Feb 22, 2018 | Trabajo, Vidas políticas
Una multitud que, para los organizadores, rozó las 400 mil personas, le dio forma ayer al acto convocado inicialmente por el Sindicato de Camioneros, al que se sumaron otras organizaciones sindicales de la CGT y las dos CTA y movimientos sociales, en contra de la política económica del gobierno nacional. Con el escenario en las avenidas 9 de julio y Belgrano, mirando al sur, el líder histórico del Sindicato Camioneros, Hugo Moyano, tomó la palabra a las 15.15. “Dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. No estoy implicando en ningún tema de corrupción, por ahora. Pero les quiero aclarar lo siguiente, si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme yo solo”, enfatizó al comienzo de su discurso.
Moyano remarcó que “el objetivo es decirle al gobierno que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, los han engañado con la reparación histórica”. Sobre la política económica opinó que es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los más pobres, a los jubilados. “La responsabilidad que nosotros tenemos es defender a todos esos sectores de la sociedad”. Finalizó su discurso sin mencionar la reforma laboral ni las paritarias del 2018.
Facundo Moyano, diputado de UNA, acompañó a su padre y habló con ANNCOM. “El gobierno va a intentar desprestigiar y descalificar a los dirigentes sindicales, es la única que les queda. Pero la masividad del acto es la respuesta a todo eso que pretende el gobierno”. Sobre la alianza sindical que tiene el gobierno con algunos gremios, el diputado dijo: “Llamativamente son los mismos que estaban alineados con el gobierno anterior, esperemos que eso no le sea suficiente al gobierno para implementar un ajuste”.
El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, también estuvo en el acto. En medio de la negociación salarial con la provincia de Buenos Aires afirmó que la multitud que se movilizó ayer le da sostén y confianza a la hora de negociar el salario docente. “Unidos y con los trabajadores en la calle somos invencibles”, arengó. Sobre el comienzo de clases dijo que la preocupación de los docentes es comenzar las clases el 5 de marzo y le exigió al gobierno que dé muestras de querer arrancar el 5.
Los oradores previos al principal convocante del acto fueron Juan Carlos Schmidt, triunviro de la CGT y dirigente de Dragado y Balizamiento; Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma; Esteban Castro, secretario general de CTEP y Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado.
Durante sus discursos llamaron a la unidad de la clase obrera, criticaron las políticas económicas del gobierno, incentivaron al paro internacional de mujeres para el 8 de marzo y reprobaron el manejo salarial de los trabajadores estatales. “Los compañeros del Estado que acá en Buenos Aires les ponen el revolver del despido en la cabeza para obligarlos a aceptar a el 12 por ciento. Lo que pide cada despedido es poder trabajar con dignidad”, manifestó Yasky.
El bloque de diputados de Unidad Ciudadana salió a las 13 desde el Congreso. La diputada Gabriela Cerruti opinó que Moyano y Cristina Kirchner tuvieron diferentes momentos en las construcciones políticas y que hay que hacer alianzas estratégicas porque el límite hoy es el macrismo.
Si bien desde el gobierno de la Ciudad habían anunciado que la policía tenía órdenes de actuar en caso de que se dañe el espacio público, la desconcentración fue tranquila, sin necesidad de la intervención policial. Al finalizar el acto sonaron «Ji Ji Ji» y «Un Ángel para tu Soledad” de Los Redondos.
Feb 7, 2018 | Trabajo
La Litoraleña es una fábrica de tapas para empanadas y pascualinas que funciona desde 2015 de manera autogestionada en el barrio de Chacarita. Está conformada por 55 trabajadores que hace pocos meses consiguieron el reconocimiento legal como cooperativa de trabajo. Además, inauguraron un local de venta directa al público ubicado en Garay 3768, en el barrio porteño de Boedo, donde también venden productos de otras cooperativas. ANCCOM recorrió las instalaciones de la planta y dialogó con los trabajadores, que en el plazo de un año deben demostrar que la empresa es solvente.
Desde 2015 La Litoraleña funciona de manera autogestionada y, hace pocos meses, obtuvieron el reconocimiento legal como cooperativa de trabajo.
“El 27 de octubre de 2017 cumplimos dos años desde que se paró la producción y al poco tiempo se empezó la gestión obrera. La nueva etapa comenzó a partir de que logramos legalidad como cooperativa de trabajo”, explicó Fabián Pierucci, asociado a La Litoraleña que integra la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA). Durante un año y medio los trabajadores cumplieron con los trámites judiciales necesarios para conseguir la continuidad laboral y la justicia les otorgó el permiso de explotación.
“En 2015 veníamos sufriendo malas condiciones de trabajo, salarios atrasados, incumplimiento de pago de las cargas sociales. Decidimos no irnos de la fábrica hasta que nos pagaran lo que nos debían, hasta que se solucionara nuestro problema. Ahí empezó la lucha, estuvimos dos meses en esas condiciones”, sostuvo Luis Baini, presidente de la cooperativa.
Los trabajadores de la fábrica recuperada tienen un año para demostrar que la empresa es solvente.
De los 115 empleados que tenía la empresa, 80 mantuvieron la medida. Actualmente son 55 los trabajadores los que forman parte de la cooperativa.
Baini recordó los inicios de la nueva Litoraleña: “Decidimos por votación conformarnos en cooperativa, vimos que teníamos una manera de salir y decidimos reactivar la producción como autogestión. Teníamos un muy buen abogado de FACTA que la peleó junto a nosotros y ganamos tanto en lo penal como en lo comercial. Yo estaba imputado por usurpación y salí sobreseído hace poco tiempo. Logramos la matrícula de cooperativa y hoy tenemos legalidad.”
Miguel Ángel Ríos trabaja en La Litoraleña desde hace quince años y en los últimos meses vive además en la fábrica junto a otros compañeros. “Los ingresos que nos llevamos por semana son de alrededor de $2500. Confiamos en que mas adelante vamos a poder aumentar la producción y generar mas ingresos para todos”, afirmó. Y destacó la importancia del trabajo en equipo: “Confío ciegamente en el grupo y se que vamos a lograr mejorar la situación. Todos tienen mucha experiencia y son muy trabajadores.”
“Confiamos en que mas adelante vamos a poder aumentar la producción y generar mas ingresos para todos”, dijo Miguel Ángel Ríos.
Pierucci destacó las mejoras de las condiciones de trabajo bajo la modalidad de la autogestión: “En esta etapa se pone de manifiesto la diferencia de objetivos de la empresa bajo patrón y la empresa como cooperativa de trabajo. Mientras bajo patrón el objetivo es la ganancia, aun con formas ilegales o turbias, el objetivo de la cooperativa es mantener los puestos de trabajo genuinos y aumentar todo lo posible la calidad de vida del trabajador.”
“Ahora tenemos que empezar a aumentar el volumen de venta para poder tener nosotros más ingresos”, afirmó Baini. En el mismo sentido, apostando a sostener y acrecentar el nivel de producción, Pierucci explicó: “La idea es ampliar las ventas lo máximo posible, para eso tenemos que empezar a reconquistar segmentos de mercado y abrir nuevos canales de distribución.”
La Litoraleña produce distintas versiones y tamaños de tapas de empanadas y pascualinas, que se venden en su local de venta directa al público ubicado en Boedo.
La cooperativa tiene como objetivo mantener los puestos de trabajo y aumentar la calidad de vida del trabajador.
La mayor parte de los insumos que la fábrica necesita para producir los obtiene comprándolos a otras fábricas autogestionadas. “Empezamos a buscar vínculos con otras cooperativas de trabajo, la idea es integrar todo el proceso de producción o gran parte del mismo de forma cooperativa. Hacia afuera lo fundamental es ser solidario”, sostuvo Pierucci. Y agregó: “Creemos que es importante contactarnos con el consumidor de tal forma de dar a conocer que la gestión obrera tiene un plus. Nosotros también somos consumidores y nos interesa mucho mantener la calidad de la producción”.
El fallo judicial que legalizó a la fábrica como cooperativa les impone tiempos. Tienen el límite de un año para demostrar que pueden mantener los puestos de trabajo y estar en mejores condiciones. Confían en que van a lograr mantener la cooperativa: ingredientes fundamentales como el apoyo del grupo y su capacidad de lucha ya los tienen.
Feb 6, 2018 | Trabajo
Los trabajadores de LR1 AM 1070 Radio El Mundo reclaman desde mediados de enero el pago de salarios adeudados por parte de las empresas FIOFIO Producciones y Radiodifusora Baires. La emisora, ubicada en Palermo, cuenta con más de setenta trabajadores en planta, quienes no tienen ninguna señal de cuándo se regularizarán los pagos atrasados.
“Nadie dice nada, nadie dio respuesta alguna. Hay un silencio insoportable, de esas ausencias inesperadas», dijo Judith Barattucci, productora periodística en Radio El Mundo.
“A principios de enero, luego de más de cuatro años de conducta muy prolija por parte de la productora que explota comercialmente la frecuencia, de repente y sin explicación no hubo depósito de los sueldos en enero”, relata Alejandra Nieto, delegada sindical de la radio por la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), que representa a los operadores y técnicos. “Al mismo tiempo, renunció el gerente de FIOFIO Producciones, Julián Mansilla, a pedido de los accionistas mayoritarios, los hermanos Vignatti. Como la mitad del plantel de trabajadores cobra por una sociedad anónima y la otra por otra, es una situación muy grave”, agregó.
Además del atraso de los sueldos, los delegados sindicales y trabajadores denuncian que la explotación de la frecuencia se encuentra en una situación legal irregular frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). “La licencia de la radio está concesionada por el Estado a la empresa Radiodifusora Baires, cuyo dueño es Marcelo Morano. En 2005, Radiodifusora Baires hace un acuerdo con FIOFIO Producciones donde le cede la explotación comercial de la emisora”, explicó Lucas Duette, delegado sindical de la radio por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). “Como el ENACOM no habilitó el traspaso de la concesión, la licencia de la radio sigue siendo de Radiodifusora Baires, y lo que determina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que, por más acuerdo que haya entre las empresas, quien debe hacerse cargo de los trabajadores es la adjudicataria de la licencia”, dijo. Duette, además, denunció intimidaciones en su contra a partir del conflicto generado por los atrasos en los pagos de los sueldos.
Los trabajadores de la radio realizan asambleas para votar democráticamente las medidas de fuerza que se llevarán a cabo para visibilizar el problema.
“Se transita en un clima de incertidumbre bastante doloroso, no se sabe en qué puede derivar este conflicto. La manera de enterarnos de esta situación fue al ver que en nuestras cuentas no estaba depositado nuestro salario; y, aquellos que facturamos, por no tener el cheque que corresponde al mes trabajado”, comentó Judith Barattucci, productora periodística en Radio El Mundo hace tres años. “Nadie dice nada, nadie dio respuesta alguna. Hay un silencio insoportable, de esas ausencias inesperadas. Solo sabemos que a esta altura, vamos transitando el segundo mes de trabajo sin cobrar”, señaló.
Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar resolver el conflicto, sin resultados positivos. “Son dos partes las que se tienen que presentar de los empresarios de Radio El Mundo. La mayoría de las audiencias han sido negativas, nosotros lo que hacemos en este caso son asambleas en la radio para votar las medidas de fuerza y que sea por supuesto de una manera democrática”, contó Yamila Vetti, productora de contenidos de la radio desde hace cuatro años.
Lucas Duette, delegado de Sipreba.
El 29 de enero los trabajadores llevaron a cabo un paro extensivo desde las 12 hasta las 18, seguido de una asamblea donde decidieron continuar con las acciones de lucha. “La medida de fuerza va a seguir igual que los últimos días, tres horas por turno, tres horas de paro y tres horas de aire”, afirmó Nicolás Marsico, productor periodístico del programa “El Regreso”. Mientras tanto, los trabajadores no cobraron ni los sueldos de diciembre ni de enero ni el medio aguinaldo. Ninguno de los propietarios ofreció, hasta ahora, una salida.
Más de setenta trabajadores en planta no saben cuándo se regularizarán los pagos adeudados por parte de las empresas FIOFIO Producciones y Radiodifusora Baires.
Ene 24, 2018 | Comunidad, DDHH, Novedades, Trabajo
El Ministerio de Educación de la Nación anunció, a través de un comunicado, que no financiará más la Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo, una extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que se dicta en el edificio Casa de la Militancia de H.I.J.O.S., en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
La Tecnicatura era financiada por la cartera educativa desde el 6 de mayo de 2013. En diálogo con ANCCOM, Giselle Tepper, integrante de la organización H.I.J.O.S., describe: “Tuvimos una comunicación por parte del ministro, Alejandro Finocchiaro, en la que sostuvo que no iba a continuar la tecnicatura, es decir, que no se iban a abrir nuevas cohortes. Los que están cursando supuestamente tienen garantizada la continuidad, los que se verían perjudicados de manera directa son los que querían anotarse en el 2018 y los que eventualmente tenían planificado hacerlo desde el 2019 en adelante”. Y agregó: “No existe otra instancia pública y gratuita en la Ciudad de Buenos Aires donde cursar una tecnicatura de Periodismo Deportivo, por lo cual nosotros entendemos que indirectamente esta decisión beneficia a los privados”.
La Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo que se dicta en la ex ESMA dejará de ser financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
Desde la Facultad visibilizaron esta situación a través de una campaña “No cierren la Carrera De Periodismo en la Ex Esma”. Además, H.I.J.O.S. junto con otros organismos de derechos humanos denunciaron la medida a través de una carta abierta al ministro Finocchiaro: “Cientos de estudiantes participan en esta Tecnicatura, llenan de vida un lugar que fue de muerte, traen ideas y debates a un lugar donde justamente se intentó exterminar a aquellos proyectos de las organizaciones estudiantiles, políticas, sindicales, sociales, que luchaban para la transformación de la Patria Grande. Estos/as estudiantes hoy son protagonistas de la educación, de la memoria y del futuro”, expresa un fragmento de la carta.
Para Carlos González, egresado de la primera camada que tuvo la Tecnicatura son diversos los puntos por los que preocupa muchísimo su cierre. “La posibilidad de tener la facultad pública dentro de este espacio es una manera de revalorizar los procesos de memoria, verdad y justicia. Alguien que dice periodismo, estudiando a solo treinta metros de donde está la carta a la junta de Rodolfo Walsh y donde fue visto por última vez, tiene un peso simbólico muy grande. Lo que se puede estudiar en cuanto al periodismo, lo que se puede ver y vivir no se consigue en el espacio de una facultad privada. El Gobierno quiere vaciar y desfinanciar a la ex Esma, y esto es un golpe a los derechos humanos”, expresa el graduado.
“La posibilidad de tener la facultad pública dentro de este espacio es una manera de revalorizar los procesos de memoria, verdad y justicia», dijo el ex graduado Carlos González.
Desde las agrupaciones de estudiantes afirman que esta decisión es un atentado a la educación pública y al derecho al estudio garantizado: “Esta es la única carrera gratuita, libre y pública de periodismo deportivo que hay en la Ciudad, y es la única gratuita en América Latina.” Asisten muchos chicos y chicas desde muy lejos, como también muchos con más de tres horas de viaje. Estudiantes que no tiene otra alternativa porque no pueden pagar una carrera privada. “Además, esta no es una escuela de periodismo donde se le enseña a un estudiante solo a hablar frente a una cámara o frente a un micrófono, esas cosas están pero son secundarias. Los estudios sociales son los principales de la carrera, de hecho el egresado de periodismo deportivo puede continuar su carrera en la Licenciatura de Comunicación Social”, señala González.
El egresado manifiesta que esta situación es muy grave, que se tomó de manera agresiva y arbitraria: “Esto no es un recorte, es una decisión que tiende a apalear sistemas que son inclusivos. Esta es una Carrera de Comunicación. El sistema de comunicación que propone el macrismo no coincide con un sistema plural, alternativo, comunitario. No tiene un discurso para toda una sociedad sino solo para un sector. Es una manera de callar voces, si vos no le das el derecho de estudiar Periodismo Deportivo a toda la comunidad después vas a tener en la televisión, en la radio, o escribiendo a un sector de la sociedad”. Y agrega: “El gobierno te elimina fútbol para todos, porque tiene un nuevo discurso donde el deporte es ocio y si es ocio es espectáculo”.
Organismos de derechos humanos y estudiantes realizarán diversas acciones para visibilizar la vulneración del derecho a la educación.
Por su parte, Giselle Tepper explica: “Con otros organismos de derechos humanos le pedimos una reunión al ministro pero todavía no tuvimos respuesta y también al responsable de la Universidad De La Plata, Raúl Perdomo. Vamos a realizar con los estudiantes algunas acciones más como clases públicas para visibilizar que se vulneran los derechos de la educación”. Para Giselle también se vulnera la capacidad de los docentes y de los no docentes de continuar trabajando. Se genera un gran retroceso en lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos en la ex Esma. Y concluye: “Seguimos creyendo que existe la posibilidad de que recapaciten y que se mantenga la Tecnicatura. Que no se vulnere el derecho a la educación, al trabajo y a lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y que puedan graduarse más estudiantes”.
El desfinanciamiento de la Tecnicatura beneficiaría indirectamente a los privados, ya que no hay otro lugar público y gratuito en la ciudad de Buenos Aires en el que se pueda estudiar una tecnicatura en Periodismo Deportivo.
“Seguimos creyendo que existe la posibilidad de que recapaciten y que se mantenga la Tecnicatura», dice Giselle Tepper, integrante de H.I.J.O.S.
Ene 11, 2018 | Comunidad, Trabajo
Peligran 900 puestos de trabajo por el cierre del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela que permite que docentes de todo el país accedan a posgrados de formación gratuitos. El destino de los educadores es incierto, todavía no saben si retomarán sus funciones en febrero, marzo o si deberán emprender la búsqueda de un nuevo empleo. “Hay algo despiadado en todo esto porque suponiendo que ya sabemos que estamos despedidos, podríamos ir viendo otros trabajos. Es muy angustiante sobre todo para aquellos compañeros que dependen de éste como su único ingreso. Exigimos una palabra pública de las autoridades”, reclamó Diego Carames, responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria.
En el 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que tenía como finalidad centralizar los cursos docentes dispersos y levantar un reclamo histórico que era el acceso a una formación permanente gratuita y de calidad. El Programa Nuestra Escuela surgió en el marco del INFOD y es un proyecto que inició la gestión del gobierno anterior durante 2014. Fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de Educación del país. Consiste en una capacitación y especialización universal para los docentes con una duración de dos años, con modalidad presencial y virtual, financiada por el Estado. “El Programa Nuestra Escuela fue quizás el más ambicioso de todos porque pretendió llegar al millón de docentes. Esto garantizaba el derecho de los maestros al mismo tiempo que recuperaba la idea de un Ministerio nacional federal que invertía en términos de educación, en buscar cierta igualdad en las distintas regiones de Argentina. Lo que observé a lo largo de estos últimos dos años es que las políticas de educación que está llevando a cabo el Gobierno actual son un retorno a la línea de intervención de los años 90; que consistió en descentralizar, es decir que cada provincia se responsabilizara de su educación, profundizando la desigualdad”, reflexionó Carames. Aquellas provincias más ricas, que tuvieran más recursos podrían invertir en formación docente, mientras que las provincias más pobres tendrían otras prioridades. “Hay una profunda contrariedad en lo que declaman desde el gobierno, una educación de calidad, y lo que están haciendo con el ministerio de Educación. Lo están desguazando”, denunció el docente.
Al mismo tiempo que el actual ministro de Educación Alejandro Finocchiaro afirma que hay jerarquizar a los docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, y que la gobernadora María Eugenia Vidal propone dar de baja a los docentes que no posean un título, un programa dedicado a la formación docente permanente está en jaque. “El discurso que dan y lo que hacen es muy contradictorio. Plantean la necesidad de jerarquizar a los docentes para obtener una enseñanza de calidad. Pero quieren cerrar Nuestra Escuela. Acá hay casi mil docentes que dedicaron tiempo para su propia formación y desde el Ministerio de Educación deciden, sin dar ninguna explicación razonable, que no terminen con esa capacitación”, juzgó Diego Carames.
“Quisieron cerrarlo en el 2016 y como no pudieron lo que hicieron fue esperar un año para que las sucesivas cohortes fueran cayendo y, apenas pudieran, cerrarlo. Esto no es un mero descuido sino una política sistemática de desresposabilizarse por la educación pública”, sentenció Carames. A fines de 2016 el ex ministro de la cartera Esteban Bullrich firmó una resolución para restringir el régimen de cursada de los postítulos y dispuso el cierre definitivo, para fines de 2017, de las especializaciones en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías en las que trabajan 110 docentes. Un recurso de amparo presentado por los docentes impidió el cierre. “A partir del conflicto de diciembre del 2016 formamos el Colectivo de Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela para dar pelea por nuestros derechos y el de los cursantes. En enero del 2017 resolvieron dar de baja las resoluciones porque eran ilegales, violaban el contrato académico con los docentes que se habían inscrito al Programa”, dijo Carames. En estos tres postítulos hay alrededor de 950 cursantes que le faltan entre una y dos materias para recibirse. “Esto depende de una firma del ministro, de la buena voluntad y de la responsabilidad de las autoridades. No es necesario siquiera que abran una nueva cohorte, sino sólo un bimestre para que estos docentes puedan finalizar su formación. En términos económicos el costo resulta mínimo”, explicó el responsable de Ciencias Sociales.
Mientras que el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional prescribe que el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben garantizar el derecho a la formación continua a todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación, las autoridades están obstaculizando este derecho a la formación al impedir que los cursantes finalicen sus estudios.
Si bien el Colectivo de Trabajadores logró que el programa continuara en funcionamiento durante el 2017, hoy se encuentran inmersos en la incertidumbre por la ausencia de noticias sobre el futuro del proyecto. “Desde la gestión lo que dicen es que la mayoría de los docentes va a continuar. Sin embargo, mientras que los contratos se renuevan semestralmente aún no hay nada firmado. Si bien no hubo confirmación de que los 900 docentes estamos despedidos, lo que sí sabemos es que los contratos cayeron y desde entonces no tenemos ninguna noticia. Al no tener un contrato oficial nos damos por despedidos”, agregó.
El argumento que sostienen desde el ministerio de Educación para el cierre de los postítulos en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías sería puramente burocrático. Como en el 2016 se abrieron cohortes nuevas para los otros once postítulos pero no para estas tres áreas, ya no habría cursantes para ellas en 2017. ¿Por qué no se abrieron nuevas cohortes en 2016 para estas tres áreas? “Uno podría decir que esa decisión tiene que ver con las líneas pedagógicas prioritarias que el gobierno actual sostiene. En la cual los derechos humanos y el postítulo en Ciencias Sociales, que trata de pensar problemáticas como las transformaciones del mundo contemporáneo, no son áreas en las que las autoridades estén interesadas en que sean enseñadas en las escuelas. Sino que están más comprometidos con orientar la educación hacia los parámetros medidos por las evaluaciones internacionales, como PISA. Por otra parte, pareciera que la idea es fomentar el crecimiento de los cursos y especializaciones privadas y que los docentes tengan que volver a pagar para obtener su propia formación. Porque no sólo se cierran cursos y programas como Nuestra Escuela y líneas de intervención territorial socioeducativas como el proyecto coros y orquestas, sino que tampoco ofrecen un proyecto educativo propio que venga a reemplazar los postítulos de Ciencias Sociales, Derechos Humanos y TICs. Lo único que hacen es cerrar cursos bajo la idea economicista de ahorrar recursos”, opinó Carames.
Según el responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria hay dos posibles soluciones para que los docentes no pierdan su fuente de trabajo, una es que se abran nuevas inscripciones y los postítulos sigan. La otra posibilidad es que los docentes sean reabsorbidos por los cursos nacionales virtuales que ofrece el ministerio sobre distintas temáticas. “El año pasado abrieron algunos proyectos nuevos en la virtualidad, el problema con el que se encontraron es que contrataron mucha gente nueva, sin experiencia en plataformas virtuales, teniendo recurso ya formado. Hay poca gente en el país que tenga tanta experiencia como nosotros en la formación docente virtual. Esta modalidad de educación no es como cualquier trabajo de docencia, tiene cierta especificidad, no trabajamos con la palabra oral sino con la palabra escrita. Supone otro tipo de vínculo con los cursantes”, planteó.
Sonia Alesso, Secretaria General y Guillermo Parodi Secretario de Prensa de CTERA, en nombre del gremio, se sumaron al reclamo de los docentes del Programa Nuestra Escuela con un comunicado en el que repudiaron el desguace del Programa y afirmaron que el Ministerio estaría incumpliendo con un Acuerdo Paritario que habían firmado en 2015 los cinco sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación, de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para garantizar la formación permanente, gratuita y en servicio de más de un millón de docentes. “Este es un nuevo ajuste a la educación pública, con la pérdida de fuentes de trabajo para 900 familias. CTERA repudia y rechaza este nuevo atropello a la educación pública y exige al Ministerio de Educación que revea esta medida arbitraria, unilateral y de ajuste”, expresó el comunicado.
Por su parte, el Colectivo de Trabajadores Virtuales se apoya en el gremio ATE para elevar a las autoridades sus reclamos en espera de la apertura de un diálogo para solucionar la problemática o, al menos, tener una certeza sobre los planes que tiene el ministerio para el programa y sus trabajadores. “El apoyo de CTERA es muy importante porque permite de alguna forma que nuestro reclamo no quede invisibilizado como el de un grupo de trabajadores de un programita del Estado. Nos interesa que aparezca en particular nuestro reclamo por los puestos de trabajo, pero también es importante que se ponga este conflicto en un contexto más amplio que es la avanzada furiosa del gobierno contra el universo educativo en general y contra los trabajadores docentes en particular. Ya lo vimos el año pasado como los docentes fueron estigmatizados y aún más aquellos que estaban afiliados a algún gremio”, concluyó Diego Carames.
