Ene 2, 2019 | Novedades
Su nombre suena como posible candidato para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este mes fue tapa de la revista Forbes y se paró frente a la globalización y al G-20 en su ponencia en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico organizado por CLACSO. Para Axel Kicillof, las crisis financieras son globales y provocan un efecto dominó en lo político y lo social. “Hay que salirse del relato y atender la realidad: las necesidades del pueblo. Las medidas del kirchnerismo hoy serían tibias”, dice y agrega: “No necesitamos ya una autarquía para el abastecimiento interno, sino integrarse regionalmente y adaptar la industria tecnológica al capital del trabajo humano”. Habló para ANCCOM sobre los nuevos desafíos de cara al 2019, diferentes a cuando fue Ministro de Economía.
¿Cuáles son los nuevos desafíos respecto de 2015?
Las cuestiones son las mismas y hay que encararlas a largo plazo. Inclusión, industrialización y crecimiento. Son complejos de aplicar, pero se suma la crisis de cuentas internas, el endeudamiento garrafal, la pérdida de puestos de trabajo privado y público. Hay que aplicar políticas de shock para recuperar el consumo y el empleo. Después trabajar en lo estructural, y en tercer lugar, manejar la deuda de acuerdo a en qué posición nos deja (el presidente Mauricio) Macri.
¿Cómo generar empleo en tiempos de tecnologización y de necesidad de producir para, entre otras cosas, hacerle frente a la deuda?
Para impulsar medidas nuevas para este clima diferente se necesita no sólo unidad sino un pensamiento homogéneo, que le de impulso político a esta propuesta alternativa. No tengo ninguna esperanza en el actual gobierno. El gobierno habla contra el Estado, pero es mentira. Están usando al Estado para hacer una formidable redistribución de la riqueza regresiva desde los sectores más humildes. La sola iniciativa de redirigir esta redistribución progresivamente generaría más demanda, dentro de un mercado interno, más industria, empleo y devolvería el bienestar perdido.
¿Cómo abordar una industrialización en un marco de restricción externa importante y sin caer en políticas «antiempresa»?
El gobierno de Macri está a favor a de las empresas, pero las está fundiendo a todas. Abre un interrogante interesante. Les iba mejor en nuestro gobierno: los supermercados abrían sucursales, los alquileres subían para los comercios frente a la apertura de nuevos locales. No era nuestro objetivo estatizar todas las empresas, ni crear todas empresas públicas: confiamos en los privados y en su rol central, requirió garantizar rentabilidad para no llevarlos a pérdida. Esto va en contra de la campaña mediática del gobierno y de muchas declaraciones de empresarios, que son diferentes a los balances expansivos que tuvieron. Nos debemos conversar con el sector empresario para comprender cuáles son sus intereses hoy y mediar con un problema, como decía Cristina, de nivel sociológico: fuimos a favor de las empresas pero no así comprendidos por sus empresarios.
Respecto a la deuda, en un contexto de integración global que restringe toda posibilidad de romper con el FMI, ¿cómo manejar este «cepo estructural»?
Ningún país ha «defaultiado» con el Fondo. Pero sí es verdad que al ser una asociación, se pueden discutir reestructuraciones menos traumáticas con el foro de países miembros. Esto pasó varias veces. La cuestión de la deuda privada es el gran desafío que deja Macri. ¿Qué vencimientos tendrá? Habrá que ver si se decide a actuar responsablemente porque ha hecho un despilfarro. Deuda muy cara, a corto plazo, en cantidad garrafal. Este cuadro es muy complejo y habrá que analizarlo con una oposición unida para ya empezar a trabajar y que el deterioro de la situación nacional no tome dimensiones más graves.
Dic 6, 2018 | Comunidad, Novedades
En una cumbre del G20 donde la política comercial fue protagonista, la relación entre el gobierno argentino y el gobierno chino tuvo desde el inicio una atención destacada. El camino hacia el quinto encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par chino, Xi Jinping, comenzó con una serie de traspiés: la confusión de la Banda de los Patricios durante el recibimiento al mandatario del gigante asiático y una controversial declaración de Sarah Huckabee Sanders, vocera del presidente estadounidense Donald Trump, que posicionó al gobierno argentino en medio de la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China. En aquella declaración, Huckabee Sanders aseguró que ambos países habían acordado en enfrentar la “Actividad económica depredadora china”, terminología que el canciller argentino, Jorge Faurie, tuvo que salir a desmentir.
Macri y Xi abordaron varias cuestiones en su eventual encuentro, luego de finalizada la cumbre, que se vieron reflejadas en los 30 acuerdos bilaterales firmados por ambos líderes. Entre ellas, incluyeron la importancia de Argentina en los procesos de integración regional y su lugar en la Nueva Ruta de la Seda, que no formará parte directamente de la iniciativa, como lo hará Chile. Los acuerdos incluyeron “inversiones en infraestructura vial y ferroviaria” -específicamente la extensión del Ferrocarril San Martín Cargas-, la ampliación del swap de monedas (pese al desprecio explícito del macrismo en torno al swap acordado por el gobierno anterior), la creación de fondos para la compra de aceite de soja y porotos argentinos (la de harina de soja de momento fue descartada), y convenios comerciales y protocolos sanitarios para la exportación de cerezas y carnes a China. Se ratificó, además, el acuerdo que garantiza el uso del territorio nacional por 50 años para el establecimiento de una base de inteligencia espacial china en Neuquén, así como también un “acuerdo orientado a la creación de un mecanismo de diálogo estratégico para la cooperación y coordinación económica”, cuyas funciones incluirían proyectos de infraestructura como las represas Condor Cliff y La Barrancosa y la central nuclear Atucha III, ya pautadas durante el kirchnerismo y notoriamente demoradas en su iniciación.
Con un Mercosur estancado, las naciones del Cono Sur carecen hoy de una estrategia en común frente a la Nueva Ruta de la Seda. Mientras China se perfila como un nuevo centro en la economía mundial por medio de esta iniciativa, la periferia sudamericana padece la falta de integración regional para afrontarla. ¿Cuál es el historial de esta incipiente relación? ¿Qué papeles jugaron cada una de las partes? ¿Qué intereses hay en juego? Tres especialistas en la relación entre China, la Argentina y Sudamérica trazan un panorama y acercan algunas respuestas.
LOS EJES DE LA EXPANSIÓN CHINA
En septiembre de 2013, el presidente Xi propuso la creación de un Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Así, el líder chino dio el primer paso en la concepción de la iniciativa que luego adoptaría el nombre de One Belt, One Road (“Una franja, una ruta”) o Nueva Ruta de la Seda. De este modo, seis décadas después de que el economista argentino Raúl Prébisch fuera pionero en la teoría de centro-periferia, el gigante asiático comenzó a plantear un cambio de posicionamiento geopolítico y comercial a nivel regional y global.
Se trata de una iniciativa de inversión, principalmente en infraestructura, abierta a todas las naciones y basada en tres ideas. Néstor Restivo, historiador, periodista y co-director de la revista y portal digital DangDai, dedicado a las relaciones entre Argentina y China, las resume así: “Una cuestión económica y comercial, por un lado; una cuestión de desarrollo social, por otro; y, finalmente, una cuestión geopolítica de seguridad”.
La primera cuestión se centra en el comercio exterior, cuyo objetivo es facilitar las rutas de importación y exportación de mercaderías de China con el resto del mundo. “Primero con los países vecinos y luego con Europa, para revitalizar toda el área euro-asiática –dice Restivo-. Luego a África también -porque son varios corredores, marítimos y terrestres- y, eventualmente, por la vía marítima, con América”.
“Prevé construir carreteras, ferrocarriles y corredores industriales a través de Eurasia, y vincularlos con puertos en el Mar del Sur de China, el Océano Índico y el Mar Mediterráneo”, dice Santiago Bustelo, ex-coordinador de investigación del Consejo de Negocios China-Brasil. “La estrategia responde en parte a razones económicas: la necesidad de ganar nuevos mercados, exportar bienes de capital con mayor valor agregado e invertir parte de las reservas internacionales en proyectos que den mayor valor y rentabilidad en comparación con el bajo rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano”.
En segunda instancia, la iniciativa busca el desarrollo socioeconómico, no sólo interno -en favor de las regiones al interior de China que aún están subdesarrolladas-, sino también los países vecinos al oeste de China. “Todos esos países son bastante pobres y necesitan obras de infraestructura -dice Restivo-. Con lo cual China también se asegura un mayor desarrollo social en esa región, que es una región muy caliente, y le garantiza que no haya problemas de guerras y presiones sobre China desde ese lado por cuestiones sociales”.
En lo referido a la tercera problemática, además de tensiones en sus vecinos occidentales, Restivo asegura que China “tiene la amenaza de Estados Unidos, que algún día, en una eventual guerra, le puede cerrar todos esos accesos y anular algunos estrechos clave como el de Malaca, que son fundamentales para el paso actual de barcos que llevan grandes cantidades de petróleo y de alimentos”.
“Muchos de los proyectos de los puertos, de los gasoductos, de la infraestructura, que forman parte de la Nueva Ruta de la Seda, tienen que ver con evitar que algún día Estados Unidos le lleve la confrontación -que ya se está dando, por ejemplo, en el tema comercial de aranceles más altos para importar- a un plano militar”, continúa Restivo. “Es una hipótesis posible. De hecho, el mar del Sur de China, y el océano Pacífico en general, tiene hoy la mayor concentración de tropas y de poder naval de Estados Unidos en el mundo. Ahí China tiene además países muy aliados de Estados Unidos como Taiwán, que es un territorio que China reclama para sí, Japón, Corea del Sur, etc.”
“El objetivo geoestratégico de China es expulsar a Estados Unidos de Asia como potencia hegemónica, limitando en gran medida su influencia política, militar y comercial en el continente asiático”, dice Dafne Esteso -asesora del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC)-, “Lo mismo vale para América Latina, de donde los Estados Unidos se han retirado en los últimos 15 años». Aunque este distanciamiento aparece ahora interrumpido por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, junto con la aparición de gobiernos más alineados con los Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil y Macri Argentina.
En efecto, pese a las distancias geográficas, Esteso asegura que América Latina no queda excluida de la Nueva Ruta de la Seda. De hecho, tanto Esteso como Bustelo reconocen en el Corredor Bioceánico Central -un proyecto con inversión china que propone conectar Brasil, Argentina y Chile- un posible ejemplo de proyecto que, al menos conceptualmente, se podría considerar parte de la Nueva Ruta de la Seda. En tanto que, como dice Bustelo, no existe una lista de proyectos consolidada que pertenezcan a la Nueva Ruta de la Seda, Esteso asevera que “toda obra de infraestructura china debe ser englobada en ese marco”.
La primera cuestión se centra en el comercio exterior, cuyo objetivo es facilitar las rutas de importación y exportación de mercaderías de China con el resto del mundo.
SUDAMÉRICA, UNA REGIÓN FRAGMENTADA
Algunos países de América Latina han expresado su intención de sumarse a la Nueva Ruta de la Seda, empezando con Uruguay, e incluyendo a Chile y Argentina. “China tiene muchas inversiones en nuestra región que las hace a su interés”, dice Restivo. “Es decir, hace infraestructura, puertos, centrales, algunos proyectos de riego y de minería, etc., porque son justamente las áreas latinoamericanas que a ellos más les interesan como provisión de suministros de materias primas: las agroalimentarias, mineras y petrolíferas”. Estas materias primas incluyen, por ejemplo, el cobre de Chile, la soja de Argentina y Brasil, y el petróleo de Brasil, Colombia y Venezuela.
En el mediano plazo, una serie de proyectos, como líneas ferroviarias bioceánicas y un puerto en Nicaragua, plantearían una aparente alternativa a las infraestructuras existentes, y la posibilidad de lograr la conectividad entre América Latina y Asia.
Sin embargo, la falta de integración regional resultaría un obstáculo para el posicionamiento de América Latina frente a China y la Nueva Ruta de la Seda. El Mercosur, dice Bustelo, se encuentra “en una posición muy precaria”. “Está bastante estancado hace mucho tiempo”, coincide Esteso.
“China le hizo hace ya varios años una oferta de acuerdo comercial al Mercosur, que el Mercosur nunca respondió», cuenta Restivo. Frente al ascenso de gobiernos de derecha en la región, surge la posibilidad de que el Mercosur pierda su condición de unión aduanera, dejando a cada país miembro con un margen de maniobra para negociar individualmente con China.
“Lo más sensato que se podría pensar a nivel regional -dice Bustelo- es retomar algunos de los proyectos formulados en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y ver cuáles son los que se pueden enmarcar en las propuestas de financiamiento chino. En ese sentido, creo que la One Belt, One Road puede jugar un papel importante, porque la construcción de infraestructura que mejore la conectividad es un elemento fundamental para mejorar el competitividad y la integración de la región”.
Esteso, al igual que Restivo, apunta a las posibilidades de desarrollo en una estrategia conjunta, frente a cambios productivos en los últimos años. Señala que los países miembros deberían “buscar oportunidades comerciales en bienes de media y alta tecnología y no sólo exportar las materias primas que China demanda”.
“La región nuestra se adeuda a sí misma todavía definir qué estrategia quiere”, dice Restivo. “Hay un foro de cooperación e intercambio que es China-CELAC, o sea todos los países de Centroamérica, Caribe y Sudamérica con China, y ahí se advierte claramente, cada vez que se juntan, cómo China tiene en claro qué es lo que quiere de nuestra región y cómo nuestra región, como suele suceder, va totalmente improvisada, separada entre los países. Ni siquiera en grupos comunes, como podría ser el Mercosur o la Alianza del Pacífico, tienen una estrategia vinculada a China desde lo regional”.
Bustelo comparte ese escepticismo respecto de la capacidad de los países latinoamericanos de consensuar proyectos comunes, por lo cual concluye que “por el momento lo más probable es una respuesta desagregada a la iniciativa”.
En la práctica, por medio de esta Nueva Ruta de la Seda, China se posiciona estratégicamente como una figura política y económicamente dominante en el escenario internacional, en competencia directa con los Estados Unidos, desafiando la unipolaridad post-Guerra Fría. El posible nuevo centro ofrece una aparente vía alternativa para el desarrollo de las naciones con las cuales, en tiempos de Prébisch, compartió la categoría de periferia, de nación subdesarrollada y explotada. Una categoría en la que los países de América Latina por ahora persisten, sin todavía una estrategia en común para superar el rol de exportadores de materias primas.
Frente al ascenso de gobiernos de derecha en la región, surge la posibilidad de que el Mercosur pierda su condición de unión aduanera, dejando a cada país miembro con un margen de maniobra para negociar individualmente con China.
Oct 4, 2018 | destacadas, Novedades, Vidas políticas
El Presupuesto Nacional es una herramienta de política económica central para la gestión de gobierno, en tanto proyecta la evolución de las principales variables macroeconómicas del país de un año a otro, y permiten leer los planes y las jerarquizaciones que realiza el Ejecutivo. Ahora bien, el problema surge cuando, por un lado, las cifras se maquillan, y por el otro, se elaboran metas imposibles de cumplir. En ese sentido, el actual presupuesto exhibe, según diferentes economistas, una preocupante continuidad con respecto al pobre cumplimiento de las proyecciones de los presupuestos 2017 y 2018 elaborados bajo la gestión de Cambiemos.
Hernán Letcher, además de economista, es concejal por Unidad Ciudadana en San Martín y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A la hora de calificar el Presupuesto 2019 no titubea y lo define como una “farsa”. “Un tipo de cambio que no tiene ningún rigor en torno a $40,1, una inflación atada a ese tipo de cambio, y una sobreponderación de las exportaciones que pretende compensar la caída del resto de los componentes de la demanda agregada”; esa es la fórmula errónea en la que cree el Gobierno”, asegura.
Nicolás Zeolla, economista miembro del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO), prefiere no caer en facilismos a la hora de hablar de “dibujos” en el Presupuesto, aunque coincide con Letcher en que “variadas estimaciones respecto a derechos de exportación que tienen una cuota fija, gastos de pagos en dólares del sector público nacional, y otros elementos que dependen de la inflación y la cotización del dólar, como el crecimiento, no son realistas”.
Los recortes
En relación a las partidas del Presupuesto que se verán más afectadas, para Letcher serán “naturalmente los recortes en subsidios y en obra pública, lo cual ya estaba previsto incluso a partir del memorándum del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, recuerda.
“El Gobierno achica con mayor fuerza las partidas de subsidios al transporte y a la energía, lo cual implica aumentos tarifarios para el año que viene, que ellos dicen van a darse en torno al 30 por ciento”, afirma Zeolla, a lo cual agrega: “La otra partida que se ve muy afectada es la inversión pública. Estas tres partidas caen en términos nominales, con un ajuste real por encima del 40%”.
El informe elaborado por el CEPA hace hincapié, entre otros datos, en la evolución de la Asignación Universal por Hijo, que se incrementa en sólo un 20,4%, es decir por debajo incluso de la inflación proyectada en el presupuesto, pero además lo hace de manera diferente respecto de las jubilaciones, cuando todo debería crecer en relación a la misma fórmula de movilidad.
“¿Están pensando en eliminar la movilidad para la AUH?”, se pregunta ese centro de estudios en el informe. En paralelo, los gastos para planes como Argentina Trabaja, Progresar y otros similares solo crecen 14,6%, es decir, también muy por debajo de la inflación.
Por otro lado, el Gobierno planea profundizar la política de crédito para la vivienda en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) «para que abarque todo el proceso de construcción, comercialización y financiación», desde la propia letra del presupuesto. También destacan planes como el ProCreAr, Ahorro Joven y Plan Nacional de Vivienda.
Pero para Martín Kalos, economista, docente y director de EPyCA Consultores, esas sanas intenciones esconden lo principal: “La pérdida de salario real y la devaluación acumulada durante 2018 generan que menos hogares accedan a créditos UVA. Además, la política pública de Cambiemos sigue olvidando cualquier política de vivienda social para hogares de menos ingresos, que no acceden ni accederán a créditos”, sostiene.
Kalos se dedicó minuciosamente a analizar distintos puntos del presupuesto. Así, descubre por ejemplo que el presupuesto para universidades nacionales aumentaría un 39,7%: “Se está transfiriendo a universidades para salarios, con lo cual aumentarían en línea con la inflación del año anterior”, aclara.
En consonancia, Ciencia obtiene 27,7% de aumento. Lo cual es menos que la inflación promedio prevista (34,8%). “Cae en el ajuste nuevamente, igual que en años pasados, pese a las promesas y la necesidad de ciencia e innovación para el desarrollo de nuestro país”, recuerda Kalos.
Otro punto importante a analizar dentro del presupuesto tiene que ver con la partida destinada a educación sexual. El plan nacional cubrirá a «doce provincias en las que se trabajará en la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la articulación entre sistemas de salud y educativo», reza el proyecto. Se plantea además capacitar a 10 mil docentes. Sin considerar valores monetarios, cubrir la mitad de las provincias del país y capacitar a 10 mil docentes tiene sabor a poco ante la creciente demanda de una ESI (educación sexual integral) seria y responsable.
Dólar y deuda
Finalmente, el Presupuesto anuncia un dólar en torno a los $40 para todo 2019. ¿Cómo lograrán estabilizarlo?
“La propia política del Banco Central no garantiza que ese tipo de cambio pueda llevarse adelante: las bandas de flotación no tienen sentido, y no hay mecanismos para garantizar el tope de 44 pesos. El Banco Central no tiene poder de fuego, se ataron las manos con 150 millones de dólares por día para la venta cuando, por ejemplo, el día de corrida hubo 1000 millones de dólares operando en el mercado mayorista”, destaca Zeolla.
El último dato que resalta del nuevo presupuesto ilustra la situación a nivel general: el pago de intereses de deuda se consolida como el segundo mayor gasto de la Administración Pública Nacional, sólo detrás de Seguridad Social. Para eso sí que no hay recortes.
Sep 20, 2018 | Comunidad, Novedades
Una inminente reforma hospitalaria sacude a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que circulara el proyecto conocido como “Complejo Hospitalario Sur”. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo porteño que implicaría el cierre de cinco hospitales monovalentes para el establecimiento de un único complejo polivalente de alta complejidad, que se construiría en el actual Hospital Muñiz.
Esta semana, mediante el Decreto Nº 297/18, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó que el Ministerio de Salud “propicia el desarrollo del Complejo Hospitalario Sur”.
Es la primera medida de trascendencia pública sobre la iniciativa, ya que no hay un proyecto de ley formal en circulación. Se informó, además, la modificación de la estructura del Ministerio de Salud a los efectos de la puesta en marcha del plan, con la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur, que funcionará por fuera de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.
El “Complejo Hospitalario Sur” plantea el cierre y transformación en institutos del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, el Hospital de Oncología Marie Curie, el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), que serán trasladados al predio del Hospital Muñiz. Se trata de un antiguo proyecto que plantea la necesidad de una modernización de los establecimientos de salud dada la antigüedad y mal estado de los edificios, que ya había sido rechazado en dos oportunidades por la Legislatura porteña: en 2008 y 2010. En ambos casos la iniciativa fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad, con el actual Presidente Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.
En abril de este año fue presentado nuevamente a los directivos de los hospitales involucrados mediante una presentación de 62 diapositivas. El documento informa que se construirán 50.000 m2 nuevos y se remodelarán otros 10.000 m2 con un costo total de 160 millones de dólares de obra y equipamiento. Para el financiamiento se contempla la venta de los terrenos del Udaondo, Ferrer, Curie e IREP, con lo que se obtendrán 124 millones de dólares, según la tasación realizada en LJ Ramos Brokers Inmobiliarios en diciembre de 2017. No se aclara cómo se financiarán los 36 millones de dólares faltantes. En esa ocasión, el Gobierno comunicó a los directivos que se tomarían todo el año 2018 para evaluar la viabilidad del proyecto. La licitación y el comienzo de la obra serían en 2019, mientras que la culminación y el traslado se prevén para el 2021.
En julio, el Gobierno informó mediante el Boletín Oficial la quita de la condición de patrimonio histórico que tenían varios pabellones del Hospital Muñiz, con el argumento de que el deterioro de los edificios es tal que no pueden prestar servicios sanitarios. Esto habilitaría la demolición de varios de ellos.
Los trabajadores de la salud de los hospitales involucrados se muestran preocupados por las implicancias sanitarias que tendrá la iniciativa y denuncian un millonario negocio inmobiliario detrás. En este marco rebautizaron el proyecto como “plan de hospitales 5×1” y comenzaron a realizar asambleas de trabajadores autoconvocados en cada institución. Las manifestaciones en contra del Complejo Hospitalario Sur incluyeron abrazos simbólicos a los establecimientos, junta de firmas e incluso la conformación de una asamblea interhospitalaria que se movilizó para exigirle respuestas a la Ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez, quien -afirman- les cerró las puertas y hasta el día de hoy se mantiene en silencio. La pregunta es cuál sería el costo sanitario, según los trabajadores de salud, de los hospitales involucrados.
Pérdida de la identidad
El Muñiz es uno de los hospitales públicos monovalentes de la Ciudad de Buenos aires, el único especializado en enfermedades infecciosas. Se inauguró en el año 1882 bajo el nombre Casa de Aislamiento dada la insuficiencia de los hospitales existentes al momento para atender enfermedades infecciosas. En 1904 adquirió su nombre actual, Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz. “Son más de cien años de trabajo ininterrumpido e interdisciplinario al servicio de las enfermedades infecto contagiosas, los profesionales médicos y no médicos creemos que esa trayectoria no se puede desechar”, expresa Daniela Sabaj, licenciada en Bioimágenes y representante de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados del Muñiz, en diálogo con ANCCOM.
El Muñiz sigue siendo en la actualidad el único hospital especializado en infecciosas. “Realizamos diariamente miles y miles de nuevos diagnósticos de tuberculosis y HIV”, cuenta Sabaj. Y subraya la importancia de la atención de estas enfermedades por profesionales especializados: “Por dar un ejemplo, han habido decenas de casos en terapia intensiva de chicas jóvenes con prepaga a las que les habían diagnosticado anorexia nerviosa y en realidad tenían una tuberculosis que se las estaba llevando. Nosotros nos especializamos en eso y lo vemos donde otros profesionales de la salud no lo ven. Para nosotros una tuberculosis es normal, hay profesionales que pasan 40 años trabajando en otros centros de salud y no lo han visto”. El establecimiento funciona, además, como hospital escuela y centro de investigación: “Se forman residentes infectólogos, neumonólogos, dermatólogos que de acá se van a trabajar a hospitales y centros de salud de todo el país”, afirma Daniela.
Profesionales de la salud en asamblea contra el Proyecto de ley «5×1» en el Hospital IREP de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro de los establecimientos involucrados es el instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). El establecimiento se construyó en 1949 durante el primer gobierno peronista como la Ciudad Infantil Eva Perón, un hogar escuela donde se albergaba a niños huérfanos o con serios problemas familiares. Tras el golpe militar de 1955, y con motivo de la epidemia de poliomielitis de 1956 y 1957, el lugar comenzó a funcionar como hospital. Se trata de un predio de más de una manzana de extensión en el Bajo Belgrano, que cuenta con tres edificios, y es considerado patrimonio histórico nacional. El instituto se especializa en la atención de patologías del aparato locomotor en su estadio crónico. “Atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes porque no hay otro lugar que se especialice en esto” dice Ricardo Gómez, administrativo del IREP, a ANCCOM. El establecimiento es, además, sede de la Carrera de Medicina Física y Rehabilitación, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Esta es una institución muy reconocida por la formación profesional, hay médicos de todo el país y de latinoamérica estudiando en el hospital. Nos preocupa qué va a pasar con la comunidad hospitalaria de pacientes y estudiantes. ¿A dónde va a ir esa gente?”, afirma Gómez.
“La existencia de hospitales monovalentes o polivalentes -señala Sabaj- es un debate sanitario que hace mella entre los profesionales de la salud y es saludable que exista, pero no a costa de que cinco monovalentes dejen de existir, porque cumplen una función que queda descubierta. El complejo polivalente que plantean no lo cubre”. Y agrega: “Si la Ciudad de Buenos Aires necesita un hospital de alta complejidad, que creo que lo necesita, lo tiene que hacer de cero, en un terreno vacío, con las características, necesidades e infraestructura que se pueden desarrollar en el siglo 21”.
Por su parte, los trabajadores de la Asamblea del IREP coinciden en la crítica al cierre de hospitales. “El IREP fue el último hospital en ser incluido en la reforma hospitalaria, a pesar de que ya había sido remodelado en el 2010. Con este proyecto, cada uno de los hospitales involucrados dejaría de existir. Queda cada vez más claro que la intención del Gobierno de la Ciudad es hacerse de este y los otros predios, no hay una lógica realmente coherente en términos sanitarios”, denuncia Liliana Bidegain, Psicopedagoga del Instituto.
“Lo que está en juego es que dejen de existir cinco hospitales con más de 100 años de funcionamiento y con gran trayectoria”, subraya Daniela. “Además, todos los establecimientos son de relevancia Nacional, atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes. La crisis sanitaria que desataría no tiene precedentes. Este proyecto nos mete a la cobertura universal de salud por la ventana, esto es la reducción al Plan Médico Obligatorio (PMO), la reducción a las prácticas más baratas, el resto se paga. Es un sistema de salud americano”, denuncia Sabaj.
Incertidumbre estructural
Existe una gran incertidumbre por parte de los profesionales de la salud en cuanto a cómo se adaptarán las estructuras de los hospitales en caso de realizarse el traslado al predio del Muñiz. Uno de los puntos críticos es la posible pérdida de los puestos de trabajo. Desde el Gobierno de la Ciudad se argumenta que el Complejo Hospitalario Sur, al ser de alta complejidad, va a necesitar más profesionales y más especializados. Sin embargo, los profesionales denuncian que lo que sucederá es un vaciamiento de las estructuras de trabajo. “Como trabajadores creemos que nos están mintiendo, porque es imposible que un solo complejo absorba las estructuras hospitalarias que tenemos. Creemos que lo que va a pasar es lo que ya hemos visto en otras estructuras estatales: en donde se jubila un trabajador no se renueva la partida, donde se dejan de renovar las partidas, ese servicio se cierra”, reflexiona Sabaj. Desde la Asamblea de Trabajadores del IREP realizaron un pedido de informe amparados en la Ley 104 de Solicitud de Información Pública. La respuesta recibida fue la palabra de que se respetarán los puestos de trabajo, aunque no detallaron qué pasará con las estructuras laborales. “Creemos que con el tiempo se van a reducir la cantidad de puestos y que eso va a ir directamente en detrimento del paciente”, advierten.
La comunidad de trabajadores de la salud denuncia, además, la pérdida de capacidad de absorción de pacientes, dado que se prevé la instalación de solo 500 camas generales. “El Muñiz tiene ahora en funcionamiento 400 camas, cada año son menos por el vaciamiento sistemático del Gobierno que reduce el presupuesto a la salud. Si se hace una sumatoria de la capacidad de los hospitales involucrados, da mucho más que 500”, explica Sabaj. Otro punto crítico es el funcionamiento de la guardia del Hospital Muñiz, que pasaría a ser cerrada. “Hoy funcionamos con guardia abierta: el que se presenta es atendido, puede hacerse estudios, ser diagnosticado y derivado. En el caso del Complejo Hospitalario Sur la guardia pasaría a ser cerrada, esto significa que para ser atendido va a ser necesaria una derivación. Encontramos peligro en eso porque atendemos personas que pululan por salitas, centros, hospitales e incluso obras sociales que no se especializan en enfermedades infecciosas y pueden ser mal diagnosticadas”.
En el caso del IREP, el proyecto no contempla el traslado del polo deportivo y la pileta de natación que es utilizada por los pacientes para su rehabilitación.
Incompatibilidad
Un punto clave de preocupación para los trabajadores de la salud, es el peligro que podría significar la convivencia de las diferentes enfermedades entre sí, ya que la fusión de especialidades implicaría el uso compartido de espacios con pacientes inmunodeprimidos. “El Ferrer tiene pacientes en rehabilitación respiratoria, el Udaondo pacientes oncológicos, el Muñiz con HIV, todos inmunocomprometidos. Esas personas deben estar lo más preservadas posible para no sufrir alteraciones o empeoramientos severos en su condición”, manifiesta Sabaj. En el mismo sentido, Patricia Pastore, Kinesióloga del IREP, suma su preocupación por el uso de áreas compartidas tanto por los pacientes como por los trabajadores: “Se propone que los pacientes de cada especialidad compartan las áreas de imágenes, el laboratorio también será de uso compartido por los profesionales y otros sectores de tránsito como el buffet. Por más que se organice por horarios no creemos que pueda garantizarse la seguridad e higiene para los pacientes”.
Otro punto conflictivo en este sentido es la construcción de salas con camas generales en las que también convivirán las distintas enfermedades. “La ministra dice que habrá habitaciones con presurización negativa y positiva para que esto no sea un problema. Sabemos que existe tecnología para hacerlo pero no creemos que haya presupuesto para una tecnología de esa complejidad, y si lo hay, debería aplicarla para que los hospitales funcionen bien hoy”, sostiene Daniela. Por su parte, la médica Susana Pirro, perteneciente a la asamblea del IREP, también descree del desarrollo de tecnologías de ese tipo: “¿Cómo vamos a creer que va a poner tecnología de punta una gestión que viene desfinanciando a la salud pública desde hace doce años?”.
“Lo que queremos como trabajadores es que nuestro empleador nos de respuestas, la ministra de Salud tiene que hablar con nosotros porque somos quienes llevamos adelante la salud todos los días”, dice Sabaj. “Nosotros pateamos todos los días el hospital, sabemos si faltan insumos y los traemos de nuestras casas. Queremos el respeto que merecemos. No queremos que pase como en el Borda, donde vimos topadoras y policía pegándole a trabajadores y pacientes. Pero si nos ponen contra la espada y la pared, ahí vamos a estar: parados frente a la topadora”.
Jul 27, 2018 | DDHH, Novedades
Con un discurso de 15 minutos, los organismos de derechos humanos manifestaron, frente al Ministerio de Defensa, su rechazo al decreto firmado por Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior. “Esta reforma no hace más que reforzar el modelo represivo de un gobierno que representa los intereses de pocos, mientras empobrece a las mayorías”, enfatizó la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Con una mano agarraba el micrófono, con la otra ponía los dedos en forma de V y agitaba el pañuelo verde que representa la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.
“Este plan de ajuste solo puede imponerse con represión. Pretenden imponer el miedo como herramienta de disciplinamiento, con el falso objetivo de defender puntos estratégicos”, enfatizó Boitano desde un escenario chico, para la multitud que acompañó, en Alsina y Paseo Colón. Las agrupaciones políticas se acomodaron a lo largo y ancho de la avenida del bajo porteño. Esta vez, la lluvia acompañó a la movilización popular.
“Gritamos con convicción: Fuerzas Armadas represivas nunca más. No a la militarización de Argentina”, exigió Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que entre otras defensoras de los derechos humanos, estaba acompañada por Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el artesano que murió el 1 de agosto del año pasado después de la represión de Gendarmería en la Pu Lof Resistencia Cushamen.
“Con el discurso del enemigo interno desaparecieron, violaron, encarcelaron y asesinaron a miles de compatriotas. No es casual que el gobierno use la misma terminología al referirse al accionar de los milicos en las calles”, leyó Taty Almeida mientras una nena de no más de 10 años le gritaba desde lejos “¡Fuerza Taty!”.
“En 1983 se volvió a la democracia, entre otras cosas, porque hubo un pacto democrático que se expresaba en la Ley de Seguridad Interior, Ley de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia. Una fue aprobada en el gobierno de Alfonsín, otra en el de Menem y otra en el de Kirchner”, explicó a ANCCOM el diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau.
El lunes el presidente Mauricio Macri dijo en Campo de Mayo que “es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interior”. Lo hizo antes de que se cumpliera un año del asesinato de Rafael Nahuel por armas de Prefectura, de la desaparición de los 44 tripulantes del ARA San Juan y de la muerte de Santiago Maldonado tras un operativo represivo de Gendarmería.
En su discurso, el Presidente pidió “avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa nacional”. Rápido se olvidó de sus palabras. Al día siguiente firmó el decreto, sin el “debate genuino y sincero” que había solicitado, que rompe con la política de Estado de mantener a las Fuerzas Armadas por fuera de la seguridad interior.
“Está claro que si quiere modificar las funciones de las Fuerzas Armadas tiene que ir al Parlamento, sino es absolutamente ilegal. Este decreto es inconstitucional”, sostuvo el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.
“Creo que lo que se está buscando es militarizar el espacio público, construir la cultura del miedo como disciplinador social porque la principal preocupación del gobierno es el saqueo a la patria y el ajuste”, opinó Sabbatella.
Vale aclarar que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que las Fuerzas Armadas «no van a intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar las calles. Ese es un problema de las fuerzas de seguridad”, en una entrevista en radio La Red.
Moreau le respondió: “A mí no me interesa lo que él diga, me interesa lo que dice la ley. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero lo que pone límites es lo que dice la ley”.
Distintos bloque de diputados opositores presentaron esta semana un proyecto para derogar el polémico decreto de Macri. El próximo 8 de agosto podría tener tratamiento parlamentario.
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