«El fuego es la topadora del siglo XXI»

«El fuego es la topadora del siglo XXI»

En lo que va del año, 14 provincias presentaron focos de incendio. Entre ellas, Córdoba lleva hasta el momento 182.724 hectáreas quemadas, cifra récord desde 1999.

Según Santiago Rodríguez Tarduchy, brigadista en Agua de Oro, si bien en la provincia los incendios son normales, nunca había presenciado uno como el de este último año. Desde agosto, la Brigada Chavascate, de la que Rodríguez Tarduchy es parte, viene trabajando ininterrumpidamente convocada por los cuarteles de bomberos que no dan abasto.

Tarduchy afirma que las causas accidentales existen –como la negligencia en el mantenimiento de tendidos eléctricos, disputas entre paisanos o algún que otro pirómano–, pero que no son frecuentes. En la mayoría de los casos, tal como lo informa el Reporte Nacional del Manejo del Fuego, los incendios forestales se producen por intervenciones humanas y la principal es la preparación de áreas para el pastoreo.

Desde mayo, la provincia se encuentra envuelta en llamas y nadie parece plantear una solución acorde. Las primeras declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, haciendo énfasis en la sequía como causante de la desgracia, no estuvieron a la altura de la situación. “Es un discurso perverso e irresponsable de la máxima autoridad provincial, porque invisibiliza que el cambio climático tiene origen en estas prácticas de degradación de los ecosistemas”, sostiene el biólogo y docente cordobés Cristian Schneider, quien asegura que en los lugares donde se iniciaron los incendios confluyen intereses relacionados con el avance de los proyectos inmobiliarios y de urbanización, intensificación de la explotación de ganado y la ampliación de zonas mineras, sobre todo en las sierras.

En Córdoba ya se incendiaron más de 182.000 hectáreas.

La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), organización que Schneider integra, presentó junto a otras agrupaciones dos causas penales contra el mandatario. Una de ellas vinculada con la demora en actuación del deber público y otra por la desafección de fondos de financiamiento de la Ley de Manejo del Fuego. Este fondo permitía todo un sistema de prevención temprana como los bomberos vigías, ubicados en puntos clave para alertar de las primeras columnas de humo. “En este contexto de vacío administrativo y ausencia de política ambiental, estos actores económicos encuentran una nueva manera de avanzar contra el monte. El fuego es la topadora del siglo XXI”, sentencia Schneider.

Si bien en todos los incendios interviene la fiscalía de turno junto con la Federación de Bomberos para investigar sus causas y responsables, las sanciones económicas terminan representando un mal menor dentro del negocio. En Córdoba, el caso más representativo es el de la familia Becerra, que según un informe realizado por Sala de Prensa Ambiental, en los últimos cuatro años ha iniciado 200 incendios en su propia estancia para el rebrote de pastura. Más allá de que esta práctica está prohibida, el problema es que el fuego logró expandirse al Parque Nacional Quebrada del Condorito en más de una ocasión. El caso de los Becerra es el único en el que un productor fue imputado en una causa penal, ya que, como señala Schneider, “hubo otras imputaciones que involucran a una decena de personas, en su mayoría peones de campo, que terminan siendo chivos expiatorios. Aunque son ellos los que inician el fuego no son los autores intelectuales”.

En Argentina existen leyes en materia ambiental y otro puñado de iniciativas, como el Acuerdo Escazú y el reciente proyecto de ley presentado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pero esto no implica que luego se ejecuten acciones concretas ante la problemática actual. Para Schneider, esto se relaciona directamente con la necesidad de que los debates políticos dejen de darse en mesas chicas para empezar a incluir a la comunidad, tal como lo remarcan el propio Acuerdo Escazú y la Ley de Bosques.

Que esto no suceda, supone que surjan iniciativas como el Plan Provincial Agroforestal que propone la reforestación de zonas de llanos con especies exóticas. “Es un error pensar la restauración solo como reforestación y no como una serie de ciclos naturales que tiene sus tiempos. Sin mencionar que esas especies exóticas están genéticamente modificadas y se obtienen como parte de un acuerdo con una empresa de biotecnología de Misiones. El tema es que abrir el diálogo implica escuchar especialistas que saben que es fundamental un acompañamiento técnico y una asistencia fuerte a las familias y productores, que dependen de la economía doméstica”, afirma el biólogo.

“Es fundamental ver la multiplicidad de aristas del problema: sociales, culturales, económicas y políticas», dice Schneider.

La educación ambiental también es clave, subraya Tarduchy, en particular en la zonas serranas o limítrofes con el monte, para concientizar a los paisanos y dueños de campo sobre la inutilidad del uso de fuego para rebrote. Estas acciones a pequeña escala, asegura, pueden ser significativas, pero los recursos que obtienen de su autogestión en la brigada no son suficientes. “Hacemos campañas de sensibilización y charlas, pero por los resultados, y más allá del clima, no funcionaron. No tenemos la capacidad que puede tener un gobierno provincial para abordar la temática”.

El pedido de apertura a las organizaciones civiles, ambientalistas y técnicas es algo que ha estado presente en numerosos debates relacionados con el medio ambiente y para quienes llevan años militando la causa, como Tarduchy y Shneider, resulta un camino agotador en el que se repiten las promesas pero nunca llegan a cumplirse.

“Resulta fundamental relacionar la multiplicidad de aristas que tiene esta problemática: sociales, culturales, económicas y políticas. Sólo de esta manera tendremos una mirada integral de lo que nos está sucediendo como sociedad. De otra manera, lo que nunca podemos llegar a discutir es el modelo productivo”, asegura Schneider y remata: “El problema no es el clima, sino el modelo”.

Alto el fuego

Alto el fuego

Los diputados del Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ley busca reformar el artículo 22 bis de la Ley 26.815 del Manejo de Fuego, sancionada a fines del año 2012 y promulgada el 10 de enero de 2013. A partir de esta iniciativa se prohíbe realizar modificaciones en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”, con el fin de “garantizar su restauración” y “desalentar los incendios forestales y la especulación financiera e inmobiliaria”.

“Tomamos una ley que ya teníamos en funcionamiento a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego como ámbito de aplicación. A este lo conforman el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y CABA. Aplicamos cambios sustanciales sobre esa legislación para proteger las áreas cuando sean solucionados los siniestros, principalmente, en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.  Hicieron un daño pero no van a poder usar esas áreas para sus fines de negocios. Es una urgencia ponerle fin a esta problemática”, declaró el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja.

Esta modificación prohíbe el uso de los suelos afectados por incendios forestales por  60 años en el caso de los bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, pastizales o matorrales. 

Así, el proyecto de ley busca proteger los ecosistemas que puedan ser afectados por incendios, muchas veces intencionales. En el primero de los casos, las modificaciones prohíben cambiar el uso y destino de la superficie de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, con especial atención a los emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola distinta al uso que tenía la superficie al momento del incendio.

El 95 por ciento de los incendios son intencionales.

En el caso de la prohibición a 30 años en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, también se busca desalentar los emprendimientos inmobiliarios y se prohíbe la modificación del uso de la superficie para agricultura intensiva.

“El objetivo es frenar el ecocidio. Que esas áreas como bosques nativos, humedales, no puedan modificar los fines originales que tenían antes de ser incendiados por el término de 60 años. Frenar los negocios y proteger el planeta cuidando los servicios ecosistémicos es el fin principal”, afirmó Leonardo Grosso (FDT).

Esta iniciativa impulsada por el Jefe del Bloque oficialista, Máximo Kirchner, logró adhesiones en los interbloques del Consenso Federal y Federal para el Desarrollo. Además, incluye las firmas de Eduardo Bali Bucca (Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). Sin embargo, el proyecto no logró ninguna adhesión dentro de la segunda minoría en Diputados.

“Hay consenso con casi toda la oposición menos el interbloque de Juntos por el Cambio, que en este tipo de casos siempre privilegia los intereses de sus amigos y no los intereses de la comunidad”,  opinó Grosso.

Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, actualmente once provincias tienen focos activos: Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.

 

Los incendios forestales ya han destruido más de 200 mil hectáreas.

Los incendios forestales ya han destruido 90 mil hectáreas de humedales en el Delta del Paraná, y si sumamos los focos activos en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa este número asciende a 200 mil hectáreas de humedales perdidas. Se estima que el 95 por ciento de los incendios son intencionales, y en el caso de Córdoba estos siniestros amenazan con destruir el único tres por ciento de bosques nativos que tiene la provincia.

“El 95 por ciento  de estos incendios son intencionales y buscan reemplazar esas áreas por proyectos inmobiliarios, por producción ganadera y depredan estas zonas para poder utilizarlas a su antojo. Son los mismos intereses económicos minúsculos de siempre y, aunque son pocos, son muy poderosos”, agregó el diputado del Frente de Todos. 

Esta reforma no es un proyecto aislado en materia ambientalista en nuestro país. El pasado 25 de septiembre la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado firmado por 23 de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe que busca proteger los derechos a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. 

“Esta modificatoria a la Ley de Manejo del Fuego está enmarcada en una agenda integral de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que también contempla a la Ley de Humedales, la mejora de la Ley de Bosques y la suscripción al Acuerdo de Escazú. Argentina está cambiando el paradigma de las políticas ambientales”, continuó el diputado.

En el caso de encontrar consensos y voluntad política en ambas Cámaras, los tiempos administrativos habituales del Congreso, entre el debate en comisiones y su tratamiento en los recintos, puede lograrse la sanción de la modificación en menos de dos meses. Se trata de un simple cambio que incorpora el artículo 22 bis a una norma ya existente.