Familiares de otras víctimas de femicidio acompañaron a los padres de Cecilia Strzyzowski frente a la Casa de la Provincia de Chaco para exigir justicia. «Hoy es mi hija pero mañana podría ser la de otra», dijo Gloria Romero, la mamá. Mirá las fotos de ANCCOM.
El asesinato de Cecilia Strzyzowski puso en agenda nacional el problema de la violencia de género en la provincia norteña. Según el Observatorio de Mumalá este año ya mataron a 1,7 mujeres cada cien mil, la proporción más alta del país.
Desde 2020 que Chaco ocupa los primeros lugares en las estadísticas de femicidios en la Argentina. El caso de Cecilia Strzyzowski , -presuntamente asesinada por su pareja César Sena con complicidad con sus padres -Emerenciano Sena y Marcela Acuña-, originó el levantamiento masivo de la sociedad civil junto con el acompañamiento de los medios de comunicación y organizaciones feministas, evidenciando la problemática de la violencia de género en la provincia. Según el último informe del Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), denominado “Mujeres, Disidencias, Derechos”, desde el 1 de enero al 29 de junio del 2023 se registraron trece femicidios, ocho directos, cinco vinculados y un suicidio femicida. “Somos la provincia con la tasa de femicidios más altas del país, con 1,7 cada 100.000 mujeres”, expresa a ANCCOM Paula Ojeda, la Coordinadora de MuMaLá Chaco.
MuMaLá nacional es una organización feminista, autoproclamada popular, porque surgió “al calor de la lucha y resistencia a las violencias de las políticas neoliberales con las compañeras piqueteras de Barrios de Pie”. Se define como “federal” porque tiene sedes con presencia en veinte provincias del país, y “disidente”, porque defiende los derechos LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexual, Trans, Travestis, Intersexual, Queer). Además, cuenta con un Observatorio Nacional llamado “MuMaLá Mujeres, Disidencias, Derechos” que ya cuenta con más de cinco años de producción de datos y estadísticas sobre femicidios, suicidios femicidios vinculados y trans-travesticidios. Por lo tanto, las altas tasas actuales no parece sorprenderle a Ojeda, coordinadora de la sede chaqueña MuMaLá . “Es lamentable decirlo pero no nos sorprende. Lo que sí, la altura del año en la que estamos y que ya tenemos este índice tan alto. Generalmente, es más cerca de fin de año cuando ingresamos a este ranking nefasto. Sucede hace un buen tiempo ya, es triste pero lo estamos esperando”, afirma.
Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, en una marcha realizada en Resistencia para exigir justicia.
Todos los meses, el Observatorio lanza un informe con datos recabados principalmente desde el seguimiento de casos que brindan los medios de comunicación. “Es un trabajo federal muy a pulmón con nuestras compañeras, revisando las noticias que salen de nuestros país”, afirma Ojeda
En este sentido, ya para 2022 el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) había registrado a Chaco, después de Tierra del Fuego, como la segunda provincia con la tasa de femicidios más altas en el país, situación que se viene repitiendo desde 2020 según los informes disponibles. Para Ojeda, estos números en las estadísticas están ligados al abordaje de la temática y su aplicación por parte del sistema judicial y policial. “Constantemente estamos diciendo que sin políticas públicas los femicidios no van a mermar. Acá tenemos mucha política pública para erradicar y sancionar la violencia de género pero a la hora de que se apliquen en el territorio es donde está la falla. Todo tiene que ver con que el accionar de la Justicia y la policía es muy lento”, afirma.
La desaparición y el presunto femicidio de Cecilia que “está conmoviendo a la sociedad y al país entero”, causó una reacción “más rápida de la Justicia, pero está totalmente relacionado con la visibilidad que se les dio desde los medios de comunicación de la provincia en primer lugar y a nivel nacional en segundo lugar”, aclara Ojeda y agrega: “También al acompañamiento de movimientos feministas y a la indignación que generó en la sociedad que hizo que salgan a las calles a pedir esclarecimiento. Eso también hizo que la justicia actuó un poco más rápido”, agrega.
La última vez que se registró con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio pasado, cuando estaba a punto de irse a un supuesto viaje a Tierra del Fuego junto con su pareja César Sena, con quien se había casado y posteriormente anulado el matrimonio. El sueño de empezar de cero con trabajo y casa en Ushuaia se truncó: los fiscales a cargo de la causa consideran que la familia Sena, que ocupaba lugares dentro de la dirigencia política de la provincia, hizo creer esa idea del viaje como parte de un “plan” para cometer el crimen y desaparecer los restos de Cecilia. Al día de hoy, sin identificación aún del cuerpo, hay siete imputados además de la pareja: Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena como coautores del presunto crimen; el chofer de ellos, José Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, el casero del campo que tenía la familia, Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reinoso, estos últimos acusados de .encubrimiento agravado.
A más de un mes ya sin Cecilia, la coordinadora de MuMaLá Chaco tiene la esperanza de que signifique “un caso bisagra” para que la gente salga a reclamar “por políticas públicas efectivas y reales en su aplicación en el territorio. Así como se involucró con este caso, que salga a pedir justicia por los otros femicidios que tenemos en la provincia. Es muy importante que como sociedad nos involucremos. L os femicidios son un flagelo social”, recalca.
Asimismo, la organización exige por tercera vez la declaración de la Emergencia en Violencia de Género al Estado Nacional. “Esperamos que tenga un apoyo de la ciudadanía, porque entendemos que la sociedad está indignada por la violencia de género en nuestro país, que realmente veamos cambios y cómo realmente se puede resolver con el accionar de espacios feministas como el nuestro y con el accionar de proyectos de ley que buscan cambiar el rumbo del tratamiento de la violencia y de los femicidios”, enfatiza.
Por octavo año se desarrollo la movilización que exige poner fin a la violencia contra las mujeres y diversidades. Desde entonces, la primera edición, los femicidios aumentaron.
Contra todo pronóstico, el 3 de junio de 2023 la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia amanecieron con un cielo despejado y un sol que puso en pausa el frío otoñal, al calor de un reclamo que se extendió por todo el país. La lluvia y la niebla prometida se borró del mapa para dejar paso a la marea feminista que marchaba hacia el Congreso con la premisa: “¡Vivas, libres, desendeudades y en las calles nos queremos”. Desde temprano, se concentraron grupos en las estaciones de trenes donde las puertas estaban abiertas y liberadas con el acompañamiento estatal de Trenes Argentinos que permitió viajes gratuitos para los marchantes. Las filas en las paradas de los colectivos concentraban miradas curiosas y otras decididas.
Las miradas que no cargaban curiosidad eran las de los conductores de autos particulares y taxis que buscaban atravesar la osadía de la ciudad en marcha. En las calles San José y Avenida de Mayo, una agente de tránsito se frustró al no lograr contener a las manifestantes que cruzaban la calle en peligrosas maniobras, todo para estar más cerca de la Plaza del Congreso. Los conductores, que eran en su mayoría hombres, aprovechaban la situación descontrolada para tocar bocina y gritarles a las mujeres, en clara búsqueda de intimidar con el sonido de sus aceleradores. Pero ese caos quedó atrás al llegar al escenario principal, donde los grupos se tomaban las manos y armaban barreras para evitar que el tránsito interfiera con lo que estaba sucediendo. Los bombos, las banderas y las bengalas lo confirmaban: aquí estaba el feminismo.
En 2015, el año del primer Ni Una Menos, la cantidad de femicidios anuales se posicionó en 235. En 2022, se produjeron 292 femicidios y 9 trans/travesticidios.
En 2015, el año del primer Ni Una Menos, la cantidad de femicidios anuales se posicionó en 235, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2022, se produjeron 292 femicidios, 9 trans/travesticidios, relevados por la Asociación Civil la Casa del Encuentro, la primera ONG que reunió las estadísticas de femicidios. Este número que no mermó, sino que aumentó, potenció los reclamos que año tras año mantiene la consigna “Vivas nos queremos”. “Hoy somos más compañeras monitoreando”, confirmó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil la Casa del Encuentro que se encontraba marchando en la esquina del Congreso, sobre Rivadavia y Callao. “Cuantas más seamos, más reclamos podemos hacer y más voces se van a levantar exigiendo. Pedimos más políticas públicas para las mujeres y las compañeras trans”, enfatizó en su entrevista con ANCCOM
Entre las columnas de agrupaciones políticas y grupos activistas, también se encontraban cientos de madres con sus hijos e hijas. Yesica, de 27 años, tenía a Emily en brazos de tan sólo un año. Juntas disfrutaban de la música, mirando a sus compañeras de alrededor, esperando frente al escenario la presentación del documento oficial de Ni Una Menos. “Decidí marchar hoy porque sufrí violencia de género y también tengo hermanas que pasaron por lo mismo”, contó Yesica. “Traje a mi hija debido a que me sigue para todos lados, no se queda con nadie”, enfatizó, mientras aseguraba que ella busca inculcarle los valores del feminismo. El documento contemplaba a cada una de las madres que se encontraban manifestándose, ya que sostenía que “Maternar es político” y exigía políticas de Estado que acompañen a las maternidades. Teniendo presente que los femicidios también afectan a las infancias, ya que en 2022 se registraron 341 hijas e hijos que quedaron sin madre a causa de ellos, siendo el 65% menores de edad, según la Asociación Civil la Casa del Encuentro.
“Estamos en un momento bisagra: se han hecho muchas conquistas, pero que también hay varias amenazas sobre esos avances”, aseguró para ANCCOM Paula Rodriguez, periodista y autora del libro #NiUnaMenos. “Hay una demanda fuerte, que es que el Poder Judicial avance en su reforma y aggiornamento”, enfatizó, sumando su voz al reclamo específico de esta marcha, que exige en su documento oficial: “Con este Poder Judicial no hay ni una menos. Exigimos una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria”. Rodriguez remarcó que “hoy tenemos muchos casos de femicidio en donde hubo un pedido de cuidado y denuncias previas. Se debe actuar en la protección de las víctimas”. Así lo demuestran las estadísticas: en 2022, 59 víctimas habían realizado denuncia y 13 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención.
El efusivo clima de bombos, cánticos y música en la Plaza del Congreso se acalló cuando se encendieron los micrófonos en el escenario. Las mujeres, solas, en grupos o agrupaciones, se recargaron sobre postes, paradas de colectivo o paredes para escuchar atentamente a los familiares de víctimas de violencia de género. Ellos pusieron voz a un reclamo que ya no es solo de ellos, sino que es de cada una de las presentes y no presentes.
La hermana de María Isabel Speratti Aquino, quien era activista feminista y fue víctima de femicidio, aseguró firme y contundente: “María, como muchas otras, denunció a su agresor”. “Estamos aca porque la vida de María es la de cientos de mujeres, solo por ser mujeres, y no queremos que el final de esas cientos sea el que tuvo mi hermana – continuó Rocío Speratti Aquino–. Fue gatillada por su femicida frente a sus hijos, pero empujada a la muerte por el Poder Judicial”. En el marco de los reclamos, cuestionó que ese Poder Judicial “decidió darle el beneficio de la duda al violento”, mientras desviaba la mirada del caso.
Con el pedido de una reforma judicial feminista y una mirada más presente por parte del Estado, resonó el caso del del ahora exjugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, que luego de tres denuncias por violencia de género y abuso sexual, continuó jugando en las canchas hasta que la justicia se pronunció sobre el caso. Un día antes de la marcha de Ni Una Menos, cuando el Tribunal en primera instancia lo declaró culpable con una condena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, es decir, de no cumplimiento efectivo. Tras la resolución, la Comisión Directiva de Boca Juniors decidió apartarlo del equipo y no lo volverán a convocar en los partidos “hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo”, según el comunicado oficial. Esta condena y suspensión es considerada un pequeño avance en las luchas feministas dentro del ámbito futbolístico, que pelearon estos ocho años de marcha para que se interpele a la justicia y a los clubes por su lento accionar a pesar de tener áreas de género en las instituciones.
Entre las manifestantes, también se encontraba “La revolución de las viejas”, movimiento del cual participa la portavoz de la Presidencia de Argentina Gabriela Cerruti. Entre bailes y risas, sostenían el reclamo “¡Al patriarcado y el edadismo los vamos a hacer caer”. Mabel, docente que participa en esta organización, aseguró: “soy de la generación del 70, y hemos estado siempre en la calle para pedir nuestros derechos”. Con unos ojos celestes y vibrantes, que parecían tener pequeños destellos y miles de historias atravesadas, enfatizó que en “La revolución de las viejas” luchan por “transitar las vejeces con plenos derechos. Por eso estamos acompañando el Ni Una Menos y en sororidad con todas las mujeres, para acabar con la discriminación de edad”.
En la gran manifestación, las distinciones de edad no dividen, sino que unen: Belén una docente y activista de 22 años elevó un reclamo muy parecido: “Vine a marchar porque me parece que es clave que todas las feminidades puedan vivir, básicamente”. Se encontraba con sus compañeras de marcha, quienes lanzaban miradas furtivas y ansiosas hacia la marcha y el Congreso, listas para sumergirse entre los distintos grupos manifestantes. Belén confirmó: “Si no nos movilizamos, si no respondemos y si no nos organizamos, la derecha y los movimientos más conservadores avanzan, quitándonos lo que conseguimos y la concientización que logramos”.
Con la lectura del documento y poco a poco, desde Plaza de Mayo y hacia el Congreso se acercó la niebla prometida por el servicio meteorológico. Sin embargo, inmutadas, las y los manifestantes continuaron atentos a los reclamos del Ni Una Menos, que decía “basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y transhomicidios”, a la vez que pedían una correcta aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y el aborto legal, que enfatizaban que maternar es político y decían basta a la violencia medico, gineco y obstetricia, al ajuste por el pago al FMI y a la patologización de los cuerpos gordos.
La atención mermaba entre el escenario y los carteles. Las madres dirigían su mirada a sus hijas e hijos, otras manifestantes a sus compañeras, mientras que otras observaban la niebla que se avecinaba. Pero solo había un par de ojos al que todas querían mirar y no podían: a los ojos de las que no estaban, a los ojos de quienes fueron víctimas de femicidios. Y por ellas fue el reclamo: Ni Una Menos.
La Asamblea de Familiares de Víctimas de Femicidios y Desapariciones se reunió en Plaza de Mayo, en el marco de la manifestación «Niunamenos» para reclamar la profundización de las investigaciones y criticar la inacción y la complicidad judicial. Estuvieron, entre otros, el papá de Natalia Mellman, la mamá de Lucía Pérez y la prima de Florencia Pennacchi. “Nos matan a nuestras hijas, tenemos el dolor de vivir así de por vida, y tenemos que rompernos los nudillos golpeando puertas para que alguien nos escuche”, plantean.
Mientras las actividades organizadas por el colectivo Ni Una Menos y una serie de agrupaciones partidarias discurrían con el Congreso como epicentro, las familias de mujeres asesinadas y desaparecidas nucleadas en la Asamblea de Familiares de Víctimas de Femicidios y Desapariciones encontraron un lugar propio en el otro extremo de la Avenida de Mayo. Una carpa con una hilera de sillas debajo cubrió, al pie de la Pirámide de la Plaza, a decenas de madres, padres y otros familiares que relataron en primera persona el sufrimiento de la pérdida, la revictimización y la inacción o complicidad de un Poder Judicial del que esperaron, alguna vez, obtener algo de justicia. Enfrente, decenas de mujeres independientes y de organizaciones feministas o de izquierda ocuparon varias otras sillas e incluso el piso para dedicar este 3 de junio a escuchar y abrazar la memoria de quienes alguna vez fueron sus protagonistas: las pibas que faltan.
“Soy la mamá de Camila Cinalli, desaparecida por trata de personas en San Miguel del Monte”, se presentó Majo Herrera mientras las campanas de la Catedral daban las 12 del mediodía y otras madres, como la de Lucía Pérez, terminaban de ajustar los últimos detalles para dar inicio a las exposiciones de las familias bajo la carpa. “Ya van siete años de su desaparición. Pido justicia, pido al Juzgado Federal Nº 3 de La Plata que se investigue un poco más y dé alguna pista sobre Camilia”, indicó Majo.
Aunque una de las principales consignas de esta jornada tuvo que ver con el accionar cómplice de la Justicia, que protege a los femicidas y juzga a las víctimas, Marta Montero tiene bien claro que la cuestión no se reduce al Poder Judicial. Con una agenda vieja y una lapicera en la mano, y con la cara de su hija mirando desde su remera, la mamá de Lucía Pérez resaltó que la misoginia es sistemática: “Es todo un aparato del que no tenemos respuesta. Está el Estado. La Justicia no es un plato volador que flota en el medio de la atmósfera. Un Poder Legislativo eligió a esos jueces, a esos fiscales. Entonces no se hagan los distraídos, acá hay una connivencia”, explicó. “Hay un tema que es la pata judicial, pero también de las familias, porque hay un Estado que no se hace cargo –enfatizó Marta–. Hay cosas que tenemos que hacer, pagar un perito. Una familia que no tiene nada, porque solamente tiene un trabajo el que lo tiene, si quiere hacer justicia y que se llegue a una causa tiene que hacer miles de cosas. ¿Es justo eso? Nos matan a nuestras hijas, tenemos el dolor de vivir de por vida de esta manera, y tenemos que rompernos los nudillos golpeando puertas para que alguien nos escuche. Porque no solo lo vivo yo, todos los padres vivimos lo mismo”.
El desamparo que viven los padres no es el único factor repetido entre los femicidios de las mujeres cuyas caras rodearon esta tarde la pirámide de la Plaza de Mayo. Para Marta, otro elemento clave es la vinculación entre la complicidad judicial con los femicidas y el narcotráfico. A este respecto, explicó que nada se investigó sobre la procedencia de la droga que Matías Farías le suministró a Lucía: “Pueden llegar a hacer lo que hacen porque se los permiten. Vos pensá que a Lucía le vendieron la droga en la esquina del colegio. ¿Qué pasó que se permitía eso?”. Dicho esto, recalcó que “no se investigó nada” a ese respecto en el marco de su causa y que “se tapó todo”, lo cual deja en evidencia “el desamparo que tenemos las familias” contra estos poderes. “Son generalizadas muchas cosas”, siguió, y apuntó hacia otro factor común: la tendencia a culpabilizar a las víctimas y restar importancia al abuso y a los asesinatos. “Cuando yo hablo con las familias, a sus hijas les pasó lo mismo. Abusan reiteradas veces, abusan diez tipos. Incluso usan esta frase perversa, ‘se les fue la mano’: eso es una perversión. Con Lucía dos antropólogas vinieron contratadas por la defensa, por una defensa que obviamente lo único que quería era descalificar ese juicio, para salvar a esos dos tipos que están detenidos”. Con esto último, Marta se refería a un escrito elaborado por académicas de la antropología que sugería que Lucía podía haber consentido el abuso sexual que terminó en su muerte, alegando que no había que aplicar “prejuicios y estereotipos” sobre las ‘preferencias sexuales’ de los acusados”.
La responsabilización de las propias mujeres desaparecidas y asesinadas es algo que también padecieron la madre y el padre de Luna Ortiz. Esta tarde no sólo representó una jornada de lucha para Marisa y Facundo Ortiz, sino también un nuevo año sin su hija: Luna fue prostituida y asesinada un 3 de junio de 2017. Sin embargo, la justicia liberó a su femicida, Isaías Villarreal, argumentando que Luna consintió el abuso y que su muerte fue un mero accidente. Como Lucía, Luna fue drogada y violada. Y fueron varias las madres que, una vez empezada la exposición bajo la carpa, recordaron haber recibido una misma respuesta de parte de la policía cuando denunciaron la desaparición de sus hijas: “Se habrá ido con un novio”. En pleno llanto y portando la foto de su hija, la mamá de Iara Rueda recordó las palabras del comisario que la recibió: “Señora, ¿le gritó? ¿Le pegó? ¿Tiene noviecito?”. “Lo único que te preguntaban era si le habías hecho algo. Yo le dije ‘mi hija no es así, yo conozco a mi hija’”, gritó Mónica Cunchila. Iara fue captada, violada y asesinada por un joven de 17 años, Tomás Fernández, y por dos adultos, Raúl Cachizumba y Mauricio Abad. En la causa hay “ocho policías imputados por incumplimiento del deber de funcionarios públicos” debido a su inacción ante la desaparición de la joven.
La respuesta de Marta Montero contra quienes revictimizan a las pibas de esta manera fue tajante: “Hoy decimos que venimos a hablar nosotros de nuestras hijas, no necesitamos una voz de otros, alguien que venga a decir algo de nuestras hijas, si nosotros sabemos quiénes fueron. Y sabemos quiénes las mataron, lo que hicieron con nuestras hijas. Esta es la voz nuestra”, enfatizó y lamentó que se hable “tan livianamente de nuestras hijas como si fuesen una mercancía”, buscando “minimizar” las violaciones y los femicidios. “Tenemos voz propia, no necesitamos inventarnos una causa ni prendernos de nadie para ser las personas luchadoras que somos. Ojalá yo pudiera estar en mi casa tranquila sin salir ayer a las doce de la noche de mi casa y hoy estoy acá, viajando toda la noche. No nos vengan a vender cosas que no son”, concluyó.
Entre los relatos de violencia, horror y complicidad judicial también se dejó ver lo devastadora que resulta la pérdida de una hija o familiar, el desgaste que produce afrontar años de búsqueda sin resultados. Con la mirada algo perdida y una foto de su hija colgando del cuello, Gustavo Melmann explicó por qué viajó para presenciar el acto: “Estamos acá porque no queremos ni una menos. Somos familiares de víctimas que sabemos perfectamente de la pérdida de nuestros hijos, el dolor que sufrieron ellos y el dolor que sufrimos nosotros para hacer justicia. Hace 22 años que fue el femicidio de Naty, hace pocos días condenamos a un cuarto policía y estamos reclamando por un quinto ADN. La idea de hoy es estar en asamblea para prevenir que se mate, que se cosifique a la mujer para ser un objeto de pertenencia de cualquier macho para matarla. Esto tiene montones de patas, la pata judicial, la pata social, la pata política. La pata nuestra, que es el activismo o la movilización, y esa pata es la que está hoy aquí para tratar de exigir un cambio”.
Una cantidad similar de tiempo transcurrió desde que las redes de prostitución desaparecieron a Florencia Pennacchi. Su prima también protagonizó la jornada de hoy, convencida de que estar allí era su “deber” en un contexto especialmente doloroso: hace menos de una semana murió Nidia Aguilera, la mamá de Florencia, extenuada por la búsqueda y sin saber qué pasó con su hija. “Estoy en representación de la familia, porque están todos en Neuquén. Lamentablemente este 28 de mayo falleció la mamá de Florencia y es mi obligación estar acá para visibilizar su ausencia”, sostuvo mientras de fondo sonaban los tambores y los platillos de una de las agrupaciones que empezaban a concentrar en la plaza. “Florencia es mi prima, pero sinceramente fue como mi sobrina, porque la diferencia de edad era grande, calculo que cuando nació yo tenía ya 23 años. Hemos hecho todo lo necesario para encontrarla, para investigar, siempre de nuestra parte como familia, especialmente de Nidia, su mamá, con un perfil bajo”, recordó. Tenía un cigarrillo en la mano y los ojos vidriosos.
“Hicimos todo lo posible para poder encontrarla pero no hemos tenido respuesta de la Justicia. Ningún tipo de respuesta. Estamos acá para denunciar la desaparición de Flor y la de todas las otras, que es el día de hoy que no nos pueden responder –continuó–. Si bien Nidia siempre fue un motor en la búsqueda, la búsqueda no va a parar hasta que no tengamos una respuesta. Quiero que quede bien en claro, por la muerte de Nidia, que aparte de que haya personas que están desaparecidas como Flor hay otras víctimas más, que son los familiares, padres, madres, hijos, nietos. Cuando llega el momento termina pasando lo que pasó con Nidia, porque la ausencia de Florencia la devastó totalmente. Agradezco a todas estas personas que están aquí, era mi obligación estar acá en nombre de Flor y en nombre de Nidia”, concluyó emocionada.
La ronda de exposiciones transcurrió hasta bien entrada la tarde y estuvo marcada por las lágrimas, tanto de las madres y los padres presentes como de las oyentes. También abundaron los abrazos y las manifestaciones de fuerza y apoyo mutuo. “No estás sola”, gritaban desde el público apenas una de las oradoras se quebraba. Entre los familiares de mujeres asesinadas o desaparecidas que tomaron la palabra estuvieron los de Tehuel de La Torre, Cecilia Basaldúa, Carla Soggiu, Katerine Moscoso, Agustina Fredes y Viviana Altamirano, entre otras. Y, además de las familias de mujeres desaparecidas o asesinadas, dijeron presente las madres protectoras y las sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. “Mi nombre es Belén Chacón, de la campaña contra la prescripción de delitos sexuales en las infancias y del colectivo Yo Sí Te Creo. Yo inicié una demanda en contra de mi hermano, hace ya más de cinco años”, explicó una de ellas. Su caso “se elevó a juicio el año pasado” y el abusador “fue declarado culpable”. No obstante, indicó Belén, “fue sobreseído por prescripción de la causa, algo que suele pasar”.
En esta línea, la activista y sobreviviente de abuso sexual contra las infancias señaló que su intención es “visibilizar no solamente la necesidad de una ley contra la prescripción de delitos sexuales, sobre todo en las infancias, sino también sacar del tabú los abusos sexuales en las infancias”. A continuación, se refirió al desaliento que suele causar en las víctimas el accionar judicial: “Salió hace poco el fallo de Thelma y cada vez que prendemos la tele vemos que la Justicia no nos responde. Podríamos decir, ¿de qué vale la pena, entonces, intentarlo? Y sí que vale la pena, no es momento para callarnos la boca, precisamente todo lo contrario. Es para agarrar y decir ‘somos un montón’: el 80% de los abusos en las infancias son intrafamiliares y por lo general los que vemos en los medios no son de este modo”.
“También queremos visibilizar la diferencia que hay para algunas en el tema de tratar de hacer una denuncia. Yo cuando inicié todo esto no tenía referencia de nada y es importante visibilizar que hay muchas chicas que ni siquiera saben que pueden denunciar y, aunque así lo supiesen, cuando ven estas noticias se desaniman. Además, aunque así se animaran a denunciar, no tienen las herramientas para hacerlo”, continuó Belén y se refirió luego a la vulnerabilidad de las víctimas: “Por lo general, sobre todo las que sufrimos abusos en las infancias de forma intrafamiliar, estamos claramente expulsadas de la familia. Al estar expulsadas de la familia una puede quedar en situación de calle y hasta en situación de prostitución, entonces es mucho más grave aún. Una de cada cinco niñas es abusada y uno de cada 13 varones es abusado en la infancia. Entonces, ¿cómo llegan las víctimas a hacer esas denuncias si no tienen las herramientas? Necesitás un psiquiatra, necesitás medicamentos que son carísimos, y más allá de que el Estado provee algunas herramientas no es suficiente”, recalcó. “El mensaje que se está dando es ‘se callan la boca’, pero el mensaje que realmente deberíamos darle a la Justicia es que no, no nos vamos a callar nada, y que le vamos a llenar de juicios y de denuncias hasta el hartazgo –desafió–. Al silencio no volvemos nunca más”.
Organizaciones feministas y familiares de María Isabel Speratti Aquino, asesinada por su ex marido, se concentraron frente a Tribunales para exigir justicia por el femicidio.
El 16 de julio de 2021 María Isabel Speratti Aquino sufrió un intento de asesinato mediante asfixia por parte de su exmarido y padre de sus hijos, Gabriel Núñez. La causa llegó al Juzgado de Garantías Nº 8, a cargo del juez Martín Miguel Rizzo, y fue caratulada como “lesiones leves”. María luchaba para que su causa sea titulada como tentativa de femicidio agravada por el vínculo para así poder recibir la protección necesaria. Pero no la escucharon, y el 16 de marzo pasado fue asesinada por Nuñez en la puerta de su casa, en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.
Un grupo de mujeres autoconvocadas, compañeras y familiares de María, se reunieron el viernes 14 de abril frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna «Justicia por María”. Tomó la palabra Fernanda Tarica, directora de Shalom Bait, ONG que brinda contención y asistencia a mujeres en situación de violencia de género: “María estaba en red, no estaba sola, y pasó lo peor. Estaba luchando por su vida, fue muchas veces a la Fiscalía pidiendo que su situación sea tratada como lo que fue, un intento de femicidio, incluso el día anterior a su muerte. María ya no puede seguir con su lucha y ahora estamos nosotras”. En relación al sistema judicial, reflexionó: “¿Cómo puede ser que la vida de María haya sido tan poco importante para la justicia? ¿A quién protege esta justicia? ¿Quiénes tendrían que tener miedo por la puesta en marcha del sistema judicial? ¿Quiénes deberían dar explicaciones? La respuesta es obvia, deberían ser ellos, los denunciados, los violentos”.
Se pidió un minuto de silencio y luego se reprodujeron los audios que María había enviado a sus compañeras. Son 11 minutos en los que relata todos los lugares a los que acudió en busca de una respuesta por parte del Estado: la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía, y el Juzgado de Garantías. “No estoy siendo escuchada y el Estado me vuelve a violentar una y otra vez”, denunciaba.
“María nos dejó un mapa, donde nos fue mostrando las huellas de la complicidad que llevan a que nos maten. Eso es el punto último de una escala de violencia que empieza mucho antes. Es un mapa para todas las que estamos acá, para saber que no es un hecho aislado, que hay miles de Marías todos los días”, refirió Cristina Lobaiza Estrada, psicóloga y activista feminista.
Núñez está preso y desde la agrupación Justicia por María informan que todavía no hay ninguna declaración por parte del Juzgado que demuestre un avance en la causa. Desde la agrupación se exige la sanción y remoción de los responsables judiciales que desprotegieron a María, entre quienes se encuentran Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8 de La Plata, Javier Berlingieri, titular de la Fiscalía N° 1 de Cañuelas, Inés del Valle Rivarola del Juzgado de Paz de Cañuelas y Lisandro Damián Damonte, ex titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Cañuelas. Se exige también un pronunciamiento y compromiso por parte del Poder Ejecutivo, de organismos y funcionarios del Estado en la difusión y en el accionar en el caso de María.
“Todavía hay un sistema machista, se aprueba la Ley Micaela pero no se aplica, falta perspectiva de género –denunció Rocío Speratti, la hermana de María–. Siento que a mi hermana no le creyeron, el agresor seguía con su vida impunemente mientras ella estaba con miedo. Debería haber una democratización de la justicia, que tengamos la posibilidad de elegir quiénes forman parte del Poder Judicial, y realizar una reforma feminista ya, para que no haya más Marías”.
María era tejedora y con ese trabajo sostenía a su familia. Bajo la consigna “Somos las tejedoras, justicia por María”, se dedicó un espacio con agujas y ovillos para sumarse a la actividad. “Invitamos a todas a tejer una red y no estar solas, a tejer un mundo nuevo para continuar con el legado de María”, afirmó Lobaiza Estrada.
