Este miércoles, Frente al Congreso, hubo una nueva marcha de jubilados exigiendo aumento del haber, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria. Un desproporcionado operativo de seguridad, que incluyo a cuatro fuerzas -Policía Federal, Gendarmería Prefectura y Policía Aeroportuaria- lanzó gas pimienta y golpeó a los manifestantes. Hasta una niña de 11 años fue lastimada. Mirá las fotos de ANCCOM.
Una nueva marcha masiva frente al Congreso repudió la represión del miércoles pasado y exigió aumento para los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobaba el acuerdo con el FMI sin conocer el monto, los plazos de vencimiento ni las condicionalidades que el organismo impone. No hubo quorum para tratar los proyectos vinculados a la tercera edad.
Tras la violenta represión del miércoles 12 de marzo -cuando efectivos de seguridad golpearon y rociaron gas en los ojos a jubilados, dispararon balas de goma contra manifestantes y un gendarme hirió en el cráneo con un proyectil de gas lacrimógeno al fotoperiodista Pablo Grillo—, la marcha de este miércoles transcurrió sin represión. Sin embargo, la tensión continuó con un fuerte operativo de seguridad, vallas alrededor del Congreso, controles en estaciones de tren y propagación del miedo por todos los medios posibles para desalentar la movilización.
ANCCOM acompañó a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) en la caminata para exigir justicia por Grillo y el respeto a la labor periodística. “¡Fuerza, fuerza, fuerza, Pablo, fuerza!”, coreaban los trabajadores. Alejandra Bartoliche, vicepresidenta de aRGra, advirtió sobre la precarización que atraviesa el sector y la falta de medidas de protección en contextos represivos. “Hay muchas cámaras, pero muy pocos fotorreporteros cuentan con los elementos necesarios para resguardarse en represiones como la del miércoles pasado”, señaló.
Bartoliche también cuestionó la falta de avances en la investigación contra el cabo primero de Gendarmería, Guerrero, quien disparó el proyectil contra Grillo. “Exigimos que se investigue. Pasaron siete días y Pablo sigue luchando por su vida, pero no hay un solo fiscal que haya actuado de oficio”, denunció. Además, criticó la implementación del protocolo de seguridad del gobierno: “Hoy no tenemos acceso al Congreso, está vallado, y eso es anticonstitucional. Exigimos libertad de expresión”.
La aparente calma
La movilización de este miércoles pareció desarrollarse de manera más ordenada. “Tiene que ver con que hubo más organizaciones que convocaron y con que las fuerzas de seguridad tuvieron que ser más cuidadosas, porque, desde el punto de vista político, lo del miércoles pasado fue un fracaso, porque debilitó su imagen nacional e internacionalmente”, opina Rubén Rojas, jubilado universitario.
Por su parte, Esteban Chalá, integrante del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), la ONG de rescatistas que asisten a heridos en las marchas con sus característicos uniformes naranjas, explicó la diferencia en la estrategia represiva: “El miércoles pasado buscaron impedir que los manifestantes llegaran a la plaza; por eso se reprimió antes de que las columnas pudieran ingresar”. En cambio, la marcha del 19 de marzo fue distinta: vallar el Congreso para que manifestantes y fuerzas de seguridad queden separados. “Se encierran en su burbuja blindada porque les da miedo que la gente proteste en la plaza de los y las argentinas”, plantea el integrante del CEPA.
El médico Félix Barbone, del Hospital Eva Perón de San Martín, informó que en la marcha anterior atendieron a dos personas que perdieron un ojo y a muchos manifestantes afectados por gases lacrimógenos. “Hoy no tuvimos que atender heridos, pero la tensión sigue presente, no sabemos qué puede hacer este gobierno represivo”, sostuvo.
Si bien no hubo represión física, durante el día, efectivos de seguridad solicitaron documentos de identidad en estaciones de tren y subte, mientras que en altavoces y carteles se difundían mensajes advirtiendo que la policía reprimiría “todo atentado contra la república”. Sobre esta estrategia, un grupo de jubilados comentó a ANCCOM: “Es un mensaje que busca asustar a la población y desalentar la movilización. Es algo muy grave, nos da piel de gallina”.
Sin embargo, los manifestantes no se dejaron intimidar. Detrás de las vallas del Congreso, se extendieron cuatro cuadras de columnas formadas por organizaciones sociales, partidos, personas autoconvocadas y sindicatos, manifestándose pacíficamente en la defensa de los derechos de los jubilados. “También marchamos por un derecho elemental, básico, constitucional: el derecho a manifestarse, a expresarse, a protestar”, afirmó Alejandro Horowitz, jubilado universitario. Rubén Rojas, también jubilado universitario, coincidió en que la represión no solo ocurre cuando hay violencia física, sino desde el momento en que se bloquea la movilización: “Cuando limitan nuestros cuerpos y nos dicen cómo conducirnos, ya están reprimiendo”.
Resistencia y memoria
La movilización no solo fue una respuesta a la represión de la semana pasada, sino también un recordatorio de la lucha histórica de los jubilados, que marchan todos los miércoles. Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, sostuvo “Esta es una manera de ponerle freno al modelo represivo que acompaña a este trágico modelo económico, de una manera tan cruenta que no veíamos desde 2001, ni en la represión de 2017 y 2018”. Asimismo, Levy critica los mensajes del gobierno sobre supuestos atentados contra el gobierno. Para él, el verdadero golpismo es “tomar el Estado para hacer negocios personales, endeudar al país a cien años y usar la fuerza pública para pegarle a los más débiles”.
Horowitz insistió en la importancia de la movilización: “Los que no marchan deben saber que cada vez somos más, y que no se trata de esconderse, sino de salir a la calle y mostrar que este es un gobierno dictatorial que no puede seguir así”. En esa línea, recordó que quienes hoy son jubilados fueron jóvenes en los años 60 y 70, tiempos de luchas y resistencia. “Por eso es muy difícil que nos corran fácilmente de la calle”, sostuvo.
Adentro del Congreso
Mientras miles de personas se manifestaban, en la Cámara de Diputados se discutía el DNU enviado al Congreso por el presidente Javier Milei para convalidar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nadie sabe de qué monto se trata, a qué plazo y con cuáles condicionalidades. A pesar de no contar con esa información los legisladores lo aprobaron por 129 votos a favor contra 108 en contra. Solo se opusieron los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad.
A si vez, cuando se iban a tratar los proyectos de prórroga de la moratoria jubilatoria, que vence el próximo domingo, la sesión se levantó por falta de quorum. Para ese entonces, las Plaza del Congreso ya estaba casi vacía.
En complicidad con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, periodistas oficialistas intentaron estigmatizar a socios de clubes que trabajan por el bienestar común para justificar la represión estatal. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich en connivencia con los medios de comunicación La Nación+ y Clarín, difundieron una serie de fake news contra los integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol para estigmatizar a los hinchas que se autoconvocaron a la marcha de jubilados el miércoles 12 de marzo y así asociarlos falsamente con “barrabravas”. Sergio «Cherco» Smietniansky, coordinador de Derechos Humanos del club de fútbol Banfield, desmiente a la ministra: «Lo que se movió en los clubes no fue eso. No fueron los millonarios, los empresarios, los que ganan guita vendiendo un jugador. Fueron la otra parte de los clubes. Entonces, como era un movimiento tan hermoso, tan solidario y tan genuino la única manera era demonizarlo”.
“Estaba en la Línea A del subte. Una persona totalmente desconocida, me dice ‘zurdito ahora te tenemos calado, te va a caber’. Ahí está lo peligroso”, relata Vignozzi.
Miente, miente que algo quedará
“No me había pasado nunca que sean tan puntuales; que nos pongan en un medio de comunicación que mucha gente lee, escucha o lo que sea, con nombre y apellido, exponiéndonos y encima mintiendo”, expresó en diálogo con ANCCOM Mariano Vignozzi fundador de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol. Con una whipala cubriendo una parte de su pared y un cerámico con el pañuelo blanco de Abuelas de Plaza de Mayo, el hincha de Ferro continuó contando: “Estaba en la Línea A del subte. Una persona totalmente desconocida, un cuatro de copas, me dice ‘zurdito ahora te tenemos calado, te va a caber’. Ahí está lo peligroso”.
La fake news empezó con los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tratando de asociar a los hinchas de fútbol que habían movilizado en conjunto con los jubilados con “barrabravas”. El informe de Clarín, retoma el relato oficialista y le suma sus condimentos: “camporistas” y “militantes”. El conductor de La Nación+, Luis Majul, retomó la noticia falsa de Clarín y la profundizó, aumentando la escala de engañados a los espectadores de la televisión. Los nombres, apellidos y las caras, fueron difundidos por el principal conglomerado de medios del país.
La falacia de tomar la parte por el todo se combina con la estigmatización contra quienes ejercen su derecho a la protesta en contra de los intereses del gobierno libertario. Hernán Aisenberg, integrante de la Coordinadora de Hinchas, en diálogo con ANCCOM, argumenta: “Democráticamente frente a cualquier tipo de reclamo legítimo del pueblo, el gobierno encuentra una estigmatización para poner del lado del mal”. En sintonía con lo expresado por Aisenberg, Smietniansky refiere a la operación mediática que busca desviar el foco de los reclamos de los jubilados: “Te corren el eje, los hinchas pasamos a ser barrabravas y el eje pasó a ser una marcha de barrabravas que nunca existió”.
Jubilados vitalicios
“Es un honor llegar a vitalicio en el club”, manifiesta Hernán Aisenberg. El vitalicio es aquella persona que después de aportar a la cuota de socio del club durante más de 20 años, se le garantiza el beneficio de no tener que seguir abonando para continuar siendo socio. Cómo en la jubilación, el compromiso y la dedicación aportados al club son valorados por la comunidad. Aunque a diferencia de las pensiones, se los recompensa con el reconocimiento y entradas gratuitas a la cancha, en vez de represión policial.
Ante la pregunta sobre cuáles fueron los motivos por los que decidieron sumarse a la marcha del miércoles en solidaridad con los jubilados, Vignozzi responde: “Ese jubilado es de Chacarita, pero también hay jubilados de Ferro. También hay jubilados de Banfield, también hay jubilados de Gimnasia, Estudiantes, de San Lorenzo, de Huracán, de todos los clubes. Además, estaba un Estado represor atrás”. Aisenberg suma que los jubilados son los protagonistas de esta lucha y que, por lo tanto, la solución es simple: si el gobierno en vez de reprimir cada miércoles, utilizara ese presupuesto para subir las jubilaciones a un monto razonable se terminaría el problema: “Denle a los jubilados lo que les corresponde y los hinchas volvemos a nuestros clubes”.
“Imaginate todo lo que llevamos de donaciones a Bahía Blanca y todo lo que podríamos haber llevado si en lugar de poner parte de nuestra energía en la calle la hubiésemos puesto para la inundación”, reflexiona Aisenberg.
Somos todos
La Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol agrupa a más de 40 clubes, entre ellos sus fundadores: Banfield, Lanús, Rosario Central, Defensores de Belgrano, Ferro, San Lorenzo y Argentinos Juniors. Entre sus actividades cotidianas realizan desde colectas hasta visitas a excentros clandestinos de detención de la última dictadura.
El domingo pasado, la Coordinadora convocó a Plaza de Mayo para preparar las actividades del 24 de marzo. Una bandera expresa “Fuerza Pablo”, trayendo a la memoria al fotoreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por un gendarme que le disparó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza durante la represión a la marcha de jubilados. Todavía está internado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico.
Cada uno con su camiseta, ya sea de Boca o River, Atlanta o Chacarita Juniors, Lanús o Banfield, Independiente o Racing, Vélez o Ferro, San Lorenzo o Huracán, participaron de una misma hinchada. El hincha de Banfield, Smietniansky, manifiesta: “Hinchas somos todos, incluso los asesinos que aprietan el gatillo. Lo que pasa es que unos queremos a nuestros clubes como lo que son, dedicados a la vida. Lo que diferencia a Argentina del resto, es que los clubes de fútbol echaron raíces en los barrios, tienen fines sociales. Además de los once pateando la pelota, hay gente que trabaja ahí por cultura, por género, por derechos humanos. Nosotros teníamos que ir a la marcha y la gente llegaba tarde porque estaba acopiando la ropa para mandar a Bahía Blanca”.
Ferro, aquel lugar donde se encuentra el ferrocarril oeste y llegaban las donaciones que después Eva Perón repartiría, hoy es un espacio donde se coordina una campaña por Bahía Blanca para juntar y trasladar donaciones a las personas afectadas por el temporal. Aisenberg reflexiona y lamenta las necesidades que provoca el Estado con su ausencia: “Imaginate todo lo que llevamos de donaciones a Bahía Blanca y todo lo que podríamos haber llevado si en lugar de poner parte de nuestra energía en la calle la hubiésemos puesto para Bahía Blanca”. Donde el Estado se retira, florecen relaciones solidarias entre los clubes de barrio que van más allá del color de la camiseta.
La represión del miércoles pasado fue el punto cúlmine de una sucesión de acontecimientos inaugurados con el caso $Libra donde el gobierno perdió el manejo de la agenda. El sociólogo Pablo Semán, historiadora Dora Barrancos, la politóloga Gabriela Delamata y el diputado Daniel Arroyo analizan el escenario.
El miércoles pasado se vio el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullich en su faceta más cruda. La represión a la marcha semanal de los jubilados, cuyos haberes han sido recortados en un 24% en términos reales, terminó con el fotoperiodista Pablo Grillo peleando por su vida tras el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Esto abre una serie de interrogantes: ¿Estamos al borde de un estallido social? ¿La tensión en las calles escalará? ¿Cuál es la naturaleza del accionar del gobierno en materia de seguridad?
A todas luces, la política de seguridad frente a la protesta social no parece un accidente ni un exceso, sino algo premeditado. “El gobierno tomó la decisión estratégica de avanzar un paso más en su propio modelo represivo, destinado a aniquilar la protesta. Es contra la actual y la futura, una respuesta política elaborada y meditada con el objetivo de decir ‘podemos ser los más malos del mundo’”, subraya Pablo Semán, sociólogo y antropólogo autor del libro Está entre nosotros (Siglo XXI).
En su primer mes de gestión, el Ministerio de Seguridad instauró el protocolo antipiquetes, dando la posibilidad a las fuerzas policiales de aprehender a los manifestantes ante cualquier corte de calle. Incluso, la propia Bullrich declaró en febrero del año pasado que no dejará de actuar de esta manera “por miedo a un muerto”. El autor reflexiona que “este tipo de represión se empezó a pensar antes. Esta decisión se tomó cuando comenzó la corrida bancaria en Brasil, cuando el gobierno vio urgente acudir al FMI”.
Para la socióloga e historiadora Dora Barrancos, esto se explica también por la figura de la ministra de Seguridad: “Quien comanda la violencia del Estado es alguien que hace lo que quiere. Esta señora desquiciada no tiene ningún contrapeso porque el resto está en otra cosa”. En esa línea, observa en los miembros del Poder Ejecutivo “personalidades que tienen una composición personal grave, incluido el propio presidente. Son muy poco sofisticados en todos los rubros, incluso para la corrupción”, dice, en referencia al caso de la criptomoneda $Libra.
Ante esta situación, Gabriela Delamata, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, especializada en protesta y movilización social, analiza los incidentes del miércoles pasado, destacando que “hubo una guerra de relatos acerca de lo que hicieron las fuerzas de seguridad. La ministra (Bullrich) fue una de esas voces, anclando los hechos a la idea de polarizar entre ellos y kirchneristas, lo que construye significados”.
Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, cuando en realidad sólo 25 de los 94 detenidos contaban con alguna causa en su contra, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Por su parte, el Poder Ejecutivo, de la mano de su vocero Manuel Adorni, aseguró que se trató de un intento de golpe desestabilizante. Sobre esto, Barrancos recalca que “saben que esto es falso. Hay un aparato falsario funcionando, todo está producido sobre falsedades”.
Tensión social
Más allá del accionar represivo del Estado, la efervescencia en las manifestaciones está, sin pausa pero sin prisa, aumentando. El gobierno de Javier Milei observa cómo se multiplican las concentraciones en contra de sus políticas. ¿Estamos, entonces, ante una escalada social?
Sobre esto, el diputado nacional Daniel Arroyo marca que “no hay condiciones en lo inmediato para un estallido porque hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente revienta para adentro, no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, está endeudada. Eso se traduce en tensión social, pero el fenómeno es hacia adentro”.
Por otro lado, destaca que hay un efecto de desmovilización: “Se rompió la idea de que si uno protesta, consigue algo. Hoy tenés riesgo de que te repriman y, además, tenés miedo de perder lo que ya tenés”. Para el diputado, “las puebladas no son un fenómeno del siglo XXI, en donde las formas de comunicación cambiaron. Antes de estallar, la sociedad marca. Un punto de inflexión fue la marcha universitaria, señaló un límite”.
Por su parte, Delamata, investigadora del CONICET y docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), pone distancia entre la situación actual y el 2001, año en el cual el gobierno de la Alianza cayó producto de movilizaciones masivas en todo el país: “En aquel entonces tuvimos un escenario de fragmentación política muy fuerte, fruto de protestas en contra de todo el sistema de representación”. Dicho esto, señala que, a pesar de que puede haber condiciones materiales similares, “en este momento no está esa división, lo que prima hoy es la polarización”.
En esta misma línea, asevera que “el 2001 vino precedido de elecciones legislativas, en las que 10 millones de votantes se ausentaron o votaron en blanco. En el día de hoy, son dos espacios políticos que están enfrentados, que tienen valores y están apoyados en campos ideológicos existentes en la Argentina. Es otra dinámica, mientras no se desestabilice esa construcción del conflicto, no va a suceder (un estallido)”.
A su vez, Barrancos marca la importancia del apoyo con el que todavía cuenta el oficialismo, destacando que Milei “ganó el balotaje con la voluntad popular de mucha gente que podría haber sido indicada como saqueador en el pasado”.
En ciertos sectores de la opinión pública, sobrevuela la expectativa de una desestabilización del gobierno dada su presunta debilidad. Semán se distancia de esto, recordando que con el caso $Libra hubo gente que pensó que el gobierno iba a caer. “¿Cuántos escándalos tuvo Menem antes de que la convertibilidad tenga algo de éxito?”, se pregunta.
Crisis de representatividad
Uno de los factores que más dilata el aumento de la conflictividad social es la desconexión que existe entre el sistema político y la sociedad. Para Arroyo, “no se encuentran canales de representación. Está roto el vínculo con los actores de agregación de demandas”.
Delamata remarca que la praxis discursiva del oficialismo disipa la posibilidad de un desenlace similar al 2001: “Uno de los principales instrumentos del gobierno para mantener su popularidad es apelar todo el tiempo a que está combatiendo al kirchnerismo, a los zurdos, a la gente de mal. Del otro lado, al mismo tiempo, no se puede salir de ahí, ya que allí no hay ninguna construcción alternativa”.
En este contexto, la oposición no logra dar respuestas ni tampoco logra tener una postura cohesiva o convincente. Para Semán, “los mismos que alucinaban helicóptero el primer mes de mandato ahora dicen que va a durar mil años. No es un gobierno fuerte ni tambaleante, es uno que está construyendo su mandato como cualquier otro. En Argentina estos procesos son más revulsivos, con más posibilidades de traumatismos sociales”. En consecuencia, destaca que “este modelo represivo se beneficia en parte de la indigenidad de la oposición, que tiene expectativas de repetición histórica y una concepción muy mecánica de la vida social”.
En ese sentido, reflexionando sobre una postura de aquí en más, observa que “hay mucha gente que juega al ‘valentismo’ y a que esto es una dialéctica entre ‘cagones’ y ‘valientes’. Lo que hay que pensar es en cómo generar movilizaciones masivas, que son las que quebraron el protocolo antipiquetes. Pero estas se producen con tiempo, por lo que no se puede jugar a la desesperación”.
A través del aporte colectivo de fotografías y filmaciones se pudo visualizar el momento en que el cabo primero de Gendarmería dispara el cartucho que impacta en la cabeza del fotógrafo.
En una conferencia de prensa conjunta la organización civil Mapa de la Policía, el CELS, ARGRA, FATPREN y SIPREBA, identificaron al autor del disparo que impactó en la cabeza de Pablo Grillo: se trata del cabo primero de Gendarmería, de apellido Guerrero, número de legajo 103208, perteneciente a la unidad móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). Continúan las averiguaciones por su nombre de pila, pero la sobreabundante información recolectada de manera colectiva gracias a la iniciativa de estas organizaciones permitirá concretar una denuncia contra el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, contra Guerrero, sus superiores y la implicación y encubrimiento de la ministra de Seguridad como responsable mayor del operativo, defendido con falacias fácilmente refutables con las evidencias ya reunidas. “Seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich”, dijo Sebastián Vricella, director de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
Gracias al informe realizado por peritos científicos con la recolección de material audiovisual de reporteros gráficos, medios de comunicación, y el aporte de los ciudadanos que participaron de la marcha el pasado miércoles 12 de marzo, se logró reconstruir minuciosamente el momento del disparo que impactó en Pablo Grillo; tanto el trayecto y la ubicación del disparo como al tirador que lanza el proyectil.
“Seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich”, subrayaron en la conferencia de prensa.
Guerrero, el presunto autor material del hecho, portaba un uniforme y accesorios diferentes a los demás miembros de la fuerza, como su traje color caqui, gafas polarizadas, máscara antigases que cubría toda su cara, un par de morrales porta municiones, que resultaron útiles para su identificación en el material. En esta línea, Mario Santucho, director de la Revista Crisis, remarcó lo significativo que resulta el envío de la totalidad del archivo registrado: “Quiero hablarles a los reporteros gráficos sobre la importancia que tiene que manden sus registros al mail registrocolectivo2024@gmail.com cada vez que van a una marcha y cada vez que hay este tipo de conflictos; y no solo las fotos donde se ve el palazo en la cabeza o el momento de represión, sino todo lo que se ve en ese momento. Ahora, con las cámaras digitales, se pueden hacer muchas fotos y solo una va a los diarios. Nosotros no necesitamos la que va a los diarios, necesitamos todas. Como ustedes vieron, hubo un video en el que pudimos ver de dónde sale el proyectil y, después, en conjunto con todas las imágenes de ese momento, aunque fueran 15 minutos antes o después, logramos identificar a la persona en una de ellas haciendo zoom a la insignia. Todas las fotos son importantes porque nos permiten armar la arquitectura forense del hecho. Así como es fundamental seguir en la calle, no verse apabullado por la prepotencia y la crueldad del gobierno, es fundamental organizarnos para construir esta inteligencia colectiva que logra producir verdad, y que logra desarmar la mentira del encubrimiento que intentó la ministra y el gobierno durante estos días”.
En sus últimas declaraciones, Patricia Bullrich solo ratificó su defensa al operativo represivo: en un intento de instalar una versión totalmente contraria a lo que se puede observar en las imágenes, la ministra afirmó que no abrirá sumarios contra los efectivos policiales y respaldó al gendarme que que hirió gravemente a Grillo, porque “tiró como dicen los manuales”, es decir, a 45 grados hacia arriba.
El informe elaborado por la organización civil Mapa de la Policía recolectó una considerable cantidad de evidencias del accionar sistemático de las fuerzas donde se las observa disparar al nivel del cuerpo de los manifestantes, como es el caso del cabo Guerrero.
A pesar de todas las contradicciones discursivas, la ministra tuvo el apoyo directo del presidente Javier Milei en su discurso de la Expoagro en San Nicolás, evadiendo cínicamente el estado de Pablo: “Los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la república porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes; yo solo estoy en el medio”.
Litvachky adviertió que, según declaraciones tanto de operadores como de funcionarios del propio gobierno, la SIDE entrará en el tablero en la marcha del próximo miércoles.
Ante las preocupaciones por la seguridad de los miércoles que vendrán, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, adelantó que, junto a aRGra, SiPreBA y las demás organizaciones de derechos humanos que mantienen la denuncia de la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete, presentaron un pedido cautelar para proteger la convocatoria que viene. Afortunadamente, el juez que recibió la solicitud le dio la razón a los querellantes: el próximo miércoles estará en la manifestación para realizar una observación presencial del operativo, considerando que las imágenes registradas muestran que, efectivamente, hubo una actuación policial contraria a los principios que garantizan el derecho a la protesta y dan mucha verosimilitud a quienes piden la cautelar. Sin embargo, surge una preocupación: Litvachky advierte que, según declaraciones oficiales tanto de operadores y hasta funcionarios del propio gobierno, la SIDE entrará en el tablero.