Desalojo y silenciamiento

Desalojo y silenciamiento

Los trabajadores de El Grito del Sur denunciaron que el gobierno nacional pretende desalojarlos del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, donde funcionan desde 2017, como una manera de silenciar voces disidentes a la gestión oficial.

Trabajadores del medio digital y autogestivoEl Grito del Sur realizaron una conferencia de prensa, ayer, en las puertas del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos -donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura- lugar en donde es sede la redacción desde 2017, para denunciar los abusos y atropellos por parte del gobierno nacional, que busca desalojarlos.

“El gobierno de Javier Milei, a través de la nueva directora de Sitios, Emilse Gallo, informó a la redacción su expulsión del lugar vía WhatsApp”, indicó el director de El Grito del Sur, Yair Cybel. Como es sabido, el desmantelamiento de los Espacios de Memoria forma parte de la cotidianidad política del gobierno de La Libertad Avanza.

El funcionamiento de la redacción de El Grito del Sur en el Espacio para la Memoria Virrey Cevallos está respaldado por un convenio suscripto por Osvaldo López, excoordinador del lugar. Este acuerdo se enmarca en lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria (Ley 26.691), que tiene como objetivo principal proteger, preservar y conservar los espacios vinculados con el terrorismo de Estado. Dicha norma declara de interés nacional la señalización y preservación de los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio, así como de otros espacios representativos de la memoria.

Los trabajadores presentaron un amparo administrativo para que cese el hostigamiento a la redacción, ya que consideran que se están vulnerando tanto el derecho a la libertad de expresión como lo establecido por la Ley de Sitios. “Estamos ejerciendo el periodismo, dándole voz al pueblo que está sufriendo el ajuste de Milei”, declaró la trabajadora Belén del Huerto. La conferencia de prensa contó con el acompañamiento de SIPREBA, diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, universidades y referentes políticos de distintos espacios, además de otros medios digitales.

Victoria Montenegro, quien asistió a la conferencia de prensa, declaró: “Esta es una nueva investida por parte del gobierno nacional: la decisión de cercenar todo, el derecho a la memoria, a la comunicación, el derecho de que otras voces que no sean las que ellos quieren imponer puedan multiplicarse. Que la redacción funcione en un sitio de memoria tiene que ver con la apropiación del sector por parte de la comunidad”.

Lucía Cámpora, secretaria general de La Cámpora, también declaró su apoyo a los trabajadores de la redacción: “El Grito visibiliza situaciones de injusticia que los grandes medios no le cuentan a la sociedad, por eso al gobierno nacional le interesa sacarlos, además de continuar con su política de censura y desmantelamiento de los espacios de memoria”.

Gabriel Solano, actual legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Partido Obrero, también expresó su apoyo: “El Grito informa con una mirada distinta a la mirada de los medios oficiales. Necesitamos medios que informen a la población sobre lo que realmente pasa. El desalojo de la cooperativa comunicacional es especial, forma parte del vaciamiento más amplio en los Espacios de Memoria”.

Citan a declarar al ex juez Guillermo Rivarola por delitos de lesa humanidad

Citan a declarar al ex juez Guillermo Rivarola por delitos de lesa humanidad

Por primera vez un magistrado declara en los Tribunales de Comodoro Py por delitos de lesa humanidad. El ex juez está imputado por la Masacre de Pabellón Séptimo.

Sobrevivientes de la masacre del Pabellón Séptimo junto a familiares de las víctimas e integrantes de la obra Nogoyá, basada en el texto de la abogada Claudia Cesaroni en la primera audiencia del Juicio en 2024.

El pasado martes 15 el juez Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria al ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, imputado por su participación en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978, en plena dictadura.

“Mucha emoción después de que nuestra querella lo reclamara por años el juez Daniel Rafecas resolvió citar a prestar declaración indagatoria al ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, imputado por su participación en un crimen de lesa humanidad como fue la masacre del pabellón”, expresó la abogada querellante Claudia Cesaroni. Rivarola estaba a cargo de la instrucción de la causa número 8137 caratulada “Instituto de Detención de la Capital s/averiguación homicidio, lesiones en riña, incendio, daños y resistencia a la autoridad”, y, según la abogada, este magistrado estaba al tanto de los delitos cometidos durante el incendio. Sin embargo, omitió denunciar tales hechos cuando, en condición de juez federal en ese entonces, debía hacerlo. A raíz del relevamiento de estos datos, se lo llamará a prestar declaración en la parte del expediente que continúa en etapa de instrucción. La otra es la que se está juzgando en proceso oral y público por parte del Tribunal Oral Federal 5.

 

“Finalmente podremos decirle al juez que recorrió la cárcel de Devoto cuando los cadáveres de decenas de presos estaban tirados en el pabellón y los pasillos, que esas vidas, el dolor de los sobrevivientes y el padecimiento de las familias, valían y valen. Y que tiene que responder”, manifestó Cesaroni.

En diálogo con ANCCOM, la abogada querellante comentó que se trata de un pedido que lleva años solicitándolo. Sin embargo, en los últimos meses se entregó nueva información gracias a una revisión de la causa antigua. “Agregamos en nuestra última presentación testimonios de detenidos que expresamente decían que le habían contado a Rivarola todo lo que había sucedido, y obviamente Rivarola no había dicho nada”,  comentó. Después de largos períodos de insistencia ante el juez Rafecas finalmente se produjo la medida solicitada.

 

La citación a declarar se realizaría el martes 20 de mayo a las 12 del mediodía y se trataría de la primera vez que se cita a un juez a indagatoria, es decir en condición de acusado, en Comodoro Py donde funciona el mismo fuero en donde se está tratando el juicio de la Masacre del Pabellón Séptimo, que Anccom viene cubriendo desde su inicio a finales del año pasado.

En respuesta a cómo percibe los avances del juicio, Cesaroni expresó dificultad para dar un pronóstico, sin embargo compartió que le parece evidente “que todos los testimonios que hasta ahora se han vertido en el juicio, de sobrevivientes, de familiares y de ex presas y presos políticos, confirman que allí hubo primero una masacre, ningún motín”, comentó. Además, añadió que el servicio penitenciario actuó subordinado al ejército argentino, tratándose de una decisión que forma parte del aparato terrorista estatal “que no actuó de forma clandestina sino a la vista de todo el mundo”.

A su vez, agregó que el tratarse de presos comunes demuestra que sufrieron una condición de vulnerabilidad mucho mayor, la cual facilitó al servicio penitenciario y a la dictadura ejecutar una masacre que, si en su lugar se hubiese tratado de presos políticos, hubiera generado un “escándalo internacional” que al ser presos comunes no generó.

El pasado miércoles 16 continuaron realizándose audiencias que incluyeron más declaraciones testimoniales, en donde se presentó un ex preso político y 4 ex presas políticas: Alberto Elizalde, Patricia Bianchi, Graciela Draguicevich, Silvia Ontivero y Adriana Beade. La próxima audiencia será el miércoles 23 a las 12 del mediodía.

Un testigo de la megacausa reconoció a los acusados Carlos Herrera y José Zyska como represores a cargo de la 1° Brigada de Palomar

Un testigo de la megacausa reconoció a los acusados Carlos Herrera y José Zyska como represores a cargo de la 1° Brigada de Palomar

Avanza de manera lenta la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV. Este martes solo declararon dos testigos en una audiencia plagada de cuartos intermedios y objeciones.

En una extensa sesión de la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV, el martes 15 de abril solo testimoniaron dos testigos cuyas declaraciones generaron varios cruces entre los abogados defensores, la fiscalía y la jueza María Claudia Morgese.

El primero de los testigos, Álvaro Figueredo, ratificó declaraciones previas en las que identifica a los acusados Juan Carlos Herrera y José Juan Zyska en la 1° Brigada Aérea del Palomar donde cumplió funciones como suboficial cabo primero entre 1976 y 1977. El testigo comenzó su declaración relatando las tareas que allí realizaba: “Mi función era darles de comer y algo de beber a los detenidos o llevarlos al baño cuando lo pedían. En mis guardias les daba el trato que se merece un ciudadano, no como ellos estaban ahí. Nunca vi detenidos en la Brigada, pero sí en lugares aledaños”.

Luego de pocas palabras su declaración fue interrumpida, escena que se reiteró durante toda la audiencia, manteniendo presente al testigo por más de tres horas, situación atípica en relación a las escuetas declaraciónes de los anteriores testigos de concepto en este juicio. A pesar de las idas y vueltas para detener o volver a solicitar su declaración, provocando confusión en el testimonio en más de una ocasión, el testigo pudo ratificar declaraciones previas en las que identificó a estos dos imputados como personal con altos cargos en el excentro clandestino de detención 1° Brigada Aérea del Palomar. Figueredo detalló: “Cuando estaba designado en la Base del Palomar, me vino la orden de arriba, del Grupo de Tareas 100 que allí funcionaba y desde donde daban las órdenes sobre los detenidos -refiere sobre el grupo central del que depenían el resto de los Grupos de Tarea de la subzona 16- . Me designaron al cuidado de los detenidos y en esa época uno no se podía negar, por los castigos. Los cuidaba, a una parte en Ituzaingó, en una quinta tomada que funcionó como alojamiento de los detenidos -Mansión Seré-. Otro de los lugares donde realizaba mis guardias era en un antiguo destacamento policial pròximo al colegio militar de la 1° Brigada Aerea del Palomar, muy cerca de las vías del tren” y explica que a estos centros se los denominaba al interior de la fuerza como “Atila Uno” y “Atila Dos” respectivamente.

Al inicio de la declaración el defensor público del imputado Carlos Herrera, Leonardo Miño, señaló que el testigo podría estar incurriendo en una autoimputación al mencionar haber visto y estado con detenidos. Dicho reclamo se hizo justificando que en situaciones previas en otros juicios, testigos citados a declarar de manera testimonial luego fueron imputados y hasta condenados por lo que relatan. Al mismo planteo adhirieron el resto de los abogados defensores que solicitaron suspender la declaración o en caso de continuar hacerlo ya no en carácter de testigo testimonial sino haciéndole saber sus derechos y aplicando las normas pertinentes a la declaración de un imputado. El testimonio propuesto por el Ministerio Público Fiscal, generó múltiples cruces entre las partes, algunas que querían continuar y escuchar la declaración y otras que preferían suspender. Luego de varios cuartos intermedios el tribunal pleno, integrado por la presidente del Tribunal Federal Oral N° 5 de San Martín, Maria Claudia Morgese Martin, y los jueces Silvina Mayorga y Walter Venditti, resolvieron que la declaración continuara de manera testimonial y bajo juramento de decir verdad pero permitiendo al testigo no responder aquellas preguntas que lo autoincriminaran.

Los altercados siguientes, que pausaron la declaración en varias oportunidades, giraron en torno a dos declaraciones previas realizadas por el exmilitar. Una de ellas, fue una realizada por teléfono a dos secretarias judiciales. El abogado defensor se opuso a la incorporación de dicho archivo a la causa por considerarlo un documento informal y acusó a la jueza Morgese de actuar como “auxiliar de la fiscalía” si leía o hacía preguntas a partir de ella. La otra declaración que generó polémicas, fue en la que Figuredo identificó a José Juan Zyska a partir de una imágen. En ella relataba: “A Zyska lo conozco del trabajo que realizábamos en la Brigada Aérea del Palomar. Si bien trabajabamos en distintas secciones estábamos todos juntos en el mismo establecimiento”. A pesar del paso de los años y el deterioro de salud, potenciado las horas declarando preguntas contradictorias generadas por los idas y vueltas de las partes, el testigo ractificó y calificó de “afirmativa” cada lectura que se le hizo de sus declaraciones anteriores “si está en el papel es la verdad”, respondió. En la misma declaración, el testigo afirma que Zyska estaba en la sección de inteligencia de dicha Brigada y que hacía guardia en “Atila Dos”.

Mientras Figueredo declaró desde el Juzgado Federal de Posadas, Zyska conectado virtualmente desde su casa, se acerca a la cámara para escuchar mejor, se encoge de hombros y hace gestos con la cara, frunce el ceño y levanta las cejas, casi negando y sin creer los dichos de quien declara. En tanto que Juan Carlos Herrera mantuvo la cara impasible e inexpresiva, aunque el testigo volvió a confirmar lo dicho en declaraciones anteriores sobre su persona: “Era primer teniente de la Brigada Aérea del Palomar. Trabajaba con la tropa junto a los soldados, luego integraba y salía con el Grupo de Tareas 100 que funcionaba allí en la Brigada”. Sobre el Grupo relata que salían a hacer operativos uniformados, solicitaban documentos a las personas y los vehículos en la calle. En relación a Herrera, lo identifica “hablando” con una detenida oriunda de La Plata.

Desde la Asociaciòn Civil querellante de la causa, Moreno por la Memoria, el abogado Sergio Gómez, se refirió a la estrategia de la defensa como “maniobras dilatorias para derribar la testimonial por la importancia de esta declaración en particular. Pero en general, buscan siempre atrasar el proceso de la causa, por ejemplo, tratando de posponer testimonios que estaban programados para la sesión”. Sobre el justificativo de los abogados defensores de los imputados para detener la declaración de Figueredo por estar autoimpculpándose, Gómez explicó que “no es la primera vez que declara y en ninguna de ellas tuvo inconvenientes por delitos de Lesa Humanidad. Si la fiscalía entendiera que existen motivos para imputar un delito a una persona actuaría de oficio, de manera que, al ser los defensores quienes hacen el planteo es contradictorio y expone que hay otros intereses: evitar que el testigo declare y usarlo como herramienta para dilatar el proceso. La fiscalía abocada a este juicio no ha creído que existan elementos autoincriminatorios. El eje central de la estrategia de la defensa es que que, al no poder lograr la inocencia de los imputados, realiza distintas maniobras para dilatar lo más posible el proceso para evitar que se logre memoria, verdad y justicia en él”.

La segunda y última declaración fue la de María Laura Fuenzalida, hija de Alberto Fuenzalida, secuestrado el 22 de octubre de 1977 en Rosario, desde donde fue llevado en avión al centro de detención Mansión Seré. Su hija relata que lo trasladaron a la 7° Base Aérea de Morón antes de liberarlo el 23 de diciembre del mismo año.

María Laura, que tenía 5 años, estuvo presente en el momento de la detención ilegal de su padre. En un breve pero fuerte y sentido testimonio relató lo vivido durante y después de los hechos: “Cuando pasaron los años pudo contarnos sobre lo que había pasado. Incluso de grande hacía chistes para aliviarnos a nosotros. Pero las pruebas de su cuerpo decían otra cosa. Fue un tiempo muy difícil para nosotros, mi mamá se quedó sola con cuatro hijos. En las noches la acompañaba a buscar a mi papá en galpones y centros clandestinos”. El testimonio terminó explicando que “si bien mi papá murió hace 13 años esto lo vuelvo a hacer porque se lo debo a él. Tuvimos suerte de que apareciera, pero en el medio perdimos mucho”.

El fiscal Félix Crous terminó la audiencia señalando la revictimización que vivió Fuenzalida a causa de los abogados defensores. Fuenzalida debió presentarse a declarar en esta causa luego de que la defensa se opusiera a la solicitud de la fiscalía de incluir su declaración previa por regla práctica, para evitarle a la testigo rememorar los hechos dolorosos. La defensa amparó su pedido de citar nuevamente a declarar a Feunzalida en su derecho a controlar las pruebas ya que no presenciaron la declaración anterior realizada en el marco de otra causa. Así, luego de que la defensa solicitara la declaración pero sin hacer preguntas o pedir ampliaciones a la testigo, Crous puntualizó que es necesario “que las defensas aclaren qué quieren preguntar. Si no, es una reiteración de una declaración que nosotros, los proponentes, no pretendemos que sea más que en los términos en que ya fue producida”.

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Se anunció la próxima audiencia de este juicio para el martes 29 de abril.

Otro miércoles de represión

Otro miércoles de represión

Las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta que realizan cada semana jubilados y jubiladas para reclamar por un aumento en sus haberes y dejaron más de cien heridos como saldo.

Como cada miércoles manifestantes se reunieron frente al Congreso para reclamar por la suba de las jubilaciones. Las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta, que dejó más de cien heridos, entre ellos niños y niñas, periodistas y un diputado nacional. Al cierre de esta edición había, además, dos personas detenidas.

La movilización en defensa de los jubilados reunió a manifestantes de diversas edades y espacios políticos y sociales frente al Congreso de la Nación. La protesta, que se realiza desde hace varias décadas pero que cobró aún más presencia desde septiembre de 2024 cuando el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria, otra vez fue reprimida en el marco del protocolo antipiquetes. Los fotógrafos de Tiempo Argentino Edgardo Gómez y Eduardo Sarapura fueron gaseados y golpeados por la policía.

Juan Domingo, albañil de 72 años, continúa trabajando pese a estar jubilado: “Tengo la suerte de poder hacer algunas changas. Es un genocidio lo que le están haciendo a los jubilados”. Y alentó a otros adultos mayores a sumarse a la protesta: “No tengan miedo, traten de venir, sean troskos, peronistas o apolíticos. Tratemos de resolverlo juntos”.

Horacio tiene 80 años, viaja desde La Plata todos los miércoles. Relata que la manifestación pasada un efectivo lo empujó y le provocó un corte en el brazo: “Tengo tres puntos. Me di cuenta cuando estaba en Constitución porque tenía todo el brazo mojado de sangre”.

Sergio Ríos, de 70 años, hincha de Chacarita, señaló que desde que asumió el actual gobierno el PAMI sólo le cubre el 50% de su medicación para la convulsión: “Me sale 10 mil pesos”. Recordó además la manifestación del 12 de marzo, cuando un fotógrafo fue herido por una escopeta de gas lacrimógeno. Pablo Grillo fue operado nuevamente este miércoles y evoluciona favorablemente.

Ramón, otro de los jubilados presentes, denunció haber sido gaseado en esa ocasión mientras permanecía sobre la vereda. Hoy asistió con un cartel que llevaba el dibujo de un grillo en referencia al fotógrafo: “Lo saqué de Facebook, le pedí a una chica que lo dibuje”. Y agregó, “el único delito que cometió fue llevar su cámara. Esa granada podría haber sido para cualquiera”.

También participó Beatriz Bianco, jubilada de 87 años herida en la represión de marzo, a quien la ministra de Seguridad calificó como “patotera”. “Patricia Bullrich nunca me llamó”, dijo. Y a pesar de agradecer los abrazos de jóvenes manifestantes, expresó: “Nos sentimos tan desprotegidos”.

En la manifestación también estuvieron presentes los Misioneros de Francisco, con una imagen de la Virgen de Luján en los hombros. Viajaron desde Luján para asistir a la protesta. “Vayan y pónganle la virgen adelante, a ver si con eso se conmueven”, gritó una manifestante al verlos pasar.

Algunos carteles exhibidos rezaban: “Ayúdame a luchar, el próximo viejo sos vos”, “Los jubilados no aflojan, fuera Milei” y “CGT no quiero tu solidaridad, quiero tu lucha ya”, en alusión al paro general de la semana pasada, donde la central obrera se plegó a la marcha de los miércoles.

Palos, gases y golpes

Cerca de las 17, los manifestantes intentaron, como en ocasiones anteriores, realizar una ronda alrededor del Palacio Legislativo. Al cruzar la avenida Entre Ríos durante el corte del semáforo, fueron dispersados por efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad. En ese momento se produjeron las primeras escenas de represión.

Jubilados, periodistas y militantes fueron alcanzados por gases lacrimógenos y golpes de bastón policial. Los efectivos forzaron la dispersión de las columnas hacia las esquinas y la plaza, donde personal médico voluntario de la agrupación Cepa (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) atendió a las personas afectadas. Muchos se encontraban sentados o acostados sobre el pavimento, rodeados de charcos de leche, utilizada para mitigar el ardor en los ojos.

El operativo se extendió hasta las 19 horas. Según fuentes médicas presentes en el lugar, se registraron 116 personas heridas, principalmente por golpes y efectos de los gases. Entre ellas, una niña de 13 años, un adolescente de 16 y un reportero gráfico herido por el impacto de un proyectil Byrna, según el Monitoreo que realizó en el lugar la Comisión Provincial por la Memoria.

El diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, tuvo que acudir a la guardia oftalmológica porque fue gaseado directamente en el rostro.

Esto es una locura. Laburé toda mi vida y ahora estoy pasando hambre. ¿No tienen madres? ¿Abuelas? Son asesinos. No es para reírse”, gritó una mujer a uno de los efectivos que sonreía mientras se refugiaba tras el cordón policial. Sobre avenida Rivadavia, varios taxis quedaron atrapados en la multitud, lo que motivó un nuevo avance represivo.

Ana María, de 75 años, participa de las marchas desde enero: “Siempre hay un montón de efectivos para un grupito de viejos. Yo cobro un poco más de la mínima, pero no me alcanza. Los que cobran la mínima no pueden ni comer”.

Actualmente, el haber jubilatorio mínimo es de $285.820,63, con un bono de $70.000 que se mantiene congelado desde marzo de 2024. Según el último Boletín Estadístico de la ANSES, el 27% de los jubilados cobra el haber mínimo. En total, 5,4 millones perciben menos de $400.000, mientras que la canasta básica del adulto mayor, que incluye categorías como “medicamentos”, fue estimada en $1.200.000 en marzo por la Defensoría de la Tercera Edad.

Entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, las jubilaciones mínimas perdieron un 13,3% de su poder adquisitivo.

“Sin residentes no hay hospital”

“Sin residentes no hay hospital”

En una nueva cruzada contra la salud pública, el Gobierno restringe residencias para el hospital Laura Bonaparte, luego de haber intentado su cierre y reducido el personal a su mínima expresión. El martes realizaron el ResiFest para visibilizar el conflicto.

Una cortina de humo negro cubrió el Hospital Bonaparte la tarde del martes. Algún transeúnte que caminaba cerca del establecimiento habrá pensado que algo ocurría allí en el Hospital: “¿Se estará quemando?”. Lo cierto es que algo pasa, algo está atentando contra la única institución estatal de salud mental del país, pero no es el fuego, sino el propio Estado a través del desmantelamiento y el vaciamiento de la salud pública: desde la amenaza de cierre en octubre de 2024, pasando por despidos alrededor de 200 despidos masivos, y esta vez la no renovación de cupos para ingresantes a la residencia.

El negro del humo es uno de los tantos colores que se conjugaron en la puerta del hospital de Parque Patricios. Luego se hizo visible el humo verde de otra lata prendida por una joven residente, que al ritmo de los tambores entonaba junto a sus compañeros y compañeras “Sin residentes, no hay hospital / Si no hay más cupos que quilombo se va a armar”.

Guardapolvos intervenidos a mano o estampados en serigrafía, pintadas en las escalinatas, banderas, pancartas y guirnaldas hicieron de esa tarde gris, un lienzo donde plasmar de manera artística y pacífica las injusticias que sufren día a día los trabajadores de la salud.

De esta manera, finalizaba el Festival que realizaron los residentes del Bonaparte en conjunto con otras Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Resifest contó con una gran convocatoria de artistas musicales y plásticos, médicos de planta, directivos y referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. El reclamo en esta oportunidad es porque “El Gobierno Nacional definió que no iba a financiar más residencias. En el caso nuestro, dictaminaron cupo cero para nuevos ingresos y para jefatura”, señaló en conversación con ANCCOM, Joaquín Caporale, psicólogo de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Bonaparte. “De esta manera no puede funcionar la Residencia, que es un lugar donde muchos elegimos venir a trabajar”, finalizó Caporale.

Los residentes cumplen una función fundamental para un establecimiento de salud. En este caso, profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, musicoterapia y terapia ocupacional que ya integran las residencias se verán afectados por el exceso de tareas a cubrir cada vez con menos personal trabajando. Por el lado de los graduados que desean pertenecer a las residencias de hospitales públicos, ya sea por prestigio o voluntad de servicio comunitario, no podrán formar parte de estas experiencias, lo cual degrada la salud pública en varios aspectos importantes para la sociedad en su conjunto.

La banda que cerró el ResiFest fue Un Tren, que entre sus filas cuenta con dos residentes musicoterapeutas, Johan y Julián, guitarrista y saxofonista, que aseguran en conversación con ANCCOM: “el arte sirve para expresarnos, para manifestarnos si algo no nos gusta, pero también tiene que ver con sentirnos bien y con el bienestar personal, del cuerpo y de la mente”. Esta relación entre el arte y la salud es la que motivó a los residentes a llevar a cabo un evento donde la camaradería, la música y el pogo hicieron de combustible para lo que será un largo camino de lucha en defensa de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental.