Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
En Argentina, por cada peso que se invierte en el cuidado ambiental, se destinan veinte pesos hacia los sectores que colaboran con su degradación. Esa es una de las conclusiones que se desprende del análisis del presupuesto nacional para medio ambiente, según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización y otras entidades del sector social concuerdan en destacar lo poco que invierte el Estado nacional en ese área.
“Este trabajo llegó para quedarse, hace rato”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN. El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen. “En el último tiempo hay medidas de ajustes que no procuran la conservación del ambiente, sino que buscan posicionar a la economía en lugares que fomentan energías que no son consideradas limpias. Por ejemplo, hay presupuesto creciente para el sector de la minería, pero no para remediar los efectos vinculados a esta actividad”, explica.
En el documento se detalla que este año se aplicaron un millón 700 mil pesos para detectar los glaciares que no se pueden usar para evitar su degradación, mientras que el monto para la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales es muy superior. Así, por cada peso a la ley que los protege, se destinan 66 al mapeo minero. Ocurre algo similar en el sector energético: por cada peso que se asigna a energías renovables o eficientes, hay 61 pesos que subsidian los combustibles fósiles.
El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen.
El informe también analiza las partidas presupuestarias a la Ley de Bosques: “Sólo se le dio el 0,02% del presupuesto nacional, cuando en realidad debería tener al menos 0,3%. Es decir, se lo constituyó con solo un 5% del fondo que debería tener según ley”, enfatiza Di Paola. Sobre este ítem, Darío Rodríguez, coordinador del Banco de Bosques, consideró que si bien esta ley generó una baja en la tasa de deforestación, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo. “Se ha deforestado más del 70% de las áreas boscosas. Las penas que se adjudican son mucho menores a la ganancia que le representa a los dueños de estas tierras explotarlas. Además, es muy poco lo que se destina al control. Desde la sanción de la ley se estima la pérdida de 750 mil hectáreas de bosque de forma ilegal”, expresa.
Sobre las causas principales de esta política, Rodríguez afirma: “Quiero creer que es más porque nuestros gobernantes no saben todo el mal que están haciendo. Pero es innegable que el lobby que hacen las empresas que se dedican a la compra de tierras para su deforestación es y siempre ha sido muy fuerte. Los beneficios económicos a corto plazo, en un país como el nuestro, siempre parecen ser una buena idea para el gobierno de turno, pero a nivel local los niveles de pobreza aumentan, así como las enfermedades y los desastres ‘naturales’”. El directivo de Banco de Bosques agrega: “Todavía persiste la idea de que para producir, generar empleo y ‘progresar’, hay que hacerlo destruyendo nuestros recursos naturales”.
Contaminación del Río Reconquista
Por su parte, Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la cuenca del Río Luján, explica: “Hay algunas áreas donde directamente están vacías, como en la Organización para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no tiene gente ni presupuesto y es la encargada de realizar controles de contaminación y las habilitaciones de las urbanizaciones cerradas”, declara. Según dice, lo mismo ocurre con el plan de obra sobre el Río Luján. “Van a destruirlo, quieren rectificarlo en 48 km. Todas estas acciones deberían estar controladas por la OPDS y lo que sucede es que el Ministerio de Infraestructura es el que realmente tiene el poder y la OPDS queda subordinada a él”, revela. Desde la Plataforma denuncian que el ensanche del río borra los meandros -curvas y contracurvas- propios del ecosistema, quedando rectos y dando como resultado la poca infiltración del agua hacia las napas subterráneas que proveen el agua potable. “Esta gente ve a los ríos como caños y si las lluvias son muy intensas, se desborda a una velocidad impresionante que puede arrasar con lo que encuentra, ya no van a estar las curvas”, expresa.
Abr 25, 2018 | Comunidad, Novedades
Este jueves la Legislatura porteña tratará el proyecto para modificar la Ley 1854, más conocida como Ley Basura Cero. Los cambios apuntan a permitir la instalación de plantas de incineración de residuos, algo no contemplado en la normativa vigente.
La ley sancionada en el año 2005 buscaba reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales. Dentro de sus objetivos se encontraba disminuir la cantidad de desechos depositados en los rellenos sanitarios a un 75 por ciento para el 2017 pero apenas se llegó a 30 por ciento. No habiendo podido cumplir con la meta, y frente al inminente colapso de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), se busca instalar plantas de termovaloración eléctrica para transformar la basura en energía eléctrica, tal como se usa en algunas partes de Europa.
El CEAMSE se encuentra al borde del colapso.
El proyecto de incinerar los residuos provocó el rechazo de organizaciones ambientalistas como la Coalición Ciudadana Anti.Incineración, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras, que no ven ningún punto positivo en la propuesta.
En diálogo con ANCCOM, Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace, dijo: “La Ley de Basura Cero se propone reducir los residuos que se entierran en el conurbano bonaerense hasta llegar a un punto cero. Una reducción paulatina a través del sistema integral que vaya permitiendo esta reducción año tras año. Este sistema está basado en la separación desde el origen: una fuerte industria del reciclado, un tratamiento serio de la basura orgánica y políticas de responsabilidad extendida al productor. Es decir, los que producen aparatos eléctricos tienen que hacerse cargo de ellos una vez terminada su vida útil, debido a su toxicidad”. Salas plantea que todos estos pasos llevarían, en un futuro, a dejar de enterrar en el conurbano: “Pero lamentablemente ninguno de estos pasos se fue cumpliendo por parte del Gobierno. El problema de la basura es serio”, alertó.
Salas explicó también que el proyecto de incineración que intentan vender bajo el concepto de termovalorización no hace más que sepultar la ley Basura Cero, ya que es la misma ley la que prohíbe la incineración de residuos en la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto sea reducido en un 75 por ciento la basura que se genera. “Lo cierto es que quemar basura atenta contra este proyecto integral, atenta contra 150 mil familias que se sustentan gracias a la recuperación de residuos urbanos. Atenta contra el reciclado”, denunció Salas y agregó: “Quemar basura es contaminar más el aire de la ciudad porque las chimeneas y los filtros que se aplicarían a las fábricas no evitarían la emanación de sustancias cancerígenas en la atmósfera. Significa generar cenizas tóxicas y hoy no hay tratamiento para este tipo de sustancias peligrosas en la ciudad”. Para Salas la termovalorización es un engaño del Gobierno: “Nos venden que es la última tecnología que se lleva adelante en países de Europa, pero cada planta que se pretende instalar tiene un costo de 500 millones de dólares, que son 10 años de presupuesto de reciclado en la ciudad. Es una tecnología que demanda controles que hoy son difíciles de llevar a cabo en la Argentina. Es un tema ambiental y social complicado. Hay mucho silencio, no se sabe ni dónde se van a construir las plantas”.
«Quemar basura es atentar contra el reciclado», dice Diego Salas, de Greenpeace.
Yanina Rullo, integrante del FARN, habló del proyecto: “La incineración con recuperación de energía va a contramano de un manejo sustentable de los recursos. No es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”. Rullo describe que si bien los países europeos han incorporado plantas de termovalorizacion cada vez más sofisticadas, que tienden a bajar el nivel de sus emisiones; no ocurre lo mismo en países en vías de desarrollo donde se ha comprobado que los sistemas de monitoreo y control de estas plantas no pueden costearse ni operarse. “Argentina, a diferencia de Europa, es un país que tiene una escasa normativa respecto a residuos sólidos urbanos”, explicó. Rullo afirma también que quieren instalar las plantas con la excusa de la crisis energética: “La generación de energía con incineración es la forma más cara, incluso que la energía solar, fotovoltaica o eólica Además, destruye fuentes de trabajo. Mientras que la industria del reciclado emplea 93 personas cada 10 mil toneladas tratadas, en una planta de incineración se emplea solo a una persona”, recalca la ambientalista.
La incineración generaría contaminación y pérdida de trabajo para los recicladores urbanos.
Por otro lado, Natalia Cruz integrante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del proyecto valoración energética de los residuos sólidos urbanos (VERSU) cuestiona la desinformación provocada por el Gobierno: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo una experiencia muy mala con la quema de residuos, se hacía en edificios y no se controlaba, de ahí que haya mucho miedo a quemar basura. La incineración no necesariamente sea mala, sino los intereses, la desinformación, y cómo el negocio de unos pocos nos puede afectar a todos”, explica y reclama: “Nos tiene que decir cómo lo van hacer, qué impacto ambiental va a tener, dar datos. Ahí es donde se tiene que enfocar el debate. Las tecnologías tienen ventajas y desventajas, eso dependerá del contexto en el cual se apliquen, quemar residuos para obtener energía es una tecnología más. En Noruega, Suecia y Dinamarca está socialmente aceptado, ellos valorizan energéticamente su basura y hasta importan residuos de otros países para sacar energía eléctrica. Pero lo acompañan con una legislación muy estricta, que sabemos que en Argentina no ocurre. Si esta tecnología se hace bien puede incluso ser beneficiosa, porque disminuimos el volumen de los residuos que es el principal problema del CEAMSE y de paso sacamos electricidad”.
Natalia Cruz, de INTI, cree que falta información acerca de la incineración de residuos
El problema está, afirma Cruz, en lo que no nos está diciendo el Gobierno de la Ciudad, cómo se va a llevar a cabo el proyecto. “Deberían mostrar estudios de impacto ambiental, cómo van a medir los gases que se emiten, quién va a participar del asesoramiento técnico para implementar esta tecnología. Hay que enfocarse en cómo se va a implementar más que atacar a la tecnología en sí, porque ya es una tecnología que está probada. La experiencia europea indica que es factible, pero la realidad argentina no es la realidad europea. Ésta debe estar acompañada con una muy fuerte campaña de lo que es la reducción en la generación de residuos, en la reutilización de los residuos, en el reciclado, pero en nuestro contexto no se da. Hay que ver políticas previas antes de quemar residuos”, concluyó.
Oct 11, 2017 | Comunidad, inicio
Vecinos de Laferrere rechazan la instalación de una subestación eléctrica por parte de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) y el establecimiento de un basurero municipal, ambos en el ex Aeroclub Argentino en el kilómetro 24.700 de la Ruta 3, en Gregorio de Laferrere, por considerarlos contaminantes. Cansados de reclamar y pedir explicaciones a la Municipalidad, al ENRE, a EDENOR y al Gobierno bonaerense, los vecinos comenzaron a actuar. Hace una semana realizaron la tercera jornada de trabajo voluntario, en la que cortaron el pasto, llevaron a cabo la limpieza del predio y plantaron árboles. “Estamos en la búsqueda de la familia a la que le expropiaron los terrenos del aeroclub, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque ya tenemos el basural y la subestación en puerta. Si no defendemos el espacio y no nos defendemos a nosotros mismos, nadie lo hará”, dijo Daniel Toro, vecino de Laferrere y principal organizador de la lucha contra la subestación eléctrica y el basural municipal. Aún no han concretado medidas legales, pero ya han contactado un abogado para asesorarse.
Múltiples intereses
El predio cuenta con 84 hectáreas y está delimitado por la avenida Juan Manuel de Rosas, y las calles 3 Cruces, Voissin y Estanislao de Campo. En el terreno funcionaba el Aeroclub Argentino -fundado en 1908 por Jorge Newbery y Aarón de Anchorena-, la primera institución aérea del país y la tercera en el mundo. En 2005 fue declarado de Interés Histórico Testimonial e incorporado al Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. A partir de 2012 la institución dejó de funcionar en Laferrere debido a las obras del hospital Materno Infantil emplazadas en medio de las pistas de despegue y aterrizaje, luego de que las tierras fueran cedidas por la presidenta del aeroclub María del Pilar Rolandelli. Esto pudo suceder tras la modificación de la Ley 13393 que lo declaraba como bien de interés histórico testimonial y la incorporación de la ley 14675: “Este proyecto de ley tiene por objeto delimitar la superficie correspondiente al patrimonio histórico con el objetivo de que el Estado pueda disponer de esas tierras para su uso productivo; a los fines de dar cumplimiento efectivo de los principales objetivos que alientan la función pública, máxime ante la creciente escasez de tierras producto de la urbanización y crecimiento demográfico, la necesidad de generar nuevos espacios públicos, deportivos, educativos, de salud y de crear las condiciones que permitan dar soluciones habitacionales acordes que reclama la sociedad, principalmente en el marco del programa PRO.CRE.AR es que se hace imprescindible el uso racional de tierras ociosas, dándole a las mismas una nueva utilidad a fin de responder a las necesidades actuales”.
Actualmente, una oficina del Aeroclub Argentino funciona en el Municipio de Morón, en la VII Brigada Aérea. Daniel Toro explicó a ANCCOM: “La gestión anterior lo que hizo fue destruir la política de los aeroclubes. Hoy en día el predio del aeroclub es tierra de nadie. Hace un año y nueve meses que se instalaron los de Metrobus con oficinas de logística e ingeniería. La obra ya terminó, pero todavía no las sacaron. No sabemos si van a quedar permanente. También está el sindicato de UOCRA metido ahí. Por su parte, el municipio copó el hangar central de hormigón con el plan PROCREAR. La torre y la confitería también fueron subcontratadas por un empresario”. Lo que queda del Aeroclub Argentino son solamente hangares en desuso y dos carteles oxidados enganchados a la tranquera que da acceso al predio en los que apenas se puede leer: “Aeroclub Argentino” y “Fuerza Área Argentina”. Una gran meseta, de aproximadamente dos metros de altura, irrumpe el llano del terreno: es el relleno artificial que EDENOR realizó para la futura subestación eléctrica. En frente, un “paredón” formado con separadores de ruta, sobrantes de las obras del Metrobus. “Apilaron en forma de L los pilotes para impedir la visualización de lo que se estaba haciendo en el terreno. No hay vista ocular desde Ruta 3. La única forma de ver algo fuera del terreno es desde el puente peatonal”, describió Toro. Alrededor del paredón todavía hay algunos montículos de basura que no han sido retirados.
EDENOR rellenó el terreno para la futura construcción de la subestación eléctrica
Meses atrás, un sector del ex Aeroclub funcionó como centro de transferencia de residuos, es decir que la basura se acopiaba allí y luego era recogida por camiones de la empresa Martín y Martín -del Municipio- para ser relocalizados en el Ceamse. “Nos llevó dos meses de reclamos que sacaran la basura, nos tuvimos que quejar incontables veces con el municipio para lograrlo. El problema que tenemos ahora es que aparecen camiones de otros lados a tirar su basura y coches particulares también. La intencionalidad es degradar el lugar y que eso le dé el terreno propicio para que se construya la subestación”, conjeturó Toro. En la misma línea, Carlos Alberto Carabajal vecino de Laferrere desde hace 39 años, agregó: “Tiran basura para que después el predio valga dos pesos, pero a nosotros nos costó y a nuestros antepasados también. Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuál es el sentido de que a los chicos les enseñen sobre ecología, sobre salud y después pase esto. Nos encontramos a esta altura de nuestra vida con la dignidad empobrecida por toda esta situación. Nos van a matar a todos. Nadie nos cuida, la Municipalidad no vela por nosotros porque tranza. Trabajé toda mi vida, fui maquinista del tren Belgrano, ahora quiero vivir el resto de mi vida tranquilo, pero qué descanso puedo tener con lo que está pasando. Quiero un espacio verde para que pulule la vida, no la mugre, la contaminación y las enfermedades”.
En abril del 2016 EDENOR presentó una solicitud para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en la que formuló: “El objetivo de la nueva obra es el garantizar el suministro en condiciones adecuadas a la calidad de servicio de los clientes existentes y futuros de las localidades de Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, González Catán e Isidro Casanova. Ésta obra permitirá garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al emprendimiento habitacional “Laferrere” en el marco del plan PROCREAR BICENTENARIO financiado por la Administración Nacional de Seguridad Social y al nuevo Hospital Materno Infantil de Laferrere”. Según la resolución del ENRE 0123/2016, la empresa EDENOR expuso un Memorándum del Departamento Ambiental (D.AMB) Nº 289/2015 por el cual se manifestó que no han sido advertidas cuestiones que deban ser observadas por su parte. Además, contaría con la constancia de solicitud de habilitación o autorización ambiental ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires.
Toro habló de las irregularidades con que se llevó acabo el planeamiento y el comienzo de las obras: “Se movieron de manera clandestina e ilegal. Nos enteramos de casualidad, no llamaron a audiencia pública ni nada. Noté que algo raro estaba sucediendo cuando vi a un camionero estacionando en la tranquera del predio y me acerqué para preguntarle qué iban a hacer ahí. Ellos edulcoraban la realidad diciendo que querían hacer un centro de energía. Algunos días después decidí entrar y vi gente de la constructora Calera Ezeiza, que ya había hecho una subestación en Cañuelas, y les empecé a preguntar para quién estaban trabajando, sin conseguir respuesta. Luego de insistir, me dijeron que iba a venir gente de EDENOR para ver el terreno”. Daniel cuenta que el día en que se presentaron los empleados volvió a preguntar si allí harían una subestación y no lo negaron. “Hasta ese momento no teníamos ningún tipo de documentación. No había carteles que anunciasen las obras ni había sido publicado en ningún medio. Tenemos un abogado de nuestro barrio que elegimos para que nos defienda e ingresó a la página del ENRE. A través de él nos enteramos que desde el 2015 tienen estos planes. Además, ya habían sido autorizados por el ENRE, OPDS y el Departamento de Seguridad Pública. Esto no hubiese pasado si hubiéramos conocido sus intenciones”.
Johanna Pedroza, vecina del barrio de Laferrere.
Johana Pedroza de 33 años, vecina de hace 14 años del barrio y esposa de Daniel Toro agregó: “Con mi marido empezamos a ver que se acercaban camiones a tirar basura al predio lo que nos alertó de la situación. Nos confirmaron que efectivamente iban a poner una subestación porque Daniel los vio midiendo los cables de la ruta y les preguntó al respecto. Inmediatamente se lo planteamos a los vecinos y comenzamos a hacer reuniones para decidir entre todos los pasos a seguir. Firmamos un petitorio porque la situación nos superaba, ya habían hecho el relleno indiscriminado de tierras para los cimientos de la subestación y estaban colocando alambrado para limitarnos el acceso”. Alberto Guerra tiene 72 años y desde hace 58 años vive en el barrio, a una cuadra del ex Aeroclub, y desde allí no veía el basural. “Estaba todo tan bien escondido que me tuve que enterar por Daniel”, recordó Guerra.
Según el expediente, correspondía publicar las futuras obras durante cinco días en el portal de Internet del ENRE y solicitar igual publicación en el portal de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), como así también en un diario de amplia difusión de Laferrere durante dos días. El expediente agrega que se otorgó un plazo de diez días desde la última publicación, para que quien considerase que la obra pudiere afectarlo, en cuanto a las prestaciones o sus intereses económicos, planteara su oposición fundada al Ente Regulador. En caso de que la oposición planteada fuese común a otros usuarios se convocaría a una Audiencia Pública. Pero no hubo difusión y tampoco Audiencia Pública.
EDENOR sostiene que la subestación no contamina ni genera enfermedades, escudándose en la aprobación de las obras por parte del Departamento de Seguridad Pública. Los vecinos de Laferrere no creen que esto sea cierto. “Nos interiorizamos bien con un informe de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) que incluye un estudio epidemiológico del 2014 sobre la subestación del barrio Sobral, Ezpeleta”, explicó Toro. Según el estudio, a alrededor de 450 metros de la subestación se encontraron 170 muertes relacionadas a la contaminación electromagnética, como niños con leucemia y malformaciones en los fetos. “La subestación, por la contaminación electromagnética multiplica por seis la probabilidad de morir de cáncer y por tres la de sufrir enfermedades mentales. El 58 por ciento de las muertes en el barrio fueron por cáncer”, citó Miguel Betancur, ingeniero agrónomo y habitante de Laferrere, a partir del estudio de la UNLP. “Empezamos a leer al respecto cuando quisieron colocar un transformador de 800 KVA entre Montgolfier y Soldado Sosa, enfrente de un jardín de infantes, la sala de primeros auxilios y la Sociedad de Fomento 25 de Mayo. Desde ese episodio nos informamos y concientizamos bastante sobre la contaminación electromagnética. Estudiamos bien el caso y presentamos notas para impedir que se avanzara con la instalación. Finalmente, pudimos evitar que colocaran el transformador. Por eso, cuando vimos lo que estaba sucediendo en el Aeroclub, los vecinos no dudamos en hacerle frente a EDENOR”, dijo Toro con voz firme.
Según el testimonio de varios vecinos hubo episodios violentos cuando quisieron desalojar a los constructores que había contratado EDENOR. “Los tipos se querían imponer, tuvimos que venir con treinta vecinos para sacarlos, no se fueron por la vía pacífica. Al día siguiente de la primera reunión, el 15 de junio, los vecinos frenamos la obra. El 16 volvimos al predio y ésta vez la situación se tornó violenta. Me amenazaron con una pala teniendo a mi hijo de 4 años en brazos. Vinieron los abogados de EDENOR y blanquearon que se iba hacer una subestación, pero que era mentira que contaminara, que no teníamos por qué tener miedo. Nosotros les dijimos que no la queríamos. El 17 y el 18 nos presentamos nuevamente en el terreno e hicimos una vigilia. El 19 ya no volvieron”, relata la pequeña victoria. Luego del desalojo los vecinos llamaron a Protección Ciudadana, pero no obtuvieron respuesta. Consiguieron hablar con el delegado municipal, Daniel Videla, quien les dijo que no sabía nada de la construcción y que esa obra corría por iniciativa del Gobierno nacional. El 10 de julio, Videla organizó una reunión con EDENOR, a la que según los vecinos asistieron punteros políticos que se expresaron a favor de la subestación, con el argumento del progreso para el barrio, pero ellos les advirtieron que solo se trataba de un progreso para el bolsillo de los empresarios. “Le dejamos un petitorio firmado por los vecinos en contra de la subestación y luego nos retiramos, ya que no era una Audiencia Pública. Al ENRE, a María Eugenia Vidal y a la intendenta Verónica Magario, también les hicimos llegar el petitorio”, repasa. A finales de julio, el ENRE respondió que la obra se iba a continuar porque no contamina, que está dentro de los parámetros normales.
Rogelio Cardoso Villa tiene 78 años, vive desde hace 30 años en Laferrere y está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para defender su barrio. Contó que vino desde Bolivia cuando era muy joven para trabajar en la construcción. “Yo hice hasta segundo grado de la primaria. Por eso cuando tuve hijos mi objetivo era que ellos estudiaran y lo cumplí. Durante toda mi vida intenté mejorar el barrio junto a todos. Me llamó la atención cuando vi el avance de la obra desde adentro, porque desde afuera no se veía nada. Enseguida me puse en campaña junto al resto de los vecinos y mis hijos también se pusieron al servicio de la causa. Esto no solo trae problemas de salud sino que afecta en la economía de la población de Laferrere y propicia la estigmatización social”, denunció Villa. Por su parte, Cervino Effting de 69 años y con 22 años viviendo en el barrio declaró: “Cuando me enteré me dio bronca y enseguida me uní al reclamo de los vecinos, porque no es bueno para la gente. Hace un par de años esto era todo verde, ahora es un basural. Además de contaminar, le da un mal aspecto al barrio”. En la misma línea, Roberto Forales, de 80 años, y con más de 40 en el barrio contó que se enteró por los volantes que hizo circular Daniel e inmediatamente se involucró participando de las reuniones.
«Tiran basura para que después el predio valga dos pesos», dice Carlos Carbajal.
“La idea es eliminar el proyecto que tiene EDENOR, quien plantea que será un beneficio por el tema eléctrico para el barrio. Nosotros vemos una contradicción en este proyecto, hay que usar el sentido común, en el mismo predio donde quieren poner una subestación y un basural del municipio hay un hospital, que es un centro para preservar la salud de la gente. Es decir, que la gente viene a curarse y lo que quieren colocar a unos metros nos va a enfermar a todos. Yo estoy tratando de poner mi granito de arena a la causa para ver si podemos conseguir con diálogo que se implementen las medidas necesarias. Nosotros no somos de ningún partido político, la contaminación ataca a todos, sin importar las banderas. Julia Rosa Arangel, de 62 años y 37 en el barrio, planteó que no hay necesidad de poner una subestación en el barrio porque no tienen problemas con la luz, no hay falta de energía.
“Acordarse de lo que era antes y ver en lo que se convirtió el Aeroclub es muy triste. Cuando pertenecía al aeroclub lo mantenían impecable, el pasto bien cortado, había mucha higiene. También siento bronca porque venía a jugar acá cuando era pibe. Hoy no lo defiendo tanto por mí, porque ya tengo mis años, sino por mis hijos, mis nietos y bisnietos, quiero algo mejor para ellos. Cómo pueden crecer en medio de esta basura, esta contaminación. Antes se respiraba aire puro. Y con la subestación va a ser aún peor. Porque por más que nos digan que los trasformadores ya no contienen PVC y no contaminan, sabemos que es mentira porque es la forma de refrigeración de esos aparatos, lo siguen teniendo, tal vez en una menor proporción, pero lo tienen. Exigimos que lo dejen como estaba antes”, exclamó Alberto Guerra. Alejandra Mariscot De La Cruz es estudiantes de Comunicación Social y es una de las más jóvenes que acompaña a los vecinos en los reclamos. Tiene 24 años y hace 7 que vive en la casa de sus tíos en Laferrere. A pesar de no haber habitado el barrio tantos años como el resto, tiene una fuerte convicción de los valores que se están defendiendo y lo que está en juego. “El Aeroclub era hermoso, todo verde. Es realmente triste pasar por acá ahora. Esperamos que los esfuerzos no sean en vano y vuelva a ser lo que era, un pulmón”, dijo De la Cruz.
Claudio Vincenty es hijo del fundador del Aeroclub Argentino, Pedro Vincenty, y dueño de uno de los viejos hangares que se encuentran en el predio. Él también lucha contra la subestación y el basural pero propone que el espacio se conserve como monumento histórico y cultural del Aeroclub Argentino. “Lo habían declarado patrimonio histórico y espacio verde a preservar en el 2012 pero a los dos años saltó el negocio del hospital”, se quejó Claudio Vincenty. Además de la contaminación y las enfermedades en las que desemboca, otra consecuencia del mal uso de estos amplios terrenos es la estigmatización del barrio. En este sentido, Vicenty dijo que siempre identifican al barrio como una zona liberada y peligrosa. “Nos conocen por la Banda de los Comisarios ladrones o por la piba que apareció muerta al lado de la vía. Yo quiero que reconozcan a nuestro barrio por tener el primer aeroclub de la argentina. Cuando decís en una entrevista que sos de Laferrere no te dan el laburo”, agregó.
Los vecinos de Laferrere piden que la subestación sea colocada en áreas más alejadas de la población. Al respecto, Toro dijo que debería estar aislada del barrio y que es una locura que pretendan instalarla en las inmediaciones de un hospital. Alberto Carabajal planteó que no tiene por qué existir esa propaladora eléctrica en Laferrere, sino que debería situarla en zonas industriales. “En vez de poner mugre y hacer una subestación, que hagan un espacio verde en el predio para que los chicos puedan disfrutar. Hay muy pocas plazas en Laferrere en relación con la cantidad de gente que vive en el barrio. Acá podría venir la gente a tomar mate y los chicos tendrían espacio para correr. Esperemos que tomen conciencia del daño que le van a provocar a los vecinos si continúan con las obras y que esto se revierta”, dijo Cervino Effting. Por su parte, Julia Arangel declaró que quiere espacios verdes para poder integrar a los jóvenes y a los chicos para que hagan deporte y se alejen de la calle y las drogas. Alberto Guerra coincide con la mayoría de los vecinos al plantear que en el terreno deberían plantarse árboles y flores, colocar juegos para los chicos y aparatos para hacer gimnasia para los jóvenes y adultos. ”Que hagan algo para el bien de los vecinos. Quiero venir con mis nietos y que puedan tener un lugar donde jugar. Nosotros mismos lo vamos a cuidar y a mantener limpio. Esperemos lograrlo, por ahora impedimos que las obras avancen”, dijo Guerra.
Los vecinos buscaron visibilizar la problemática a través de distintas vías: colocaron varios pasacalles, repartieron volantes, armaron la página de Facebook “Vecinos 24.700 contra la contaminación de Laferrere” mediante la cual difundieron imágenes y videos del predio que evidencian el avasallamiento que sufren cada vez que se encuentran con nuevas montañas de basura y los carteles de reclamos rotos. Además, contactaron a los medios hegemónicos de comunicación, sin encontrar respuesta.
Actualización 11/10/2017
Oct 11, 2017 | Comunidad, inicio
El 23 de junio del año pasado el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la Ciudad de Buenos Aires interrumpía la concesión privada del zoológico de Palermo y que iba a reemplazarlo por un ecoparque interactivo. Después de más de un año y tres meses de la estatización, el oficialismo afirma que el proyecto avanza, pero las ONG y los activistas por los derechos de los animales reclaman que no hay mejoras notorias en las condiciones de vida de los animales y que existen demoras en sus traslados.
El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología encabezado por Andy Freire reactivó el año pasado la Comisión para la Transformación del Zoológico de Buenos Aires, que había sido convocada en 2014 para delinear lo que sería el proyecto a futuro y había quedado paralizada. Sus miembros eran de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, de la Fundación Banco de Bosques, de la Fundación Naturaleza para el Futuro y del Instituto Jane Goodall. “El proyecto todavía está en un proceso de transición, quizás tarda más de lo que se esperaba”, dijo Javier Goldstein, miembro de la Comisión y de la ONG Banco de Bosques.
Goldstein también expresó: “Se debe notar más el trabajo real. Hay que mejorar la calidad de vida de los animales que viven en el Ecoparque” y agregó: “Hay incertidumbre porque no se llevan adelante los planes de trabajo”. Federico Ricciardi, responsable de prensa del Ecoparque, señaló que durante el primer año sí hubo obras para optimizar las condiciones de vida de los animales y destacó: “Se les mejoró la dieta y les dieron rutinas de ejercicios para que desarrollen su naturaleza y estén sanos. Además de las obras hechas, hace un mes se presentó un proyecto de modificaciones en el predio, la idea es que haya menos animales y más lugar para la gente”.
“El Ecoparque es un ecofraude, no hay educación ambiental, no hay educación sobre los derechos de los animales. Es todo un verso”, denunció Fontán.
El Ecoparque apunta a convertirse en un predio que siga el movimiento de reconversión que hacen los zoológicos europeos y, en esa línea, Ricciardi dijo: “El proyecto involucra un centro de rescate a fauna autóctona de Argentina. La idea es que disminuya la cantidad de animales exhibidos, no creemos que sea malo, pero priorizamos preservarlos”.
El proyecto del oficialismo no fue el único que se presentó, ya que el legislador Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico (PSA), había propuesto que se remplazara al Zoológico de Palermo por un Jardín Ecológico, aunque finalmente su idea no prosperó.
Camps relató que la concesión a manos privadas, que duró 20 años, fue un desastre y que no está de acuerdo con los zoológicos en general. El legislador socialista diferenció su proyecto al del Gobierno porteño y subrayó: “Las diferencias básicas son que nosotros proponíamos terminar con la exhibición animal, con la reproducción adentro del zoológico y que se haga un centro educativo. Se debe reconvertir el zoológico; el bienestar animal está en la naturaleza, no en una jaula”. También planteó que el Ecoparque actual es lo mismo que antes, pero con menos animales y que está igual o peor que hace un año.
Los activistas por los derechos de los animales reclaman que no hay mejoras notorias en las condiciones de vida de los animales y que existen demoras en sus traslados.
Malala Fontán, referente de Sin Zoo, una organización de activistas por los derechos de los animales, apoyó el proyecto de Camps y criticó con dureza al Gobierno de la Ciudad. “El Ecoparque es un ecofraude, no hay educación ambiental, no hay educación sobre los derechos de los animales. Es todo un verso”, denunció. Fontán afirmó que la concepción de zoológico es anacrónica: “Estamos en el 2017, no podés tener un oso polar a 20 metros de la parada del 60”, enfatizó. Una de las principales quejas de la activista es sobre los traslados y las derivaciones que se prometieron. “Los animales que han sacado de Palermo son solo de fauna nacional”, reclamó.
Ricciardi afirmó que se han trasladado 350 animales y uno de los primeros destinos de algunos de ellos fue el refugio GüiráOga, en Misiones. El director de este establecimiento, Jorge Anfuso, dijo: “Recibimos cerca de 40 animales. Todos llegaron al refugio en pésimas condiciones, el peor problema fue la alimentación. Aunque el traslado fue espectacular, en un camión especialmente preparado”. Además, Anfuso expresó que no aprueba el Ecoparque y recomendó que el camino a seguir deben ser los centros de rescate. “Hay que cambiar la idea de que los animales en cautiverio educan”, expresó.
Si bien la interrupción efectiva se dio en junio, el Gobierno porteño ya se planteaba desde principios de 2016 quitarle la concesión a Zoológico de Buenos Aires S.A., cuyo contrato duraba hasta finales de este año. El no pago del canon mensual, las denuncias sobre el mal estado en el que tenían a los animales y las dudas sobre la capacidad de la empresa de llevar a cabo los cambios que tenía en mente la administración de Rodríguez Larreta hicieron que el gobierno tomara control del predio de 18 hectáreas, que tenía en ese momento casi 200 empleados (los cuales pasaron al Estado), más de 1.500 animales y 52 edificios declarados Patrimonio de la Ciudad y Monumento Histórico Nacional.
Con presiones de ONG y activistas, con obras que marchan lentamente y en medio de cambios culturales que parecen ir acentuando el rechazo a los animales en exhibición, el Ecoparque porteño se reconvierte muy despacio, demasiado . “La transformación -destacó Ricciardi- viene desde hace años, pero los cambios se hacen de a poco”. Mientras tanto, desde septiembre está cerrado al público.
Actualizado 10/10/2017
Sep 13, 2017 | Comunidad
La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un hecho, y la demora en la relocalización de las familias que viven a la vera del río, otro. Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas y se sigue dilatando la urgente relocalización de los vecinos de la zona. ANCCOM recolectó testimonios de distintas personas y organizaciones vinculadas al tema.
María Gutiérrez, vecina de la zona, cuenta: “Hace como treinta años que nos vienen diciendo que nos van a relocalizar, pero pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar. Además, en caso de que nos cambien de lugar, tiene que ser por la zona. Hubo casos anteriores que mandaron a los vecinos a cualquier lado. Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca. Con la contaminación que hay en el río, vivimos con mal olor, basura, y chicos con problemas respiratorios”.
Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada.
Natalia Machain, coordinadora regional de política de Greenpace Andino (oficina regional que agrupa a las sedes de Argentina, Chile y Colombia), da un panorama de algunos de los problemas que trae seguir viviendo allí: “Los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo ven afectada su salud por falta de agua potable, los altos niveles de contaminación del agua por efluentes industriales y por hidrocarburos en aguas subterráneas en algunas áreas. Esta contaminación provoca afecciones y enfermedades varias en la piel, enfermedades respiratorias y tiene incidencia en algunos tipos de cáncer”.
El presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, afirma que “el beneficio de trasladar a los habitantes a nuevas viviendas es obvio, la gente está viviendo de manera muy precaria, y estas nuevas viviendas son realmente confortables. Es cierto que la gente tiene un arraigo muy fuerte a sus hogares, algunos tienen un núcleo de relaciones allí establecidas que le ayudan a su supervivencia, por lo que la relocalización se trata de que sea lo más cercana a donde ellos están viviendo actualmente”.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas .
En consonancia con Alberti, Santiago Cané de la ONG “Fundación Ambiente y Recursos Naturales”(FARN), dice: “El beneficio es que las casas a las que se relocalizarían son de concreto, y están en mejores condiciones edilicias, la obligación de relocalizar incluye que tengan agua y cloacas y además dejan de estar asentados sobre basura y tierra contaminada con plomo entre otros tóxicos”. Cuando a Cané se le consulta sobre la demora del Gobierno en la relocalización, ilustra: “Se puede imaginar que hay intereses inmobiliarios en los terrenos que, por ley de la Legislatura de la Ciudad, están destinados a la construcción de viviendas para relocalización”.
La Corte Suprema dispuso en 2008 la obligación de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de llevar adelante el saneamiento del Riachuelo, en forma coordinada, para garantizar la calidad del agua y el bienestar de los vecinos de la Cuenca.
A nueve años, el fallo de la corte sigue sin cumplirse. Machain, de Greenpeace, asegura: “Las empresas identificadas como agentes contaminantes siguen vertiendo sus desechos al agua y las compañías del Polo Petroquímico de Dock sud, cuya contaminación fue la causa de la denuncia judicial que terminó con el histórico fallo, no sólo no fueron reconvertidas sino que eventualmente podrían quedar exentas de responsabilidad, si se achica el área de influencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). A pesar de los progresos cosméticos en la Cuenca, queda mucho por hacer”.
«Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca»,dice una vecina.
Hay quienes se preguntarán si más allá de la relocalización de los vecinos es posible una recuperación ambiental del Riachuelo. En este punto son varias las voces que coinciden. Desde FARN, Cané dice: “La recomposición es posible, depende de la decisión política de las máximas autoridades de Nación, Ciudad y Provincia, además del esfuerzo de la Corte Suprema en la persecución de ese objetivo. Esto implicaría tener el agua, el suelo y el aire de todo el territorio de la cuenca no contaminado. Las industrias funcionando sin verter sustancias nocivas, el tratamiento de residuos sólidos urbanos en buen funcionamiento (no en basurales a cielo abierto), los asentamientos precarios urbanizados, etcétera”.
Machaian coincide con que la recuperación ambiental es viable: “La recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo es un imperativo ambiental y social, urgente para la Argentina. La tecnología está disponible y las herramientas legales también. Es necesaria la voluntad política y el ejercicio del control y sanción por sobre las industrias contaminantes que hasta el momento avasallan el derecho a la salud de la población”, destaca.
Actualizado 12/09/2017
