Misiones criminaliza la protesta

Misiones criminaliza la protesta

Meses después de que el foco mediático se posara sobre Posadas por los reclamos salariales de policías, docentes y personal de la salud, el gobierno de Hugo Passalacqua judicializó a una docena de trabajadores sanitarios que ejercieron el derecho a la protesta.

A fines de mayo, la atención de los medios masivos estuvo en la provincia de Misiones, donde personal policial se unió para reclamar mejoras salariales y tomó varias dependencias de la fuerza. Aquella protesta, que obtuvo el nombre de “Misionerazo”, también incluyó a docentes y personal de salud de la misma provincia en la que hace más de dos décadas gobierna el Frente Renovador de la Concordia Social, una fuerza política provincial creada por el exmandatario Carlos Rovira.

Hugo Passalacqua, actual gobernador, responde a ese espacio y es uno de los eventuales aliados del presidente Javier Milei, ya que con sus cuatro diputados -Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, todos del bloque Innovación Federal- ha colaborado en el Congreso levantado la mano para aprobar la Ley Bases y se han abstenido en las sesiones para insistir contra los vetos a la reforma jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de haber votado a favor de ambas iniciativas previamente.

Mientras tanto, los trabajadores públicos de la provincia de Misiones reciben uno de los sueldos más bajos del sector a nivel nacional. Por eso mismo es que recrudecieron las protestas a fines de mayo, cuando toda la Argentina hablaba de lo que ocurría allí.

Casi cinco meses después de aquellos acontecimientos, ningún medio nacional habla del tema y los trabajadores que salieron a la calle para reclamar por cobrar un salario acorde siguen en la misma lucha. Lo que cambió es que ahora enfrentan una inédita causa penal por haber reclamado. Doce trabajadores de la salud fueron llamados a indagatoria por el juez Ricardo Balor luego de que el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Héctor González, los denunciara por haber tomado el edificio.

Jorge “Koki” Duarte es una de esas personas que fue apuntada por la Justicia. En diálogo con ANCCOM, defiende su accionar y el de sus colegas durante aquellas semanas de mayo y arremete contra la gestión de Passalacqua.

“Estábamos planteando la necesidad de mejorar nuestro salario, que el promedio en ese entonces estaba ubicado entre 450.000 pesos y 500.000 pesos en trabajadores estatales de distintas reparticiones. Hicimos una protesta frente al Ministerio de Salud, donde ocupamos la vereda, la calle y en un momento el hall de entrada del edificio, lo que para las autoridades configura una toma”, relata el enfermero profesional, que trabaja en el Hospital Nivel III de la ciudad de Oberá.

“Una toma implica afectar el funcionamiento del área o de las oficinas e impedir la entrada y salida del público. Y la verdad es que todos los trabajadores del Ministerio de Salud Pública podían entrar y trabajar en sus oficinas, mientras que la gente que iba a hacer trámites o a buscar remedios -hay una farmacia en el edificio- podía entrar. No era una toma, simplemente una vigilia en espera de una respuesta de las autoridades para nuestras demandas salariales”, remarca Duarte, quien integra la comisión provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A).

“El partido gobernante está llevando adelante distintos mecanismos para callar las voces que venimos denunciando el avance sobre nuestros derechos. En estos últimos años hemos llevado adelante grandes luchas por el tema de la no construcción de represas en nuestra región, por ejemplo”, argumenta. “Y este año venimos dando batalla contra el lineamiento que la provincia de Misiones tiene con el Ejecutivo Nacional de ajustar a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores y los jubilados. Esa batalla tuvo un pico en mayo, cuando la educación y la salud salieron a la calle junto a la Policía”, remarca.

Imputados por protestar

La denuncia penal por “ocupación” fue impulsada por el subsecretario de Salud, Héctor Proeza; junto al subsecretario de Recursos Humanos de la cartera sanitaria, Rodolfo Fernández Sosa. En los últimos días, los trabajadores desfilaron por los tribunales de Misiones para prestar declaración indagatoria. “Expresamos justamente que estábamos en una huelga, en un reclamo salarial y en una vigilia en el hall de entrada del Ministerio y también sobre la vereda y la calle, con un acampe, carpas y ollas populares”, explica Duarte. “Somos trabajadores de la salud y esto configura, a nuestro entendimiento, una clara judicialización de la protesta social. Tratan de acallar a aquellos que venimos hace muchos años denunciando estas cuestiones que están sucediendo en nuestra provincia”, sostiene el dirigente sindical.

“El agravante que tuvo esta judicialización es que no solamente fue para los trabajadores de salud, sino que también para trabajadores docentes y para la policía. Hay ocho agentes que están detenidos y en cárceles comunes directamente”, agrega.

El enfermero considera que el gobierno de Passalacqua impulsa causas penales contra los trabajadores con el respaldo de la Casa Rosada para criminalizar la protesta social y a los dirigentes sindicales. “No es casual que quienes estemos implicados seamos referentes de distintos hospitales de la provincia. Tenemos otras causas sobre nuestras espaldas, muchas de ellas por corte de calle, por corte de ruta. Mecanismos que utilizamos después de agotar todas las instancias administrativas de conciliación en el Ministerio del Trabajo. Al no encontrar el Ejecutivo una forma de disciplinarnos, emplean estas metodologías para asustar a los demás”, analiza.

La declaración de Duarte y sus colegas fue acompañada por una movilización de trabajadores que los respaldaron y le enviaron un claro mensaje a las autoridades misioneras: “Son responsables de un mecanismo que realmente no tiene pies ni cabeza porque el derecho a reclamar ante las autoridades, a peticionar, es constitucional y es lo que estamos ejerciendo desde nuestra función como representantes gremiales”, sostiene.

Aún es una incógnita cómo continuará la causa judicial contra los trabajadores de la salud de Misiones. Lo que sigue igual es la situación salarial del personal del sector, que permanece reclamando ante el gobierno de la provincia por sus sueldos y, al momento de este artículo, cumple un paro de 48 horas.

“Habíamos acordado en septiembre con las autoridades que la primera semana de octubre nos reuniríamos a discutir la pauta para el mes en curso. Y pasó la primera semana, la segunda y se convocó a mediados de mes cuando ya las liquidaciones están realizadas. En las últimas horas circuló un comunicado del propio ministro de Hacienda que afirma que en este mes los empleados públicos no recibiríamos incremento salarial”, cuestiona Duarte. Este panorama no hace más que agravar una alarmante situación que vive el sistema sanitario misionero. La lógica indica que debería haber cuatro médicos o enfermeros por cada 1.000 habitantes, pero la realidad marca que en dicha provincia solo hay una media de 1,8 médicos y 2,2 enfermeros.

“Y eso no se explica porque no salgan enfermeros o médicos de las universidades, sino que se van a otras ciudades donde la oferta es mucho más tentadora que la de acá”, analiza el dirigente de la CTA-A. No obstante, la lucha para Duarte y el resto de los trabajadores de la salud de Misiones está lejos de claudicar: “Venimos defendiendo nuestro derecho salarial y laboral  y nuestros mismos compañeros nos alientan a seguir luchando. Eso nos da fuerza para seguir”, cierra.

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

Por séptima semana consecutiva, los docenes de Neuquén se encuentran de paro. Reclaman mayores salarios, mejoras en la infraestructura y más presupuesto para el refrigerio de los estudiantes. También hay conflictos en Misiones y Entre Ríos.

Los docentes de Neuquén finalizan su séptima semana de lucha y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza frente al silencio del gobierno de Rolando Figueroa. En Misiones y Entre Ríos también están en conflicto.
Los maestros y maestras neuquinos denuncian el grave estado de las escuelas, el ataque al régimen de licencias y las maagras partidas para refrigerios de 140 pesos por alumno.
“El gobierno tiene la política de sentarse a esperar que el paro se deshilache solo. Pero estamos en la séptima semana y tenemos un 75% de acatamiento”, declaró a ANCCOM Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Capital.
El pasado viernes la asamblea de ATEN acordó un paro de 72 horas que comenzó el martes, jornada en la cual se llevaron adelante volanteadas en rutas. El miércoles se realizó una marcha en Neuquén capital que recorrió desde la Legislatura hasta la Casa de Gobierno, donde estiman que hubo diez mil personas. Hoy se convocó nuevamente a asamblea, donde por mayoría decidió la continuidad del paro para el lunes y martes de la próxima semana.

El reclamo tiene tres ejes. Por un lado, se exige un aumento de las partidas para los refrigerios escolares. “En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas. 

También exigen al gobierno un aumento del presupuesto educativo destinado a infraestructura.  Esta semana se llevó a cabo el juicio por la explosión de una escuela en Aguada San Roque, que ocurrió en junio del 2021 y donde fallecieron tres trabajadores en lo que Lagunas llamó “un triple crimen laboral”. Asimismo, el lunes en la Escuela N° 68 del paraje Collipili, al norte de la provincia, explotó un termotanque causándole quemaduras a un auxiliar de servicio.  “Las escuelas son verdaderas trampas mortales, porque no se destina el presupuesto necesario para que estén en condiciones”, alertó la dirigente.

El tercer eje de los reclamos exige la derogación de la Ley  de Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que ataca el régimen de licencias y establece un plus salarial para quienes no faltan. Los primeros días de julio antes del receso invernal los docentes neuquinos se encontraban en las aulas luego de haber acordado, al principio del año, un aumento salarial. El gobierno de la provincia presentó, trató y aprobó rápidamente un proyecto de ley en la Legislatura. “Nosotros decimos que es un plus extorsivo, ellos dicen que es para premiar a quienes van todos los días a trabajar”, aclaró la secretaria general. 

La ley plantea un plus salarial del 15% para aquellos docentes que no falten más de tres veces durante un trimestre, sin superar las dos faltas mensuales. También establece un plazo mínimo de cuatro meses de permanencia en el puesto para los suplentes, como condición básica para acceder al régimen de licencias. Lo que sucede es que los plazos de licencias del docente titular no son prorrogables ni acumulativos, por lo cual “el suplente va a ser el eterno suplente de los 30 días. Nunca va a cumplir los cuatro meses, ni hacer uso del régimen de licencia”, explicó Lagunas. 

Con el bono salarial del 15% por presentismo y el descuento a quienes hacen paro, el gobierno provincial busca resolver el ausentismo docente. Desde el sindicato replican que esa no es la herramienta, y que lo que podría resolver el problema sería que una maestra con un sólo cargo pueda tener un sueldo que cubra  la canasta familiar. “Acá el problema es que ni el cuerpo ni la mente se bancan la situación de desgaste que significa la condición laboral que tenemos”, afirmó. 

“En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas.

En ese sentido, desde ATEN rechazan la política del Gobierno nacional, acompañada por los dirigentes provinciales, de determinar la educación como un servicio esencial. De acuerdo a la ley, aquellos servicios declarados como esenciales deben garantizar, incluso en jornadas de protesta, que se brinde un 30% del servicio. Esta medida afectaría considerablemente el derecho a huelga y quitaría a los docentes una herramienta de lucha clave: el paro. Además, desde ATEN sostienen que el servicio esencial viene a “dinamitar lo poco que queda de la escuela pública” al definirla como un servicio que se ofrece, se compra y se vende como una mercancía.  “La educación no es un servicio, es un derecho y quienes tienen la obligación de garantizarlo son los Estados nacional y Provincial”, sostuvo la dirigente.

En búsqueda de que los docentes vuelvan a las aulas pero sin proponer una mesa de diálogo, el gobierno provincial abrió una línea de WhatsApp destinada a que padres, familiares, directores y demás trabajadores de las escuelas, informen el estado de las instituciones en los días de paro, como así también qué docentes se adhirieron. Para Lagunas,  lo que busca la medida es inclinar la balanza en favor del gobierno dentro de la comunidad educativa: “Nosotros tenemos un trabajo muy importante realizado con directores y directoras, que son compañeros de trabajo, no son patrones, no son funcionarios”. En ese sentido, Lagunas explicó que estos compañeros han decidido no informar al gobierno quiénes paran “primero porque no es su trabajo, y segundo porque el paro no es una novedad, es una acción colectiva que se informa donde debe ser informada“.  A partir de este accionar, el gobierno no obtuvo la información necesaria para descontar los días de paro a quienes lo acataron, por lo que hizo un descuento general. Para Lagunas eso le genera al gobierno un doble problema, ya que quienes fueron a trabajar e igual percibieron el descuento, es probable que se sumen al próximo paro, y segundo porque los padres y madres no han acatado masivamente el pedido. 

En ese sentido, la gremialista reconoce que la situación es muy compleja y que estar de paro por séptima semana genera un cansancio normal  en la comunidad que pretende que haya clases. Si bien existe un grupo llamado Padres Autoconvocados que exigen a los docentes el regreso a las aulas, admite que “la comunidad obviamente no aplaude que haya paro docente, pero en su mayoría ha entendido que la responsabilidad de cada día que pasa sin clases, es del gobierno y que debe resolverlo convocando a una mesa de diálogo”. 

Pero tras casi dos meses de conflicto ni el gobernador Rolando Figueroa ni la ministra de Educación Soledad Martínez han dado respuestas. 

De la Patagonia al Litoral

Estos reclamos se replican en diferentes puntos del país. En Misiones, desde el principio del ciclo lectivo los docentes se manifestaron por el aumento salarial y las mejoras de sus condiciones laborales. Los trabajadores de la educación realizaron paros con un porcentaje muy alto de acatamiento, movilizaciones, cortes de ruta y  asambleas públicas que se extendieron por toda la provincia y lograron duplicar sus salarios hasta el medio millón de pesos. Ahora se encuentran haciendo paros y asambleas para concientizar sobre el impacto negativo que tendría la ley nacional que declara la educación como “servicio esencial”.

 En Entre Ríos la situación escaló un paso más. Los docentes sostienen que desde el comienzo del año, sus salarios han perdido un 30% de poder adquisitivo.  De esta manera, dos semanas atrás, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) votó por la realización de 48 horas de paro los días 22 y 23 de agosto. La medida de fuerza no pudo llevarse a cabo ya que el gobierno respondió con una conciliación obligatoria.  A través de esta medida, los docentes se ven forzados a suspender por el plazo de 20 días cualquier tipo de protesta. 

En respuesta al accionar del gobierno misionero, los padres y familiares de los niños se organizaron para no enviarlos a la escuela, en solidaridad con el reclamo docente. “Por un sueldo digno para nuestra seño y para todos los docentes”, era una de las frases que circuló vía WhatsApp en los grupos de madres y padres, junto con la convocatoria en apoyo al reclamo.  Tanto en Misiones como en Neuquén surge un apoyo concreto de las familias que exigen soluciones a los gobiernos y no a los maestros y maestras. conflicto y reanudar las clases”. 

Un matecito en el Obelisco

Un matecito en el Obelisco

Agricultores yerbateros de Misiones convocaron a una mateada en el Obelisco, con el objetivo de visibilizar la situación crítica que está sufriendo el sector y hacer llegar sus reclamos al gobierno nacional. 

“Vamos a tomar un matecito” fue la invitación de los miembros del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires para que se acercaran con su equipo de mate al epicentro porteño. Una delegación de productores agrarios misioneros se manifestó en la plazoleta de la 9 de Julio, entre banderas de Argentina y Misiones, estandartes con las siglas del Movimiento Agrario de Misiones, emblemas de pequeños productores y cánticos en contra del DNU y la Ley de Bases del gobierno de Javier Milei. 

Los trabajadores de la tierra habían lanzado la consigna «vos llevás el mate, nosotros ponemos la yerba». Entre los principales reclamos, piden al gobierno la restitución de la regulación de los precios de la yerba, la devolución de sus facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con la designación de su nuevo presidente, y el cierre de las importaciones de yerba provenientes de Brasil y Paraguay que compiten con la producción local. Además, los productores denuncian los bajos precios de la hoja de mate y su brecha, cada vez más grande, con el precio de la yerba en góndola, resultado de las medidas de libre comercio de la administración de Milei.

Precios Justos

“Hicimos una mateada porque, nos guste o no, a los que somos de la provincia o del interior nos es más difícil cruzar la 9 de Julio que el Aconcagua”, explica Facundo López Sartori, Ministro de Agro y Producción de Misiones, que por un rato dejó su convulsionada provincia en conflicto con los empleados estatales. “Venir al Obelisco tiene su impacto, gracias a que los medios hacen llegar más rápido las noticias. La mateada es nuestra forma de traer a los productores y que cuenten su realidad. Que los vecinos de Buenos Aires sepan que detrás de cada mate, hay gente que se levanta a las cuatro de la mañana y hoy recibe menos de trescientos pesos por un paquete que sale cinco mil en góndola”, agrega. El Ministro revela que los mismos agricultores de yerba mate que en diciembre del año 2023 cobraban 0.60 centavos de dólar por cada kilo de hoja verde, actualmente reciben 0.30 centavos de dólar. Es decir que, considerando la inflación, hoy en día los productores cobran menos de la mitad que el año pasado por el mismo trabajo. 

“Esto pasa hoy porque ya no está en funcionamiento el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que se encargaba de regular un precio mínimo y de asegurar de algún modo cierta igualdad entre los agricultores y los molineros, que son industriales”, explica Sartori, y asegura que hoy el sector está sufriendo las inclemencias del libre mercado, controlado por los diez molinos de misiones que compran el 80% de la hoja verde, estableciendo los precios. El Ministro advierte que este mercado liberado los está afectando de manera profunda, obligando a muchos agricultores a dejar sus colonias y buscar trabajo en las grandes urbes. 

“No hay que caer en la falacia de creer que porque la yerba se comercializa bien, nuestros agricultores van a estar a bien”, asegura Sartori, “nuestros agricultores son quienes trabajan en la tierra y los que mejor tienen que estar”, y confía en que la mejor manera de que su reclamo sea escuchado por el gobierno nacional es compareciendo frente a las lentes y micrófonos de los medios porteños.  

Entre las bolsas de yerba de cooperativas y pequeños productores a los presentes, se encontraban trabajadores como Luis Alberto Andrusyszyn, productor de yerba mate de Apóstoles, Misiones, quien compartió en diálogo con ANCCOM: “Nos han bajado el precio de la materia prima entre un 40 y un 50%. En cambio, la yerba en góndola no bajó para el consumidor. Quizá se malentiende que nosotros los productores somos los caprichosos y estamos ganando fortuna. Esto no es así, lo que estamos ganando hoy no está cubriendo los costos de producción”. 

Competencia desleal

Respecto de la importación desmedida de yerba mate desde Brasil y Paraguay, Carlos Alberto Fernandez, diputado nacional en representación de la Provincia de Misiones, afirma que “esto genera una competencia que perjudica la economía, no solo de Corrientes y Misiones, sino a nivel nacional. Los precios bajos de estas yerbas importadas se deben a que no tienen los controles bromatológicos que se le da a la yerba nacional, y denuncia que “se venden productos con metales pesados, como por ejemplo el plomo, que es tóxico y altamente perjudicial para la salud de los argentinos. Gracias a los estrictos controles nacionales, estos tóxicos no se encuentran en las yerbas locales”. De esta forma, el diputado alude no solo a la problemática que implica la importación de este bien a nivel económico y político, sino que inclusive alcanza a amenazar la propia salud de los argentinos.

En consonancia con estas declaraciones, Yolanda, trabajadora de la Cooperativa Agrícola Río Paraná, agrega “reclamamos que frenen las importaciones de yerba desde Brasil y Paraguay, y pedimos que se escuchen las voces de los productores. Como dice nuestra marca de yerba Titrayjú, que significa “tierra, trabajo y justicia”, buscamos que haya un tratamiento justo desde el productor hasta el consumidor. La yerba es un producto que está en la canasta básica, y hay que defenderlo”.

La acefalía del INYM

Otro de los reclamos de los trabajadores se centra en la designación de un nuevo Presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Actualmente, este organismo no estatal que se encarga de fomentar y proteger la producción y comercialización de la yerba mate, se encuentra acéfalo, ya que la responsabilidad de nombrar a quien lo presida recae en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Respecto a esta situación, Nancy Karina Umfurer, productora agrícola, comenta: “El organismo se dejó sin efecto en la provincia. Como no hay un capitán a bordo del barco, la situación es pura incertidumbre”. Umfurer, además, comparte que uno de los objetivos del sector en su diálogo con el gobierno es asegurarle que la restitución del INYM no supone un gasto para nación, ya que esta institución creada en el 2001 “se maneja a través del estampillado. Es decir, que la plata proviene de la provincia de Misiones”.

La yerba y la canasta básica

Esta infusión tradicional que, bajo las duras condiciones económicas muchas veces sirve de alimento y ayuda a cubrir comidas, se encuentra bajo la Canasta Básica Alimentaria, junto a otros productos fundamentales para la dieta del argentino como la leche, el pan o el queso

Durante la jornada, hizo aparición la diputada de Unión Por La Patria, Victoria Tolosa Paz, para manifestarse en apoyo de los productores. “El mate ya es una marca de la Argentina en el mundo, y eso queremos protegerlo y cuidarlo”. Tolosa Paz recalcó la importancia de la yerba en la mesa de todos los argentinos: “Es la infusión por naturaleza más importante en las barriadas y todos los hogares del país. Es parte del ABC de los alimentos junto con la leche”. En defensa del INYM, la diputada agregó: “Sin este organismo, la brecha entre el precio de la góndola y la ganancia de los productores se va ir incentivando negativamente. Hay una desigualdad en la negociación de los pequeños productores de hoja frente a una industria monopólica. Debe existir un instituto que pueda garantizar una vida digna para esa cadena productiva, sin dejarlo al libre mercado”, y cerró con la promesa de “defender la industria nacional yerbatera con uñas y dientes”.

El encuentro finalizó con una foto grupal de los asistentes, ondeando las banderas de los productores que exhibían mensajes como “el sabor de la yerba mate nace del esfuerzo de sus productores. Precios justos YA”. Entre bolsas de yerba y la intimidad de compartir un mate en lo que fue una fría tarde de otoño, los productores misioneros esperan haber logrado dar a conocer su mensaje de manera pacífica y así evitar que esta tradicional infusión no se convierta en un producto de importación en detrimento de la economía local. Es a través de la difusión de los diversos medios porteños que se presentaron para captar el encuentro que los yerbateros exigen, al igual que en el 2001, medidas gubernamentales que logren sacar de la crisis este sector fundamental de la economía argentina.

El gobierno misionero arregló con la policía pero sigue en conflicto con el resto de los estatales

El gobierno misionero arregló con la policía pero sigue en conflicto con el resto de los estatales

Los docentes continúan con el acampe en reclamo de un salario que los lleve por encima de la línea de indigencia. Los trabajadores de la salud y los judiciales tampoco aflojan.

Desde el 21 de mayo, docentes de diferentes lugares de la provincia de Misiones realizan un acampe en Avenida Uruguay y Trincheras, en la ciudad de Posadas, esperando respuestas a sus pedidos por una mejora salarial. El conflicto con el gobierno de Hugo Passalacqua se sigue profundizando y no aparecen las respuestas a los reclamos de los maestros que cobran un salario que no les alcanza para subsistir. También los trabajadores judiciales reclaman por sus salarios. Durante la madrugada de este miércoles, el gobierno logró desactivar el conflicto que más lo preocupaba, el acuartelamiento policial, llegando a un acuerdo por un incremento apenas superior a los 15 mil pesos. 

A pesar de las bajas temperaturas a las que están expuestos, los pedidos de los trabajadores del área de la Educación de Misiones no han sido apagados sino que cada vez hay más personas que se suman al reclamo. Lejos de que el clima se calme, la tensión y el conflicto va aumentando ya que, ante los reclamos por una mejora salarial, se están efectuando descuentos en los sueldos de aquellos que están participando en los paros.

‘’Estamos acá con la intención de que el gobierno escuche nuestro pedido, que es una real recomposición salarial, nosotros pedimos el 100% de aumento del básico, porque realmente los más perjudicados en lo que es la cuestión docente son las maestras de grado con un solo cargo que cobran 250.000 pesos. La vida, como es de público conocimiento, se ha encarecido’’ dijo a ANCCOM Gabriela Escobar, docente del nivel secundario que se encuentra en los acampes de Posadas desde hace una semana. Cabe recordar que un sueldo de 250.000 pesos coloca a una persona por debajo de la línea de la indigencia. ‘’Nosotros siempre decimos que Passalacqua, el gobierno actual, el gobernador actual de la coalición política de la renovación es el brazo ejecutor de las políticas de ajuste a nivel nacional y él las lleva a cabo acá en la provincia’’ continuó la docente.

 En el transcurso de la tarde del lunes, algunas autoridades de la provincia se acercaron a la ciudad de El Dorado, que se encuentra a unos 200 km de la ciudad de Posadas, para hablar con otros sectores docentes que allí se encuentran intentando buscar un camino de diálogo. ‘’Se está pendiente de eso pero no hay ninguna certeza. Eso podría llegar a salir el sábado pero nosotros estamos intentando que esa mesa esté más cerca, no tan alejada, porque la verdad es que las temperaturas son muy bajas, los docentes seguimos resistiendo, pero que nos tengan una semana más sobre las rutas y acampando en la ciudad de Posadas nos parece sumamente violento y deshumano por parte de este gobierno que tiene las herramientas para llamar pero no lo está haciendo’’, sostuvo Escobar.

 

De esta manera, durante el día martes se tomaron medidas a lo largo de toda la provincia. Se cortaron las rutas nacionales principales, la ruta 12, a la altura de las localidades de General Urquiza, El Dorado y Puerto Libertad, y la ruta 14 en determinados lugares, interrumpiendo el tránsito por varias horas como una manera de seguir manifestando y obtener una respuesta por parte del gobierno que sea de acuerdo con los pedidos y con las necesidades de los trabajadores. 

 A la vez, en Posadas también accionaba. ‘’Nosotros acá lo que hicimos fue un recorrido interno en la capital interpelando a los políticos de turno para que llamen a una mesa salarial paritaria, para que podamos sentarnos a dialogar porque la verdad es que no nos están dando respuesta, ni siquiera en acordar, en coordinar, una mesa de diálogo’’, prosiguió la docente desde el lugar de los reclamos. 

Pero no son solo los trabajadores de la educación los que están parando y reclamando al gobierno por mejoras salariales. Para sorpresa de muchos sectores, el área judicial también se encuentra en los reclamos por la obtención de un mejor salario. También cercano a este escenario, se encuentran los trabajadores del área de salud, quienes tomaron el Ministerio del sector desde el miércoles pasado y que, al igual que sus compañeros de reclamo, exigen un 100% de recomposición salarial. 

“La lucha tiene que ver con los bajos salarios que tenemos en particular los trabajadores de salud y en general los trabajadores estatales de esta provincia. Además de esto, que lo venimos padeciendo y que muchos compañeros manifestaron que la situación estaba tan crítica que iban a trabajar angustiados, y cuando digo compañeras y compañeros me refiero a todos los que componemos el equipo de salud, desde los médicos a aquellos que realizan la tarea de limpieza”, cuenta Helena Rodriguez, enfermera del Hospital de Oberá, de la provincia de Misiones, quien se encuentra en la toma del Ministerio reclamando por un salario digno y mejores condiciones de trabajo. 

El martes, después de una semana, los trabajadores fueron recibidos en el Ministerio. ‘’Nos tomaron nota e intercambiamos algunos estudios y cuadros que tenemos nosotros que respaldan el por qué del pedido del 100%. Hubo un compromiso de estudiar, de hablar con aquellos que tienen el máximo poder de decisión que, en el caso de esta provincia, no es solo el gobernador sino el Ministro de Hacienda, que es el que últimamente decide los aumentos de todos los estatales’’. De esta manera, los trabajadores pasaron a cuarto intermedio y esperan durante el día de hoy ser recibidos por las autoridades. 

‘’El trabajador necesita vivir dignamente, asegurarse de que cuando vuelva a su casa su heladera esté llena, que sus hijos también estén protegidos, que puedan ir al colegio porque sino pareciera ser que se va estrechando esto y nuestros hijos ni siquiera tienen derecho a tener una carrera universitaria’’ mencionó, recordando la falta de presupuesto para las universidades nacionales, cuya marcha nacional tuvo lugar hace poco más de un mes. 

‘’Estamos todos esperando, expectantes, tratando de unificar nuestra demanda que es el aumento salarial para el trabajador de salud pero entendemos que en general la situación del trabajador estatal en esta provincia está siendo muy ajustada. Los compañeros manifiestan a cada momento el hecho de no poder afrontar con los gastos de alimentos, de servicios, de transportes’’ manifestó Rodríguez a ANCCOM

Mientras tanto, durante la madrugada se llegó a un acuerdo entre los policías y el gobierno provincial. Pudieron negociar un incremento salarial de 15.521 pesos que se le aplicará al básico a partir del mes de junio y se extenderá proporcionalmente a las demás jerarquías. 

El resto de los trabajadores que se encuentran reclamando, del área de salud y de la educación, siguen a la espera de algún tipo de solución y de respuesta por parte del gobierno durante el día de hoy sin dejar de  recalcar como un logro que, por primera vez, la problemática del trabajador cruzó la provincia de Misiones, pasando a que los reclamos sean escuchados en todo el país.

La crisis estalló en Misiones

La crisis estalló en Misiones

Docentes, policías y tafereros tienen en jaque a la provincia con paros, marchas y cortes de ruta. Los salarios por debajo de la línea de indigencia encendieron la mecha. El personal de la salud tomó el Ministerio. El Gobierno nacional se limitó a enviar gendarmes y prefectos.

La tensión en Misiones continúa y son cada vez más los sectores que salen a reclamar por mejoras salariales. La provincia es, hace ya varios días, el epicentro de una lucha social que se materializa a través de paros, marchas, cortes de ruta, y cánticos contra el gobierno. Hugo Passalacqua, el gobernador, no ofreció aún muchas respuestas y el Gobierno nacional se limitó a enviar efectivos de Gendarmería y Prefectura, mientras se desligó del asunto.

El lunes por la tarde, Udpm (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) y Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada) aceptaron el acuerdo ofrecido por el Gobierno que promedia entre el 23% y 50%, bastante por debajo del 100% exigido. Por ello, el resto de los gremios rechazaron la propuesta y continuaron con las protestas. El gobierno provincial se iba a reunir ayer por la tarde con quienes no la aceptaron pero, de manera unilateral, la administración suspendió la mesa de diálogo, empeorando la relación entre ambos. 

Un maestro misionero que recién comienza en la docencia percibe un sueldo aproximado de no más de 250.000 pesos, cifra que lo coloca por debajo de la línea de indigencia. Con el aumento prometido, esa situación no se modifica. 

La comunidad educativa viene con este reclamo hace ya varios meses, aunque estas últimas semanas escaló de manera exponencial. El pasado jueves cientos de ellos marcharon hacia la Legislatura e increparon a los diputados. Hubo forcejeos entre la policía y los maestros, quienes lograron frenar la sesión.

 El lunes por la tarde, luego de que trascendiera la noticia de que los sindicatos más allegados al poder habían pactado una cifra bastante por debajo de la reclamada, el resto de los gremios anunció un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo menos, por 48 horas. La medida, en algunos casos, se extendió hasta hoy y mañana. “Nosotros rechazamos la propuesta porque no soluciona nada. Hoy, la Policía se está levantando porque cobra 450.000 pesos y no les alcanza. Y esa misma cifra nos ofrecieron a nosotros. Es ridículo”, exclamó Rubén Ortíz, docente, historiador y Secretario General de MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación).

Durante el día de ayer, desde bien iniciada la mañana y hasta pasadas las 18, dos columnas educativas marcharon hacia el acceso este del puente, del lado de la localidad de Candelaria. Allí se concentraron miles de personas. Luego, muchos de ellos se sumaron al reclamo de las fuerzas de seguridad en el centro de Posadas. Es decir, lejos de imaginar un acuerdo, los diferentes sectores sociales comienzan a unirse y apoyarse entre ellos, logrando así una lucha colectiva que se observa a lo largo y ancho de la provincia. “La situación ha empeorado. En virtud de que la protesta ha crecido enormemente y hoy se puede decir que todo el territorio de la provincia está paralizada”, afirmó el referente de MPL.

Esta tarde, los maestros realizarán una marcha de antorchas en la ciudad de Posadas, en las avenidas Mitre y Uruguay, a pocos metros del despliegue de las fuerzas de seguridad que ya lleva cinco días de acampe. Por otro lado, mañana se unirán al paro nacional docente convocado por los gremios de la CGT, en defensa de la educación pública. Al respecto, Ortíz agrega: “Tenemos una sola universidad pública acá en el norte, la vamos a defender a muerte. Sobre nuestros cadáveres van a cerrarla. Nosotros estamos dispuestos a todo, esto no es solo por nuestros salarios”, sentenció. 

También la policía

Si bien fueron los docentes quienes tomaron la posta de este reclamo salarial, la noticia tomó impacto nacional cuando se unió un sector impensado: las fuerzas de seguridad. 

El viernes por la madrugada, un grupo de policías autoconvocados, activos y retirados, tomaron el Comando Radioeléctrico, en el centro de Posadas, y al menos siete patrulleros cortaron la avenida Uruguay. Al igual que los docentes, reclaman un incremento del 100% en sus haberes. El sueldo más básico de un policía en la provincia de Misiones no supera los 450.000 pesos, por lo tanto entra en la línea de pobreza ya que no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica.

Durante el fin de semana se especuló con un posible acuerdo entre las partes que, finalmente, no llegó a buen puerto. Según trascendió, la oferta fue del 15% contra el 100% reclamado.

La respuesta de Nación fue la creación de un Comité de Crisis, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el gobernador Passalacqua, para “aliviar” el descontento social. Además, la ministra decidió enviar más de 200 gendarmes a Misiones para hacerle frente a los uniformados que acampan y resisten en Posadas. De todas formas, se desligó de la problemática y resolvió que es la provincia quien debe solucionar el asunto. 

El domingo por la tarde, los efectivos se reunieron con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Ller, pero la negociación pasó a un cuarto intermedio. Hoy, miércoles, la situación sigue trabada. El Gobierno afirma haber ofrecido lo máximo posible, pero las fuerzas de seguridad continúan exigiendo, mínimamente, el doble. Además, la tensión crece por los patrulleros en la avenida principal, los policías se niegan a retirarse. Al contrario, son cada vez más, no solo de las fuerzas, sino de otros sectores. 

Por otro lado, también solicitaron una “amnistía” a los sancionados por las manifestaciones para evitar problemas a futuro. Fue en 2012 la última vez que las fuerzas de seguridad protagonizaron una situación similar. En ese entonces, arreglaron un acuerdo en los salarios y a los cinco meses comenzaron a separar a los efectivos que estuvieron involucrados. Esta vez, quieren evitar esa situación.

El fin de semana, además, se sumaron al reclamo los trabajadores de la salud. Al igual que docentes y fuerzas de seguridad, reclaman un 100% de recomposición salarial, mientras tanto los principales hospitales de la provincia se encuentran de paro desde el 18 de abril y, de momento, solo atienden emergencias.

Un trabajador del sistema de salud, con la categoría más baja, como un chófer de ambulancia o un trabajador de ordenanza, está cobrando hoy por hoy 373.000 pesos, un enfermero sin antigüedad 388.000 pesos y un médico 455.000 pesos. Todos, por debajo de la línea de pobreza.

Hasta ahora, las propuestas habían estado muy lejos de lo exigido: 16%, 20% y 22%. Pero, al contrario de lo que reclama la mayoría, muchos de los trabajadores de la salud se llevaron la sorpresa de que ayer por la tarde, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un acuerdo con el ministro de Salud, Héctor González, por un aumento del 18% para el mes de mayo, una suba del 10% al básico, y un 8% de equiparación salarial. Por eso, esta mañana decidieron instalar una carpa frente al Ministerio de Salud exigiendo respuestas. Una vez allí intentaron gestionar una reunión con las autoridades, pero la misma quedó trunca, generando aún más malestar. Ante esta situación decidieron ir más lejos e ingresar al edificio de manera pacífica. Allí permanecen, en la planta baja, reclamando que el Ministro los reciba. 

Uno de los sindicatos que lleva adelante esta ocupación es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Misiones. Jorge Duarte, su secretario adjunto, conversó con ANCCOM, desde la toma, y se manifestó al respecto: «Los salarios de los trabajadores de la salud están por debajo de la pobreza y no llegamos ni siquiera al día 10 de cada mes. Estamos cada vez más en un círculo vicioso de endeudamiento, gastando por adelantado nuestro salario”, indicó. 

Por el momento, Héctor González les pidió la entrega de un petitorio por escrito. Los gremios ya lo entregaron y ahora aguardan una reunión mañana a primera hora.

Mientras tanto, el referente de CTA Autónoma Misiones rescata la solidaridad del pueblo misionero que, a pesar de verse imposibilitado a realizar algunas de sus tareas diarias, constantemente se acerca a los centros de acampe con alimentos y palabras de aliento.

Por otro lado, rechaza de manera tajante el accionar del Gobierno nacional: «Nosotros repudiamos la decisión de la ministra Patricia Bullrich. Repudiamos la creación de un Comité de Crisis para enviar fuerzas federales para disciplinar la protesta social. Lo que nosotros creemos necesario es la creación de un comité para resolver los problemas sociales y salariales que estamos reclamando en estos momentos”, exclamó. Al mismo tiempo, disparó directamente contra Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, a quién acusó de recibir el dinero pero no repartirlo como corresponde. 

En cuanto a los yerbateros, la situación no parece tan fácil. Al contrario, parece venir de larga data. Rubén Ortíz (MPL), además de docente es historiador y afirmó al respecto: “El productor de la yerba mate hoy está al borde del hambre porque Milei abrió las importaciones”. Y agregó: “Lo que está reventando acá en nuestra zona, en el norte de la provincia, es que la pobreza nos ha castigado de manera tremenda. El extractivismo nos mató. El salario no es lo único a resolver”, finalizó, desnudando así una problemática aún más grande que la ya planteada.

«Más allá de las cataratas y la selva -describe Duarte-, en Misiones hay una población sumergida en la pobreza, en las necesidades, sin acceso a viviendas, agua potable y cloacas», la provincia del norte del país, famosa por su tierra colorada, hoy está paralizada y siendo observada por el resto del país por los reclamos salariales de los sectores que la mantienen en pie. Por su parte, tanto el Gobierno provincial como el nacional continúan mirando para otro lado.