Chubutazo

Chubutazo

En tan solo seis días, las movilizaciones populares de los vecinos y organizaciones sociales provinciales lograron que se derogue la ley que habilitaba la minería en el desierto patagónico.

La Legislatura de Chubut acaba de aprobar por decisión unánime la derogación de la ley XVII N° 149 de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de zonificación minera sancionada el pasado 15 de diciembre por este mismo cuerpo. El gobernador Mariano Arcioni había anunciado ayer su intención de derogar la ley y llamar a un plebiscito, luego de cinco días de lucha y movilización en la provincia de Chubut en rechazo por la sanción de la Ley XVII 149 de zonificación minera que acababa de ser aprobada por esta misma legislatura por 14 votos a favor y 11 en contra. Este proyecto de derogación se trató hoy en la legislatura junto con otros dos proyectos presentados por legisladores provinciales. La decisión del ejecutivo llegó de forma imprevista luego de que tres días antes Arcioni declarara que no retrocedería con la promulgación de la ley.

 El miércoles 15 de diciembre a última hora y de manera imprevista se trató y aprobó en la legislatura chubutense el proyecto de ley que disponía la zonificación de la provincia y autorizaba la radicación de proyectos mineros en la zona de la meseta central de la provincia, en los departamentos de Telsen y Gastre. Esto se desprendía de un artículo de la Ley Provincial 5001 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto y la utilización de cianuro, pero establece la posibilidad de determinar zonas que quedarían exceptuadas de esta regulación particular. “El problema es que esto abre las puertas a las grandes corporaciones mineras, cosa que hasta el momento no había ocurrido. Los chubutenses tenemos la certeza de que esto es el mascarón de proa, con esto entran a la provincia y ya después no los pueden frenar”, reconoció Marcos Ponce, vecino de la ciudad de Esquel, abogado y buzo profesional comprometido con la conservación del ambiente.

 Aprobado el proyecto en la Legislatura, el gobernador de Chubut promulgó la ley inmediatamente y la reacción de las asambleas y vecinos autoconvocados no se hizo esperar. “Sabíamos que estaba previsto que se tratara la ley el 16, pero la sacaron el día anterior. Ahí automáticamente se generó el movimiento espontáneo de la gente: en Rawson en Trelew, en Esquel y en otras localidades de la provincia, hasta en Comodoro hubo marchas de miles de personas”, relató Cristina Agüero, participante de la Asamblea de Esquel.

La movilización, de más de diez mil personas, se replicó durante los días siguientes en gran parte de las localidades. En las principales ciudades los incidentes y la represión fue desproporcionada. “Está toda la provincia movilizada. Desde la industria pesquera hasta la CTA. Esto no paró hasta la derogación y es lo que se pidió desde cada municipio”, continuó Cristina Agüero.

 La lucha, la declaración como personas no gratas en algunas localidades a los 14 legisladores que votaron a favor de la zonificación y la falta de apoyo de intendentes propiciaron la decisión que se conoció ayer de derogar la ley y la confirmación de hoy por medio de la Legislatura.

 En diálogo con ANCCOM, Javier Tolosano, biólogo docente investigador de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, reconoció: “Lo que se discute además de todas las consecuencias ambientales que puede traer la implementación de este proyecto, es la falta de acceso a la comunidad al proyecto en sí; la poca apertura que ha tenido el gobierno para exponer este proyecto en su totalidad y que la comunidad pueda visualizarlo”. Con este panorama, llama la atención y no genera demasiada confianza entre los asambleístas la idea de un plebiscito.

 “Considero particularmente que se debe dar un debate mucho más amplio sobre algunos de los recursos, principalmente sobre el agua. Nosotros como ciudadanos chubutenses muchas veces no disponemos del agua y se plantea un proyecto de desarrollo de megaminería en un contexto en el cual dos veces por semana nos la cortan; es algo casi provocador. Más allá de todos los problemas que genera la megaminería como actividad productiva, no hay una discusión seria sobre cómo utilizar el recurso agua en nuestra provincia: un lugar que por demás es árido, que tiene conflictos más incrementados por las consecuencias del cambio climático que están exacerbando esas dificultades del acceso al agua”, advirtió Tolosano. 

Ahora viene la lucha por la Ley de Envases

Ahora viene la lucha por la Ley de Envases

Por Delfina Villa

Fotografía: Guido Ieraci

Este jueves 28 de octubre, trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) realizaron una movilización para acompañar la presentación del proyecto de la Ley de Envases con Inclusión Social en la Cámara de Diputados. La marcha partió a las 10 de la mañana desde el Obelisco y concluyó en el Congreso de la Nación junto a un acto de cierre donde participaron dirigentes como Jacquelina Flores -cartonera, miembro del MTE y la CTEP-, María Castillo -directora de la Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, Sergio Sánchez -presidente de la FACCyR-, Juan Grabois -abogado y militante del MTE- y el ministro de Ambiente y Desarrollo  Sostenible, Juan Cabandié.

El proyecto de ley está basado en el principio de “responsabilidad extendida al productor” (REP), la cual plantea la obligación de los productores sobre el destino posconsumo de los envases que se introducen en el mercado nacional. Para ello, se propone la implementación de una tasa ambiental destinada a las empresas que los colocan en el mercado, beneficiando a aquellos productores que elijan utilizar materiales más fáciles de reciclar. Lo recaudado será destinado a la implementación de un Sistema de Reciclado con Inclusión Social que permitirá llevar adelante la recuperación de los envases para destinarlos nuevamente a la industria, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores cartoneros.

Desde el Ejecutivo habían anunciado que la ley se trataría en 2020. Pero aún no ocurrió.

Desde el Poder Ejecutivo se había determinado que la ley sería tratada en el mes de agosto del año 2020. Pero aún no pudo ser discutida dentro de la Cámara de Diputados. ‘’Nos pasa que en muchos municipios nos dicen ‘no hay plata’, ‘más adelante’ y la necesidad de nuestro sector ya viene atrasada hace tiempo’’, comentó Jonathan Castillo, presidente de la cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda y referente de la FACCyR. ‘’Nosotros necesitamos que nos entiendan, porque el reconocimiento de nuestros compañeros y la tarea viene atrasada hace años y siguen diciendo ‘vamos a esperar’. La misma burocracia de siempre. Tenemos que empezar a cortar con eso porque las necesidades de nuestros compañeros se tendrían que haber tratado antes. Yo estoy esperanzado que está ley que se presenta hoy se trate lo antes posible’’, agregó.

 La ley no solo es fundamental para el sector cartonero, sino también para la política ambiental del país. En Argentina el 35% de los residuos que se generan por día terminan en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición irregular, lo cual genera la liberación de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La implementación de la REP permitiría aumentar de manera significativa la cantidad de envases reciclados y la recuperación de los residuos. ‘’Se debería haber pensado antes en nuestra casa común, en el medio ambiente. Nosotros, lo que proyectamos, más allá del reconocimiento económico de todos nuestros compañeros, es el cuidado de nuestra casa común’, señaló Castillo.

 El reconocimiento del trabajo realizado por los trabajadores cartoneros sigue siendo una deuda pendiente. ‘’El sector cartonero estuvo siempre en la marginalidad, en la desigualdad y siempre es la lucha constante’’, expresó Brenda, coordinadora del turno mañana del predio Saavedra del MTE Rama Cartonera. La discusión de la ley significaría un avance en este reconocimiento, brindaría respuestas a sus reclamos y daría cuenta de todo su trabajo y crecimiento. ‘’Queremos el reconocimiento de que el laburo es tan digno como un recolector de basura o un barrendero’’, sostuvo Castillo.

La pandemia de covid-19 que se desató en el mes de marzo del año 2020 afectó duramente al trabajo que realizan los trabajadores cartoneros. ‘’ El ‘quedate en casa’ no es posible para un compañero porque nuestra fuente de trabajo está en la calle. Si el cartonero no sale a la calle no le alcanza, está muy por debajo de la canasta básica y se complica para saber si vas a comer o no vas a comer’, dijo Brenda.
Las malas condiciones laborales de los 150.000 cartoneros y cartoneras ya estaban presentes previamente al desarrollo de la pandemia. Muchos de ellos realizan su trabajo en basurales sin baño, sin agua y sin techo para cubrirse del sol o la lluvia. La imposición del aislamiento fue imposible de cumplir para el sector, por las tareas que realizan, lo que agudizó aún más la problemática. ‘’Tenemos dos realidades muy diferentes: un compañero independiente no ha podido comprar barbijos y lo único que podía hacer era ver si podía comer. Los compañeros que están organizados en una cooperativa tuvieron los insumos, pudieron quedarse en casa a hacer la cuarentena. El compañero independiente no podía quedarse en su casa, aún teniendo covid. Ni el Estado pudo garantizar muchas cuestiones necesarias’, manifestó Castillo.

1.340 puestos de trabajo

Con la implementación de la Ley de Envases con Inclusión Social se garantizaría la generación de puestos de trabajo calificados en recolección, clasificación y acondicionamiento de los reciclables. Se estima que cada $1000 millones recaudados podrían garantizarse 1.340 puestos de trabajo y se reforzaría el Sistema Local de Gestión de Residuos, mejorando las condiciones en las que cartoneros y cartoneras  llevan adelante su trabajo.

Una de cal y una de escombros

Una de cal y una de escombros

Es martes y hay que salir a trabajar. Agarrás las cosas y abrís la puerta. Afuera, el día está soleado, pero algo impide disfrutar. El barbijo no puede disimular el olor del aire. Sí, el aire tiene olor, olor a sucio, olor a polvo. El aire es turbio, impuro. Caminás una cuadra y tenés que frenar, pero no en una esquina. En la salida de una fábrica, aguardás para cruzar la entrada. Pasan uno, dos, tres camiones. Pasan los minutos y siguen saliendo camiones con volquetes vacíos, y entran otros con volquetes llenos; con escombros, con partes de autos desarmados, con maderas. Por fin cruzas, pero la música no se escucha, porque la avenida la transitan camiones pesados, hasta tractores. La vereda debería estar limpia, es primera hora de la mañana, pero donde sea que se mire hay basura: botellas, bolsas, papeles, lonas, metal. 

En Villa Soldati funciona, desde 2013, una planta de tratamiento de residuos áridos. Su objetivo es tratar los escombros que quedan de las construcciones para poder reutilizarlos en la misma industria. El problema es que, en el intento, provoca enfermedades, contaminación e insalubridad a los vecinos. “¿Qué dice el Gobierno del impacto ambiental? Que, de las paredes para adentro, todo funciona bien. La planta recicla, es el único centro de estas características, se reciben toneladas de basura. Eso está genial, el problema es que el centro de reciclaje está siendo beneficioso sólo para un sector”, explica Sabrina González, referente de la Comuna 8. La indignación va de la mano con la ironía de la situación: la planta es parte del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea cuadra en la filosofía de una economía circular, pero que hoy es más utópica que planificada. 

“Entran camiones con fardos de botellas de plástico, de bolsas, de cartón, de papel. Todo eso se desprende y queda en el suelo. A principios de 2020 nos habíamos sacado una foto para retratar lo que es estar acá, vivir entre polvillo, respirar tierra”, aclara González. Y amplía: “En realidad no es solo tierra, porque si fuera tierrita no pasa nada; es cal, cemento, polvo. Eso es lo que estamos respirando. El tema son las partículas que están en el aire, no solo la cantidad, sino la calidad, que generan conjuntivitis crónica, sarpullidos y hasta diagnósticos de cáncer”. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en que la planta no contamina, escudándose en los controles de calidad del aire realizados bajo su órbita. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, quiso relajar a los vecinos de Soldati: “Dijo que los niveles de contaminación estaban bien e incluso mejor de lo máximo posible. Que la planta no contaminaba. Pero cuando les preguntamos si mejorarían algo, nos dicen que sí, que van a levantar una construcción para evitar que pasen para afuera las partículas. Ahí se contradice un poco”, relatan Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y su asesor, Facundo Sanseverino. 

Sin embargo, a partir del inicio de la pandemia, todo empeoró y se hizo más notorio. “Cuando no había pandemia, nosotros vivíamos acá, pero nos íbamos a trabajar, a lo de un amigo, a llevar los chicos al colegio, estábamos todo el tiempo en movimiento. Teníamos alergias y demás, pero parecían hasta leves”, cuenta Sabrina González. No obstante, el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020 fue un punto de quiebre. “Cuando arrancó el aislamiento y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas las 24 horas del día, fue un horror. Nos recomendaban tener las ventanas abiertas para ventilar y porque necesitábamos oxígeno, pero era imposible: teníamos arenilla en la garganta, respirábamos mal y los vidrios se llenaban de polvo enseguida”, continúa. 

La planta de áridos se mantuvo cerrada tan solo tres días en el comienzo de las medidas preventivas implementadas por el gobierno. Las quejas del conjunto de vecinos y la falta de respuestas por parte de las autoridades los obligó a hacerse cargo de la situación. “La Mesa Ambiental de la Comuna 8 nació en 2019 acá en Soldati. No sabíamos si la gente iba a ir y fuimos 60 en total, lo cual ya nos dio un parámetro de que había un montón de laburo para hacer. Está conformada por tres organizaciones sociales y políticas, por vecinos y vecinas y por la Junta Comunal. Necesitábamos que empezara a circular la información entre los vecinos y así empezamos con los conversatorios”, relata González. 

La referente de la Comuna 8 recuerda los sucesos del día en que la planta de áridos volvió a abrir en plano ASPO: “Ese viernes nos empezaron a llegar fotos y videos a los representantes de la Mesa Ambiental, mostrando que estaba funcionando y no lo podíamos creer. Ahí decidimos venir hasta la puerta como medida de reclamo”, pero la medida se convirtió en pesadilla. Un grupo de volqueteros llegó a la planta y, luego de pedirle a la policía, que había arribado hacía instantes al lugar, que se corra, colocaron los volquetes en el portón de entrada al predio, dejando encerrados a los manifestantes entre este y la puerta de entrada a la planta. “Seis horas nos dejaron encerrados, mientras nos amedrentaban y nos tiraban piedras, muchos de ellos querían confrontación”, describe Sabrina González, todavía con un tono de asombro. Este suceso generó que, luego de una reunión entre el Ministerio de Desarrollo y la Junta Comunal, se pactara el cierre provisorio de la planta. Cierre que duró tan solo un mes, ya que posteriormente comenzó su reapertura paulatina hasta llegar a su funcionamiento habitual: todos los días, excepto domingos y feriados. 

Justamente, lo que no quieren los representantes vecinales es confrontación. “Nosotros no queremos sacarle el trabajo a nadie, ni que la planta desaparezca. Solo pedimos su traslado a un lugar donde no habite tanta gente”, comenta Fidelia Cruz, integrante de la Mesa Ambiental Vecinal de Soldati, que es un barrio y, como todo barrio, se conocen entre todos, incluso con algunos de los volqueteros. “En el reclamo de principios de la pandemia, muchos volqueteros que nosotros conocemos, venían por lo bajo y nos decían que a ellos tampoco les conviene que la planta esté acá, porque tienen que bajar de la autopista a 20 y cualquier cosa que se te cruce provoca un accidente. El problema es que no pueden hacer mucho porque son empleados y no quieren perder su trabajo. Son nuestros vecinos, no hay por qué tener conflictos entre nosotros porque el Estado tiene que estar por sobre todos”, amplía González, mientras un tractor avanza por la calle Martiniano Chilavert y provoca que tenga que elevar su voz para ser escuchada. 

En relación con la cuestión ambiental, se entrelaza la justicia social. El barbijo de Nicolás Meza, integrante de la Mesa Ambiental, dice “ecologismo popular”, en verde y mayúsculas. Y afirma: “La falta de justicia social es lo que nos lleva a discutir las problemáticas que venimos padeciendo a nivel estructural con respecto a la injusticia ambiental”. En la Ciudad de Buenos Aires, las leyes de Educación Ambiental y de Basura Cero están vigentes, pero no se cumplen. “Acá la mirada está normalizada. Los chicos salen del polo educativo y del deportivo y ven toda esta mugre. ¿Qué te va a importar tirar tu papelito del chicle, si ahí hay una bolsa y un cartón?”, comparte González, decepcionada. “Mientras, ellos hacen visitas guiadas a la planta. La ciudad verde que están proyectando, a nosotros nos deja afuera”. 

Pero Laura Velasco reivindica el trabajo de los vecinos y el concepto de ecologismo popular: “El tema ambiental se suele vincular con los sectores medios, pero la falta de espacios verdes y la contaminación del suelo, agua y aire afecta, sobre todo, a los barrios populares. Está buenísimo el proceso de organización de los vecinos. Entendemos la salida por ese lado: que ellos sean quienes traigan su voz para hacer la denuncia, pero que también puedan traer propuestas de gestión comunitaria de las que sean parte”. 

Velasco presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad. Todavía no hubo respuesta. A su vez, los vecinos avanzan en la presentación de un recurso de amparo por la planta. González nos demuestra que el objetivo final es realmente la reubicación de la planta, nunca en contra de lo ambiental ni de los trabajadores: “El centro de reciclaje es buenísimo. Sabemos cuánta plata hay en estos espacios donde llega la basura, muchos de nuestros vecinos tiran del carro. Sabemos lo que es, no estamos en contra del reciclaje porque somos eso, esencialmente está en nuestra sangre”.

«El capitalismo es parte del problema, no de la solución»

«El capitalismo es parte del problema, no de la solución»

El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.

Con testimonios de científicos del CONICET, de la NASA –entrevistados en el Centro Espacial Goddard–, intelectuales, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país afectados por el cambio climático, el filme se presentará por streaming este sábado 5 de junio a las 20 con acceso gratuito. Antes del estreno, Federovisky mantuvo una charla con ANCCOM y contó sobre su motivación a la hora de producirlo, su postura frente a la crisis ambiental y el rol que deben tomar los Estados frente a ella.

¿Cómo surgió la idea del documental?

Como una especie de continuidad, o si se quiere, de conclusión de mi trabajo de más de 30 años en la gráfica, en los medios audiovisuales y en la televisión. Entendí que tenía que dejar algo más cristalizado que permitiera en una pieza única mostrar cuál era mi pensamiento respecto de la crisis ambiental, pero también acerca de las políticas públicas y de los desafíos políticos que surgen a partir de esa cuestión, básicamente en la Argentina, pero con ramificaciones a toda la agenda ambiental, que está “semi instalada” hoy.

¿Qué ocurriría si llegamos al Punto de No Retorno?

Traspasado ese umbral no va a ser posible volver a la situación anterior, al menos no en materia de equilibrio climático. Pero no sabemos cómo va a ser si se llega a un equilibrio futuro. El gran problema que abre el Punto de No Retorno no es tanto aquello a lo que no vamos a poder volver, sino la incógnita de cómo va a ser ese mundo futuro. Por eso lo que sostengo en el documental es que no es el fin del mundo, no va a estallar y desaparecer, sino que va a ser distinto. Seguramente más desigual, con más desequilibrios ambientales y con mayor deterioro ecológico, pero no sabemos cómo va a ser, y esta angustia colectiva es la que nos promueve hoy a no traspasarlo.

¿La pandemia podría convertirse en ese punto?

Podría, en sí misma, convertirse en un Punto de No Retorno, o en todo caso en una bisagra a partir de la cual la situación no será igual a la anterior. Por eso hablamos hoy incipientemente de una nueva normalidad, porque la que conocíamos será muy difícil de recuperar. En la propia idea de la pandemia está inserto el deterioro ambiental, porque emerge de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. No es una casualidad histórica, no es fruto de algo imposible de prever o prevenir, sino que es consecuencia directa de ese mal funcionamiento que, a lo largo de los últimos 200 años –pero principalmente los últimos 50–, ha tenido la sociedad con el medio natural.

¿Su advenimiento funcionó como un disparador para la toma de conciencia ambiental?

Probablemente lo ambiental está más en agenda a partir de la pandemia. Sin embargo, no lo está en el sentido de disparar la necesidad de tener políticas públicas contundentes y persistentes en el tiempo, no sólo a nivel nacional, sino también global. Además, no me parece que el gran problema radique en la falta de conciencia. Por lo contrario, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo de la conciencia y esto no ha sido verificado en resultados concretos para detener el empeoramiento de los indicadores ambientales. Seguir insistiendo en que el problema ambiental es consecuencia de la falta de conciencia individual o colectiva, me da la sensación que es menospreciar la ausencia de políticas públicas, de decisiones concretas que modifiquen el modelo económico, productivo y de consumo imperante en el planeta, que es básicamente la causa de los problemas ambientales.

¿Qué pasa con la dicotomía entre habitabilidad del planeta e intereses económicos?

Esta dicotomía es la opción de hierro que tenemos. De acuerdo a cómo se resuelva, será el futuro del planeta o por lo menos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Claramente, esa está siendo resuelta a favor de los intereses del mercado. El propio Papa Francisco, en la Encíclica Laudato sí, afirma que un bien común como la naturaleza no puede quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. De ahí que aquella dicotomía difícilmente se resuelva por decreto. Hay que desarrollar políticas públicas que empiecen a morigerar esa situación o, al menos, a quebrar la tendencia. Ahora, cuál es el futuro del capitalismo en ese asunto… el capitalismo es parte del problema, no es parte de la solución.

¿Qué rol deberían cumplir los Estados?

Es crucial en tanto y en cuanto son los que tienen las herramientas para empezar a modificar los patrones de consumo, de explotación de los recursos naturales, los mecanismos de producción de energía, y tienen también los resortes esenciales, a través de dispositivos conocidos históricamente como políticas públicas, para derivar en cambios de conductas colectivas. El problema no es la suma de las conductas o conciencias individuales, porque eso jamás daría como resultado el cambio de una conciencia colectiva. Los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. En eso han fallado los Estados en los últimos 30 años. Desde que en la Eco 92 de Río de Janeiro se propusieron instaurar cambios en la agenda política internacional, a partir de convenciones como la del Cambio Climático y la de Biodiversidad y 30 años después sólo vemos empeoramientos en todos los indicadores ambientales.

¿El Gobierno nacional entiende la importancia de estas problemáticas?

Mi respuesta anterior cabe también para el Estado en la Argentina. Aún no se ha entendido la necesidad de tener esas políticas públicas, más allá de que ha habido avances indiscutibles. Y la conformación de un Ministerio de Ambiente (antes Secretaría) al menos refleja, desde lo simbólico, la reacción positiva a la demanda que hoy tiene tanto el deterioro ambiental como la propia sociedad ante eso.

¿La flamante Ley de Educación Ambiental puede aportar a este proceso?

Por supuesto. Es una respuesta positiva a la necesidad de desarrollar mayores políticas de concientización de la sociedad. Pero no podemos descansar o suponer que esta concientización es condición suficiente. Es necesaria, pero la condición suficiente la van a conformar las políticas públicas que hagan operativa esa conciencia individual y colectiva.