Meta apuesta a perder para seguir ganando

Meta apuesta a perder para seguir ganando

Sep 5, 2026 | Comunidad, Destacado 2

Meta, la empresa dueña de Instagram, Facebook y Whatsapp, llegó a un acuerdo para detener un juicio por dañar la salud mental de “la juventud americana”. Pagará 17.000 millones de dólares en diez años. ¿Por qué es una estrategia de autopreservación? ¿Puede suceder lo mismo en Argentina?

Meta, la empresa dueña de Instagram, Facebook y Whatsapp, llegó a un acuerdo para detener un juicio por dañar la salud mental de “la juventud americana”. Pagará 17.000 millones de dólares en diez años. ¿Por qué es una estrategia de autopreservación? ¿Puede suceder lo mismo en Argentina?

Meta, la empresa dueña de Instagram, Facebook y Whatsapp, acordó pagar hasta 17 mil millones de dólares para cerrar el juicio en el que la acusaban de dañar la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Además, deberán fijar un límite temporal de dos horas de uso, bloqueo nocturno, y eliminación de notificaciones en horario escolar, entre otras medidas. Tienen un plazo de seis meses para implementarlo en las cuentas de redes sociales de sus usuarios menores.

¿Por qué 17 mil millones de dólares?

El juicio más grande contra la empresa Meta Platforms Inc. llega a su fin tras la firma de un acuerdo entre las partes el pasado 26 de agosto. La demanda, iniciada en octubre de 2023 por 29 fiscales generales de Estados Unidos, alegaba que la empresa fundada por Mark Zuckerberg en 2004 “ha utilizado su tecnología y sus plataformas de redes sociales, Facebook e Instagram, para atraer, captar y atrapar jóvenes y adolescentes” y que “ha engañado repetidamente al público acerca de los peligros que estas plataformas han causado al bienestar mental y físico de la juventud americana”.

Si bien Meta no aceptó estas alegaciones, sí acordó, para finalizar el juicio, pagar 11.656 millones de dólares, que serán repartidos entre todos los estados que se sumaron al acuerdo: 51 jurisdicciones, exceptuando a Texas, Florida y Nuevo México, recibirán el monto en diez cuotas a diez años. El documento del acuerdo aclara que el dinero irá destinado a programas estatales de salud mental y seguridad online de niños, niñas y adolescentes.

Para Manuel Larrondo, abogado, investigador y docente de Derecho a la Comunicación, el acuerdo es parte de una estrategia de los abogados de la empresa para no llegar a una instancia del juicio que ya sabían desde junio que iban a perder. “A los ojos del usuario, dice: ‘Mirá, tuvo que pagar’. Sí, es una suerte de victoria de los fiscales, pero al mismo tiempo Meta también lo que busca es evitar que haya una sentencia de un tribunal, de un poder del Estado, una resolución. Tratan de evitar que haya un efecto derrame de normativas”, explicó Larrondo. Un acuerdo entre partes no tiene la fuerza de sentar jurisprudencia que, por otro lado, hubiera tenido una sentencia firme contra Meta por parte de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California.

Además, el documento firmado cuenta con una cláusula “gatillo” o disparador de pago monetario contingente. Manuel Larrondo explicó: “En el caso de que las plataformas competidoras de Meta, Snapchat, Google y TikTok, aplicaran algo parecido a esto, entonces tendrían que pagarse cuotas adicionales de otros 5.000 millones de dólares”. Es por eso que, sumando los pagos garantizados a los contingentes, la cifra se eleva a 16.680 millones de dólares.

En el acuerdo también figura un misterioso “monto de pago de Cambridge”, no explicitado en las definiciones del documento judicial, de 459 millones de dólares. Meta acordó este pago con 46 estados, más Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte, para resolver las demandas por el escándalo de privacidad de Cambridge Analytica del 2018. Nuevo México y Washington D.C no firmaron el acuerdo y seguirán el juicio con la empresa.

Por último, Meta también debe pagar 75 millones de dólares por los costos estatales por el juicio: la investigación, los peritos, los abogados, etc.

El total acordado suma 17 mil millones de dólares, una cifra menor al lado del monto inicial que reclamaban los demandantes: 200 mil millones de dólares. De esta manera, Meta evita un juicio público, caro y riesgoso, no solo por la exposición y la posibilidad de perder, sino por la jurisprudencia que podría generar una sentencia favorable a los demandantes. Una cuestión no menor es que Mark Zuckerberg, fundador de la empresa y dueño del paquete mayoritario, hubiera tenido que presentarse nuevamente a declarar; las experiencias pasadas resultaron bastante traumáticas en ese sentido pese al nivel de preparación al que evidentemente lo sometían sus asesores legales y de imagen.

Además del pago monetario, Meta tiene un plazo de seis meses para implementar algunas modificaciones en las cuentas Instagram y Facebook de los usuarios estadounidenses de 13 a 17 años: límite de uso de dos horas diarias, bloqueo nocturno  ocultamiento de los “me gusta” y reacciones a publicaciones, eliminación de notificaciones en horario escolar y prohibición de uso de filtros estéticos.

Tapar el sol con la mano

Además del pago monetario, Meta tiene un plazo de seis meses para implementar algunas modificaciones en las cuentas Instagram y Facebook de los usuarios estadounidenses de 13 (por debajo de esa edad mínima las redes están prohibidas) a 17 años: límite de uso de dos horas diarias en ambas aplicaciones, bloqueo nocturno de 00:00 a 6:00, ocultamiento de los “me gusta” y reacciones a publicaciones, eliminación de notificaciones en horario escolar, de 8:00 a 15:00, prohibición de uso de filtros estéticos, fortalecimiento del software de verificación de edad y la opción de optar por un feed no algorítmico.

Aunque las medidas parezcan esperanzadoras, todas estas funciones pueden ser modificadas por el padre, madre o supervisor de la cuenta del menor de edad. “Termina siendo una decisión de la familia, que además tiene casi que tomar un curso para entender cómo funciona, cuáles son los problemas, qué tiene de malo para su hijo”, explicó Carolina Martínez Elebi, investigadora en tecnologías y derechos humanos y directora del medio digital DHyTecno. “El problema es que estas empresas tienen una lógica comercial, su modelo de negocio está pensado de tal forma que termina explotando vulnerabilidades del ser humano a un punto demasiado personalizado”, añadió.

Con algunas mínimas modificaciones a las cuentas de menores de edad, y solamente aplicables a Estados Unidos, no se soluciona el problema de raíz. En muchos países se discute la cuestión de la edad mínima para tener cuentas de redes sociales, pero para Martínez Elebi, esto no es suficiente: “La solución no es la verificación de edad, como si a los 16 años ya estuvieras listo, y pudieras recibir un aluvión de estrategias digitales, recomendación algorítmica y escroleo infinito sin sufrir consecuencias. La verdad es que no. Es un parche, es como tapar el sol con la mano”.

En este sentido, Gisela Untoiglich, doctora en Psicología y miembro fundadora de Forum Infancias, coincide con Martínez Elebi: “Me parece que no debería tratarse sólo como una problemática ni individual ni intrafamiliar. Cuando estamos hablando de infancias y adolescencias, sobre todo ahí tenemos que tener un Estado presente, políticas públicas que regulen, más allá después de lo que los padres hagan. Tiene que haber un Estado que regule a las empresas, porque ellas no van a autorregularse, no lo van a hacer por propia decisión”.

Cintia Soledad González, psicóloga especializada en adolescencias, concuerda con Untoiglich: “La regulación no puede recaer solamente sobre las familias. Tiene que haber mayor responsabilidad de las propias plataformas. Diseñamos aplicaciones para que las personas permanezcan conectadas el mayor tiempo posible y después esperamos que los adolescentes tengan la suficiente fuerza de voluntad como para salir de ellas”.

Las modificaciones que acordó implementar Meta no afectan al diseño algorítmico de las plataformas cuyo único objetivo es generar ingresos mediante el tiempo de uso de millones de personas. La atención de los usuarios y los datos que generan en estas interacciones son el recurso vendido a anunciantes ávidos de publicitar en las redes sociales.

“¿Y quién lo va a hacer acá?”

En Argentina existen varios proyectos de ley redactados y organizaciones que buscan proteger la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no existe voluntad por parte del Estado de regular estas cuestiones y tampoco hubo debates en las cámaras de Diputados y Senadores.

Larrondo ve las regulaciones más lejanas en el tiempo: “Demandó tres años de juicio (en Estados Unidos), que parece una eternidad y es poco. Y la fuerza de 29 fiscales que se metieron en una demanda con el costo de pericias, investigación, juicio, guita. ¿Y quién lo va a hacer acá? ¿Quién lo va a encaminar?”.

Para Carolina Martínez Elebi, la regulación no puede pasar solamente por una ley que aplique a todo lo que pase por Internet. Además del aspecto legislativo, destacó  la importancia de los organismos del Estado: “Ya existen algunas autoridades que abogan por los derechos de las infancias. Después hay que ver cuáles son las atribuciones que esas instituciones tienen. Hay una base, algo existe, no es que no hay nada, no es un terreno desértico, pero probablemente sí haya que hacer ajustes para otorgar más capacidades para hacer cumplir”.

Aunque la regulación de las plataformas en la Argentina sería un paso fundamental en la protección de los menores, no es suficiente. Ambas psicólogas consultadas coinciden en la incidencia de la estructura y el contexto social y personal del niño, niña o adolescente. “Si sos una persona que está pasando por una situación más de crisis, más vulnerable, estás más insegura, el algoritmo te engancha y, en parte te da lo que cree que querés escuchar, pero a su vez eso va generando cada vez más inseguridad, cada vez más ansiedad, y en muchos casos cada vez más depresión”, explicó Gisela Untoiglich.

“Además de preguntarnos cuánto tiempo pasan conectados, tendríamos que preguntarnos qué hacen ahí y qué lugar ocupa ese espacio virtual en sus vidas”, dijo Cintia Soledad González. “Hay que mirar qué está pasando con ese adolescente y qué función está cumpliendo en ese uso”, añadió.

En este sentido, la postura de Martínez Elebi puede relacionarse con la explicación que dan las psicólogas: “Hay un montón de otros aspectos que no están por dentro de la plataforma, que exceden al diseño técnico ¿Pero qué pasa por afuera? Hay entornos familiares, hay entornos educativos, hay diseños urbanos que no están pensados para que esos chicos puedan, en todo caso, hacer otra cosa que no sea estar encerrados en la casa con un celular”, concluyó.

5.209

5.209

Ago 26, 2026 | Comunidad, Destacado 1

Esa es la cantidad de personas que se suicidaron en 2025, un número record que constituye la tasa más alta de la historia. Entre Ríos, San Luis y Salta son las provincias más afectadas. También los jóvenes de 15 a 34 años. La falta de políticas públicas se evidencia en el escaso presupuesto destinado a la salud mental.

El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en Argentina y 2025 alcanzó la tasa más alta de suicidios de la que se tenga registro en el país: 11,8 casos cada 100.000 habitantes. Se trata de un índice que supera incluso los registrados durante la crisis de 2001, la última dictadura cívico-militar y la pandemia de Covid-19. Las cifras se desprenden del informe anual sobre suicidios que presentó el pasado jueves el Observatorio de Política Criminal (OPC).

La magnitud del fenómeno adquiere mayor relevancia al compararlo con otros indicadores de violencia: los suicidios cuadriplican la tasa de homicidios dolosos (3,6 cada 100.000 habitantes). Estos datos se inscriben, además, en una tendencia sostenida de crecimiento que ubica a Argentina entre los países de la región con mayores tasas de suicidio, sólo por debajo de Uruguay y Chile.

Aunque se trata de un fenómeno transversal, los datos relevados en el informe muestran que el suicidio constituye la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años en nuestro país, con una incidencia particularmente elevada en las provincias de Entre Ríos, San Luis y Salta, que encabezan el registro.

Paradójicamente, si bien la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 (sancionada en 2010 y reglamentada en 2013) establece un presupuesto incremental destinado a políticas de cuidados y prevención del suicidio, con un mínimo del 10% sobre el presupuesto destinado a salud, hoy enfrenta el mayor desfinanciamiento de su historia.“Cuarenta y ocho millones de pesos es el presupuesto anual destinado a políticas de contención en salud mental para todo el territorio nacional, el salario mensual de un futbolista promedio”, afirma Ariel Larroude, director del OPC y director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la UBA.

La crisis de salud mental atraviesa distintos sectores de la sociedad, con especial profundidad entre los miembros de las fuerzas de seguridad. En declaraciones recientes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su preocupación por el aumento del 30 por ciento en los suicidios registrados dentro de las fuerzas en comparación con 2024. Aunque las causas son múltiples, la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento –coninciden los investigadores- en algunos casos pueden abonar el terreno para que sucedan. En este contexto, familiares de integrantes de Policía, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Fuerzas Armadas protestaron este 24 de agosto frente al Edificio Centinela para reclamar mejoras salariales, laborales y en las condiciones de cobertura de salud.

“Invitamos al Congreso a que declare la emergencia de salud mental. Para la reasignación de partidas rápidas, para la contratación de profesionales de salud mental, acorde a la urgencia que estamos atravesando”, reclamó Larroude durante la conferencia de prensa en la que presentaron el informe, realizada en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en el centro porteño.

Ante un panorama hostil con caída del empleo registrado, aumento de la morosidad en la familias y problemas de ludopatía en los adolescentes, matarse aparece como el salvoconducto ante un futuro desolador y un presente cada vez más insoportable. La ausencia de políticas públicas sostenidas de prevención, asistencia y contención deja a individuos y familias enfrentados en soledad a problemáticas que exceden sus capacidades, profundizando la percepción de abandono y la falta de perspectivas.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis emocional o necesita ayuda, puede comunicarse con la línea de prevención del suicidio a los siguientes números: 135 (CABA Y GBA), (011)5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país).

El deterioro de la psiquis argentina y de las normas que la regulan

El deterioro de la psiquis argentina y de las normas que la regulan

Jul 14, 2026 | Comunidad, Destacado 2

En la Argentina aumentan las internaciones psiquiátricas, los suicidios y los ataques de ansiedad mientras el gobierno intenta reformar de manera regresiva la Ley de Salud Mental.

Mientras el Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental con el fin de retomar uno de los puntos anulados de la Ley de Bases impulsada en 2024, un informe realizado por el Observatorio de Psicología Social de la UBA expone una serie de datos preocupantes sobre el bienestar psicológico de la población.

Según el informe dado a conocer semanas atrás, desde el 2020 las internaciones por salud mental incrementaron un 60% por el miedo al virus del covid y, en ciertos casos, por patologías que le quedaron a algunas personas que estuvieron infectadas. A su vez, el uso constante de las pantallas se volvió habitual en la vida cotidiana, desembocando en problemas como ansiedad, depresión, TCA, y otros. Las adicciones no fueron la excepción y también tuvieron un incremento, destacándose la ludopatía desencadenada por las aplicaciones de apuestas y casinos online.

Todas estas cuestiones pueden explicar de alguna manera el aumento de consultas médicas relacionadas a la salud mental; pero también se registró un récord de 5.200 suicidios en 2025, un 22% más que en 2024.

El psicólogo Pablo Castillo reflexionó sobre el contexto del país: “Hay un espíritu de época donde lo que prevalece es el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda. Con las nuevas tecnologías y las redes sociales, la subjetividad cambió y la gente prioriza su propia situación particular, personal, familiar; está claro cuando hay una persona en el transporte público vendiendo algo porque no tiene para comer, y todos miramos para otro lado, porque nos molesta”.

El primer proyecto de la Ley de Bases que llegó a la Cámara de Diputados proponía la derogación de la Ley de Salud Mental, pero no fue aceptado porque implicaba un retroceso en los “derechos ganados” con la sanción de la misma en 2010, que proponía un cambio esperado y necesario en materia de derechos humanos de los pacientes, descentralizando el modelo manicomial monovalente y sus prácticas ortodoxas dentro de las instituciones de encierro.

Una cuestión clave de la ley, es la incorporación de un grupo interdisciplinario para firmar la internación de un paciente o salida de la misma. Las modificaciones que trae el proyecto de reforma, es que solo sea necesario una, generando una facilitación de ingreso a las instituciones psiquiátricas.

“Es grave que se ponga en cuestión una ley, que tiene el punto central del respeto por la dignidad y la vida de las personas que transitan una situación de sufrimiento mental y que estipula los deberes del Estado para que ese resguardo ocurra y que se asegure una mirada interdisciplinaria”, declaró Bárbara García Godoy, presidenta de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud (RAIS). “En realidad, no es que pierde poder el psiquiatra, sino que aparecen otros actores institucionales, que tienen un lugar en la intervención y un reconocimiento y cierta paridad. El tema es cómo opera la industria, la lógica de las clínicas psiquiátricas, la mercantilización de la salud mental en un contexto social donde cada vez se hacen más consultas de salud mental, teniendo en cuenta que somos uno de los países con más psicólogos del mundo”, agregó.

La ley vigente, también prevé que el 10% de los presupuestos de los ministerios de Salud de cada provincia, inclusive el Ministerio de Salud nacional, debe dirigirse a la salud mental, pero en la realidad, no se deriva ni el 1%. “Lo que necesita Argentina es una inversión en el sector. No es un tema solamente de este Gobierno, es un tema que atraviesa nuestra historia con la salud mental. Entonces, se necesita más financiamiento, más dispositivos, no solamente hospitales y manicomios; sino que se necesitan consultorios, psiquiatras, psicólogos, casas de medio camino, instituciones de día, y distintas modalidades que no tenemos”; explicó el médico y diputado Pablo Raúl Yedlin.

 

 

¿Las teconologías en el aula ya no son lo que eran?

¿Las teconologías en el aula ya no son lo que eran?

Abr 29, 2026 | Comunidad, Destacado 5

Las nuevas medidas que restringen el uso de celulares y otras pantallas en el aula conviven con iniciativas que buscan incorporar y regular la inteligencia artificial generativa en la educación. En este escenario, educadores e investigadores argentinos debaten cómo abordar estas transformaciones.

La pandemia marcó un punto de inflexión en la relación entre educación y tecnología, aunque el inicio de ese proceso puede rastrearse al menos hasta 2006, cuando Nicholas Negroponte propuso “one lapto per child” (o “una laptop por niño”) que prendió en el mundo y en Argentina tomó forma bajo el Plan Conectar Igualdad.

Con el encierro, la digitalidad ya no fue una opción y pasó a ocupar un rol central en la enseñanza. Las clases virtuales, los materiales bibliográficos disponibles en línea y el uso de plataformas educativas virtuales se volvieron prácticas habituales que, en gran medida, continuaron una vez finalizada la emergencia sanitaria y quedaron instaladas como herramientas pedagógicas. En muchos casos, incluso, estas herramientas fueron leídas como una vía para democratizar el acceso a contenidos educativos.

Sin embargo, el escenario actual muestra un giro: distintos países comenzaron a revisar críticamente los efectos de esta hiperdigitalización, manifestados en deterioros en los resultados, distracción permanente e incluso en conductas ludópatas y crisis de salud mental. El fenómeno es descripto globalmenterose como un digital backlash que puede entenderse como reacción contra lo digital o reflujo digital.

La doctora en Ciencias Sociales y coordinadora de la unidad de educación digital en la Universidad de Pedagogía Nacional, Patrica Ferrante advierte que ‘’parece haber una tendencia global de expresiones locales y preocupaciones análogas que tienen que ver con cuestiones como la salud mental, el acceso a contenidos violentos e inapropiados para determinadas edades, los problemas de atención, el multitasking, la falta de concentración. Es una variedad de problemas multicausales en los cuales la relación con las tecnologías digitales son un aspecto’’.

Suecia, que durante años apostó fuertemente a la digitalización, decidió volver a invertir en libros impresos bajo el lema ‘’de la pantalla a la carpeta’’, tras detectar un deterioro en la comprensión lectora y la escritura. La iniciativa incluyó una inversión de 200 millones de dólares en 2025.

En ese contexto, algunos sistemas educativos empezaron a tomar medidas. Suecia, por ejemplo, que durante años apostó fuertemente a la digitalización, decidió volver a invertir en libros impresos bajo el lema ‘’de la pantalla a la carpeta’’, tras detectar un deterioro en la comprensión lectora y la escritura. La iniciativa incluyó una inversión de 200 millones de dólares en 2025. Algo similar ocurre con las regulaciones sobre dispositivos. En el último tiempo, las restricciones al celular en el aula se intensificaron y se vinculan con debates más amplios sobre el uso de pantallas en menores. Países como Australia avanzaron en limitar el acceso de adolescentes a redes sociales, mientras que China ha implementado regulaciones exitosas que restringen el tiempo de exposición a pantallas. “Estas acciones no tienen que implicar, necesariamente, volver al pasado, sino más bien invitan a pensar cómo, en un mundo altamente digitalizado, se usan las tecnologías digitales en las escuelas”, explica Ferrante.

“Los avances y retrocesos son parte de la historia de la educación. Las propuestas de permitir todo o bloquear todo no tienen sentido. Son acciones que responden más a una urgencia política, a un acto de posicionamiento ideológico que a una planificación real de la formación del ciudadano”, argumenta el licenciado en Ciencias de la Computación e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Fernando Bordignon.

La IA generativa como el nuevo jugador

La irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG) en los últimos años sumó una nueva capa a este debate. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Grok abrieron interrogantes sobre el aprendizaje, la producción de conocimiento y el rol docente. En el 2023, la UNESCO presentó una guía para orientar a los gobiernos en su regulación: ‘’La IA generativa puede ser una gran oportunidad para el desarrollo humano, pero también puede causar daños. No puede integrarse en la educación sin la participación pública y las regulaciones necesarias por parte de los gobiernos’’, declaró su directora general, Audrey Azoulay.

Ferrante describe este fenómeno como parte de lo que Evgeny Morozov denomina la “appificación del mundo”: tecnologías que se presentan como asistentes universales. Sin embargo, advierte que, en la práctica escolar, su uso suele limitarse al reemplazo de buscadores. Las mayores preocupaciones en torno a la IAG se vinculan con la posible pérdida de razonamiento crítico.

Bordignon explica que se trata de “una tecnología que plantea una nueva relación del ser humano con las herramientas, porque tiene mayor capacidad de agencia”. Al mismo tiempo, advierte que no es una herramienta neutral, su diseño, sus datos de entrenamiento y sus modelos de negocio influyen en los resultados que produce. Según señala, algunas investigaciones indican que ‘’si se utilizan sin ninguna orientación estas herramientas pueden generar fenómenos como la ilusión del conocimiento en los estudiantes. Pero, existen investigaciones que destacan su capacidad de potenciar el aprendizaje cuando los estudiantes desarrollan criterios para interactuar con ellas’’.

En otras palabras, la IA no reemplaza el proceso de aprendizaje, sino que lo reconfigura y exige nuevas habilidades para su apropiación. Un punto central en su planteo es la crítica al imaginario de reemplazo docente. “La IA no tiene soluciones mágicas. La máquina no tiene conciencia ni maneja las variables que sí maneja un docente en la formación del ciudadano”, afirma. En este sentido, más que sustituir al docente, estas tecnologías tienden a transformar las condiciones en las que se desarrolla su trabajo, introduciendo tensiones entre automatización, estandarización y autonomía pedagógica.

¿Qué pasa en Argentina?

En Argentina la discusión también está atravesada por esta doble lógica. Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias como Salta y Neuquén, avanzaron en la prohibición del uso del celular en escuelas primarias y secundarias; por otro, el propio Gobierno porteño impulsa acuerdos para incorporar inteligencia artificial, Gemini, desarrollada por Google, como “asistente pedagógico”.

Lejos de ser contradictorias, estas medidas evidencian la falta de consensos claros sobre cómo integrar la tecnología en la educación. Más que una política coherente, lo que aparece es una superposición de iniciativas que combinan restricción y promoción sin una articulación integral. Además, existe una presión por parte de las corporaciones para entrar al “negocio” de la educación, donde aún quedan muchos recursos estatales, para dar solución llave en mano a “los problemas de la escuela”.

Cecilia Palladino, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en tecnología educativa comenta al respecto: ‘’Gemini viene de una corporación con lógicas de plataformización y digitalización que no son las que, al menos desde mi punto de vista, queremos en las escuelas porque no están diseñadas ni pensadas para suceder en la enseñanza. La IA si se puede pensar como un asistente pero lo que estamos viendo en las investigaciones es que el primer uso en general es más de reemplazo y no de asistencia’’.

De todas formas, advierte que el problema no se resuelve únicamente mediante la prohibición: “Negar que una tecnología forma parte de nuestras vidas o prohibirla no sirve. Negar que hoy la inteligencia artificial, las redes sociales o las pantallas son parte de cómo se construye el conocimiento en el escenario contemporáneo no es la solución. El tema es pensar qué vamos a hacer con esa tecnología en la escuela”. En un contexto de discontinuidad de políticas públicas, advierte que prohibir el celular puede implicar también limitar oportunidades de aprendizaje. Además, cuestiona la idea de que los jóvenes son “nativos digitales”. “Que hayan nacido con un celular cerca no quiere decir que estén en condiciones de discernir, por ejemplo, si alguien que les escribe en un chat es un extraño. Así como los cuidamos en la plaza, también tenemos que cuidarlos en el mundo digital, y eso tiene que suceder en la escuela”. En este punto, la escuela aparece como un espacio clave no solo de acceso, sino de formación crítica en ciudadanía digital.

Ante la pregunta sobre si el sistema educativo está preparado para incorporar la IA como una nueva herramienta, Ferrante señala que persisten fuertes desigualdades y falta de lineamientos claros. “Podemos notar preocupaciones en relación a los usos de la IA, qué lugar darle y cómo usarla con criterio; pero también hay un contexto de desfinanciamiento y ausencia de políticas integrales. El programa Conectar Igualdad promovió una mirada general sobre la escuela y las tecnologías digitales y se nota su ausencia’’.

Si bien iniciativas como la de Suecia pueden leerse, en clave más marketinera, como un “retroceso”, en realidad ponen en evidencia la necesidad de repensar una relación equilibrada de los estudiantes con la tecnología. Lejos de proponer su eliminación, educadores e investigadores coinciden en la importancia de establecer acuerdos sobre cuáles, cómo y para qué deben utilizarse estas herramientas en la formación de los futuros ciudadanos. Allí es fundamental el debate de expertos y la comunidad escolar, sin la urgencia de los políticos por soluciones apresuradas ni de las empresas por hacer negocios. Sin embargo, la IAG parece avanzar a un ritmo más acelerado que la capacidad de las sociedades para regularlas.

Meta pagar indemnizaciones

Meta pagar indemnizaciones

Abr 9, 2026 | Comunidad, Destacado 4

Un tribunal de Los Ángeles condenó en un fallo millonario a Meta y YouTube debido al daño ocasionado en la salud mental de una joven de 20 años por los efectos adictivos que le generan. Para los especialistas puede marcar un antes y un después. La Argentina a contramano del mundo.

Un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró a fines del mes pasado a Meta y YouTube responsables del daño a la salud mental de una joven de 20 años identificada como Kaley y los condenó a pagar una compensación de varios millones de dólares. El fallo, cuya fundamentación completa todavía no se conoce, sacudió al sector tecnológico y para muchos especialistas marca un antes y un después en la historia de la regulación digital.

Kaley empezó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve. A los diez empezó a sentir ansiedad y depresión. Ante el jurado declaró que las plataformas dañaron sus relaciones sociales y su autoestima. Meta deberá asumir el 70% de la indemnización y YouTube el 30%. Los daños punitivos, todavía por determinarse, podrían llevar la cifra a treinta millones. Y no es un caso aislado: hay miles de demandas similares esperando turno en los tribunales estadounidenses.

Durante décadas, empresas como Meta o Google operaron bajo la protección de la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de Estados Unidos, que las eximía de responsabilidad por los contenidos que generan sus usuarios. Ese escudo las convirtió en prácticamente intocables ante la justicia.

Lo que el caso Kaley pone sobre la mesa es algo distinto. Carolina Martínez Elebi, investigadora en tecnología y derechos humanos y directora del newsletter DHyTecno, lo explica así: por primera vez no se discute lo que circula dentro de las plataformas sino cómo están construidas: por qué el scroll no termina, por qué las notificaciones no paran y por qué el algoritmo siempre encuentra algo más para mostrarte.

«Por primera vez no se discute lo que circula dentro de las plataformas sino cómo están construidas: por qué el scroll no termina, por qué las notificaciones no paran y por qué el algoritmo siempre encuentra algo más para mostrarte» dice Martínez Elebi.

Las comunicaciones internas de estas empresas, algunas ya presentadas en el juicio, dan una respuesta clara: sus propios equipos trabajan para maximizar el tiempo que el usuario pasa dentro de la plataforma. Para Martínez Elebi, ahí está el problema. Las plataformas son conscientes de los efectos adictivos del diseño porque “forma parte de su modelo de negocio”. Y ese diseño golpea especialmente a los menores: están en pleno desarrollo cognitivo y emocional y tienen menos herramientas para resistirlo.

 

Lo que se ve en el consultorio

Ayelén Pires Frade es psicóloga infantil y lleva veinte años trabajando con chicos y adolescentes. Desde hace una década nota algo que antes no veía con esta frecuencia: nenes de cuatro y cinco años que llegan con dificultades en el lenguaje, problemas de atención y poca tolerancia a la frustración. Junto a una fonoaudióloga del hospital donde trabaja empezó a registrar esos casos. Siempre encontraron lo mismo: muchas horas de pantalla desde muy chicos. Cuando los padres empiezan a limitar la exposición, los nenes mejoran. “El chico queda acelerado y después lo otro no le interesa”, describe.

Varios estudios respaldan lo que Pires observa en el consultorio. Un informe de 2023 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de España (ONTSI) reveló que el 33% de los chicos de entre 12 y 16 años se encuentra en riesgo elevado de desarrollar un uso compulsivo de servicios digitales.

En adolescentes el problema cambia de forma pero no de fondo. A esa edad la identidad se está construyendo y la mirada del otro pesa mucho: el grupo, la validación, compararse con lo que los demás muestran de sus vidas. Es exactamente la lógica con la que operan las plataformas. En los casos más graves, Pires atiende chicas que llegan con autolesiones y que al profundizar revelan haber estado en contacto con perfiles y grupos que normalizan y practican este tipo de conductas. “Si ya hay una vulnerabilidad de base, la plataforma la encuentra y la amplifica”, dice.

Las familias y las instituciones tampoco saben bien qué hacer. Los padres usan la pantalla para tener un rato de tranquilidad sin calcular el costo. Las escuelas improvisan: cada una decide por su cuenta si prohíbe el celular o no, y los docentes quedan expuestos a ser filmados. “Si las instituciones no saben qué hacer con la tecnología en la adolescencia, mucho menos con la infancia”, dice, y agrega: “Y los padres, menos todavía.”

 

Un mundo, dos velocidades

En Estados Unidos el debate llegó a los tribunales antes que al Congreso. Hay cientos de causas abiertas por distritos escolares y fiscales estatales, pero ninguna ley concreta que regule a las plataformas. Damián Loreti, abogado y profesor de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explica por qué: la Primera Enmienda hace casi imposible que el Estado le imponga límites a lo que una empresa puede o no mostrar. En Europa la historia es otra. El Acta de Servicios Digitales ya está activa y obliga a las plataformas a explicar cómo funcionan sus algoritmos y a proteger a los menores. Para Loreti la diferencia es estructural: en Europa se parte de la idea de que el Estado tiene un rol cuando están en juego derechos fundamentales. En Estados Unidos, históricamente, no.

El problema es que ninguno de los dos modelos resuelve todo. Las grandes plataformas tienen un producto bruto que supera al de la mayoría de los países del mundo. “Son más grandes que la mayoría de los Estados medios”, dice Loreti. Regular desde ahí es negociar en desventaja. Y las soluciones más intuitivas tampoco son tan simples: exigir verificación de edad para proteger a los menores obligaría a construir una base de datos con la identidad de todos los usuarios. “La discusión es si el remedio es peor que la enfermedad”, advierte.

Esa información terminaría siendo otro riesgo. Y cualquier norma que apunte a una tecnología específica va a quedar vieja antes de entrar en vigencia, más aún con el ritmo que lleva la inteligencia artificial. Lo que hace falta, sostiene Loreti, son marcos basados en principios de derechos humanos y libertad de expresión que no dependan del instrumento sino de la conducta.

Argentina no la ve

Mientras Europa avanza y Estados Unidos empieza a resolver en los tribunales lo que el Congreso no pudo, Argentina está en sentido contrario. En septiembre de 2024 se retiró del Pacto Digital de la ONU. Martínez Elebi comenta que estos movimientos corresponden a un “alineamiento vertical” con las empresas del sector tecnológico, siguiendo el hilo discursivo de libre mercado y libertad de expresión característico de la administración actual. También menciona que hay proyectos en la Comisión de Ciencia y Técnica del Congreso y alguna iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires, pero nada que haya avanzado de verdad. En el resto de América Latina el panorama es igual.

En lo jurídico, Argentina firmó el Convenio 108 plus de protección de datos pero sin las ratificaciones necesarias no tiene fuerza legal todavía. Y en el tratado comercial con Estados Unidos quedó establecido que ese país es un destino seguro para transferir datos de ciudadanos argentinos, lo que en la práctica baja los estándares de protección que la propia ley local exige. Para Loreti eso no es un detalle menor: los datos personales de los argentinos terminaron siendo moneda de cambio en una negociación comercial. En Europa algo así no sería posible: el Reglamento General de Protección de Datos obliga a pedir consentimiento explícito ante cualquier cambio en las condiciones de uso.

Loreti y Martínez Elebi no creen en las prohibiciones ni en las leyes que regulan tecnologías específicas. Lo que hace falta para ellos son principios claros: transparencia en los algoritmos, responsabilidad por el diseño, protección real de los más vulnerables.

Martínez Elebi se define como optimista. Dice que la concentración de poder sin límites es históricamente insostenible y el punto central a tratar: los monopolios siempre terminan encontrando resistencias. “Hay que seguir preparando las cosas porque estos movimientos cíclicos van a permitir que esto se acomode y se permita dar una discusión con más capacidad de acción”.

Pires habla de los chicos de cinco años que hoy llegan a su consultorio y que en unos años van a entrar a la primaria. “La tecnología como herramienta está genial”, dice. “Pero para usar una herramienta –agrega-. primero tenés que tener el dominio. Un nene de cuatro años que todavía no habla bien no tiene esa herramienta.”

El futuro de las políticas de regulación es incierto, más en el contexto actual. Lo que no admite dudas es que la tecnología ya atraviesa la vida de millones de personas, y que sus efectos sobre las generaciones que vienen todavía están por verse.