En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Mansión Seré y en la Comisaría 1ª de Moreno, los sobrevivientes revelaron cómo sus hijos también padecieron la represión.

La anteúltima audiencia de este año de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Mansión Seré y el circuito conocido como RIBA comenzó con el testimonio virtual de la sobreviviente Norma Beatriz Pérez -secuestrada el 25 de mayo 1977-, quien pasó 45 días en la Comisaría 1ª de Moreno. “Pancho -Mario Valerio Sánchez- tocó la puerta de mi casa y me dijo que en el auto alguien me quería saludar”. Allí la esposaron, tabicaron y trasladaron en una camioneta hasta la Comisaría. Pérez relata que durante los días compartidos en cautiverio “Pancho me pidió perdón. Temía por su vida y tuvo que nombrar a todos los que conocía. Luego de unos días se lo llevaron y nunca más lo volví a ver”. Norma quedó en la celda con María Margarita “Coca” Miguens, esposa de Sánchez y embarazada de varios meses. Al momento del secuestro Pérez ya no militaba con ellos, como tiempo antes había hecho en el barrio Lomas de Moreno.

Debido al embarazo de Miguens, que “iba muy seguido al baño”, la celda permanecía abierta. Esto posibilitó a Pérez acceder a algún trato especial, como repartir agua entre los “presos políticos” y con ello reconocer a los detenidos, muchos de ellos, compañeros del barrio. Sin embargo, la libertad se terminó cuando se llevaron a Miguens: “Ya no podía salir, tenía el calabozo cerrado y se hablaba poco”. Relata que solo pudo ducharse una vez, pocos días antes de ser liberada y que “los militares traían comida una vez al día, una milanesa en pan y una naranja. Pero a veces pasaban tres o cuatro días sin que trajeran nada. A causa de esto perdí los dientes”.

Los siguientes testigos en declarar lo hicieron desde la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. María Teresa García lo hizo en carácter de testigo por la detención, el 20 de mayo de 1977, de su hermano José Jesús García Carballo y la esposa de éste, Susana Bruna. “Aquel día se apareció Susana en la casa de mi madre. Le dejó a mi sobrino, Francisco, porque tenía que ir a declarar. Uno de mis hermanos pudo ver en la calle camionetas de la Aeronáutica y personas con armas largas”, relata Teresa García quien, aunque acababa de parir sólo días antes, salió a buscar a su hermano. Desde la desaparición del matrimonio, las familias de García y de Bruna pasaron “noches en vela en casa de mi madre, momentos de zozobra y altibajos emocionales. A veces teníamos esperanza y luego la perdíamos”, dijo y explicó que esperaban que sus familiares tuvieran la misma suerte que dos compañeros de la comunidad religiosa, Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, quienes habían sido liberados hacía poco tiempo.

Jesús García había participado, hasta antes de formar su familia, de la comunidad católica formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem, también perseguido por los militares de Moreno. Ellos, junto a otros compañeros que fueron detenidos, realizaban actividades sociales y pastorales en el barrio. Una conocida le confirmó a la familia García que en la Comisaria 1ª de Moreno “cantaban las canciones de Guadalupe. Tenían que ser ellos” y la madre envió comida y una frazada muy particular que, al reencontrarse con su hijo, confirmó que “la había reconocido y le dio esperanza saber que la familia conocía el paradero”. Teresa García recuerda que “para vacaciones de invierno los pasaron a la cárcel de Devoto” y allí pudieron ir a visitar a su hermano, hasta que finalmente fue liberado junto a su esposa para la Navidad de 1977. Durante la declaración, la testigo  insistió y remarcó que fue su sobrino, Francisco García, quien se llevó la peor parte de lo ocurrido, quien aún hoy atraviesa por graves secuelas psicológicas. Durante el período de detención, Susana Bruna fue llevada a la casa de su suegra para visitar y jugar con su hijo Francisco por una hora, para luego, volver a ser desaparecida y trasladada al centro de detención y tortura. “Él sufrió y sufre por lo que vivió en su casa, por no tener una madre, que incluso luego de ser liberada cambió mucho”. Para finalizar su testimonio, reconoció que nunca sintió miedo. “Estaba segura de que se cometía un error, de que mi hermano era una persona de fe y de bien. Desconcocía el plan sanguinario que llevaban a cabo los militares, del cual su familia era también víctima, hasta que tiempo después él me contó lo que vivió.”

Luego de ser mencionado en repetidas ocasiones por testigos previos, declaró el sobreviviente Faustino Altamirano, conocido como “El Salta”. “Tenía a mi hija de 4 años abrazada a mis piernas que les pedía que no me peguen. Me tabicaron, encapucharon y me cargaron en una camioneta de las Tres Marías. En un vehículo anterior, un Ford Falcon, estaban “Pancho” y “Mafalda” -Beatriz Boglione-: ellos me habían entregado. Conozco Moreno como la palma de mi mano y, a pesar de las vueltas, sé que me llevaron a la Comisaría 1ª”, relata el entonces dirigente barrial, expresidente de la Comisión de Fomento Barrio San Jorge y fundador de la Unidad Básica Mártires de Ezeiza. “Nos echaban la culpa de ser subversivos. ¿Subversivos de qué?, del hambre que teníamos, de la necesidad de vivír mejor”, detalla sobre el trabajo barrial que realizaba en el que, por ejemplo, extendían las conexiones de agua y luz a quienes carecían de estos servicios.

Desde el día de su secuestro, el 17 de abril de 1977, “fui intermitentemente yendo y viniendo de un lado a otro. Hasta que pasó un tiempo prudencial y antes de fin de año nos soltaron. Pasó por las comisarías de Paso del Rey y de Francisco Álvarez. En todos los centros en los que estuvo encontró a diferentes compañeros de militancia y vecinos de Moreno. Pero sobre lo vivido en el primer centro de detención relata que “tomaba el agua que chorreaban las paredes y comíamos unos huesos que nos tiraban”. En la celda de enfrente estaba Beatriz Boglione: “Por la mirilla de la puerta podía ver cómo ella y otras mujeres eran violadas reiteradas veces por diferentes hombres, que distinguía por las diferentes contexturas físicas”. Cuando la vio por primera vez en el lugar de detención la insultó y la culpó de su detención, pero “luego entendí lo que ella vivía y que me delató para evitar, inutilmente, el infierno. Tiempo después, nos citamos en una plaza, le pedí perdón y estuvimos una hora llorando abrazados”.

“Un día de principios de enero de 1978, cuando caminaba por el costado de la vía, veo que se acerca una camioneta de las Tres Marías. Allí venía Pancho, todo barbudo y con la ropa sucia. Al ver el coche cruzar la vía, empecé a temblar y me orine del miedo. Otra vez, me cargaron en la camioneta y fui a parar otra vez a las mismas comisarías”. Pudo identificar la Comisaría de Paso del Rey porque había hecho una marca en el techo de machimbre -que luego volvió a identificar en las inspecciones realizadas con el juez Daniel Rafecas- y a la Comisaría Francisco Álvarez por estar frente a una escuela, y escuchar la campana y los niños jugar. Durante esta segunda detención, pasó por la Brigada Aérea de Moreno y por Campo de Mayo, desde donde fue liberado junto a otros compañeros. Sin embargo, antes debió vivir varios intentos de fusilamiento: “Paseos nocturnos donde gatillaban varias veces, me amenazaban diciendo que ya habían matado a mi familia y que debía decirles todo lo que supiera”. Para concluir se refirió a las secuelas de aquellos días: “Me costo mi hogar y mi familia”. También puntualizó los secuelas físicas: “Tengo el pecho hundido por un culatazo y la cara deforme por los golpes. Me quebraron, además, los dedos del pie y como nunca se curaron, sangran cuando camino”, expresó.

En diálogo con ANCCOM, el abogado Gastón Fraga de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de esta causa, se refirió a la declaración de Altamirano: “Es fundamental porque estuvo mucho tiempo detenido y recorrió múltiples centros de detención donde convivió en cautiverio y tomó contacto con muchas víctimas. También porque contó situaciones similares a las que ya hemos escuchado en declaraciones anteriores, lo cual sirve para acreditar su relato y el de otras víctimas. Esta unión de los relatos da solvencia y robustez al desarrollo del sistema represivo de Zona Oeste. En este mismo sentido pudo identificar claramente la participación de la Fuerza Áerea, en las camionetas de las Tres Marías, en la Base Áerea de Moreno y en el desarrollo de los operativos.

La audiencia finalizó con el testimonio de la testigo Carmen Beatriz Altamirano, quien estuvo presente a pesar de manifestar, en varias oportunidades, cierta reticencia a contar por primera vez su historia: “No quiero que mis hijos se enteren de esto, sino que vean a su madre entera” -y agregó-: “Hasta el día de hoy me da miedo pasar por donde hay militares o policías, cuando uno debería confiar en ellos. Yo no puedo”.

Su esposo Juan de Dios Medina “uno de los primeros días de abril, salió a cargar materiales como cada día y no lo volví a ver por tres meses” relata la esposa. Enseguida comenzó a buscarlo en distintas comisarias. Sobre su visita a la Comisaria 1ª de Moreno recuerda que el policía que la atendio le dijo: “¿Para que lo querés si es un viejo?”, aunque recuerda que previamente le había afirmado que no estaba en el lugar y no sabía quién era: “Me agarró del cuello y me dijo que me largue a mi casa”. También fue a la Comisaría de Merlo, pero al acercarse al lugar, esuchó gritos y personas decir ‘no no no’ y se fue.

Junto a sus hijos, Juan Manuel Medina y Victo Hugo Medina, que eran aún bebes, debió sufrir múltiples allanamientos y amenazas. “Golpearon la puerta de casa pero no llegue a abrir porque la tiraron. Me dijeron: ‘Vamos a hablar un ratito, decime quiénes son los compañeros de tu marido, contame qué hace tu marido’. Uno de ellos le puso el arma en la cabeza a mi hijo. ´Decime con quién anda tu marido porque no vas a tener la cabeza de tus hijos, ni de este ni de ese’, me dijeron señalando a los dos niños, que comenzaron a llorar, sin dejarme acercarme para consolarlos. Antes de irse me manosearon. Donde estaba la puerta tuve que poner un sillón”.

En otra ocasión, cuando esperaba en la fila del colectivo, uno de los hombres de aquella noche “le agarró la mano a mi hijo y le dijo: ‘Qué lastima que vos también vas a desaparecer como tu papito si tu mamá no habla’. Cada vez que me hostigaban lo hacían refiriéndose a la matanza de mis hijos”. Su marido fue finalmente liberado pero la familia debió convivir con secuelas. “Con el tiempo empezamos a hablar de lo que nos había pasado: a él, a mí y a los chicos. Mi marido si escuchaba ruidos fuertes o golpes se escondía atrás de los muebles. Estaba muy maltratado”.

Mariana Eva Pérez, querellante del juicio e hija de desaparecidos, en diálogo con ANCCOM hizo referencia a la posibilidad de incluir a las infancias como víctimas en este juicio, luego de reiteradas audiencias en las que fueron ejes centrales y principales afectados de los hechos narrados en las declaraciones. “Es increíble que la justicia aún no nos contemple como sujetos de derechos, que no atienda las vulneraciones que sufrimos en el momentos en que mayores cuidados necesitábamos. Existe la posibilidad de ampliar la acusación para incluir nuevos delitos. Tenemos antecedentes importantes, juicios previos en los que hicieron eco del pedido de las querellas y se condenó a los acusados por delitos contra las infancias. Aunque el criterio a nivel nacional es muy dispar. Las infancias víctimas de la Fuerza Aérea no estamos organizadas. Quizás surja de este juicio porque como nos enseñaron las Madres y Abuelas: cuando vas sola no te escuchan, pero si vas en grupo sí”.

“Cada historia que escucho en la sala me angustia, porque podría ser la mía. No recuerdo mi propio secuestro porque tenía solo 15 meses en ese momento”. Sobre la audiencia de la fecha refirió que “fue especialmente duro el caso de Fernando García, por las consecuencias psíquicas de lo vivido, el secuestro de ambos padres pero principalmente la visita de su madre durante los meses de secuestro, lejos de ser un gesto de humanidad es una amenaza sobre la detenida y la familia, para hacerles saber que los controlaban y que tenían poder sobre el hijo. Luego el caso de Carmen Altamirano, que comentó cómo sus hijos fueron objeto directo de los represores cuando los encañonaron, o en audiencias anteriores el testimonio de Natalia Gobulin, quien sufrió intentos de secuestros. Se podría pensar que es un modus operandi que tenían en la Fuerza Áerea, un modo de presión contra nuestros padres. Hechos perversos que no están estudiados ni estipulado como un tipo de afectación específica como violencia para las infancias: la justicia debe contemplar no solo el uso instrumental de los niños como forma de manipulación, sino también la afectación directa sobre nuestros propios cuerpos”.

Por su parte, el abogado Gastón Fraga anticipó que “para el año próximo se esperan declaraciones muy importantes, ya que comenzará el año con la situación propia de Mansión Seré, que serán un montón de testimonios. Esperamos que para fin de año ya se pueda estar alegando para llegar al veredicto”. Se refirió a este juicio que juzga los crímenes de la dictadura en Zona Oeste como “un avance histórico, una palmada de justicia para las víctimas que nunca habían podido declarar en el marco de un tribunal, y hacerlo en la última etapa de su vida es muy importante”.

La próxima audiencia de este juicio se realizará de manera virtual el lunes 30 de diciembre.