Meta pagar indemnizaciones
Un tribunal de Los Ángeles condenó en un fallo millonario a Meta y YouTube debido al daño ocasionado en la salud mental de una joven de 20 años por los efectos adictivos que le generan. Para los especialistas puede marcar un antes y un después. La Argentina a contramano del mundo.
Un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró a fines del mes pasado a Meta y YouTube responsables del daño a la salud mental de una joven de 20 años identificada como Kaley y los condenó a pagar una compensación de varios millones de dólares. El fallo, cuya fundamentación completa todavía no se conoce, sacudió al sector tecnológico y para muchos especialistas marca un antes y un después en la historia de la regulación digital.
Kaley empezó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve. A los diez empezó a sentir ansiedad y depresión. Ante el jurado declaró que las plataformas dañaron sus relaciones sociales y su autoestima. Meta deberá asumir el 70% de la indemnización y YouTube el 30%. Los daños punitivos, todavía por determinarse, podrían llevar la cifra a treinta millones. Y no es un caso aislado: hay miles de demandas similares esperando turno en los tribunales estadounidenses.
Durante décadas, empresas como Meta o Google operaron bajo la protección de la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de Estados Unidos, que las eximía de responsabilidad por los contenidos que generan sus usuarios. Ese escudo las convirtió en prácticamente intocables ante la justicia.
Lo que el caso Kaley pone sobre la mesa es algo distinto. Carolina Martínez Elebi, investigadora en tecnología y derechos humanos y directora del newsletter DHyTecno, lo explica así: por primera vez no se discute lo que circula dentro de las plataformas sino cómo están construidas: por qué el scroll no termina, por qué las notificaciones no paran y por qué el algoritmo siempre encuentra algo más para mostrarte.
«Por primera vez no se discute lo que circula dentro de las plataformas sino cómo están construidas: por qué el scroll no termina, por qué las notificaciones no paran y por qué el algoritmo siempre encuentra algo más para mostrarte» dice Martínez Elebi.
Las comunicaciones internas de estas empresas, algunas ya presentadas en el juicio, dan una respuesta clara: sus propios equipos trabajan para maximizar el tiempo que el usuario pasa dentro de la plataforma. Para Martínez Elebi, ahí está el problema. Las plataformas son conscientes de los efectos adictivos del diseño porque “forma parte de su modelo de negocio”. Y ese diseño golpea especialmente a los menores: están en pleno desarrollo cognitivo y emocional y tienen menos herramientas para resistirlo.
Lo que se ve en el consultorio
Ayelén Pires Frade es psicóloga infantil y lleva veinte años trabajando con chicos y adolescentes. Desde hace una década nota algo que antes no veía con esta frecuencia: nenes de cuatro y cinco años que llegan con dificultades en el lenguaje, problemas de atención y poca tolerancia a la frustración. Junto a una fonoaudióloga del hospital donde trabaja empezó a registrar esos casos. Siempre encontraron lo mismo: muchas horas de pantalla desde muy chicos. Cuando los padres empiezan a limitar la exposición, los nenes mejoran. “El chico queda acelerado y después lo otro no le interesa”, describe.
Varios estudios respaldan lo que Pires observa en el consultorio. Un informe de 2023 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de España (ONTSI) reveló que el 33% de los chicos de entre 12 y 16 años se encuentra en riesgo elevado de desarrollar un uso compulsivo de servicios digitales.
En adolescentes el problema cambia de forma pero no de fondo. A esa edad la identidad se está construyendo y la mirada del otro pesa mucho: el grupo, la validación, compararse con lo que los demás muestran de sus vidas. Es exactamente la lógica con la que operan las plataformas. En los casos más graves, Pires atiende chicas que llegan con autolesiones y que al profundizar revelan haber estado en contacto con perfiles y grupos que normalizan y practican este tipo de conductas. “Si ya hay una vulnerabilidad de base, la plataforma la encuentra y la amplifica”, dice.
Las familias y las instituciones tampoco saben bien qué hacer. Los padres usan la pantalla para tener un rato de tranquilidad sin calcular el costo. Las escuelas improvisan: cada una decide por su cuenta si prohíbe el celular o no, y los docentes quedan expuestos a ser filmados. “Si las instituciones no saben qué hacer con la tecnología en la adolescencia, mucho menos con la infancia”, dice, y agrega: “Y los padres, menos todavía.”
Un mundo, dos velocidades
En Estados Unidos el debate llegó a los tribunales antes que al Congreso. Hay cientos de causas abiertas por distritos escolares y fiscales estatales, pero ninguna ley concreta que regule a las plataformas. Damián Loreti, abogado y profesor de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explica por qué: la Primera Enmienda hace casi imposible que el Estado le imponga límites a lo que una empresa puede o no mostrar. En Europa la historia es otra. El Acta de Servicios Digitales ya está activa y obliga a las plataformas a explicar cómo funcionan sus algoritmos y a proteger a los menores. Para Loreti la diferencia es estructural: en Europa se parte de la idea de que el Estado tiene un rol cuando están en juego derechos fundamentales. En Estados Unidos, históricamente, no.
El problema es que ninguno de los dos modelos resuelve todo. Las grandes plataformas tienen un producto bruto que supera al de la mayoría de los países del mundo. “Son más grandes que la mayoría de los Estados medios”, dice Loreti. Regular desde ahí es negociar en desventaja. Y las soluciones más intuitivas tampoco son tan simples: exigir verificación de edad para proteger a los menores obligaría a construir una base de datos con la identidad de todos los usuarios. “La discusión es si el remedio es peor que la enfermedad”, advierte.
Esa información terminaría siendo otro riesgo. Y cualquier norma que apunte a una tecnología específica va a quedar vieja antes de entrar en vigencia, más aún con el ritmo que lleva la inteligencia artificial. Lo que hace falta, sostiene Loreti, son marcos basados en principios de derechos humanos y libertad de expresión que no dependan del instrumento sino de la conducta.
Argentina no la ve
Mientras Europa avanza y Estados Unidos empieza a resolver en los tribunales lo que el Congreso no pudo, Argentina está en sentido contrario. En septiembre de 2024 se retiró del Pacto Digital de la ONU. Martínez Elebi comenta que estos movimientos corresponden a un “alineamiento vertical” con las empresas del sector tecnológico, siguiendo el hilo discursivo de libre mercado y libertad de expresión característico de la administración actual. También menciona que hay proyectos en la Comisión de Ciencia y Técnica del Congreso y alguna iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires, pero nada que haya avanzado de verdad. En el resto de América Latina el panorama es igual.
En lo jurídico, Argentina firmó el Convenio 108 plus de protección de datos pero sin las ratificaciones necesarias no tiene fuerza legal todavía. Y en el tratado comercial con Estados Unidos quedó establecido que ese país es un destino seguro para transferir datos de ciudadanos argentinos, lo que en la práctica baja los estándares de protección que la propia ley local exige. Para Loreti eso no es un detalle menor: los datos personales de los argentinos terminaron siendo moneda de cambio en una negociación comercial. En Europa algo así no sería posible: el Reglamento General de Protección de Datos obliga a pedir consentimiento explícito ante cualquier cambio en las condiciones de uso.
Loreti y Martínez Elebi no creen en las prohibiciones ni en las leyes que regulan tecnologías específicas. Lo que hace falta para ellos son principios claros: transparencia en los algoritmos, responsabilidad por el diseño, protección real de los más vulnerables.
Martínez Elebi se define como optimista. Dice que la concentración de poder sin límites es históricamente insostenible y el punto central a tratar: los monopolios siempre terminan encontrando resistencias. “Hay que seguir preparando las cosas porque estos movimientos cíclicos van a permitir que esto se acomode y se permita dar una discusión con más capacidad de acción”.
Pires habla de los chicos de cinco años que hoy llegan a su consultorio y que en unos años van a entrar a la primaria. “La tecnología como herramienta está genial”, dice. “Pero para usar una herramienta –agrega-. primero tenés que tener el dominio. Un nene de cuatro años que todavía no habla bien no tiene esa herramienta.”
El futuro de las políticas de regulación es incierto, más en el contexto actual. Lo que no admite dudas es que la tecnología ya atraviesa la vida de millones de personas, y que sus efectos sobre las generaciones que vienen todavía están por verse.
