En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.

A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.

 Un desalojo por día

Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.

Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.

Casa Santa Cruz

La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.

El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.

En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.

En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.

Estado ausente

Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.

            El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.

            El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.

Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.

Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.

El festival de la educación pública

El festival de la educación pública

Para visibilizar una serie de robos en Institutos de Educación Superior y alertar por el desfinanciamiento educativo y las condiciones de estabilidad laboral, estudiantes y profesores organizaron el Festival Educapalooza, en rechazo de las políticas que en el sector lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Frente al desmantelamiento que sufre la educación pública porteña, los y las estudiantes del Instituto de Educación Superior ‘Dra. Alicia Moreau de Justo’ y del Instituto Superior del Profesorado ‘Dr. Joaquín V. González’, llevaron adelante el viernes pasado el Festival Educapalooza. La iniciativa surgió tras una serie de robos sufridos en dichas instituciones y como reclamo a las políticas educativas implementadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña. Así, se trató de un método novedoso de protesta, un llamado a la reflexión creativo que contó con diversas presentaciones de estudiantes y docentes de los institutos: desde lecturas de escritos originales hasta presentaciones de canto, con la inclusión de espacios didácticos de juego para menores.

“Ya en las clases veníamos conversando sobre la situación educativa a nivel general, les estudiantes están al tanto de lo que pasa en materia de políticas educativas en la Ciudad y en Nación”, explicó Sandra Aguilar, profesora de Psicopedagogía en el Instituto Alicia Moreau de Justo, una de las casas de estudio afectadas. “Eso es objeto de análisis y reflexión permanente –agregó–. Cuando sucedieron los robos y la policía se hizo presente en la institución, fue impactante ¿Qué hace la policía acá? Las autoridades nos explicaron que ellas la llamaron, para que realice las pericias de investigación, porque en este segundo robo habían roto puertas y ventanas, vandalizado, que es la práctica que se viene dando en el último tiempo. Hay un ensañamiento hacia las instituciones educativas”.

Sin embargo, los robos fueron tan sólo el detonante de una situación de abandono que deviene de hace tiempo, pues tal como explicó Aguilar, hace más de un año el ascensor del edificio histórico de cuatro pisos en el que se emplaza el instituto está roto, lo cual dificulta el acceso a pisos superiores a aquellas personas que tengan una discapacidad motora, estén embarazadas o se hayan operado. “La Ciudad no pone el dinero para que se arregle. En cambio, sí arreglaron la fachada, pero no vivimos de fachada”.

Al respecto, Carola, estudiante de Psicopedagogía, sumó: “Para la Noche de los Museos vinieron y pintaron la planta baja, para que la gente vea que está perfecta. Pero arriba se te caen los techos, tenés compañeres y docentes que no pueden subir al cuarto piso, no alcanzan las aulas y en los últimos robos se llevaron proyectores, computadoras, piezas de bronce de puertas y ventanas, rompieron vidrios y vaciaron el buffet”.

“La mañana del robo una estudiante dijo: ‘Me pregunto qué va a pasar con el edificio en las vacaciones, cuando nadie venga’ –contextualizó Aguilar–. Se vivió con mucha impotencia e incertidumbre. Además, el día anterior se había votado el presupuesto para educación en la legislatura, que nuevamente es a la baja. Entre la política educativa del gobierno de la Ciudad que desmantela la educación pública, más los robos, son golpes presupuestarios, materiales, simbólicos y anímicos”. Asimismo, la profesora destacó que frente a lo desolador del panorama, para revertir el desánimo, una estudiante propuso la idea del Educapalooza, dado que así podrían visibilizar a la comunidad y darse “un mimo” ante el desconcierto y desamparo.

“Nos regalamos esta actividad para darnos eso que ningún gobierno nunca nos dará, porque no confiamos en sus política de (in)seguridad –dijo Ana, estudiante, en el discurso de apertura del festival–. Nos encontramos para darnos la alegría que el PRO insiste en destruir cada vez que anuncia una política educativa, porque solo el espacio común nos ayuda a digerir tanto destrato, abandono. Sólo estando juntes encontramos el reparo necesario para seguir encarando la utopía de otro mundo posible. Bienvenides sean a esta fiesta para la educación pública, esa que todes nos merecemos y que vamos a seguir defendiendo”.

Es así que, a medida que se iban sumando personas al evento, un alumno del Profesorado de Letras se hizo del micrófono para dar una cuota de humor con la reversión del hit del cantante Alcides, ‘Violeta’: “No lo dejen seguir, no lo dejen seguir/¿Por qué?/Te lo digo yo/¿Quién es?/ Larreta, que se lleva tu educación”.

Por otra parte, Graciela, estudiante del Alicia Moreau de Justo, aseguró que el reclamo va más allá de los hechos puntuales que sucedieron: “Lo que veo es desidia, pienso en los futuros psicopedagogos y docentes que van a estar a cargo de nuestres hijes, que van a ser educados de acuerdo a lo que quiere Larreta y la ministra Acuña: mediante una computadora. Van a obtener un título por conectarse virtualmente de forma asincrónica, sin socialización y sin siquiera saber si es apto para estar en un aula. No se dan cuenta que lo que estamos educando es el futuro de una sociedad”. En este sentido, marcó que el gobierno de la Ciudad apuntala al capitalismo, olvidando que antes que máquinas de producir y hacer, somos personas con voz y voto, por ende, con la capacidad de defender la educación pública, gratuita y laica.

Desde su perspectiva como docente, Aguilar aseguró que en 2018, con la creación de la Universidad de la Ciudad (Unicaba), fue su primer “golpe desmoralizador”, ya que a pesar de que con la organización y resistencia del movimiento estudiantil junto a los gremios docentes lograron oponerse a la eliminación de los 29 profesorados, observaban que aun así había una fecha de defunción, se iba a dar un cierre silencioso y progresivo en los próximos años.

“No se trata sólo de una cuestión presupuestaria, sino que también este año se modificó el estatuto docente. Algunos gremios negociaron con el gobierno la titularización de cargos, pero no incluye a los docentes de Nivel Superior, por lo que actualmente más del 80% de quienes trabajamos en institutos de formación docente no gozamos de estabilidad y permanencia plena. También, se viene llevando adelante una propuesta de reforma de los planes de estudios de profesorados que suponen la reducción del campo de formación general: quieren unificar toda la formación de las materias pedagógicas, que sea un campo común para los diferentes institutos de manera tal que se pierda la especificidad institucional”, afirmó Aguilar, al tiempo que destacó que más allá de lo personal esto afecta en términos colectivos y políticos, ya que está en juego qué tipo de formación docente se va a dar, cuál va a ser el perfil de graduados, pues se ataca el pensamiento crítico.

Nueva protesta de los docentes porteños

Nueva protesta de los docentes porteños

Docentes y auxiliares educativos se manifestaron frente a la Legislatura. Las condiciones edilicias, los días de capacitación, mejoras salariales y un incremento en el presupuesto fueron los principales reclamos.

Docentes y personal educativo se movilizaron hacia la Legislatura porteña este jueves para reclamar por mayor presupuesto en el sector, una ley que habilite a paritarias, y en contra de las políticas llevadas por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación, Soledad Acuña.

Para Cintia, profesora de educación inicial, el reclamo principal es contra el intento del Gobierno de la Ciudad de extender la jornada laboral. “Quiere hacer las capacitaciones y las EMI (Espacios de Mejora Institucional) los sábados, contra lo que dice el estatuto. Nosotros trabajamos de lunes a viernes por estatuto. Firmamos una declaración jurada y, por más que nos paguen, es un avance sobre nuestros derechos porque es una extensión de la jornada laboral”. Dice que necesitan su momento para que los y las docentes puedan discutir sobre los asuntos institucionales y particulares de cada escuela.

Mientras tanto, cruzando el vallado policial, en la Legislatura se vota el presupuesto para el 2023 que prevé una merma en las áreas de Educación, Salud y Cultura, según denuncian los gremios convocados. 

 

El reclamo salarial y de mejoras está presente en todas las movilizaciones y en todos los paros. Cintia agrega: “Estamos muy por debajo del índice de inflación y esto tiene que ver con la movilización de hoy, porque estamos reclamando por el presupuesto del año que viene. Queremos que se ponga plata básicamente en las escuelas y en las cosas que realmente necesitamos”.

Mariel es una docente que trabaja en el Distrito Escolar 5° de Zona Sur, asegura que hay muchas escuelas que no están en condiciones y la infraestructura es “deplorable: desde ratas hasta aulas que son de durlock”. Sobre el día a día y la impresión de los auxiliares ante la situación comenta: “No tienen suficientes recursos en las escuelas, desde lavandina e insumos muy básicos, para poder mantener la higiene de las aulas. También convivimos con situaciones de familias con derechos vulnerados y nosotros no tenemos a quien recurrir, porque si derivamos un caso a un organismo y este no tiene recursos, entonces se vuelve una espiral”.

En el escenario, una de las oradoras del colegio Mariano Acosta se manifiesta en contra de los jueces que los obligaron a ir a clases en pandemia con el argumento de “donde hay una necesidad hay un derecho”. Para ella esto es relativo porque “nosotros en las escuelas enseñamos y donde hay una necesidad hay un Estado ausente”. Sostiene que Larreta en estos años no los pudo “doblegar ni humillar” porque hay una comunidad. Los aplausos se escucharon fuerte cuando menciona al vicerrector del Acosta, Julio Pasquarelli quien denunció a un trabajador tercerizado del Gobierno de la Ciudad por cortar la luz a los estudiantes durante las tomas ocurridas en ese establecimiento. Ahora enfrenta una sanción del Ministerio de Educación.

No es la primera protesta: el 20 de octubre se concentraron en el mismo lugar (Perú y Diagonal Sur) para reclamar por las condiciones laborales y modificar los días de capacitación a los docentes. Tanto en esta marcha como en la anterior participaron gremios de SADOP, Ademys y UTE, además de la presencia de médicos residentes, autoconvocados de ObsBA y estudiantes junto a los institutos de cultura.

«La UBA me hizo médico y Larreta, piquetero»

«La UBA me hizo médico y Larreta, piquetero»

Residentes, concurrentes, médicos de planta, enfermeros y administrativos de los hospitales públicos porteños reclaman por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Los concurrentes trabajan a la par que residentes, pero lo hacen sin percibir salario y sin seguro laboral.

Tras ocho semanas de innumerables reclamos y paro en los servicios de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, la precaria situación de los residentes y concurrentes continúa. En el paro del pasado 8 de noviembre, confluyeron además las demandas de médicos de planta, enfermeros, administrativos. En resumen: participó toda la comunidad hospitalaria.

Macarena Machado es concurrente de Psicología del hospital Penna. Entrevistada por ANCCOM, sostuvo que el paro se debe a que el gobierno de la Ciudad no da respuestas: «Ni Horacio Rodríguez Larreta ni Fernán Quirós ni el Ministerio de Salud porteño contestan. El trabajo de los concurrentes no está reconocido, no solo de manera económica, sino que ni siquiera nos reconocen como trabajadores de la salud pública”, asegura.

Otra de las problemáticas por las que los concurrentes reclaman es que, a pesar de que rinden el mismo examen que los residentes, que hacen las mismas rotaciones y que tienen las mismas responsabilidades, no perciben un salario. “No tenemos ni viáticos, ni ART. Por eso también estamos parando”, continúa Macarena.

Gisel es médica concurrente de quinto  año del Servicio de Neurología del hospital Durand. Dice que “trabaja cuatro días por semana sin cobrar un peso”. Al respecto, asegura que hace “todo tipo de procedimiento a la par que los residentes», y añade una larga lista de tareas no reconocidas: «A la vez, superviso a los concurrentes y residentes de años anteriores, hago historias clínicas, las firmo y estoy expuesta a muchísimas enfermedades en sala: trabajé en plena pandemia en la parte de clínica médica sin ningún tipo de cobertura ni ART, obligada además a concurrir bajo amenazas (en el hospital Álvarez en su momento). Esto que pedimos es para que se nos considere como trabajadores, que se nos pague por lo que estamos haciendo, que nos den ART y obra social como a cualquier trabajador”.

Alejandro Ierimonti es presidente de la Asociación de Médicos Municipales, desde ese rol gremial explica que “la falta de inversiones es palpable. Comenzando con el pobre reconocimiento al personal de salud, que lleva a que cada vez más el hospital público no sea la primera opción de trabajo. No se estimula la capacitación y/o la investigación. Solo se mira la agenda de turnos, la estadística”.

 

La lucha y los reclamos continúan. Las últimas semanas se sumaron los hospitales Garrahan y Posadas. Norma Lezana, secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), señaló: «El actual plan de lucha de la APyT comenzó el 25 de agosto pasado con un abrazo al Hospital Garrahan en su 35° aniversario, y luego dos jornadas de paro: los días 29 de septiembre y 19 de octubre pasados. En esas oportunidades, con marchas al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Economía de la Nación, respectivamente, para reclamar al Gobierno nacional un 80 por ciento de recomposición salarial por la pérdida desde 2017 más el ajuste por inflación de este año, que llegará aproximadamente al 100 por ciento», detalla.

A lo largo de estas semanas, distintas pancartas se leyeron en el centro porteño: “La UBA me hizo médica, Larreta piquetera”, “Residentes y concurrentes en lucha”, “Recomposición salarial ya”, “Estudié 8 años para ser pobre”, “Atiendo a tu hijx por 300 pesos la hora”, entre otras.

Mario Mateo es bioquímico, médico de planta del Hospital Muñiz y subraya: “Fui residente, conozco bien la problemática. Ganan 120 mil pesos por mes. ¿Te parece que es un sueldo para gente que ha estudiado toda su vida? Es la precarización absoluta. Además de eso, los hospitales cada vez están peor, sin infraestructura, sin insumo ¿Es más importante arreglar una vereda o mantener la salud de la gente? Hay muchas personas que no tienen recursos, que vienen al hospital público. El día que no exista más, ¿qué van a hacer? Esa es la problemática. El plan es luchar y luchar, son años de estudio, de vocación, para que después no puedas ganar un sueldo que ni siquiera llegue a la canasta básica”, dijo en diálogo con ANCCOM.

La mayoría de los profesionales que atiende en hospitales públicos son residentes y concurrentes: “no estamos atendiendo para que el impacto sea mayor y que toda la población que se atiende en el  hospital público vea lo que está pasando”, concluyó Macarena Machado.

Una obra social en terapia intensiva

Una obra social en terapia intensiva

Prestaciones suspendidas, copagos encubiertos, un solo sanatorio para miles de familias, turnos a tres o cuatro meses, desmanejos financieros: la dramática realidad que viven los 280 mil afiliados de ObsBA, todos ellos empleados de la Ciudad.

La obra social de los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra al borde de la quiebra. Las víctimas son sus 280 mil afiliados, cifra que incluye trabajadores activos y pasivos, la mayor parte, casi 120 mil, docentes y auxiliares.

Fundada hace 22 años, por la Ley N 472 de la Legislatura de CABA —como continuación del Instituto Municipal de Obra Social (IMOS)—, está establecido que sus principales acciones y decisiones pasan por un directorio cuyos miembros son designados por el Jefe de Gobierno porteño.

El directorio se compone de cinco representantes propuestos por el Ejecutivo de la Ciudad (vicepresidente y cuatro directores); cinco por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la ciudad (SUTECBA), presidente y cuatro directores; y dos representantes profesionales (un docente y un médico municipal). ObsBA tiene un sanatorio central propio, el Julio Méndez, ubicado en el barrio de Caballito.

Agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), el Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs en Defensa de ObsBA, y la Asociación de Profesionales del Sanatorio Julio Mendez (ASIPRO), denuncian desde hace años el vaciamiento de la obra social y el ajuste en sus prestaciones.

La integrante del Colectivo de Trabajadores y Afiliados, Ana Belinco, señala que el 90 por ciento de las prestaciones fueron suspendidas. “Hay compañeros que necesitan tratamientos oncológicos, de diálisis, algunos de ellos con discapacidad”, se queja. Además, afirma que los prestadores “cobran copagos a los afiliados, quienes ya aportan el 6 por ciento de su salario a ObsBA, a diferencia de la mayoría que retienen el 3 por ciento”.

ObsBA cubre a jubilados, de manera que los trabajadores activos sostienen a los pasivos. “Cuando un trabajador se jubila puede optar por la cobertura de PAMI u ObsBA, pero si elige PAMI, igual debe aportar a ObsBA”, explica Belinco.

El Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs se movilizó el 6 y el 11 de octubre frente al Méndez para exigir un aumento salarial para sus empleados, la restitución de las prestaciones, y la apertura de los libros contables para que los afiliados puedan controlar la situación económica y financiera de la obra social.

El secretario adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro, apunta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como principal responsable de la crisis financiera en la obra social, pero también a SUTECBA: “Desde el sindicato han llevado adelante la administración con un alto grado de connivencia con el Ejecutivo”, sostiene.

Según Adaro, la comisión revisora de cuentas jamás informó a los afiliados sobre la situación deficitaria: “Supongamos que efectivamente detecta problemas financieros, entonces no debería prestar su conformidad al aprobar los balances”, plantea. Por eso, desde las organizaciones en lucha, reclaman la creación de un dispositivo que permita la fiscalización de los afiliados.

El pasado 31 de octubre, Juan Carlos Cela renunció al cargo de presidente del directorio de ObsBA. En julio de este año Cela firmó la Disposición N° 269 en donde advertía sobre la “difícil situación económico-financiera”, dispuso el cierre de las residencias turísticas de la obra social, y suspendió todo movimiento de fondos y erogaciones con destino a tales residencias, excepto aquellos gastos que impliquen sostener un “mantenimiento mínimo e indispensable”.

Tras su renuncia, fue reemplazado por el legislador del Frente de Todos Alejandro Amor, cercano al secretario de SUTECBA, Amadeo Genta. Previo a esto, el 13 de octubre, SUTECBA emitió un comunicado en el que anunció la restitución de 13 instituciones y de los centros turísticos, a excepción de la residencia de Mina Clavero, que permanece cerrada “por refacciones para mejorar el servicio”.

Sin embargo, Belinco destaca que muchas de las instituciones que se mencionan en el comunicado, en realidad cobran copagos y/o siguen suspendidas. “El Sanatorio Méndez es el único centro de salud con el que pueden contar los afiliados, por lo que se satura, y ofrece turnos a tres o cuatro meses”, agrega. Consultados al respecto por ANCCOM, desde SUTECBA no brindaron ninguna respuesta.