Los discapacitados contra la desregulación

Los discapacitados contra la desregulación

Más de 10 mil personas se movilizaron en Olivos y en varias ciudades del país para frenar el proyecto del gobierno de Javier Milei que busca desregular las prestaciones para personas con discapacidad. La medida, que afectaría a 200.000 pacientes y 100.000 trabajadores.

El gobierno de Javier Milei busca desregular las prestaciones y tratamientos destinados a personas con discapacidad, actualmente financiados por el Estado y las obras sociales. Ante esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Residencia de Olivos para detener esta medida. La masiva protesta, que según los organizadores reunió a más de 10 mil personas, también se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, San Miguel de Tucumán, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta.

Según el comunicado del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, el 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. Si bien desde la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraban que sólo se trataba de un borrador, el proyecto ya cuenta con dictamen firmado del 24 de mayo por la Secretaría de Legal y Técnica, aguardando a la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente.

¿Qué implica?

“La ley 24901 fija un nomenclador único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad y determina un valor único para los distintos financiadores que son tres (Incluir Salud, PAMI y la Superintendencia de Salud, que regula obras sociales y prepagas). Hoy, desde la resolución del año 1999, todos los valores están regulados de la misma manera, sin importar el financista. Con este decreto se quiere destruir el nomenclador y dejar al libre albedrío de cada financiador el valor de la prestación”, comenta en diálogo con ANCCOM Gabriela Rovere, directora de la Escuela de Educación Especial Pablo Picasso. De esta manera, el sistema argentino, modelo a nivel mundial y que permite el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad, se vería gravemente afectado. “Hasta ahora todos los chicos, más allá de la cobertura social que tuvieran, tenían el derecho a la misma prestación”, remarcó Rovere.

Según el petitorio presentado en la Residencia de Olivos, actualmente reciben atención 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 que trabajan para que la misma sea posible. Independientemente de si el paciente tiene una pensión no contributiva o tiene una prepaga, todos tienen acceso a la misma institución y con la misma calidad de servicios. “La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias”, remarca el petitorio presentado a Milei.

Florencia Poletto, directora de Khipu, centro de inclusión escolar para niños con discapacidad, denuncia: “Con esta desregulación vamos a tener pacientes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Se perdería un derecho muy importante que ganamos hace 25 años: la universalidad para todas las personas con discapacidad”.

María Martínez, mamá de dos jóvenes con discapacidad, comenta: “Como madre, es una situación muy angustiante. Mis hijos progresan y están mejor gracias a todas estas personas que trabajan y que están acá. Sería muy triste perder sus servicios. Hoy se está hablando de prestaciones, pero sabemos que esto es la punta del iceberg, es el inicio de la quita de derechos”, agrega.

El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, acompañado por Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto en el Congreso para pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de sancionar el decreto para desregular las prestaciones de personas con discapacidad.

En el texto advierten que “en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional (…) Al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado», indica el texto que fue firmado por más de treinta diputados.

 

 

 

“Es momento de que las personas oyentes se adapten a nosotros”

“Es momento de que las personas oyentes se adapten a nosotros”

En un mundo dominado por la comunicación oral, una radio para personas sordas emerge como un faro de inclusión y accesibilidad.

Creada por Matías Cufré, un conductor con discapacidad auditiva, y Mariana Ortíz, colocutora e intérprete en lengua de señas, la radio Locufre es la primera y única en el mundo diseñada específicamente para personas sordas. En Argentina, según la Federación Mundial de Sordos, hay aproximadamente 70 mil personas sordas y 450 mil con dificultades auditivas. A pesar de estas cifras, los medios de comunicación rara vez abordan las necesidades de este colectivo.

Locufre no sólo ofrece información, sino también un sentido de comunidad y pertenencia. “La idea de crearla tiene que ver con un sueño que yo tenía desde chico. Veía a la gente que llevaba auriculares, le preguntaba a mi mamá qué era y ella me dijo: ‘Es la radio´”, cuenta Cufré, en diálogo con ANCCOM, mediante la intérprete Ortiz.

Durante la pandemia apareció “la necesidad de que las personas no se sientan solas en sus casas”, agrega, entonces aprovecharon “la tecnología y el streaming” y arrancaron con el proyecto. Locufre, una combinación de «locutor» y su apellido, que transmite todos los jueves a las 22 por YouTube, Instagram y Facebook. Además, hacen las veces de órgano de prensa para la comunidad sorda en Argentina, cubriendo eventos provinciales y generando contactos a través de cronistas.

La radio opera a través de transmisión en línea, permitiendo que todo el programa se realice en Lengua de Señas Argentina (LSA). Esto la convierte en «accesible para oyentes», ya que se incorpora al mismo tiempo, por voz en off, la interpretación al español de todo el contenido en vivo.

 

El principal desafío, según los fundadores, ha sido lograr que la gente se sume y sienta que Locufre es un espacio donde pueden expresar sus opiniones. «La sociedad oyente tiene innumerables formas de expresarse, pero no es así para la comunidad sorda». La admiración de padres oyentes con hijos sordos al ver que una persona sorda puede liderar un medio de comunicación, ha convertido a Locufre en un ejemplo inspirador para muchas familias y un orgullo para sus creadores.

Cufré, quien se formó para comprender y transmitir el mundo de la radio a los sordos, sueña con expandir Locufre a otras provincias e incluso a la televisión. “La mayoría de la gente de la tercera edad es muy difícil que acceda a las redes –afirma Cufré–. Me encuentro con muchas personas que me dicen ‘ay, me encantaría verte, pero estoy sola y no sé manejar las redes’”. La televisión ofrecería segmentos accesibles para aquellos que no usan plataformas en línea.

Lo que comenzó con solo dos personas, ahora se ha convertido en un equipo diverso. Actualmente, hay tres intérpretes y un grupo de columnistas profesionales sordos. Además, Locufre crea contenido audiovisual educativo, como el proyecto «Huella», que documenta la historia y los referentes de la comunidad sorda en Argentina.

Este esfuerzo transforma la radio en un medio visual accesible y valida los derechos de la comunidad sorda, brindando información de calidad en un espacio inclusivo. Pese a la aprobación en 2023 de la Ley de Lengua de Señas (N° 27710), todavía existen muchas barreras, como la falta de intérpretes en hospitales y organismos públicos. Cufré subraya la necesidad de seguir luchando por estos derechos y de adaptar la sociedad oyente a las necesidades de la comunidad sorda.

La radio es autogestionada y ha sorprendido a muchos por su capacidad de adaptarse y unirse. «Las personas sordas nos adaptamos todo el tiempo a la sociedad oyente. Ahora es momento de que las personas oyentes se adapten a nosotros», sostiene Cufré, quien destaca además la necesidad de que la sociedad oyente aprenda lengua de señas para un entendimiento mutuo.

La industria del entretenimiento y los medios aún excluyen a las personas sordas. Cufré remarca que la falta de subtítulos y horarios limitados de intérpretes en la televisión son solo algunas de las barreras que enfrentan. La falta de apoyo gubernamental y la exclusión en campañas políticas reflejan una falta de empatía y consideración hacia la comunidad sorda.

Locufre cubrió el juicio en Mendoza en el que se investigaron los abusos sufridos por niños hipoacúsicos dentro del Instituto Próvolo, un colegio religioso de esa provincia. Durante la cobertura, observaron la desigualdad en la absolución de las monjas y el mal tratamiento de los medios hacia las personas sordas. Esta experiencia reveló la falta de preparación de los periodistas, quienes se acercaban con micrófonos mientras las personas sordas hablaban en lengua de señas. A partir de esto, desde Locufre ya están abordando la problemática a través de talleres y capacitaciones.

¿Cómo afecta la crisis en las personas con discapacidad?

¿Cómo afecta la crisis en las personas con discapacidad?

Si el ajuste pega fuerte en toda la sociedad, buena parte de las 3.500.000 personas que tienen el Certificado Único de Discapacidad la padecen con creces. ¿Qué impacto tiene el aumento de las prepagas, por ejemplo?

En Argentina 3.571.983 personas cuentan con, al menos, una dificultad que afecta su participación plena en la sociedad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  “Discapacidad” es el término utilizado para dar cuenta de las deficiencias motrices, sensoriales, intelectuales o mentales que imponen barreras para la igualdad de condiciones del 10,2% de la población argentina de 6 años o más, residentes de viviendas particulares en localidades de 5.000 y más habitantes, siguiendo el informe del INDEC.

En nuestro país, los derechos de las personas con discapacidad están amparados por diferentes normativas que promueven la accesibilidad, protección, no discriminación e inclusión. Pero, en el centro de la cruda crisis social, económica y política que atraviesa nuestro país, ¿hablamos lo suficiente de este tema? ¿Cómo impacta la situación actual en la calidad de vida de las personas con discapacidades?

Ricardo “Cacho” Castellano es de Berazategui, tiene 75 años y hace ya una década le diagnosticaron Parkinson. Toda su vida se la pasó arriba del micro, fue chofer de colectivos de larga distancia y también acompañó a miles de niños y niñas en sus viajes escolares. “La vida me cambió un montón, es una enfermedad progresiva y cada vez puedo hacer menos cosas. Manejar ni hablar”, dice.

 “Recién ahora estoy tramitando el CUD (Certificado Unico de Discapacidad) porque vi que me da muchas facilidades para movilizarme: pasajes gratis, descuentos en peajes, espacios para estacionar, descuentos para comprar un auto especial. Ya no puedo manejar pero necesito esa ayuda y espero que se me de”, cuenta Castellano, mientras lamenta los años que pospuso el trámite.

Respecto del tratamiento, religiosamente toma su medicación todos los días de mañana, mediodía y noche. “Me mantiene tranquilo y el temblor disminuye bastante. Por suerte no tuve problemas con PAMI hasta ahora, siempre me dieron gratis y a tiempo todos  los remedios y otras cosas, como la silla de ruedas, que necesité”. Y suma: “Más allá de los tiempos difíciles que estamos pasando pude seguir con mi tratamiento. Como todos, tuve que ajustar mi estilo de vida por todos los aumentos pero por ahora seguimos peleándola.”

Marta Sánchez tiene 67 años y dedicó sus últimas décadas de actividad a ser preceptora de un jardín de infantes ubicado en Bernal. Siempre rodeada de chicos y chicas, en constante movimiento y actividad, una noche de desvelo por un dolor punzante en el brazo la llevó a su diagnóstico: artritis reumatoidea. “Es una enfermedad degenerativa que ataca las articulaciones, la tengo hace 28 años y gracias a Dios no necesito acompañante porque puedo moverme sola todavía. He hecho un tratamiento que sirve pero es complicado aunque la lleve bien y ponga toda mi voluntad”

“El CUD trae algunos beneficios pero es un poco engorroso hoy en día. Hay que hacer casi todo virtual y muchos no tienen la posibilidad de contar con alguien que los ayude. Yo tuve suerte y apoyo. Tengo una obra social, IOMA, que siempre me cubrió la medicación por la enfermedad al 100% aunque sé que no pasa en todos los casos”, comenta Sánchez sobre el acceso a los tratamientos y asistencia. Y suma: “El problema ahora, que está pasando en muchas prepagas, es que no reciben los pagos y entonces no pueden llevar, las droguerías no dan la medicación a las farmacias y se dificulta contar con los remedios. En el último tiempo tuve que cambiar de farmacia para que me los den”.

“La vida con discapacidad cuesta. Cuesta conseguir trabajo, ayuda, turnos en los hospitales, atención en general, muchas cosas son difíciles. Más allá de revisar cómo funciona la salud, que es un tema que hay que mirar, hay muchos problemas que tenemos las personas con discapacidad y la situación del país y la inflación te tiran para abajo. Si no te alcanza para vivir, no tenés trabajo, ayuda u obra social, influye mucho y afecta tu enfermedad“, concluye Sánchez, trayendo al centro de la escena la situación coyuntural y cómo afecta estructural y anímicamente a las personas que viven con una discapacidad en nuestro país.

En el corazón de la incertidumbre, la burocracia y la desolación que puede causar el diagnóstico, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) se levanta como un faro para brindar acompañamiento a miles y miles de familias en nuestro país. Conformada principalmente por madres y padres de personas con síndrome de Down, cuentan con más de 30 años de recorrido trabajando para que cada vez haya más inclusión en nuestra sociedad.

“Cuando se recibe el diagnóstico, tenés que ver de qué manera te volvés a recomponer para seguir adelante, para ayudar a este hijo o hija, para empaparte de un montón de cosas para las que una no se prepara. Tratamos de escuchar y guiar teniendo en cuenta a toda la familia. Nuestro pilar es el grupo de Mamás y Papás Escucha”, comenta Alejandra Belyin, miembro de la comisión directiva de ASDRA. La asociación desarrolla diferentes programas de apoyo, divididos por franjas etarias: grupos de reflexión para adultos, grupos de pertenencia para los jóvenes y encuentros sobre psicoeducación abiertos para conversar con profesionales de la salud y de la educación.

“Logramos muchas cosas en estos años y la sociedad es mucho más consciente y diversa que antes. Si las políticas públicas se aplicaran, y el que viniera no las cambiara, sería la forma en que todo podría funcionar. Siempre digo que el CUD es el DNI de nuestros hijos e hijas: te abre muchas puertas pero falta mucho por hacer. Tramitarlo es muy complejo, no hay un criterio federal y unificado para sacarlo y eso no sólo ralentiza el proceso sino que hace que muchas personas no puedan acceder”,  agrega Alejandra.

“Pareciera que la discapacidad no es un tema tan importante y pasa a segundo plano. La realidad es que es un tiempo difícil para todos pero para aquellas personas que tienen en su familia a alguien con una discapacidad es mucho peor”, sostiene Belyin sobre la conversación pública y la coyuntura. “Si la situación económica –agrega- hace que no puedas pagar la prepaga, eso es terrible para una familia que tiene a alguien con una discapacidad, significa parar todo aquello que esa persona necesita para poder vivir de sí. Como familiar, tratás de que viva con autonomía, le das herramientas para que se inserte en la sociedad y de repente pasa esto y te vuelve a destruir. Tiene que haber un Estado presente que acompañe de forma integral a la familia y que no se sientan desamparados ante contextos como este”.

La inestabilidad económica y la imposibilidad de proyectar certezas en el corto plazo hacen del presente un infierno colmado de inquietudes para todas las familias que son el soporte y sustento de una persona con discapacidad. Alejandra lo sintetiza de esta forma: “Hay una gran preocupación económica actualmente. Lo que más angustia tiene que ver con que las familias puedan darle continuidad a los tratamientos y tener todo garantizado. Ojalá puedan mantener sus trabajos y sostener económicamente las obras sociales, las terapias, las actividades recreativas que también son muy importantes para la estimulación y el disfrute.”

Resistencia disca

Resistencia disca

En rechazo a los 340 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la organización «Discas en lucha» realizó una asamblea abierta que reunió a más de 40 colectivos. Derechos civiles que se pierden y familias sin trabajo.

En la sede de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Núñez, Discas en lucha organizó un acto de rechazo y denuncia por la situación crítica que enfrenta el organismo, afectado por despidos masivos, recortes en pensiones, la eliminación de programas de accesibilidad y el cierre de centros de atención en todo el país.

Laura Alcaide, referente de Discas en lucha y de Orgullo disca, destacó que muchos de los despidos ocurrieron a nivel federal, particularmente en los centros de referencia. “Son puntos de acceso clave para trámites de servicios como el certificado único de discapacidad y otras gestiones. La desaparición de estos puntos ha dejado a los trabajadores sin empleo”, señaló.

Otros programas vitales de la ANDIS también han sido afectados, incluyendo la asignación de pensiones, el programa de apoyos para personas con discapacidad y el Programa Incluir Salud. Según Alcaide, los 340 despidos representan el 25 por ciento de la plantilla total del organismo, lo que significa que actualmente está funcionando con un cuarto menos de su personal.

Los trabajadores de ANDIS se encuentran en una situación laboral precaria, con la cancelación de contratos que afecta a dos tipos diferentes de empleo. Por un lado, se encuentran los contratos bajo el Decreto 1109/2017 para monotributistas, y por otro, los transitorios regulados por el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público, los cuales deberían renovarse automáticamente de forma anual.

Ante la expiración de estos contratos, los trabajadores se ven confrontados con la negativa de renovación. “Esta situación resulta particularmente injusta para aquellos compañeros y compañeras que han dedicado más de veinte años de su vida laboral a la institución, dejándolos sin indemnización y sin posibilidad de acceder a un fondo de desempleo, en un mercado recesivo que no tiene oportunidades laborales”, afirmó Maive Fernández, licenciada en Audiovisión y trabajadora despedida de la Dirección de Accesibilidad de la ANDIS.

Según Fernández, las autoridades no han dado una comunicación clara. La justificación que se ofrece es una presunta reducción de gastos, según notas oficiales de la Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema de uso obligatorio para todos los empleados estatales que, sin embargo, presenta una limitación significativa: no es accesible para personas ciegas a través de lectores de pantalla. Esta carencia convierte al sistema en excluyente.

Guadalupe Bargiela, activista de Orgullo Disca, trabajaba en ANDIS desde el año 2020 en el sector de correspondencia de mails. En febrero recibió su despido por GDE, web inaccesible para ella. “Le tuve que pedir a mi mamá que me la lea. Es una violación a la autonomía y a los derechos humanos, esa notificación debería llegar en persona”, explicó.

María Florencia, quien ha ejercido como profesora de danza movimiento terapia en la unidad de Deporte, Recreación y Cultura del ANDIS desde el 2010, expresó su desconcierto ante su despido: «Realicé un trabajo valioso y ampliamente reconocido por la Agencia, pero parece que este Gobierno no valora ni la danza ni a las personas». Su situación se torna aún más complicada al ser madre de una niña con discapacidad y depender económicamente de su empleo, al igual que muchos de sus compañeros.

Hasta el momento, los trabajadores despedidos no han recibido compensación alguna, ni han sido reincorporados a sus puestos. Frente a esta situación, surgió la necesidad de convocar a la asamblea abierta que se realizó el pasado sábado 20 de abril y que contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales, sindicales, del colectivo disca y sus familias.

Hubo adhesiones de referentes políticos, como el diputado uan Marino, del Partido Piquetero (UxP), quien presentó un pedido de informe al Gobierno para obtener detalles sobre los despidos. La diputada porteña Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, también participó del acto: “Junto a mis compañeros Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentamos un proyecto de emergencia en el Congreso de la Nación”, comentó. Mientras tanto, los 340 despedidos de ANDIS y sus familias continúan en la incertidumbre.

Una pasarela inclusiva

Una pasarela inclusiva

La agencia Somos Diversity prepara a modelos con diferentes discapacidades con el horizonte de una moda inclusiva.

Un lugar donde ni la edad, ni el cuerpo o discapacidad son un límite para aprender a modelar y formarse como profesional; de eso se trata la agencia Somos Diversity, primera y única en Argentina en estar integrada por personas con diferentes discapacidades, como síndrome de down, usuarios de sillas de ruedas, no videntes o retrasos madurativos. 

“¿Por qué no puedo ser modelo?”, le preguntó una joven con síndrome de down a su psicomotricista, Megui Ventura, quien utilizó ese cuestionamiento para pensar en un proyecto de moda con el propósito que incluya a todos y logre abatir la falta de inclusión en el mundo del modelaje. 

Junto a sus estudios acerca de salud mental, Ventura reunió su pasado artístico, caminatas en las pasarelas y mundo del arte para formar Somos Diversity, la agencia que a través de talleres de maquillaje, cuidados de la piel, expresión corporal, armado de book, autocasting y cámara, busca formar modelos que el sistema suele expulsar del mundo laboral.

”Nos pasó de quedarnos afuera de muchos desfiles”, cuenta a ANCCOM Megui Ventura, quien se encarga de que los lugares a cubrir cuenten con cambiadores aptos para sillas de ruedas y accesibilidad dentro del espacio, ya que unas escaleras sin rampa pueden ser el primer impedimento para su participación. 

Ubicada en Buenos Aires y también en Córdoba, Somos Diversity ofrece servicios para marcas o empresas, desfiles para eventos y books de fotos de artistas o modelos.

Cómo desfilar y posar son uno de los talleres clave para la formación de los estudiantes, que al igual que los demás, cuentan con un abordaje terapéutico e integral, acompañado de profesionales especializados como psicólogos, psicopedagogas, psicomotricistas y profesoras de educación física. 

La formación profesional de cada persona no cuenta con años obligatorios, si bien el mínimo se basa en dos años, al ser un sistema comunitario y un espacio grupal terapéutico, los integrantes pueden decir hasta cuando deciden quedarse en la agencia. 

“Aprendí bastante a conocer y cuidar mi cuerpo, el rostro, hacer poses, caminar, o mover los brazos”, relata Macarena Fariña, usuaria de andador, quien a sus 16 años con un poco de miedo e incertidumbre fue impulsada por su familia a conocer la agencia para indagar en el mundo del arte y ser modelo profesional. 

“Deseo seguir participando de desfiles, fotos, hacer publicidad y cuando termine el secundario quisiera poder estudiar alguna carrera relacionada al mundo de la moda”, agrega Fariña. 

Al igual que Macarena, Camila Nardi es otra de las jóvenes integrantes de la agencia, usuaria de silla de ruedas, quien descubrió la propuesta a través de internet y fue su deseo de hacer fotografía y campañas en revistas la que la llevó a anotarse en Somos Diversity. 

“Me gusta como me tratan”, cuenta Maria Solange Tercelan, de 23 años, quien siente que la agencia es un lugar “espléndido”, fácil de entender y aprender para poder trabajar de modelo en su futuro profesional. 

Somos Diversity busca que las personas que la integran cuenten con un seguimiento por terapeutas y estén contenidas, para poder estimularlos en sus aprendizajes: “Buscamos comunicar a través de la moda y el arte que la belleza es diversa y que cualquiera puede formarse para insertarse laboralmente”, expresa Ventura, la fundadora del proyecto, que busca conquistar espacios y derribar los estereotipos que excluyen a las personas con discapacidad; a ocupar un puesto de trabajo en lo que realmente les apasiona. 

El lema de la agencia es motivar e inspirar a todos los cuerpos más allá de sus etnias, su géneros, sus tallas, edades, medidas, discapacidades o diversidades funcionales para lograr nuevos referentes de belleza, lejos de la hegemonía establecida. 

“Somos diversos y todos tenemos los mismos derechos a ser representados en los medios de comunicación, de la moda, en la publicidad, en las pasarelas. Tenemos derecho a elegir que ponernos y a trabajar de lo que soñamos”, finaliza Ventura.