Los cuatro detenidos en la última represión a la marcha de los jubilados fueron liberados. Sin embargo, se les abrió procesos por «resistencia a la autoridad», una figura muy difícil de comprobar pero suficiente para perturbale la vida a las personas que solo reclamaban por un haber digno.

Tras el fuerte operativo represivo contra la manifestación del miércoles que exigía aumento de los haberes jubilatorios frente al Congreso, hubo detenciones arbitrarias, agresiones a trabajadores de prensa y el uso de gases lacrimógenos que afectaron a más de 70 personas. Las cuatro personas que fueron presas recuperaron su libertad, pero ahora sus vidas quedarán condicionadas porque deberán lidiar con una causa federal. Testimonios, denuncias y un nuevo capítulo del avance represivo sobre el derecho a la protesta.

Una nueva jornada de represión sacudió las inmediaciones del Congreso Nacional durante la manifestación semanal convocada en defensa de los jubilados. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, y contó con la intervención de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y efectivos motorizados.

A dos cuadras del Congreso, un camión hidrante de Gendarmería aguardaba con su motor encendido. También se desplegaron agentes con escopetas de balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. Desde la Posta de Salud y Cuidados se brindó asistencia a más de 70 personas, incluidos jubilados, periodistas de distintos medios y manifestantes solidarios, por quemaduras en la piel, lesiones traumáticas y crisis de angustia.

El jubilado y extrabajador de YPF Pablo Luna fue uno de los detenidos. “Les dije que no me tiraran al piso porque me iban a matar. Tengo un pedacito de riñón, si me golpeaban ahí, no la contaba. Ahora tengo problemas en la garganta por el gas pimienta. Me quieren imponer una perimetral para que no pueda ir al Congreso. Pero es mi derecho, lo vengo ejerciendo desde los años 90”, dijo a esta agencia. Desde adentro de la camioneta de la Policía Federal que lo trasladaba, el miércoles a la noche gritó detrás de la ventana con rejas: “No somos chorros ni estafadores, estaba yendo a tomar el colectivo para ir a mi casa, con mis nietos”. Al mismo tiempo, un grupo de Jubilados Insurgentes le hacía el aguante con palabras de aliento y lo nombraban como un “luchador de las causas populares”. Luna tiene 65 años y cobra el haber jubilatorio mínimo. Es decir, con el aumento que recibirá este mes, en los primeros días de junio cobrará 304.783 pesos.

“Vimos una intervención coordinada de todas las fuerzas federales. Es preocupante. Esta vez el ensañamiento fue particular hacia la prensa, el ataque fue dirigido. Parece que no aprendieron nada después de lo que pasó con Pablo Grillo”, señaló Alejandrina Barry, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La referencia apunta al fotógrafo que recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza en la marcha del 13 de marzo, y que continúa internado. Esta semana tuvo que ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica para drenar líquido cefalorraquídeo. La intervención fue exitosa. 

Durante la represión fueron detenidos también los fotoperiodistas Leandro Cruzado y Javier Iglesias. A ellos se sumó la retención del fotógrafo Tomás Cuesta, cuya imagen, con la cabeza bajo la rodilla de un agente, recorrió los medios. Cuesta fue liberado horas después, pero el episodio generó un amplio repudio.

La fotógrafa freelance Mariana Nedelcu, que cubría la movilización para el diario Clarín, relató a ANCCOM: “Cuando la Gendarmería armó el cordón y empezó a avanzar, se llevaron puestos a todos. Me caí, me golpeé la rodilla y la cabeza, la cámara se rompió. Nos pisan, no les importa nada. El ataque fue directo a quienes teníamos cámaras. No importa si sos estudiante, si tenés casco, si colgás la credencial. Nos convertimos en un blanco por hacer nuestro trabajo”. Y agregó, sobre la detención de los fotógrafos: “Yo estaba al lado, los gendarmes le pegaban manotazos a las cámaras que querían registrar las detenciones, después los terminaron tirando al piso, no querían que se vea lo que hacían”. 

Desde la Posta de Salud también informaron que un herido de 25 años recibió golpes en la cabeza y fue atendido en el hospital Ramos Mejía. Otro periodista debió ser derivado al hospital Santa Lucía por lesiones oculares. “Los gases fueron disparados directamente hacia quienes sostenían cámaras. Son elementos de tortura usados como herramientas de control”, denunció Barry.

Hambre y frío

Los detenidos permanecieron varias horas dentro de los móviles policiales, para luego ser trasladados a la comisaría de la calle Madariaga, en Villa Lugano. Pasaron la noche sin comida ni abrigo suficiente. Recién fueron liberados al día siguiente y quedaron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, una figura legal que, según los abogados del Ceprodh, carece de pruebas concretas. Sin embargo, algunas de estas acusaciones prosperan y pueden implicar la prisión preventiva, como ocurrió el año pasado tras la detención de 33 manifestantes el 12 de junio. Y aún en caso de que con el tiempo sea desestimada, implica la obligación de presentarse ante el juzgado y la imposibilidad de salir del país, entre otros condicionamientos.

“Esto responde a una orden política. Llegaron con la decisión tomada de detener gente. Es una forma de amedrentar. A este gobierno no le importa dejar a un jubilado sin comer”, comentó Barry. Desde Ceprodh también denunciaron que, al igual que en la marcha del 12 de marzo, las detenciones no incluyen ni la hora ni el lugar. “Fueron arbitrarias e ilegales”, agregó. 

En paralelo a la represión, dentro del Congreso se cayó la sesión que iba a tratar un aumento del 7,2 % en las jubilaciones mínimas y la actualización del bono complementario, congelado en $70.000. El oficialismo, con apoyo del PRO y algunos bloques provinciales, evitó dar quórum.

“Fue una jornada de brutalidad. Tress de los detenidos eran fotoperiodistas. Quieren censurar a la prensa. No quieren que se vea lo que hacen todos los miércoles”, dijo Agustina Ferro, también abogada del CeProDH. La represión coincidió con el debate parlamentario que nunca llegó a iniciarse. Y agregó: “Es una muestra más de dónde están puestas las prioridades del Gobierno”, afirmó Ferro. “Un cartucho de gas lacrimógeno cuesta lo mismo que una jubilación. A los jubilados, a los reporteros que quieren mostrar lo que pasa, no solo los censuran. Los atacan”.

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Valeria Mustoni advirtió que “el ataque a la prensa es sistemático. Hoy mismo el gobierno publicó en el Boletín Oficial nuevas restricciones para el acceso de periodistas a la Casa Rosada. No quieren que se informe lo que están haciendo.” Lo dice en referencia a la nueva reglamentación para la prensa que anunció hoy el gobierno, que incluye: un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas, mediante el cual, según dice: “dos faltas graves pueden provocar la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada” a los periodistas, aunque no precisa que significa “falta grave”. Además, para decidir las acreditaciones enumera criterios como el alcance numérico del medio y restringe la posibilidad de que los acreditados se muevan o tomen fotos dentro de la Casa Rosada. Esta medida generó preocupación por la garantía de la libertad de expresión. 

El Ministerio de Seguridad intentó justificar el operativo con un mensaje en redes sociales. Bullrich escribió en su cuenta: “Grupos anarquistas amenazan con venir a pegarle a la policía. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo”. Sin embargo, no hubo pruebas que respaldaran esa afirmación. 

En simultáneo, el Gobierno anunciaba el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que invita a blanquear dólares no declarados a través de transferencias de hasta 50 millones de pesos. En contraste, los jubilados siguen esperando un aumento mientras son reprimidos por reclamar.