El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Ministerio de Salud echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Sindicatos y profesionales denunciaron la sangría de la salud pública: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, el principal centro de salud pública de alta complejidad del país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Salud a través de las redes sociales, bajo el argumento de “injustificadas inasistencias laborales”. La noticia generó un inmediato rechazo por parte de sindicatos, profesionales y agrupaciones, que denuncian un nuevo capítulo en el vaciamiento del sistema sanitario público. En respuesta, durante la mañana de este viernes realizó una asamblea en el hall central del hospital.

Desde el Ejecutivo, los despidos fueron presentados como parte de una política de “ordenamiento del Estado”. “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que también anunció el descuento salarial a quienes participaron de medidas de fuerza en apoyo al Hospital Garrahan.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, cuestionó el comunicado del Ministerio de Salud que anuncia despidos en el Hospital Posadas y descuentos por los días de paro en el Hospital Garrahan: “Otra vez, el comunicado no tiene firma. Simplemente dice ‘Ministerio de Salud’ y responde al giro autoritario que vienen aplicando las autoridades del hospital, sin mostrar ninguna voluntad de resolver el conflicto”.

Además, señaló que el Gobierno desconoce un conflicto legítimo: “La asfixia salarial que están imponiendo a los trabajadores y trabajadoras afecta directamente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos apelando a la justicia y preparando amparos, frente al abandono y la desatención del Estado en lo que es su obligación: garantizar el derecho a la salud de la población y un salario digno para quienes la sostienen. Son derechos constitucionales”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que los despidos son una represalia contra quienes exigen salarios dignos y mejores condiciones laborales: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo. Quienes dirigen Salud son dueños de clínicas privadas. La plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”, advirtió en diálogo con este medio.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires – Hospital Posadas, denunciaron que ya pasaron cuatro direcciones sin respuestas estructurales y que aún no se ha confirmado la designación de un nuevo director. En ese marco, llamaron a los pacientes y a la sociedad en su conjunto a respaldar el trabajo cotidiano del hospital: “Son testigos del trabajo que se lleva adelante día a día en un hospital donde se resuelven miles de consultas, estudios diagnósticos y cientos de internaciones los siete días de la semana”, señalaron en el comunicado.

Los 110 despidos en el Posadas se suman a los más de 120 ejecutados durante 2023 y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de achicamiento del Estado no se detiene y genera rechazo en distintos sectores del sistema de salud.

Desde la Asamblea de Residentes también se expresaron en contra: “Cada trabajador y trabajadora cumple un rol esencial en el sostenimiento de la salud pública. Estos recortes profundizan el deterioro de las condiciones laborales y sobrecargan aún más al personal”.

Y cuestionaron el anuncio del bono por parte del Gobierno: “Representa un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo: el déficit presupuestario del sistema de salud. Reclamamos una recomposición salarial justa, sostenida y sin exclusiones, que no implique recortes en otras áreas ni fragmentación del equipo”.

Para los gremios, el caso del Posadas no es un hecho aislado. Denuncian una estrategia sistemática de ataque a la salud pública que también se manifestó en el reciente conflicto del Hospital Garrahan, donde —según advierten— se difundieron mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y en el intento frustrado de cerrar el Hospital Bonaparte. Los despidos en el Posadas se conocieron inmediatamente después de la masiva jornada nacional de lucha en defensa del Garrahan y la salud pública.

Frente a esta avanzada, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advirtió que el Gobierno “no debe confundirse”, y recordó que los derechos de huelga, asociación y acción sindical están protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Ningún decreto de necesidad y urgencia puede estar por encima de esos derechos”, subrayó.

Una médica del Hospital Posadas, que prefirió no dar su nombre, expresó a ANCCOM: “Acá trabajamos con miedo. Sabemos que si hablamos o reclamamos, podemos estar en la próxima lista de despidos. Pero no podemos seguir en silencio mientras desarman la salud pública”.

“Está claro que no les interesa la salud de la gente. Solo se acuerdan cuando hay paro. El programa de gobierno de Milei en materia sanitaria era este: destruir la salud pública y que sólo se curen los que tienen plata. Los hospitales públicos funcionan hoy exclusivamente por el esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores”, señaló Rodolfo Aguiar.

Mientras crece la conflictividad, las y los trabajadores de la salud aseguran que no dejarán las calles. El reclamo no es solo por salarios y condiciones laborales: es también por el futuro de un sistema que está siendo desmantelado en nombre del ajuste.

ATE contra el ajuste

ATE contra el ajuste

Este jueves 27 militantes de ATE Capital se reunieron en el Obelisco y marcharon hacia el Ministerio de Desregulación en protesta por los contratos que están por vencerse, reclamando aumento salarial y repudiando la represión estatal.

El jueves 27 de febrero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) marchó por el centro de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la situación de los despidos y el ajuste salarial. Este viernes se vencen cerca de 3.000 contratos y se espera que, para fines de marzo, la cifra supere los 50.000. El otro foco de la protesta fue en contra de la represión y el desguace del Estado.

Cerca de las 13 horas, el Obelisco se tiñó de verde y los colores de las remeras, banderas y pecheras de ATE que poblaron varias cuadras. Una vez puesto a disposición el escenario al que subieron varios dirigentes de ATE, desde el primer minuto la consigna fue reclamar pacíficamente. En el panel principal estuvieron presentes el diputado Hugo Yasky, el Secretario General, Daniel Catalano; Ingrid Manfred, delegada general en el exministerio de Desarrollo Social; Adolfo Dardik de la SENNAF;  Jorge Godoy , Secretario de educación especial de UTE-CTERA Más tarde se dirigieron al Ministerio de Desregulación.

El pasado 20 de febrero, las fuerzas de seguridad reprimieron a representantes y trabajadores que se manifestaban frente al Ministerio de Capital Humano. El clima, pese al panorama gris por la situación actual de los trabajadores estatales, los despidos, se terminó por teñir de esperanza por una mejora, aplausos, lágrimas y gritos para resistir y no darse por vencidos, el espíritu de lucha permanece intacto.

Tras ser consultado sobre la situación actual de los trabajadores estatales, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano aseguró: “Los municipales son los más afectados porque están con los salarios más bajos históricamente. El Estado nacional está perdiendo un 40% de masa salarial y 37.000 puestos de trabajo, es una agonía, una situación muy compleja, por eso tantas movilizaciones para garantizar que nuestros compañeros puedan volver a trabajar”.

“El gobierno sigue avanzando en reprimirnos cuando queremos protestar, en despedirnos cuando levantamos la cabeza, en bajarnos los salarios cuando estamos protestando. Vamos a ser parte de la gran pueblada, hay que organizarse y avanzar, resistir”, añadió Catalano sobre la importancia de salir a las calles, en no dejarse amedrentar por las políticas represivas y en luchar a favor de los derechos constitucionales de trabajo, vivienda, educación, que para él, están siendo vulnerados sistemáticamente. “Ellos están delineando un país en donde el Estado no tiene ninguna función más que poder garantizarles seguir siendo ricos. Hay que cambiar ese paradigma”, concluyó.

“La situación es muy mala, están despidiendo a muchos compañeros y no es justo, porque esa gente es necesaria para esos puestos. El gobierno se equivoca, no es el momento para estos cambios, pero bueno, es lo que votó la mayoría”, comentó Juan Francisco Vaz de Borja, empleado municipal ATE General Rodríguez.

Norberto Señor, secretario adjunto de ATE GBA Sur, señaló: “Se está sufriendo una política para derrotar a la clase trabajadora, destruir sus organizaciones, poner el salario en lo más bajo y en despojarnos hasta del derecho a protestar, atacando los derechos más básicos como vivienda, salud, educación”.

Una opinión popular también fue la sorpresa de que la Confederación General del Trabajo (CGT) no haya  tomado medidas más severas contra el gobierno. “Esperábamos más apoyo por parte de ellos”, aseguró Vaz de Borja: “La próxima movilización debería ser en la sede de la CGT”. Los reclamos se extendieron hasta la oposición, acusándolos de cierta pasividad ante la situación y hasta de ser cómplices.

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Organizaciones gremiales, trabajadores y ciudadanos de a pie se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo en defensa del sistema público de salud. Denunciaron al gobierno nacional por el vaciamiento, la falta de medicamentos y de  insumos en hospitales y los despidos en el sector.

Si algún distraído que pase caminando por la avenida 9 de Julio ve el despliegue de fuerzas de seguridad montado frente al Ministerio de Salud, tranquilamente podría imaginar que esas decenas de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y de Gendarmería, que se forman expectantes sobre la vereda, casi relamiéndose, se están preparando para enfrentar a una organización criminal de las más peligrosas del país. Sin embargo, el objetivo a confrontar son los profesionales de salud que desde las 15 se congregaron con sus ambos y guardapolvos, carteles, redoblantes y banderas para reclamar en contra del “desmantelamiento de la salud pública” que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei, para luego marchar hacia Casa Rosada. Los mismos que hace apenas algunos años eran vitoreados por su inmensa labor en la lucha contra el Covid-19, hoy son arreados por la policía y abandonados por el Poder Ejecutivo.

Mientras encabeza la columna de manifestantes que marchan por la avenida Belgrano hacia Plaza de Mayo, Maria Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advierte sobre el carácter crítico que atraviesa la salud pública:Está en riesgo en todo el país, está siendo desmantelada. Las garantías que tiene que dar el Estado Nacional están siendo retiradas y toda la ciudadanía está en riesgo porque las enfermedades no conocen de fronteras, traspasan muros. Las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional atentan contra la vida de los ciudadanos argentinos”, advierte.

Boriotti ahonda en las características del desmantelamiento: “No solo afecta a los trabajadores con los más de 1.400 despidos que se están haciendo efectivos desde el año pasado, sino que se profundiza con la falta de entrega de medicamentos de alto costo, la eliminación de programas como el de prevención de embarazo adolescente, como el de cuidados paliativos, la reducción de más del 76% del presupuesto para VIH, tuberculosis, hepatitis virales. Y eso se traduce en que los pacientes no tengan acceso a lo que necesitan para poder seguir viviendo”.

«El problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional», dice Mariani.

La movilización, que estuvo impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer, contó con más de 135 organizaciones de la salud en todo el país, unificando distintos reclamos y solidarizándose con colegas y pacientes de todas las disciplinas de la salud: “Nosotros somos una organización que pelea desde hace mucho tiempo por el reconocimiento profesional y nos unimos con sindicatos, organizaciones de pacientes y distintos sectores de la salud, para enfrentar esta política criminal que está ejerciendo el Gobierno nacional, principalmente, con el cierre de algunos hospitales, la amenaza de retirarnos de la OMS, el despido de miles de trabajadores de salud, el fin de los programas que vienen sosteniendo la salud de los pacientes con VIH, con sífilis, con tuberculosis, además de negarle la medicación a los pacientes oncológicos”, expresó Andrea Ramirez, integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería . Además, destacó la situación que atraviesan los empleados de enfermería que logran conservar su puesto de trabajo: “Hoy los enfermeros tenemos que sobrevivir con salarios de miseria que se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza”. Mientras que en diciembre de 2024, una familia de cuatro integrantes necesitaba $1.024.435 para no ser pobre (INDEC), los salarios en el área de enfermería rondan entre los $800.000 y $900.000 mensuales.

Dentro de los distintos colectivos que conformaron la manifestación, el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis se destacó por su alegría y ocurrencia a la hora de marchar, revoleando pastillas de cotillon, bailando al ritmo de la música y con carteles que rezaban “Milei=SIDA” y “Con VIH vivo, con Milei muero”. Uno de sus referentes, Claudio Mariani, quien también pertenece a la agrupación Igualar, explica la razón de las frases: “Ahora mismo estamos trabajando con el presupuesto del 2023, lo que significa que actualmente hay un recorte en temas de VIH de aproximadamente un 80%. Esto se traduce en que 170 mil personas se van a quedar sin medicación, por lo que muchos y muchas compañeros y compañeras corren peligro de muerte. Hablamos de 50 mil personas sin medicamento para este 2025”. Sin embargo, esta no es la única consecuencia del desfinanciamiento de los programas para combatir las enfermedades de transmisión sexual. Para Mariani “el problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional. Por eso esta marcha es federal por la salud y por la vida”.

En la previa de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había apuntado en su cuenta de X contra las organizaciones gremiales acusándolos de “mentirosos” y que la movilización se debe a que “impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política”, además de sostener que las acusaciones por la suspensión de entrega de medicamentos a los hospitales públicos y la desfinanciación de áreas y organismos son falsas. Ante estos dichos, María Fernanda Boriotti enfrentó a Lugones: “Si se deja de entregar morfina a las provincias, se está dejando de entregar medicación a los pacientes; si se deja de entregar en tiempo y forma medicación a los pacientes oncológicos y hematológicos, estamos hablando de la vida de estos pacientes. El año pasado ya tuvimos más de 60 fallecidos por el progreso de la enfermedad o recaída por falta de medicación. Así que Lugones miente descaradamente y es uno de los artífices de estas políticas genocidas”.

 

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

Una asamblea de trabajadores del estado se convocó de manera urgente este jueves en el predio de la Ex-ESMA ante el anuncio del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. ATE denunció la militarización del predio y despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos. También hubo cesantías en Parques Nacionales. Mirá las fotos de ANCCOM.

Un abrazo de amor y otro de protesta en la Ex-ESMA

Un abrazo de amor y otro de protesta en la Ex-ESMA

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la aparición del nieto 138 en la Casa de la identidad. A continuación miles de personas se manifestaron en contra del Gobierno por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y del despido de su personal.

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La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y organizaciones de derechos humanos convocaron a un abrazo en la exEsma contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y sus políticas públicas. Horas antes del encuentro, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo le daba la bienvenida al nieto N° 138 en el mismo predio. La jornada de las dos caras que conforman al país.

El gigantesco predio de la exEsma de repente parecía chico para la cantidad de personas que se acercaron el viernes por la tarde. Banderas, murgas, familias y pañuelos blancos se encontraban allí por el abrazo convocado contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei y su tajante política de achique estatal. Pero un anuncio inesperado alegró el tinte del encuentro.

—¿Es nieto o nieta? —pregunta una voz curiosa. 

—Es nieto. Se iba a llamar Manuel, como yo.

Quien habla es Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido número 57, sobre las novedades de su nuevo compañero anunciado por Abuelas de Plaza de Mayo tan solo tres horas antes del abrazo convocado. La aparición del 138 agregó una épica inesperada a la jornada: mientras la Secretaría y los Espacios de Memoria sufren un vaciamiento masivo y cientos de trabajadores son despedidos por el topo que confesó que vino a destruir el Estado desde adentro, el hijo de los desaparecidos Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villlamayor recuperaba a su familia, su historia, su verdadera identidad, gracias a los organismos que mantienen encendida una causa sin concluir. “A pesar de los bastones y sillas de ruedas, seguimos de pie”, dijo Tati Almeida. 

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Flavia Fernández Brozzi, delegada de ATE de la Secretaría, afirma que hubo despidos a lo largo de todo el año: «De las mil personas que estamos ahora, 600 nos quedaríamos sin trabajo la semana que viene». También subraya que hay reducción de salario y pérdida de antigüedad para los trabajadores de planta permanente, despidos en cuotas extorsivos y cartas documento a quienes rechazan el «retiro voluntario», sin su indemnización correspondiente. Por otra parte, Georgi Andino, militante y trabajadora en los Espacios de Memoria, detalla la situación de estos centros: «Hay un ensañamiento contra el sector. Entre los otros cuatro sitios de Capital, Automotores Orletti, Olimpo, Club Atlético y Virrey Ceballos, somos 60 laburantes. O sea, no es número para el achicamiento del gasto público. No son tontos, no cierran de repente sitios que todavía son pruebas judiciales en causas de lesa humanidad, pero es la lógica del vaciamiento de un gobierno negacionista y reivindicador de la dictadura que ataca las políticas de derechos humanos que supimos conseguir». 

El desmantelamiento de estos organismos pone en juego la memoria de un país que, desde el Estado, sufrió la tortura y desaparición de personas y la apropiación de bebés recién nacidos. Pero, del otro lado del negacionismo, como dos caras de una misma moneda, también se trata de un país ejemplo de resiliencia y resistencia que sostiene una lucha imprescindible para el cese de delitos tan aberrantes como los anteriores; y que su inconsciente colectivo no se borra tan fácil porque, como corearon todos al final de la asamblea, “El pueblo unido jamás será vencido”.