La economía popular sale a la calle

La economía popular sale a la calle

El Parque Finky, en Lomas de Zamora, fue sede de la segunda edición de la Expo Feria de la Economía Popular y de Ambiente. Impulsada en conjunto entre el municipio y la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano, se ofrecieron productos artesanales y agroecológicos sin intermediarios.

Una vez cruzada la vía de tren, dejan de escucharse las bocinas de los autos. En uno de los ingresos al Parque Finky, ubicado en el municipio de Lomas de Zamora, se ve el inicio de una bicisenda. En paralelo, corre un camino peatonal pavimentado, una suerte de guía para saber cómo ubicarse en el predio y llegar a su corazón. Allí se multiplican los árboles y hay juegos y áreas verdes hoy interrumpidas por los puestos. Del lado izquierdo hay carpas de techos azules para distintos emprendimientos manufactureros; del lado derecho carpas blancas para la oferta agricultora. La bandera argentina está retratada también en la tierra.

El pasado domingo 8 de octubre se realizó la segunda Expo Feria de la Economía Popular y de Ambiente. Durante más de seis horas doscientos puestos de cooperativas, empresas recuperadas y organizaciones rurales de toda la provincia ofrecieron productos directo al público, sin intermediarios. Su primera edición en mayo de este año se había organizado en Plaza de Mayo, impulsada por instituciones nacionales, y tuvo una concurrencia masiva.

Según Juan Pablo Della Villa, coordinador general de la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS), era necesario “mostrar en el epicentro de la política un desarrollo nacional de lo que es la economía popular y lo que el cooperativismo hace”. En esta ocasión, decidieron “llevar al conurbano una propuesta de acceso a los alimentos locales, de la Provincia de Buenos Aires”. Además, se le sumaron propuestas culturales: desde artistas en vivo como Bruno Arias hasta talleres sobre árboles nativos y forestaciones colectivas.

Avanzando a paso lento entre los puestos llega el olor a asado. Desde el escenario ubicado en el pequeño anfiteatro pasan canciones de distintos géneros, todas de artistas nacionales: si pasó una de rock, después le seguirá una de folclore.

En la cancha de fútbol, cuyo único límite claro es el comienzo del pasto, hay pibes y pibas jugando a la pelota. De vez en cuando se les escapa y algún feriante o caminante se las devuelve. No faltan pájaros que revolotean y perros ladrando. Es un escenario muy distinto al de Plaza de Mayo.

Entre las diferentes federaciones, cooperativas y organizaciones institucionales, se encontraban, además del ECAS, los Artesanos de Turdera, el Frente Agrario Evita y la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria UNLZ (CLAFySA). Todos se nuclean bajo un mismo lema: “Tierra, trabajo y soberanía”. Según Sol, ingeniera agrónoma del CLAFySA, el lema compone un todo: “Sin trabajar la tierra no hay producción de alimentos y tener alimentos sanos al alcance de la gente con precios justos y sin intermediarios hace a la soberanía alimentaria”. Valentina, estudiante de la misma carrera, escucha atenta y asiente frente a las palabras de su compañera. Si ambas están en ese espacio es porque consideran que existe una manera distinta de trabajar la tierra, de producir alimentos sanos y de repensar la relación con el medio ambiente. Ellas creen que ya no hay espacio para la producción de monocultivos exportables que dañan los suelos fértiles.

Uno de los objetivos inmediatos de la feria es instalar en la discusión pública la necesidad de planificación estatal sobre la producción alimenticia. Ante algunas propuestas políticas de reducir la intervención estatal, Della Villa, representante también de la Federación por la Soberanía, de la que ECAS forma parte, considera que, al contrario, el Estado debe tener más protagonismo. Sostiene que es fundamental “reordenar la planificación de alimentos en nuestro país, para ver dónde necesitamos producir, qué y en qué estación”. Tierra y soberanía son, para Della Villa, sinónimos. Remarca que no puede continuar sucediendo que un producto alimenticio viaje miles de kilómetros desde donde fue producido hasta donde será consumido. Esa es la concentración productiva y económica con la que plantean romper desde la feria.

A varios metros del puesto que organiza la cátedra libre de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) está el Frente Agrario Evita, que ofrece cajones y cajones de frutillas junto a plantas de diverso tipo. En diagonal, un tercer puesto que rebosa de frutas y verduras. Alberto Aquino y Andrea Díaz reciben con una sonrisa en la mixtura de frutillas y flores. Cuentan que es una federación que lleva más de seis años funcionando, que surgió ante la necesidad de resolver problemas comunes entre familias productoras y que se propone siempre ofrecer un sector por cada puesto, con los productos de familias de distintas partes de la Provincia de Buenos Aires. Por todos lados, y más que nunca, se deja ver en la feria que la producción será colectiva o no será.

A mayor distancia, Analía cuenta a una visitante curiosa que los Artesanos de Turdera son una feria autogestiva que está dos veces por mes en la Plaza San Martín, en el corazón de Turdera y a unas cuadras del Parque Finky. Son entre ocho y diez carpas azules de distintas artesanías, desde cerámica hasta herrería, pasando por variedades de bijouterie. Después de comprar té en hebras no viene mal una taza de cerámica para tomarlo.

Damián Arias, síndico de la cooperativa ECAS, lleva uno de los colores de la agrupación en su pelo: el violeta. Cuando surgió ECAS tuvo que aprender sobre administración y marketing. La militancia motorizó a los 70 trabajadores y socios que formaron la nueva cooperativa. ECAS recibe productos del sur de la Provincia de Buenos Aires, de Misiones, de Río Negro y de distintas provincias del norte, entre otras. Por ello, Arias la define como “la comercializadora de las cooperativas y de los productores agroecológicos”. Pero también sabe que son más que eso: ayudan a productores que quieran transicionar a esos modelos agroecológicos; para eso recorren el país en busca de cooperativas que se sumen al proyecto y promueven y concientizan el acercamiento a la producción colectiva de alimentos.

Della Villa también es claro en ese sentido: “Hay que construir un sistema de producción de riqueza que vaya de la mano con un sistema ambiental”. Todas las cooperativas presentes en la feria, en mayor o menor medida, proponen “construir un programa que dé alimento, que dé divisas, que dé renta extraordinaria pero que vaya de la mano con un programa ambiental”. Probablemente a la espera de un panorama político más claro, de momento no hay nuevas ediciones programadas. Ya habrá tiempo de planear cómo seguir. Además, después del trabajo en esta feria, las rutinas de los productores apremian.

«No a las petroleras en el mar»

«No a las petroleras en el mar»

El “Atlanticazo” se hizo presente en varias ciudades de la Argentina para rechazar la llegada de un buque de EQUINOR a Buenos Aires y la próxima iniciación de tareas ligadas a la exploración del petróleo frente a la costa de Mar del Plata.

Protesta contra las petroleras en la Plaza de Mayo a comienzos de 2022.  

El “Atlanticazo” se convocó en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia, Bahía Blanca y Puerto Madryn, entre otras localidades del país, el 4 de octubre tras la llegada de un buque de EQUINOR a Buenos Aires.

Este miércoles la plaza frente al Congreso de la Nación congregó tímidamente grupos con colores azules y celestes. Los carteles estaban calmos pero, poco a poco, se elevaron como olas hasta romper con el silencio y decir: “No a las petroleras en el mar”.

Mar del Plata, uno de los centros afectados por el accionar de empresas offshore (afuera de la costa, por su traducción), llamó a la reflexión en sus intervenciones artísticas a lo largo de la costanera: “¿Somos agua contaminada?”. Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en la ciudad balnearia bonaerense, afirmó a la agencia ANCCOM que “el agua ya está afectada por actividades como la sobrepesca, por las industrias que vierten sus agrotóxicos en los mares y ríos, y por la gran cantidad de plásticos y microplásticos. La actividad humana puso en una situación de fragilidad al mar”.

La activista recordó: “En 2021 generamos acciones de visibilización, porque los proyectos se gestaron a espaldas de la población”. El reclamo fue contra EQUINOR, una compañía estatal noruega que realizará un estudio en el mar argentino que consiste en la generación de ondas sísmicas para reconocer en dónde están ubicados los hidrocarburos y luego comenzar el proceso de extracción. Génova también denunció que esta actividad genera un impacto sonoro sobre las poblaciones marinas, “causa la muerte de animales y el alejamiento de especies de su hábitat natural, perturbando el ecosistema marino”. 

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, junto con otras organizaciones medioambientales, participaron en audiencias públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que fue el encargado de analizar la exploración de la cuenca argentina norte que abarca las costas de la Provincia de Buenos Aires. También tienen activos otros dos proyectos en las cuencas Malvinas Oeste y Austral, pertenecientes a Tierra del Fuego y Malvinas Argentinas.

En febrero de 2022 la Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó un amparo al Juzgado Federal de Mar del Plata y solicitó la suspensión inmediata de actividad de exploración y explotación sísmica en la zona hasta que se conozca el impacto sanitario, ambiental, económico y social de la actividad. La acción judicial retuvo el avance por un tiempo, pero el Estado y Equinor apelaron a este fallo y en enero de 2023 la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la medida cautelar bajo la condición de que el Gobierno garantice el máximo nivel de control sobre las tareas.

Pasadas las horas, el mar de gente redobló el reclamo en la Ciudad de Buenos Aires. Agrupaciones ambientalistas y partidos políticos de izquierda marcharon como cada día 4 del mes en un nuevo “Atlanticazo”. El recorrido que empezó en la Plaza del Congreso terminó dos cuadras después en la puerta de la casa de la Provincia de Buenos Aires, la cual estaba completamente cerrada.

Los pueblos originarios de Jujuy protestaban contra la reforma de la Constitución  provincial impulsada por Gerardo Morales. Lejos de ignorarse, las dos manifestaciones se unieron para demostrarse un apoyo mutuo y los integrantes del Tercer Malón de la Paz guiaron la marcha contra la explotación petrolera.

Silvia Ferreyra, militante ambiental en la Campaña Fuera Mekorot, una empresa estatal de Israel acusada por la ONU de violar el derecho al acceso al agua a palestinos, alertó: “Ahora mismo el buque de EQUINOR está en el puerto de Buenos Aires, próximo a iniciar la tarea denunciada por todas las organizaciones sociales”. 

Llena de carteles y prendas azules, una cuadra de manifestantes que ocupaban un solo carril de la avenida Entre Ríos, inundó y trajo un paisaje marino al medio del caos de la ciudad. Mientras los bocinazos de gente frustrada por la reducción de calzada peleaban por tapar los cantos de las organizaciones, sucedió un encuentro entre dos luchas: los pueblos originarios de Jujuy protestaban contra la reforma de la Constitución  provincial impulsada por Gerardo Morales. Lejos de ignorarse, las dos manifestaciones se unieron para demostrarse un apoyo mutuo y los integrantes del Tercer Malón de la Paz guiaron la marcha contra la explotación petrolera.

Entre los participantes se encontraban Gabriel Solano, diputado de CABA y dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, candidata a Jefa de Gobierno por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y Juan Carlos Giordano, dirigente del partido Izquierda Socialista integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadores.

Nahuel Peña Ayala, coordinador de la Rebeldía, parte de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS), enfatizó que el reclamo es contra un modelo de país que no piensa en un futuro. “Las audiencias públicas fueron una pantomima y las respuestas son siempre las mismas”, aseveró y resaltó que la resistencia no es solo por el mar, sino también por el propio patrimonio de la humanidad que este representa para los argentinos.

Los carteles se multiplicaban y reclamaban el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina, el cual legisla que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”. Entre performances y un micrófono abierto, el Atlanticazo captó la atención de algunos peatones cuando dieron a conocer las amenazas que sufre el mar argentino por parte de empresas extraccionistas extranjeras. 

Ariel Marsilli, militante en Rebelión o Extinción Argentina, afirmó: “Salimos a reclamar que este proyecto pare, porque no tiene licencia social. “Queremos que el gobierno escuche a las comunidades costeras”, concluyó.

¿Llegó el momento de una reforma impositiva estructural?

¿Llegó el momento de una reforma impositiva estructural?

Las modificaciones propuestas sobre el Impuesto a las Ganancias afectarán los recursos de las provincias. La reducción será compensada con otros impuestos que afectarán los recursos previsionales. ANCCOM conversó con tres economistas para entender el impacto de las modificaciones.

El domingo 24 de septiembre el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció en un acto junto a los gobernadores del noroeste argentino que llevará una propuesta de modificación de los fondos coparticipables al Presupuesto 2024. Cuatro días después, el jueves 28, la Cámara Alta del Congreso aprobó la Ley 27.725 de Modificación del Impuesto a las Ganancias, llevando el mínimo no imponible a un piso de $1.770.000. Tanto la ley sancionada como la propuesta afectan sustancialmente los fondos coparticipables.

 

Posibles modificaciones

 La Ley de Coparticipación Federal data de 1988 y entre los impuestos, todos nacionales, que se coparticipan entre las provincias se encuentran ganancias (56.66%), IVA (50.43%), monotributo (30%) y combustibles líquidos (10.40%). De esta manera, al subir el piso del impuesto a las ganancias, las provincias dispondrán de menores recursos. Por ello, el anuncio del ministro de Economía acerca de que se intentará incorporar a los fondos coparticipables un porcentaje del Impuesto País, creado en diciembre 2019 ante el contexto de emergencia pública, y un porcentaje del impuesto a los créditos y débitos bancarios, el mal llamado “Impuesto al Cheque”, que no se coparticipan.

En diálogo con ANCCOM, el economista Horacio Rovelli, docente de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires), analizó el impacto de las modificaciones propuestas. En su opinión existe un cabo suelto sobre el que nadie consulta al ministro de Economía: qué ocurrirá con los fondos previsionales, ya que ambos impuestos mencionados están destinados al sistema previsional. Del Impuesto País, un 70% va al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de ese porcentaje un 10% va a PAMI. El impuesto a los créditos y débitos bancarios, por otro lado, va en su totalidad al SIPA. En caso de destinarse un porcentaje a los fondos coparticipables, suponiendo que sean, respectivamente el 35% y 25% solicitado por nota por los gobernadores, queda sin resolver el gran vacío que encontrarán las arcas previsionales.

Lucas Llach, economista y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella explicó que para ver el impacto de estas modificaciones sobre los fondos coparticipables “habría que ver cuánto es la compensación a provincias. Cuanto mayor sea la compensación, más costo fiscal para la Nación”, que es aproximadamente de un 0.8% del PBI, según el economista. Sin embargo, sostiene que al compensar los fondos coparticipables con el Impuesto País y el Impuesto a los créditos y débitos bancarios, se corre el riesgo a futuro de que sea más difícil bajar esos impuestos, que “son los peores impuestos nacionales después de la inflación”.

 

La nueva Ley de Ganancias

 Por otro lado, la Ley del Impuesto a las Ganancias aprobada en el Senado disminuye notoriamente la recaudación. En este sentido, Horacio Rovelli aclara que la nueva ley “desfinancia a las provincias”, ya que el impuesto modificado se coparticipa casi en su totalidad entre la Nación y las provincias. Sin embargo, lo que le quita a las provincias, se lo devuelve quitándolo al sistema previsional. Rovelli no da vueltas: si bien hay que esperar al proyecto de ley que manifieste esas propuestas, la intención existe y es la de “financiar a las provincias con el sistema previsional”.

José Castillo, economista, docente e investigador de la UBA, acuerda en esta grave consecuencia y agrega que el problema está en que sea un anticipo de ganancias y no un impuesto extraordinario acorde a un sistema impositivo progresivo, pues se estaría desfinanciando la recaudación futura a costo de financiar la actual.

Llach, por su parte, afirma que así se le quitan recursos al gobierno por venir, ya que “además de las quitas permanentes de recursos se suma el hecho de que el próximo gobierno tendrá menos recaudación por los anticipos de esos impuestos”. En sus términos, es “migajas de pan para hoy, hambre para mañana”.

La esperada reforma tributaria

Estas modificaciones, leyes aprobadas y futuros proyectos de ley son señales de un contexto económico y político marcado por las PASO y por los resabios de una pandemia mundial. Sin embargo, el debate sobre la reforma del sistema impositivo argentino tiene una larga historia.

Rovelli sostiene que es necesario modificar este sistema, empezando por dividir en tres tercios los tres impuestos principales: al consumo, a los ingresos y al patrimonio. Mientras que en Argentina solo un 4% provenga de impuestos al patrimonio, no podrá hablarse de un escenario equilibrado.

Castillo coincide en que el sistema tributario debe cambiar, pues el actual es “tremendamente regresivo”. Para que la estructura tributaria resulte progresiva debería estar basada en el impuesto a las rentas y en el impuesto a la riqueza que, como sostiene también Rovelli, es de muy bajo gravamen. En cambio, el consumo no debería estar tan gravado. Además, Castillo propone como necesaria una nueva Ley de Coparticipación Federal, para contrarrestar el “frankenstein gigantesco” en que se ha convertido a partir de las modificaciones sufridas y de las excepciones.

Desde otro marco ideológico, Llach propone una serie de medidas puntuales con el objetivo de no “poner en peligro el déficit fiscal” y de “cortar el gasto público para crecer”. En sus términos habría que aprobar “un impuesto único y progresivo a la nómina salarial pagado por las empresas, que reemplace todos los aportes, contribuciones y demás descuentos; un impuesto a los ingresos; un monotributo más progresivo y con límites más altos; una retención a los retiros de efectivo que reemplace los impuestos sobre el dinero electrónico; y el reemplazo de «ganancias financieras» y bienes personales por un impuesto razonable al patrimonio, que equivalga al 35% del retorno financiero esperado”.

Si bien las perspectivas y las respuestas difieren ampliamente, son coincidentes las lecturas de los economistas en que hay distintas cuestiones por modificar, ya que el sistema tributario argentino tiene muchos parches encima.

¿Es posible una sustancial modificación del sistema? Hay tensiones en juego, sobre todo los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que impiden plantear proyectos de ley con nuevas estructuras tributarias. Más que nunca, quizás, los fondos coparticipables estén atados al devenir electoral y al futuro financiero de las cuentas públicas y, por extensión, de toda la población.

La reducción de la jornada laboral ya se debate en la Argentina

La reducción de la jornada laboral ya se debate en la Argentina

Varios países en el mundo redujeron su jornada laboral. Ahora llegó el turno de discutirlo en Argentina. Diferentes proyectos ingresaron al Congreso. Las posturas del oficialismo, Juntos por el Cambio y la izquierda.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la reducción de la jornada laboral. La regulación actual es de hace cien años y establece, para la mayoría de los empleos, una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Más de 50 países tienen jornadas inferiores a la Argentina. De hecho, en 1935, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 47, fijó en 40 horas semanales el máximo sugerido para sus Estados parte.

El diputado Daniel Arroyo (FdT), integrante de la comisión, en diálogo con ANCCOM, afirma que la semana de 48 horas que tiene Argentina es de las más altas en América Latina y en el mundo y que, si bien en un principio fue un esquema avanzando, ahora ya quedó “desfasado”. “La reducción de la jornada laboral es un avance hacia el siglo XXI, a nuevas formas de humanidad, de vínculos de la sociedad y de calidad de vida”, subraya.

Tanto el oficialismo como la izquierda presentaron proyectos en Diputados, algunos buscan reducir la jornada laboral a 40 horas y otros a 36 ó 30. “Mi impresión es que se va a terminar aprobando un esquema que vaya paulatinamente hacia las 40 horas y que le de posibilidad de adaptación y flexibilidad a cada sector productivo y ámbito de trabajo, porque no todos son iguales”, señala Arroyo.

El exministro de Desarrollo Social asegura que reducir la jornada de trabajo no afecta la productividad en la medida en que “se trabaje seriamente”. “El mundo laboral después de la pandemia cambió mucho y el modelo tradicional que era 8 horas de trabajo, 8 de sueño y 8 de ocio se ha modificado por completo aún con altos niveles de productividad. Está claro que reducir las horas de trabajo aumenta los niveles productivos sin necesidad de bajar los salarios”, agrega.

Además, advierte que, tal como lo pueden plantear sectores de la izquierda, reducir la jornada laboral no va a terminar con los problemas de la informalidad, porque trabajar menos horas no va a implicar que trabaje más gente. “Para solucionar el 40 por ciento de informalidad se necesita otro tipo de política como un ingreso universal ciudadano”.

Arroyo adelantó que los diputados del FdT que integran la comisión se metieron mucho en el tema y van a votar a favor. También cree que si se trabaja ordenadamente el proyecto, se escuchan distintas posturas y, sobre todo, si se hace paulatinamente, también va a tener un caudal de votos importante de diputados de la oposición.

Daniel Arroyo impulsa el proyecto desde el Frente  de Todos.

Por su parte, Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, miembro de la comisión, sostiene que “la reducción de la jornada laboral es un punto de llegada deseable, pero nunca puede ser un punto de partida. Es la consecuencia natural del avance de la productividad –opina. El mundo trabaja cada vez menos y gana cada vez más. Hace más de 100 años las jornadas laborales sumaban 3500 horas anuales y ahora tan solo 1500 o 2000, dependiendo del país”.

“Si trabajás menos horas va a aumentar la productividad por hora, en cada hora trabajada rendís más porque estás más descansado, pero en total vas a tener menos productividad. No vas a llegar a producir todo lo que permite pagar tu sueldo y, por ende, sería imposible mantener los salarios”, asegura Tetaz.

El economista asegura que si bien hay países donde se está trabajando menos horas, han logrado producir más bienes y servicios. Según Tetaz, en Argentina sería inaplicable reducir la jornada obligatoriamente, ya que tal vez solo el sector industrial que abarca el 20 por ciento del empleo pueda trabajar menos de manera más intensiva y mantener la producción y los salarios. En este sentido, remarca que, al mismo tiempo, hay un razonamiento de los que pretenden reducir la jornada que ignora que el mercado de trabajo es muy heterogéneo y existen empleos donde se necesita una capacitación específica y que por esto no solucionaría la informalidad.

Sin embargo, dice que “es una buena idea crear condiciones e incentivos para que las empresas exploren, de común acuerdo con sus trabajadores, alternativas a la jornada laboral tradicional”.

Para Tetaz, reducir la jornada es una experiencia que se puede estudiar en algunas ocupaciones pero siempre de manera voluntaria y con un acuerdo entre partes a nivel de la paritaria de cada convenio colectivo. No puede ser impuesto por una ley, sostiene, porque a las PyMEs, por ejemplo, les generaría una complicación, ya que no tienen margen para que dos de los tres trabajadores que tienen trabajen menos horas.

Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, sostiene que la reducción de la jornada laboral se puede dar en algunas ocupaciones, pero que no debe ser impuesta por ley.

En tanto, desde el Frente de Izquierda, el economista Pablo Anino, colaborador en la elaboración del proyecto de reducción de la jornada laboral que presentaron Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca que plantea reducir la jornada a 30 horas semanales–, afirma que “la jornada laboral tiene que darse sin reducción salarial ni flexibilización”.

Anino plantea que reducir la jornada serviría para repartir las horas de trabajo y generar nuevos puestos formales para desocupados e informales. “Si se reduce la jornada en las 12.000 grandes empresas y se reparten las horas, se podrán generar un millón cien mil puestos registrados en blanco y con derechos. Ese es uno de los puntos importantes que diferencia al proyecto del Frente de Izquierda”.

El proyecto también busca la creación de comisiones de trabajadoras y trabajadores en las empresas que controlen la implementación de la ley. Además, Anino asevera que reducir las horas de trabajo no solo trae beneficios para la calidad de vida, sino que también permite que la clase trabajadora disponga de tiempo para participar de la vida política y económica. Y concluye que se trata de un debate necesario, ya que estamos en un contexto donde la agenda política y económica está corrida muy a la derecha y solo se proponen reformas en el ámbito laboral para quitar derechos.

Los trabajadores se movilizaron para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias

Los trabajadores se movilizaron para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias

La CGT y las distintas vertientes de la CTA realizaron una vigilia frente al Congreso de la Nación para apoyar el proyecto de ley presentado por Sergio Massa. La Cámara Baja dio media sanción y si la confirma el Senado solo pagarán el tributo quienes perciban más de 15 salarios mínimos.

“Dale vamos, que tenemos que ir a bancar”, exclamaba un joven a su grupo de cuatro compañeros, cargando redoblantes y trompetas. Bajo el lema de “el salario no es ganancia”, distintas organizaciones sindicales lideradas por la Confederación General de Trabajadores (CGT) se movilizaron este martes frente al Congreso de la Nación para apoyar el proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que ayer obtuvo media sanción en Cámara de Diputados, para modificar el impuesto a las ganancias en el salario de los y las trabajadoras.

El día era gris y el viento ondeaba las banderas de diferentes organizaciones, algunos manifestantes se turnaban para mantenerlas en alto; “ojo que no se caiga”, comentó entre risas uno de ellos a su compañero que sostenía una de las tantas banderas que desde las 11 se hicieron presente en la Plaza de los Dos Congresos. Se veían estandartes de la CGT y de las dos Centrales de Trabajadores de Argentina, tanto como de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, el Fresimona, la Corriente Federal, y Asociación Bancaria, fueron algunos de los tantos sindicatos que se manifestaron a las afueras del recinto.

Luego del medio día se empezaron a ver los primeros rayos de sol y la Cámara de Diputados inicio el debate. En la reforma del Impuesto a las Ganancias que se debatió se encuentra la eliminación de la imposición a la cuarta categoría que excluye del gravamen a empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados, y solo lo pagaran los sueldos equivalentes o superiores a 15 salarios mínimos que en la actualidad representan 1.770.000 pesos, con una actualización cada seis meses. “Para nosotros es sumamente positivo, esto impacta en todos los docentes de gestión privada que tengan más de dos cargos, es un reclamo histórico que venimos llevando adelante desde la CGT”, declaró Patricia Rodríguez, secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Provincia de Buenos Aires en dialogo con ANCCOM.

Mariano Migueles, subsecretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, desde temprano en la plaza, frente al Congreso, declaraba: “Más allá de como salga la votación, que espero que sea favorable, hoy está en la agenda de la política argentina que para nosotros nos parece importante”.  Héctor Abel Ramírez miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en Buenos Aires, también se mostraba optimista respecto a la aprobación de la reforma de la ley por parte de Diputados y manifestó que espera que se “resuelva con el voto de las fuerzas populares”. Además, reconoció que en “diferentes gobiernos se ha argumentado de todas las formas posibles y se han llevado a cabo muchas medidas de fuerzas que no lograron lo que ahora se está consiguiendo que es reconocer que el salario no es ganancia”.

Respecto a si no se llegaba a aprobar las nuevas medidas, Roberto Pianelli, Secretariado General de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, expresó: “Si hay un sector de diputados que quiere que los trabajadores sostengan las rutas, los hospitales públicos, cuando en verdad lo que más ganan son los empresarios, seguramente el movimiento sindical discutirá de qué manera responder a esto”.

Si bien en las afueras del Congreso el clima era de compañerismo entre todos los trabajadores con un mismo objetivo, dentro del Congreso la situación de tensión era evidente. Allí hubo cruces entre diputados del oficialismo y Juntos por el Cambio.

Finalmente, la noche del 19 de septiembre cerró con media sanción a la reforma del Impuesto a las Ganancias con 135 votos afirmativos y 103 negativos, seguido por los festejos de diputados por parte del oficialismo. Entre los que apoyaron el proyecto se encontraban los legisladores de Unión por la Patria, la izquierda, una parte del Bloque Federal y Evolución radical y La Libertad Avanza. El PRO votó en contra.

Desde los palcos del recinto, Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, junto a los sindicalistas Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer, acompañaron la celebración con aplausos y abrazos entre ellos. En el caso de que la Cámara de Senadores de media sanción, la medida se aplicaría el próximo año.

“Lo que pedimos es que se cumplan todo lo que vamos trabajando en conjunto, respeten las paritarias, la jubilación, los convenios colectivos, no más el impuesto a las ganancias porque el salario no es ganancia”, finalizó Rodríguez de SADOP.