Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades

Se desclasificarán 49 mil páginas provenientes del al Archivo Nacional de los Estados Unidos, de los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, de la CIA, el FBI y de otras doce agencias de Inteligencia de ese país.
La desclasificación de archivos acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en la Argentina tendrá nuevos interpretantes. El proceso de reconstrucción de la verdad que han iniciado hace más de treinta y seis años los organismos de derechos humanos respecto al plan represivo que llevó adelante el Estado terrorista celebra la participación de diecinueve jóvenes voluntarios comprometidos con la memoria y la búsqueda de justicia.
Los practicantes tendrán como responsabilidad relevar y analizar los documentos oficiales enviados por Estados Unidos el pasado 12 de abril, que se corresponden a la cuarta y última tanda de este proyecto de desclasificación iniciado entre el Estado Argentino y Estado Unidos en 2002. Convocaron a la práctica Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, junto con el Centro de Investigación, Comunicación e Intervención Social Antonio Gramsci (CICOMIS), de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA, y el traductorado de inglés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.
Los documentos suponen un material importante para la comprensión y comprobación de las complicidades y los modos de circulación de la información, así como la búsqueda de pruebas sobre la práctica genocida llevada adelante en Argentina entre 1976 y 1983. “El proyecto aportará a la conformación de una base de información procesada e interpretada, a partir de la lectura minuciosa y posterior traducción de dichos archivos sobre la dictadura”, detalla la convocatoria.

Por primera vez participarán jóvenes estudiantes en el trabajo de desclasificación.
Los seleccionados para realizar esta práctica son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y estudiantes del traductorado del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas: Agustina Castro, Naiara Mailen Maicini, Virginia Pompo, Joaquín Eloy Bousoño, Andrea Ximena Ayestarán, Cecilia Veliz, Guadalupe González Antúnez, Florencia Sosa, Macarena Sandoval García, Lucero Castillo Novoa, Macarena Mina, Mariano Closs, Melina Giselle Santa Cruz, Paula Maureli, Rocío Salazar Cuello, Silvana Bouza y Sofía Maranesi. Serán además voluntarios, por fuera de estas instituciones, Candela Guerriri del traductorado de la Universidad del Salvador y María Laura Escobar del traductorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Es la primera vez que se decide trabajar con jóvenes en la desclasificación, lo cual se funda en la importancia del traspaso generacional para la reafirmación del «nunca más». Los practicantes son hoy un puente para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En el acto de apertura realizado en la sede de Abuelas el jueves 29 de agosto último, dieron la bienvenida Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de Francisco Madariaga, restituido en 2010; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS. “Me da orgullo que esto se haya reproducido tanto, por el compromiso que tienen por el país”, comenzó Madariaga, quien añadió luego que leer los documentos no es nada fácil y que en primera instancia puede resultar doloroso.

“Hay datos que solos pueden parecer insignificantes pero puestos en contexto, pueden significar mucho”, dijo. Villela.
Entre los telegramas, informes, memos y cables presidenciales que serán analizados y traducidos, los practicantes podrán encontrar testimonios en primera persona de las atrocidades cometidas por los genocidas, conversaciones transcritas entre la cúpula militar y el gobierno estadounidense e informes que dan cuenta de la complicidad en la trama de delitos entre Buenos Aires y Washington. Las 49 mil páginas (en inglés) pertenecen al Archivo Nacional de los Estados Unidos, a los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, a la CIA, al FBI y a otras doce agencias de Inteligencia de ese país.
La desclasificación de documentos oficiales ha sido un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos y se inscribe en la Ley de Acceso de Información de Estados Unidos que permite a otros Estados consultar y solicitar registros de estos organismos.
Estuvieron también presentes en el acto las autoridades de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras, Larisa Kejval y Sebastián Comellini, del Centro de Investigación en Comunicación Antonio Gramsci, Alicia Entel, Gabriela Bustos y Ianina Lois; y del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Gabriela Minsky. Para todos ellos, la importancia de traducir los documentos y hacerlos accesibles para toda la población es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y funcionan, además. como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad.

La desclasificación de los archivos ha sido un reclamo constante de los organismos de derechos humanos.
Carolina Villela, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo introdujo a los practicantes en la tarea que deberán desarrollar y luego de repasar las instancias en las que se realizaron las primeras desclasificaciones, mencionó algunos ejemplos sobre la importancia de estos documentos. “Hay datos que solos pueden parecer insignificantes, pero deben estar atentos, porque puestos en contexto, pueden significar mucho”. Villela invitó al coordinador del área jurídica de Abuelas, Alan Iud, a contar en detalle el caso del memo que sirvió para prueba en el juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que en julio de 2012 condenó, entre otros, a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y a Reynaldo Bignone a 15, que luego la Cámara confirmó en 25 años.
El documento del que habló Iud es una comunicación del año 1982, entre el entonces embajador argentino Lucio Alberto García Solar y Elliott Abrams, alto funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana, “lo que sería un vicecanciller acá en Argentina”, explicó a los estudiantes que deberán comenzar a familiarizarse con cargos y nombres de las instituciones estadounidenses. En aquel memo, que desde Abuelas pidieron expresamente volver a desclasificar porque tenía tres párrafos borrados, se informa que los desaparecidos están muertos, pero sus hijos han sido entregados a otras familias para ser criados y que la decisión de Bignone era no revisar el tema. Ese documento fue crucial para probar que existió un plan y que sus responsables estaban en pleno conocimiento porque eran los ejecutores de las órdenes. Iud agregó que Abrams, incluso, fue llamado a declarar en el juicio y que ratificó los dichos en el memo, que él mismo había redactado, según testificó desde Washington, por video conferencia.
Información como esta, más o menos explícita, podrán encontrar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Lenguas Vivas, quienes deberán ir completando e interpretando con la ayuda de las tutoras de los organismos de derechos humanos y los profesores y profesoras que se han sumado a esta iniciativa académica y de intervención, para la reconstrucción de la memoria colectiva de la Argentina.
Mar 1, 2017 | Culturas
Articulación y fortalecimiento para asociaciones civiles y cooperativas que trabajan con la separación de residuos. Con esos dos objetivos, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires llevan adelante un convenio que busca consolidar el rol de las organizaciones sociales que intervienen en los procesos de reciclaje. Lorena Pastoriza, una de las fundadoras de la cooperativa Bella Flor, que tiene una de sus plantas ubicadas dentro de uno de los complejos ubicado al costado del Camino del Buen Ayre, señala: “La Universidad es un interlocutor, funcionó en hacer entre nosotros y la empresa un puente de comunicación, de ideas y de trabajo”.
Muchas organizaciones sociales trabajan con la separación de basura y su posterior reciclaje. Ante esa realidad, un equipo de especialistas de la UBA, nucleados en el marco de un convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias Sociales y la empresa, interviene en el polo de residuos más grande de América Latina, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, donde se reciben 17 mil toneladas de desechos diarios. La iniciativa busca elaborar propuestas para colaborar con el proceso de consolidación de las experiencias de gestión asociada entre las organizaciones sociales y el CEAMSE, que es propiedad de los estados bonaerense y porteño.
En la Ciudad de Buenos Aires esta empresa pública posee las plantas de Flores, Pompeya y Colegiales que recolectan la basura generada en la Capital. Por su parte, en José León Suárez están los Complejos Norte I, II y III que reciben esos desperdicios y también los generados por algunos partidos del Conurbano. A partir de la situación económica y social generada por las políticas implementadas en la década del 90, los vecinos de las zonas aledañas a dichos complejos comenzaron a subir a los rellenos sanitarios en búsqueda de comida. Ante esa situación, desde 2004, se comenzaron a elaborar proyectos productivos para armar plantas de reciclajes que contemplaran tanto a las tareas de las personas que ingresaban al predio como los objetivos del CEAMSE.
Actualmente, son doce las plantas recicladoras administradas por organizaciones sociales que tienen, cada una, su propio convenio con la empresa y que congregan a 800 trabajadores. Diez se encuentran dentro de los viejos rellenos: una en Norte I y las otras nueve en el sector más importante, Norte III, llamado comúnmente “Reciparque”.

Muchas organizaciones sociales trabajan con la separación de basura y su posterior reciclaje.
Marcela Pozzuoli trabaja en CEAMSE desde 1993 y actualmente es jefa del Departamento de Plantas de Reciclaje. Destaca que la empresa es consecuente con la política de responsabilidad social adoptada, que está relacionada con el desarrollo de un proyecto medioambiental pero que además asume un lado social: “CEAMSE no fue ajeno a la realidad circundante que había. Nunca se dudó que se debía trabajar con la gente que vivía de separar basura manualmente”, explica.
En este escenario complejo es donde el equipo de profesionales de la UBA interviene en la implementación de un programa que busca fortalecer a cada una de las organizaciones sociales que administran las plantas de reciclaje, tanto en el aspecto productivo como en el organizativo. El convenio fue planificado por un año: en julio de 2016 se comenzó con el proceso de inserción y diagnóstico de las organizaciones y hoy en día se lleva adelante la segunda etapa, de implementación de propuestas técnicas y organizativas.
Diego Brancoli, docente en la Carrera de Trabajo Social de la UBA, es el coordinador de la asistencia técnica del proyecto, en el cual se trabaja de forma interdisciplinaria para obtener una mirada integral del proceso. El grupo de profesionales está compuesto por trabajadores sociales, ecólogos, un biólogo, un ingeniero, una comunicadora social, un antropólogo y un especialista en seguridad e higiene. Brancoli señala cuál fue la tarea de la Facultad al intervenir en la relación que existía entre CEAMSE y las organizaciones:“La idea es que se encuentren canales a esa relación, canales de acuerdo y de respeto. Nosotros tratamos de aportar ideas, desde lo metodológico, y de cuestiones más conceptuales”.
Pozzuoli también se refiere a la intervención de la Facultad: “Hay un momento que sin querer perdemos de vista ciertas cosas que nos resultan cotidianas al ojo. La Universidad lo que hace es volvernos un poco al eje. De alguna manera, la imparcialidad que tiene la Facultad es la de ser un actor nuevo en un proceso que viene desde hace muchos años”.
Cada día, los 800 trabajadores reciclan una tonelada del total de residuos que recibe el CEAMSE. Una de las propuestas del equipo de profesionales de la UBA consiste en aprovechar mejor la infraestructura ya instalada en las plantas para poder avanzar hacia un menor enterramiento de basura. “Quizás a veces con el trabajo manual no se terminaba utilizando todo lo que la tecnología nos podía dar. Entonces tratamos de redefinir puestos en la cinta y redefinir un poco qué se separa y cómo”, señala Pozzuoli.
Para mejorar la productividad, también se han mantenido reuniones con algunos municipios para acordar programas de separado de origen, que simplificarían el trabajo y mejorarían las condiciones laborales de los recicladores. Respecto a estas posibilidades, Pastoriza piensa que “cada tonelada que nosotros trabajemos en mejores condiciones, van a ser toneladas que no se entierren, implicando más espacio para el CEAMSE y menos contaminación”.
Además, durante el tiempo de intervención que llevan los especialistas de la Facultad se ha conformado una radio dentro del “Reciparque”, se han hecho capacitaciones sobre la importancia de la utilización de los elementos de seguridad e higiene en el trabajo y se han actualizado los reglamentos internos en las plantas. También, se ha planteado crear una diplomatura en la Universidad sobre plantas sociales basada en esta experiencia, e inclusive este año empezó a madurar la idea de armar una escuela primaria y abrir una salita de atención primaria dentro del predio. “Imaginamos un Reciparque como un faro de modelo de gestión de residuos, porque creemos que esto se va a ir replicando, sobre todo en los municipios. Así que es un camino que va a seguir recorriendo CEAMSE y las plantas”, cierra Brancoli.
Actualizado 01/03/17