Dic 28, 2020 | Géneros, Novedades
El Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez publicó su primer Informe 2020 sobre violencia de género y las cifras, lejos de descender, dejan registro de lo que sufrieron las mujeres durante este atípico año: 282 femicidios y travesticidios, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.
Se trata del primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas. El Observatorio Lucía Pérez se formó hace un año, en memoria de la joven de 16 años brutalmente asesinada en Mar del Plata en 2016, por iniciativa de periodistas de la organización lavaca.org que decidieron poner en palabras lo que venían viendo con las familias de víctimas de violencia género. Su dinámica se basa en buscar información en expedientes, causas y entrevistas en donde se recolectan datos de distintos casos de violencia. “Es muy importante porque es la manera más fidedigna que nos permite estar tranquilas de que estos datos no mienten, son números tristemente reales.
Acá mostramos esta cruel realidad. Nadie pone otro número que no es”, afirma Marta Montero, mamá de Lucía Pérez e integrante del Observatorio. Además, resalta que desde el Observatorio siempre hay diálogo con las familias que quieran acercarse para recibir y también ofrecer ayuda, no sólo para visibilizar los casos, sino también para ponerse a su disposición: “Esto es una red que tenemos desde el sufrimiento y la lucha por la justicia”, expresa la mamá de Lucía.
El Informe hace hincapié en los femicidios territoriales, es decir, aquellos crímenes que se produjeron en un marco de impunidad y violencia institucional, teniendo el Estado y la policía un rol fundamental. Como lo fue en el caso de la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución, ocurridas entre 1996 y 2001 y que fue recordado como el caso de “el loco de la ruta”, en donde se ocultaban las redes de mafia policial, narcotráfico y proxenetas. En ese tipo de asesinatos también puede incluirse el de Lucía Pérez, en donde la camioneta que requisó la policía se encontró droga con intenciones de venta y la cual se estacionaba todos los días frente al colegio de Lucía. O el de Melina Romero, quien desde el primer momento el Poder Judicial y la policía ignoraron su desaparición, tardando semanas en iniciar su búsqueda. Su cuerpo finalmente fue hallado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita. Todos esos femicidios reflejan distintos grados de impunidad institucional.
Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, expresa que el sistema judicial es uno de los bastiones patriarcales más fuertes y de los que tienen más presencia. “El acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y a veces no está garantizado”. Por su parte, Montero aclara: “El estado no toma decisiones correctas. Al agresor es a quien hay que extirpar de la vida de la mujer, no como se hace al revés. Se lleva a la mujer a un refugio y es a quien hay que incentivar, darle herramientas, contención, tranquilidad emocional, acompañar y no dejarla sola. Al agresor sí hay que controlarlo y no perderle pisada, él es a quien el Estado debe controlar”.
“Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración”, afirma contundentemente el Informe.
Lico insiste, por su parte, en la importancia del llamado al 911 en casos de urgencia, en vez de la línea 144 que es la línea de consultas. Pero, si del otro lado no hay agentes con perspectiva de género, capaces de detectar ese riesgo, es en vano. “La capacitación tiene que llegar a todos lados. Que a los agentes se los obligue, una formación consciente y comprometida. Es necesario reflexionar sobre estas cosas que pasan para poder entender que si no tenés perspectiva de género vas a terminar cortando el teléfono y podrías haber evitado que maten a una nena de 14 años”, exclama Lico, haciendo referencia al caso de Florencia Romano de 14 años de la provincia de Mendoza, víctima de femicidio, en donde hubo un llamado al 911 que no fue tenido en cuenta y podría haber evitado el asesinato.
Marta Montero asegura que la pandemia sacó las peores miserias de las personas y el encierro llevó a que sea más visible la violencia que ya existía en determinados círculos familiares. Según cifras publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante marzo de 2020 se recibieron 1.124 comunicaciones menos por violencia de género a la línea 144, en comparación con el mismo mes del año 2019. Pero, en abril de 2020, una vez iniciado el aislamiento, se recibieron 1.735 comunicaciones, un 23% más que el año anterior. “El sistema judicial es uno de los poderes del Estado que está menos informatizado. La pandemia le cayó como un baldazo de agua fría y tuvo que empezar a poner en marcha algunos sistemas de informatización, porque si no era todo a papel y a pie”, afirma Lico y agrega: “La pandemia ha hecho que algunas cuestiones se agilicen un poco más. Algunos juzgados lo están admitiendo, otros siguen en la misma. Te dan el papel y tenés que ir a notificar la denuncia, a veces parece que es el siglo pasado. Además de cargar con la responsabilidad a la mujer. Ella tiene que notificar que él no se puede acercar. Ella tiene que apretar el botón antipánico y él no cumple con la orden. Digamos que la mujer carga con hacer cumplir con las órdenes judiciales. Es casi un delegado de la justicia”.
Además, Lico advirtió que los centros de la mujer estaban cerrados y la atención telefónica dejaba mucho que desear. “Era muy complejo comunicarse. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, muchas en riesgo, no podían ir a los espacios presenciales, ahí faltó el accionar del Estado. El Gobierno de la Ciudad debería haber tomado gente que pueda estar en territorio y solucionar estas cuestiones y la verdad es que no lo hicieron. Las trabajadoras han hecho un gran esfuerzo, muchas son del movimiento feminista muy comprometidas, pero se notó esa ausencia en la Ciudad, sobre todo en los barrios más vulnerables o en los que más dificultades tienen para acceder a los servicios”. Desde la Defensoría del Pueblo se trató de monitorear la forma en la que el Gobierno de la Ciudad manejaba la pandemia en relación con la violencia. Lico afirma: “La verdad es que el organismo que debería atender el derecho de las mujeres, que es la Dirección General de la Mujer, está en una crisis presupuestaria, atiende la emergencia. Cuando hay una emergencia y hay un riesgo alto, digamos que cuanto peor mejor, cuando la situación es extrema se logran algunas cosas. Sobre todo, a través de la intervención de la Defensoría y de los equipos de trabajo, porque si no, no hay políticas sostenibles, ni políticas de prevención”.
Según el protocolo de actuación para casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es crucial que el fiscal les recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una persona. Al respecto, Lico menciona: “Lo de las 48 horas es como un mito urbano. La policía lo usa, para mí, para sacarse trabajo de encima. Si una mujer desaparece, el Estado tiene que presumir que está privada de su libertad. Si vos partís de esta presunción de que una mujer falta de su casa porque está privada de la libertad la búsqueda se hace con otra perspectiva”. De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio en 2020 hubo 133 mujeres desaparecidas y, focalizándose en la provincia de Jujuy, “según datos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311”.
El Informe, además, destaca las otras víctimas de violencia, aquellos niños y niñas huérfanos por femicidios, quienes se convierten en víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres. Si bien existe la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas víctimas de femicidios hasta los 21 años, y sin límite de edad si existe alguna discapacidad, el trámite para que se haga efectiva hace imposible que la ayuda llegue a tiempo, ya que solo puede ser percibida iniciado el juicio. La Ley Brisa se sancionó primero en la Ciudad de Buenos Aires, siendo una iniciativa legislativa del equipo de género de la Defensoría del Pueblo junto con la Casa del Encuentro. El trámite se lleva a cabo a través de las oficinas de ANSES, que es el organismo nacional que tiene más bocas en todo el territorio, facilitando así, que se pueda acceder a la reparación.
Lico señala también la importancia de retirarle la patria potestad, lo que se llaman los cuidados parentales, a los femicidas. “Ha habido casos horrorosos en donde el femicida salía de la cárcel, o no estaba preso porque tenía prisión domiciliaria, y los hijos de esa mujer que había sido muerta en las manos de este individuo vivían con él porque era el padre. Es siniestro, pareciera una película de terror”, expresa la abogada.
Según informa el Observatorio, el 8 de abril de 2020, luego de haberse dado comienzo al aislamiento social obligatorio, desde el Estado nacional se detallaron dos medidas concretas para tratar con violencia de género. La declaración de la línea 144 como servicio esencial y la campaña “barbijo rojo” que constaba de que si una mujer estaba siendo víctima de violencia de género, podía acercarse a su farmacia más cercana y solicitar un “barbijo rojo” dando inicio a un protocolo de acción. “El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020”, expresa el documento y Lico agrega: “Es un problema social, que se modificaría con la aplicación de la Ley Micaela en todos los sectores, con la aplicación de Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y en todos los niveles. Las denuncias son un eslabón muy importante pero solas no alcanzan. Si hay una denuncia y no tenés un policía capacitado con la perspectiva de género necesaria para saber cómo aplicar una medida de restricción o cómo actuar frente a una mujer que toca un botón antipánico o una llamada telefónica porque está siendo víctima de violencia, la orden o denuncia judicial por sí misma no sirve de mucho”.
Finalmente, luego de numerosas cartas enviadas al gobierno por parte del colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, quienes se reunieron bajo la consigna El Estado ausente, nunca más lograron una respuesta este año por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en un encuentro virtual, en donde se dieron algunos lineamientos sobre las políticas públicas hechas hasta el momento. Por otro lado, esto también significó la reiteración del pedido de justicia por parte de las familias, quienes explicaron que muchos de los crímenes de sus hijas siguen impunes y, además, la exigencia de ser recibidas por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que los femicidios deben ser prioridad en la agenda del gobierno nacional. “Nosotras siempre decimos que la justicia es justicia en tiempo y forma. Una justicia que llega tarde o muchos años después no es justicia, no va con su concepto. Estoy convencida de que, si bien las denuncias son super necesarias y el Estado tiene que actuar, tiene que proteger y tiene que hacerlo con diligencia, con la perspectiva de derechos humanos y de género que eso requiere”, cierra Lico.
Oct 21, 2020 | Géneros, Novedades
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los casos de violencia de género digital en época de pandemia se triplicaron. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que durante los últimos años obtuvo gran presencia mediática, gracias a las constantes manifestaciones y reclamos por parte de distintas organizaciones que vienen denunciando este tipo de violencia hace décadas.
Si bien la cifra de femicidios se encuentra lejos de descender, según números publicados por La Casa del Encuentro, durante el período entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 se registraron más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la República Argentina. El fenómeno de la pandemia tampoco fue de ayuda para estos casos, mostrando que la violencia de género se puede intensificar en este período, debido a la convivencia que muchas víctimas se ven obligadas a cumplir en marco del aislamiento social obligatorio. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio.
Con la llegada de la pandemia muchas actividades se trasladaron al ámbito digital. Videollamadas, reuniones virtuales, clases en línea y home office. Mariana Marques directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina afirma que las redes sociales e internet, en general, son una extensión del debate público y que de la misma manera en la que las mujeres sufren violencia de género en las calles o en sus casas, la sufren en las redes sociales: “No es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que esa violencia se manifiesta”.
Pero ¿qué es la violencia de género digital? “La violencia de género es la misma, el tema digital es el soporte. Es a través de qué medios se manifiesta. Puede ser desde una violencia psicológica, como insultos o maltratos a través de medios electrónicos. O puede ser el acoso y hostigamiento, como también la difusión de imágenes sin autorización. Todo eso configura el contexto de la violencia digital”, afirma Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Violencia contra la mujer en el entorno digital, la violencia de género en línea “son aquellos actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos”. Lico agrega: “Lo interesante es que hoy todo lo que es acoso u hostigamiento aun siendo digital ya configura un delito en la Ciudad de Buenos Aires”.
Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual. De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. “Ahí ya salimos de una órbita online. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado. Muchas sintieron efectos psicológicos, como sucede con los abusos y los casos offline. Ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, dificultad para dormir”, agrega Marques. Otras maneras en las que la violencia de género puede manifestarse es a través del ciberacoso, o el hostigamiento digital, amenazas, difusión de material íntimo sin consentimiento, conocido como “sextorsión” o “pornovenganza” (en el caso de intercambio de fotos íntimas y la difusión de estas sin el debido consentimiento), suplantación de identidad y discursos de odio.
Ivana Otero, es antropóloga y su trabajo se especializa en feminismos y violencia de género. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de “Colectiva de Antropólogas Feministas”. Para ella, “hablamos de violencia de género cuando es un patrón no consensuado por la persona que lo recibe. La violencia de género digital en este momento de la pandemia por supuesto que se ve incrementada, porque es la manera en la que nos estamos comunicando. Existen diferentes tipos de violencia digital que se incrementan por el anonimato que dan las redes. Cualquiera puede postear lo que se le dé la gana y eso trae aparejados problemas, todo dentro de una estructura patriarcal”.
Lico coincide en que durante la pandemia se dan distintos tipos de violencia y distintas modalidades. “Con las restricciones de contacto y de circulación lo que se puede observar es que la violencia se canalizó por lo digital porque toda la vida de todas las personas ahora está canalizada hacia este medio”, describe.
Hay otro efecto que no tiene tanto que ver con la salud física y mental de las mujeres, pero es igualmente preocupante, cómo esto impacta en su libertad de expresión y al acceso a la información. El 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes sociales hicieron algún cambio en la manera en la que se manejan en las redes después de haber pasado por esa experiencia. Marques advierte que “estos cambios pueden ir desde alterar mecanismos de protección de filtros, por ejemplo, que limita la capacidad de interacción con determinados usuarios (que es un mecanismo válido para protegerse) pero a su vez limita las posibilidades de interacción y diversidad de voces que podes escuchar o interactuar en las redes sociales. Incluso hay personas que dejaron por completo las redes sociales después de haber pasado por esas experiencias”.
Es importante también comprender el rol que las distintas plataformas tienen a la hora de intervenir en situaciones de violencia. “Las plataformas tienen mecanismos contra este tipo de ataques, lo que pasa es que hoy no son transparentes en decir qué tipos de ataques sus políticas protegen. Qué tipos de contenidos pueden ser denunciados y protegidos o qué tipos de herramientas tienen para que la mujer se proteja”, agrega Mariana.
Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia y educar respecto de la violencia de género en línea? Sobre esto, Lico afirma que la ley de Educación Sexual Integral es una herramienta muy útil “parece que siempre el feminismo repitiera lo mismo, pero la base de todo es la educación. Entender que lo que quizás es un chiste o broma chiquita cuando se difunde a través de medios sociales la reproducción es de a millones. Entender que, si uno no reproduce, si no manda un mensaje, está evitando ser o formar parte de una violencia colectiva. Hay que empezar en la edad más temprana posible”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de un Programa de Género, hay un Programa Especial de Datos Personales en donde suelen trabajar en conjunto con casos de violencia de género digital. “Si configura un delito, que puede ser acoso, hostigamiento o algún tipo de amenaza se puede hacer una denuncia judicial”, afirma Lico y agrega que “El 144 es un número super útil para asesoramiento y acompañamiento, pero no es un lugar de denuncia. El 0-800-fiscal sí es un número donde a partir de la llamada y brindar los datos genera un expediente penal para perseguir el delito o evaluar si existe o no un delito de lo que se está denunciando”.
Marques asiente que la violencia contra las mujeres puede ser pandémica por su dimensión y alcance. “Es un tema más grave que nunca. Antes de la pandemia, para muchas mujeres las redes sociales son la única forma que tienen para movilizar, contar o expresar sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el mundo. No sólo son plataformas valiosas para acceder a información. Con la violencia y su efecto silenciador se las aleja de las plataformas y limita sus derechos a la libertad de expresión”.
El 144 es un número gratuito al que se pueden comunicar las 24 horas del día para recibir asesoramiento y acompañamiento si alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también agregó un número para enviar denuncias vía WhatsApp: 11-5050-0147. Además, el 0800-33-FISCAL (347225) atiende las 24 horas o también puede hacerse vía mail a denuncias@fiscalias.gob.ar
Sep 11, 2020 | Géneros, Novedades
.
A 30 años del caso de María Soledad Morales, asesinada en San Salvador del Valle de Catamarca, a pocos días del femicidio de la niña de 14 años Ludmila Pretti en Moreno, provincia de Buenos Aires, y a una semana de la liberación de Néstor Pavón en Entre Ríos, condenado por el encubrimiento del asesinato de Micaela García, -crimen que impulsó al Congreso de la Nación a sancionar la Ley de Capactación Obligatoria en Género y violencia contra las mujeres-, el Observatorio de “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLa presentó el resultado de su Registro Nacional de Femicidios.
Un total de 181 son los femicidios que se relevaron en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2020. Según este registro, 118 casos fueron en contexto de pandemia. El informe revela un femicidio cada 32 horas. Además, hubo 167 ataques denunciados; y, 193 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin madre.
“Nosotras iniciamos el Observatorio como resultado de la demanda del 3 de junio de 2015, con la marcha histórica de Ni una Menos. Uno de los reclamos que se hacía en aquel momento tenía que ver con que no existían datos que dieran cuenta de la cantidad de femicidios por año”, cuenta Silvia Ferreyra.
Las provincias con mayor número de casos son Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco, Salta y Santa Fe.
Las estadísticas son elaboradas a partir de la información proporcionada por publicaciones gráficas y digitales de medios nacionales, provinciales y locales.
“Tenemos un desarrollo territorial en todas las provincias del país. Hacemos el relevamiento en todas las provincias, 23 distritos, más la Ciudad de Buenos Aires”, explica Silvia para mostrar que se trata de un problema que no discrimina localidades.
Desde el colectivo feminista se realizan acciones para concientizar, prevenir y actuar sobre la violencia de género. Sus integrantes explican cómo abordar los casos de femicidios, y cuáles son los mecanismos para proteger a las víctimas y dar a conocer herramientas del Estado en favor de ellas.
“En el caso Ludmila se habla mucho sobre qué hacía una piba de esa edad en una fiesta, pero de lo que no terminamos hablando es respecto a la agresión en sí. En el caso de María Soledad Morales han pasado 30 años y, sin embargo, se repiten los mismos errores sistemáticos en los periodistas, revictimizando a las víctimas”, analiza Ferreyra haciendo foco en que son los propios medios de comunicación los que terminan naturalizando los hechos de violencia bajo una cultura machista.
El 41 por ciento de los femicidios lo comete la pareja de la víctima, un 22 por ciento lo ejecutan exparejas.
El informe del Observatorio detalla que de ese total de 181 casos registrados, 161 fueron femicidios directos, 7 femicidios vinculados de niñas y mujeres, 9 femicidios fueron vinculados de niños y varones, y 4 trans/travesticidios.
El agravamiento por el vínculo está incluido en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal recién desde 2012, con la modificación realizada por la Ley 26.791. Allí la norma es clara al tipificar la acción, cuando caracteriza la agresión hacia “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (…) “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
La mayor tasa de femicidios la tiene el Norte de nuestro país. Las provincias con mayor número de casos son: Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta, con Santa Fe que se mete desde el litoral dentro de este grupo.
Otro dato de importancia son las referencias al lugar en donde ocurren los hechos. El 36 por ciento lo ocupa la vivienda de la víctima, le sigue con el 32 por ciento la vivienda compartida con el agresor; mientras la vía pública baja a un 12. Lo cual demuestra que la violencia machista es mayor dentro de espacios privados y propios a un contexto de intimidad. Esto advierte que la problemática se agudiza en un escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Un 6 por ciento ocurre en la vivienda de un familiar, un 4 por ciento en la del femicida, otro 4 en propiedad privada de un tercero, y un 4 en descampados. El lugar de trabajo de la víctima se corresponde con el 2 por ciento de los casos.
El relevamiento incluye el tipo de vínculo entre la víctima y victimario. El 41 por ciento de los casos corresponde a la pareja, un 22 por ciento a exparejas y un 13 a familiares de la víctima. Un 12 por ciento corresponde a personas conocidas y un 6 a desconocidas. Queda otro 6 por ciento sin datos clasificables.
El informe también incorpora el mecanismo utilizado por los femicidas: los primeros lugares los ocupan las armas blancas (28 por ciento) y armas de fuego (24 por ciento). En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias.
“Siempre hay un porcentaje de agresores que son integrantes de las Fuerzas de Seguridad. A nuestro entender, esto tiene que derivar en alguna política pública como retirar el arma a aquellos agentes con denuncias de violencia de género. Estamos hablando que el 8 por ciento del total de los femicidas han sido miembros o pertenecen a las fuerzas”, afirma Ferreyra.
Las estadísticas destacan que el 45 por ciento de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, el 56 por ciento de ellas ternía hijos o hijas y el 20 por ciento había denunciado a su agresor. En otras palabras, casi la mitad de los crímenes podrían haberse evitado por denuncias preexistentes.
Antes de marzo, se cometía un femicidio cada 29 horas y, en la actualidad es uno cada 32, lo que implicaría una levísima mejora.
En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias.
“Más del 60 por ciento de las víctimas han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido por su agresor. Por esto, nos parece claro que las medidas de aislamiento lógicamente no favorecen las políticas de prevención de estos crímenes. El hogar no es un lugar seguro para las víctimas”, sostiene la Coordinadora de MuMaLa.
Durante la pandemia, desde el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, se incorporó la resolución 15/2020 donde el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres y a las personas LGTBIQ el derecho a una vida libre de violencias. La misma posibilita el traslado de la víctima sin ningún permiso especial previo en caso de violencia de género.
“Si bien existe la resolución 15/2020 que posibilita el traslado de la víctima, muchas veces es difícil su instrumentación porque depende de las medidas de aislamiento de cada jurisdicción. Tienen que existir organismos o espacios del ámbito del Estado con capacidad real, concreta, material para poder hacer un proceso de acompañamiento en situaciones críticas”, continúa Ferreyra.
Según cifras del Observatorio, más del 80 por ciento de las víctimas de femicidio no habían acudido al Estado en busca de asistencia. “La Justicia es una de las instituciones que más nos debe como sociedad y una de las instituciones que menos credibilidad genera. Las víctimas no ven a la Justicia como una herramienta que actúe a su favor. A 30 años del caso de María Soledad vemos todavía cómo la impunidad opera en altas esferas del poder. El caso de María Soledad es un caso testigo de todo esto”, agrega Ferreyra con atención a la matriz política que caracterizó ese caso conocido como el de “los hijos del poder”, y por el cual a los 14 años de ese asesinato no quedaba ninguno de los condenados presos.
Del informe surge un reclamo abierto a los tres poderes del Estado para priorizar aún más la asignación de recursos destinados al abordaje integral de políticas para mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ, junto con la urgencia de avanzar con la implementación de la Ley Micaela, como principal herramienta en todas las instituciones del Estado.
Jun 3, 2020 | Comunidad, Géneros
“En la Justicia, los divorcios y compensaciones económicas para las mujeres se encuentran paralizados”, dice Rothberg.
Desde el comienzo del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), el 20 de marzo, los datos de la asociación civil La Casa del Encuentro @Casadelencuentro indican que se registraron 58 femicidios en todo el país. El último informe publicado fue el 28 de mayo y, desde entonces, hubo un femicidio más. Comparativamente con otros periodos similares, es la cifra más alta de los últimos diez años. En palabras de Ada Rico, presidenta del organismo, también cambió la modalidad empleada por los agresores: “Históricamente, las mujeres son asesinadas con armas de fuego. En cambio en estos últimos casos el índice más alto son las mujeres golpeadas. O sea que el agresor utiliza las manos como un arma. Eso es lo que hemos visto, la manera en que creció la saña en estos asesinatos de mujeres”.
“Lo que estos datos nos muestran en cuarentena es algo que nosotras ya venimos denunciando y es que un alto índice de los femicidios suceden en el círculo más cercano de la víctima y en su propio hogar”, explicó Laura Rothberg, integrante del Área de Comunicación del Observatorio Ahora que sí nos ven, en diálogo con ANCCOM. Según su último informe, con datos hasta el 24 de mayo, 68% de los femicidas eran pareja o ex pareja de la víctima. Esto significa que gran parte de las niñas y los niños que pierden a sus madres en estos hechos violentos quedan huérfanos, bajo la custodia del Estado o de algún familiar, ya que en la mayoría de los casos es su padre el que comete el delito. “No es nuevo que a las mujeres las matan quienes dicen amarlas ni que el principal lugar donde las mujeres mueren son sus viviendas o las viviendas de los agresores. La cuarentena lo que hace es reforzarlo”, denunció Rothberg. En ese sentido, afirmó que si bien durante el aislamiento obligatorio no hubo un crecimiento exponencial de casos, sí se potencia la problemática al tener en cuenta que hay mujeres que están pasando las 24 horas del día con sus parejas violentas.
El trabajo de las organizaciones que acompañan a mujeres en situación de violencia se centra en evitar que su agresor logre aislarlas. Es una de las tácticas que suelen utilizar para manipular a la mujer y hacerle pensar que está sola, prohibiéndole contactar a sus seres queridos en busca de ayuda. Rico sostuvo que en la sede de La Casa del Encuentro tienen un centro de asistencia y ven cómo las mujeres buscan estrategias para ir y escapar de sus hogares. “Ahora no pueden y con todo esto que sucede no tenemos la manera de llegar a las mujeres. Estamos atendiendo mucho en forma telefónica, o con videollamada para la que puede. Te das cuenta que la mujer no puede hablar porque está él, nos mandan muchos mensajitos a escondidas. Nosotras les decimos que borren los mensajes de su celular porque si él mira con quién habla tendrá el control absoluto sobre ella”, señaló. El mayor peligro reside en que se naturalicen las violencias, que van menoscabando el autoestima de estas mujeres y las van volviendo cada vez más vulnerables.
El funcionamiento de la justicia también se vio afectado por la cuarentena. Según Florencia Zerda de la Red de Abogadas Feministas, “los trámites de denuncias por violencias se encuentran activos pero limitados; lo mismo que en materia penal, hay avances pero mínimos”. Otros fueros, como el laboral, se encuentran completamente paralizados. “En la justicia de familia, los divorcios y compensaciones económicas para las mujeres que durante años fueron violentadas económicamente también se encuentran paralizados”. Desde La Casa del Encuentro, afirmaron que una de las primeras medidas que pidieron al comienzo de la cuarentena es que se prorrogaran las medidas cautelares: “Nos llamaban mujeres de distintos lugares para consultarnos qué pasaba con esas medidas si ya se habían vencido”. Para Laura Rothberg, este momento muestra de forma más cruda una realidad preexistente: “Hombres violando perimetrales acercándose a mujeres que habían hecho la denuncia, que tenían botones antipánico, que tenían una exclusión del hogar, lo vemos todo el tiempo. Hoy queda mucho más en evidencia porque ese hombre además viola la cuarentena y hubo alguien que no estaba controlando que eso no sucediera”, sostuvo. Luego de 17 días de comenzada la cuarentena, el 5 de abril, se exceptuó de penalidad por incumplimiento del ASPO a las mujeres que debieran realizar denuncias por violencia de género. “Están habilitadas a hacerlo sin la tramitación de permiso alguno, porque es un caso de fuerza mayor. Pueden hacerlo y denunciar luego y con las medidas judiciales correspondientes lograr volver al hogar con custodia de alguna fuerza para retirar pertenencias o lograr que se excluya al violento de la vivienda”, afirmó Zerda.
Por otro lado, la caída de la economía es un factor que afecta a toda la población, pero a las mujeres en particular. “Muchas de las mujeres, especialmente en los sectores más vulnerables, trabajan haciendo limpieza en casas de familias, ni siquiera están formalizadas. Por lo tanto, en este momento, no están recibiendo nada de dinero. En cambio, muchos de los hombres sí trabajan en lugares donde le depositan el salario. Eso también juega en contra de ellas”, argumentó Rico e insistió en que no se puede aislar la problemática de la violencia del contexto económico. Según un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, las mujeres, además de tener peores salarios en general, enfrentan mayores niveles de informalidad (36% versus 34,2%) y mayores niveles de desocupación (10,8% versus 8,9%) que los varones.
El Congreso de la Nación iluminado con motivo del Ni una menos.
Ni Una Menos: un antes y un después
El 3 de junio de 2015 la sociedad salió a la calle para exigir un Estado presente frente a la violencia de género. “Ni Una Menos fue importantísimo porque toda la sociedad tomó conciencia de lo que significa la violencia de género. Se logró que sea un tema de agenda”, recordó Rico. Por su parte, Rothberg señaló que Ni Una Menos le puso un nombre a algo que ya pasaba: “Cuando a una mujer la mataba un hombre era un caso más de los miles. Era una estadística que no estaba desagregada, una muerte por asesinato y punto. Ahora sabemos que esa muerte tiene sus particularidades propias y que responde a una lógica sobre la que está estructurada nuestra cultura. Entonces ahí podemos pensar de qué manera proponemos soluciones para esta problemática”. También remarcó que es importante comprender que es un hecho que afecta a la sociedad entera y no solo a las mujeres. Ambas apuntan al Estado como principal responsable de revertir esta situación y a la necesidad de políticas públicas integrales para hacerle frente. De hecho, ambos observatorios surgieron en distintos momentos ante la falta de estadísticas oficiales. “Siempre hablamos de la necesidad de políticas públicas integrales y del compromiso de los tres poderes del Estado”, afirmó Rothberg y denunció que en los últimos cuatro años hubo un desfinanciamiento absoluto en todos los programas de asistencia a las víctimas de violencia de género y la promesa de construcción de refugios que nunca se cumplió.
En las últimas semanas, algunas de las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Mujeres, Equidad y Géneros, incluyen un refuerzo a la línea 144 (Programa de Asistencia Telefónica sobre Violencia de Género), el traslado a hoteles a las solicitantes de refugio y la campaña “barbijo rojo”, mediante la cual se asegura la asistencia a mujeres que soliciten dicho elemento en farmacias. Sin embargo, esta última recibió críticas por parte de grupos feministas. Rico explicó que no es lo mismo una mujer en la Ciudad de Buenos Aires que va a cualquier farmacia y no conoce a nadie, que una de un pueblo donde saben quién es ella y quién es su pareja. En ese sentido, afirmó que es necesaria una mirada abarcativa que contemple más allá del Área Metropolitana. Un asunto pendiente que señala la activista es que el Ministerio forme parte del comité de crisis, encargado de pensar las medidas para paliar la pandemia y proteger a la población.
¿Cómo acompañar?
Desde el Observatorio Ahora que sí nos Ven expresan que lo importante es tener paciencia y mucha empatía. Recomiendan informarse para poder brindar ayuda; una de las posibilidades es llamando al 144 para obtener asesoramiento. Ahora también tienen una línea de atención por Whatsapp al 1127716463 y una dirección e-mail: linea144@mingeneros.gob.ar En caso de emergencia, se debe llamar al 911.
Abr 15, 2020 | Géneros, Novedades
En lo que va del año, el 62% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.
“A Cristina la maté porque empezamos a discutir porque yo no quería tener relaciones”, le confesó Abel Romero al fiscal de Lanús Jorge Grieco. Los cuerpos de Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7) fueron encontrados el 28 de marzo, enterrados en el patio de la casa en la que vivían en Monte Chingolo. “A la nena la maté porque se despertó y comenzó a gritar al ver a su madre tirada en el piso”, reveló Romero, aunque los peritos que realizaron la autopsia consideran que la niña fue apuñalada mientras dormía.
Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” registró 18 femicidios confirmados, lo que implica uno cada 32 horas. Susana (51), Lorena (32), Solange (2), Cristina (40), Ada (7), Florencia (39), Yoana (30), Romina (39), Alejandra (22), Estella (40), María (45), Anacarla (2 meses)… la lista sigue y no para.
“Hubo polémicas con los números, tiene que ver con cómo se consigna”, explicó a ANCCOM Laura Rothberg, integrante del Observatorio. “Nosotras hacemos el registro a nivel mensual porque se necesita un tiempo de análisis, sobre todo en temas como estos, que a veces parece que son femicidios y no lo son. Pero, entendiendo el contexto y lo que es para una mujer que sufre violencia de género estar encerrada con su agresor, decidimos sacar una cifra el 13 de abril, cuando se suponía que terminaba la cuarentena”. Y añadió: “Las cifras que nosotras tenemos son representativas, ya que hacemos un monitoreo minucioso de más de 160 medios gráficos y digitales de todo el país. Hay muchas variables y es muy difícil. Un registro único cruzaría distintos tipos de métodos y fuentes como las denuncias, los medios y las causas judiciales”, concluyó Rothberg. Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la propuesta de un registro único de femicidios a nivel nacional, aún no está operativo.
Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, hubo 86 femicidios. Frente al contexto de aislamiento social hay un dato que cobra especial relevancia: en lo que va del año, el 72% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al vínculo con el agresor, el 56% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. Los resultados no dan lugar a dudas: en los hogares está el mayor peligro para las mujeres y los femicidas son los hombres que alguna vez dijeron amarlas.
El 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.
Según las Naciones Unidas (ONU), al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto convierte a la violencia contra las mujeres y las niñas en una pandemia. Ahora, frente a la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, la ONU advierte que la tendencia indica que habrá un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un incremento de la violencia doméstica cuando los hogares están bajo tensión.
En nuestro país, han aumentado tanto los llamados a la línea 144 de violencia de género como las consultas por redes sociales. En la provincia de Buenos Aires, la línea 144 recibió un 56 por ciento más de llamadas desde que se inició la cuarentena, según informó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.
“Es algo que preveíamos por el contexto de aislamiento social obligatorio. Pero, por otro lado, hay una baja de las denuncias en los ámbitos que son presenciales justamente por las medidas de restricción de circulación”, explicó a ANCCOM la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. “Vivimos esta doble preocupación: cómo una consulta después puede traducirse efectivamente en una denuncia, y cómo hacer para que las medidas de protección, de ser necesarias, se lleguen a tomar- agregó Díaz-. Estamos trabajando en esa línea porque son parte de las nuevas problemáticas que aparecen en este contexto”.
¿La línea 144 se encuentra saturada?
No, se está trabajando mucho. El Ministerio de la Nación incorporó una línea de WhatsApp. Es una vía por la cual el mensaje de texto es otra opción y la verdad que es bueno porque a veces no se puede hacer una llamada, pero sí mandar un mensaje. Nosotras también incorporamos en la Provincia un WhatsApp y sumamos nuevas operadoras a la línea telefónica.
Una vez que la víctima se contacta con la línea 144 o a través de las redes sociales, ¿cómo es la articulación con la Justicia?
Normalmente se nos da un teléfono de contacto y se ve con la persona en qué momento puede hablar. Entonces, el equipo de seguimiento se pone a trabajar dependiendo del grado de urgencia que tenga el caso. Si es un caso extremadamente urgente se articula directamente con Seguridad, con el 911. En los casos en los que se puede hacer una denuncia, se le explicita por las vías en que puede hacerlo. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene una página por la que se puede hacer la denuncia y después ver qué disposiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, las medidas cautelares se prorrogaron por resolución de la Corte hasta que dure el aislamiento sin necesidad de ningún trámite. El tema es cómo se van a tomar medidas en los casos que se están denunciando ahora. Por eso, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, y con el procurador, Julio Conte Grand, para trabajar en esto. Estamos buscando algún tipo de aplicación simplificada con un formulario único y también hacer alguna campaña de comunicación común. Estamos aprendiendo todos.
Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual.
Entre las nuevas medidas destinadas a reforzar la atención a las personas en situación de violencia de género, el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron el primero de abril la campaña solidaria “barbijo rojo”.
“Una siempre tiene una farmacia más o menos cerca de su domicilio y, si no puede salir, puede ir un conocido o un familiar que sepa de la situación. Hay que ir a la farmacia y decir: ‘Quiero un barbijo rojo’. Al recibir el pedido, el personal farmacéutico activará el protocolo que es un secreto profesional para no poner en peligro a la víctima”, dijo a ANCCOM la pro-secretaria de COFA, Alicia Merlo. Y añadió: “Hemos sido elegidos por el Ministerio dado que COFA abarca 18 de las 24 provincias y, en las seis restantes, siempre tenemos farmacias amigas”. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la campaña se ha implementado “parcialmente en algunos municipios”, declaró la ministra Díaz.
También, se sumaron a la medida la Federación Nacional de Empleados de Farmacia (FENAEMFA) y la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). “Cuando tomé conocimiento de la campaña, a través de los medios, pensé que teníamos que sumarnos porque, en realidad, los que tienen contacto permanente con el que entra a la farmacia son nuestros afiliados”, expresó a ANCCOM el Secretario General de FENAEMFA, Víctor Carricarte.
Otra de las disposiciones fue la Resolución 15/2020, que aclara que las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género pueden salir de sus domicilios, solas o con sus hijos e hijas, si necesitan protección, realizar denuncias o pedir ayuda.
Estas nuevas medidas son fundamentales para responder ante la emergencia, pero para evitar nuevas víctimas es necesario desarrollar un proyecto a largo plazo. Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos se trata de “repensarlo todo. Hay que tener institutos en los barrios que exclusivamente se dediquen a una sistemática acción de prevención y generen debate de las violencias, instruir más a las mujeres e implementar un tratamiento de los violentos. Son cuestiones que hay que encararlas en una circunstancia de base, que es modificar completamente la pauta vincular y curricular en el sistema educativo.” Y agregó: “Por un lado, estamos fatigándonos por los espantosos números que arroja la violencia y los femicidios, pero por el otro, estamos postergando muchísimo la reforma curricular, la readaptación de las mentalidades de la docencia en nuestro país. Mientras tengamos un fortalecimiento del patriarcado con índoles categoriales en el sistema educativo existirán experiencias vehiculizadoras de violencia. Si tenés tareas de niños y tareas de niñas; qué hacen las mamás y qué hacen los papás exclusivamente, ¡estamos en el horno! Ahí hay una autorización patriarcal porque alguien tiene mejor disposición que otros. Henos aquí en el cuadro del círculo vicioso de la violencia patriarcal. Hay que cortar eso desde abajo.”
Con respecto a los cambios que puede generar el coronavirus en nuestra sociedad, Barrancos comentó a ANCCOM: “Ahora vemos cómo está en riesgo la vida humana, cuando volvamos a la normalidad se verá que hay otros males evitables y, sin embargo, siguen matando a las mujeres. No estoy muy entusiasmada sobre la modificación completa que se pueda realizar. No es tan fácil el bien social, no es tan fácil inhibir las formas brutales capitalistas. Pero, vamos a apostar de todos modos.” Y reparó en una situación paradójica que produce el confinamiento: “Como todo el mundo está en su casa, han disminuido los ruidos habituales, hay mucha audición. Por ejemplo, yo estoy en un barrio en el que puedo escuchar ruidos, voces, alaridos. Y antes, eso en el ruido general no se percibía. En ese punto podemos llegar a intervenir como vecinas y vecinos.”
El desafío está en cómo erradicar la violencia que, según la ONU, provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. Hoy, incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al COVID- 19 resulta más urgente que nunca para evitar que el “quedate en casa” se convierta en una trampa mortal.
Por situaciones de violencia de género llamá al 144. Podés escribir por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048. O mandar un mail a: linea144@mingeneros.gob.ar. Si la situación es de emergencia, comunicate al 911.
