Trabajadores de Siderca denuncian despidos

Trabajadores de Siderca denuncian despidos

Sep 24, 2025 | Destacado 4, Trabajo

Señalan que en lo que va del año se intentó desvincular, a través de distintas modalidades, a 200 empleados. Marchas, radio abiertas y denuncias en la localidad de Campana.

En la ciudad bonaerense de Campana, trabajadores de Dálmine Siderca, acompañados por vecinos, estudiantes y organizaciones sociales, se están manifestando para denunciar los más de 200 despidos aplicados en los últimos meses por la empresa del grupo Techint. Se realizaron marchas por la ciudad y se instaló una radio abierta frente a la planta de la empresa que dio voz a las denuncias de los trabajadores. Mientras la compañía atribuye los despidos a una caída en la producción siderúrgica en el país, los obreros sostienen que se trata de un plan de ajuste y disciplinamiento laboral que pone en riesgo el futuro de cientos de familias de la región.

Siderca es una empresa siderúrgica líder en la región dedicada a la fabricación de tubos sin costura. Pertenece al Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca, e históricamente ha sido uno de los principales empleadores de la ciudad de Campana. En los últimos meses, más de 200 trabajadores han sido despedidos de la planta. Se trata de una medida que afecta a cientos de familias de la comunidad y que desató una ola de protestas. Entre los despedidos se encuentra Guillermo Bentancourt, operario con 26 años de antigüedad y referente de la militancia gremial local, que se ha convertido en una de las voces más firmes de la resistencia obrera. En diálogo con ANCCOM, Bentancourt describió con crudeza la situación que atraviesan sus compañeros y denunció los mecanismos con los que la empresa deja a los trabajadores fuera de la planta.

La planta de Siderca ha tenido históricamente un impacto muy significativo en la comunidad de Campana tanto como motor económico e industrial, como por su larga historia de represión a sus trabajadores y su impacto ambiental. “Desde el momento que empezamos a rebotar en los molinetes, nos empezamos relacionar con compañeros de distintos sectores, organismos de derechos humanos, organismos ambientales, colectivos sindicales, movimientos estudiantiles, y pusimos en pie un comité de solidaridad donde confluyeron muchos sectores agraviados por la empresa, como vecinos de los barrios que se inundaron por la modificación de la cuenca del Arroyo de la Cruz por parte del Grupo Techint”, describe Bentancourt. Las inundaciones producto de intervenciones de Tenaris Siderca sobre la traza y desembocadura del Arroyo de la Cruz han afectado a alrededor de 1200 vecinos de la ciudad, según denuncian organizaciones locales. 

Rebotar en el molinete

La empresa Tenaris Siderca cuenta con un largo historial de despidos y represión de sus trabajadores. Sin embargo, según menciona Bentancourt, para evitar problemas legales y con los sindicatos, la empresa procura evitar los despidos pero implementa diferentes mecanismos de desvinculación de forma más o menos directa.

En enero de 2020 anunció un ajuste que incluyó el despido de 191 operarios de la planta de Campana, casi el 10 % de su personal. Tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense se dictó una conciliación obligatoria. A fines de ese mes, la empresa reincorporó a los despedidos bajo un esquema de suspensión paga al 90 % del sueldo, lo que evitó la pérdida definitiva de esos puestos de trabajo.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 y el decreto nacional 329 que prohibía despidos, Siderca optó por implementar acuerdos de suspensión y rebaja salarial. En 2020, Siderca firmó con la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) un nuevo acuerdo que extendía las suspensiones hasta octubre, reduciendo el pago al 70 % del salario, a cambio de no despedir al personal. El pacto fue avalado por el Ministerio de Trabajo. 

En 2021, durante la pandemia, surgió la “dispensa al deber de asistencia al lugar de trabajo” como una medida impulsada por el gobierno con el fin de disminuir los contagios. Sin embargo, estas dispensas se vienen implementando desde entonces y hasta la actualidad para alejar a los trabajadores de sus puestos de trabajo, según denuncia Bentancourt. Aunque en 2021 no se registraron despidos formales, la empresa comenzó una política de incentivación a los retiros voluntarios, ofreciendo indemnizaciones de manera informal a los trabajadores. Según Betacourt, estos incentivos se mantienen hasta la actualidad. “Nosotros le decimos ‘la máquina de ablandar cabezas’, porque te llaman, te ofrecen plata, un día te ofrecen 10, otro día te ofrecen 8, y así van obligando a que algunos compañeros decidan arreglar el retiro”, afirma.

Entre 2022 y 2023, con la “nueva normalidad”, Siderca reportó un repunte en la producción que significó cifras récord de ganancias. Paradójicamente, en ese mismo periodo comenzó a planificarse un ajuste de plantilla bajo el argumento de aumentar la eficiencia. En 2023 se implementó un cambio de régimen laboral: la planta pasó del denominado sistema americano 6X2 (6 días de trabajo y 2 francos), a un sistema de 6X1 (6 días de trabajo y 1 franco), y redujo de 4 a 3 los turnos diarios de trabajo. Este nuevo esquema implicó que sobrara personal en varias áreas. Siderca procedió entonces a promover retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos encubiertos vía no renovación de contratos. Según denuncias sindicales, en esa fase salieron aproximadamente 200 operarios de la fábrica y 100 trabajadores de empresas contratistas.

Aun así, la empresa no consideró suficiente el recorte y avanzó luego con despidos directos. En septiembre de 2023, despidió sorpresivamente a 65 trabajadores efectivos, mediante envío de telegramas sin causa, apoyándose en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Varios con más de 25 años de servicio. “En los primeros días de julio, alrededor de 70 u 80 compañeros fueron dispensados sin fecha de retorno. En el marco de eso, empezaron a aparecer algunos telegramas de despido o bloqueos de molinete al ingreso. Imagínate, salís de tu casa, saludas a tu familia, ‘me voy a trabajar’, llegas a la puerta de fábrica y sin que nadie te avise nada, cuando querés marcar para ingresar rebotas en el molinete de ingreso. Tratás de averiguar y te avisan que estás despedido”, recordó Bentancourt.

A partir de este periodo, los despidos empezaron a afectar mayormente a sectores históricamente protegidos, como las trabajadoras mujeres, algunas jefas de hogar, que luego fueron reemplazadas por varones en los mismos puestos de producción. “En mi sector, de las compañeras, que eran unas 21 o 22, sólo quedaron nueve”, menciona.

Desde la óptica de la Comisión Interna, la selección de despedidos no fue aleatoria: varios de los cesanteados eran activistas gremiales o críticos de la gestión de la empresa. Uno de ellos es Bentancourt, cuya militancia política, al haber sido delegado y candidato a concejal por el Frente de Izquierda (FIT), lo había puesto en la mira de la patronal. La empresa, por su parte, adujo “bajo rendimiento” o evaluaciones deficientes para justificar estas 65 bajas, aunque sin presentar pruebas objetivas. Al respecto, Bentancourt mencionó: “Hay cosas tan contradictorias como que mi calificación la hizo el supervisor de turno, pero dos semanas después, a mi supervisor de turno también lo desplazaron de su puesto diciendo que no le daba el perfil”.

Crisis de representación

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es el sindicato que representa a los trabajadores del sector. Sin embargo, obreros calificados como Bentancourt describen de forma crítica su papel en la lucha gremial frente a los despidos en Siderca. Si bien, la UOM ha logrado gestionar conciliaciones entre los trabajadores y las patronales, en su mirada estas conciliaciones no se ven acompañadas de medidas de fuerza que generen una verdadera presión sobre la empresa. También denuncia falta de comunicación entre el sindicato y los trabajadores, y la falta de un plan de lucha que convoque a los trabajadores a participar de las decisiones de manera activa. “Hay poca interacción entre la base, los compañeros de a pie y sus dirigentes”, aseguró. La UOM lleva más de 15 meses sin lograr cerrar paritarias, lo cual afecta los salarios de los trabajadores. Y las disputas por el poder interno afectan la eficacia del sindicato en su representación a los trabajadores. “Es un sindicato que a veces parece más enfocado a las elecciones de directiva del año que viene que a los problemas cotidianos, la ecuación es clara: si le molestás a la fábrica, también le molestás al sindicato”. 

El círculo rojo

Los despidos en Siderca se explican, según la empresa, por un contexto económico adverso tanto a nivel local como global. Según cifras del INDEC, 2024 cerró con una fuerte contracción en la producción de acero en Argentina. De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero (CAA), la producción acumulada de acero crudo en 2024 cayó aproximadamente un 26% interanual respecto a 2023. En el reporte anual de Ternium Argentina para 2024, se reconoce que la empresa “opera bajo circunstancias desafiantes tanto a escala local como internacional, incluyendo una caída de la demanda interna, inflación alta (sic) y restricciones comerciales”. En un marco de recesión de la industria interna y apertura irrestricta de importaciones, con el ingreso masivo de acero chino y brasileño, Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, advirtió públicamente que “la cancha no está nivelada” frente a la competencia extranjera, y reclamó medidas proteccionistas, aunque el gobierno de Javier Milei ratificó que no habrá intervención estatal.

Sin embargo, Siderca pertenece a un grupo empresario multinacional ítalo-argentino con más de 100 empresas en todo el mundo, creado por Agostino Rocca, abuelo del actual dirigente Paolo Rocca. Paolo Rocca forma parte del llamado “círculo rojo”: un grupo selecto que componen los nombres más prominentes de la élite empresarial argentina. Se afirma que este grupo ostenta un gran poder e influencia política en el país, y sería responsable de muchas de las decisiones más importantes que se toman a nivel político y económico en el país.

Por este motivo, los trabajadores y grupos sindicales descreen de las afirmaciones de la empresa que aduce crisis económica en el sector, y exigen que se priorice el bienestar de los trabajadores, sus familias y la comunidad de Campana, sobre los intereses de los empresarios. Afirman además, que el trabajo en la fábrica no se ha reducido, sino que se trata de una estrategia de explotación que busca reducir gastos de nómina a costa del bienestar de los trabajadores. A este respecto, Bentancourt invitó a los trabajadores y la comunidad en general a unirse a la lucha por sus derechos. “Luchar vale la pena porque da resultados a favor de los trabajadores y se sientan las bases de que se puede pelear. Torcerle el brazo a las empresas se les puede torcer, hay pata legal. Pero también hay patas de organización, de lucha, de ponerle el cuerpo”.

Pasado indeleble

Durante la última dictadura militar, la planta de Dálmine Siderca en Campana fue señalada en informes oficiales como una de las empresas que colaboró con la represión en contra de los trabajadores. De acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la compañía fue considerada responsable civil en el caso de Orlando Bordisso, un empleado desaparecido, y debió indemnizar a su viuda. Investigaciones académicas también han documentado que la empresa participó en la confección de listas negras de obreros y delegados sindicales, que luego fueron perseguidos por las fuerzas militares, muchos de ellos víctimas de secuestros y desapariciones forzadas. Un episodio emblemático de este periodo que recuerda Bentancourt fue la “Noche de los Tubos”. El 22 de septiembre de 1976, cuatro empleados de Siderca fueron secuestrados de sus hogares en una misma noche, en un operativo coordinado que sembró el terror entre sus compañeros. Los hechos de ese período demuestran un vínculo entre la administración de Siderca con el aparato represivo estatal que dejó una huella indeleble en la comunidad de Campana, con decenas de familias obreras destruidas y el poder sindical prácticamente anulado.

La justicia ordenó la reincorporación de tres trabajadores despedidos de Georgalos

La justicia ordenó la reincorporación de tres trabajadores despedidos de Georgalos

Sep 15, 2025 | Destacado 5, Trabajo

Los jueces ordenaron la reincorporación inmediata y efectiva bajo las mismas condiciones contractuales que poseían al momento de la ruptura, como así también se realice el pago íntegro de los salarios caídos desde junio. Otro cesanteado aún espera sentencia y un quinto recibió un fallo adverso, pero fue apelado.

Luego de más de cuatro meses de conflicto, la justicia laboral se expidió sobre los cinco despidos en la planta San Fernando de la fábrica de golosinas Georgalos, ocurridos a inicios de junio. La estrategia judicial que plantearon los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.) fue llevar cada caso a un juzgado diferente. Por eso, obtuvieron la orden de reincorporación inmediata de tres de los trabajadores cesanteados mientras que en otro fallo fue adverso y sera apelado. El quinto cesanteado aún espera sentencia.

«Estamos contentos, mesurados y cautelosos porque sabemos que son resoluciones en primera instancia. Esperamos que la empresa se ponga a derecho y respete los fallos», declara Miguel Maciel, uno de los trabajadaores que había sido despedido. Los juzgados nacionales del Trabajo N° 77, N° 46 y N° 49 fallaron a favor de Alejandro Martínez, Maximiliano Montero y Maciel, respectivamente. Los jueces ordenaron la reincorporación inmediata y efectiva de los trabajadores a sus puestos de trabajo bajo las mismas condiciones contractuales que poseían al momento de la ruptura, como así también que se realice el pago íntegro de los salarios caídos desde junio. Por su parte, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 34 no dio lugar al pedido de cautelar solicitado por Diego Ciani. «En mi caso, vamos a apelar porque ya tenemos el antecedente de que tres jueces se pronunciaron a nuestro favor reconociendo que los despidos fueron discriminatorios, inconstitucionales y antisindicales», explica Ciani y agrega: «Después de más de veinte años de trabajo nos echaron inventándonos una causa y sin un peso. No queremos que esto le pase a ningún trabajador más, por eso la vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos hasta que estemos todos adentro de la fábrica nuevamente». Por último, resta que la justicia se expida por el pedido de cautelar de Elizabeth González.

«Somos los huérfanos de la Ley Bases», denuncia Ciani y completa: «Está claro que a nosotros nos despiden por participar de un paro convocado por el sindicato. La empresa se envalentonó y nos echó apoyándose en esa medida impuesta por el gobierno que prohibía el derecho a huelga. Pero esa norma cayó, la declararon ilegal y quedó sin efecto, pero nosotros quedamos en el medio y seguimos despedidos». En esa línea, Montero señala: “Sabemos que si nos quedamos de brazos cruzados la situación no se va a resolver por sí sola, por eso nos estamos moviendo”.

Durante estos meses se reunieron con el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, continuaron con las actividades de visibilización en la puerta de la fábrica, fueron a las universidades a difundir la lucha, conversaron con estudiantes y dieron a conocer su reclamo. También se reunieron con organizaciones defensoras de los derechos humanos y participaron de un plenario sobre comisiones antiburocráticas y sindicatos combativos. La semana pasada se movilizaron de Plaza de Mayo al Congreso y el próximo 21 de septiembre realizarán un festival por el Día de la Primavera en la fábrica recuperada Madigraf, donde todo lo recaudado irá destinado al fondo de lucha de los trabajadores despedidos. “La solidaridad tanto de nuestros compañeros como de otras fábricas para con nosotros también fue muy importante”, agrega Montero.

«Quiero destacar el trabajo que viene realizando el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.). Nos acompañan y asisten desde el primer día», reconoce Maciel y agrega: «Además queremos agradecer el apoyo de los diputados del Frente de Izquierda con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño a la cabeza, porque gracias a ellos pudimos realizar una audiencia pública ante la Comisión Laboral en el Congreso de la Nación en la que también participó el bloque del Partido Justicialista y nos brindó su apoyo». «Sabemos que es una lucha difícil, pero estamos y contamos con el apoyo de diversos sectores que están comprometidos con la causa porque entienden que acá se está tocando un derecho elemental como lo es el derecho a huelga», explica Montero.

«Georgalos no cumplió con la conciliación obligatoria en su momento, pero ahora tenemos tres fallos de la justicia. Hay tres jueces que ordenan la reinstalación efectiva e inmediata a nuestros puestos de trabajo”, señala Ciani. «Si tenemos en cuenta los antecedentes de la empresa de no respetar la ley, nosotros no sabemos si esta semana van a dar lugar a estas resoluciones. Estamos alerta y pendientes de lo que pueda pasar porque estos fallos son un parate a su prepotencia», expone Montero, quien detalla que su resolución posee una particularidad: el juez dispuso que se notifique a la Junta Electoral del Sindicato STIA que realizará sus elecciones el próximo 26 de septiembre “a fin de que el trabajador tenga el pleno ejercicio de los derechos sindicales”. Esto representa una buena noticia para Montero ya que junto a Maciel, Ciani y González integran la lista de unidad opositora como candidatos a vocales. “Vamos a seguir insistiendo para que los cuatro seamos reconocidos por la Junta Electoral y podamos participar de las elecciones”, señala Montero.

«Estos ataques a los derechos laborales se dan en el marco de un plan que tienen las empresas ligadas a aumentar su rentabilidad y para lograrlo la variable de ajuste termina siendo el laburante. Si Georgalos acepta este revés y nos reincorpora, eso representaría hacer respetar la Constitución Nacional y poner un freno a sus atropellos”, reflexiona Montero. “Si hay justicia, consideramos que dentro de poco tenemos que estar adentro”, concluye Maciel. Pero al cierre de esta edición, la empresa aún no había acatado los fallos.

Tras los despidos, conciliación obligatoria en Petroquímica Río Tercero

Tras los despidos, conciliación obligatoria en Petroquímica Río Tercero

Jul 21, 2025 | Destacado 4, Trabajo

Otros 124 trabajadores fueron cesanteados y el plantes quedó reducido a un tercio en el último año. Ante la apertura de las importaciones, los empresarios prefieren importar a fabricar. Militarización de la planta.

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero (PR3) recibieron el lunes de la semana pasada a través de sus correos electrónicos la noticia de 124 nuevos despidos. La fábrica cordobesa contaba con 375 trabajadores hasta octubre del año pasado, cuando 140 fueron echados tras el cierre de la planta que fabricaba TDI, la principal producción de la PR3 hasta entonces. Esta semana, nueve meses después de los primeros despidos, la empresa decidió desafectar a otro centenar de trabajadores y dispensar a quienes aún mantienen sus puestos. En menos de un año, la PR3 redujo en dos tercios su planta. 

A comienzos de junio, los empleados de la PR3 denunciaron que no habían percibido su salario ni el pago del aguinaldo en tiempo y forma. A través de la votación en asamblea, los trabajadores decidieron aceptar la propuesta de la empresa: los salarios se pagarían en dos partes. Lucas Felici, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP) de Río Tercero observó con respecto a la medida: “La empresa dijo que iba a pagar la mitad del salario a principio de julio y la segunda mitad el 16 del mes. A eso se comprometieron en una presentación frente al Ministerio de Trabajo”. Felici explicó que los motivos y la posición de la empresa quedaron asentados en un documento: “El abogado dejó por escrito que era una cuestión temporal, que necesitaban ese tiempo porque simplemente se habían atrasado unos pagos que estaban esperando. Resulta que antes de cumplir con la segunda cuota de nuestros salarios llevaron adelante una masacre laboral”. 

Esta no es la primera vez  que la dirección de la empresa incumple o pasa por alto sus compromisos frente al Ministerio de Trabajo. Hace dos semanas, los trabajadores denunciaron frente al organismo estatal que la empresa estaba llevando adelante un lockout patronal. “Habían mandado a parar la producción y estaban vaciando los tanques de stock. Al ver eso, nosotros comenzamos con asambleas para evitar el vaciamiento de la fábrica y realizamos la denuncia frente al Ministerio”, recordó Felici. Desde el Estado se le dio a la empresa un tiempo para presentar su descargo y mostrar la situación en que se encontraba. “Ellos tenían plazo hasta este lunes para responder. Bueno, su respuesta fue despedir 124 trabajadores y militarizar toda la fábrica con una gran cantidad de fuerzas policiales. Estaban la Infantería, la Policía de Córdoba y la Gendarmería”, agregó el secretario general. 

Desde la dirección de la Petroquímica afirman que los despidos se deben a un “proceso de reestructuración profunda” que la empresa está llevando adelante por la “crítica situación económico-financiera que atraviesa la compañía”. Felici, por su parte, remarcó que el viernes pasado, la directora de la empresa Verónica Vara “dijo que nos quedáramos tranquilos, que esperemos hasta el lunes que ya iban a ingresar los papeles al Ministerio, pero que no iba a haber despidos”. El secretario del Spiqyp de Río Tercero aclaró que “la empresa debe hacer una reestructuración, porque cerró una parte grande de su industria. Eso lo sabíamos todos”. Sin embargo, “el problema es que fueron por el Convenio Colectivo de Trabajo, porque echaron a 65 trabajadores afiliados al Sindicato y quieren establecer un nuevo régimen laboral, flexibilizando puestos de trabajo, atacando nuestros derechos adquiridos, e incluso nuestros salarios”. 

Otra suposición sobre el destino de la PR3 es que el Grupo Bitali le venda la empresa a Transclor,  la compañía de Mauricio Filiberti, conocido como “El Rey del cloro”.  Felici consideró que “de venir a Río Tercero y concretarse la venta, si es que no se ha concretado ya porque no tenemos datos, Filiberti  quiere una fábrica flexibilizada y con mucho menos personal que el que tenemos hoy”. 

El trabajador petroquímico afirmó que entre los despedidos se encuentran también delegados sindicales. “La empresa ha sido atenta a las época en que vivimos, el clima del peluca les permite a ellos tomar cualquier decisión creyendo que pueden avanzar con todo”, sostuvo. Más allá del aval discursivo por parte del Gobierno,  que considera  “héroes” a los empresarios que evaden, la apertura del régimen de importaciones que propiciaron Javier Milei y su equipo económico afectó a empresas como la PR3. Refiriéndose a ello, Felici dijo: “Los problemas de Petroquímica y de la mayoría de las industrias comenzaron después de la asunción de Milei, cuando se empezó con esta política de liberar importaciones y quitar aranceles”. Sin embargo, el secretario general también dejó en claro que “los dueños de la petroquímica no dejaron de hacer plata, los empresarios cambiaron su negocio, empezaron a hacer trading. Ahora compran el TDI afuera, lo importan porque tienen la billetera y el poder para hacerlo y lo distribuyen a los consumidores más pequeños”. 

El TDI es un componente químico fundamental para la fabricación de goma espuma. Hasta el cierre de la planta productora de TDI en octubre del año pasado, ese componente conformaba la mayor área productiva de la empresa.  Felici remarca que el Grupo Bitali, propietario de la PR3, controla las marcas de colchones  Piero, Cannon, Suavestar, Gani, Suavegom y Rosen y afirma: “Ellos importan TDI también para sus empresas. Antes producían su propia materia prima, ahora la importan barata. Parece que el negocio les ha cerrado completito, siguen haciendo plata sin producir y sin generar empleo”. 

Militarización

Los 124 trabajadores despedidos de la PR3 fueron notificados a través de sus correos electrónicos de la decisión tomada por el directorio. Los primeros mails comenzaron a llegar alrededor de las seis de la mañana del pasado lunes. Dos horas antes, a las cuatro de la madrugada, los trabajadores que se encontraban realizando el turno nocturno en la fábrica presenciaron la militarización del predio y la llegada de los agentes de Infantería, Gendarmería y Policía de Córdoba. El Secretario General del Sindicato relató que “no dejaron ingresar a los compañeros que iniciaban su turno a las 5 y nosotros que estábamos haciendo el turno de la noche no podíamos salir, nos quedamos esperando alguna intervención del Ministerio o del Gobierno de Córdoba”. Los trabajadores que se encontraban dentro de la planta se mantuvieron allí durante 27 horas, mientras del lado de afuera se organizaba un paro total de actividades para el resto de las industrias del Polo Químico de Río Tercero.

Ahora, la resolución del conflicto se encuentra en pausa ya que el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días. La medida implica que tanto los despidos como las medidas de fuerza deben suspenderse.  “Ahora todos los trabajadores, tanto suspendidos como despedidos, estamos adentro de la fábrica, pero sin tareas. La empresa no nos da trabajo para hacer y sigue deseando tener la producción parada”, expresó Felici. El trabajador petroquímico afirma que las condiciones en las que volvieron a sus puestos no son óptimas. “Estamos adentro de la fábrica pero sin ningún elemento básico, nos han quitado el agua caliente, el transporte. Lo único que han acatado de la conciliación obligatoria fue dejarnos ingresar al predio, pero sigue estando militarizado. La actitud de la empresa busca intimidar a los trabajadores y desmoralizarnos”,  denunció. 

El sindicalista también se refirió a los dichos del intendente de Río Tercero Marcos Ferrer,  quien criticó que las medidas de fuerza de los trabajadores de la PR3 se extiendan a otras empresas del sector. “El intendente tuvo una actitud lamentable, saliendo a decir en todos los medios que nosotros debíamos flexibilizar los convenios y que no hiciéramos uso del derecho a huelga porque afectamos al resto de las industrias y de la economía”, repasó Felici. A su criterio, es “una actitud muy agresiva, desconociendo la historia de la clase trabajadora y la importancia de los convenios colectivos de trabajo. Ferrer está dentro de la línea mileísta y no quiere que la lucha obrera empiece a asomar la cabeza”.

Romper la comunidad 

El dirigente del Spiqyp evaluó que los despidos y vaciamiento de la petroquímica generan un impacto muy grande en la comunidad de Río Tercero. “No hay registros de una masacre laboral tan importante en la ciudad, esta política no apuesta por la industria, sino a desindustrializar. Y en Río Tercero cada uno de los salarios que se pierden son parte de nuestra economía regional y de la ciudad. Entonces, de octubre a esta parte, en todo el polo químico, se perdieron alrededor de 350 puestos laborales”, repasó. 

Tras la conciliación obligatoria, el Sindicato se encuentra a disposición para discutir y negociar. “Siempre pensando en volver a nuestros puestos de trabajo, eso no se negocia y es el eje principal que sostiene nuestra lucha obrera”, sostuvo. Los trabajadores no descartan decretar un nuevo paro total de actividades en el Polo Químico, en caso de que la posición de la empresa se mantenga inamovible. “Nuestro lugar es la fábrica, somos trabajadores y no nos vamos a retirar hasta que haya una solución”, enfatizó Felici. 

Una amarga semana de la dulzura

Una amarga semana de la dulzura

Jul 17, 2025 | Destacado 4, Trabajo

Los trabajadores de la fábrica de golosinas Georgalos resisten luego de la reducción de personal y el despido de cinco trabajadores por realizar huelga. Por qué puede ser un caso testigo.

“Ni despidos afuera, ni esclavos adentro” es la frase que resume la lucha obrera en la fábrica de golosinas Georgalos tras el despido de cinco trabajadores en la planta de San Fernando. “Semanas previas al inicio de los paros sufrimos una reducción de personal en la línea productiva y un achicamiento del salario consecuencia de la flexibilización laboral que unilateralmente está imponiendo la empresa”, explica Maximiliano Montero, uno de los trabajadores despedidos y agrega: “El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) que conduce Rodolfo Daer y la comisión interna estuvieron al tanto de esta situación y mantuvieron conversaciones con la empresa hasta que el jueves 29 de mayo convocaron a un paro”.

“Paramos el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de mayo en los tres turnos con el sindicato a la cabeza. El sábado levantamos el paro porque acordamos tener una audiencia que después no se realizó. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el martes 3 de junio hicimos dos horas de paro. El miércoles también, dos horas de paro y el jueves 5 de junio fue cuando nos dieron el telegrama de despido”, declara Diego Ciani, uno de los cinco trabajadores despedidos que, al igual que los demás compañeros del sector de chocolate, lo único que hizo fue acatar la medida de fuerza que convocó el sindicato: “Solo soy un obrero sindicalizado que, después de trabajar veintiún años en esta fábrica, estoy acostumbrado a que la única herramienta que tenemos para reclamar es la huelga”.

“El sindicato no midió las consecuencias y hoy estamos cinco familias en la calle”, denuncia Miguel Maciel, otro de los trabajadores despedidos que durante la mañana del 5 de junio se le impidió el ingreso a la fábrica. En el transcurso de ese día, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que planteaba retrotraer el conflicto a foja cero y reincorporar a los cinco obreros despedidos. “Ante esta medida, el viernes 6 de junio entramos a trabajar, nos habilitaron los molinetes y nos dieron tareas normalmente, pero a partir del sábado 7 de junio ya no nos permitieron entrar más: se reforzó la seguridad, pusieron patrulleros, cadenas en los portones y más seguridad privada. La empresa nos negó el ingreso hasta el 8 de julio, que fue cuando se venció el plazo de la conciliación obligatoria”, explica Ciani.

“Nos acusan de haber organizado la huelga, realizar un sabotaje contra la empresa, amedrentar a los compañeros, provocar daños económicos e incitar a la violencia”, plantea Montero que además comenta que en el plazo que duró la conciliación obligatoria se realizaron tres audiencias. “En la última audiencia, la parte gremial denunció que los despidos fueron inconstitucionales, discriminatorios y antisindicales. Por su parte, la empresa no presentó ninguna prueba y mantuvo la postura de no reincorporación”, expone Ciani y agrega: “No tienen ningún argumento para justificar lo que hacen y nosotros estamos muy preocupados porque una empresa como Georgalos te despide con mentiras, incumple la ley ¿y cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo? Una multa ¿Y nosotros? seguimos sin trabajo”.

 “Continuamos peleando por nuestra reincorporación porque se está violando un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga; si esto pasa, fija un antecedente nefasto porque cualquier sindicato ya sea a nivel provincial o nacional no va a poder convocar a paro porque si para le echan a la gente”, declara Montero. Los trabajadores de la fábrica de golosinas insisten en que el despido de los compañeros es un caso testigo porque pone de manifiesto que empresas como Georgalos aplican una reforma laboral basada en medidas flexibilizadoras sin cumplir las leyes y la única consecuencia que afrontan por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es una multa económica por incumplir la conciliación obligatoria. En esa misma línea, Ciani refuerza y resume: “Nos hacen laburar más, nos suben los ritmos de trabajo con menor personal, no damos abasto y encima si levantas la voz te echan”.

«Fue una semana de la dulzura muy amarga para nosotros», ironiza Maciel quien comenta que ante la violación de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, el martes 8 de julio cortaron la Panamericana y fueron reprimidos por personal de Gendarmería. El miércoles 9 de julio, realizaron un festival solidario por el Día de la Independencia en la puerta de la fábrica que contó con la multitudinaria presencia de familias y obreros. El viernes 11 de julio participaron de una audiencia pública en el Congreso de la Nación junto a diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria quienes firmaron una resolución en solidaridad con los trabajadores despedidos y exigieron su inmediata reincorporación.

A su vez, este lunes 14 de julio se movilizaron en La Plata desde el Ministerio de Trabajo hasta la Gobernación para exigir que el gobierno provincial se pronuncie contra los despidos ilegales. “El Ministerio nos dice que ya no puede hacer más nada, entonces les llevamos un escrito que detalla articulo por articulo lo que puede hacer ante estos despidos inconstitucionales y persecutorios que estamos sufriendo”, comenta Ciani y Maciel agrega: “Tienen herramientas para pronunciarse a favor nuestro, solo hace falta un poco de decisión política”.

Como próxima medida de fuerza por parte de los trabajadores de Georgalos, este jueves 17 de julio convocan a marchar del Congreso a Plaza de Mayo junto a las y los trabajadores del Garrahan en defensa de la salud pública. Llevarán sus reclamos contra despidos ilegales y también se sumarán los obreros de Secco y Molinos Río de La Plata. Consideran que avanzar en la unidad de los trabajadores es fundamental para hacer frente al ajuste y la precarización laboral.

«Si bien nosotros somos cinco despedidos, hoy este conflicto excede el dejar a cinco familias en la calle», reflexiona Maciel y Montero explica que lo suyo no se trata de un hecho aislado:  «No hay que perder de vista que el gobierno nacional quiere avanzar con la reforma laboral y ya lo está haciendo». Ante la apertura de las importaciones la industria de la alimentación en Argentina tiene que competir con productos que antes no estaban en el mercado y es en este marco que: «La variante del ajuste en Georgalos es la flexibilización de las condiciones de trabajo y superexplotación del trabajador», según Montero, quien concluye: «Hoy las patronales se ven beneficiadas por las medidas del gobierno nacional y casos como los nuestros se están empezando a generalizar. Es por eso que desde Georgalos continuamos dando pelea».

 

Sin luz y sin operarios para reconectarla

Sin luz y sin operarios para reconectarla

Jul 5, 2025 | Destacado 5, Trabajo

En la misma semana que cien mil hogares se quedaron sin luz en medio de la ola de frío, la empresa energética Secco, que despidió a casi todos los operarios encargados de atender las emergencias y reconectar los servicios, no se presentó a la conciliación obligatoria y amenaza con nuevas desvinculaciones.

Casi 100 mil usuarios se quedaron sin luz en el Gran Buenos Aires el lunes pasado, una de las noches más frías del año. El corte masivo ocurrió horas antes de que se oficializara un nuevo aumento del 2% en las tarifas de electricidad, que se suma a un incremento acumulado del 316% desde diciembre de 2023. La situación fue agravada por una decisión empresarial: en los días previos, la empresa de energía Juan F. Secco S.A. despidió a 30 trabajadores del área de emergencia, encargados de restablecer el servicio ante apagones masivos.

La demanda eléctrica alcanzó un pico de 26.764 megavatios. Aunque no se superó el récord de 30.240 MW registrado en febrero, fue suficiente para dejar sin servicio a 80 mil usuarios de Edesur y 20 mil de Edenor, además de miles de afectados en la capital bonaerense. Las zonas más perjudicadas fueron los barrios porteños de Almagro, Balvanera, Palermo y Villa Urquiza, y partidos del conurbano como Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas, Berazategui, Quilmes y Avellaneda. En La Plata, EDELAP también registró cortes generalizados.

Desde la asunción de Javier Milei, las tarifas de gas se dispararon un 622 % en el AMBA. En paralelo, una ola polar generó un consumo récord que obligó a cortar el suministro en industrias, estaciones de GNC y hogares. En Mar del Plata, más de mil familias se quedaron sin gas. La situación se agravó porque el gobierno paralizó las obras del gasoducto Perito Moreno, clave para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.

En ese contexto, los despidos en Secco expusieron la desprotección ante las crisis energéticas. La empresa, que cuenta con unos 2.500 trabajadores, pasó de tener 40 operarios destinados al área de emergencia a contar con uno solo, localizado en Mar del Plata. «Ese sector se creó en 2012 para intervenir en cortes que vienen en aumento desde las privatizaciones de los 90. Con obradores móviles restablecíamos el servicio en pocas horas. Ahora, sin personal, los apagones se prolongan por días», explicó Ariel Moreno, delegado y uno de los despedidos. Además de los más de 30 cesanteados del área de emergencia, hubo siete despidos en el sector de energías renovables, tras el cierre de la planta de biogás de Ensenada.

La planta, ubicada en el predio de CEAMSE, convertía metano generado por la basura en energía para 40 mil hogares. También evitaba la emisión de gases contaminantes. Inaugurada en 2019, cerró por falta de inversión. La empresa, que recibe fondos estatales y mantiene contratos con el sector público, no dio explicaciones por el vaciamiento. «Nos mandan cartas documento con sanciones inventadas para justificar despidos. Intentan destruir nuestra organización sindical», denunció Moreno.

En paralelo, trabajadores organizados como la Agrupación de la Energía Móvil y despedidos de otras firmas (Kimberly Clark, Shell, Morillo, Pilkington) se solidarizan. El martes pasado se realizó una asamblea en la Universidad Nacional de San Martín con apoyo gremial del INTI, Cicop‑Posadas, Conicet, Unión Ferroviaria, entre otros. El lunes 7 de julio, a las 18, está prevista una movilización con corte en el Camino del Buen Ayre, frente al CEAMSE.

Juan Luis, despedido del área de Emergencia, relató: «Nuestro sector intervenía ante incendios, inundaciones o cortes técnicos. Si estaba en mi casa, me llamaban, me buscaban en remis y viajaba donde hiciera falta. En Calafate, en medio de una nevada, instalamos 16 equipos para abastecer a 400 familias cada uno». La modalidad laboral incluía rotación nacional: pasaban 18 días fuera de casa y solo una semana en sus hogares.

Antonio Samaniego, también despedido, detalló: «Trabajé 10 años, fui echado justo al cumplir la década. En pandemia quedamos varados 20 días en Calafate por estar asistiendo un corte. No hay muchos operadores capacitados para esto. Usamos motores Caterpillar a diésel y equipos de alta tensión, es riesgoso. El año pasado la empresa planteó que quería que trabajáramos 12 horas con un solo operario por turno, un peligro».

El vaciamiento se produce en paralelo a las denuncias que pesan sobre Jorge Balán, propietario de Secco S.A., imputado en la causa Cuadernos, en la que se presentó como arrepentido tras reconocer el pago de coimas a funcionarios públicos. Su nombre también figura en los Pandora Papers por haber utilizado una offshore en Costa Rica. A pesar de esto, su empresa sigue recibiendo contratos estatales.

«Están tercerizando el área de emergencia con contratos precarios, sin convenio colectivo. Nosotros logramos pasar a planta en 2018, después de años de contratos renovables cada tres meses. Ahora quieren volver atrás. No solo atacan a los trabajadores, estafan a los usuarios. El cargo por emergencia sigue figurando en la boleta, pero ya no hay quien atienda las emergencias», explicó Moreno.

El conflicto ya tuvo cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales la empresa solo se presentó a dos. En ambas ocasiones amenazó con más despidos. La falta de respuestas institucionales refuerza la organización entre sectores afectados: además de trabajadores energéticos, se suman estatales, del ámbito de la salud, educación y jubilados. El vaciamiento de Secco, aseguran, es una muestra de cómo el ajuste y la desregulación también golpean donde más duele: en la garantía de derechos esenciales como la energía eléctrica.