En un operativo cojunto, la Policía Federal y la Prefectura Naval volvieron a reprimir a los jubilados que reclamaban por una mejora de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y la continuidad de la moratoria. Los acompañaron médicos y enfermeros del sector público despedidos. Hubo tres heridos y dos detenidos. Mirá las fotos de ANCCOM.
Cientos de jubilados se manifestaron frente al Congreso Nacional y en distintos puntos del país para reclamar que vuelva la gratuidad de los medicamentos y un aumento en sus haberes. También juntaron firmas para proyectos legislativos.
“Hay que construir un gran frente que derrote a Milei y posibilite construir una relación diferente con esta vergüenza de Congreso de la Nación que permite que el presidente pueda gobernar por decreto como un déspota”, manifestó Hugo Godoy, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-Autónoma), con micrófono en mano. Se dirigía a unos cuantos jubilados, un puñado de jóvenes, algunos diputados de la oposición y referentes de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que estaban concentrados sobre la Avenida Entre Ríos, en la plaza que está frente al Congreso nacional. Quienes no habían sido invitados pero estuvieron presentes de todos modos, aunque sin escudos en alto, fueron los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), que formaron una hilera humana para que los manifestantes no cortaran la calle. Otro grupo de oficiales hizo lo mismo en la puerta del Congreso.
El motivo de la concentración fue el “Jubilazo Federal”, que se hizo este jueves 13 de febrero por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes provincias del país y cuya convocatoria estuvo a cargo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la CTA-Autónoma. Consistió en reunir firmas de ciudadanos de a pie para pedir al Estado una vuelta atrás a la reciente política implementada por PAMI —la obra social estatal de los jubilados—, que redujo la cantidad de afiliados que pueden acceder a la cobertura del 100% de medicamentos como Aciclovir (antiviral), Benznidazol (antiparasitario), Ceftriaxona (antibiótico) y Clobetasol (corticoide), entre otros.
Si bien el beneficio se mantiene para los afiliados con ingresos menores a una jubilación mínima y media, que no tienen una prepaga, que no cuentan con más de una propiedad a su nombre y que no posee un auto de menos de 10 años de antigüedad, lo cierto es que para acceder a la cobertura del 100% de esos medicamentos deben realizar un trámite en el sitio web de PAMI o acercarse a una de sus sucursales con el DNI más una receta médica que indique el diagnóstico y solicitar un “subsidio por razones sociales”. Para eso, los jubilados deben tener acceso a una computadora e Internet o estar en condiciones físicas de trasladarse hasta una sede.
“Hay una enorme cantidad de jubilados y jubiladas que han interrumpido sus tratamientos de alto costo. Están poniendo a ancianos y ancianas al borde de la muerte”, dijo a ANCCOM Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, mientras detrás de él se formaba una fila no muy larga de personas que se acercaban a una mesa para dejar su firma en una lista de reclamos. “Además, hay una barrera cultural —agregó Yasky—. No todos los adultos mayores están en condiciones de llenar un formulario a través de una computadora. Son todas trabas que van poniendo premeditadamente, porque saben que, de hecho, cada formulario es un filtro”.
En determinado momento tomó el micrófono Leopoldo Moreau, diputado nacional de Unión por la Patria (UP), y dijo que “el Gobierno de Miei tiene como enemigos a los adultos mayores no solamente porque han sido objeto de un brutal ajuste sino porque además el Gobierno considera a los adultos mayores como un segmento de la sociedad prescindible o que debe ser hundido en la pobreza estructural. Nosotros vamos a acompañar esta lucha. Ya hemos presentado más de un proyecto vinculado a la necesidad de una prórroga de la moratoria previsional”.
Ese reclamo fue otro de los motivos por los que la CTA y la CTA-Autónoma realizaron el “Jubilazo Federal”. Resulta que en 2023, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, se sancionó la Ley 27.705 —titulada “Plan de Pago de Deuda Previsional”—, que permitía que las mujeres de 60 años y los hombres de 65 que no tenían realizados los 30 años de aportes requeridos para jubilarse lo pudieran hacer a través de la compra, a un precio determinado, de los aportes que les hacían falta para completar los años solicitados por el régimen previsional. Dicha ley tiene fecha de caducidad el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno actual anticipó que no la extenderá. “Estamos pidiendo la prórroga de la moratoria para poder transitar un tiempo que nos permita establecer este sistema, porque Argentina es un país que estructuralmente tiene una gran cantidad de trabajadores que están en negro, que no van a acceder nunca a la jubilación si no hay moratoria y que son víctimas de una anomalía social”, comentó Yasky a esta agencia.
Después del 23 de marzo de este año, quienes no tengan cumplidos los 30 años de aportes ya no accederán al plan de pagos y solamente podrán solicitar una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y se va actualizando según la Ley de Movilidad. “La PUAM va a ser un problema porque va a tener niveles de indigencia —advirtió Yasky—. Es el 80% ahora, pero a medida que las cuentas no les cierren, la van a ir bajando. Como este Gobierno tiene como objetivo, además, privatizar el sistema jubilatorio, sabemos que los que cobren la PUAM van a formar parte de los primeros contingentes que van a quedar absolutamente a la intemperie. Hay que pelear para que el sistema sea justo y les reconozca el derecho a jubilarse a través de la moratoria”.
Mirta Romeo, una jubilada que asistió a la jornada convocada por las dos CTA, contó a esta agencia que ella no cobra la jubilación mínima sino una superior “pero eso no quiere decir que uno no esté presente para los demás”, aseguró. Por su parte, Luciano Quiroga, otro jubilado presente, dijo que “andan diciendo que la gente se jubila sin haber aportado nunca, pero en realidad el que no aportó fue el patrón”.
Los jubilados volvieron a manifestarse frente al PAMI ante el anuncio del Gobierno de Javier Milei de que quitará el beneficio de los medicamentos gratuitos a quienes cobran más del monto equivalente a un haber mínimo y medio. Otra vez hubo hostilidad policial.
Los jubilados se movilizaron ayer desde la sede del PAMI, en el centro porteño, hasta el Congreso de la Nación, donde fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, en reclamo de la restitución del 100 por ciento de la cobertura en medicamentos.
La movilización estuvo encabezada por el Plenario de Trabajadores Jubilados y la agrupación Jubilados Insurgentes, con el acompañamiento de militantes y dirigentes del Frente de Izquierda.
“Llegamos a un punto en que tenemos que elegir entre comer o comprar los medicamentos. Este gobierno, con su política de indigencia, ajusta cada vez más a los jubilados. Nosotros no somos la casta, Milei dijo que la casta debía pagar el ajuste”, afirmó Alicia Paz, de la Agrupación de Jubilados Clasistas.
Otro miembro de la agrupación, Antonio Massimilla, criticó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a otras organizaciones que no acompañaron la marcha: “La CGT ya tendría que haber manifestado su apoyo y hacer un paro general. No podés tener a un jubilado con 300 mil de mínima, ni hablar si tiene que alquilar. ¿Y para comer, cómo hace?”.
Durante la protesta, la Policía porteña intentó reprimir a los manifestantes, lo que generó empujones e insultos, aunque sin mayores consecuencias. “Estábamos tranquilos, expresándonos en democracia, pero ellos vienen a provocar. Es una vergüenza que repriman a gente mayor”, señaló una jubilada que prefirió permanecer en el anonimato.
“De alguna manera, el protocolo que está vigente vulnera el derecho a la protesta y la posibilidad de la libertad de asociación y de expresión. En ese sentido, es un hecho más que se suma luego de la implementación de ese protocolo, ya hace un año. Es algo que venimos denunciando consecutivamente en nuestros informes”, señaló FedericoSchmeigel, representante de la Comisión Provincial por la Memoria, durante la movilización.
En el último año, los medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina registraron un incremento promedio del 210,7 por ciento, superando la inflación general del período, que alcanzó el 201,5. Este panorama, agravado por la reducción de la cobertura del PAMI y el endurecimiento de los requisitos para acceder a beneficios, evidencia un retroceso significativo en los derechos de una población vulnerable, que en promedio consume cinco medicamentos mensuales.
“El daño psicológico que le produce a un jubilado pensar que no puede tener su medicamento diario genera un impacto enorme en la salud psíquica y física. Además, los medicamentos no están indicados caprichosamente, todo tiene una prescripción”, indicó Virginia Fernández, de Jubilados Insurgentes.
«El medicamento que tomo para la presión arterial siempre estuvo cubierto al 100 por ciento, pero ahora solo tiene una cobertura del 50. Lo mismo ocurre con otro que uso para el colesterol alto, que también pasó de estar completamente cubierto a tener solo el 50 por ciento de cobertura. Conozco a otros jubilados que toman más medicación y ya no cuentan con ningún medicamento con cobertura total», detalló Silvia Gabay, jubilada y militante del Partido Obrero.
“Yo tomaba diez remedios, ahora solo cuatro, bajé diez kilos porque como una vez al día. Y tengo anemia al no poder comer bien”, expresó Argentina Leyes, otra jubilada presente en la movilización. Además, compartió su dolor por la muerte de su hijo, Javier Gerez, hace 11 años: “A mi hijo lo mató la policía con una bala de goma. Lucho por justicia porque cerraron la causa y nadie fue preso. Un pajarito no lo mató, y yo soy la mamá. Voy a luchar hasta el último día”.
En 2024, el PAMI redujo el vademécum gratuito de casi 3 mil a 2 mil medicamentos, limitando el acceso a cinco mensuales para quienes perciben hasta una jubilación mínima y media. Además, el descuento en medicamentos “de uso eventual” pasó del 80 al 40 por ciento, y se endurecieron los requisitos para el subsidio social, excluyendo a jubilados con ingresos superiores al umbral o que posean ciertos bienes.
“Hay que hacer una declaración jurada para demostrar que uno no es pudiente. Como si ganar 400.000 pesos te da el carnet de pudiente, ¿no? Es decir, todos estamos en la indigencia, no tendríamos que hacer ningún trámite”, se quejó Víctor Ragonese, de Jubilados Insurgentes.
“He presentado cuatro proyectos por el tema del PAMI. Ya con la resolución anterior que habían recortado una parte de los medicamentos, habíamos pedido la interpelación a Esteban Leguízamo (director del organismo) en la Cámara de Diputados, y no fueron ni capaces de responder”, sostuvo Vanina Biasi, diputada del Frente de Izquierda.
Los proyectos proponen aumentar los haberes jubilatorios hasta alcanzar la canasta básica, financiado por impuestos a grandes fortunas y evasores, no por el IVA. También busca promover el trabajo registrado para asegurar fondos para el ANSES. Además, plantea interpelar al director del PAMI y derogar resoluciones que limitan el acceso a medicamentos gratuitos para quienes ganan más de 389.000 pesos.
Gabriel Solano, diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, subrayó: “Ya no se trata de proyectos nada más, hay que luchar. Porque el Gobierno bloquea los proyectos, y cuando eventualmente se aprueban, los veta. La pelea más importante es fuera del Parlamento”.
Los adultos mayores se movilizaron frente al PAMI para reclamar la provisión de los medicamentos gratuitos que fueron eliminados de la cobertura social por el gobierno de Javier Milei.
Este viernes se llevó a cabo una gran movilización por parte de jubilados y agrupaciones políticas frente al PAMI, con el objetivo de reclamar por la devolución de la cobertura del 100% de los medicamentos. La manifestación comenzó a las 11 de la mañana en Avenida Corrientes 655, donde el organismo tiene su sede central, y concluyó con un semaforazo en Florida, cerca de las 13.
Carteles, banderas y cánticos, fueron los elementos esenciales para demostrar que los adultos mayores cuentan con fuerza para hacerse escuchar. La utilización de un megáfono en la vereda permitió que todos los jubilados que quisieran hablar de la situación que atraviesan, pudieran hacerlo. El semaforazo comenzó justo al mediodía y se convirtió en una tácticas que permite visibilizar sus reclamos.
Una de las manifestantes que se hallaba en el lugar fue Olivia Riquelme de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), quien indicó a ANCCOM la importancia de luchar y que los jubilados se sumen a estas convocatorias, que tienen como fin la recuperación de los derechos perdidos. “Estoy movilizándome por los jubilados, por nosotros mismos, porque nos sacaron la medicación. Teníamos el 100% que nos daban y ya no la dan. Están dando alguna medicación oncológica, pero conseguirla te cuesta tu vida. Somos adultos mayores y se perdió la conciencia de respeto hacia los más grandes”, dijo y agregó: “Tengo psoriasis y tenía que usar la crema de Bagó que pagaba 20.000 pesos; usaba cuatro pomitos, lo que da un total de 80.000. Mi jubilación llega a 300.000 pesos y en el hospital público, un preparado solucionó el problema: me lo daban gratis. ¿Cómo no voy a defender a quiénes se preocupan por la gente?”.
Una de las particularidades que se observaron en las horas de movilización hacia el PAMI fue que no todos eran jubilados nucleados en organizaciones políticas. También, se hicieron presentes adultos mayores independientes y que nunca había tenido contacto con una manifestación de este tipo, como María Elena Rodríguez, quien realizó más de 41 años de aportes y se jubiló como operaria de una fábrica. “El PAMI es de todos los trabajadores que aportamos, les pido a todos los jubilados y estudiantes universitarios, que salgan a la calle a luchar. Yo fui operaria de fábrica, me movilizo por mis hijos, mis nietos y los que van a venir. Debemos ganar la calle, así como lo hizo el Posadas, el Bonaparte, ahora hubo despidos de vuelta y voy a salir a luchar de nuevo, porque apoyo a los médicos”, dijo.
“Tengo tiroides, problemas circulatorios y el aumento del valor de los medicamentos es muy elevado. Estoy harta, que se dejen de gastar plata en tanta represión, porque los jubilados no traemos agua caliente como dicen algunos noticieros: ni palos, ni piedras. Somos gente profesional, yo nunca salí a protestar, pero hoy gané la calle y voy a morir de pie, no de rodillas”, añadió María Elena.
Por otra parte, hay jubilados que se movilizan todas las semanas para hacer visibles sus peticiones, como es el caso de Mónica que se desarrollaba como editora. Forma parte del Plenario de Trabajadores Jubilados que se reúne una vez por semana. “Estoy acá como todos los miércoles, porque la situación de los jubilados no da para más. Nos vienen relegando desde hace añares, pero en estos últimos meses la situación se agravó a pasos agigantados. A este gobierno lo único que le interesa son los beneficios de las grandes empresas y el sistema financiero, la situación de los trabajadores no la mira.”
“Aporté 35 años, no cobro la mínima y no me alcanza –agregó-, eso que estoy sana, si tuviera que pagar remedios, no podría vivir. La jubilación no tiene ninguna relación de lo que sería mi salario en la actualidad, es solo el 30% de lo que debería ser”.
No todos los que se encontraban presentes en la lucha de esta mañana son de PAMI, Ana tiene OSECAC, es jubilada y trabajó 17 años en Entel, cuenta con 75 años y milita en Jubilados de Izquierda. “Tenía la jubilación mínima, pero gracias a que gané un juicio, gano un poco más ahora, pero no es suficiente para vivir. El bono quedó parado en 70.000 pesos y eliminaron los remedios gratuitos, es un desastre este gobierno. Tomo medicamentos para la columna, gasto más de 150.000 pesos al mes, pero tengo casa propia. El abuelo que tiene alquiler y expensas, se muere porque no llega a pagar los medicamentos.”, dijo.
Una de las cosas que más resonaron en la marcha es que los jubilados siempre fueron uno de los grupos más excluidos de la sociedad. Para Mónica, la militante del Plenario de Trabajadores Jubilados, “ningún gobierno piensa en los jubilados, Cristina nos vetó el 82% móvil, con el mismo argumento que Milei: No hay plata. Plata hay, porque es nuestra plata y el Estado vive de los jubilados, porque nuestros aportes han servido hasta para pagar la deuda externa.”.
El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la represión a quienes se manifestaron en contra pone en agenda un tema que espera solución hace por lo menos una década. El 64 por ciento de los adultos mayores cobra el haber mínimo y junto a los niños son quienes más personas aportan al 52,9% de pobres que acaba de anunciar el INDEC.
En los últimos diez años, cada gestión gubernamental que asumió implementó reformas previsionales, pero todas resultaron insuficientes en un contexto de crisis económica. Tanto los proyectos que se decían inclinados a la justicia social como aquellos que priorizan el equilibrio fiscal no lograron evitar que en la actualidad más de cinco millones de jubilados y pensionados se encuentren debajo de la línea de pobreza.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó el proceso de moratoria que permitió que ingresaran al sistema jubilatorio más de 2,5 millones de personas que no alcanzaron los 30 años de aportes por trabajar en la informalidad o porque sus empleadores retuvieron pero no realizaron los aportes previsionales que ordena la ley. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y estatizó todas las jubilaciones, y en 2014 impulsó una nueva moratoria, que expandió la cobertura previsional al 95% de las personas en edad de jubilarse.
En el año 2008, durante el gobierno de CFK se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que establecía una actualización de los haberes dos veces al año, con una fórmula que combinaba la evolución de los salarios con la recaudación impositiva. A partir del 2014, la inflación se aceleró y comenzó a afectar negativamente los haberes más bajos.
En diciembre del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó la reforma previsional que actualizaba los haberes trimestralmente contemplando el 70% de la inflación y el 30% la variación de los salarios. Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), afirmó en diálogo con ANCCOM que “gran parte de la caída del poder adquisitivo de los jubilados se debió a este cambio de fórmula jubilatoria, porque al momento de aplicarla omitieron un trimestre”. A lo largo del mandato macrista, la inflación acumuló un 300% y las jubilaciones perdieron el 20% de su capacidad de compra.
Raquel Márquez, miembro del Concejo Superior de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país manifestó: “El gobierno de Macri comenzó la debacle. Enterró las conquistas previsionales y de seguridad social impulsadas por los Kirchner”. Entre exigencias del FMI y el intento de disminuir el déficit fiscal, se redujeron las prestaciones de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se eliminaron medicamentos de la cobertura total del PAMI, se recortaron subsidios a los servicios públicos y a los centros de jubilados, se quitaron los programas que permitían acceder a descuentos en alimentos y comercios y redujeron el presupuesto para las residencias geriátricas.
Márquez recordó: “Cuando Alberto Fernández asumió, dijo que si debía elegir entre los bancos y los jubilados optaría por estos últimos. Lamentablemente no pudo cumplir con las metas que pretendía”. Cuando llegó al poder, Fernández suspendió la fórmula de movilidad de Macri y otorgó aumentos discrecionales hasta marzo del 2021, cuando comenzó a regir el nuevo cálculo de haberes con actualización trimestral que sumaba el 50% de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 50% de la variación salarial. Las jubilaciones mínimas fueron complementadas con bonos extraordinarios en un intento de reducir el impacto de la inflación, y su caída real fue de 0,4%, mientras que los haberes más altos sufrieron una caída del poder adquisitivo hasta del 35%.
La canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos.
Actualmente la canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados son pobres y más del 64% de los adultos mayores perciben el haber mínimo. Mónica Gómez, jubilada, dijo: “Es una vergüenza, no sé quién puede vivir con tan poca plata. Hay cierta edad donde te volvés invisible y los jubilados siempre somos los últimos, cobramos una miseria. Gano la jubilación mínima y más o menos me arreglo porque no alquilo y mis hijos me ayudan con los gastos, pero hay mucha gente sola o con familias que están peor que ellos”.
En marzo de este año el presidente Javier Milei estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pasado 11 de septiembre se aprobó el veto del jefe de Estado a la Ley de Movilidad Jubilatoria, y rechazó agregar al cálculo vigente un aumento del 8,1% y un mínimo superior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09. A su vez, el gobierno confirmó que el bono extraordinario quedará congelado en $70.000 hasta nuevo aviso. Márquez sostuvo: “El veto hizo que no se nos otorgaran 17.000 miserables pesos que no nos alcanza ni para pagar un medicamento. Es criminal. Hablo de genocidio social porque nos están desapareciendo a través de la eliminación de remedios y el aumento de los alimentos de tal manera que la gente no pueda afrontar lo que tiene que comer con lo que gana”.
Zirulnik afirmó que el problema del modelo vigente es que congeló los haberes en términos reales en el piso de los últimos 10 años. También destacó que el gobierno podría haber optado por otras medidas para preservar el equilibrio fiscal, por ejemplo, aumentar el Impuesto de Bienes Personales en lugar de ajustar a jubilados y recortar programas sociales destinados a aliviar su carga económica.
La combinación de inflación crónica, un alto nivel de informalidad laboral, políticas de ajuste fiscal y la ineficacia de las fórmulas de movilidad jubilatoria hacen que la pobreza, que afecta a las personas de la tercera edad que perciben los haberes mínimos e intermedios, sea estructural.
Márquez enfatizó la necesidad de modificar la percepción sobre los jubilados: “Es fundamental que se nos vea como sujetos de derechos y no como objetos de desecho. Hay que poner a las personas de la tercera edad en el lugar del trabajador, no como un viejito meado que está por morirse.Un jubilado es una persona, con todos los derechos a la dignidad en la vida”. Concluyó refiriéndose a las medidas implementadas por el gobierno de Milei: “Pretenden que perdamos todo tipo de confort mínimo. Este tipo de políticas nos destrata, nos maltrata, nos margina, y nos excluye cuando todos somos seres humanos que estamos acá para aportar a la vida. La jubilación no es un gasto, es una inversión social”.