Marcha de la comunidad boliviana de la Argentina en repudio al golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.
El domingo 18 de octubre será un día clave para Bolivia: las elecciones, largamente esperadas y postergadas, finalmente llegarán y marcarán un momento bisagra en su historia. Mucha agua -también sangre- corrió debajo del puente desde el día en que Evo Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia y exiliarse.
El voto de los residentes en Argentina es de suma importancia, siendo el país del exterior con más ciudadanos bolivianos (del 4,7 por ciento del padrón que corresponde a bolivianos que residen en el extranjero, casi la mitad vive en nuestro país). Tal es así que en las últimas semanas se generaron una serie de cruces, desde el discurso de Jeanine Áñez en la ONU acusando al gobierno argentino de “acoso sistemático”, hasta el tweet del candidato Luis Arce agradeciendo “al gobierno y pueblo argentino por garantizar el derecho al voto de la comunidad boliviana”. Entre tanto tironeo, en un clima de altísima tensión -como no puede ser de otra manera cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la democracia- la comunidad boliviana en Argentina tiene mucho para decir.
De este lado de la frontera, la colectividad boliviana siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en su país desde el golpe. “No hay palabras siquiera para hablar de lo que pasó porque nosotros sabemos que se ganó limpiamente y luego nos han sacado a la fuerza. Nuestros parientes que están en Bolivia la han pasado bastante mal, han sido bastante maltratados. Les han cerrado la boca a golpes. Nosotros tratamos de confiar en que en esta vuelta se pueda volver a ganar pero hasta ahora todavía siguen lastimando y eso genera miedo”, relata Lucía Pari, Presidenta de la Asociación Civil Juana Azurduy de General Rodríguez.
“El pueblo estaba convulsionado, nadie entendía por qué (Evo Morales) había renunciado. Nos marcó muy fuerte ese momento. Es algo que va a dejar una marca muy profunda en la historia, no se va a olvidar nunca”, cuenta Oscar Caiguara, presidente de la Cooperativa para Hortifruticultores 2 de Septiembre de Pilar -visitada por Morales en enero- y también de las Instituciones Unidas de la Zona Norte, Este y Oeste, y agrega: “Este gobierno de facto ha demostrado que no puede gobernar, que no tienen un sentimiento patriótico ni democrático, no aman a Bolivia”.
Se espera un clima de mucha tensión para el día de los comicios.
La fórmula del MAS encabezada por Luis Arce lidera ampliamente la intención de voto. La apuesta de quienes apoyan al ex ministro de Economía de Evo Morales es ganar en primera vuelta y evitar el ballotage con Carlos Mesa, donde el escenario podría complicarse para los sectores populares e indígenas. “Venimos siguiendo las declaraciones del gobierno de facto, como las del ministro (Arturo) Murillo, que vienen operando para desestimar que gane el MAS; advierten que si ganara no van a aceptarlo porque sería fraude. No pueden decir de antemano que va a haber fraude en una elección que no se ha hecho, salvo que piensen en desconocer la voluntad del pueblo”, apunta Luis Fernando Hinojosa, presidente de la colectividad boliviana de Baradero “Juana Azurduy de Padilla”.
En este sentido, desde la Agrupación Cultural Sangre Minera, Mario Chambilla afirma que “en las elecciones sí o sí va a haber tensión. Se viene una pelea larga, nadie va a querer dejar el mando. La verdad es que duele -agrega-. Desde lejos, además, no podemos defender, salir a la calle a repudiar. Nosotros estamos lejos, pero igual lo sentimos mucho. Siempre al país lo manejan los imperialistas, los terratenientes, las empresas grandes que Evo sacó. No les gustó e hicieron lo que hicieron: el golpe”.
Como desde un principio sentenció Evo Morales, la disputa por los recursos naturales, específicamente el litio, es un factor clave detrás del golpe. “El gobierno de facto implementó políticas impulsadas desde el exterior, básicamente desde Estados Unidos, por el deseo de la obtención de los recursos naturales de Bolivia. En el último gobierno de Morales, se nacionalizaron los recursos naturales, como litio y petróleo, en beneficio del pueblo. Bolivia tiene la mayor reserva del mundo de litio, que es una energía limpia que está en toda la tecnología que utilizamos, como computadoras y teléfonos. Hay quienes quieren ese mineral para intereses particulares, y para eso quieren manejar Bolivia”, analiza Hinojosa, docente de informática en Baradero. “Creemos que esto es algo que en este momento se está llevando a cabo en Bolivia pero que las potencias lo tienen pensado para toda Sudamérica”, concluye.
Esta disputa no es nueva, sino que la historia de Bolivia siempre ha estado marcada por el saqueo de sus riquezas con base en la explotación de los trabajadores. Al respecto, el presidente de la Agrupación Sangre Minera relata que “años atrás, los mineros luchábamos por el pago, ya que siempre había dos o tres empresarios que eran los que dominaban toda la minería y la riqueza se la llevaban para ellos. La lucha siempre fue minera, si no se levantaban los mineros íbamos a seguir siendo dominados. Fueron más de 500 años de robo y explotación. Ahora hay que defender lo que queda que es el litio: y ellos están en busca de eso. Siempre fuimos esclavos -concluye- y con el gobierno de Evo Morales eso cambió, por eso queremos que vuelva”.
En agosto pasado, la Central Obrera Boliviana reclamó la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Añez.
Caiguara, oriundo de Potosí, resalta que “Bolivia ha pasado muchos atropellos y humillaciones. Por muchas generaciones se ha luchado por el gas, por el agua, Bolivia ha sido muy golpeada. El golpe de Estado militar, cívico y policial está marcando a toda una generación. Y el pueblo no va a permitir ser sumiso y machacado nuevamente. Mucho tiempo nos han humillado. Ahora es el momento de recuperar la democracia, la dignidad y la soberanía de nuestro país. Lo único que han demostrado es querer saquear a Bolivia, sus recursos naturales, ultrajar y discriminar a nuestros hermanos bolivianos”.
Los 14 años de gobierno del MAS fueron un punto de inflexión en ese aspecto. Afirma Lucía Pari, también nacida en cercanías a Potosí, que “Evo Morales defendió los derechos de la gente campesina fundamentalmente, la gente pobre, las mujeres de pollera que antes no teníamos derecho ni de hablar. Años atrás han explotado mucho a Bolivia y el hermano Evo frenó eso, adelantó mucho al país, eso nadie lo puede negar”.
En este sentido, Hinojosa, que llegó a este país desde Cochabamba en 1993, agrega que “la mayoría de quienes estamos en Argentina hemos venido a buscar una mejor situación económica. Cuando me vine, mi país tenía una situación muy difícil, no había perspectivas de mejora, pero el presidente Morales cambió esto, generó un desarrollo económico y eso empezó a alentar la integración. Las empresas estaban progresando, Bolivia estaba creciendo, pudo pagar su deuda con el FMI, logró tener reservas muy grandes y estaba apuntando inclusive a un desarrollo tecnológico. También se logró salir del analfabetismo, se crearon universidades, se estaba apuntando a una salud integral y gratuita como tiene la Argentina. Cuando me vine de Bolivia no existía todo eso.” Y en relación a lo que se decide este domingo, destacó: “Lo que está en juego son dos modelos de país: uno con perspectiva de crecimiento, con inclusión social, sin racismo; o un país endeudado, que vuelve a la pobreza, a la discriminación y la segregación. Pese a que hay muchos candidatos (cada vez menos, para intentar fortalecer la posición de Mesa), los modelos son dos”.
Cientos de bolivianos residentes en la Argentina acudieron al consulado de su país en Buenos Aires para empadronarse.
En este escenario tan complejo, señala Caiguara, “los hermanos y hermanas que antes pensaban que no querían que siguiera el proceso de cambio de Evo, ahora se han dado cuenta de que estos señores (por el gobierno de Áñez) no gobiernan para todos sino solamente para su sector. Eso ha despertado a la comunidad boliviana aquí en Argentina”. La organización del pueblo boliviano, sea en tierra natal o en territorio argentino, siempre ha sido fundamental en el devenir histórico. “Años atrás uno trabajaba por separado como un peón, pero a partir de que hubo mucha discriminación y explotación por parte de los patrones, cada uno de nosotros nos independizamos pero siempre con una organización, tratando de agruparnos, siempre intentando reunir a la colectividad boliviana”, afirma Lucía Pari, quien será fiscal de mesa el domingo. Entendiendo la importancia que tienen estas elecciones, desde distintos espacios de organización popular incentivan a que quienes residen en Argentina hagan ejercicio del derecho al voto, Pari agregó: “Las hermanas y los hermanos bolivianos tienen que ir el 18 de octubre a sufragar y elegir democráticamente quién va a ser presidente”.
Las elecciones en Bolivia son un llamado de atención a velar por la democracia en la región. Frente a un gobierno que accedió mediante un golpe de Estado y en medio de un panorama harto complejo, las distintas instituciones y organismos internacionales competentes deberán garantizar la transparencia de estas elecciones para que se respete, sin vacilaciones, la voluntad del pueblo.
Antes de la pandemia, Evo Morales, exiliado en la Argentina, marchó en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
La postal del monte envuelto en llamas se repite todos los años en distintos puntos del país. En cuestión de horas, el fuego reduce el bosque a cenizas, arrasando con todo a su paso. Córdoba vivió los peores incendios de los últimos doce años, y sus consecuencias perdurarán mucho más que los focos que los provocaron. El impacto es múltiple: en la pérdida de fauna y flora, en el agua, el suelo y claro está, también en las comunidades de la zona. Desde allí no se cansan de remarcar que el fuego no aparece por generación espontánea sino que detrás de cada foco hay un interés que crece en detrimento del monte.
“La situación es apocalíptica”, afirmó Guillermo Galliano, presidente de la Fundación Mil Aves, y explicitó un dato contundente: “En Córdoba, en 120 años se desmontó el 97% de bosque nativo de la provincia. Nos queda un 3% que se quema todos los años, es catastrófico”.
Desde Villa Parque Siquiman, en Punilla, Martín García relató que, antes que el fuego, “llegó el humo y tapó las sierras, como preámbulo de lo que vendría después. Luego vino el incendio. La sierra se quemó completamente hasta que el fuego no tuvo más lugar a donde expandirse”. El integrante de la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur señaló que si bien “todos los años hay incendios, esta vez no sólo se descontroló sino que hubo varios focos en simultáneo en distintos lugares, quedando expuesta la intencionalidad y que hay intereses económicos detrás”. Y agregó: “En la zona de Punilla, donde vivimos, la presión es a nivel inmobiliario”.
“En Córdoba, se desmontó el 97% de bosque nativo. Queda un 3% que se quema todos los años”, dice Galliano.
¿A quién puede llegar a beneficiar un incendio forestal? Investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) -centro de investigación y desarrollo de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET dedicado a la botánica y fitoquímica- señalaron recientemente en un comunicado que “ciertos grupos con intereses económicos relacionados a la minería, la producción de ganado, pero sobre todo a emprendimientos inmobiliarios, son los que inician fuegos en lugares estratégicos del territorio provincial, donde luego avanzarán con dichas actividades”.
“Pirómanos hay en todo el planeta, pero acá hay intereses”, sostuvo Galliano. “Hay regiones donde son los propietarios quienes, para eliminar el bosque nativo protegido, en lugar de desplegar topadoras o pedir una autorización que no les darán, prenden fuego. Y ahí hay impunidad”. El también fotógrafo de naturaleza señala que “si se entra a los mapas de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), se ve qué había años atrás, se chequea luego donde hubo incendios y se compara con qué hay hoy en esos lugares: lo que hay son desarrollos inmobiliarios y de expansión ganadera”.
“Córdoba es una región que tiene regímenes de fuegos naturales (como los generados por un rayo) en los cuales luego la vegetación rebrota. Paralelamente, hay fuegos causados por el ser humano, antrópicos, que pueden ser parte del manejo agropecuario, que debería realizarse de manera planificada porque si no es un desastre anunciado. Y los malintencionados, que buscan que la zona pierda valor y sea puesta en venta para hacer negocios: se sabe que hay especulación inmobiliaria y productiva. Y se tiene que gestionar sabiendo que eso ocurre”, explicó Natalia Alonso, integrante del grupo de profesionales de ciencias ambientales La Vuelta al Mundo. Si bien señaló que “entre mayo y noviembre son los meses más secos en el centro y norte del país y hay que tener en cuenta que este año es muy seco -lo cual está relacionado con el fenómeno de El Niño- y además sumarle el factor del cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos”, los incendios intencionales no sólo son la mayoría sino que además sus consecuencias son mucho más severas.
“El aprovisionamiento de agua en las ciudades depende de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señala IMVIB.
Los peores incendios en más de una década, que además se suman a los producidos cada año, dejarán una huella mucho más profunda que sus cenizas. Además de la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, biodiversidad, extinción de especies, de suelo, daño en el aire, incide en algo tan fundamental como el agua. “El aprovisionamiento de agua en las ciudades como Córdoba depende, principalmente, de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señaló el IMVIB (CONICET-UNC). En ese sentido García, docente de profesión, explicó que en su provincia hay “muchos meses de sequía y la montaña guarda el agua de la época de lluvias en los bosques, largándola de a poco, lo cual permite que Córdoba tenga los ríos activos aunque no llueva”. Luego de un incendio, el suelo queda sin cobertura vegetal y se expone a un proceso de erosión. Galliano agregó que “con la lluvia, el suelo erosionado desciende por las vertientes, queda en el fondo de lagos y lagunas, llenando los diques de barro y perdiendo su capacidad de almacenar agua”. En síntesis: los recursos hídricos que proveen agua a la comunidad se ven profundamente afectados.
Ante este panorama, muchos dijeron basta. Organizaciones ambientalistas se manifestaron el sábado en distintos puntos de Córdoba reclamando medidas urgentes, como la declaración de la emergencia ambiental y que se investiguen las verdaderas causas de los incendios, destinando todos los recursos necesarios al manejo del fuego y para atender a los damnificados, según difundió Red Eco Alternativo. También exigen, entre otros puntos, como tareas de recuperación del bosque y más brigadas forestales, la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, el cual establece zonas verdes, amarillas y rojas. Estas últimas, en teoría las más protegidas, están severamente afectadas por los incendios. El mapa debería haberse actualizado en Córdoba en 2015 pero no se hace desde 2010. “Estamos pidiendo el ordenamiento territorial de bosque nativo de manera participativa”, remarcó García. De la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur grafican que en lo que va del año ya hay “más de 45.000 hectáreas perdidas por incendios, esto equivale a 90.000 canchas de fútbol o a las 3/4 partes de la ciudad de Córdoba”. La Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo añade también el “no más excepciones (autorizaciones) gubernamentales para intervenciones de desmonte en zonas rojas y amarillas”.
Son muchas las herramientas cuya implementación se reclama fuertemente desde las organizaciones. Alonso enumeró algunas de ellas: “La Ley 27.353 introduce en la normativa de manejo de fuego que cuando un territorio que era bosque nativo sufre un incendio, posteriormente tiene que mantener el mismo uso que antes, y es una bandera a levantar para que no haya negociados. También la Ley de Bosques, por la que cada provincia establece tres jerarquías para el ordenamiento territorial de bosques nativos. Y es algo que no se está respetando. Es necesario un sistema de monitoreo, que se establezcan penas por el incumplimiento de la ley, actualmente hay multas pero no alcanza. Las herramientas están pero no se ejecutan como se debería. También sería un paso muy grande que se cumpla la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Y la sanción de una ley de humedales. La gestión de los territorios se tiene que reconfigurar hacia la prevención, en base al conocimiento de las particularidades ecológicas y los fenómenos biofísicos, de los saberes locales, para determinar los usos justos e inteligentes del territorio en todo el país”, destacó.
La cuestión de los incendios va mucho más allá de las llamas. Una vez que se apaga el fuego, los problemas continúan.
«Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar», dice Ferrario.
El envío al Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecía inminente a principios de marzo, pero poco después el aislamiento social preventivo y obligatorio lo dejó en pausa. Ahora, en plena pandemia y a dos años del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, es una incógnita cuándo finalmente volverá a tener tratamiento legislativo. Mientras tanto, en estos meses de cuarentena las mujeres siguen abortando, pero lejos de que sea en un marco enteramente legal, seguro y gratuito, las restricciones a la circulación y la enorme demanda del sistema de salud, producto del coronavirus, han puesto más barreras en el camino.
“Con la pandemia se agudizaron mucho los obstáculos de siempre”, cuenta Julieta Ireizo, integrante de la Regional Oeste de Buenos Aires de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y enumera un combo que incluye la derivación hacia otras funciones de equipos de profesionales que acompañaban ILE (interrupción legal del embarazo), el endurecimiento de muchos servicios de salud y la profundización de situaciones de violencia obstétrica en los hospitales, sumado a los pedidos de explicaciones policiales, e incluso un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en situaciones de violencia de género -que se han agudizado- y por falta de acceso a métodos anticonceptivos. “Hay más barreras, atendemos chicas con mucho miedo de salir de su casa y es muy difícil”, comenta esta médica generalista de Moreno.
Desde Socorristas en Red coinciden en que las dificultades han ido en aumento a lo largo de la cuarentena. “El aislamiento se nota muchísimo en los niveles de ansiedad y de emergencia que muestran las mujeres, personas trans y no binaries que se comunican con nosotras”, señala Eugenia Ferrario, integrante de Socorro Rosa Necochea-Quequén en Socorristas en Red. “Todo se puso más intenso. Antes en el segundo momento del dispositivo de acompañamiento socorrista nos encontrábamos cara a cara y ahora es todo virtual, por videollamada. Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar, me pasó de estar en videollamada con una chica que solo podía responder por sí o por no”, cuenta. Y agrega que le tocó acompañar tres casos de “mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado, y nos escribíamos por whatsapp, no mucho porque no podían hacer mucha luz con el teléfono”.
Sólo durante los primeros dos meses de cuarentena, Socorristas acompañó más de 3.000 abortos en todo el país, afirmó Ferrario; mientras que durante todo el 2019 fueron 12.575 acompañamientos. “En provincias donde ya era un desafío acceder a una ILE, ahora se puso más complejo – agrega la docente de Necochea-. Todos los procesos de crisis recrudecen las condiciones de inseguridad en las cuales se realizan los abortos en la Argentina, y más complicaciones hay por la práctica de abortos inseguros”.
“Hay mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado», cuentan desde Socorristas en Red.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron que “en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”. Entre ellas, tres mujeres fueron presas por abortar en Santiago del Estero y una joven de 22 años falleció tras realizarse un aborto inseguro en Formosa, ambas provincias siguen sin adherir al protocolo nacional de ILE. Recién en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires aprobó su adhesión en la Legislatura. Sin embargo, fue reglamentada con restricciones por parte del Ejecutivo porteño, según denunció la Campaña: la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para acceder a la ILE, la imposición de un límite de edad gestacional para la realización de la práctica, la habilitación de objeción de conciencia institucional; cosas contrarias a lo establecido por el protocolo nacional.
Desde Nación, en tanto, en el marco de la pandemia se había declarado ya a la ILE y a la provisión de métodos anticonceptivos como servicios esenciales. Un factor clave para el acceso a una ILE es la disponibilidad de misoprostol cuyo precio, sin embargo, no ha hecho sino aumentar de manera sideral: según difundió el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol entre 2015 y 2019 el medicamento subió un 1.280%. En ese sentido, Ireizo señala que “con el cambio de gestión se asumió el compromiso de garantizar las prácticas, hubo una compra muy grande a nivel nacional y también provincial de misoprostol, mucho mayor a años anteriores, pero sigue quedando corta y habiendo faltantes. Estamos esperando que en agosto entre una nueva compra”.
Desde el gobierno bonaerense, en tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Sabrina Cartabia, dice que “la Provincia de Buenos Aires trabaja en la provisión de medicamentos – teniendo en cuenta que el misoprostol es esencial según la OMS-; en la capacitación de los servicios para que den respuesta a la demanda de las mujeres; y en que las mujeres y cuerpos gestantes conozcan que tienen derecho a acceder a un aborto, por las causales permitidas en la Argentina desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal: cuando la salud de la persona gestante se ponga en riesgo o cuando el embarazo provenga de violencia sexual”. Asimismo, destacó que a partir de la pandemia, “desde el Ministerio de Salud se trabajó en las resoluciones que explican cómo se debe trabajar en el contexto de ASPO y pandemia para el acceso a la ILE y otros derechos sexuales”. También se hizo mucho énfasis desde el Estado nacional en la línea telefónica de salud sexual, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
“La mayoría de los abortos se pueden resolver en casa de forma segura, por lo tanto las pastillas de misoprostol, de las que la Provincia hizo una compra muy grande en marzo, permiten la interrupción del embarazo aún con las limitaciones que impone la pandemia”, destaca Cartabia. “Otra cosa muy importante es que en junio salió por primera vez un folleto oficial del Estado argentino, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, explicando cómo se debe realizar un aborto con pastillas, en casa. Es un método seguro, barato y accesible”, añade la abogada feminista. Y apunta que hoy “la mejor manera de tener un contacto directo y exitoso con el Estado es a través del 0800 de salud sexual”.
«En la cuarentena, muchas fueron obligadas a continuar embarazos productos de violaciones”, dice la Campaña.
Que sea ley
El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y con la fecha se hizo sentir la consigna de “aborto Legal 2020”. Si bien distintos funcionarios del gobierno nacional –incluido el presidente Alberto Fernández-han repetido en los últimos meses que ya hay un proyecto listo, la pandemia parece posponer cada vez más la presentación formal del proyecto.
“Con pandemia o sin pandemia, la ley para que el aborto sea legal es una deuda enorme de la democracia. A dos años del horror del Senado, cuando votó en contra de nuestros derechos, a todas las que militamos esta causa la posibilidad del tratamiento de la ley este año nos generó mucha ilusión”, expresa Ferrario, y destaca que “con o sin cuarentena, desde Socorristas sostenemos que el aborto tiene que ser legal ya”.
En tanto, Ireizo, de la Red de Profesionales de la Salud, señala que “la ley de IVE tarde o temprano va a salir, hay interés del actual gobierno en que salga, pero no es el proyecto que hemos presentado nosotras desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una vez que salga, habrá que seguir disputando su implementación, para que no sean los médicos y médicas quienes toman la decisión final, sino que sean las personas quienes puedan ejercer el derecho a decidir por la autonomía de sus cuerpos”.
En plena crisis sanitaria es difícil saber cuándo la marea verde podrá volver a inundar las calles en reclamo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Mientras, con el sostén que siempre han sido las redes feministas y con un Estado que por primera vez no mira para otro lado, las mujeres siguen abortando, pero con las complicaciones adicionales que el contexto impone para su práctica.
Recurseros
Se puede llamar, pedir información y despejar dudas en la línea gratuita de Salud Sexual de Nación: 0800-222-3444. Por otro lado, también existe un recursero para contactarse con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otro de la organización Socorristas en Red
“Es importante dinamizar la producción popular porque cumple un doble rol: desconcentra la economía y también nos acerca a la posibilidad de tener trabajo pleno, que no es una meta absurda”. El planteo es de Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular: la situación actual, tan inédita como lo es que un virus marque los designios del país y del mundo, y de tanta incertidumbre como la que puede generarse en una sociedad que vio drásticamente modificada su vida cotidiana, exige pensar profundamente el día después de la pandemia. Puede ser una oportunidad de impulsar otros paradigmas, más inclusivos.
El Instituto para la Producción Popular (IPP) trabaja en propuestas que hacen a la vivienda, la alimentación, la generación de energía sustentable. Su coordinador, Enrique Martínez, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por casi una década, reflexiona sobre el escenario que toca atravesar hoy al país y cómo sería una salida desde la economía popular.
¿Qué lectura hace del escenario político económico actual, en el marco de la pandemia?
Es bastante habitual suponer que hay un modelo neoliberal que tenemos que dejar atrás y un modelo popular que debería reemplazarlo. En este momento me parece que estamos en una situación nueva, que el neoliberalismo ya ha demostrado su fracaso más absoluto, pero en el campo popular se plantea una disyuntiva: o volver a poner el país en marcha como antes de la cuarentena, volviendo a poner las piezas del tablero en su lugar, o admitir que esa no era una situación ideal, que hay que modificar algunas relaciones estructurales, y sobre todo que hay que poner en el campo de la producción a millones de argentinos que antes de la cuarentena ya estaban con dificultades muy serias. No hay que ayudar solamente a los que ahora se cayeron, sino también colocar en un plano de actividad a quienes ya no estaban trabajando de manera adecuada. Esa es una discusión que me parece que no se está dando todavía pero que se va a desarrollar en los próximos meses.
Sobre las relaciones estructurales que menciona, viene planteando el tema de la concentración económica que hay en el país. ¿Por qué camino se podría empezar a revertir?
Una mala costumbre que tenemos en el campo popular es discutir estas cuestiones solamente a nivel teórico, en el calor de una batalla intelectual pero sin modificar las cosas. Hay que desconcentrar lo que se pueda desconcentrar. Es difícil desconcentrar producciones como las del aluminio o el acero en la Argentina, o el pequeño grupo de productores de autos, pero no es nada difícil avanzar en cambiar la matriz energética, incorporando la energía renovable donde se pueda, y que los productores sean miles de pequeños grupos generando energía cerca de donde se consume, con lo cual las grandes redes de distribución de las que todos dependemos deberían ir perdiendo valor progresivamente. Es mucho más fácil hacerlo en la industria alimenticia, donde la concentración se da no por razones técnicas sino de poder económico, y promover pequeñas lecherías o pequeñas producciones de pollos está al alcance de cualquier gobierno, el tema es ver la necesidad de eso y hacerlo.
El caso de la industria alimenticia se puso de relieve con Vicentin. ¿Por qué considera que no se dio la expropiación luego de haberla anunciado? Y a nivel económico, ¿cuál sería el potencial de que el Estado controle una empresa de ese calibre?
Es una pena que eso se haya debatido así. Antes de hacerlo, el Estado tendría que haber hecho uso de toda la fortaleza jurídica que da el hecho de que evidentemente el grupo que conduce Vicentin vació la empresa; ahí hay una actitud delictiva que, acelerando un poco los pasos, puede llevar a que ese grupo no tenga ningún derecho a seguirla conduciendo. La discusión es qué Vicentin queremos, si la misma que antes, que siga exportando productos con poco valor agregado, o una Vicentin que con la fortaleza que tiene una empresa que maneja miles de millones de dólares en un territorio empobrecido como es el norte del país, pueda diseminar la tecnología de producción de biodiesel, generar producción de pollos en el Chaco o mejorar la producción porcina en determinada región. Hay una cantidad de cosas que puede hacer una empresa con vocación nacional, ganando lo que corresponde dignamente, con un poder multiplicador muy superior a la Vicentin anterior a la quiebra.
Y también en relación al ingreso de divisas. Y en ese sentido, viene planteando la importancia de la soberanía monetaria.
He estudiado mucho la teoría monetaria moderna, que ahora tiene una fortaleza muy importante, teniendo en cuenta el abandono al temor al déficit fiscal que se ha dado en todo el mundo desarrollado a consecuencia de la pandemia. Lo que creo que hay que hacer es avanzar en la dirección de generar trabajo para todos, pero teniendo soberanía monetaria: hay que eliminar totalmente la dependencia del dólar que hemos construido culturalmente y con maniobras de dependencia expresa en el último medio siglo.
«Hay necesidades sociales insatisfechas que si se atienden con programas nacionales, se resuelve problema del trabajo».
¿Cuál es su postura con respecto al impuesto a las grandes fortunas, otro tema que se debatió mucho pero por ahora no llegó a concretarse?
Hay muchos economistas que lo plantean como una condición necesaria para financiar al Estado, y creo que eso es equivocado. El Estado no necesita el impuesto a las grandes fortunas para financiarse, como lo demuestra el hecho de que está trabajando sin ese impuesto. Se necesita ese impuesto para introducir equidad en la economía, es elemental y básico que una de las maneras de “castigar” la concentración es con un impuesto a las grandes fortunas. No pensarlo para financiar al Estado, sino para poner equidad en el escenario social.
Se viene discutiendo también la posibilidad de implementar un ingreso ciudadano universal, que usted ha manifestado que debería ser transitorio; ¿por dónde debería ir una respuesta a largo plazo?
Un país que llega a tener un 50% de pobreza, como vamos a tener en poco tiempo, no puede imaginar reducir sustancialmente la pobreza con un ingreso extraordinario que ponga en el bolsillo de la gente la capacidad de consumo que no genera el trabajo; me parece inviable. Un país con soberanía monetaria tiene que tener grandes programas de generación de trabajo popular con importancia social y de efectiva realización, admitiendo los ingresos de emergencia justamente como emergencia, con un plazo acotado y definido.
Desde el IPP se propone un programa de trabajo para todos. ¿De qué manera podría instrumentarse?
Si efectivamente se lleva adelante el programa del Ministerio de Desarrollo Social de urbanización de villas con la energía correspondiente, la urbanización de los cuatro mil barrios populares generaría una cantidad de trabajo muy importante. Nosotros sostenemos la posibilidad de que se avance en un programa de millones de lotes urbanizados, eliminando la especulación sobre el suelo para que se fortalezca la autoconstrucción y las cooperativas de vivienda. Creemos que hay que hacer una transformación masiva de la generación de energía hacia la energía renovable pensada en pequeñas comunidades, lo cual se ha demostrado en el mundo que genera miles de trabajos, y además otros programas, como la forestación, o el desarrollo de cinturones alimenticios en todos los pueblos de la Argentina. Hay una cantidad de necesidades sociales insatisfechas que si se tienen programas de dimensión nacional que busque atenderlas, se resuelve problema del trabajo.
-Se estaría abordando la cuestión no sólo laboral, sino también habitacional, energética, ambiental. ¿Cómo se trabaja desde el IPP en relación a estas propuestas?
Un organismo como el IPP no tiene elementos concretos para hacerlo efectivo a gran escala, nos alegra que la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia) Bielsa anuncie que se va a lanzar una nueva etapa del plan Procrear vinculado a la disponibilidad de lotes con servicios, idea que venimos batallando hace mucho tiempo, porque en el plan original se daba el crédito para la vivienda, y cuando la gente iba a comprar el suelo se encarecía por la especulación inmobiliaria. Lo que nosotros intentamos, como organización fuera del gobierno, es encontrar ámbitos donde la comunidad organizada pueda llevar adelante los conceptos que estamos proclamando. Somos difusores de ideas de transformación y colaboradores con la comunidad para llevar adelante situaciones en el camino correcto. Sobre todo estamos avanzando en el plano de la producción y distribución de alimentos, la energía renovable.
En relación a estas iniciativas, ¿cuál es el rol que podría ocupar la producción popular en la pospandemia?
Muy importante. Hay una definición un tanto viciada de economía popular, se tiende a pensar que la economía popular es la economía de los pobres o incluso la economía no productiva. Pero la economía popular es la producción que pone el lucro en segundo lugar, que intenta asumirse como servicio, que tiene como prioridad la atención de las necesidades comunitarias. La UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), los campesinos del norte de Mendoza, muchas pequeñas industrias alimenticias o alguna industria textil cooperativa, son ejemplos de economía popular. El gobierno necesita apoyar esta producción popular.
La producción popular, concluye Martínez, también puede jugar un papel vital contra el desempleo: “Desde hace más de 40 años que no tenemos una situación de trabajo pleno –plantea-. Tener una desocupación de 2 o 3 por ciento no es una meta absurda: la Argentina tuvo muchos períodos con ese nivel de desocupación. Y sin embargo en estos momentos cualquier gobierno popular estaría feliz con un desempleo de 7 por ciento, que además sería disimulado por la gran cantidad de planes sociales. La desocupación real hoy, a nuestro juicio, supera el 20 por ciento, y eso es inaceptable como modelo social”.
Raimundo Vigo Murga, jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Fiorito, dado de alta tras su tratamiento con plasma.
“En medicina no hay milagros, la medicina es una ciencia, pero para mí esto fue un milagro. Volví a vivir, el plasma me devolvió la vida”. El testimonio es de Reimundo Vigo, médico jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Fiorito, quien habló con ANCCOM tres días después de haber sido dado de alta y ocho luego de recibir la transfusión de plasma. Cuando comenzó el aislamiento, el 20 de marzo, Vigo dejó de concurrir al Fiorito, en el que trabaja hace más de 35 años, por ser considerado persona de riesgo debido a su edad -68-. Si bien solo salía de su casa en Avellaneda para hacer alguna compra en el barrio, contrajo covid-19. Empezó a tener una tos seca que no pasaba. Se hizo el hisopado, que dio positivo el 6 junio, día en que se internó en el Fiorito. Además, se le detectó una pulmonía. Recibió antibióticos (azitromicina, hidroxicloroquina, enoxaparina) pero cinco días más tarde sentía que no podía respirar. “Una médica me preguntó si aceptaba que me pusieran plasma: le dije que en ese momento aceptaba todo”, relata Vigo. La pulmonía había empeorado. “A la tarde me llegó el plasma de convaleciente, y dos o tres horas después de que me terminara de pasar me sentía un poco aliviado, podía respirar un poco mejor. El viernes me sentía bien, el sábado mejor y el domingo fue uno de los mejores días de mi vida porque podía respirar bien otra vez”, cuenta el médico. “Hoy estoy en casa, tranquilo, recuperándome bien”.
Vigo fue tratado en el marco del protocolo terapéutico que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, de los más grandes del país, por el que ya se trataron con plasma a más de 210 personas en toda la provincia, con una tasa de mortalidad del 11 por ciento. Entre los recuperados se destaca un caso emblemático. El doctor Luis Cantaluppi, coordinador del área de Plasma en el Ministerio de Salud bonaerense, contó a ANCCOM que se trató de “un caso único en el mundo, un neonato que contrajo covid-19 porque su madre estaba con la enfermedad sin saberlo. A sus tres días de vida, el bebé estaba con una neumonía bilateral típica del covid, que requirió de asistencia respiratoria mecánica, con un cuadro clínico muy complejo, en el Fiorito. Decidimos pasarle plasma de convaleciente, con una dosis adecuada a él. Evolucionó favorablemente, rápidamente mejoró el cuadro pulmonar, se le sacó el respirador, salió de terapia intensiva y ya se encuentra recuperado, en su casa con su madre”. También se trató a dos niños de 12 años, a otra de tres, y a una beba de dos meses, todos con casos graves de covid.
Magdalena Lamenza, la donante de plasma. minutos después de la donación
El plasma es la parte líquida de la sangre, que contiene los anticuerpos que el sistema inmunitario genera para combatir un virus, en este caso el SARS-CoV-2. El pico de generación de anticuerpos contra el covid se da alrededor del día 40 de la enfermedad, cuando la persona ya se recuperó, por lo que un paciente que contrajo coronavirus recientemente aún no cuenta con las inmunoglobulinas necesarias para defenderse. Al transfundirle plasma de una persona curada, que ya contiene en su sangre los anticuerpos –las inmunoglobulinas G, que se suman a las M-, se mitiga la acción del virus, impidiendo que lesione los tejidos, sobre todo el pulmonar. Se trata de una inmunización pasiva, por la cual se acelera la recuperación del paciente.
La obtención dell plasma se realiza a través de un procedimiento de extracción con un equipo similar al utilizado en una donación de sangre común. Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, explica que “cuando se conecta, la máquina extrae sangre, la centrifuga, manda el plasma a una bolsa y el resto se reinfunde al donante. Con eso podemos obtener entre tres y cuatro dosis de plasma, y cada paciente recibe una sola dosis”.
“Es un ratito”, asegura Magdalena Lamenza, la donante que proveyó el plasma que se le transfundió al doctor Vigo. “La máquina estipula cuánto vas a donar según tu altura y peso, yo dono, como máximo, 500 ml. La última vez tardé media hora, un trámite. Los chicos te explican todo, lo único que hay que hacer es apretar una pelotita. La realidad es que no duele. Te dan una manta por si te da frío, mientras estás acostado, y hasta te dan un cafecito”.
Lamenza, de 28 años, atravesó el coronavirus con síntomas leves, sin necesidad de internarse. “Una vez que me curé me enteré de la donación de plasma”, cuenta a ANCCOM. “Como médica siempre entendí la importancia que tiene la donación, pero además en este momento, es lo único que tenemos para combatir a la enfermedad. Una vez que me había curado y podía ayudar a los demás fui sin dudarlo, doné plasma las dos veces que pude hasta ahora”.
Un estudio de la Clínica 25 de Mayo señaló que menos del 1% presentó problemas vinculados con la donación de plasma.
La implementación del plasma de convaleciente en medicina no es nueva, ya se había utilizado con éxito para tratar la Fiebre Hemorrágica Argentina. “También con el SARS, el MERS, la fiebre aviar, y en medio del pico de la pandemia (de covid) en Estados Unidos, Canadá, Israel, España e Italia. Hicimos un protocolo en base a sus experiencias y nuestras características”, señala Etchenique: se trata del Protocolo Provincial de Investigación sobre Plasma de Convaleciente de Covid-19. “Por ahora ha demostrado ser lo que produce mayor efectividad”, añade la médica al frente del Instituto de Hemoterapia. “Lo fundamental es que se al paciente que se le transfunde antes de que ingrese a terapia, nunca ingresa; y al paciente que había ingresado hace pocas horas a terapia, rápidamente sale. Eso contribuye a no colapsar las terapias intensivas”.
El plasma se transfunde al paciente que está agravando su cuadro. “En 24, 36 horas, cambia clínicamente, mejora la oxigenación, le baja la fiebre, se siente mucho mejor y termina de reponerse”, señala Cantaluppi. Sobre el protocolo, el médico asesor del gobierno bonaerense detalla que “lo empezamos a armar en marzo y lo comenzamos a aplicar entre los últimos días de abril y los primeros de mayo”. A continuación explicó que “con la experiencia que hay en el mundo alcanza para proponer un ensayo terapéutico, y no uno de investigación en el que comparamos una rama con placebo y otra con plasma; nosotros le pasamos a todos los pacientes plasma. La bibliografía en el mundo señala que el plasma en el covid es seguro y potencialmente terapéutico. La enfermedad tiene siete meses de evolución, por lo que ningún ensayo terapéutico puede asegurar que el plasma es efectivo totalmente. Pero si nos quedamos esperando, no estaríamos tratando pacientes con los resultados positivos que tenemos. Al tener un producto terapéutico biológico y exento de efectos adversos, lo podemos aplicar con seguridad. Esto no lo inventamos acá, pero la provincia de Buenos Aires sí fue pionera (en el país), somos los únicos que tenemos pacientes tratados en cantidad y con un protocolo de seguimiento diario, con una logística y una estructura que están funcionando”.
Una investigación masiva sobre el tratamiento de covid con plasma se hizo ya en Estados Unidos; la Clínica Mayo realizó un estudio con más de 20.000 pacientes tratados con plasma de convalecientes, con una mortalidad del 8.6%, y en donde menos del 1% presentó complicaciones serias relacionadas a la transfusiones.
Aquí, mientras tanto, se dio media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados al proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner, que propone crear una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus. El propio gobernador, Axel Kicillof, salió en sus redes sociales a pedir a los pacientes recuperados que sean donantes de plasma. El caso más resonante hasta ahora de un paciente tratado con plasma tal vez haya sido el de Martín Insaurralde, quien se recuperó en el Hospital Municipal de Llavallol. “A las 24 horas ya me sentía bien”, aseguró el intendente de Lomas de Zamora.
En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para crear una Campaña Nacional de Donación de Plasma.
Cómo donar
Quienes estén en condiciones de donar plasma deben comunicarse con el CUCAIBA al 0800 222 0101. Pueden hacerlo las personas entre 18 y 65 años que estén clínicamente recuperadas, con resultado PCR negativo, entre otros requisitos. “Los llamados telefónicos de personas que quieren donar han aumentado, además los municipios están saliendo en forma territorial a preguntar a quienes tienen registrado que fueron dados de alta si quieren donar –comenta Etchenique-. Nosotros los llamamos, preguntamos una serie de cuestiones que tienen que ver con los criterios de donación y los derivamos para donar de acuerdo a la cercanía de su casa”. A los donantes se los va a buscar, se los lleva a donar al centro más cercano (hay en General Rodríguez, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) y luego se los devuelve a sus hogares.
“Donar es un acto de enorme generosidad, cada paciente que ya sufrió la enfermedad y se curó tiene que donar plasma, porque cada vez que se dona se está ayudando a cuatro personas a evolucionar favorablemente, a que no tenga una estadía prolongada en terapia intensiva, a que no colapse el sistema de salud, y eso es muchísimo”, explica Cantaluppi. Ya desde su hogar, Vigo, su colega del Fiorito tratado con plasma, repite estar “eternamente agradecido”: “Son momentos muy difíciles, lo mejor que puede pasar es que la gente tome conciencia para ayudar a quienes pasan por esa situación”, dice. Los requisitos a la hora de donar, sumado a la compatibilidad que debe haber con el receptor, hace que sea fundamental que cada vez sean más los donantes. En ese sentido, Lamenza, la médica que desde La Plata donó su plasma, destacó que “necesitamos que todos los que fueron dados de alta vayan a donar, porque los casos son cada vez más”.
