Un grito enorme para llegar al mínimo

Un grito enorme para llegar al mínimo

Los movimientos sociales realizaron 60 cortes en todo el país en reclamo de la aprobación del Salario Básico Universal, presentado por un sector del oficialismo. En Puente Pueyrredón, una masiva concentración se topó con el bloqueo de uniformes y realizó el acto en el mismo lugar. Fuerte reclamo al Gobierno nacional para alcanzar la cobertura mínima para más de 7 millones de personas, en medio de una profunda crisis económica.

 

Banderas gigantes de telas rasgadas con los nombres de las organizaciones convocantes cubrieron la avenida Mitre en la mañana del miércoles 20 de julio. “Hoy estamos en la calle por este reclamo que en definitiva es justicia social para la Argentina -se escuchó por los parlantes del camión estacionado en medio de la avenida-. Hay más de 60 cortes en todo el país para decir muy fuerte y desde la calle que el hambre es un crimen ¡Salario Básico Universal ya!”.

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA); Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); La Poderosa; la Federación Argentina de Cartoneros; el Frente Popular Darío Santillán, el Partido Piquetero y el Frente Social Migrante, entre muchos otros, convocaron una vez más a movilizarse por un Salario Básico Universal. En Avellaneda, punto principal de concentración,  llegaron de las intersecciones, con pecheras de todos colores, grupos a pie que se sumaron a la columna que se preparaba para avanzar hacía el Puente Pueyrredón.

En medio de la multitud, Nacho Levy, dirigente de la Garganta Poderosa dijo: “Esta es una jornada importantísima que, de alguna manera, condensa en la calle lo que las distintas asambleas, las distintas barriadas y los distintos grupos comunitarios vienen denunciando hace un montón de tiempo. Me parece que si los anuncios de la ministra (de Economía, Silvina Batakis) tuvieron que ver con calmar a los mercados o al FMI, esta es la muestra más clara que todavía faltan los anuncios que vengan a calmar a estos últimos, que hasta hoy siguen siendo siempre los últimos”. Mientras tanto, detrás, más personas se incorporaban a la columna que iba creciendo lentamente con el paso de los minutos. “Si hay que discutir el déficit fiscal, habrá que discutirlo con el FMI, con los que evaden, con los que fugan. De ninguna manera con las cocineras comunitarias de nuestros barrios que les pusieron el hombro a la pandemia y que todavía siguen bregando por un salario mínimo con el que poder alimentar a su familia”, agregó Levy.

La presencia de Juan Gabrois rodeado de cámaras, dejó nuevamente en evidencia la insistente división oficialista y la resistencia a votar el proyecto de ley por el Salario Básico Universal presentado por la CTA. Dina Sanchez, referenta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) dijo: “Lo que nos impulsa a estar hoy en las calles es que mucho se habla pero no se concreta nada. Hay que pelearla. Que salga por decreto, que salga por donde salga, pero que salga”.

Una fila de trabajadores con cascos amarillos levantaron el mismo cartel y se colocaron en la delantera. “Es el momento de usarla. Salario Básico Universal”, decía y debajo una foto de una lapicera. Al mismo tiempo, uno de ellos sostuvo una lapicera celeste de dos metros que decía “Salario Básico Universal” en letras blancas. “Lo único que falta es que usen la lapicera para firmar el decreto de Salario Básico Universal” – gritan desde el escenario- “con una sola firma pueden terminar con la indigencia”.

La tensión y expectativa se notó en la espera a que llegaran todos los compañeros convocados. “Hay compañeras de toda la zona sur que todavía no pueden llegar porque cortaron todos los trenes. Hay compañeras que están viniendo caminando pero se está haciendo difícil. Esperamos poder subir al puente, pero no sé, hay mucha cana”, explicó Dina.

Las movilizaciones fueron el resultado de más de 450 asambleas que se hicieron el miércoles anterior en los barrios populares y ruralidad pobre de todo el país. “Las asambleas fueron muy importantes porque escucharon de nosotros y nosotras mismas, las personas que estamos impulsando el salario básico universal -dijo Dina- Se hicieron con el objetivo de romper con lo que algunos grandes medios hegemónicos plantean, que los planeros quieren más planes, que no quieren trabajar, que cortan las calles, bla, bla. Por eso era importante hablar con vecinos y vecinas, ir más allá. Hoy ellos saben por nuestra boca por qué estamos en la calle, no por la tele”. 

Al costado un grupo con pecheras sentados miraban atentos esperando las indicaciones de sus compañeros.

“¿Arrancamos?, dice uno.

“¿Vamos?”, pregunta el compañero.

“Vamos”, confirma el último. 

Se levantaron y comenzaron a caminar hacia la columna. 

 “Vamos compañeros, vamos compañeras!”, gritaron desde el camión. Adelante de todo, la música. Tambores se golpearon con tiras de manguera usadas como baquetas y resonaron el grave tamborileo que hizo vibrar el piso y marcó el ritmo de los pasos. El sonido creció cada vez más rápido y más fuerte, advirtiendo el comienzo de la marcha. 

 Los carteles se levantaron. “Nacionalizar los recursos evita que el FMI se lleve todo”, decía uno.“Ya tenemos dignidad y trabajo ¡vamos por el Salario Universal Básico!”, decía otro. Las personas comenzaron a caminar. 

 Envuelta en su bandera multicolor Roxana frenó a un costado de la columna con dos compañeros, y explicó que estaba ahí por “un futuro mejor, trabajo y dignidad para todos”. Luego saludó y marchó hacia la barredora del “Movimiento indigena plurinacional de trabajadores ABYA YALA”.

 Detrás, entre tambores y trompetas, se escucha del altavoz del camión: “Unidad/ de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode. Unidad/ de las trabajadoras/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode” 

Claudia “la Negra” Albornoz, referenta de La Poderosa, explicó que “entender la pobreza o la indigencia, la informalidad laboral es entender la necesidad y la urgencia de este salario básico universal. Estamos hablando de 14.400 pesos, que es el ingreso mínimo para vivir, osea la canasta básica de alimentos para un adulto o una adulta. Eso implicaría los 15.000 pesos del Salario Básico Universal. Y estamos hablando de un 0.7 por ciento del PBI o sea que no estamos hablando de algo que va a comprometer el presupuesto nacional de ninguna manera. Por eso nos parece fundamental que se pueda escuchar este reclamo. Son 9 millones de personas las que necesitan un piso mínimo para vivir. De ellos solo 1 millón 200 mil reciben un programa social que se llama Potenciar Trabajo, pero necesitamos que ese ingreso básico llegue a los otros 7 millones y medio de personas que no está llegando”.

 Una bandera argentina de diez metros flameó acompañada de las manos de decenas de trabajadores del MTE, vestidos con su uniforme azul y con cascos amarillos. Rieron, bailaron y se abrazaron mientras avanzaban sobre la avenida. 

 La extensa columna llegó al Puente Pueyrredón alrededor de las once y media, donde la esperaban cuatro filas de uniformados que impedían el acceso al puente. Con más de 10 camionetas de Prefectura a los costados, la tensión se sintió en las caras serias y atentas. 

 El camión frenó en la entrada al puente y se decidió comenzar con el acto allí mismo. Con toda la gente reunida enfilando al escenario, la comparsa tocó el himno y los dirigentes de las organizaciones dieron sus discursos. El hambre como crimen y cuatro comidas al día como derecho fue el reclamo del día. Los trabajadores organizados de la economía popular siguieron presionando por una respuesta universal, por un Salario Básico Universal.

Los dueños de la tierra siguen siendo los mismos

Los dueños de la tierra siguen siendo los mismos

“Hemos sufrido una derrota”, declaró Juan Grabois, integrante de Proyecto Artigas, a horas de haberse conocido la orden judicial que obliga a desalojar la estancia Casa Nueva en Entre Ríos. Tras el fallo de la jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sentenció que desocuparían el predio esa misma tarde, acatando lo dispuesto por la Justicia en contraposición a la actitud de los hermanos Etchevehere en los últimos días: “No somos como ellos”, añadió.

En su condición de representante legal, Grabois le recomendó a Dolores Etchevehere que accionara de igual manera. Pero la fundadora del proyecto se negó a retirarse de las tierras familiares que reclama y fue detenida por resistencia a la autoridad y más tarde liberada.

Durante dos semanas, productores campesinos, militantes de organizaciones sociales como el MTE Rural y organizaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima, ocuparon el casco de la estancia ubicada en la localidad de La Paz. Su ingreso fue autorizado por la única hija mujer del fallecido Luis Félix Etchevehere, quien asegura que la cesión de su parte de la herencia fue realizada en un contexto de violencia económica y presiones por parte de sus hermanos. Además, Dolores asegura que todo el expediente sucesorio está viciado de nulidad, ya que nunca se realizó la división del patrimonio heredado, y la firma de su padre habría sido falsificada al inicio del trámite.

Las denuncias de Dolores Etchevehere forman parte de la causa iniciada contra sus hermanos y que fue radicada en Comodoro Py. Se presentaron documentos que –según ella- probarían, además de la falsificación de firmas, la evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en el exterior, solicitud de préstamos a los bancos Nación e Itaú para operaciones de blanqueo y desvío de fondos, vaciamiento de empresas e incluso una red de narcotráfico que involucraría al ex intendente de Paraná. Sin embargo, la jueza que recibió la apelación de los varones Etchevehere (tras el fallo en primera instancia que postergaba el desalojo) entendió que todo se reduce a un pleito entre privados que, mientras no se resuelva, no modifica la situación actual: el campo pertenece a Las Margaritas S.A., sociedad de la cual Dolores no forma parte.

Dolores Etchevehere, dentro de Las Margaritas.

Los ganadores de siempre

Corría el quinto día desde el ingreso de los integrantes de Proyecto Artigas al campo. Frente a las cámaras de TN, el mayor de los hermanos Etchevehere exponía, en la que sería la primera de muchas emisiones desde este lado de la tranquera, su verdad. “Es la Argentina del revés”, decía. “Tiene que valer la propiedad privada en la Argentina”, gritaba a metros del terreno que la familia habría usurpado a una escuela rural. “Hoy está en juego si vamos a ser un país donde se progrese o si vamos a la barbarie directamente”, remataba el ex ministro de Agroindustria en la gestión de Cambiemos, condenado (junto a su hermano, ex delegado del Enacom en Paraná) por expulsar a punta de pistola al arrendatario de una parte de esos terrenos y arruinar sus cultivos. El mismo que, en mayo de este año, solicitó y cobró el subsidio ATP (Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción).

Los Etchevehere forman parte de la historia de Entre Ríos. Luis Lorenzo fundó El diario de Paraná y fue gobernador en los años 30. Sus hijos Arturo Julio, Luis Félix, Ivar y Arturo vendieron el diario y fundaron Etchevehere Rural. Luis Miguel Etchevehere es abogado y productor agropecuario. Fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y Ministro de Agroindustria de la gestión macrista. En 2014 fue imputado por evasión tributaria y violación a la Ley Penal Cambiaria. Además, en algunos de los campos que posee, junto a sus hermanos, se detectaron trabajadores en condiciones de extrema precariedad y explotación cercanas a la servidumbre, según informó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

Hace años que Dolores denuncia a sus hermanos por todo tipo de agravios. En el fallo que ordenó postergar el desalojo de Casa Nueva, el juez Raúl Flores dispuso que Luis, Juan Diego y Sebastián debían mantenerse alejados de la propiedad por un mes, ya que estaba abierta la causa por “extorsión en el contexto de violencia de género”. Sin embargo, los hermanos hicieron caso omiso y continuaron manifestándose en la puerta de la estancia, a la que le colocaron una cadena para evitar el ingreso de provisiones para los ocupantes.

«Encontraron un cementerio de glifosato”, dijo Bejas.

La patria glifosateada

“Modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y sin explotación”: estas son las palabras que definen al Proyecto Artigas, una alternativa de producción agroecológica en la provincia con uno de los mayores índices de contaminación por glifosato a nivel mundial. Este dato, producto de una investigación del CONICET de 2017, no queda en el papel. Según señalan los integrantes del Proyecto Artigas, un 55 por ciento de los niños y niñas internados por cáncer en el Hospital Garrahan son entrerrianos.

“Todos los días se empezó a trabajar la tierra. Es un proyecto donde la pata agroecológica y ambiental es muy fuerte. Se pone en discusión el modelo productivo. En este transitar de los días, caminando los compañeros que trabajaban en el campo, encontraron un cementerio de glifosato”. Este es el testimonio de Gastón Bejas en el noticiero de Barricada TV, enviado por ese mismo canal a cubrir el proyecto desde sus inicios. “Había dos modelos que estaban en discusión político-ambiental: uno agrotóxico y otro agroecológico”.

“Comenzamos el Proyecto Artigas denunciando un pacto de poder transversal a todas las fuerzas políticas, a toda la corporación judicial, que sostiene un modelo de concentración de tierras, despojo a los débiles y destrucción ambiental. El pacto de poder sigue vigente”, afirmó Grabois ayer.

“Modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y sin explotación”: estas son las palabras que definen al Proyecto Artigas.

En la provincia que ofrece salvoconductos a quienes se portan mal, un modelo alternativo en el corazón del agronegocio entrerriano crispó a varios. Las movilizaciones y tractorazos convocados por el ex ministro de Agroindustria movieron a decenas de productores. Algunos de los audios filtrados de las convocatorias dejaban al descubierto la hostilidad: “Juntamos 100, 200, 300 camionetas. Contá con ese apoyo. Son 40 piojos sarnosos, punteros políticos. Yo llevo absolutamente todo el personal de mi campo, mis vecinos también. Y perdé el cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado (risas). Mandá a algún guapo con ganas de pegarle a un negro de mierda”.

El conflicto estuvo politizado casi desde el principio. No por la relación de Grabois con el Gobierno nacional, puesto que ningún funcionario se manifestó a favor de los trabajadores del proyecto, y el mismo Alberto Fernández se desentendió del reclamo al afirmar en declaraciones radiales que se trataba de un conflicto entre privados. La política ingresó desde el partido al que representó Luis Miguel Etchevehere en la gestión pública. Integrantes de la alianza Cambiemos, como Miguel Ángel Pichetto y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acompañaron a los varones Etchevehere en su reclamo y en la decisión de bloquear el ingreso al predio hasta el fallo de la jueza de segunda instancia.

El Proyecto Artigas comenzó como una iniciativa de trabajo agrario sustentable en una provincia dominada por el negocio de una de las familias más importantes del país. Hoy los varones Etchevehere cocinan un cordero a la estaca para festejar el desalojo de su hermana. Grabois, en representación de Dolores, recordó que el fallo no está firme y que van a apelar en una instancia superior.

Gondolazo ante la crisis

Gondolazo ante la crisis

Juan Grabois encabezó el gondolazo.

Distintas organizaciones sociales, como la CTEP, Patria Grande y el Frente Popular Darío Santillán, presentaron el pasado lunes 8 un proyecto de Ley de Góndolas. En un momento económico caracterizado por los importantes aumentos inflacionarios y caracterizado por el aumento de la pobreza, la Plaza de los dos Congresos se pobló de changos sin mercadería.

Jonatan Rondan, militante del Frente Popular Darío Santillán, expresó la situación de impotencia que vive el sector de la economía popular ya que no puede ingresar sus productos al circuito comercial masivo. «Los monopolios de las empresas alimenticias, con complicidad de los supermercadistas y la falta de políticas públicas, que regulen el sector, son los responsables de esta realidad», afirma.

“Tenemos que recurrir a los bolsones de comida que nos da Desarrollo Social para seguir comiendo a lo largo del mes y los últimos días no cenamos –continuó-. Lo que producimos, no tenemos cómo venderlo, recurrimos a locales chicos del barrio y al MECOPO (Mercado de Consumo Popular), que tiene 15 puntos de venta. Pero así y todo, no llegamos. No queremos más los planes sociales, queremos trabajar, producir y comercializar nuestros productos. Eso es lo que nos dignifica.”

Eva Verde, dirigente de MECOPO, declaró que ellos se encargan de articular al productor y al consumidor en sus puntos de venta, ya sea a través de la logística o con el manejo de los plazos de pago. De esta manera, se logra bajar el precio de los alimentos de la canasta básica, darle pelea a la inflación, mejorar la calidad de los productos y generar puestos de trabajo. A través del ‘precio justo’, estas cooperativas pueden mantenerse en el tiempo. “La gente tiene que confiar en los productos de estas cooperativas, porque se producen con elementos de alta calidad y al no estar tercerizados por la cadena de distribución comercial, tienen costos más bajos. Hay que cambiar los hábitos de consumo”, concluyó Eva.

Los manifestantes exigen regular a los monopolios y defender a los productores de la economía popular.

La mirada de Grabois

En diálogo con ANCCOM, el dirigente de la CTEP Juan Grabois explicó las diferencias existentes entre el proyectó que presentó y el que diseñó la diputada oficialista Elisa Carrió.  “En su propuesta falta que todos los supermercados estén obligados y que paguen multas si no cumplen. La ley de Carrió elimina lo más importante, que es que cualquier superficie de venta con más de 100 metros cuadrados, en las ciudades pequeñas, y con más de 200, en las grandes, o los grupos de mercado de proximidad, como son los micro Coto o micro Carrefour, tienen que cumplir la ley. Lo que propone Carrió es solo para los que tengan una facturación superior a 6.000 millones de pesos y esa facturación ninguno la tiene individualmente, sino en conjunto, entonces es una ley para que no se cumpla. De esa forma se sigue legitimando a los monopolios. Es una ley engañosa, es el ‘opo-oficialismo’, es mostrar que están en contra de las políticas que lleva su propio gobierno. Porque vos tenés hoy controlando a los supermercados al dueño de La Anónima, que es una de las cadenas monopólicas de la Patagonia. Acá hay una decisión política. No es que no saben qué hay que hacer. Ellos deciden inflar los precios para generar mayores ganancias a costa de la pobreza de los nuestros. (más…)