La trama de la asociación de las dictaduras argentina y uruguaya

La trama de la asociación de las dictaduras argentina y uruguaya

En la audiencia Nº 73 del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús quedó expuesto el vínculo entre los gobiernos de facto de ambos países.

Carlos D´Elía Casco y Paula Eva Logares, nietos restituidos en 1998 y 1984, respectivamente, declararon el martes último en la audiencia Nº 73 del juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. También brindaron testimonio Juan Berdún Cardozo, de nacionalidad uruguaya, sobreviviente del centro clandestino Pozo de Quilmes; y María Graciela Borelli, hermana de otro uruguayo desaparecido.

De manera presencial inició la jornada María Graciela Borelli Catánneo, hermana de Raúl Borelli Catánneo, estudiante de Medicina en Montevideo y secuestrado en Valentín Alsina, Argentina, en 1977, como parte del denominado Plan Cóndor, y estuvo detenido en los Pozos de Banfield y Quilmes hasta mayo de 1978. Con relación a estas fechas, dijo: “Es el inicio de una búsqueda que dura casi 45 años” para iniciar el relato de la reconstrucción que logró sobre los cinco meses que su hermano estuvo en cautiverio. Raúl militaba en el GAU (Grupos de Acción Unificadora) y con el comienzo de la dictadura en Uruguay, en 1973, se exilió en Argentina, donde en total secuestraron y desaparecieron a 26 uruguayos, de quienes María brinda nombre y apellido. Ella se exilió -vía San Pablo- en España, mientras que su marido se sumó varios meses después, ya que también había sido detenido y estaba en libertad provisoria. Afirma que muchos de los secuestrados en Argentina fueron llevados a Uruguay, lo que evidencia la coordinación y los vínculos entre las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas. “La Computadora, es el informe de la Armada, la armaron con detenidos que tuvieron diversos grados de colaboración en el FUSNA (Cuerpo de Fusileros Navales de la República Oriental del Uruguay), hacían inteligencia. Hubo coordinación, vínculos estrechos con la ESMA porque también funcionaba así”, declaró.

Antes de concluir su testimonio dijo: “Quiero homenajear a mis padres -Luis y Julia- que lo buscaron sin parar. Hubiera querido que no solo estuvieran los grandes mandos, sino aquellos que fueron los brazos operadores de todo, algunos que están identificados. Cuesta entender por qué no están sentados acá. Los juicios son importantes porque los testimonios construyen memoria”. Luego pidió: “Ojalá que aquellos que saben algo, que han presenciado y que pueden aportarnos datos, que lo hagan”, con una foto de Raúl y de su madre exigió “la desclasificación de los archivos como responsabilidad de los Estados para saber la verdad”. 

La auxiliar del fiscal, Ana Oberlin, le consultó si recibieron el testimonio de sobrevivientes que les hayan brindado datos, a lo que respondió afirmando que los testimonios de Adriana Charmorro, Washinton Rodríguez, y Luis Taub (todos declarantes de esta causa) le permitieron ir reconstruyendo todo. 

Luego declaró Carlos D’Elia Casco, nieto restituido, hijo de Julio D’Elia y Yolanda Casco. Explicó el vínculo que los une y desde qué momento descubrió quién es: “En 1995, a los 17 años, conocí mi verdadera identidad. Hasta entonces creía ser hijo de Marta Leiro y Carlos De Luccía, nunca había tenido dudas de mi identidad, por lo cual ese momento marcó un antes y un después en mi vida”. Más tarde, mencionó que pudo conocer aspectos de la vida de sus padres biológicos y el hecho de su secuestro, y habló sobre la paciencia que tuvo su familia biológica para transmitirle información.

En la siguiente parte de su declaración, relató la vida de sus padres en Uruguay y cómo se conocieron: «Mientras estudiaban, trabajaban y militaban en el contexto de la dictadura. Se vinieron a vivir en 1974 a Buenos Aires y mi papá terminó sus estudios en la Universidad del Salvador». Contó que su padre consiguió trabajo y que su madre estaba embarazada de él; que con un crédito lograron comprar un departamento en San Fernando, de donde fueron secuestrados en la madrugada del 22 de diciembre de 1977.  Por la reconstrucción que realizó a través de los testimonios de sobrevivientes como Adriana Chamorro y Luis Taub, pudo saber que estuvieron en la Comisaría de San Fernando, el COTI de Martínez, donde otros 27 uruguayos fueron llevados. También pasaron por el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. 

Sobre cómo sus abuelos se enteraron del secuestro de sus padres, Carlos respondió: «Llegaron a Buenos Aires el mismo 22 de diciembre, venían a pasar las fiestas y a esperar mi nacimiento. Tenían llave del edificio y cuando van a ingresar al departamento son recibidos por personas fuertemente armadas, algunos con tonada uruguaya. Tres parecían ser uruguayos, mis padres ya habían sido secuestrados a la una de la mañana, a mis abuelos los tuvieron retenidos todo el día». Según explica, quienes estaban en el departamento comían lo que sus padres habían preparado y que la ropa de bebé no estaba. A sus abuelos los obligaron a irse de Argentina. Sin embargo, dijo: «Regresaron pese a las amenazas, el 26 de diciembre estaban de nuevo. Ahí empezó ese proceso de búsqueda, empezaron ellos y toda mi familia biológica, y con el tiempo me empezaron a buscar a mí también cuando el embarazo ya había llegado a término».

Explicó que su familia recorrió juzgados, embajadas, oficinas de organismos internacionales, tanto en Argentina como en Uruguay, casas cuna, iglesias, hospitales buscando cualquier información que pudiera surgir, lo que lo lleva a destacar la importancia de los testimonios de sobrevivientes que compartieron cautiverio con sus padres: «Fue fundamental para que pudiéramos conocer detalles sobre el secuestros. Se sabe que hicieron el circuito que hacían todos los uruguayos». 

Entre el 21 y el 22 de diciembre de 1977 se orquesta un operativo en el que secuestraron a 27 uruguayos de los cuales se desconoce aún su destino. Carlos afirmó: «Entre ellos había tres mujeres embarazadas. Nacimos tres niños en el Pozo de Banfield; la hija de Aída Sanz, es la primera, a fines de diciembre de 1977. En enero nazco yo y creo que en agosto se da el nacimiento de Victoria Moyano». Varias declaraciones le permitieron tener la certeza que a todos los uruguayos secuestrados en Argentina los «movían» en grupo en ese circuito: «Hay testimonios de sobrevivientes que podrían indicar que algunos de los secuestrados podrían haber sido llevados a Uruguay. En el COTI Martínez, Luis Taub me dijo que vio a mi padre y se sabe que a las mujeres que estaban ahí les hicieron preparar sanguches de milanesa para cinco uruguayos que iban a ser trasladados» y continúa: «Según hemos logrado reconstruir la mecánica que se seguía en ese entonces es que de los secuestrados uruguayos se ocupaban los uruguayos y de los secuestrados argentinos se ocupaban los argentinos. De ahí se confirmó la coordinación represiva que existió entre los gobiernos de facto tanto en Uruguay como en Argentina y en el resto del Cono Sur».

«Luego de mi nacimiento, el 16 de mayo fue el último momento que se supo de los uruguayos que estaban en Banfield», señaló y agregó: «Solo dos uruguayas quedaron en Banfield, lo que demuestra lo perverso y macabro del pensamiento y la lógica que seguían los perpetradores de los secuestros y las detenciones clandestinas es que mantuvieron a quienes creían que estaban embarazadas, María Asunción Artigas y  a Liliana García de Dosetti».

Carlos nació el 26 de enero de 1978 según lo que figura en la partida de nacimiento apócrifa firmada por el médico policial Jorge Bergés. Llegó con sus apropiadores mediante la intervención de un allegado de la familia que era subjefe de la policía de la provincia, Rodolfo Aníbal Campos. «Cuando el embarazo de mi mamá Yolanda estaba a término les avisó que se acerquen a un lugar de Quilmes donde el mismo Jorge Bergés, envuelto en papel de diario y con rastros de sangre, me entrega en los brazos de Marta y sin preguntar absolutamente nada».

Carlos tuvo que procesar una herencia y muchas historias, algo que le llevó diez años: «Tal vez la postura que tomé como manera de protegerme o porque no estaba preparado para hacerme cargo de esta historia, empecé a conocer a mi familia biológica, a saber, más de mis padres, empecé a viajar a Uruguay. En una visita que hice solo, estaba charlando con mi abuela en el living de su casa, no sé por qué la charla llevó a hablar sobre mi mamá y mi papá y sentí la necesidad, como algo por dentro que me quemaba, de querer saber un montón de cosas que ya me habían contado pero que evidentemente no había hecho propias. A partir de esa charla con mi abuela empecé a hacerme cargo de esa historia. Necesité esos diez años para prepararme. De esa búsqueda liderada por mi abuela ahora me iba a hacer cargo yo».

La tercera en declarar fue Paula Eva Logares, hija de Mónica Sonia Grinspon y Ernesto Claudio Logares. «Llegaron a estar detenidos en el Pozo de Banfield, pero para saberlo tuvimos que reconstruir todo un circuito que fue muy difícil», contó. Por ser militantes, se exiliaron en Uruguay y allá los secuestraron a los tres en la calle: «Nos encapuchan, hay gente que lo vio. Nos traen a los tres juntos a la Brigada de San Justo, yo tenía 23 meses», relató Paula. Recuerda que el día exacto porque era feriado y que iban al Parque Rodó. El testimonio de Paula, pese a que tenía dos años al momento de su secuestro, está lleno de sus propias vivencias: «Durante mucho tiempo no mantuve recuerdos. Yo sé que viví la separación con mis padres». Recordó la Brigada de San Justo: » En los brazos de mi madre estaba en un CCD», dijo. También que, ya siendo una niña apropiada, quizás la hayan llevado al Pozo de Banfield: «Era posible que me hayan vuelto a llevar ahí, entré al lugar y lo vi y creo reconocer cómo era y cómo funcionaba».

Sus apropiadores la anotaron como hija natural: «Sé que aparezco ahí porque estoy anotada como hija propia del subcomisario de la Brigada de San Justo, Rubén Luis Lavallén y de Raquel Leiro Teresa Mendiondo. No sé de dónde se conocen, todo está muy denotado de lo que conocemos hoy en día que es el Plan Cóndor: somos argentinos exiliados en Uruguay, nos secuestran en Uruguay». Afirmó que Lavallén era una persona violenta tanto en la calle como con su mujer, ya que la golpeaba adelante mío y continuó: «A mí no me encontraron en una plaza o en un orfanato abandonada. Me secuestraron», afirmó.

Paula recuperó su identidad luego de una intensa búsqueda y la difusión de fotos que hizo Abuelas donde fue reconocida a los ocho años: «Mi abuela desde un principio nos buscó a los tres. Agradezco estar acá y formar parte de esta realidad. Yo estuve en ese lugar oscuro y siniestro en el que estuvieron mis padres. Los huecos de las familias y los vínculos se pudieron ir formando de alguna manera y otros se fueron ablandando y soltando. Y claro que tiene repercusiones». Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, esa Abuela que la buscó incansable estuvo toda la audiencia sentada escuchándola.

Paula denunció que los Estados nunca se hicieron responsables de esclarecer lo que pasó: «En ningún momento dijeron que estuvieron detenidos aquí o allá. No tengo registros formales de la detención de mis padres. Podemos saber que estuvieron en el Pozo de Banfield y no sabemos más. Sabemos que llegaron ahí pero no sabemos qué pasó de ellos. Hay gente que estuvo a cargo de ellos y sí saben». Al reconstruir las vidas de sus padres se emociona cuando su padre fue reconocido como trabajador del Banco Nación, ya que allí los habían registrado como despedidos por abandono de cargo cuando en realidad habían sido desaparecidos. Por solicitud de los trabajadores se modificaron esos legajos. «Me emociona la idea que pude formar de mis padres. Desde el 78 dejé de tener contacto con ellos».

En último lugar, declaró en la audiencia Juan Berdún Cardozo, que fue detenido el 14 de abril de 1978 con 24 años en la localidad de Juan Madariaga. Relata las causas de su detención, y como causa destaca la persecución política. Juan nació en Montevideo, mientras estudiaba y sufrió la represión contra aquellos que formaban parte del cogobierno universitario. Era militante social, en aquellos momentos militaba en la UJC: «Aparezco en un folleto donde está mi nombre, donde decían que yo pertenecía a esa organización política. A esto se suma mi padre detenido con la camioneta llena del periódico La Carta que editaba el Partido Comunista de Uruguay». Y detalló: “»Que mi nombre aparezca derivó en la persecución mía que fue investigada por oficiales uruguayos de la OCOA. Cuando era interrogado, participaba gente con el tono de voz propio de donde venían, que no eran argentinos. Y preguntaban cosas referidas a esa actividad mía». 

El día que fue detenido salía a trabajar a la mañana de su casa en Pinamar, cuando irrumpió un grupo de personas de civil: «Me preguntan mi nombre, me cargan en el Falcón y me ponen en el baúl. Estoy en Campo de Mayo y me doy cuenta por esos campos y fui reconociendo esa experiencia. Estuve hasta entrada la noche, siete de la tarde y me trasladan a otro lugar, el Pozo de Quilmes. Siempre encapuchado y atrás de un Falcon». Cuando llega a Quilmes puede hablar con Washington Martínez: «A él lo liberan el día que yo llego, solo diez minutos hablamos y le alcanzo a contar que tengo una hija chica en Uruguay, que me trasladaron en un Falcón». Explicó cómo vivía ahí, el frio y el hambre que pasaban: «Al otro día empiezan las sesiones nocturnas de interrogatorio, con picana eléctrica y patadas. Y ocurre algo muy feo que voy a decir acá, ponen un piolín en el órgano masculino y me dicen de acá salís y no fifas más». Le preguntan nombres, por su padre y por las actividades que hacía en Pinamar y después de un mes y medio de cautiverio lo liberan.

En el tiempo detenido estuvo solo en una celda, privado de la visión y esposado. Lo torturaban uruguayos, aseguró. «Había una persona mayor y calculo que fue Gavazzo, pero no puedo decir que lo vi, lo uno a la voz». Cierra su testimonio con una frase que resume para él la causa: “Esto tengo para contar sobre cómo se operó la persecución política”.

 

«Confundíamos la amenorrea de guerra con embarazos»

«Confundíamos la amenorrea de guerra con embarazos»

En una nueva jornada del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes y Banfield y en la Brigada de Lanús, los sobrevivientes dejaron nuevos testimonios estremecedores.

Como todos los martes desde octubre de 2020, el 29 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia, la número 72, del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Como en las anteriores, fue día de testimoniales en las que declararon los y las sobrevivientes de las atrocidades que se llevaron a cabo durante la última dictadura militar. Entre otros, lo hicieron Oscar Herrera, Héctor Arias Annichini, Adriana Chamorro, quienes pasaron por los centros de detención, como también el hijo y la hermana del desaparecido Guillermo Sobrino Berardi, Pablo y Graciela.

El primero en declarar fue Oscar Herrera. El sobreviviente relató que toda su familia vivió situaciones de violencia durante la última dictadura militar y también en los años previos al golpe, cuando se ensayaban los métodos represivos. La persecución, contó Herrera, se dio porque su padre tenía una comprometida militancia dentro del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), además de ser trabajador y delegado de la Cámara Fría del Frigorífico Switf. También trabajaba en el Hipódromo de La Plata. 

Luego de constantes amenazas que sufrió su familia, decidió pasar a la clandestinidad en 1975. A partir de allí, la dinámica familiar cambió. Entre constantes cambios de hogar, vivir con compañeros de militancia en diferentes ciudades, incluso en otras provincias. 

La primera secuestrada fue su madre, Ilda Paz Marcia, desaparecida a finales de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se escondía junto a sus hijos: “Vivíamos en la calle Pueyrredón y Las Heras. Consideraban que era un lugar más seguro. Un día suena el teléfono y preguntan ‘por el Coronel’. Supuestamente ese departamento era de un militar. Ahí es cuando, de noche, mientras mi hermano trabajaba en una fábrica de cigarrillos en la calle Puán, a las 3 de la mañana aproximadamente, golpean el portero y entra una patota de civil”, narró. Y continuó: “Nos dijeron, a mi hermana y a mí, que la iban a llevar al departamento de la Policía Federal. Yo ya sabía que no iba a ser así. Los tipos no me creían que tenía 13 años. Había cumplido en febrero. Se la llevaron a mi vieja. Se llevaron muchas cosas. Así también operaban”.

A partir de lo sucedido, como su padre que vivía separado de ellos por una cuestión de seguridad, con su abuela materna, comenzaron la búsqueda de Ilda Murcía: “Íbamos al Ministerio del Interior, al Departamento de Policía, dónde había colas inmensas. Recorrimos los episcopados y embajadas. Era necesario darle trascendencia internacional, porque queríamos que intercediera en la búsquedas de nuestros familiares”, contó.

El siguiente familiar desaparecido fue su hermano, Eduardo Herrera, en octubre de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. “Nosotros -puntualizó Oscar Herrar- nos enteramos de su secuestro porque leímos el diario La Opinión. Decía que ‘habían sido fusilados por traidores en la Costa de la Base Naval’. En la nota dan nombres de todas las personas asesinadas, pero hay una que no. Nosotros decimos que esa persona era Eduardo”. 

Su hermano Arcángel Nicolas y él fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977. Con ayuda de su padre, alquilaban un departamento en Berazategui. “Mi hermano me dijo que teníamos una cita (con mi padre) a las 21 horas de ese día. Pero no lo vemos a Cacho. Esperamos la cita a las 22. Llaman al portero, y ahí es cuando mi hermano intenta escaparse y del otro lado tiran un par de tiros. Yo estaba al lado de la puerta. Les dije a los tipos ‘ya va’. Abrí la puerta y entró la patota. Mi hermano les tiró piñas y patadas, con su buen estado físico, esquivaba todas”, recordó y continuó: “A mí me pegaron un par de cachetazos, me vendaron y me esposaron junto a mi hermano. Nos trasladaron en un Renault 12. El que manejaba era un muchacho joven, de 18 o 19 años. Con nosotros suben tres más. Nos tiraron la cabeza al piso, en cuclillas y se ponen a cantar: ‘Cómo les vamos a dar, cómo les vamos a dar`”, sostuvo.

Cuando llegaron al centro de detención, que luego reconocerá muchos años después como el Pozo de Quilmes, Herrera subrayó que “el lugar era una especie de garaje. No recuerdo si subí escaleras o qué. Pero sí recuerdo haber estado en un pasillo muy estrecho donde éramos varios”. Allí fue que escuchó por primera vez cómo torturaban a personas. Su hermano, Arcángel Nicolás, fue uno de los que las sufrió. En una ocasión, hasta llegó a perder la conciencia del dolor: “Lo torturaron mucho. Cada vez que lo traían tenía mucha sed. A mí me llevaban a presenciar la tortura y me decían que si no les decía dónde estaba mi viejo que me iban a torturar. Por suerte a mí no me torturaron. Estaba con mucho miedo”, comentó. 

A pesar de eso, ambos hermanos fueron liberados luego de tres días de retenidos. Decidieron irse a vivir a Santiago del Estero donde se quedaron un tiempo, para luego volver a Berisso. El último en desaparecer fue su padre. Mientras buscaba un auto en la calle Castro Barros en Capital Federal, se enfrentó con un grupo armado en un tiroteo que lo dejó mal herido o muerto. Esto lo saben porque “le muestran la foto de mi padre muerto a un detenido sobreviviente. Su testimonio está en la Conadep”, resaltó. 

Herrera, para culminar su declaración entre lágrimas de emoción por lo sucedido, dijo: “Fueron muchos años de esperar esto. Con la ansiedad que a uno le provoca esta situación. La verdad es que hoy veo que hay un acompañamiento de la justicia, siento que hay una reparación en este plano”. 

Vendas, alambres y direcciones

El siguiente en declarar fue Héctor Arias Annichini, que fue preso político no solo en la última dictadura militar, sino que también en la anterior. Era responsable del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fue secuestrado el 30 de marzo de 1976 en Cañuelas. 

Su paso por la detención forzada fue en diferentes centros clandestinos, entre ellos, lo que Annichini mencionó como Brigada Güemes o Puerta 12: “Ahí me torturaron porque decía mi nombre, pero no mi dirección. En una sesión de tortura se me había aflojado la correa de una de las manos, y cuando se fueron me dejaron solo. Creía que estaba solo. Me desaté y saqué la venda. Miré por la ventana abierta, vi el alambre y el tejido perimetral que rodeaba la Güemes, que era lo que veía al pasar por la Richieri”, describió. Y agregó que luego de allí lo llevaron a otro lugar: “Recuerdo y recordé que siempre que subimos una escalera, giramos a la izquierda. Se abrió una puerta y entramos por algún lugar. Después pude identificar que era un pasillo con unos 10 calabozos. Al otro día pedí ir al baño. Cuando me abrieron, tenía una pared de ladrillos de vidrio, a la derecha estaba el baño y al fondo estaban los baños comunes. Los calabozos daban a una pared de ladrillos de vidrio. Veía el sol”. 

Por cruzarse en el baño con “La Petisa”, María del Carmen de Pastor, una compañera de militancia, Annichini fue golpeado por una “infracción a las reglas” que allí tenían. Él compartió celda con Jorge Navarro, “El Gallego”. Estuvo en el Pozo de Banfield, fue devuelto a Puente 12, o es lo que él todavía cree que sucedió, donde estuvo alrededor de nueve días más. Allí es cuando lo torturaron porque todavía no conseguía que dijera la dirección donde vivía. Con su compañero, que creyó muerto porque los habían separado, lograrían ser llevados hacia otro centro de detención, la Comisaría Villa Madero, porque dijeron que “vivían juntos” en San José 574, en San Cristóbal. Héctor temía que fuera un engaño y que los matarían o mandarían a Campo de Mayo. A partir de allí fueron trasladados a la Comisaría de Haedo, y luego, en un “celular penitenciario”, como dijo Annichini, los llevaron hacia Campo de Mayo. Allí bajaron a quienes se encontraban con ellos en el transporte y los llevaron hacía Devoto. El destino final de ambos compañeros fue La Plata, donde estuvieron detenidos hasta julio de 1981. La salida de prisión fue con la condición de “Libertad Vigilada” en Santa Fe. Pero no fue a la dirección que había brindado que era la casa de sus padres. 

 

Marcas y agujeros

Graciela Sobrino Berardi, hermana de Guillermo Sobrino Berardi, fue la siguiente en declarar. Con conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Uruguay, decidió viajar a la Argentina porque la situación en su país natal cada vez empeoraba más. 

Una vez aquí, abrió una imprenta, en el barrio de Pompeya, donde trabajaba con un socio. El 22 de diciembre de 1977, mientras su familia compuesta por su padre, madre, hermana e hijo viajaron desde Uruguay para pasar las fiestas con él, más el cumpleaños número seis de Pablo, Sobrino Berard, fue secuestrado de su lugar de trabajo. A partir de allí, según testigos e información que fue recabada por la familia, fue visto en los Pozos de Banfield y de Quilmes, donde lo vieron con vida, por lo menos hasta mayo de 1978. 

La hermana del desaparecido trajo a la audiencia la declaración de Washington Rodríguez quien había visto a su hermano en el Pozo de Quilmes y dijo que los detenidos “eran sometidos a brutales castigos, algunos días sin interrupción. Los que interrogaban eran oficiales uruguayos”. 

La familia de Guillermo no solo presentó en la Justicia nacional argentina los pasos a seguir en caso de la desaparición forzada, sino que hicieron lo propio en Uruguay, como en organismos de Derechos Humanos internacionales, con el fin de que ayuden en la búsqueda de sus restos. En palabras de Graciela: “A nuestros familiares los hicieron desaparecer dos veces: cuando estaban bien, saludables, se los llevaron. Y los hicieron desaparecer una vez muertos”, culminó su presentación.

Acto seguido, en sintonía, su hijo Pablo Sobrino declaró que la desaparición de su padre lo marcó toda la vida: “Tenía poco contacto con mi padre porque se separó de mi madre años antes por temor y para no poner en peligro a ella, ni a mí”, recordó. Y añadió “Mi madre contó que una vez allanaron la casa donde vivía ella con mi padre. Yo era bebé. Le impresionó mucho que un soldado paseara por donde yo dormía con un fusil haciendo que me apuntaba”.

Sobrino describió, al igual que su tía, el fallido encuentro en el puerto aquel 23 de diciembre de 1977, posterior al secuestro de su padre. “Crecí sabiendo que mi padre estaba desaparecido. Los primeros años pensaba que estaba preso, que cuando terminara la dictadura lo iban a liberar, pero después tuve que aceptar que lo habían matado. La ausencia no la tapás con nada. Es un agujero que no se puede llenar con nada y ya no espero llenarlo”, reveló: “Todos los días pienso en él, sobre todo en mi cumpleaños”. 

Rotos pero fuertes

Finalmente, llegó el turno de Adriana Chamorro, sobreviviente a los Pozos de Banfield y de San Justo, donde fue torturada con picana eléctrica y violada. Chamorro fue secuestrada el 23 de febrero de 1978 junto a su marido. Su familia era activa políticamente, su padre, profesor de la universidad pública, daba clases con discursos anti dictadura. 

Luego de pasar por San Justo, fue trasladada junto a su compañero de vida al Pozo de Banfield donde por orden de un superior, especificó la declarante: “No fuimos interrogados, ni nos golpearon”, pues a quienes llegaban les daban una “paliza de gracia”. 

A pesar de ello, no pudo escapar del hostigamiento que sufrían las mujeres en los centros clandestinos. Chamorro fue testigo más de una vez de intentos de violaciones a su compañera, Mary Artigas, mientras estaba embarazada de Victoria Moyano Artigas, que nació el 25 de agosto de 1978 en los “chupaderos”, como ella los denominó. 

Ocho meses duró su cautiverio, dentro de los Pozos de Banfield, pasaron situaciones insalubres que generó, en sus compañeros, problemas de salud graves. Entre las mujeres, como detalló, la “amenorrea de guerra», que es cuando “falta la menstruación”, y que confundían con embarazos. Mientras que por la humedad que había en los calabozos, se producían crisis de asma, estados febriles o problemas en la piel. 

Luego de pasar por este centro clandestino, Graciela Sobrino Berardi fue llevada a Laferrere, y finalmente a la cárcel de Devoto. Allí, pasó los siguientes tres años hasta 1981, cuando firmó la libertad vigilada. De igual manera, el hostigamiento hacia ella y su familia continuó, por lo que decidieron exiliarse en Canadá. “Somos como legos. La vida está hecha con pedazos de otra vida. En el chupadero los guardias nos decían que, si salíamos de ahí, íbamos a salir más fuertes. Estamos rotos, estamos pegados, con oro, pero somos más fuertes”, confesó.

Ya hacia el final de su declaración, fue muy clara sobre el valor del testimonio: “Durante estos 40 años no solamente no olvidé. Tenía el deber de no olvidar. No pude olvidar. Tenía que recordar. Escribo todo lo que recuerdo. Mientras pueda, voy a declarar porque es imprescindible saber qué pasó con esa gente”. 

El próximo martes se llevará a cabo la audiencia número 73 de la causa, a partir de las 8:30 de la mañana en modalidad virtual. 

 

«No se lleven estos datos a la tumba»

«No se lleven estos datos a la tumba»

En otra audiencia de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y en la Brigada de Lanús, tres testigos recordaron los horrores por los que pasaron.

En una nueva audiencia virtual del juicio por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y en la Brigada de Investigaciones de Lanús prestaron testimonio los sobrevivientes Ramón Raúl Romero, Norma Leanza y Diana Guastavino, por su compañero Roberto Fidel Yantorno, quien continúa desaparecido.

 La primera víctima en declarar fue Ramón Raúl Romero, secuestrado de su domicilio el 21 de septiembre de 1977 junto a su esposa, Elena Abraham. Romero tiene un problema auditivo causado por los fuertes golpes sufridos en el Pozo de Quilmes, por lo cual les solicitó reiteradas veces a los integrantes del tribunal “repetir las frases” y “hablar más fuerte”. 

En su relato acerca de su cautiverio en el centro clandestino de detención, la víctima detalló que lo depositaron en una celda muy pequeña y que recién al tercer día le dieron algo para comer: “Era como una especie de polenta y como si le hubieran echado una escupida a la comida. Como uno está con los ojos vendados, de la desesperación, come”, describió. Sobre este episodio, Romero detalló que le produjo una gran indigestión y rechazo: “Esa fue la única vez que comí. Me daba miedo comer la comida, entonces estuve prácticamente 11 días sin comer”. La víctima también recordó las torturas con picana eléctrica a adultos y niños en una sala del Pozo de Quilmes: “El olor a carne quemada me duró, no sé cuánto tiempo anduve con ese olor en el alma”. Luego de narrar los golpes con itaca que le provocaron la sordera actual, Romero refirió que, una vez en libertad, fue a tratar sus heridas al hospital Churruca: “El doctor me dice: ´Ya se te va a pasar, negro´.

Nunca se me pasó, porque me rompieron el nervio auditivo central del oído derecho”.

Durante todo su testimonio, la víctima manifestó reiteradas veces su temor y el de su familia a encontrarse prestando declaración: “El hecho de que está con prisión domiciliaria toda esa gente significa que deben tener poder, porque en democracia hicieron desaparecer a un hombre (Julio López) que fue testigo”, y reiteró su voluntad de testimoniar: “A mí me hicieron un mal, pero yo le puedo estar haciendo un bien a otra persona”.

La segunda víctima en declarar fue Norma Esther Leanza, quien fue secuestrada el 15 de octubre de 1977 junto a su suegro y su marido, Alcides Chiesa, uno de los primeros testimoniantes del presente juicio. Norma pasó sus primeros días de cautiverio en Puesto Vasco, para ser luego trasladada al Pozo de Quilmes hasta su liberación, seis meses más tarde. “La comida venía una vez por día y, según la guardia, quedaba hasta la noche y se fermentaba. Una de las veces, polenta era la comida, tuvimos un episodio de enterocolitis generalizado”, relató la víctima acerca de sus días en el centro clandestino de detención. Norma recordó la manera en que, junto al resto de los detenidos, utilizaban esos momentos a su favor: “Hacíamos un PROAL, un prode de almuerzo. Decíamos qué pensaba cada uno de los que estábamos secuestrados que podía haber en ese día de comida, pero era más bien un control para saber quiénes éramos los que estábamos, si seguíamos la misma cantidad de gente”. Sobre la higiene, Leanza indicó: “Estábamos encerrados en las celdas, nos permitían ir al baño una vez por día”, y agregó: “Cuando menstrué, pedí que me dieran algodón y me trajeron trapos sucios húmedos de la cocina”. 

Durante su testimonio, Norma Leanza hizo referencia a su cautiverio compartido con María Asunción Artigas: “Como no podíamos hablar, nos comunicamos por lenguaje de señas. Me contó que a los tres o cuatro meses se dio cuenta de que estaba embarazada”. María Artigas es la mamá de María Victoria Moyano Artigas, nacida en el Pozo de Banfield y restituida por Abuelas de Plaza de Mayo. “A Mari, cuando estaba embarazada, venía a verla un oficial que no sabíamos quién era, porque se quedaba del lado de afuera. Después, con el tiempo, supe que le decían Zaracho. Y le traía a veces fruta o alguna cosa para comer”, recordó Norma sobre el trato a su compañera, y agregó más tarde su suposición del porqué de esa acción: “Con el devenir de los años pienso, lo pensé siempre, para apropiarse de la hija”. María Asunción Artigas continúa desaparecida.

Norma finalizó su declaración con una solicitud al tribunal: “Quisiera hacerles el pedido de que el mayor esfuerzo de la justicia sea para todos los que no están, y también para algunos que están. El mayor esfuerzo de parte de ustedes”.

La última víctima y testigo en declarar fue Diana Guastavino. Diana declaró por su propio secuestro, previo al Golpe militar de 1976, y por el de su marido, Roberto Fidel Yantorno, el 6 de diciembre de 1977, quien continúa desaparecido. Acerca de su detención, la víctima relató que cayó en una “ratonera”: “Me encuentro con ocho personas de civil con armas largas y ahí empieza toda otra historia de golpes y de interrogatorio en la misma casa”, desarrolló Diana sobre el momento previo a ser llevada a Coordinación Federal. Diana narró su cautiverio allí: “Fui torturada con submarino, con picana eléctrica, con simulacro de fusilamiento y golpes. Iba siendo tirada en la celda sin nada. Después me tiraron a un colchón ensangrentado que habrá sido de alguien”. La víctima se encontraba detenida en Villa Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando su marido fue secuestrado. “Yo no sé de Roberto hasta mucho después de su desaparición”, indicó Diana Guastavino en su testimonio. Durante su detención en la cárcel de Devoto, Diana compartió pabellón con Cristina Gioglio, compañera de cautiverio de Roberto Yantorno en el Pozo de Banfield. A partir de ese encuentro con Cristina, Diana pudo saber acerca del derrotero de su esposo: “Me cuenta que a Roberto lo logra ver, que en algún momento está destabicado, y que era llevado a torturar permanentemente, que lo escuchaba gritar en la tortura”, y luego agregó, siguiendo el relato de Gioglio: “Después escuchó que alguien decía: «bueno, ya este no nos va a contradecir más porque se nos quedó en la tortura». Luego le confirmó que vio anotado en un pizarrón el nombre de Roberto Fidel Yantorno: “muerto por ataque cardíaco”. Hacia el final del testimonio, Diana Guastavino apuntó hacia los represores: “Siempre hemos pedido que aporten datos, que es lo que necesitamos para avanzar”, y sentenció: “Mi pedido va a que ojalá, por ellos mismos, no se lleven estos datos a la tumba, todo lo que puedan tener, los pocos que quedan ya”.

 

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús continúa el martes 31 de mayo, a partir de las 8:00.

«Me soltaron pero no me liberaron»

«Me soltaron pero no me liberaron»

En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, declararon los sobrevivientes Rubén Fernando Schell, Rebeca Krasner y la testigo Graciela Nordi.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata juzga a 18 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz, el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y Juan Miguel Wolk, responsable del Pozo de Banfield durante la última dictadura. 

La primera en dar testimonio en la audiencia de este martes fue Rebeca Krasner, secuestrada a sus 27 años, en su domicilio, junto a su pareja Luis Alberto Santilli de 26 años. El operativo tuvo lugar el 18 de agosto de 1977 entre las 20 y las 20.30. Ambos fueron llevados al Pozo de Quilmes y Rebeca fue liberada al día siguiente.

Krasner narró que ese día cuatro hombres vestidos de civil golpearon violentamente la puerta de su casa. Su papá fue quien les abrió. En su relato expresó: “Subieron por las escaleras con armas largas. Uno solo hablaba, preguntaba dónde estaba mi marido. Yo le dije que no tenía, porque no estábamos casados. En ese momento, Luis Alberto llegó del trabajo y ellos nos hicieron preguntas. No fueron violentos en ese momento, luego vendaron nuestros ojos y nos tiraron a un auto”. La víctima agregó: “Mi papá le preguntó dónde me llevaban y ellos dijeron que al Regimiento de Patricios”.

Al llegar, Krasner comentó que escuchaba muchas voces. La llevaron escaleras arriba a un calabozo, pero sola, sin Luis Alberto. Al rato, comenzó a escuchar los gritos de su pareja y una radio muy fuerte que trataba de opacar su voz. Luego de un largo silencio, abrieron la puerta de su calabazo y la llevaron a la sala de tortura. La víctima relató que Luis Alberto pidió que la llevaran a su casa y que se queden con él a cambio, agregó que su pareja le suplicó: “Rebeca seguí adelante con todos nuestros proyectos”. En ese momento, el “jefe” del operativo aceptó y la retiraron de la sala. “Me sacaron gritando que lo amaba”, expresó.

En su testimonio, Krasner afirmó que al otro día realizó la denuncia en la Comisaría N°1 de Quilmes, junto al hermano de Luis Alberto, Norberto Santilli, quien afirmó años más tarde que el comisario que lo atendió le dijo “olvidate de tu hermano porque los vamos a matar a todos”. Por más que intentaron cerrar la causa en el Juzgado de La Plata, Rebeca nunca se rindió y llegó al juicio de hoy. La víctima cerró su relato sentenciando: “Desde entonces mi vida está rota, desgarrada. Lo único que me sostuvo fue mi carrera de Psicología y mi trabajo. Uno aprende a soportar lo insoportable. La reparación que sentimos las víctimas es la justicia, porque cuando me soltaron, no me liberaron. La liberación viene a través de la justicia. Tuve que esperar 45 años para llegar hasta acá”, además agregó que “los hermanos de Luis Alberto dieron muestras de sangre al equipo de arqueología que lleva adelante la investigación y hasta ahora no hay novedades. Él sigue desaparecido”.

Luego de un corto cuarto intermedio, el segundo testimonio de la jornada fue prestado por Graciela Nordi, quien declaró por el caso de Susana Beatriz Mata Freixas, su compañera de militancia. La testigo afirmó que ambas eran maestras y que se conocieron en una asamblea, luego de una manifestación en donde se exigía un aumento salarial. En ese lugar, las dos decidieron sumarse a la idea de formar un sindicato docente y comenzaron a militar. Luego de estudiar mucho sobre el tema, llegaron a ser dirigentes gremiales. 

Nordi explicó que en 1974 los sindicatos comenzaron a correr peligro. Afirmó que dejó de ver a Susana con la misma recurrencia, ya no se reunían en su casa para protegerse. Sólo se veían en las actividades gremiales, en donde se entera que Mata estaba embarazada. La testigo comentó que a finales de ese año el marido de Susana, Juan Alejandro Barry, fue detenido en un bar de Lomas de Zamora. Además, agregó que debido a esto, “ella abandona las actividades de la escuela, iba a las reuniones del sindicato con mayores cuidados por miedo y por su embarazo. Fue alojada en la casa de unos amigos en Adrogué, por su seguridad”. 

La testigo afirmó que, a fines de 1974, Susana llama a la casa de Nora Muñoz, su compañera del sindicato, y sintió que su voz era rara. Detrás del teléfono, Nora le decía que no vaya a su casa. Susana se preocupó y fue igual. Ahí la detuvieron, según afirmó Nordi, “la estaban esperando”. La llevaron a Olmos, La Plata. 

Al paso de los días, la testigo aseguró que se enteró que su compañera estaba internada en el Hospital de Clínicas por pérdidas y fue a visitarla. La encontró esposada a la cama, con un embarazo avanzado y custodiada. Pudieron hablar un rato, luego la sacaron. Nordi se enteró que ella dio a luz a su hija Alejandrina en condiciones terribles, en el penal donde se encontraba privada ilegalmente de su libertad.

Graciela comentó que ocho años más tarde, apareció en la puerta de su casa Susana con su hija, “me pidió que se la cuidara por un rato, no quise hacer preguntas. Lo único que me contó fue que salió con libertad condicional”, expresó la testigo. Al atardecer, Susana volvió y le contó algunas vivencias de la cárcel: “Sus compañeras la ayudaron con su bebé, fueron muy empáticas con ella”, aseguró. Después de ese día Nord,i no la vio más. Por medio de sus compañeros del sindicato se enteró que se fue de Buenos Aires, pero no sabía dónde. 

En su testimonio, Graciela explicó que con el Golpe de Estado de 1976 el sindicato fue cerrado. Ella estaba embarazada de su tercer hijo. En mayo de ese mismo año, la testigo fue secuestrada, afirmó que le hicieron preguntas sobre el sindicato, “yo no pude contestar mucho, dejé de ver a mis compañeros luego del cierre del gremio” y agregó “nunca supe donde estuve porque siempre permanecí vendada. Esa misma noche, me subieron a un auto y me bajaron cerca de mi casa”. Por miedo, Nordi se refugió en la casa de un vecino por cinco días. Pero luego, gracias a la ayuda económica de su mamá, se exilió a España con sus hijos. En diciembre de 1976, recibió una carta que expresaba que Susana había sido asesinada en Uruguay junto a su marido. Cerró su testimonio afirmando: “Nosotras nos habíamos prometido que si algo nos pasaba íbamos a cuidar de nuestros hijos, pero no pudimos hacerlo. Agradezco a la vida haberlos conocido, fueron excelentes personas, apostaron por un cambio positivo en el país, lucharon hasta el final”.

El último testimonio estuvo a cargo de Rubén Fernando Schell quien fue secuestrado y privado de su libertad a sus 23 años el 11 de noviembre de 1977 y estuvo cautivo en el Pozo de Quilmes hasta el 21 de febrero de 1978. Actualmente, es director general de Derechos Humanos en ese municipio, su oficina se encuentra en el ex Pozo de Quilmes. Sus declaraciones las dio desde ahí, con un fondo lleno de fotos de las personas desaparecidas en ese centro clandestino de detención.

Schell afirmó que, en el momento de su secuestro, estaba llegando a su casa del trabajo, que estacionaron tres autos, bajaron aproximadamente doce personas, con armas largas, todos vestidos de civiles y se dirigieron a la puerta de su domicilio. Ahí mismo lo redujeron, sin necesidad de ingresar a su casa. La víctima explicó que le envolvieron la cabeza con un pulóver y lo tiraron al piso del auto. Al llegar, lo llevaron directamente a la sala de tortura, le dieron golpes y usaron la picana eléctrica, desarrolló: “Me pegaban y pedían nombres. Eso hacían con todos. A mí me entregó Omar, un amigo de la infancia y militante peronista como yo”. 

En su testimonio, la víctima explicó que después de la extensa tortura, lo hicieron subir a una celda, esposado y con sus ojos vendados. Schell afirmó: “Al rato escucho voces que provenían de otras celdas, eran compañeros que estaban en mí misma situación. Me arrimé donde se escuchaban voces y se presentó el Colorado. Él me enseñó a como pasar las esposas adelante, ya que las tenía en la espalda. Como él, conocí a muchos detenidos con sus nombres de guerra -apodos-. Los que eran capturados pasaban a la sala de tortura. Otros venían de otros centros clandestinos muy lastimados y directamente los pasaban a las celdas”. Agregó también: “Había en algunos momentos uno por celda o, si venían muchos, hasta cinco. Desde ahí se escuchaba muy fuertes las torturas”.

“Cada vez que había un traslado -afirmó Schell- teníamos una costumbre, silbar la introducción de la 9na Sinfonía de Beethoven, la alegría como canto de esperanza”.

El testigo comentó que les daban de comer “guisopa”, una comida que no se definía entre el guiso y la sopa. Otros días comían un “mazacote” de fideos hervidos y a veces polenta. Aseguró en su declaración que era incomible, pero el hambre y la ansiedad de estar encerrado no le dejaba otra opción. Aprendió a hablar con las manos, “el lenguaje de los presos”. Así pudieron contarse entre los detenidos de dónde eran y sus apodos. Por uno de ellos, la víctima afirmó haberse enterado de que estaba en la Brigada de Quilmes. En ese momento, los captores lo identificaban como Chupadero Malvinas.

En su declaración, Schell expresó que cuando lo liberaron y volvió la democracia, recorrió varios organismos para denunciar lo que le sucedió a él y a sus compañeros, pero no obtuvo respuesta. Cuando se formó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), pudo denunciar. Además, agregó: “Me llamaron a una cita para reconocer este sitio, ahí me reencontré con compañeros que pensé que habían desaparecido, muchos que pensé que ya no estaban con nosotros. Fueron 102 días, que resultaron eternos, tanto que los sigo viviendo”.

La víctima, al finalizar su testimonio, sentenció: “Muchos de los sobrevivientes están muriendo, fueron 45 años de espera del juicio, el tiempo nos va ganando. Se van los inocentes y los culpables, sin haber visto la justicia. Pero sigo siendo fiel creyente, aunque aún no la haya visto, necesitamos justicia, no venganza”.

En esta causa, que tuvo su primera elevación a juicio en abril de 2012, son querellantes las Abuelas de Plaza de Mayo junto a los nietos restituidos, Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle. También Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices y Graciela Borelli Cattaneo, hermana del uruguayo Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, víctima del Plan Cóndor. El juicio investiga a los responsables de 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio y que estuvieron detenidas en esos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

El juicio continúa el martes 24 de mayo, a partir de las 8:30, con los testimonios de Norma Esther Leanza, Ramon Raúl Romero y Diana Estela Guastavino. Ricardo Basílico, el juez del Tribunal Oral Criminal Federal N°1, afirmó que a partir de junio van a incrementar la cantidad de testigos por audiencia.

«Impusieron un cambio de dirección en nuestras vidas»

«Impusieron un cambio de dirección en nuestras vidas»

En una nueva audiencia del juicio por los delitos cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes y en la Brigada de Lanús, declararon las hijas del matrimonio desparecido Lavalle Lemos.

En una nueva audiencia semipresencial del juicio por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y en la Brigada de Investigaciones de Lanús, prestaron testimonio víctimas y testigos de los crímenes perpetrados a la familia Lavalle-Lemos. En primer término, declararon María José “Cocó” Lavalle Lemos y María Lavalle, hijas de Gustavo Antonio Lavalle y Mónica María Lemos, detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. También prestaron testimonio Liliana Zambano, sobreviviente del Pozo de Banfield y compañera de cautiverio de Gustavo Lavalle, y Mónica Quiñones, vecina de la familia Lavalle-Lemos al momento de su secuestro.

 Gustavo Antonio Lavalle y Mónica María Lemos fueron secuestrados el 20 de julio del 1977 en su domicilio del barrio “San Fernando”, en José C. Paz, junto a su hija, María Lavalle, quien tenía un año y tres meses. Al momento de su detención, Mónica tenía 25 años y estaba embarazada de ocho meses de su segunda hija, María José “Cocó” Lavalle Lemos, quien fue nacida en cautiverio y apropiada por Teresa González, una mujer que trabajaba en la Policía bonaerense. En el año 1987, a “Cocó”, nieta de Haydee Vallino de Lemos, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, le fue restituida su verdadera identidad. “Después de un tiempo tenía la sensación de que siempre había estado con ellos, con mi familia”, afirmó María José durante su testimonio.

“Cocó” fue la primera víctima en prestar declaración y la única de las cuatro en testimoniar de manera virtual. Luego de narrar la reconstrucción del secuestro de su familia, quienes fueron llevados en un primer momento a la Brigada de Investigaciones de San Justo para ser después trasladados al Pozo de Banfield, “Cocó” detuvo su relato en la historia de su apropiación. De acuerdo con el testimonio prestado por Teresa González, su apropiadora, durante el juicio de restitución, ella presenció el parto de Mónica en el Pozo de Banfield: “Ni bien nazco, me agarra y se queda conmigo”, y continuó: “También le contó al juez que después de eso mi mamá había sido trasladada en un vuelo. Así que yo ahí me quedé a vivir con ella. Obviamente no sabía toda la historia, me apropió como si fuese su hija”. Acerca de la premeditación de su apropiación, “Cocó” relató que Teresa González “se iba a quedar con María y que le dijeron que la mamá -Mónica- iba a tener un bebé dentro de poco, que era mejor un bebé recién nacido”. Hacia el final de su declaración, María José dedicó sus últimas palabras a hablar de los irreparables daños causados a las víctimas y sus familias por la apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar: “Nos robaron el derecho a que nuestros padres nos críen, nos eduquen, nos formen, nos den su impronta de su visión del mundo. Y fue adrede, fue un plan ideológico en contra del ´enemigo subversivo´, como ellos decían. Esto de que nos hayan sacado de nuestras familias y que nos hayan privado de su crianza era parte de ese plan político”. Para cerrar su testimonio, “Cocó” habló de la importancia de condenar a los responsables de estos crímenes: “Son situaciones que no cesan, este cambio de dirección que nos impusieron en nuestras vidas nos va a acompañar siempre y, en una pequeña medida, lo heredamos también a nuestros hijos. Así que me parece que, entre todas las aberraciones que han cometido, tienen que tener por parte de la justicia su condena y el ejemplo de que esas cosas no se pueden volver a hacer”.

Luego de un largo cuarto intermedio, el segundo testimonio de la jornada fue prestado por Liliana Zambano, víctima de privación ilegítima de la libertad y torturas en distintos centros clandestinos de detención durante dos meses en la última dictadura cívico-militar. Durante su declaración, Zambano relató que fue secuestrada el 30 de agosto de 1977 en su departamento de La Plata, junto con dos compañeros que cursaban con ella la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. De acuerdo con la víctima, los integrantes de “la patota” se encontraban vestidos de civil y, además de secuestrarla, robaron todos los objetos de valor del domicilio. Después de narrar las circunstancias de su cautiverio en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en Pozo de Arana, donde sufrió torturas con picana eléctrica, Liliana detalló que, el 8 de septiembre, fue llevada al Pozo de Banfield. Una vez en el calabozo, Zambano comenzó a oír que otros detenidos golpeaban la pared de su celda, evidenciando la forma que utilizaban para comunicarse a pesar de la hostilidad del lugar, y narró durante el testimonio: “Me decían que me quedara tranquila, que allá no pasaba más nada, que no nos torturaban más, que ellos ese día se iban a ir al sur. Les habían dicho que iban a viajar en avión hacia un penal del sur y que iban a estar en una situación de legalidad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Haciendo referencia al método de exterminio conocido como “vuelos de la muerte”, la víctima relató: “Pasada una hora aproximadamente toda esa gente que estaba en el ala izquierda fue trasladada. Entre ellos se encontraba Mónica Lemos”. Liliana Zambano indicó que no pudo conocer a la mamá de María y María José, pero afirmó: “Supe por Gustavo Lavalle y por otras chicas con las que compartí el calabozo que Mónica Lemos había tenido un bebé allí en el Pozo de Banfield”. Posteriormente, Liliana recordó que, durante una limpieza de calabozos, conservó con ella un pantalón de embarazada que perteneció a Mónica Lemos. En los años 80, Zambano fue la primera persona en aportar información sobre el nacimiento de “Cocó” a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Acerca de la estadía en el Pozo de Banfield, la víctima refirió: “Daban de comer una vez por día, cerca del mediodía traían una olla con un guiso siempre igual, con mondongo, no sé si estaba en buen estado, medio verde o no muy higiénico, que repartíamos las mujeres”, y agregó: “En los calabozos teníamos unos bidones cortados de lavandina por si había una necesidad de orinar y no te abrían la puerta. Si alguien tenía una necesidad mayor había que golpear fuerte para que te vinieran a abrir”. Sobre el trato por parte de los guardias por su condición de mujer, Liliana Zambano lo caracterizó de “machirulo”: “Nos decían «vayan caminando para allá», para mirarnos. El día que llegué al Pozo de Banfield, los guardias que estaban me hicieron desvestir y que me bañara delante de ellos porque sí”.

 Con un relato conciso, Mónica Quiñones, vecina del matrimonio Lavalle-Lemos en el barrio “San Fernando” en José C. Paz, rememoró las horas posteriores al secuestro de la familia por parte de “la patota”: “Entramos a la casa, estaban las puertas rotas, la de adelante, la de atrás. Estaba todo tirado, los libros, la cunita de la nena, habían levantado todo el piso. También se llevaron los colchones, había quedado todo roto”. Mónica tenía 12 años al momento del operativo, y fue una de las encargadas en dar aviso a la familia acerca de lo ocurrido. “Yo vivo actualmente en el terreno que era de Mónica y de Gustavo, y la calle se llama «Mónica y Gustavo»”, sentenció Quiñones, haciendo referencia al homenaje realizado a Gustavo Lavalle y Mónica Lemos por parte de los vecinos y aprobado por el Concejo Deliberante. “Yo tengo muy claro que ellos dejaron una marca fuerte, de mucho amor, y que toda su militancia dentro de una estructura orgánica, que tuvieron en su momento, la volcaron de algún modo al trabajo barrial”, afirmó la hija mayor de Mónica y Gustavo, María Lavalle, unos minutos más tarde, durante su declaración.

 

 

María Lavalle, la hija mayor del matrimonio Lavalle-Lemos, fue la última víctima de la jornada en prestar testimonio. María fue secuestrada junto a sus padres el 20 de julio de 1977 y llevada junto a ellos a la Brigada de Investigaciones de San Justo, donde permaneció 6 días hasta que fue llevada nuevamente con su familia paterna. Acerca de esa noche, María relató que tuvo la posibilidad de hablar con el vecino que la recibió y la devolvió a sus abuelos: “A la noche le golpearon la puerta, unas personas vestidas con unos pilotos claritos le dijeron que se tenía que quedar conmigo y le entregan un moisés con una nena, que era yo”, y añadió: “Me dijo que yo estaba en muy mal estado, que estaba muy sucia, muy lastimada, me dio una banana para que coma, estaba con mucha hambre”. María recordó, sobre esta conversación de reconstrucción que ella entabló con el vecino años después, en democracia, que “este señor estaba asustadísimo como si fuera el 77, habló conmigo casi sin salir de su casa”. Sobre la posterior búsqueda de su familia, y particularmente sobre su hermana nacida en cautiverio, María Lavalle relató: “Mi abuelo desde el primer habeas corpus incluye la figura del niño o niña por nacer”, y detalló sobre el proceso: “Siempre supe que había un hermano o hermana que estaba por nacer al momento del secuestro y que lo estábamos buscando. Siempre esta cuestión en la familia: lo estábamos buscando. Crecí con la búsqueda y crecí con la esperanza, con la certeza de que la íbamos a encontrar”.

 Al igual que su hermana María José, María Lavalle también hizo referencia en su declaración al secuestro y posterior desaparición de su tío, Mario Alberto Lemos, el 5 de agosto de 1977. Siguiendo el relato de dos compañeros que fueron capturados junto a él, luego liberados. Al momento de la detención los guardias de “la patota” exclamaron: “Terminamos con la banda de Fierrito”, haciendo alusión a uno de los apodos de Gustavo Lavalle. Sus compañeros relataron también que podían oír los alaridos de Mario provenientes de la tortura que sufrió en la Brigada de San Justo: “En un momento no lo escucharon más, uno de ellos supone que falleció en el momento, en la tortura”.

 Para cerrar el testimonio, María Lavalle se dirigió al tribunal y expresó, sobre el desarrollo de los juicios: “Fue muy largo, mucha dilación en todo este proceso. Eso lo que hizo es que sea muy injusto todo este acto de justicia. Y lo que de alguna manera solicito es que hagan lo mínimo para que sea un poco más justo esto que ya de por sí es injusto”. Finalmente, sentenció: “En cada paso del proceso judicial puede haber algo reparatorio. El acto de justicia también es el público, también son las fotos, también es la gente en la calle. Lo que pasó por la pandemia es que este juicio quedó muy silenciado. Y hay algo del proceso judicial y de ese acto de justicia que tiene que recuperarse”.

 El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús continúa el martes 10 de mayo, a partir de las 8:30, de manera semipresencial con los testimonios de Clara Petrakos, Alejandra Castellini, José Eduardo Moreno y Mónica Streger.