fundación Soberanía Sanitaria, en 2015 -año en que comenzó Plan Qunita- la tasa de mortalidad infantil se redujo un 8,5%. ¿Por qué se suspendió entonces, si mostraba aparentes buenos resultados? Uno de los motivos fue que se encontraron potenciales riesgos en algunos elementos del kit: por un lado, un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial aseguró que las cunitas encastrables tenían bordes afilados y faltaron advertencias de uso, y por otro, un estudio determinó que las bolsas de dormir eran peligrosas ya que representaban un riesgo de asfixia para los bebés.
Alejandro Jenik, médico especialista en pediatría y neonatología, dialogó con ANCCOM sobre el informe que presentó a pedido de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Maternidad e Infancia, que repercutió sobre la causa Qunita. El médico señaló que la bolsa de dormir estaba erróneamente diseñada: “El proyecto era muy bueno, pero estaba mal implementado. Yo mencioné que el programa era elogioso, que había que continuarlo, excepto por la bolsa de dormir”. La pregunta entonces es por qué no se decidió seguir con el plan reemplazando los elementos deficientes, sin privar a los recién nacidos del kit.
Con respecto a otros detalles aparecidos en el informe del INTI, que también hizo mella en la opinión pública, para el especialista “No eran cosas importantes, si los bordes estaban afilados o no. Qunita era un programa importante porque lleva cunas a donde no hay, y cada niño debe tener una. El colecho no puede pasar porque los padres no tienen elección, la cuna debe estar y los padres tienen que hacer la elección si la usan o no, es una obligación del Estado”.
La falta de datos a nivel nacional con respecto a las prácticas de colecho impide conocer la situación de las familias más vulnerables, con madres solteras o adolescentes, en las que el colecho es más frecuente. Un estudio elaborado en 2017 por Subcomisión de Lactancia Materna y Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante, señala los beneficios del colecho si se realiza correctamente y también advierte sobre las precauciones a tomar, evitando: posición del bebé boca abajo, superficies blandas, padres con fatiga extrema o consumo de alcohol o drogas, hacinamiento y falta de ventilación, entre otras. “El colecho no debería ser la única opción posible para familias carenciadas, sino una elección luego de conocer los beneficios y riesgos”, concluye Jenik.
¿Elección, costumbre o falta de alternativas?
Para entender más en detalle la cuestión cultural del colecho, ANCCOM dialogó con Soledad Perez, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas quién en 2005 publicó un artículo sobre el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante y la relación con un aumento de casos en los barrios más carenciados de Bariloche. Perez concluyó en que la etiqueta de SMSL muchas veces “tiende a homogeneizar lo que queda debajo de ese rótulo sin una causa aparente, pero si después descubrís que el SMLS está geográficamente localizado en los barrios más postergados y vulnerables, con ciertas condiciones habitacionales, en realidad la etiqueta invisibiliza un problema estructural de falta de acceso o incumplimiento de un montón de derechos”.
Por este motivo, bajo el rótulo de muerte súbita -y desconocida- muchas veces se esconde una vivienda inadecuada, falta de acceso a la salud, a los controles prenatales adecuados y al asesoramiento incluso en temas como el impacto del tabaquismo en la salud de los bebés. “Estas muertes pueden pasar en un barrio de clase media o alta, pero si se da en un período de tiempo muy corto, como pasó en Bariloche, la aplicación de ese rótulo es ingenua e invisibiliza las condiciones para que estas muertes ocurrieran”.
Otra cuestión importante es la construcción social del fenómeno, que suele demonizar la pobreza y la incapacidad de elección: “Es muy fuerte discursivamente salir en los medios diciendo ‘estos bebés se murieron por pobreza, porque las familias no tenían acceso a tal cosa’. Es muy fuerte para la familia, como algo que no le pudieron garantizar”, explica la investigadora. De esta forma las madres no solo cargan con la pérdida de un hijo, sino también con la afectación de ser las responsables de esa muerte en el discurso médico y mediático.
La forma de maternar, junto con las prácticas culturales arraigadas como el colecho, varían en cada región del país y componen “estrategias” como las denomina Pérez, para enfrentar, por ejemplo, las fluctuaciones térmicas del noroeste argentino o el frío intenso de la Patagonia, donde muchas veces las familias se amuchan para dormir y hacer frente a las bajas temperaturas. Por este motivo, si se quiere incluir un programa como el Plan Qunita y que se extienda a toda la población, es necesario conversar sobre los controles pre y postnatales. Este tipo de planes “necesitan un arraigo en la población; para instalarlo hay que hacer capacitaciones que tengan que ver con internalizar por qué es una buena práctica el uso de una cuna. Eso lleva tiempo y por eso una evaluación integral del plan debería hacerse transcurrido un tiempo”, sostiene la investigadora.
Los últimos días, luego del sobreseimiento de los imputados en la causa impulsada por Graciela Ocaña -entre los que se encontraban el ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, respectivamente- debido a que no se consideró que haya habido perjuicio al Estado por sobreprecios, se evalúa la vuelta del Plan Qunita. Es necesario incluir mejoras y orientación, pero será otra alternativa para poner el debate sobre la cama: colecho sí o colecho no, pero con la posibilidad de elegir lo mejor para un sueño seguro.
Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades
El crecimiento de la bioconstrucción se asienta en una base no solo ecológica, sino también económica.
Lo que hoy en día se conoce como bioconstrucción ya existía hace miles de años y forma parte de la historia de la humanidad misma. Después de la Revolución Industrial, el cemento pasó a ocupar el lugar del adobe y se asentó como el único modo de construcción permitido en la mayoría de las zonas urbanas. Actualmente, lo que se vive como un revival del barro puede ser una solución para la crisis habitacional que le impide a muchas personas tener una casa propia y, no por menos importante, en un ambiente saludable.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el déficit habitacional afecta a un tercio de la población argentina. Sumado a que los precios de los materiales convencionales para la construcción están atados a la inflación y los vaivenes económicos, muchas veces el resultado final son casillas o construcciones precarias con muchos riesgos para la salud. Según Alejandro Dominguez, del Programa de Tecnologías Sustentables del INTI, “la industria de la construcción genera el 40 por ciento de los gases del efecto invernadero”. Por este motivo, el boom y los avances de la bioconstrucción que se vienen dando se asientan en una base no solo ecológica, sino también económica: se pueden reemplazar los costosos materiales convencionales por elementos naturales, que, de paso, ayudan a descontaminar el ambiente.
La bioconstrucción, o bioarquitectura -su versión académica-, implica un tipo de relación especial de la vivienda con el medio ambiente, la cultura local y lo social. En contraste con los elementos tradicionales de construcción como puede ser el cemento o los ladrillos, se emplean materiales naturales de fácil acceso en todos lados: madera, piedra, fibras vegetales, barro y mezclas como la tierra cruda, compuesta por arcilla y arena; y el adobe, probablemente el material más antiguo utilizado en la historia. Pero a pesar de sus beneficios, no son pocos los prejuicios que rodean al tema. Uno de ellos es el Chagas, enfermedad que se transmite a través de la vinchuca, insecto que suele asociarse a este tipo de construcciones. Sin embargo, investigaciones del CONICET demuestran que el problema no son los materiales, ya que las probabilidades de adquirir Chagas son las mismas tanto en viviendas convencionales como en bioconstrucciones, siempre y cuando estén mal construidas o presenten grietas en la estructura. Por este motivo, la importancia del entorno saludable es fundamental para cualquier tipo de vivienda, y en cuanto a las bioconstrucciones tampoco hay que olvidar que en esta búsqueda de volver a las fuentes, la seguridad y el mantenimiento son fundamentales, como en cualquier otro caso.
La cooperativa Greda, en Miramar, construye viviendas con los materiales que se encuentran en la naturaleza.
Adobe y agenda pública
Un obstáculo se presenta a nivel gubernamental: en nuestro país existen alrededor de 2.300 municipios y cada uno tiene la potestad de permitir o prohibir la bioconstrucción como alternativa de vivienda. A nivel nacional, recién en el año 2016 se permitió la construcción de estructuras de madera. ¿Cómo se logra poner a la bioarquitectura en la agenda pública? ANCCOM dialogó con una serie de expertos que componen el Programa de Tecnologías Sustentables llevado a cabo por el INTI. Uno de ellos es Ricardo Muir, quien cuenta que “con este equipo empezamos a explorar las formas de la bioconstrucción, que se reveló inmediatamente como un tema de participación de muchos actores, donde aparece de manera muy fuerte lo local, la cultura, la identidad, la demanda, y sobre todo, la estructura económica”. Además, sostiene que el desconocimiento provoca un “enorme desaprovechamiento de los recursos, capacidades y saberes de quienes están en eso, hay un enorme abuso también de los proveedores de materiales que controlan el mercado y en este momento lo desabastecen, por ejemplo; y hay mala calidad de vida en las viviendas que se terminan produciendo”. Con este panorama trabaja el programa, tratando de arrojar luz con el fin de aprovechar los recursos locales y naturales de cada zona del país. “El INTI investiga, desarrolla y certifica, para que esa calidad de vida esté realmente producida en un paradigma de desarrollo endógeno a través de materiales locales. No hay una receta única, cada lugar tendrá sus recursos y sus capacidades y su cultura, buscamos articular todo eso con las normativas que permitan esta construcción y con los actores económicos, con el fin de construir confianza” concluye.
Por su parte, Gabriel Vaccaro, periodista y parte del equipo del INTI, señala que dentro de los objetivos del programa, se busca la “reincorporación permanente de actores a un modo de trabajo que intenta ser colaborativo y de código abierto. El futuro es seguir ensayando estos modelos y que puedan replicarse”. Ya se elaboró un proyecto de bioarquitectura aplicado a un edificio público sustentable que se realizará en Córdoba. También diseñaron el Manual del Baño Seco, un sanitario que no utiliza agua y composta los desechos humanos.
“En un país donde los sistemas de saneamiento están colapsados o no existen, el surgimiento de una tecnología tan sencilla de saneamiento descentralizado es una opción posible que ahora está homologada”, explica Mónica Tedesco, parte del proyecto de bioarquitectura del INTI.
En definitiva, lo que se busca es combinar lo ancestral y lo contemporáneo. “La palabra quechua quincha, que tiene su equivalente en casi todos los idiomas del mundo, tiene que ver con el cobijo humano que utilizó los materiales que tenía más a mano: la madera, la tierra, las fibras vegetales. Hay muchas cosas no dichas y muchos fantasmas que no promueven y no construyen estos saberes. Hay que incrementar la posibilidad de pensar los materiales que de algún modo enfrían el planeta, por ejemplo la madera que está captando carbono, que es lo que queremos quitar de la atmósfera”, concluyó Tedesco.
La naturaleza provee
La bioconstrucción cuenta con la nobleza de los materiales que se encuentran en la naturaleza, permitiendo construir con costos más baratos, de manera que muchas más personas puedan acceder a una vivienda propia.
Adrián Mancuso, parte de la organización civil Otromodo que participa de la construcción colectiva de viviendas ecológicas, conversó con ANCCOM y contó el origen de su organización: “Nuestra línea fue trabajar en igualdad de condiciones y considerar a la vivienda como algo más abarcativo que la mera construcción física. Había un entorno social, cultural y ecológico; y todo eso tenía que estar de alguna manera incorporado en lo constructivo. Otromodo surge en la construcción de mi casa con la gente que vino a poner el hombro, como algo orientado a la autoconstrucción o a la construcción autónoma”. Según Mancuso, esta idea de autonomía es fundamental para entender el resurgimiento de la bioconstrucción, donde lo social cumple un rol muy importante y se ve a través del trabajo en equipo que se hace en las mingas, donde niños, mujeres y hombres colaboran juntos en la construcción de las viviendas. “La problemática de la vivienda no es particular, es un problema social y como sociedad nos involucra a todos. Es un derecho a recuperar y a sostener”.
Existen diferentes técnicas de bioconstrucción en relación a las necesidades climáticas de los entornos.
En las bioconstrucciones de los humedales del Delta, en Tigre, se utiliza tierra cruda como reemplazo del cemento. Según Mancuso, el problema del cemento radica en que tiene “un impacto bastante fuerte en lo que respecta a concentración de capitales, consumo energético y dependencia económica, y también tiene gran desperdicio”. Además, sostiene que si bien no es un fundamentalista del barro, el material es “un recurso super valioso, porque permite construir más allá de la capacidad de esfuerzo de cada uno, acceder a un material de bajísimo impacto ambiental y de saludable impacto en la salud. Sobre todo para la zona que nosotros habitamos, ya que también lleva a cabo la regulación de la humedad ambiente.” ¿Cuáles son los beneficios de habitar una vivienda hecha de manera sustentable? Este es uno de ellos: según el clima de la zona, se puede adaptar la vivienda para que controle la humedad, previniendo el síndrome del edificio enfermo. También es posible aislar acústicamente, refrigerar o calefaccionar a través de distintas técnicas, según la necesidad de cada zona y estación del año. Otra gran aplicación es el método del techo vivo, que actúa en las tormentas habituales donde todo suele inundarse rápidamente, logrando regular la velocidad del agua, lo cual reduce bastante el impacto de las inundaciones. En climas más secos o con menos lluvias, permite el mejor aprovechamiento del agua. Además, como señala Mancuso, “es una manera de revertir el intercambio de gases de oxígeno con la atmósfera, que uno retira cuando construye una casa. No es un detalle menor, sobre todo en ciudades o en lugares que proyectan un crecimiento rápido”. En cuanto al efecto ambiental, no hay comparación: los materiales naturales tienen bajo impacto ecológico, bajo costo energético en su fabricación, no producen escombros ni desechos que no sean biodegradables, y los elementos de construcción no son peligrosos ni tóxicos para la salud. Además, la bioconstrucción permite ganar autonomía: “Es una cuestión emancipativa. El derecho de existir implica un dónde e implica un cómo”.
El horizonte de la bioconstrucción se extiende cada vez más como una alternativa para combatir un mercado de la construcción sumamente costoso y una huella de carbono que día a día se hace más grande en la atmósfera. ¿Qué es lo que se necesita para que todos puedan optar por una vivienda bioconstruida? Fundamentalmente, la expansión del marco normativo a nivel nacional y de los conocimientos de manera formal, para que haya más profesionales especializados. Y con el tiempo, la revolución del barro llegará para quedarse.
May 17, 2021 | Entrevistas
“Fue impactante para mí recordar que Pablo Neruda me había bautizado con vino cuando era niño para que sea poeta”, recuerda Juano cuando se le pregunta sobre su pasado. Proviene de un mundo de artistas: su padre, Javier Villafañe, fue un poeta, escritor y famoso precursor del arte del titiriteo en Argentina, que durante los años treinta recorrió el país, y luego el mundo, con su carreta llamada La Andariega, llevando consigo el teatro de los títeres. Elba Fábregas, su madre, fue una artista multifacética dedicada a la poesía, el dibujo y la actuación. En ese contexto, Juano se crió en un mundo de historias, poesía y teatro, rodeado por personalidades artísticas como María Elena Walsh, Pablo Neruda, Emilio Pettoruti y muchos otros, que solían compartir grandes asados y charlas en el patio de su casa, mientras brotaba la creatividad. Con los años, Juano se dio cuenta de que “ese afecto vivido con ellos, fueron re-significando muchas cosas de lo que fue mi infancia, adolescencia y primera juventud”.
El escenario de su niñez fue una gran naturaleza invadida por el teatro, donde Juano se formó entre el arte y las bambalinas. “Yo nací y viví dentro de un teatro. Mi casa era un gran teatro donde había un taller de pintura, otro de música, grandes bibliotecas, grandes escenografías y títeres expuestos en toda la casa. La casa de infancia fue mágica”. Su libro aborda las cuestiones del hogar, la naturaleza y la nostalgia, junto con las experiencias de la vida artística, en forma de “una conversación infinita”. El poeta invita al ejercicio de ver cómo se conversa en la poesía, lugar donde los versos y las voces se responden y se mezclan, intercambiándose. “Uno con la poesía conversa siempre con uno mismo, con las otras y con los otros. Es un trabajo con la palabra que permite decir lo que no se ha dicho. La conversación poética es infinita”. Juano vive y exhala poesía, para él es la salvación y la forma de volcar su mirada sobre el mundo. “Todos necesitamos la poesía, inclusive los que dicen que no la necesitan y aquellos que no saben que han vivido muchas veces experiencias poéticas. Yo creo que la poesía hay que vivirla, leerla, actuarla. Es para mí como el último refugio. La poesía siempre nos salva, es un ser y un estar pleno del hombre. No se puede vivir sin poesía”.
Varios de los poemas están dedicados a las figuras artísticas de su infancia, con los cuales Juano compartió fiestas y asados. Señala que “en este libro tuve muchos invitados, incluso yo mismo he sido un invitado”. Los invitados fueron algo recurrente en su vida, teniendo en cuenta que además recorrieron parte del continente gracias a los títeres de su padre. En el intercambio con los otros, Juano entendió que la poesía no se agota cuando el escritor termina su obra, sino que “en el compartir se completa el poema, la obra o la pintura. Uno con la poesía conversa siempre con uno mismo, con las otras y con los otros. Es un trabajo con la palabra que permite decir lo que no se ha dicho”. Compartir algo en los tiempos actuales puede ser sencillo: la difusión masiva en Internet facilita los intercambios, pero ¿cuál es el futuro de la poesía en este contexto? Para Juano, en una época de gran “inflación literaria”, no hay que olvidar que la poesía es trabajo: “Trabajo con la palabra y el lenguaje, trabajo humano creado desde el oficio del poeta. En este sentido, el futuro de la poesía está asociado a la transformación del mundo, y por ende, a la vida del hombre en la tierra”.
El miércoles 19 de mayo, a las 19 , se hará la presentación en vivo de los videos poemas del libro El corte argentino. Junto a Juano estarán varios artistas invitados como Leonor Manso, Cristina Banegas, Arturo Bonin, Luisa Kuliok, Pompeyo Audivert, entre otros, de manera gratuita a través de Youtube y Facebook.
May 11, 2021 | Novedades, Trabajo
En 2015 dos niños perdieron la vida en un taller textil de Flores.
Presentado por Editorial Prometeo, ¿Quién hace tu ropa? es un libro que compila una serie de estudios pormenorizados de la difícil situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la industria de indumentaria textil argentina. Los coordinadores de la investigación son Andrés Matta, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador, y Jerónimo Montero Bressan, geógrafo e investigador del CONICET en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, quienes junto a un equipo de investigadores abordaron las cuestiones estructurales, productivas, laborales, y migracionales que operan sobre los talleres de indumentaria desde una mirada necesaria. En diálogo con ANCCOM, Montero Bressán cuenta que “el libro surge de la necesidad de juntar todos los escritos de quienes trabajamos sobre el tema”. El resultado fue una serie de capítulos que abordan las problemáticas de los talleristas en un escenario repleto de presiones empresariales y carente de controles, donde la informalidad laboral representa el 70por ciento del sector productor.
El libro, que gira en torno a la situación de los talleres de indumentaria, pone de manifiesto el problema de la superexplotación y la tercerización laboral desarrollada a partir de una serie de consecuencias económicas ocurridas a nivel nacional y global que comenzaron a gestarse en la década del setenta, a partir de la inestabilidad económica del país y de un fuerte proceso de desindustrialización. Siguiendo el modelo de abaratamiento de costos liderado por megamarcas como Nike, los empresarios nacionales se lanzaron a la implementación de la tercerización laboral. Montero Bressan explica que “la subcontratación se vuelve masiva a finales de los años ochenta, cuando en vez de producir grandes cantidades de ropa estandarizada, las fábricas empiezan a cerrar y se empieza a importar ropa por poca plata. Entonces las empresas locales se dedicaron a diseñar ropa o a traer de afuera y comercializarla. En el caso del diseño, a los mismos trabajadores, sobre todo mujeres, los mandaban a la casa con la máquina de coser al cerrar la fábrica. Ahí seguían produciendo ya no como obreras industriales que tenían un salario fijo con derechos laborales y aguinaldo, sino que pasaron a cobrar a destajo y a su propio riesgo”.
En 2016 un incendio provocó la muerte de 5 niños y una mujer embarazada en un taller clandestino en la calle Luis Viale.
Ese modelo de subcontratación se extiende hasta nuestros días, representa al 70 por ciento del sector de trabajadores de indumentaria. Esta situación acarrea problemas causados por la falta de derechos laborales, que excluye a los talleristas informales de contar con obra social, seguro, aportes para una jubilación, aguinaldo, vacaciones, entre otras cuestiones. Montero Bressán señala que “la subcontratación es una responsabilidad principalmente de las marcas, y también hay una responsabilidad muy grande de los feriantes de La Salada y los empresarios de calle Avellaneda. Hoy, todas las empresas que se dedican a la comercialización no producen nada, o se dedican -aparte del diseño- al corte, como mucho”. Al ser consultado por la cantidad de talleres informales que operan para la feria de La Salada, explica que “durante el 2013, Matías Dewey (sociólogo y doctor en Ciencia Política) haciendo un estudio muy pormenorizado en La Salada, calculó que detrás de todos esos puestos tenía que haber por lo menos trece mil talleres, todos no registrados”.
¿Quiénes cuidan a los trabajadores?
El 30 de marzo de 2006, un incendio en el taller clandestino que operaba sobre la calle Luis Viale al 1269 en Caballito provocó la muerte de cinco niños y una mujer embarazada. El hecho se dio en un contexto donde sesenta y cuatro personas convivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento, lo que produjo que el fuego iniciado a partir de un cortocircuito se extendiera rápidamente por todo el taller. Se supo que en este lugar se producían pantalones de jean que luego eran comercializados en un local del barrio de Flores, ubicado sobre Avenida Avellaneda. Luego del juicio en 2016, se condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, capataces del taller, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y estrago culposo seguido de muerte. Una suerte distinta corrieron Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, los dueños del taller, que fueron sobreseídos en 2019 por prescripción de la causa debido a la falta de pruebas. Montero Bressán señala que “después del incendio de la Calle Luis Viale, el subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Lieutier, calculó junto a organizaciones de talleristas que había alrededor de cinco mil talleres en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede decir que las más de 120 marcas denunciadas por subcontratar talleres -entre las que se encuentran, por ejemplo, Mimo y Cheeky– están dentro de esos cinco mil”.
En el año 2015, otro incendio similar ocurrió en un taller del barrio de Flores, donde dos niños -que se encontraban encerrados en el lugar- perdieron la vida por negligencia. La falta de controles y de legislación para preservar los derechos de los talleristas provocan un problema que dista de mejorar. Para Montero Bressán “estamos a cinco minutos de un nuevo incendio en un taller clandestino. En el momento en que haya una reactivación económica, va a influiar de manera muy fuerte a este sector. La gente va a salir a comprar ropa, porque es una de las primeras cosas que se recupera, pero esa recuperación del sector va a estar sobre la base del sector informal. Esto es lo que pasó en 2003, 2004 y en ese contexto fue que en 2006 ocurrió lo del taller clandestino de Luis Viale: la industria estaba produciendo a morir pero sobre la base del empleo informal. Tememos que esta vez pase lo mismo, que la recuperación del sector se sostenga sobre la superexplotación de migrantes en talleres. Si hay un nivel de falta de control como hoy en día, probablemente vuelva a suceder”.
Los capataces del taller incendiado en Luis Viale al 1200 recibieron 13 años de prisión, pero los dueños fueron absueltos.
La falta de controles gubernamentales y de organización sindical por parte de los talleristas es potenciada por la situación de precariedad laboral, donde un gran número de los trabajadores informales son migrantes no registrados en una situación de extrema indefensión, quienes además realizan jornadas, en promedio, de doce horas diarias, donde se busca producir la máxima cantidad de prendas por hora. La elevada intensidad laboral es acompañada por una paga muy por debajo de su valor real, malas condiciones ambientales y de higiene, exposición constante a partículas de tela que son inspiradas y acarrean problemas pulmonares, entre otras problemáticas. Esta serie de factores determina un conjunto de riesgos que arremeten fuertemente contra la salud y el bienestar de los trabajadores. En cuanto a las costureras, el libro también visibiliza las situaciones de abuso y acoso de género que repercuten en su salud tanto física como mental.
El futuro de los talleres
Para Montero Bressán “las perspectivas son malas, principalmente porque entre les costureros no hay organización, lo único que existen son cooperativas que en este sector están peleando muy fuertemente por sobrevivir todo el tiempo, porque están compitiendo en un sector en donde el precio de su contratación es muy bajo y comercializar es muy caro y difícil, necesitás otro capital al que las cooperativas no tienen acceso, entonces lo único que pueden hacer es producir a fasón”. Esto significa que los talleristas dependen del trabajo tercerizado que les brindan las marcas, al mismo tiempo que están ligados a los vaivenes económicos que repercuten directamente en su margen de ganancias, que ya de por sí es muy bajo. A falta de medidas concretas a favor de los talleristas, la organización se torna crucial en este punto. “El sindicato SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines), que es de costureros y costureras, no hace nada. Si vos no tenés un sindicato fuerte que reclame, es muy difícil que los gobiernos decidan empezar a controlar el sector, porque no hay quien demande que esto cambie. Las empresas tienen poder de llegada a los medios y tenés un sindicato que hace lo que dicen las empresas”. La fragmentación de los eslabones de la cadena productiva de la indumentaria y la falta de un sindicato fuerte produce un quiebre en la organización del colectivo de trabajadores, que no logra cohesionarse para hacer frente a la situación de precarización laboral.
“Hoy la Cámara de Indumentaria tiene mucho peso en el Ministerio de Producción, pero está pensando solamente en recortarle impuestos a las empresas. Me parece que no va por ahí la solución al sector, lo que hay que hacer es controlar”. De igual manera, y para generar algún tipo de mejora a la situación, Montero Bressán explica que a partir de la publicación del libro “armamos un grupo para impulsar el proyecto de establecer una trazabilidad, para que la ropa tenga una etiqueta más que muestre cuáles son los lugares donde se produjo. Entonces el inspector podría ir al local, escanear las etiquetas y ver dónde se fabricó, si no hay información o no coincide con el taller, es que se hizo en negro”.
Dentro de esta obra que relata las vivencias y abusos a los que los talleristas son sometidos, los autores proponen una serie de propuestas para el desarrollo del sector a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, basándose en la innovación, la sustentabilidad y los servicios de apoyo que garanticen un trabajo en condiciones dignas y alejado lo más posible de los peligros de la precariedad e informalidad laboral. La denuncia que lleva a cabo este libro fue coordinada y escrita por Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, y también tiene como autores de los capítulos a los investigadores Cristina Etchegorry, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky, Nahuel Aranda, Juan I. Staricco, Ariel Lieutier, Carla Degliantoni, Paula Salgado, Ayelén Arcos y Antonella Delmonte Allasia.
