Dic 18, 2021 | DDHH, Destacado 1
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.
A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió.
El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.
Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172.
A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”.
Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”.
“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”
Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.
En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.
Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.
Oct 21, 2021 | Destacado 2, Novedades, Vidas políticas
-Yo no hablaba, todavía me cuesta. Todo lo que digo me sale del alma y de la bronca, del dolor- dice con énfasis Alicia, una de las integrantes de Fuerza de Mujeres.
Para muchas es la primera vez que están en una toma de tierras, que reclaman, que hablan con medios de comunicación o que cortan una calle. Desde el 30 de septiembre, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a más de cien familias que conformaban el asentamiento Fuerza de Mujeres, una toma en el barrio Carlos Mugica, de Retiro, casi todos los días participan en movilizaciones en el Obelisco, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Este último domingo, festejaron el Día de la Madre en el predio del que fueron expulsadas con violencia ejercida por el Estado.
Al principio estaban desorganizadas, no sabían cómo reclamar, pero con la ayuda de distintas agrupaciones se fueron organizando, teniendo siempre en claro que son ellas las que deciden.
Miércoles 13, en el Obelisco: llegaron algunas con sus bebés en brazos, tiraron cartones en el piso, escribieron carteles, y llevaron sus remeras blancas con frases en las que se podía leer: “Basta de desalojos. ¡Vivienda digna Ya!” Después cortaron la calle, parándose una al lado de la otra, usando también los cochecitos de los bebés y haciendo ruido con maracas hechas de botellas con piedritas adentro.
“Vinieron a las siete de la mañana, que los chicos todavía dormían, ni siquiera se habían levantado para ir a la escuela. No esperaron ni siquiera a las nueve para que no estén ellos, lo hicieron con mis hijas ahí —dice Andrea casi sin respirar—. Es más cuando leyeron el papel, nosotras escuchábamos y en eso gritaron, ‘avancen chicos’ y empezaron las topadoras, no dieron tiempo de nada, pegaban patadas y quemaban todo. No dieron un minuto para nada, ni siquiera para despertar a los niños y explicarles lo que estaba pasando. Andrea, todavía se desespera cuando cuenta lo que sucedió con ella y con tantas otras que ese día vieron aplastada la posibilidad de un futuro mejor para sus hijos y ellas.
– ¡Mi bebe, la bebe!
El 30 de septiembre, el grito de Andrea logró clavar la topadora que ya había tirado la carpa y estaba a centímetros de las maderas que formaban la habitación de la casita. El policía descreído entró a retirar solo una de las cuatro camas que había adentro y ahí estaba, la más chiquita de tres hermanitas, durmiendo sin saber que alrededor todo estaba prendiéndose fuego.
-Podrían haber matado chicos o prendido fuego y nunca estuvo la Tutelar del menor -recuerda ahora Andrea, refiriéndose a las autoridades estatales de resguardar los derechos de la niñez y adolescencia
Las mujeres del barrio aseguran que era una orden de allanamiento y no de desalojo, y que las autoridades tutelares solo llegaron cuando ya estaba todo hecho cenizas. Todas coinciden con mucha rabia en lo mismo:
-Ojalá, fuera así con los narcotraficantes, estaría bueno así cuando la policía se va los dejan sin nada.
«Nosotras ya sufrimos violencia de género, venimos de ahí. Que un hombre te hable fuerte otra vez te da pánico. Me dieron ganas de salir corriendo, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, salía y entraba», recuerda Andrea, que, a pesar de parecer mucho mayor por su actitud y su forma de hablar, en su voz y en su rostro jovial se denotan sus tan solo 27 años. Ese día, la amenazaron con sacarle a sus hijas por no querer ir al paradero y agrega indignada: «Me dio mucha bronca, porque mis hijas están sanas y bien cuidadas ¿porque me las van a sacar habiendo tanto chico solo en la calle sin su mama? ¿Por qué no van a recoger esos chicos?»
La policía hizo una muralla para que no pudieran pasar, ni siquiera para sacar sus cosas. «Mis hijos estaban felices, iban a tener una casita, una pieza aparte, los ponía contentos saber qué iba a ser de nosotros», relata Lucy, otra integrante de Fuerza de Mujeres, que contagia con su energía a las demás por su fuerte carácter. Otra de las mamás cuenta que el día del desalojo sus hijos se sintieron muy mal, la más grande fue la que más lo sufrió. Cuando fueron al otro día del desalojo a hacer una conferencia de prensa y ella vio su almohada, quiso rescatarla. Una vecina le pidió a un policía que le dejara pasar, ella entró y la trajo junto con una pantufla que encontró de su hermanita.
Desde ese día, el nene más chiquito de Alicia les tiene bronca a todos los policías en la calle y les pregunta cada vez que los ve:
– ¿Por qué hiciste ese desastre? ¿Por qué tiraste mi casita?
Su mamá, una mujer fuerte y joven, luchó hasta el mes de enero con un marido violento a quien no le alcanzó con meterse con ella, sino que también marcó a su hijo. Esa violencia fue el límite. Juntó fuerza para abandonar su hogar con sus mellizos de 5 años y un bebé y fue al medio de un basural con ratas, cucarachas y escombros. Fue una de las primeras en llegar la noche de la toma junto con otras cuatro mujeres y sus hijos. Se enteraron de que había una familia que estaba viviendo ahí, hacía más de un año y medio, en un contenedor en el predio y no los habían echado.
La primera noche fueron 50 mujeres con sus familias, los días siguientes se sumaron las demás. «Los primeros meses dejé de trabajar para estar ahí. El último mes tuve que volver al trabajo porque no aguantaba más. Armamos las carpas de nylon primero. Después íbamos en grupos de cinco mamás a buscar chapas y maderas usadas, porque no podíamos comprar algo nuevo, tratábamos de que todas llegaran a tener algo sobre la cabeza, pero a lo último ya estaba más habitable. Tuvimos mucha fuerza para estar ahí, había viento, frío, llovía y estábamos mojadas, los chicos se enfermaban, pasamos hambre”, cuenta Alicia.
Otras mamás recuerdan que cuando recién llegaron había otras familias que tenían fuego prendido. Ellas pudieron traer frazadas para sus hijos, y les prestaron carbón para prender una fogata. Hubo familias que recién la tercera noche pudieron poner paraguas. Cuentan que limpiaron el basural, pidieron prestadas bolsas a organizaciones, para no tener que quemar y generar humo del pastizal. “Había una parte, incluso, que el Gobierno tiraba escombros y los sacamos con la pala, porque no tenemos máquina, fue todo de a poco”, recuerdan orgullosas por todo lo que habían conseguido y tristes por todo lo que perdieron.
Fuerza de Mujeres surgió a partir de la toma, más allá de que algunas tenían pareja, eran las menos. Estar acompañada de otras mamás fue lo que les dio fuerzas, se entendieron y sabían qué era lo que le estaba pasando a la otra, porque todas habían estado en la toma.
«Fuimos de a poco entrando. Yo entré porque me avisaron, estaba una de mis conocidas que está en mí misma situación, sufriendo violencia de género. La mayoría le estábamos poniendo el pecho”, cuenta Lucy mientras se sube en el colectivo que la lleva a la marcha que se hace frente al Ministerio de Desarrollo Social para pedir una solución y sigue contando apurada por llegar:
-Pedimos mesa de diálogo durante los tres meses que estuvimos y nunca nos dieron nada.
Varias mamás tienen subsidio habitacional, pero nadie quiere alquilarles porque los “dueños” no aceptan chicos. «Nosotras dijimos desde el primer momento, no es que necesitamos plata, si todas somos trabajadoras. Yo trabajaba de vendedora ambulante, otras vendían comida, café, o salían a juntar cartón. Eso era un basural que estaba ahí, hace seis años. Nosotras limpiamos y ahora que nos desalojaron a todas quedó de vuelta un basural», cuenta Alicia. En las marchas se la puede reconocer fácilmente por su sonrisa al hablar con sus compañeras y llamarlas al grito de “¡asamblea, asamblea!” para consultar con sus compañeras como continuar y añade:
-No me sirve la plata sino me quieren alquilar con chicos.
Lucy, en la marcha del Obelisco, estaba pegadita a Alicia, atrás de la bandera.
“Siempre le dan prioridad a la gente que tiene plata y a los que no tenemos pareciera que somos invisibles a la hora de recibir créditos o planes para obtener una casa -dice Lucy-. Es como que no existimos, no contamos. Es verdad, no podemos alquilar en el barrio, menos en un hotel familiar o afuera un departamento, porque te piden un montón de requisitos hasta te preguntan de qué color es el pelo del perro y alquilar una pieza es imposible porque nos piden que dejemos tirados a nuestros hijos en la calle».
Recibir un subsidio habitacional no les resuelve el conflicto, aunque de las ochenta familias, el Estado solo les entregó un cheque de emergencia a diez. Las familias evitan a toda costa ir a un parador por lo poco habitables que son. El día del desalojo, cuando les ofrecieron esa “solución” contestaron que no, que iban a ver de conseguir alojamiento en la casa de alguna amiga o pariente por esa noche. Entonces, la trabajadora social anotó en el informe que tenían donde vivir y no necesitaban el subsidio habitacional, porque tenían un “alojamiento propio” y cuando volvieron a pedir ayuda del Estado se las negaron.
“En el barrio tuvimos un montón de apoyo. El Gobierno nacional, solamente fue a poner en alta a las que sufren violencia de género con el plan Acompañar. Nos dieron alguna mercadería, dijeron que nos iban a dar un bono, pero todavía nada. Desde el Gobierno de la Ciudad el viernes fuimos a hacer un corte enfrente al Ministerio de Desarrollo y tuvimos una reunión con el encargado, para ver si, aunque sea, nos habilitaban el habitacional, pero ni siquiera eso”, dice Andrea, quien trata de estar bien informada. Todavía está esperando una respuesta del Estado para resolver el conflicto habitacional y se pregunta:
– ¿De qué sirve una escuela en el barrio si mis hijas no tienen donde vivir?
En el predio actualmente hay un cartel que dice que se va a construir una escuela próximamente. Se planea trasladar la Escuela N*11 ubicada en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires dejando a 175 alumnos sin vacante cerca de su casa. «Ni siquiera son capaces de hacer una escuela nueva. Acá en el barrio hay escuelas, también jardines. Lo que necesitamos es una casa. Es importante que los chicos tengan educación, pero para eso, primero necesitan tener un lugar donde vivir», dice una mamá y otra agrega: “Larreta estuvo haciendo campaña en el Barrio, pero nunca habló con nosotras si para él somos invisibles, no le importamos”.
Lo sucedido pone otra vez de manifiesto el problema habitacional que sufre la Ciudad de Buenos Aires. La imposibilidad de acceder a un alquiler o una vivienda propia y cómo esto se agrava cuando los inquilinos tienen menores recursos y aún más cuando son mujeres con niños. El Estado afirma que uno de los sectores más golpeados por la pandemia y la crisis económica son los jóvenes. Se refleja en la toma: la mayoría son mujeres que no superan los 30 años y sus hijos no pasan los 10.
Dic 17, 2019 | DDHH, Novedades
Cambiemos es responsable del 26% de las muertes por represión estatal que acontecieron desde 1983.
Se cumple una semana del traspaso presidencial y los datos de la gestión de Mauricio Macri son desalentadores, no solo en el ámbito económico. El Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ( CORREPI) demuestra que el gobierno de la alianza Cambiemos tiene el triste récord de ser el más represor de la historia democrática, ya que en estos últimos cuatro años, el aparato represivo del Estado asesinó una persona cada 19 horas. Es el promedio que da 1.833 personas asesinadas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de este año, que es la fecha en la que se cerró el informe.
Bajo la administración macrista, el número total de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 alcanzó los 7.093 casos. La política de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el aval oficial al gatillo fácil con la “doctrina Chocobar” determinó el gobierno con más muertes a manos de la represión estatal en 36 años de democracia ininterrumpida. En sus primeros 21 días de gobierno, año 2015, sumó 50 casos, en 2016 fueron 443, durante el año siguiente el número se elevó a 451 y en 2018 se registró el pico más alto, 489. Y en el último año de mandato, los casos contabilizados fueron 401, aunque pueden elevarse en el informe del año próximo, ya que el conteo finalizó antes de fin de año y faltan datos oficiales.
María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, habla de un “legado criminal” que deja Macri. “Confirmamos aquello que decíamos hace cuatro años, íbamos a enfrentar una etapa signada por el ajuste y la represión, nunca imaginamos el nivel de profundización al que iban a llegar. Por eso, sin ninguna duda estamos felices que Macri se haya ido, con Bullrich y su banda”, aseguró, aunque se mantiene preocupada por el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.
Desde 1983, murieron 7.093 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El archivo que presentó CORREPI, que se actualiza cada año, se realizó por primera vez en 1996 como respuesta a las declaraciones del ex presidente Carlos Menem ante las denuncias por violencia policial, donde negaba el gatillo fácil y afirmaba que lo que había era “noticia fácil”. También su Ministro del Interior, Carlos Corach, negaba los casos y exigía listas con los nombres de las víctimas. Aquel primer listado que presentaron incluía 262 nombres desde 1983.
Las estadísticas confirman al gobierno macrista como el más represor ya que es el responsable del 26% de muertos en cuatro años, superando a la gestión de Cristina Fernández que alcanza un 37%, pero en ocho años. La cifra que deja la administración saliente, 1.833 asesinados por la represión estatal, da un promedio de 1,28 muertos por día.
Durante la gestión Cambiemos, la mayoría de las muertes ocurrieron en cárceles, patrulleros y comisarías, casi un 60%, seguido por el gatillo fácil con el 27% y en tercer lugar, las producidas en situaciones intrafuerza o intrafamiliar que registran casi un 10%. Más atrás quedan las ocurridas en otras circunstancias, donde no se sabe lo que pasó, como consecuencia de otros delitos o causas truchas y en movilizaciones, con 49, 17 y 4 casos respectivamente. Dentro de la última categoría, muertos en protestas sociales, aparecen los nombres de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, asesinados en Chubut, Río Negro, Chaco y Buenos Aires.
Las provincias con mayor represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza.
Las provincias donde más se aplica la represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, con índices similares, de acuerdo a la cantidad de casos en relación a la población de cada provincia. Si solo se toman en cuenta los casos por provincias, Buenos Aires lidera ampliamente con un 52%. Aunque las policías provinciales y los servicios penitenciarios son responsables de más del 85% de los asesinatos, la Policía de la Ciudad también posee números preocupantes. En casi tres años de existencia, fueron responsables de 68 muertes, un promedio de dos personas por mes.
Ante este panorama desolador, desde CORREPI proponen al nuevo gobierno de Alberto Fernández una serie de medidas a implementar que, como sostiene Verdú, “se pueden hacer”. La derogación de la resolución 956/18 que habilita el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, terminar con los programas de reconocimiento facial, derogar la resolución 845/18 que masifica la intercepción y detención de personas en las estaciones de trenes, acabar con la provisión gratuita por parte del estado de defensa penal a miembros de fuerzas de seguridad y poner fin al Servicio Cívico Voluntario en Valores de Gendarmería. “La Negra”, como la llaman a la abogada en su organización, destacó del discurso presidencial el día de la asunción que es la primera vez que un presidente reconoce que existe el gatillo fácil, aunque el mérito le pertenece “a los compañeros y compañeras que pusieron el gatillo fácil en la agenda política”.
Jul 10, 2019 | Comunidad, Novedades
El II Censo Popular de Personas en Situación de Calle arrojó que 7.251 personas viven en la vía pública de la Ciudad.
El 9 de julio, desde el mediodía, varias filas de mesas estaban colmadas de mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas, ancianos y ancianas, y familias enteras. Todos comían. Un paisaje patrio, con una carpa azul en construcción y banderas de organizaciones sociales como fondo que terminó con represión policial.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Frente Popular Darío Santillán, La Dignidad, el Frente Social Peronista y el Movimiento de Trabajadores Excluidos eran las agrupaciones que se destacaban con sus banderas al viento. El Obelisco de fondo y dos hileras de policías alineadas a cada lado de la avenida terminaban de dar forma a una postal clara de la situación de crisis social y política actual, en un día en el que se conmemoraban 202 años de la Declaración de la Independencia.
María Alba, militante del Frente Popular Darío Santillán era una de las que estaba allí. “El gobierno tiene que hacerse cargo de la gente que está viviendo en situación de calle –expresó-, porque hoy cualquiera puede terminar en esa realidad. Vos podés tener un trabajo y no te alcanza para pagar un alquiler y darle de comer a tu familia. Vos podés tener un título universitario, pero si tenés que pagar el alquiler, el alimento diario, las tarifas de agua, luz y gas y tenés que viajar en colectivo a 21 pesos, no hay forma que te alcance”.
Ariel Villagra, coordinador del Hogar Monteagudo de Proyecto 7, de Parque Patricios, contó que ya son ocho las personas fallecidas por hipotermia. También reveló que él había vivido en situación de calle y que era algo muy duro, “porque se está las 24 horas del día a la intemperie, con lluvia y frío. Armamos esta movida porque la gente está muriéndose de frío”.
El Gobierno de la Ciudad aceptó que se instale una olla popular pero no un refugio para personas en situación de calle.
Desde el primer piso del McDonald, colmado de personas disfrutando de un feriado, entre amigos o en familia, se podía observar lo que sucedía en el Obelisco, el ventanal ofrecía una mirada panorámica que nadie advertía, como si fuera un televisor de pantalla gigante, entre hamburguesas y papas. Pero en el pasillo hacia el baño se cruzaban policías y manifestantes, como una zona franca.
A las 15 estaba planificado tener instalada la carpa refugio. Eran las 16.20 y se armó una asamblea. No se había logrado el permiso para su instalación y la decisión fue armarla igual. El referente Rafael Klejzer pidió que se organizaran los cordones, es decir, dos hileras de personas que cruzaban entre sí brazo con brazo.
Las fuerzas de seguridad hicieron una barrera, pero no se entrelazaron unos con otros, ocupaban sus manos con los escudos, el gas pimienta y bastones represivos. Del lado de la avenida que va al norte, estaba la policía motorizada.
La situación se complicó cuando los manifestantes intentaron bajar la carpa y los colchones de los vehículos. La policía intentó evitarlo y empezaron los manotazos y el gas pimienta. Entonces, la gente comenzó a retroceder.
Este invierno, ya murieron ocho personas que vivían en la calle por hipotermia.
Ante la tensión en ese tire y afloje, un muchacho cargado de impotencia, amagó enfrentarse a las fuerzas de seguridad con gestos bravíos, mientras varios manifestantes intentaron detenerlo. Sin embargo, logró zafarse, sacándose la campera y después la remera y con su torso desnudo se lanzó hacia el muro humano de uniformados. Él fue el primer detenido.
Las fuerzas de seguridad comenzaron a tirar gas pimienta y a avanzar y a retroceder con los escudos bien firmes. El viento estaba a favor de ellos, la ráfaga invisible de gas se expandió por la muchedumbre y las toses comenzaron a aflorar. Algunas personas tuvieron que alejarse para tomar aire.
A una de las mujeres afectadas, Yanina, le picaban mucho los ojos y no paraba de toser. Tiene 36 años, trabaja como empleada doméstica, está en blanco, su jornada laboral es de 14 horas diarias y no tiene franco, solo se pide algún día cuándo está muy cansada. Duerme todas las noches en la guardia del Hospital Argerich, hasta que a las 5 de la mañana, cuando tiene que juntar sus cosas e irse. Por suerte tiene una amiga que madruga y le permite ir a su casa para higienizarse y tomar algo caliente antes de ir a trabajar. Ella dice que la política no le interesa, pero que antes trabajaba 8 horas por día, tenía un franco a la semana y eso le alcanzaba para pagarse un lugar donde vivir, comer y darse algún gustito.
Juan Grabois fue uno de los dirigentes que encabezo la medida solidaria.
Mientras tanto, los manifestantes cantan el himno. Se recupera una calma atenta, que pende de un hilo. Los referentes negocian la continuidad de la actividad, los manifestantes del cordón interno se sientan en semicírculo, de frente al muro policial. Una mujer, que tiene algo más de 50 años, se puso de pie y se ubicó en el centro, entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Con la vista fija en los policías, con oratoria religiosa, comenzó a hablarles. Tenía un buzo muy rojo que contrastaba con el negro de los uniformes. Les hablaba de Dios, de ganarse el cielo, les decía que dejaran de reprimir, “porque acá se salvan, pero allá arriba no hay salvación”. También les pidió que se arrepintieran, que sean buenas personas y les recalcó que “el pueblo está sufriendo”.
Muchos la escucharon con atención, algunos manifestantes se rieron. Luego, un referente de una organización se le acercó, le habló al oído y ella se calló y se sentó con las demás personas.
Pasadas las 18, las negociaciones parecieron llegar a término. Alejandro Amor, Defensor del Pueblo, anunció que iba a poder hacerse la olla popular, pero no armarse la carpa refugio.
La policía comenzó a retirarse, algunos miembros de la fuerza provocaron a los manifestantes golpeándolos, mientras se iban yendo.
La gente, disfrutando de un pequeño triunfo, comenzó a cantar que “El pueblo unido, jamás será vencido”. Se habían reunido ahí para tratar de dar abrigo y comida a las personas que viven en la vía pública. El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle arrojó que 7.251 personas viven de manera efectiva en la calle. De ellas, 871 son niños, niñas y adolescentes. Además, 40 mujeres están embarazadas. El 52%, declaró que por primera vez no tiene un techo.
La Policía detuvo a las personas que intentaban armar la carpa para que duerman las personas en situación de calle.
Dic 20, 2018 | Entrevistas
“Está en la mente de las personas el miedo a los atentados, incluso a mí me pasa», dijo Shahaf Weibein.
A sus 26 años, Shahaf Weisbein, estudiante de Criminología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es testigo y partícipe de la lucha del pueblo palestino por volver a su tierra y por el reconocimiento de los derechos elementales que hace décadas le niega el Estado de Israel. Criada en una familia sionista, Shahaf conoce de cerca la represión de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) contra los gazatíes. Como parte de la Coalición de Mujeres por la Paz, visitó este año Brasil y Argentina y experimentó en carne propia el empoderamiento y la solidaridad del movimiento de mujeres latinoamericano. “Después de mi regreso, admirada por lo que fue el 8A y su marea de pañuelos verdes, creo que más allá de nuestras realidades políticas diferentes, necesitamos encontrar juntas un camino de resistencia a la opresión”, dice convencida.
¿Cuándo se despertó tu interés por la causa palestina?
Desde chica. He crecido en una familia sionista, fui scout durante toda mi niñez. A los 15 años me involucré en la lucha por los derechos de los animales. Luego mis compañeros me contaron sobre la problemática de la ocupación de las tierras palestinas. Entonces comencé a leer sobre el movimiento de rechazo al ejército y a participar de las manifestaciones. Estuve en las protestas en Nabi Salih, Al-Massara, Hebrón y contra los colonos en Sheikh Jarrah (al este de Jerusalén). En ese momento me estaba por reclutar el ejército, pero era muy claro que yo no sería capaz de tomar parte de sus atrocidades, por lo que me convertí en una objetora de conciencia. El ejército reconoció mi objeción y así evité ingresar a sus filas.
¿Cómo reaccionó tu familia frente a tu activismo?
Si bien no conté con el apoyo de gran parte de ella, mis padres respetan mi opinión y mis elecciones, pero son sionistas. Para ellos, como para muchos, no es una ocupación sino un “conflicto” entre dos partes iguales que pelean entre sí. Lo piensan en términos de “son ellos o nosotros”.
¿Cómo vive la ciudadanía la opresión del pueblo palestino?
Los israelíes son personas muy interesadas en la política. La “seguridad nacional” siempre aparece en las conversaciones y es tema de discusión. Todos tienen una opinión formada, por lo general de derecha, no siempre racista pero sí mayoritariamente sionista. Sólo una pequeña minoría reconoce esta situación como una ocupación. El común de las personas habla de “conflicto”, otros de una lucha de Israel contra el mundo árabe…
¿Por qué?
La mayoría han sido afectados. Todos conocen a alguien que sobrevivió o murió en un ataque terrorista, muchos han perdido en combate a algún amigo o familiar. Está en la mente de las personas el miedo a los atentados, incluso a mí me pasa. Tememos cada vez que subimos a un colectivo o al entrar a un shopping. Hubo varios autobuses que explotaron en la Segunda Intifada. Se vive en un estado de paranoia. Actualmente, en el sur y en las zonas aledañas a la Franja de Gaza, la vida cotidiana de sus habitantes se ve continuamente afectada. Sus casas son destruidas por los cohetes lanzados desde Gaza, las tierras arrasadas por el fuego y las explosiones. Muchos barrios cuentan con alarmas y en algunos puntos suenan constantemente. La gente se ha acostumbrado a “vivir con la espada”. Continúan con sus vidas como si esta realidad no existiera. Forman sus familias, estudian, trabajan, viajan al extranjero, pero el miedo está.
Manifestación por la liberación de Gaza, 21 de septiembre de 2018,
Este año participaste de las protestas contra la represión de la Gran Marcha del Retorno…
Sí. Desde entonces más de 200 manifestantes han sido asesinados y 18 mil heridos. A fines de noviembre participé de una protesta del lado israelí, muy cerca de la valla de separación con Gaza. Escuchábamos los balazos de los francotiradores y las granadas. Sentíamos los gases lacrimógenos. Los gazatíes están aislados. Les cierran los cruces fronterizos y los privan de derechos y recursos básicos. Todas las semanas mueren manifestantes cerca de la valla, producto de los disparos o de los bombardeos sobre Gaza.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), de los 217 palestinos muertos por el fuego israelí en Gaza, 40 eran menores y unos 2.000 niños resultaron heridos, ¿cómo se hace frente a un régimen tan cruel?
He visto niños ser brutalmente golpeados y arrestados, manifestantes baleados, mujeres y hombres injustamente encarcelados. He visto casas de familias demolidas, pozos de agua destruidos y derechos humanos básicos denegados. Pero también he sido testigo de la enorme fuerza y esperanza del pueblo palestino para terminar contra este régimen de apartheid.
¿Cómo tratan el tema los grandes medios israelíes?
Cubren “el conflicto” todo el tiempo pero en el cien por ciento de los casos, exceptuando los periódicos de izquierda, son portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y dan su versión de los hechos. Casi todo lo que se presenta a la opinión pública son argumentos pro gobierno, aun cuando casi todas las víctimas del hecho sean palestinas. Por ejemplo, publican noticias sobre la crisis humanitaria en Gaza pero no vas a encontrar ningún testimonio palestino al respecto. Editan todo lo que no sea acorde a los intereses del Estado de Israel y los entrevistados son siempre los comandantes a cargo de la situación.
El 12 de noviembre se realizó en Buenos Aires el festival “Por un mundo sin Muros” organizado por el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el régimen de apartheid israelí. ¿Qué impacto tienen estas actividades a nivel internacional?
Son una herramienta efectiva para favorecer un cambio verdadero para Palestina y generar conciencia entre los israelíes sobre el precio del régimen. Me emociona y agradezco a todos los argentinos que forman parte o apoyan la causa palestina. Sus campañas locales tienen un gran impacto en el público israelí. Los argentinos, con una historia de resistencia a regímenes violentos que han torturado y asesinado con el apoyo del Estado de Israel, a través de la venta de armas por ejemplo, tienen en la lucha por Palestina una manera de pelear contra una fuerza que apoyó la represión de su propio pueblo.
Formás parte de la Coalición de Mujeres por la Paz, ¿cuáles son sus objetivos?
Se trata de una organización de mujeres israelíes y palestinas que nos movilizamos contra la ocupación. Reclamamos por la liberación de la Franja de Gaza, de las mujeres prisioneras y contra la industria militar israelí que se enriquece a través de la ocupación.
¿Cuáles han sido sus acciones más recientes?
El 4 de diciembre fuimos parte de una gran huelga contra la violencia hacia las mujeres. Hubo más de 30 protestas durante el día en universidades, campus y en ciudades como Haifa y Nazaret. En el acto principal en Tel Aviv participaron unas 25 mil mujeres. Este año murieron 24 mujeres, las dos últimas de tan sólo 13 y 16 años. Fue un grito al unísono por nuestros derechos, nuestra propia versión de “Ni una menos”. Fuimos miles. Palestinas, israelíes, de todas partes se unieron con sus pancartas y su dolor contra los femicidios. Fue muy inspirador, más después de haber conocido la experiencia argentina. En esa dirección vamos.
¿Qué rescatás de tu visita a Sudamérica?
Mi viaje a Brasil y Argentina este año fue increíble. Participé del llamado “julio negro” en Río de Janeiro, un encuentro convocado para visibilizar la militarización, la violación de derechos humanos y de la violencia de género. En ambos países percibí un admirable sentimiento de solidaridad y resistencia con el pueblo palestino. Sentí que las personas están abiertas a escuchar, a dar este debate y a encontrar maneras de conectarse con la causa palestina como parte de una lucha mayor contra la represión y el colonialismo. Todos estamos peleando contra regímenes capitalistas de derecha corruptos y el camino hacia su superación es participar juntos en una estrategia global de solidaridad.
Manifestación contra los desalojos de viviendas de palestinos en Sheikh Jarrah, este de Jerusalem, enero 2015.
