Masiva marcha de repudio a la represión en Jujuy

Masiva marcha de repudio a la represión en Jujuy

Miles de personas se movilizaron a la Casa de Jujuy en Buenos Aires para reclamar la libertad de los detenidos y el cese de la violencia institucional.

Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos se movilizaron en varias provincias para reclamar el cese de la represión en Jujuy y exigir la liberación de los detenidos durante las protestas contra la reforma constitucional que impulsa Gerardo Morales. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto de encuentro fue el Obelisco. Gustavo Plumero, oriundo de Tilcara pero que actualmente reside en la ciudad de La Plata, fue parte de la manifestación que se movilizó desde 9 de Julio y avenida Corrientes hasta la avenida Santa Fe. “Tengo un compañero que el sábado casi pierde un ojo por culpa de la represión policial y ahora está en rehabilitación”, comentó. Acompañado de coprovincianos con la misión de visibilizar la violencia que se está viviendo en Jujuy, son quienes evitaron que “gente infiltrada prepotentemente rompiera la Casa de Jujuy. Nosotros no somos de ninguna agrupación, somos las comunidades de los pueblos originarios, la comunidad kolla, la comunidad aymara”, agregó Gustavo.

Estas comunidades son las que más se ven afectadas con el nuevo texto constituyente, sancionado y jurado en tiempo exprés y sin una real consulta popular. La Convención Constituyente, quedó conformada sólo por los representantes del oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista aliado a Morales, excepto dos de sus integrantes que se retiraron del recinto junto a seis representantes que tiene la izquierda.

La Casa de Jujuy, ubicada en la avenida porteña de Santa Fe, fue a donde llegó la masiva movilización que convocó a docentes, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicatos. “Lo que prima acá hoy, y lo que se ve, es la unidad del cuerpo de trabajadores y trabajadoras”, señaló Cristian Ardiles, Secretario General de SUTEBA Ezeiza; “Esperamos que Morales de vuelta atrás con estas medidas que van en contra del pueblo trabajador”, agregó. Además, manifestó la necesidad de que la política en su conjunto se pronuncie en este conflicto político que empezó con los trabajadores docentes.

“Jujuy de pie, nunca de rodillas”, “Abajo la reforma, arriba los salarios”, eran algunos de los cánticos entonados por los manifestantes que se acercaron al Obelisco en el primer mediodía del invierno porteño, de este miércoles 21 de junio. Con el pedido unánime para que el Gobernador -y precandidato a encabezar la fórmula presidencial opositora- frene la escala represiva; que se libere a todas las personas detenidas ilegalmente, manifestantes pacíficos, entre ellos periodistas, turistas, gente discapacitada sin acceso a sus medicamentos y referentes de derechos humanos. El relamo común fue también que se derogue la constitución que se sancionó, que no cumplió, por ejemplo, con la debida consulta a los pueblos indígenas.

En un principio está movilización, encabezada por la CTA, CTERA, ADEMyS, CONADU y SiPreBa, se iba a desarrollar el jueves, pero frente a la impactante represión desatada frente a la Legislatura jujeña al mismo momento en que se juraba la nueva Carta Magna, , se decidió adelantar la convocatoria.

“La represión ocurrida en Jujuy, que inició con un reclamo docente y luego se fueron sumando pueblos originarios y lo que pasó ayer, es el motivo por el que estamos acá”, comentó a ANCCOM Jesica, docente de educación especial en un colegio bonaerense. “En un sistema democrático que cumple 40 años no puede pasar que la gente no pueda reclamar y pedir por sus derechos. Es un retroceso de años”, agregó otra docente del mismo colegio que la acompañaba: “Se han visto escenas, propias de una dictadura”, concluyó.

«Detrás de la reforma de la Constitución están el litio y el cobre, las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales», dijo Hugo Yasky.

Justamente, este tipo de escenas obligó a proclamarse a diferentes organismos de derecho humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En una carta enviada al Gobernador Gerardo Morales, el representante de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, manifestó la “preocupación de los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy, en Argentina”.

Por su parte, Morales le respondió a través de una nota a estos organismos internacionales, haciendo responsables de la violencia en la provincia que gobierna hace ocho años a grupos de izquierda, a La Cámpora y al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sin presentar ningún tipo de pruebas sobre estas acusaciones. Paradójicamente, en esa misma nota el Gobernador destacó que “la nueva Constitución amplía los derechos” y el texto es “un instrumento constitucional de avanzada”.

Miles de manifestantes se movilizaron hasta la intersección de avenida 9 de julio y Santa Fe, donde las centrales sindicales habían dispuesto un escenario. El primero en hablar fue el secretario general de la UTEP, Estaban «Gringo» Castro: «Morales reformó la Constitución en detrimento de los derechos de los jujeños. Esa es la estrategia política de la derecha. Tenemos que seguir marchando en paz porque la violencia es del poder concentrado», comenzó. Luego, fue el turno del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, quien señaló: «Estamos acá porque la unidad y la dignidad del pueblo jujeños tienen que ser acompañados por todo el pueblo argentino. Porque eso es un globo de ensayo que pretende trasladar las políticas represivas y apropiatorias a todo el país». El cierre estuvo a cargo del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien señaló que la resistencia debe ser en la calles: «Detrás de la reforma de la Constitución están el litio, el cobre, las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales. La única manera de cerrarle paso a la violencia y a la derecha es con la unidad del campo popular».

Más de 20 heridos y 50 detenidos en Jujuy

Más de 20 heridos y 50 detenidos en Jujuy

Hoy, en medio de la jura de la nueva Constitución en la Legislatura local, el gobierno de Gerardo Morales arremetió contra los manifestantes. Ordenó el cese del transporte público y cerró el aeropuerto. El documento condenatorio de la CIDH y la defensa corporativa de Juntos por el Cambio. El ministro de Interior, Wado de Pedro, convocó al gobernador al diálogo y se puso a disposición para encontrar una salida negociada al conflicto político y social. 

A casi dos semanas de movilizaciones en contra de la reforma constitucional, aprobada el viernes pasado de manera exprés y a puertas cerradas, la situación en Jujuy se agrava cada vez más: durante la mañana del martes, mientras Gerardo Morales aprobaba la reforma de la carta magna local, una multitud conformada de docentes, gremios de trabajadores estatales, comunidades originarias, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos salían a protestar por las calles y rutas. La policía del gobernador jujeño no tardó en reprimir por medio de gases lacrimógenos y balas de goma que provocaron más de 50 detenidos y 20 heridos, uno de ellos de gravedad.

A raíz de estos sucesos, el ministro de Interior Wado de Pedro instó al gobernador Morales a sentarse a dialogar y se puso a disposición para encontrar una salida negociada del conflicto. Por su parte, los gremios CTERA, ADEMyS y CONADU convocaron a un paro nacional docente de 48 horas para este miércoles y jueves. Fueron las marchas docentes, las que iniciaron hace poco más de dos días las movilizaciones que terminaron este martes con represión de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias.

“Lo que está pasando en Jujuy es gravísimo, hay una represión a las comunidades originarias y a los trabajadores. Hay maestras detenidas, referentes de derechos humanos, periodistas detenidos. Todo este cuadro de gravedad es para imponer una reforma que viene a quitar derechos, comenzando por el derecho a la protesta de rutas y calles. Lo de Morales tiene como objetivo atentar contra el derecho a la protesta”, dijo a ANCCOM el economista y ex convencional constituyente del PTS-FIT-U Gastón Remy.

 eEl herido de mayor gravedad, que se encuentra en estado crítico, es el integrante del Frente de Lucha Piquetero, Nelson Mamani, a quien la policía le disparó directo a la cabeza con un tubo de gas lacrimógeno, de la misma forma mataron a Carlos Fuentealba en abril de 2007 en el marco de la represión policial a maestros durante un corte de ruta. 

Otro de los casos que más circuló por los medios durante la tarde de martes fue la agresión que sufrió el periodista de La Izquierda Diario, Eduardo Castilla, quien pese a tener un chaleco que anunciaba “prensa” y a haberse identificado como periodista, recibió un balazo de goma en las piernas por parte de las fuerzas policiales. 

También la agrupación Red Nacional de H.I.J.O.S repudió la represión en Jujuy y pidió por la libertad de Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza y Ana Uro de H.I.J.O.S Jujuy, así como también la de todas las personas detenidas en la manifestación. Arroyo y Uro son, además, testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Durante el mediodía, Gerardo Morales utilizó Twitter como vía para deslindar su responsabilidad, culpando al presidente Alberto Fernandez y la vicepresidente Cristina Kirchner por la violencia que acontece en la provincia, y los acusó de financiar agrupaciones kirchneristas infiltradas para sembrar el caos en Jujuy. Ambos no tardaron en cruzarlo por la misma red social al tiempo que pidieron el cese del accionar represivo, y repudiaron la reforma impulsada por el gobernador radical porque “no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta».Pasadas las 18, los precandidatos a presidentes del Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dieron una muestra de unidad y respaldo a Morales. «Esto es el kirchnerismo», acusaron sin más pruebas e intentando mitigar los posibles daños que la represión de las fuerzas policiales jujeñas puedan ocasionar en medio de la campaña electoral. 

Por otro lado, en Purmamarca siguieron las protestas porque están cortadas las rutas 9 y 52 por parte de las comunidades originarias integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara. Una vocera de estas agrupaciones dijo que la reforma impulsada por Morales “le da permiso para robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales y todos nuestros territorio, así que por esto hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestro territorio”. Allí expresaron que la medida se mantendrá hasta se derogue la reforma constitucional. Más temprano hicieron la ceremonia del Inti Raymi,  celebrada en honor del dios Sol, que se realiza cada solsticio de invierno.

Más de una decena de cortes de ruta provocaron que los controladores de vuelo no pudieran llegar al Aeropuerto Gobernador Guzmán de San Salvador de Jujuy, y las autoridades decidieron cerrarlo. Los vuelos programados eran derivados a la vecina Salta.

En tanto, en la CABA se desplegó una vigilia autoconvocada donde jujeños y no jujeños, originarios y porteños coincidieron en exigir la renuncia de Morales, a quien calificaron como un dictador. “Qué podés hacer con 60 mil pesos, en campaña Morales prometió y no cumplió, ahora da palo y palo, pedimos dos monedas y nos matan”, dijo Nora Flores, jujeña. “Te ponen una Constitución que ni siquiera te sirve para pedir cobrar un poquito más, no nos quiere dejar manifestar, hablar para defendernos, a vivir y q nos escuchen, no es así, no nos pueden cagar a palos cuando sea, esto no es por Milagro Sala, que se vaya Morales que es un dictador”, agregó la mujer ante las cámaras y micrófonos. “Espero que lo pasen”, pidió, a lo que los cronistas le respondieron que estaban transmitiendo en vivo.

Teléfono desde la OEA

La gravedad de la escalada represiva –que habría incluido la utilización de policías de civil que destruyeron comercios e intentaron acciones vandálicas frente a la Legislatura– provocó expresiones de casi todos los organismos de derechos humanos locales, como el CELS, Correpi y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, y también un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”. El organismo internacional “llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

La CIDH mencionó que “el 17 de junio, en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la situación continúa en desarrollo”. Al respecto, la CIDH expresa “preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones.

La entidad con sede en Washington indicó que posee información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, que reporta que 25 personas fueron detenidas, entre ellas un adolescente de 17 años que habría perdido un ojo, y al menos dos periodistas. También está informada sobre el contenido de la reforma parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente, que modifica el sistema electoral local y criminaliza en forma total los cortes de ruta. 

“Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”, dijo la CIDH. Y recordó que “el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”, y que esa consulta “debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe, y debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena”. Todo lo contrario a lo que sucedió en Jujuy.

A su vez, mencionó que el Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia”, y cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”. La CIDH “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas. En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariales docentes y con la reforma constitucional provincial”.

El laboratorio represivo de Jujuy

El laboratorio represivo de Jujuy

La policía provincial reprimió las masivas manifestaciones que se oponían a la reforma constitucional. Hubo heridos graves y un adolescente perdió un ojo. Condenas locales e internacionales. El transfondo del negocio del litio.

“En estos momentos en Jujuy está corriendo sangre, lisa y llanamente”, denuncia Quintina Colque, referente de la Comunidad Molulo, pueblo kolla, y las comunidades que conforman el Tercer Malón de la Paz. “Jujuy está que arde, en las calles corre sangre”, agregó. En medio de una feroz represión, con decenas de heridos y detenidos en San Salvador de Jujuy, continúan exigiendo la derogación de la reforma constitucional así como la renuncia del gobernador Gerardo Morales, principal promotor de la aprobación de la modificación de la Carta Magna provincial y precandidato a presidente de la Nación.

El histórico “Tercer Malón de la Paz”, que llegó a pie desde distintas regiones de la provincia conformado por más de 400 comunidades originarias, continúa la resistencia tanto en la capital como en Purmamarca y otras regiones de la Puna.

Este martes 20 de junio, en plena jura de la nueva Carta Magna, la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de plomo en la Legislatura. Se produjeron nuevas detenciones y desapariciones arbitrarias tras el acampe que la pueblada llevó a cabo en la capital provincial. Sigue el corte en la Ruta 9, a la altura del acceso a Purmamarca, y en otros veinte puntos de la provincia, donde se declaró paro por tiempo indeterminado. Sindicatos docentes, de salud, comunidades indígenas, estudiantes, vecinos y vecinas, se encuentran en las calles realizando un “Jujeñazo”, y desde El Tercer Malón de la Paz exigen “la no violación sistemática del convenio 169 de la OIT, la nulidad de la reforma constitucional, el cese de la violencia institucional, la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y la renuncia del gobernador.”

La violenta represión en Jujuy incluye detenciones arbitrarias, saqueos, incendios, contexto de violencia absoluta. Nelson Mamani, del Movimiento Argentina Rebelde, resultó herido gravemente en la cabeza y está hospitalizado: tendido en el asfalto, inconsciente, su imagen sintetizó la virulencia de la represión. Menores de edad han sufrido disparos de balas de goma directamente en los ojos: Mijael Lamas, de 17 años, perdió un ojo tras las represiones a las comunidades indígenas en Purmamarca durante el pasado fin de semana.

El gobernador recibió el apoyo de los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich vía Twitter. Por esa vía, además, Morales responsabilizó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los disturbios en la provincia, acusándolos del envío de infiltrados: para hacerlo reprodujo una foto de militantes peronistas, que resultó ser del año pasado y tomada en el Gran Buenos Aires, más precisamente en Guernica. “Hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado -le respondió Cristina Fernández de Kirchner-. Lo que está sucediendo en la provincia es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe”.

En la jura de este martes se ratificó el Artículo 67 de la reforma parcial que prohíbe los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos, censurando el derecho a la expresión y la protesta consagrados en la Constitución Nacional. La reforma habilita, además, el desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, herencia de sus antepasados. Los reclamos se extienden también a la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida.

Como ANCCOM ha señalado anteriormente, Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado “triángulo del litio”, una región que concentra más del 60% de las reservas conocidas a nivel mundial del mineral en un marco en el que los precios del recurso se dispararon un 400% en 2022 y la tonelada llegó a alcanzar un valor de 80.000 dólares.

Quintina Colque, de la comunidad Molulo, pueblo kolla de Tilcara, dialogó con ANCCOM y expuso su perspectiva sobre el conflicto: “Mi territorio tiene una extensión bastante amplia, de entre 60 y 70 kilómetros de recorrido de camino de herradura. Es una zona muy fértil, apta para el cultivo y la cría de ganado. Con la reforma de la Constitución nos vemos seriamente afectados: especialmente por el Artículo 36, que habla de la propiedad privada; el Artículo 74, que tiene que ver con la explotación productiva de la tierra estatal; y el Artículo 75, que tiene que ver con el uso del agua para el extractivismo de litio. La reforma afecta seriamente nuestro territorio comunitario como así también el territorio de otras comunidades. Se hizo pensando básicamente en la quita del territorio, de la riqueza que tenemos: paisajística y de recursos naturales», argumentó Colque. En relación a qué esperan de la nueva reforma, fue concluyente: «La caída». «Esa es la lucha por la que estamos acá, y en segunda instancia también pedimos la renuncia del gobernador y entendemos que solo así volvería la paz y la tranquilidad en la provincia», señaló.

La Reforma de la Carta Magna provincial se aprobó en tiempo récord durante la madrugada del viernes 16 de junio. Morales participó como convencional de la constituyente encargada de la reforma, pero estuvo de licencia hasta el día de la aprobación y presidió la última sesión. La reforma, que demoró menos de un mes, fue inconsulta y censuró a más de sesenta expositores, negando el lugar a comisiones y temas de gravedad e importancia para la sociedad. Mientras que el pueblo se encontraba en las calles realizando una masiva marcha de antorchas, motivada por el reclamo salarial de los docentes jujeños.

“Basta de represión en Jujuy, abajo la reforma de Morales”, exige la Asociación Madres de Plaza de Mayo en un comunicado oficial fechado hoy, en el que reclaman el fin de la represión del gobernador, la liberación de todos los detenidos y la anulación de la reforma, “hecha a espaldas del pueblo, que con razón y justicia resiste su sanción”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la virulencia de la represión “en una de las provincias con mayor población indígena autorreconocida”, y exigió que deben respetarse “los estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”.

Los latigazos del poder

Los latigazos del poder

Una patota a caballo que responde al magnate Joe Lewis, y con la apatía policial de su lado, atacó a los participantes de la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La reportera gráfica Alejandra Bartoliche, salvajemente agredida mientras intentaban robarle la cámara, relata la experiencia.

“Eso no fue una batalla, en una batalla hay por lo menos dos sectores que se golpean. Acá hubo gente que estaba a caballo, que tenían fajones, látigos, fustas y que, en una disparidad de fuerza absoluta, le pegaron a ocho personas indefensas que solo tenían sus botellas de agua, un celular y una cámara. Vos no le podes pegar a alguien así ¿podes discutir? sí, ¿podes gritarte? sí, pero no podes golpear así a ocho personas indefensas”, dijo Alejandra Bartoliche, fotoperiodista y hace veinticinco años corresponsal de la agencia de noticias Télam en Bariloche. Alejandra, en su cobertura de la séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, fue víctima de una espiral de violencia que culminó en el camino de Tacuifí, cuando ocho manifestantes y la periodista gráfica fueron atacados por un grupo de peones rurales armados de la zona que presuntamente responden al magnate Joe Lewis, o no tan presuntamente si se considera que la marcha era una denuncia en su contra.

 “Todos los años se hace esta marcha, esta es la séptima, y yo me fui a cubrir como lo hago todos los años. Llego al lugar, esto queda a sesenta o setenta kilómetros de Bariloche, es un camino vecinal donde han puesto una valla, que más que una valla es una reja de hierro muy fuerte, y ya desde la mañana había empezado todo muy pesado. Del lado de los pobladores se los veía muy organizados y bastante beligerantes desde lo verbal”, relató la trabajadora de prensa mientra hacía un raconto de los hechos sucedidos ese día.. “Yo me acerco al lugar donde estaba esta hostilidad y me presento como periodista de Télam -completó-. En ese momento se me ríen en la cara y me empiezan a echar de la vereda pública mientras me gritaban amenazas. Ahí me voy, con un cruce de palabras fuertes, pero me voy”. 

 “En un momento se da la situación de que un grupo va a entrar y cuando me entero les digo que yo quiero ir. Estaba buscando la nota distinta, y esa estaba del otro lado del portón. Era una cobertura, si ellos iban yo iba a ir con ellos”, contó la fotógrafa y agregó que al avanzar unos kilómetros se detuvieron cuando vieron a los pobladores reunidos. “La gente que había entrado eran manifestantes y dirigentes de organizaciones, ellos se presentaron como tal y yo también me presenté como periodista de la agencia de Télam”, recordó.

 El camino de Tacuifí, bloqueado por un portón alto de hierro duro, es una de las vías posibles para llegar al Lago Escondido. Hay una sentencia y una ratificación que habilita la apertura del camino pero no se ejecuta por una apelación de Joe Lewis y otros propietarios de la zona. “Es un camino como cualquiera donde podés pasar con el auto. Había carteles de la Huella Andina, de parques, de ciclismo, o sea que era un camino evidentemente público o en todo caso con servidumbre de paso, un camino vecinal”, explicó Bertoliche a ANCCOM.

Por la mañana, en la barrera de hierro, los pobladores ya habían atacado a los manifestantes. “Le habían robado el celular a un periodista y hubo toda una negociación para que se lo devolvieran -contó Bertoliche-. Tenían gas pimienta y en un momento salió uno a rociar a los manifestantes y a los periodistas que estábamos cubriendo”.

 “La cuestión es que llegamos al lugar, nos presentamos y los pobladores nos amenazan, nos dicen: ‘Váyanse porque van a salir lastimados, hágannos caso’. Yo ahí ya noté que eso se iba a poner difícil, que no nos iban a dejar pasar pero, además, que no nos iban a dejar enteritos. Muy lentamente me retiro y me pongo al lado de un árbol para refugiarme. Ahí se abalanzan con los caballos y empiezan a lastimar gente. Lastiman a Gabriel Berrozpe (concejal de Quilmes por el Frente de Todos) y a Celeste Fierro (dirigenta del MST), a ella le rebanan parte del cuero cabelludo directamente. Sigue temblando el ojo cuando me acuerdo de cómo le pegaban en la cabeza a otra chica joven que estaba ahí. Mientras nos golpeaban unos había otros que armaban revuelo con la tierra para que no se viera nada, una estrategia bastante buena te digo, se los veía muy organizados: tenían gas pimienta, armas, estaban los jinetes con los caballos”, dijo la periodista mientras se acariciaba el brazo en donde se dejaba ver un moretón.

 

l mismo día de lo sucedido se comenzó a difundir un video de la situación grabada desde arriba con un dron. Allí se podía ver la secuencia del ataque y el momento exacto donde violentaban e intentaban robarle la cámara a la periodista. El cansancio y la indignación no impidieron que Bertoliche relate la secuencia a ANCCOM: “En un momento me descubren detrás del arbol salgo corriendo pero me rodea un caballo de color blanco con un tipo arriba que no me dejaba salir. Me gritaba ‘andate’, y yo me quería ir pero no me dejaba salir. Ahí se me acerca un caballo que me intenta arrebatar la cámara, yo me agarro de la correa y le digo que yo soy periodista, que me deje ir. En ese momento yo estaba funcionando como periodista, lo único que me importaba era que no me robaran la cámara, todo eso había sido tan violento que no podía quedar ningún registro. En un momento logro sacarle la cámara y algo me golpea y caigo para atrás lastimándome la cabeza y la espalda con una piedra. Medio mareada me acurruco porque no sabía si me iban a fustigar, pero el caballo ya se había alejado, así que me levanto, agarro la cámara y salgo corriendo”.

 “Nos reunimos todos ahí, a doscientos metros del lugar y ahí yo sigo foteando a los heridos que iban llegando. Estábamos pendientes porque nos alejamos pero estábamos ahí no más y ellos seguían ahí con los caballos, o sea que si hubieran querido volvían en cualquier momento- continúa Alejandra-. El dron alertó todo lo que había pasado y después de dos horas aproximadamente se acercó una camioneta particular con policías adentro. En ese momento nos quedamos duros, porque no solo la camioneta hizo el amague de llevarnos puestos cuando se acercó, sino que adentro había dos de los pobladores que nos habían atacado antes. Uno de ellos de hecho me había amenazado a la mañana y en ese momento me miró y me dijo: Vos tené cuidado porque ahora estás acá adentro’. La policía no decía nada, yo creo que les tenían miedo también. Los policías que estuvieron ese día eran en su mayoría muy jóvenes, sin identificación y muy asustados, parecían recién salidos de la escuela de cadetes. Ahí mismo se le pide a la policía que se retire del lugar a los que nos habían violentado y que se pida una ambulancia para los heridos.” 

 “Así que viene la ambulancia que primero se lleva a los más heridos, después nos sacan a nosotros que estábamos menos lastimados y nos llevan a una salita sanitaria que estaba por ahí. Yo me bajo de la ambulancia, la médica me dice que nos tiene que revisar, pero me las tomo rápido porque quería mandar el material. No sabía qué podía pasar, si me iban a robar la cámara, si me iban a interceptar, si me iban a parar y sacar la tarjeta. Así que tomé la decisión de salir rápido y después fui al médico para que constatara las lesiones”, contó la trabajadora de prensa.

 “No es joda lo que pasó. No nos quisieron asustar, nos quisieron lastimar y dentro de todo la sacamos muy barata. Yo en particular la saqué muy barata, pero estos tipos fueron a hacer algo muy violento. Parece la dictadura. Yo que tengo mis años, esas son prácticas que no me olvido, los milicos fueron mucho más furiosos, pero esto parecía una tierra de nadie donde la ley no funcionaba – manifestó Bertoliche-. No puede ser que haya gente justificando esto diciendo que entramos a un lugar privado. Primero, entramos a un camino, no entramos a la casa de nadie, a la cocina de nadie, ni al baño de nadie. Y aunque hubiéramos entrado bajo la ley argentina vos no podés hacer uso de arma propia para sacar a alguien a fustazos, esto es democracia, tenemos una constitución y hay leyes. Lo que pasó el otro día fue vandalismo, vandalismo absoluto e impune, porque aparte estaba la policía ahí. Es muy poderoso Lewis evidentemente, para que este grupo lo defienda esto de tal forma, algún beneficio deberán tener”. 

 “Ya se presentaron varias denuncias, en una yo soy testigo y ahora con el departamento jurídico de Télam estamos viendo de hacer una denuncia penal. A mí acá me amenazan seguido, pero siempre fue algo verbal o por redes. Ahora evidentemente tenemos que hacer algo porque es la única manera de proteger, no solo a mí, sino a la gente que trabaja en prensa. Porque yo en ningún momento me presenté como otra cosa que no soy: periodista de la agencia Télam. Yo cubro eso cómo cubro “turismo en Bariloche” o “Nevada en Bariloche”, explicó la periodista. 

«No es joda lo que pasó. No nos quisieron asustar, nos quisieron lastimar. Estos tipos fueron a hacer algo muy violento. Parece la dictadura», describe Bartoliche.

El conflicto de Lago Escondido no es nuevo, el reclamo de los manifestantes es lograr la apertura de los caminos públicos para conectar la Ruta Nacional Nº 40 con el lago, ubicado detrás de 12000 hectáreas que Lewis compró en 1996 y que, desde 2005, se encuentra en conflicto con las leyes argentinas. “La Patagonia es un lugar de litigio permanente y una disputa permanente. Lo que se está pidiendo acá es que se abra el camino a Lago Escondido, nada más ni nada menos. No quieren abrir el paso porque es una zona de conflicto, es una zona geopolítica, es una zona de río y están las hidroeléctricas. Lewis tiene muchas propiedades y negocios en Argentina, sobre todo con el poder, porque sino los jueces no hubieran ido a su casa, me imagino. Vos no invitás a cualquiera a tu casa, invitás a gente que conocés. No es casual”, dijo la periodista a ANCCOM.

 “Espero que todo esto se solucione pronto, porque año a año la violencia incrementa. Hay mucha gente que viene año a año, pero también hay vecinos que después se tienen que quedar acá viviendo al lado de las mismas personas que los amenazan, estamos hablando de gente que tiene una brutalidad física temeraria -explicó Alejandra-. En las redes, algunos periodistas, dirigentes políticos están diciendo cosas que hace años no se escuchaban. Incentivando la violencia permanentemente, diciendo a la gente que se arme. Nosotros venimos de una dictadura tremenda, entonces decirle a alguien ‘hay que matar a todos’, ‘necesitamos un Videla’, es tremendo. Y en los pueblos chicos, como nos conocemos todos, tiene todavía más peligrosidad. Es una vulnerabilidad absoluta tener que vivir al lado de las personas que hace unos días te violentaron”. 

 “Por suerte yo tengo estos colectivos e instituciones, como A.R.G.R.A. (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), como SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), institucionalmente Télam, que me bancan, pero igual es peligroso -dijo la periodista luego de mencionar que hace menos de un mes se recordar el asesinato de Jose Luis Cabezas-. Es una vuelta a una práctica que uno pensaría que ya había superado, pero hay mucha gente incentivandolas otra vez”. 

Repudio

La Agencia de Noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (ANCCOM), se solidariza con la fotoperiodista Alejandra Bartoliche y con el resto de los manifestantes agredidos y repudia todo acto de violencia que atente contra la libertad de expresión. Asimismo, expresa su preocupación por la aparición de grupos paraestatales que reprimen a ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta social.

Perú duele

Perú duele

ANCCOM recorrió las calles del centro de Lima y habló con los manifestantes que se animaron a hacerlo. El país sigue en tensión y la represión continúa. La presión popular será determinante para los próximos acontecimientos.

“La mayoría de los medios nos tildan de terroristas. Al contrario: acá hay un terrorismo de Estado”, protesta Delgado, una estudiante de provincia que vino hasta Lima para ser parte de la marcha y prefiere no dar su primer nombre por seguridad. “Esta prensa es una basura. Hay infiltrados que se meten para producir el enfrentamiento. Los medios tienen un guion, pero los testigos que están ahí cuentan lo que realmente está sucediendo”.

Desde que asumió el expresidente Pedro Castillo, hubo diferentes investigaciones sobre supuestos casos de corrupción contra él y su familia. Su gobierno duró desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República lo sacó por “incapacidad moral» con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Su cargo pasó a ser ocupado por la vicepresidenta Dina Baluarte. Las marchas en su contra se intensificaron a partir de ese momento, la represión también: ya suman, por lo menos, 58 los manifestantes muertos desde diciembre pasado.

ANCCOM recorrió la zona céntrica de Lima que rodea el Palacio de Gobierno y la plaza central, donde no está permitido manifestarse. En la zona habló con la gente para intentar comprender qué hay más allá del cerco mediático. Así encontró que las personas que tratan de llevar una vida “normal”, como si no hubiera manifestaciones, se muestran renuentes a tocar temas políticos, más aún si la consulta proviene de un periodista. Quienes sí se atrevieron a hablar, dieron su versión de cómo ven la situación política, social y económica actual.

En el centro de Lima, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, a tres cuadras de la Central Operativa de Investigación (DIRINCRI) que se suele vallar cada vez que hay una manifestación, cerca de las 20:30, miles de manifestantes se hacen presentes. “La policía nos reprime, nos provoca nos detiene brutalmente y nos patea las piernas. Hay videos que lo muestran. Esto no es justo”, continúa Delgado. Minutos después, su padre se acerca para decirle que no debe dar explicaciones a desconocidos: que primero demuestren que no son de Perú porque «podrían ser soplones del Estado o la prensa».

Por otro lado, un taxista aclara que “no puede dejar de trabajar porque tiene que alimentar a su familia”. Vive “al día” y no está de acuerdo con las protestas. “Los que participan en la marcha rompen las calles y hacen destrozos. Se tiene que reponer y son millones de soles”, opina. En el transporte público uno de los pasajeros cree que “el Estado está vendiendo al país a las empresas extranjeras y debería revisar los contratos que van a ser renovados. Si las condiciones no son más favorables para el Perú, no deben continuar en el país. Y eso es lo que pesa hoy. Hay muchos intereses económicos de por medio”, dice.

En una agencia de viajes está Juana, de 38 años. Viene con sus cuatro hijos y su nieta desde el estado de Trujillo, Venezuela, y va rumbo a Chile. Todo su viaje es por vía terrestre: cuenta que se encontró con numerosas rutas cortadas y manifestaciones. “Desde que cruzamos la frontera entre Ecuador y Perú tuvimos muchos problemas porque somos novatos en estas cosas. A medio camino los manifestantes tiraron piedras a los buses. Ya en la segunda traba que tuvo el bus nos tuvimos que bajar y caminar para luego tomar otro transporte. En ese ínterin tuvimos que usar los alrededores como baño y comer golosinas”, cuenta Juana.

La ruta se complicó cada vez más y la agencia no se responsabilizó de la situación; por eso ella y otros quince venezolanos debieron pagar una combi. El costo normal es de 100 soles hasta Lima, pero debido a la situación política les cobraron 205 soles, poco más de 50 dólares. Juana se muestra sorprendida de que Dina Baluarte considere a los manifestantes como, “personas que no tienen oficio”. Esto le recuerda a Venezuela donde, según ella, desde el gobierno afirmaban que quienes marchan son de la oposición porque, en realidad, “todo está bien”: “Las personas se manifiestan porque la situación no está bien. La presidenta no quiere soltar el poder por intereses propios”, reflexiona.

Un abogado de unos 30 años, quien prefiere que no se le identifique, asegura que en Perú hay mucho abuso por parte de las empresas multinacionales y las leyes siempre favorecen a los que están en el poder. Los trabajadores no tienen el conocimiento suficiente para que se le reconozcan sus derechos. Según él, “los que marchan no tienen un argumento sólido y se necesita que en los centros de estudio se hable más de estos temas porque, en parte, todo esto tiene que ver con el cambio de Constitución», agrega.

En el céntrico Parque Juana Alarco de Dalmet los manifestantes de provincia se juntan alrededor del mediodía para almorzar en una olla popular. Percy Chino Quispe, un joven del departamento de Cuzco, explica: “Dina Baluarte había dicho que si Pedro Castillo se iba, ella también se iría. Ahora lo que queremos es que cumpla su palabra, que renuncie. Ahora han sacado las fuerzas armadas y es como si estuvieran trayendo un asesino para que nos maten. No hay terroristas: si hubiera hace rato declararíamos la guerra. Nosotros estamos marchando sin armas. Baluarte está engañando al pueblo. Ya no queremos más muertes, queremos que renuncie y tengamos nuevas elecciones”. Para este joven el Ejército está “infiltrado”: se visten de policías y eso no está permitido.

Al ser consultado, un policía dice que va a opinar como peruano, no como policía: “Definitivamente esto no debería estar sucediendo. Si bien es cierto que los problemas no son de este año, sino de años atrás, los reclamos son justos y válidos, pero no es la forma. Tampoco tienen claro qué es lo que quieren los manifestantes. Ellos quieren cerrar el Congreso, una nueva Constitución. Pero qué quieren cambiar, no lo saben”. Para él debe haber un diálogo entre el gobierno y las provincias para ordenarse.

Hay más de 100 policías en los cruces de 9 de Diciembre y Vía Expresa, frente al hotel Sheraton, cuando nuevamente se acercan miles de personas con pancartas que dicen, entre otras cosas: “Joven estudia, no seas policía”, “Mi lucha es por mi patria, el pueblo ya lo sabe”, y “La sangre derramada, jamás será olvidada”. Para entonces, el policía que hablaba como ciudadano, es convocado por sus superiores y solo alcanza a concluir: “Que se sienten los líderes con el gobierno y lleguen a una conclusión de un punto neutro”. Para este policía los manifestantes intentaron realizar atentados en los aeropuertos de Arequipa, Cuzco y Puno, y quemar comisarías.

Las marchas son pacíficas pero cada tanto se producen enfrentamientos, que algunos consideran producto de las infiltraciones de provocadores. Las opiniones sobre los manifestantes, como pudo verse, son variadas. La mayoría de los manifestantes son de Puno, Cusco, Cajamarca y otras provincias del sur de Perú. De Lima también hay, pero se perciben menos, probablemente porque quienes acampan no son de la ciudad y su presencia es más visible.

El domingo 29 a horas de la noche, la presidenta en ejercicio dio un mensaje a la Nación afirmando que su “deber es proteger a todos los peruanos, salvaguardar la seguridad del país y garantizar la paz social”. Para Baluarte depende del Congreso de la República que se adelanten las elecciones. En el caso que no se de, el Poder Legislativo debatirá una reforma constitucional para que las elecciones generales sean este 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda vuelta, si es necesario, en diciembre. Seguramente la presión popular en las calles será fundamental para acelerar los tiempos.